Los últimos doce meses, han sumido al mundo entero en la más grave crisis financiera y real jamás vista desde 1929, cambiando los supuestos, perspectivas y resultados que se formularon a principios del 2002, en Monterrey. La movilización interna de recursos financieros de los países emergentes para el desarrollo ha sido precaria; la movilización internacional de recursos financieros en nombre del desarrollo a través de la inversión extranjera directa y otros flujos ha sido descomunal y sin embargo, ha provocado junto con la crisis financiera, resultados ilusorios o restringidos frente a las expectativas de los pueblos de los países de ingresos medios y bajos; el comercio internacional, en el actual contexto de crisis, se ha convertido en una máquina perversa para perennizar el subdesarrollo; en tanto que la propia crisis se ha convertido en el prerrequisito necesario para una nueva ola de endeudamiento para los países en desarrollo ofrecida por las IFIs en lugar de fortalecer el mecanismo de cooperación del 0.7% del PIB comprometido por los países industrializados.
A pesar del panorama sombrío, los desafíos contenidos en el documento del Consenso de Monterrey (CdM) prevalecen con mayor intensidad y urgencia que hace un poco más de un lustro. Disminuir la pobreza, mejorar las condiciones sociales y proteger el medio ambiente, por ejemplo, son cuestiones que deben ser abordadas desde una perspectiva totalmente renovada. O quizá sea mejor pensar en el rescate de algunas de las pocas recomendaciones de política orientadas hacia tales objetivos que se encuentran inscritas en el CdM, en especial aquellas que permiten fortalecer financieramente al Estado a partir de una reforma tributaria integral. Paralelamente, habría que desalentar otras políticas que le hicieron el juego al crecimiento de la burbuja financiera que reventó hace muy poco, específicamente aquellas que postulaban que el incentivo al libre flujo de
El debate no es nuevo. Es necesario retomar la supremacía de los frágiles Estados de los países de ingresos medios y bajos para que impulsen el desarrollo y el bienestar de sus pueblos; a la par que se debe reducir el poder de las grandes empresas transnacionales para evitar sucesivas crisis financieras y económicas que terminan pagándolo todos los ciudadanos. Hasta ahora ha primado un enfoque -al que no ha escapado el CdM- que ha logrado disminuir la participación del Estado en la economía haciéndole pensar únicamente sobre cuál es la mejor manera de gastar pero no sobre cuál debería ser la mejor forma de financiarse. Un asunto que ha sido clave en el desarrollo de los países industrializados desde el siglo XVI en adelante.
En ese sentido, se presenta a continuación una lista de principios y medidas sobre las cuales se podría desarrollar una política integral de tributación con justicia, al interior de cada uno de los países de la red.
- Tributación progresiva: deben pagar más impuestos los dueños de activos, bienes suntuarios y tierras.
- Se debe gravar más a los que extraigan recursos naturales. Ello porque por lo general la inversión extranjera directa ha estado orientada a estos sectores donde precisan de menos recursos locales para su desarrollo y extraen el máximo para su propio beneficio.
- Se debe penalizar la abrupta salida de los capitales para garantizar cierto nivel de estabilidad en los flujos financieros. Con ello se restringe la fuga rápida de capitales.
- Asimismo se deben poner impuestos altos a la remisión de utilidades. La atracción de
- Gravar el consumo suntuario y el capital antes que al trabajo. Esto puede servir para fomentar el empleo digno otorgando una mejor remuneración y condiciones laborales.
- Introducir impuestos a las sobreganancias: estos impuestos deben estar dirigidas a las corporaciones transnacionales. Esto evitaría que los altos precios de los minerales sean drenados por las remesas de utilidades. En el actual contexto de crisis financiera, es necesario evaluar los precios de referencia históricos de los metales a partir de los cuales se evalúa objetivamente que todavía existen sobreganancias.
- Eliminación de exoneraciones: sobre todo en las zonas francas, en las cuales se instalan las empresas transnacionales para beneficiarse de estos regimenes especiales.
- Eliminar concesiones fiscales contenidos en los contratos de estabilidad tributaria. Pocas veces estos contratos contienen resultados sociales concretos como creación de empleo productivo o la garantía del respeto de los derechos laborales.
- Implementar políticas tributarias focalizadas, ya sea sectorialmente o por grupos poblacionales.
Finalmente, a pesar que la cosecha de los primeros frutos de la reforma tributaria puede tardar cuando mínimo un par de años, es necesario tener en cuenta que tales recursos adicionales que logren recaudarse deben ser utilizados en el marco de una estrategia de crecimiento en productos de valor agregado. Asimismo, estos recursos pueden constituir fondos de desarrollo que ayuden a afrontar fluctuaciones económicas, dinamizar el mercado interno y diversificar la cartera del mercado financiero.
En buena cuenta, existen varios elementos del CdM que pueden ser retomados en Doha. El principal, el fortalecimiento de los Estados en países en desarrollo a partir de una reforma tributaria integral para financiar una estrategia de crecimiento alternativo de ancha base. Así, la reducción de la pobreza, la mejora de las condiciones sociales, serán objetivos más viables de alcanzar por los países en desarrollo.
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