martes, diciembre 12, 2006

Políticas públicas y los ODM: Una convergencia necesaria

1. Introducción

El presente artículo presenta una reflexión del autor luego de haber participado de un taller de indicadores de desarrollo en el Perú, organizado por el INDES en la ciudad de Lima, durante la segunda semana de julio de 2005. En primer lugar, se presenta una breve discusión sobre la formación de políticas en el Perú, identificando algunos actores clave y sus principales roles. A continuación se discute la dinámica y la falta de convergencia de las políticas públicas en el país y su impacto en los principales indicadores de desarrollo contemplados dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). Finalmente, se reflexiona y propone una acción integradora de las políticas económicas y sociales en torno a una versión ‘ampliada’ de los ODM.

2. Objetivos del Milenio ¿Qué son?

En el mes de septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes de 174 países del mundo convinieron en establecer objetivos y metas medibles, hacia el 2015, para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. Estos objetivos y metas constituyen una agenda mundial coordinada, las que son conocidas en la actualidad como los "Objetivos de desarrollo del milenio" (ODMs). La Declaración de la Cumbre del Milenio define también muchos compromisos en materia de derechos humanos, buen gobierno y democracia.

Los objetivos de desarrollo del milenio sirven de marco para que todo el sistema de las Naciones Unidas colabore de manera convergente para alcanzar un fin común. El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) prestará asistencia a fin de que estas actividades sigan centrándose en los objetivos de desarrollo del milenio en casi la totalidad de los países donde tiene presencia activa la ONU.

Luego de haberse presentado los primeros informes de país (alrededor de 32) se ha podido comprobar que el avance hacia el cumplimiento de los ODMs ha sido desigual y muy lento, no sólo a nivel de paises sino también al interior de los mismos. La mayoría de los países logrará los objetivos de desarrollo del milenio sólo si reciben apoyo técnico y financiero de los países industrializados. En ese sentido, la ONU ha determinado lanzar una campaña agresiva a favor de cumplir las metas contenidas en los ODM a través de las siguientes actividades:

  • Asistencia práctica en apoyo de las prioridades de los países: Los ODMs proponen una ‘valla mínima’ que pueda servir de referencia para la elaboración de los indicadores de cada país según las necesidades que ellos tienen. En el caso peruano por ejemplo, lograr una enseñanza primaria universal puede aparecer como un objetivo fácilmente alcanzable. No obstante, una preocupación central alternativa sería la calidad de la educación que se imparte a nuestros niños y niñas.
  • Preparación de informes de avance del cumplimiento de los ODMs por país. Las Naciones Unidas y los organismos multilaterales prestan asistencia técnica para la elaboración de los informes por país realizados por un trabajo coordinado entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado. El Perú, como ya ha sido mencionado, ha sido seleccionado como país piloto para la preparación de estos informes y ya se presentó el primero. Este fue publicado en noviembre de 2004 fruto de la participación de actores locales e internacionales.
  • Preparación del informe de avance del cumplimiento de los ODMs mundial. Las Naciones Unidas integrarán en un solo documento que informará sobre el avance mundial de los ODMs, el primero de los cuales fue presentado a fines del 2002.
  • Dirección de investigaciones. Esto se logrará a través del establecimiento del Proyecto de Investigación del Milenio de las Naciones Unidas que movilizará a la academia tanto del mundo desarrrollado como en desarrollo a fin de monitorear el avance de los ODMs y hacer las recomendaciones pertinentes. Este trabajo ha sido encargado al destacado economista Sr. Jeffrey Sachs.
  • Promoción. Esta en marcha una campaña mundial vigorosa en torno a la consecusión de los ODMs. Esta campaña tiene una estrategia doble: en los países desarrollados se buscará la opinión pública respalde las acciones a favor de los ODMs; mientras que en los países en desarrollo se buscará crear coaliciones a favor de las políticas que se originan y viabilizan los ODMs.

3. Sobre los actores que inciden en las políticas públicas en el Perú

Las políticas públicas en el país se forman según la capacidad y el poder de determinados actores para introducir sus agendas en el espacio público nacional. Se ha identificado al menos a cuatro grupos importantes: agencias de cooperación internacional, grupos empresariales organizados, la sociedad civil y las recientes protestas sociales.

En primer lugar se destaca a aquellas instituciones de la cooperación internacional, especialmente el Banco Mundial y el BID, que son las que financian el desarrollo y la ejecución de las políticas públicas en el país. Estas instituciones también impulsan espacios nacionales, más bien centralizados en Lima, para que los actores locales (llámese diferentes sectores del Estado y de la sociedad civil), conozcan, reflexionen y adecúen perspectivas, planes y proyectos en función de las propuestas de estas instituciones.

En segundo lugar, podemos destacar a los grupos empresariales organizados (SNI, Confiep, Adex, etc.) que cuentan con la capacidad de hacer lobby sobre sus intereses privados en los diferentes sectores del Estado. En buena cuenta, esto les permite colocar agendas privadas, pero que tienen incidencia en asuntos públicos. Por ejemplo, se destacan los temas de energía eléctrica, comunicaciones, seguridad social, combustibles, minería, medio ambiente, empleo, entre otros. Por lo general, este nivel tiene un rol determinante en la formación de las políticas públicas en el país.

En tercer lugar, la sociedad civil tiene todavía un rol incipiente en la formación de políticas públicas y que últimamente se da a través de consultas públicas tanto por los organismos internacionales, nacionales, la Iglesia y las ONGs. Más adelante sin embargo se analizará una dinámica especial en que diversas ONGs tienen un rol activo en la formación de políticas públicas. Un actor que aparece de manera paralela en este nivel, son los partidos políticos; aunque desafortunadamente no tienen el protagonismo ni la institucionalidad para generar agendas de política consensuadas entre los diferentes sectores de la sociedad. Esto es así como resultado de un pobre desempeño de los propios líderes políticos que se han formado y escasos cuadros partidarizados en sus propias organizaciones.

Finalmente, hay que remarcar la importancia que han tenido en los últimos años las protestas sociales tanto sectoriales (maestros, cocaleros, paperos, transportistas, etc.) como étnicos (aymaras, indígenas amazónicos, etc.) surgidos como una respuesta natural y a veces contradictoria a la incapacidad del actual sistema político y económico de redistribuir los mayores ingresos devenidos del incremento sostenido del PBI en los últimos años; así como de reclamo por una mayor inclusión frente los procesos políticos y económicos nacionales e internacionales (i.e. descentralización, TLC).

4. Sobre la formación divergente de las políticas públicas en el Perú

En el Perú, subsiste una profunda divergencia en los enfoques que ayudan a formar las políticas públicas. Esta se origina principalmente en los paradigmas o enfoques que las guían. Mientras que en el caso de las políticas económicas el principal documento que las nutre es el llamado “Consenso de Washington” (CdW), documento formulado a fines de los ochenta y aplicado con consistencia por casi todos los gobiernos de América Latina durante los noventa; en el caso de las políticas sociales encontramos una importante declaración, la Declaración del Milenio, que recoje los llamados “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM). Este documento fue formulado durante el segundo semestre del 2000 y su aplicación desde entonces no ha estado exento de demoras e inconsistencias para hacerlas viables.

Lo anterior significa que la divergencia de los enfoques no sólo se manifiesta en el nivel de los modelos que guían la formación de las políticas públicas, sino que más bien estas trascienden el ámbito académico y encuentran operadores concretos en el Estado que asumen roles de liderazgo en la aplicación de estas políticas y son consecuentes con el paradigma escogido. En nuestro país, por ejemplo, mientras que de un lado podemos encontrar que el Ministerio de Economía y Finanzas, el BCRP y el Ministerio de Comercio, Industrias y Turismo lideran a aquellas instituciones que desean llevar adelante las políticas económicas del tipo ‘sólo mercado’; al frente de las políticas sociales pueden aparecer –con ciertas problemas de operación- el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social o quizá, si el tiempo y la performance lo permiten, la recién creada Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS).

Este falta de convergencia puede parecer menos evidente en diversos espacios de discusión donde se encuentran la sociedad civil y el Estado. Con cierta frecuencia, sus discusiones son ventiladas a través de los medios de comunicación, donde estos últimos no aparecen como meros expositores, sino que también adoptan una posición que privilegia el paradigma que adoptan como suyo. Este fenómeno tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para viabilizar o no una política determinada. Ejemplo de ello es el caso que ocurre entre el Consejo Nacional de La Competitividad (CNC) y el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), entes que no concilian la posibilidad teórica de incrementar la remuneración mínima vital sin que se exponga primero la necesidad de hacer del país aun más competitivo (i.e. vía la reducción de ingresos y beneficios laborales de la mano de obra) frente a la firma del tratado del TLC. Hasta el momento, la exposición de este tema ante la opinión pública ha sido sesgada sin dar oportunidad a los que dependen de estos ingresos a expresar su voz al respecto. Esta situación no es para menos, puesto que se tiene evidencia que al menos un 40% de la PEA ocupada dependería potencialmente de esta remuneración, es decir, o bien por su condición laboral o categoría ocupacional debería percibir como mínimo esta remuneración como salario por su trabajo; o bien su remuneración utiliza como numerario el precio del salario mínimo (Céspedes, 2005).

El rol de los actores de la sociedad civil no es ajeno a la formación de políticas públicas como es de esperarse. El problema de la no concurrencia en la formación de políticas públicas, puede también identificarse entre aquellas instituciones de la sociedad civil que orbitan cual satélites naturales alrededor del discurso sustentado por los órganos ejecutores del Estado al cual son afines. A través de mecanismos de selección competitiva –no exentos de paradigma- los recursos por consultoría y estudios especializados encuentran sus pares en la sociedad civil de tal manera que ellos sirven parar nutrir y sustentar mutuamente esquemas predefinidos. Doquiera que los recursos sean más importantes, el discurso privilegiado es el más exitoso en ser difundido y eventualmente termina convirtiéndose en un instrumento más para la viabilización de las políticas económicas imperantes.

En un nivel más abstracto, la génesis de la conceptualización de instrumentos separados para la administración de la política pública se debe a la particular forma de aproximarse, desde la metodología de la ciencia positiva adoptada por los economistas y gerentes públicos, hacia los problemas del crecimiento y la distribución del ingreso nacional. En ese sentido, dos esquemas de lectura y evaluación de las políticas económicas y sociales han sido recogidas para el presente artículo: la primera perteneciente a Datt y Ravallion y la segunda construída por Arthur Okun.

En el primer caso, Datt y Ravallion (1992) desarrollan y aplican una metodología para evaluar el impacto del crecimiento y la redistribución del ingreso en la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo. De acuerdo con esta metodología, se encuentra que la mayor parte de las veces es el crecimiento económico el que logra incidir favorablemente en torno a la lucha contra la pobreza, mientras que la redistribución tiene un comportamiento ambigüo: o bien refuerza el éxito obtenido por un crecimiento económico sostenido por políticas económicas adecuadas, o bien introduce retrocesos en lo anteriormente conseguido. El principal problema de esta aproximación, es que la metodología utilizada por estos investigadores sugiere que el crecimiento económico es neutralmente distributivo, lo que a todas luces es una falacia metodológica. De hecho, el crecimiento económico conduce a un resultado distributivo de manera natural, es decir la distribución del ingreso es una variable endógena del crecimiento económico (Figueroa, 1993). Sin embargo la idea de neutralidad distributiva del crecimiento económico, y por lo tanto, de las políticas que la promueven, ha impregnado profundamente entre los operadores de las políticas económicas de modo que algunos resultan estar convencidos de que estas decisiones están desconectadas de resultados hacia lo social. Un problema adicional de esta herramienta de evaluación de las políticas públicas es que la aproximación cuantitativa reporta un residuo econométrico que en algunos casos suele ser tan igual o más importante que los componentes estimados para la evaluación lo que reduce su capacidad analítica (Mauro, 2002).

El segundo esquema, que pertenece a Okun, es explicada por Londoño (1997). De acuerdo con esta posición, la distribución del ingreso puede ser vista como el resultado de dos rondas de transacción entre los distintos agentes de la economía. La primera ronda de transacciones cubre el flujo del ingreso nacional generado desde la producción hacia el pago de los factores que en ella participan, a saber: remuneraciones, retornos al capital, y rentas a la tierra. Por su parte, la segunda ronda distributiva, a cargo del sector externo y el Estado ejecutan una redistribución del ingreso (a través de la política fiscal y la política social) entre los diversos agentes con lo cual la distribución final neta puede ser distinta a la distribución primaria. Esta posición supone sin embargo que el Estado no interviene en la primera ronda distributiva y que recien interviene en la segunda como un agente corrector que hace justicia sobre los resultados de la primera. Sin embargo, este modelo carece de asidero en la realidad puesto que las decisiones tomadas en las distintas esferas de acción de la administración pública inciden tanto en la primera ronda distributiva que hacen que la supuesta segunda ronda no sea independiente de la primera.

En resumen, podemos señalar que los marcos teóricos propuestos para evaluar el impacto de las políticas económicas y el de las políticas sociales por separado contiene una serie de incoherencias que eximen de responsabilidades de los hacedores de política a cargo de cada uno de los organismos del Estado. La evaluación separada, antes que promover la coordinación entre estas instituciones, introduce juicios de valor sobre el rol que deberían cumplir cada una de las políticas públicas sobre las actividades que realmente ejecutan y terminan por introducir criterios de competitividad interorganizacional en el que unos operadores resultan ganadores y otros perdedores. Eventualmente, las unidades orgánicas menos efectivas y eficientes terminarán diluídas o absorbidas por las que no lo son y el costo global de esta dinámica lo paga la población. Esta perspectiva, no sería desesperanzadora si es que precisamente las instituciones que aparecen como ineficientes y por tanto perdedoras son las que tienen asignadas roles de promoción social. Es muy probable, que de seguir operando esta dinámica, se logre efectivamente reducir al Estado al punto de que este garantice funciones mínimas que le fueron asignadas desde Smith, a saber: seguridad, orden público, justicia e infraestructura. El resto de funciones serían totalmente privatizadas y manejadas con criterios de costo-eficiencia en todas sus dimensiones y hasta llegar a ese momento habría que pensar sobre la factibilidad de que el MEF contenga una unidad ejecutora de asuntos sociales al interior de sus instalaciones. ¿Asumirá alguna vez esta institución que es la principal responsable de promover el empleo y no el Ministerio de Trabajo?

5. Sobre los resultados de la divergencia de las políticas públicas en el Perú

El continuo resultado obtenido en nuestro país frente a la falta de convergencia en la formación y ejecución de las políticas públicas no debe llamar la atención. Jürgen Schultd denominó a este fenómeno con agudeza “Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico”. Así, mientras que la economía peruana ha crecido de manera sostenida desde julio del 2001 a una tasa promedio mensual de casi 4.5% (3.46% promedio anual), básicamente como resultado de mantener en ejecución las políticas económicas originadas en el espíritu del Consenso de Washington (CdW); se puede constatar que durante el mismo periodo, el gasto social en el Perú apenas se ha expandido (2.44% promedio anual), en tanto que el problema de los contratos de estabilidad tributaria, el problema del pago de las regalías mineras y la distribución del canon no han sido zanjados, desde un punto de vista social, oportunamente. Los resultados de este comportamiento mixto es que la pobreza no ha disminuído de manera significativa y existen evidencias de que los niveles de desigualdad, desempleo y exclusión han comenzado a aumentar paulatinamente.

Tabla 1 Concentración del gasto de los hogares

Año-Trim.

2001-IV

2002-IV

2003-IV

2004-IV

Decil I

1,27

1,30

1,60

1,73

Decil II

2,51

2,57

2,82

2,97

Decil III

3,64

3,77

3,98

4,04

Decil IV

4,91

5,05

5,25

5,11

Decil V

6,31

6,52

6,63

6,37

Decil VI

8,08

8,34

8,31

8,01

Decil VII

10,37

10,54

10,73

10,20

Decil VIII

13,59

13,85

13,98

13,16

Decil IX

19,12

19,50

19,73

19,10

Decil X

49,73

55,60

52,30

50,37

Gini

53,62

55,15

53,03

52,49

Fuente: MEF, MMM 2006-2008

Debe anotarse que los esquemas de divergencia entre las políticas económicas y sociales se reproducen entre los sistemas político, social, económico, cultural y aún ambiental de nuestro país. En el campo de lo político, por ejemplo, la actual administración goza de una buena reputación en el plano internacional, pero ello se contradice con la alta desaprobación que recibe en el interior (más del 80%). Adicionalmente, Durand (2003) ha presentado una interesante contribución respecto a la paradoja de la riqueza económica y la pobreza política de buena parte de los empresarios y políticos lo que tiene incidencia directa en el malestar de la población. Finalmente e incidiendo nuevamente en lo económico, la actual deuda externa peruana ha sido calificada como sostenible según el enfoque del BM y el BID sin tomar en consideración un enfoque que considere en primer lugar la reducción de la pobreza.

6. El papel integrador de los ODM en el Perú

El grado de conocimiento de Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Perú es creciente a nivel de técnicos y profesionales, tanto del Gobierno, como de las ONGs, e incluso el mundo académico. Sin embargo, estos no se han difundido al nivel de la ciudadanía o incluso el sector privado, teniendo en consideración que es un actor decisivo también de las políticas públicas. Existe una gran necesidad de que estos sean dados a conocer a través de foros, seminarios, talleres y los medios de comunicación a fin de acercar a la ciudadanía en torno a la pertinencia de ellos sobre su bienestar y de ese modo lograr algún nivel de participación activa a favor de los mismos.

El papel de los ODM tendría así dos niveles de actuación, la primera en la formación de las políticas actuales del Estado, y la segunda en la promoción de políticas y propuestas de reforma de parte de los grupos de la sociedad civil.

En el primer nivel, los ODM cumplirían un rol complementario a los diferentes acuerdos internos de mediano y largo plazo, tales como: la Carta de Política Social que guía la Política General del Gobierno (publicada en El Peruano en diciembre de 2001), el Acuerdo Nacional al 2021 (suscrito en marzo del 2002) y el Plan Nacional para la Superación de la Pobreza (publicado en El Peruano en septiembre de 2004). Hay que destacar no obstante, que el Perú, ha sido escogido como país piloto para realizar los informes sobre el desarrollo en la agenda planteada por los ODM. Sin embargo, debe hacerse explícito un límite importante para saber cómo actuar sobre el: ¿Son los objetivos de cada uno de los más de 1818 gobiernos locales equiparables con los ODM que el Gobierno Central ha declarado adoptar como lineas directoras de las políticas públicas del país? Es una pregunta difícil de responder pero no por ello inmovilizadora. Antes de intentar una respuesta expondremos el segundo nivel de actuación de los ODM.

En el segundo nivel, existe la percepción de que los ODM recién se están tomando en cuenta dentro de los diferentes planes y propuestas que ejecutan los organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, existen iniciativas que buscan una reducción favorable de la deuda externa para promover el alcance de los ODM, o aquellos que buscan el canje de deuda por desarrollo, sin embargo estos todavían se encuentran en proceso de consolidación. Otras iniciativas similares por parte de la sociedad civil se desarrollan de manera inicial en los objetivos relativos a acciones en los temas medio ambientales, de salud y educación. De esta manera, un motivo que convoque a la concretización de metas e indicadores pueden cumplirlo de manera cabal los ODM.

Es necesario plantear en ese sentido, cómo integrar a la sociedad (¡gran tarea!) en torno a la construcción de una visión de desarrollo conjunta que pueda equipararse a los objetivos y metas planteadas por los ODM. Una agenda básica sugerida sería seguir al menos los siguientes pasos:

a) Promoción de investigaciones multidisciplinarias que alimenten la formación de políticas sectoriales en torno a los ODM, en todos los niveles académicos e institucionales.

b) Sensibilización de la ciudadanía a través de esquemas participativos de discusión y formulación de planes concertados en el espacio local, en torno a los ODM. Además de ejecutar programas de difusión y discusión de los mismos en talleres, seminarios, foros, etc.

c) Mejoramiento y consolidación del sistema de información de indicadores relativos a los ODM con acceso libre para todos los actores del desarrollo (recomendación del taller de Indicadores de Desarrollo a cargo del INDES).

d) Discusión e incorporación de las demandas económicas y sociales transmitidas por los representantes locales, provinciales y regionales en torno a la agenda planteada por los ODM.

e) Incorporación de los ODM en las estrategias de intervención de los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil.

f) Realizar un seguimiento del cumplimiento de los mismos por parte de las instituciones del Estado.

g) Reducir las brechas de información y participación de la sociedad civil en la formación de políticas públicas a fin de lograr una plataforma más consolidada para buscar de manera concertada el desarrollo del país.

h) Buscar la convergencia entre las diversas iniciativas de la sociedad civil, las políticas económicas y las políticas sociales del sector público.

7. Conclusiones

El Perú tiene una oportunidad especial para consolidar una agenda de desarrollo concertada entre cada uno de los actores del país y así lograr reducir finalmente la pobreza y las desigualdades. Sin embargo, la falta de convergencia entre las políticas económicas y sociales atentan contra estos objetivos. La sociedad civil puede ayudar a facilitar este proceso incorporando a los ODM como marco referencial dentro de sus estrategias y modelos de intervención en sus proyectos; y no solamente alli sino tambien haciendo un seguimiento y monitoreo de las políticas públicas a fin de no alejarse de las metas económicas y sociales planteadas.

8. Referencias

CESPEDES, Nikita (2005) “Efectos del Salario Mínimo en el Mercado Laboral Peruano”. Lima: Banco Central de Reserva del Perú.

DURAND, Francisco (2003) “Riqueza económica y pobreza política”. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

DATT, G. et Ravallion, M. (1992). “Growth and redistribution components of changes in poverty measures: A decomposition with applications to Brazil and India in the 1980s.” Journal of Development Economics 38: 275-295.

EURODAD (2001) “Putting poverty reduction first. Why a poverty approach to debt sustainability must be adopted”. European Network on Debt and Development. Belgium.

FIGUEROA, Adolfo (1993) “Crisis distributiva en el Perú”. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

INDES (2005) “Taller de indicadores sociales y efectividad para el desarrollo”. Lima: INDES-MIMDES-FONCODES.

LONDOÑO, Juan Luis (1997) “La dinámica de cambio de la distribución del ingreso y la pobreza en Colombia en las últimas décadas”. En: Empleo y distribución del ingreso en América Latina ¿Hemos avanzado?. Santa Fe de Bogotá: TM Editores; Fedesarrollo; CIID; Colciencias.

MAURO, Raúl (2003) “Pobreza y desigualdad en el Perú: los promedios no bastan”. En Perú Hoy, julio de 2003. Lima: DESCO.

MAURO, Raúl (2002) “Cambios de la pobreza en el Perú: 1991-1998”. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social.

NACIONES UNIDAS (2004) “Hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en el Perú”. Primer Informe de Avance de Los ODMs. Lima: ONU.

NACIONES UNIDAS (2000) “Declaración del Milenio”. 8va Sesión Plenaria de la Asamblea General. New York: Naciones Unidas.

SCHULTD, J. (2004) “Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico”. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

9. Anexos

Equiparación mínima de los ODM con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional

Id

ODM


Id

Políticas de Estado del Acuerdo Nacional

1

Erradicar la pobreza extrema y el hambre


10

Reducción de la Pobreza

2

Lograr la enseñanza primaria universal


12

Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte

3

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer


11

Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación

4

Reducir la mortalidad de los niños


15

Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición

5

Mejorar la salud materna


16

Fortalecimiento de la Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud

6

Combatir el VIH/SIDA,el paludismo y otras enfermedades


13

Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social

7

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente


19

Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental

8

Crear una alianza mundial para el desarrollo


14

Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo



[i] Esta sección es una adaptación de la introducción del primer informe preparado por el Perú sobre el avance de las metas contenidas en los Objetivos del Milenio y la ficha descriptiva 1 de la web de los ODMs en las Naciones Unidas.

[iii] En el Comité Ejecutivo participaron representantes del Gobierno del Perú, la ONU, el FMI, el Banco Mundial y el BID. El Comité de Coordinación y Seguimiento agrupó a 25 representantes del Gobierno del Perú, el sector privado, la sociedad civil, la prensa, la academia, el Sistema de Naciones Unidas en el país, las agencias de cooperación bilateral, las instituciones de Bretton Woods y la banca de desarrollo regional. Los ocho Grupos de Trabajo —uno por cada ODM— reunieron a expertos temáticos del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, el Gobierno, la sociedad civil, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las estadísticas provinieron básicamente del INEI mientras que los modelos de predicción de cumplimiento de los ODMs fue encargado a la Universidad del Pacífico.

[iv] Schuldt, J. (2004).

[v] El MMM 2006-2008 arroja evidencia a favor del “chorreo económico” sobre la población más pobre la cual es recogida en la tabla 1 del presente artículo. Al respecto debe señalarse que complementariamente a la explicación presentada por el referido informe, existe evidencia de que la mejora distributiva vía transferencias no comporta una mejora de la percepción sobre el bienestar que la que se lograría a través de una mejora en las condiciones del empleo. El hecho de que la mejora en el consumo dependa de las transferencias de ingresos/consumo del Estado y las remesas de peruanos en el exterior no significa que haya una verdadera generación de riqueza productiva para el país (Mauro, 2003).

[vi] Los resultados mixtos de varios de estos sectores serán discutidos en un próximo artículo en torno a los OdM.

[vii] Eurodad (2001).


Este artículo apareció en el libro Perú Hoy de julio de 2005. Lima: desco.

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