miércoles, septiembre 13, 2006

La economía política de las encuestadoras

La reciente noticia de que la dueña de una empresa encuestadora en Estados Unidos ha reconocido que había falsificado el 50% de los datos provistos a la campaña del ahora Presidente George W. Bush, delito por el cual pagaria con cinco años de prisión y una multa de casi un cuarto de millón de dolares, me hizo recordar que aquí en Perú, las encuestadoras tampoco son muy bien vistas del todo. Ello es asi sobretodo después de la escandalosa experiencia a fines del gobierno de Fujimori en el se llegó a evidenciar que algunas de ellas, si no todas, habrían favorecido a Fujimori en sus estimaciones de preferencia electoral. De acuerdo con la noticia arriba señalada la encuestadora recomendó entrevistar incluso a “perros y gatos” con la finalidad de construir la información necesaria.

¿Cuál es el papel desempeñado por las empresas encuestadoras en Perú? ¿Son altamente técnicas y por lo tanto neutrales en la arena política? ¿Cuántas son? ¿Cómo se financian? ¿Qué magnitud de recursos movilizan? ¿Por qué se vuelven notorias durante las épocas preelectorales? ¿Qué efectos producen por su accionar entre los principales actores de la contienda electoral? Estas preguntas me motivan a realizar algunas exploraciones importantes dentro del marco de la ciencia política, la economía y la sociología. Creo que responderlas puede ayudar a entender el juego político que se organiza cada vez que se convocan a elecciones y como esto repercute en el desarrollo de la democracia de nuestro país.

Algunos datos para comenzar

De acuerdo con el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones, en la actualidad existen alrededor de cien empresas encuestadoras en nuestro país. Algunas son empresas encuestadoras de larga data y otras son en realidad institutos de investigación o de consultoría anidados en universidades públicas o privadas. No más de una decena de ellas publican sus resultados en medios de comunicación masivos. Según el reglamento del JNE las encuestadoras se encuentran obligadas, entre otras cosas, a presentar la ficha técnica de las encuestas que aplican y de reportar el monto y la fuente de su financiamiento. No he verificado si es que estas empresas cumplen con tal disposición, o si lo hacen, tampoco se conoce si el JNE publica regular y abiertamente los resultados de su seguimiento (solo encontré este reporte realizado por la Asociación Civil Transparencia).

Por lo general, las encuestas asumen que la población a encuestar puede compararse con la clásica distribución de datos normal lo que les permite asumir un diseño muestral aleatorio simple. Son comunes los tamaños muestrales de 400 o un poco más de 1000 unidades si se desea tener un error esperado de 5% o 3% respectivamente. Como sólo se desea tomar una medición de proporción se asume una distribución binomial donde el valor de la varianza es máxima que ocurre cuando el valor de probabilidad es del 50%. A pesar que el diseño muestral, en estricto, permite inferir las preferencias electorales únicamente a nivel de la totalidad de la población, se ha popularizado establecer estimaciones diferenciadas según algunas variables de corte: ubicación geográfica, sexo y la más importante variable política, según nivel socioeconómico.

Respecto a los costos no se cuenta con información precisa, pero se sabe que en promedio una encuesta puede costar (a todo costo) unos 10 dólares americanos en promedio en nuestro país. Obviamente, debe haber diferencias según el grado de error y confiabilidad deseada, la complejidad de la encuesta, el territorio cubierto entre otras cuestiones adicionales. Todavía recuerdo la vez participe como entrevistador en una empresa encuestadora reconocida y como mi paga por cada encuesta realizada representaba aproximadamente la tercera parte del costo promedio que reporto en este artículo. Estoy hablando de una experiencia de hace varios años y por lo tanto es probable que las condiciones hayan cambiado favorablemente para los encuestadores.

Una interpretación de los hechos

El problema fundamental que surge por la publicación de los resultados de las encuestadoras durante la época preelectoral no es tanto el debate técnico que es el que la prensa tiende a enfocar como factor más importante. En realidad, lo fundamental es la relación entre la fecha de publicación de los resultados y el impacto en la competencia electoral. Mientras más cercana se encuentra la fecha de las elecciones, mas valiosa se vuelve la información generada a partir de una encuesta de intención de voto. ¿Por qué esto es así? Teóricamente porque se espera que la publicación de la última medición de las preferencias electorales, en el noticiero de la noche o en el diario matutino del día de las elecciones cause un impacto significativo doble: en los competidores electorales y en el sufragio de la población.

Ahora, este impacto no tiene porque darse únicamente el día previo a las elecciones. De hecho, desde el primer momento que se publica la primera medición de intención de voto es como si se abriera el mercado de valores de las preferencias electorales. Los partidos políticos con elevadas preferencias iniciales pueden establecer conversaciones con las principales fuerzas económicas y políticas para financiar su campaña mientras que los partidos políticos con preferencias poco significativas pueden establecer estrategias de coalición entre otros partidos para formar una fuerza más importante e iniciar igualmente sus negociaciones con sectores interesados en financiarlos. Mientras las encuestadoras sigan publicando sus mediciones y se vayan mostrando los cambios, los recursos irán fluyendo positiva o negativamente según sea el caso. Eventualmente, los candidatos con poco poder de lograr alianzas y con bajas preferencias pueden escoger salir de la contienda electoral. Otros jugarán al lema “yo no creo en las encuestas” o mejor “yo no creo en las encuestadoras” (vease una colección de estos desencuentros aquí). Eso significa que las encuestadoras cumplen un rol comunicador de información relevante para las negociaciones entre los partidos políticos y los principales grupos de poder y de recursos del país.

Sin embargo, este no es el único rol que cumplen las encuestadoras. Sostengo que, en tanto y en cuanto la prensa presenta de manera magnificada los resultados de intención de voto generadas por las encuestadoras, ellas tienen un impacto formador de la intención de voto del cuerpo electoral. Con un cuerpo electoral marcadamente diferenciado e inequitativo por cuestiones de género, clase social, etnia, geografía, sin un elemento organizador social como ha sido históricamente -en el pasado- el trabajo, el voto es muy heterogéneo, sin lealtades ideológicas y por lo tanto, es voluble. Las encuestadoras, por lo tanto, según mi percepción cumplen un rol organizador, formador, del voto peruano por una cuestión de reflejo puramente psicológico: voto al ganador. Es probable por lo tanto que quienes estén interesados en financiar a las encuestadoras mas respetables crean que cumplen un rol organizador y promovedor de la democracia al homogenizar las preferencias electorales en una o dos opciones electorales representativas. De ahi la importancia de que los principales financiadores de las encuestas sean los medios de comunicación que no tan sorprendentemente cuentan con un fuerte papel político en nuestra sociedad.

Respecto al problema fundamental que señalé, el JNE ha buscado normar la fecha de publicación de los resultados de las encuestas. Entiendo que eso disminuiría la capacidad de negociación entre partidos (para formar alianzas) y fuera de los partidos (para comprometer intereses y recursos de grupos de poder) para lograr una competencia “mas sana” si se quiere ad portas del día de las elecciones. Sin embargo, la prohibición atenta contra el principio constitucional de libertad de expresión que es apelado por las encuestadoras. Este reclamo esconde sin embargo el juego político que he descrito hipotéticamente en este artículo. Así que seriamos muy ingenuos de creer que las encuestadoras cumplen un rol neutro frente a la política. Creo tambien que prohibir la publicación de los resultados una o dos semanas antes del dia de las elecciones no resta poder a las encuestadoras sino que las incrementa por cuanto existen otras medios para publicar y lograr el efecto deseado, incluido la internet. A pesar de ello, creo que la intervención del JNE con esta prohibición, siendo que tengo varios cuestionamientos sobre su funcionalidad, creo que es saludable porque abre un debate muy espinoso respecto al tema tocado en este párrafo que sería bueno sistematizar con las opiniones de científicos sociales y políticos de nuestra sociedad.

Una ultima idea a discutir

¿Qué pasaría si en el límite las encuestas basadas en 400, 1000 o 5000 ciudadanos entrevistados tuvieran un error tan pequeño en sus mediciones de intención de voto que redundarían en una extrema confiabilidad y credibilidad del trabajo de las encuestadoras? ¿Valdría la pena organizar, financiar y ejecutar elecciones para los más de 15 millones que conforman el cuerpo electoral peruano si bastaría para ello subcontratar a la empresa encuestadora mas importante y pagar un presupuesto mucho menor por la misma calidad de información? Si tomamos las palabras de Fernando Tuesta Soldevilla esta claro que “la democracia tiene un costo: hacer elecciones” (Tuesta 2004). Nada justificaría, en teoría, fundamentar la adjudicación de curules en el Congreso o de cargos públicos en general a partir de la sola realización de las encuestas.

Sospecho sin embargo que si la democracia se vuelve cada vez mas comercial gracias a la presión constante de las encuestadoras por sus derechos a expresarse (como lo siguen haciendo hoy a pesar de las prohibiciones publicando sus resultados en medios de prensa internacionales) y por lograr legitimidad política superior a los políticos y a los propios organismos del Estado formalmente encargados en organizar y ejecutar elecciones terminen avasallándolos al comenzar a cuestionar la ineficiencia (traducido en el numero de días de demora que pasan desde las elecciones hasta la fecha de publicación de los resultados oficiales a cargo del organismo electoral competente) en la presentación de los resultados. Espero equivocarme en tal situación tan hipotética. Pero ya hace mucho tiempo que los criterios de eficiencia y mercado han invadido al Estado y cuestionado sus métodos de representación más democráticos que no se reducen únicamente a la celebración de elecciones.

En conclusión

En este artículo se ha presentado algunas hipótesis muy gruesas sobre el papel jugado por las encuestadoras en la competencia electoral y en ese sentido en la política. Hay varios elementos que discutir con mayor profundidad (como por ejemplo el rol de las encuestadores durante la época no electoral y la relación que promueve entre el presidente y los electores; o lo gravitantes que ellas fueron al publicar continuamente el nivel de aprobación de Toledo) pero creo que se puede establecer un marco teórico relevante para entender las interrelaciones dadas entre los principales actores de nuestro escenario político y por supuesto, nuestro objeto de estudio, las encuestadoras.

Bibliografía

- Tuesta, Fernando (2005) “La democracia tiene un costo: hacer elecciones” en Revista Elecciones 04, L-0029. Lima: CIE - ONPE.

- Diario La República y Peru21 de Lima, Perú y Diario Chronicle de Houston, TX, USA.

- Gráfico tomado de http://weblogs.elearning.ubc.ca/peru/archives/cat_polls_encuestas.php

- Web del Jurado Nacional de Elecciones

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