lunes, junio 25, 2007

Hay madres desde los 11 años...

Revisando las estadísticas del Instituto Materno Perinatal de Lima (ver aquí), encontré algunas estadísticas dramáticas sobre la realidad de las niñas-madres en nuestro país. En verdad, esta afirmación es exagerada. Esta sería la realidad de las niñas-madres que, por buena o mala fortuna, llegan a un centro especializado del Estado para recibir atención médica profesional en la ciudad capital. Del resto, sabemos muy poco. La sección que contiene los datos relevantes para esta cohorte poblacional se encuentra donde aparece el título: "Atención diferenciada de la adolescente". A continuación comentaré algunos de sus datos más impactantes.

La primera cuestión que llamó mi atención es la media anual de mujeres adolescentes (estamos hablando de mujeres entre 11 y 19 años) atendidas por este instituto, entre el 2004 y el 2006, 2,290 personas. Esto equivale a una media de 191 niñas atendidas al mes, o 6 cada día. En promedio, cada una de estas mujeres se atiende unas tres veces si está embarazada, y sólo una vez si es puérpera (recién parida) o ginecológica. Ellas representan, respecto del total de las madres atendidas de toda edad, un 14% de las consultas (en el 2006).

La segunda información que destaco es que, de las adolescentes atendidas, existe un porcentaje creciente que está compuesto fundamentalmente por niñas entre 11 y 13 años (1.4%, 1.5% y 1.8% para el 2004, 2005 y 2006 respectivamente). Estamos hablando de 48 niñas en promedio, cada año. Habrá quienes se pueden poner a discutir sobre la edad exacta en que comienza la adolescencia para una niña en particular, pero es generalmente aceptado que esta se inicia alrededor de los trece años y concluye hacia los 17. Justo esta es la edad normativa -años más, años menos- para que las adolescentes reciban la educación secundaria.

Desde el punto de vista económico, al margen del valor de la vida de los bebes que nacen por medio de ellas, se pierde un enorme potencial económico por parte de estas mujeres al no haber podido completar su educación regular y por que no, también, una educación superior. Una aproximación, grosso modo, de esta pérdida incluye el costo de la inversión no realizada por cada estudiante embarazda (S/. 1168 al año para el 2005 según el informe del gasto social de UNICEF-Apoyo), más el valor actual del pago de la productividad que hubiera ganado con una remuneración media en Lima Metropolitana, más el costo medio incurrido por la atención en el instituto, entre otros costos indirectos que no son fáciles de medir. En un escenario como este, la pérdida absoluta por los casos de embarazo adolescente menores de 17 habría sido de alrededor de US$ 7.5 millones. Si asumimos una hipótesis más baja (con una remuneración mínima) la pérdida asumida por la sociedad es de aproximadamente US$ 4.5 millones. Ambas sumas no son nada despreciables si tomamos en cuenta los costos que el Congreso piensa incurrir para por ejemplo, asegurar nuestro 'pedazo de territorio' limítrofe con Chile.

Por último, pero no menos importante, la información estadística que más me abruma son los diagnósticos más frecuentes en cada una de las tres grandes categorías de atención a la adolescente: ginecología, puérperas y gestantes. Revisando únicamente el ranking del 2006, veremos que para el caso de ginecología los diagnósticos se concentran en (sólo destaco las tres o cuatro más importantes):
  • Vaginitis aguda,
  • Enfermedades inflamatorias pélvicas no esp. y
  • Hemorragia vaginal y uterina anormal SAI.
En el caso de las gestantes, los diagnósticos más frecuentes fueron:
  • Supervisión de primigesta muy joven,
  • Supervisión de embarazo de alto riesgo,
  • Infección vaginal que complica el embarazo, y
  • Anemia que complica el embarazo.
Por último, para el caso de las puérperas, tenemos:
  • Control post AMEU (Aspiración Manual EndoUterina) /LU,
  • Anemia que complica el embarazo, parto y puerperio, y
  • Dehiscencia de sutura obstétrica prerineal.
La revisión de cada una de estas definiciones de diagnóstico médico revelan una situación dramática para estas mujeres niñas y adolescentes. Varios de estos conceptos tienen que ver con consecuencias de violaciones, agresión, abortos clandestinos entre otras perlas más. La iniciativa legal acerca del sexo consentido con menores es apenas un instrumento miope para resolver el problema tan complejo que describe los datos estadísticos mostrados arriba. Lo mismo fue la conjura electorera de Alan García cuando proclamaba a los cuatro vientos, "pena de muerte para los violadores".

El Estado debería actuar en todos los frentes, con una propuesta integral que abarque desde i) la prevención, a través de una efectiva campaña de educación sexual para los menores, la provisión de opciones para la anticoncepción (condones, AOE, etc.); ii) la atención, facilitando al máximo el acceso a los servicios de salud física y mental para la madre adolescente; y finalmente, iii) la reconstrucción de la familia junto con, iv) la penalización de los violadores, no necesariamente a través de la pena de muerte, pues, este puede convertirse en un incentivo para encubrir a los responsables de tales situaciones indeseables para las niñas de nuestro país (ver aquí).

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