El poder después del voto: cómo el Congreso reemplazó a la Presidencia en el Perú

Introducción

En la narrativa política convencional, el fujimorismo ha perdido repetidas veces en las elecciones presidenciales. Perdió la presidencia frente a Pedro Pablo Kuczynski en 2016 por un margen estrecho. La perdió nuevamente frente a Pedro Castillo en 2021 en una elección disputada hasta el último voto. Y desde entonces no ha logrado recuperarla. Vista desde esa perspectiva, su trayectoria reciente es la de una fuerza política incapaz de traducir su peso electoral en control del Ejecutivo.

Este artículo propone una lectura distinta. Lo que aparece como una secuencia de derrotas electorales es, en realidad, un proceso sostenido de acumulación de poder institucional. El fujimorismo —entendido no solo como partido, sino como una coalición política más amplia— ha logrado construir influencia decisiva sin necesidad de ganar la presidencia. Lo ha hecho desplazando el eje de la competencia política: del Ejecutivo hacia el Congreso, y de allí hacia el diseño constitucional del sistema.

Esta interpretación no es nueva. En 2021, en un artículo publicado en este blog, sostuve que el Perú atravesaba una transición hacia un parlamentarismo de facto: un régimen en el que, sin levar a cabo, formalmente, una nueva Constituyente, el Congreso adquiría la capacidad efectiva de definir la continuidad del gobierno. Lo que entonces era una hipótesis hoy puede leerse como un proceso en consolidación.

La hipótesis de este artículo es que entre 2016 y 2026 ese parlamentarismo de facto no solo se ha afirmado, sino que ha sido institucionalizado progresivamente. El argumento se desarrolla en tres etapas: su emergente bajo la mayoría absoluta del fujimorismo de 2016, su estabilización mediante una coalición parlamentaria tras 2021 y su consolidación con un conjunto de reformas constitucionales al margen que lograron introducir una segunda cámara con vocación de permanencia.

I. El parlamentarismo de facto como marco interpretativo

El concepto de parlamentarismo de facto describe una situación en la que un sistema formalmente presidencialista opera, en la práctica, bajo los dictados de la lógica parlamentaria. El rasgo distintivo no es la forma jurídica, sino el criterio efectivo de poder: la permanencia del Ejecutivo depende de la voluntad del Congreso.

En el caso peruano, este fenómeno no surge de una reforma constitucional explícita, sino de una transformación en la práctica política. El uso intensivo de herramientas como la vacancia presidencial, la intepelación y la censura ministerial y el control de la sucesión ha reconfigurado el funcionamiento del sistema sin alterar su diseño formal.

El resultado es un régimen parlamentarista de facto. El presidente sigue siendo elegido por voto popular, pero su continuidad en el cargo depende, en la práctica, de la correlación de fuerzas parlamentarias. La sucesión constitucional automática reduce los costos de la destitución, mientras que la interpretación amplia de las causales de vacancia convierte un mecanismo excepcional en un instrumento ordinario de control político.

En este contexto, el poder deja de definirse exclusivamente en la elección presidencial. Se traslada hacia la capacidad de construir mayorías parlamentarias estables que permitan sostener o remover gobiernos. Este desplazamiento es el que permite entender por qué una fuerza política puede perder elecciones presidenciales y, sin embargo, acumular poder efectivo.

Los tres ciclos analizados a continuación corresponden a etapas sucesivas en la consolidación de este parlamentarismo de facto.

II. Primera etapa (2016–2019): la emergente — la mayoría absoluta como poder de sustitución

Las elecciones de 2016 produjeron un resultado excepcional: Fuerza Popular obtuvo 73 de los 130 escaños del Congreso, configurando una mayoría absoluta sin precedentes en la etapa democrática reciente. En contraste, Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia por un margen mínimo. Poco más de 41 mil votos. Desde el inicio, la distribución del poder efectivo quedó determinada por esa asimetría.

En este contexto, el Congreso dejó de operar como un contrapeso para convertirse en un poder de sustitución. A través de la censura ministerial, la interpelación y el control político, condicionó sistemáticamente la acción del Ejecutivo, reduciendo su margen de maniobra.

La censura del ministro de Educación Jaime Saavedra en diciembre de 2016 constituyó el punto de inflexión de esta etapa. Su destitución, estableció un precedente: la mayoría parlamentaria podía bloquear políticas públicas relevantes cuando estas afectaban intereses alineados con su coalición, independientemente de su legitimidad técnica.

El ciclo concluyó con la disolución del Congreso en 2019 por parte de Martín Vizcarra. Este episodio representó una derrota táctica para el fujimorismo, pero no alteró la lógica subyacente del sistema. El nuevo Congreso, fragmentado, mantuvo intactos los incentivos que permitían al Legislativo ejercer control sobre el Ejecutivo. La vacancia de Vizcarra en 2020 confirmó que el poder ya no residía en la presidencia, sino en la capacidad del Congreso para definir su continuidad.

III. Segunda etapa (2021–2025): la estabilización — la coalición parlamentaria y el control de la sucesión

Las elecciones de 2021 modificaron la correlación de fuerzas, pero no la lógica del sistema. El Congreso resultante fue altamente fragmentado, y el fujimorismo obtuvo una representación menor que en 2016: apenas 24 escaños. Sin embargo, la llegada de Pedro Castillo a la presidencia generó un nuevo elemento de cohesión: la convergencia de intereses de distintos actores parlamentarios, incluidos los de su propia bancada, frente a un Ejecutivo percibido como amenaza.

En este contexto, se configuró una coalición parlamentaria más amplia y flexible. A diferencia de la mayoría absoluta anterior, esta coalición no dependía de una hegemonía única, sino de la articulación de intereses convergentes. Su objetivo no era gobernar desde el Ejecutivo, sino controlar las condiciones bajo las cuales este operaba.

El intento fallido de Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022 precipitó su caída, pero también evidenció el nuevo equilibrio de poder. Su vacancia fue la expresión de un sistema en el que el Legislativo había adquirido la capacidad de determinar la continuidad del gobierno.

La sucesión de Dina Boluarte consolidó esta dinámica. Su administración operó bajo condiciones de dependencia respecto al Congreso, que mantuvo control sobre decisiones clave. Sin el poder de veto a diposición, su gobierno apenas pudo cuestionar una que otra norma anticonstitucional aprobada por el Congreso por insistencia. La presidencia dejó de ser el centro del poder para convertirse en una instancia funcional dentro de un esquema dominado por el Legislativo. El Poder Ejecutivo se convirtió en una mesa de partes del Congreso.

El hito central de esta etapa fue la aprobación de la bicameralidad. Esta decisión revirtió, en la práctica, el resultado de la consulta popular de 2018, en la que una amplia mayoría de ciudadanos rechazó la creación de un Senado: 13.9 millones votaron por el No a la creación del Senado y apenas 1.4 millones votaron por el Si. Aunque formalmente válida, esta medida evidenció la distancia creciente entre la legalidad procedimental y la legitimidad sustantiva.

IV. Tercera etapa (2026): la consolidación — el Senado como arquitectura del poder permanente

La implementación del Senado en 2026 representa la culminación del proceso. Antes de ella tenemos un gobierno parlamentarista de facto. Después de las elecciones de abril, vamos a formalizar este nuevo esquema de gobierno, con un agregado. Un plus. No se trata únicamente de la creación de una segunda cámara, sino del diseño de una estructura institucional con vocación de permanencia. Sus características —en particular su rol en los nombramientos de órganos clave del Estado, su función de revisión legislativa y su posición dentro del equilibrio entre poderes— le otorgan una capacidad de influencia que trasciende el ciclo político inmediato.

A diferencia de las mayorías parlamentarias, que pueden variar significativamente entre elecciones, el Senado introduce un componente de continuidad institucional. Su rol no se limita a la producción legislativa, sino que se extiende al control de decisiones estratégicas del Estado. En particular, su participación en los procesos de designación de autoridades en organismos clave —como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría o el Banco Central— le otorga una capacidad de influencia que trasciende el ciclo político inmediato.

Asimismo, su función como cámara revisora le permite actuar como filtro sobre la producción normativa, modulando o bloqueando decisiones provenientes de la Cámara de Diputados. Este diseño no solo introduce un mecanismo adicional de deliberación, sino que configura un espacio institucional con capacidad efectiva de veto, reforzando el peso del Legislativo en el equilibrio de poderes.

En este contexto, las elecciones de 2026 adquieren un significado particular. No definirán las reglas del sistema, sino la distribución de posiciones dentro de una estructura ya establecida. La ciudadanía no decidirá si desea o no un Senado —esa decisión fue tomada previamente— sino quiénes lo integrarán.

Se configura así una tensión de fondo: el mismo electorado que rechazó la bicameralidad es convocado a legitimar, mediante su participación electoral, una institución cuya creación no fue al menos nuevamente consultada. La competencia electoral se mantiene, pero dentro de un marco que ya no está en disputa.

En este punto, la noción de victoria adquiere un sentido distinto. El fujimorismo no ha ganado pese al parlamentarismo de facto. Ha sido uno de sus principales beneficiarios —y, en buena medida, uno de sus arquitectos..

V. Legitimidad procedimental y legitimidad sustantiva

El proceso descrito obliga a distinguir entre dos dimensiones de la legitimidad democrática. La legitimidad procedimental se refiere al cumplimiento de las reglas formales para llenar los escaños: elecciones libres, mayorías parlamentarias y decisiones adoptadas conforme a la Constitución. Bajo este criterio, el sistema peruano mantiene sus rasgos democráticos.

La legitimidad sustantiva, en cambio, evalúa en qué medida las decisiones reflejan la voluntad efectiva de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, surgen tensiones significativas. La reversión de un referéndum, la centralidad del Congreso en la remoción de presidentes y la creación de una cámara con vocación de permanencia cuestionan la correspondencia entre representación y soberanía popular.

El resultado es un sistema que preserva las formas de la democracia, pero en el que el contenido del poder político se desplaza hacia espacios menos sensibles al control electoral directo.

Reflexión final

Durante la última década, el Perú ha experimentado una transformación silenciosa pero profunda. Sin modificar formalmente su Constitución a través de una Constituyente. Por el contrario, ha transitado hacia un parlamentarismo de facto en el que el Congreso se ha convertido en el centro efectivo del poder.

Las elecciones de 2026 no revertirán este proceso. Por el contrario, contribuirán a consolidarlo y lo más importante, formalizarlo. Su relevancia ya no radica únicamente en definir quién ocupa la presidencia, sino en determinar quién controla los mecanismos institucionales que condicionan el ejercicio del poder.

La pregunta central del debate público debería reflejar este cambio: no quién gobernará desde el Ejecutivo, sino quién, desde el Congreso —y particularmente desde el Senado— tendrá capacidad de definir las reglas del sistema político en los próximos años.

Reconocer esta transformación no implica aceptar sus consecuencias como inevitables. Pero sí constituye el primer paso para comprender que, en el Perú contemporáneo, el poder ya no se decide únicamente en el voto presidencial, sino en la arquitectura institucional que determina lo que ese voto puede —y no puede— cambiar.

El premier no es el ministro: la confusión de roles que costó mantener un gabinete

El 17 de marzo de 2026, a veintiún días de haber asumido y a solo un día de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza, Denisse Miralles renunció a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ese mismo día, Rodolfo Acuña Namihas juró como nuevo ministro de Economía y Finanzas. La velocidad del cambio invita a leerlo como un tropiezo más en la crónica de inestabilidad peruana. Pero hay otra lectura, más interesante e incómoda: este reajuste —probablemente no del todo calculado— puede ser, paradójicamente, uno de los movimientos más funcionales que ha hecho el gobierno de Balcázar.

Miralles no fue un error. Fue mal colocada. Y para entender por qué, hay que retroceder un poco más en la historia.

Cuando Miralles era ministra de Economía bajo el gobierno del expresidente José Jerí, fue una de las principales impulsoras del Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, un esfuerzo institucional inédito: reunir a actores económicos, técnicos y públicos en torno a un marco compartido de responsabilidad macroeconómica, con la ambición de darle al país un norte fiscal más allá de la voracidad presupuestal de las bancadas. Jerí lideró ese proceso, pero pagó un precio alto por ello. Un Congreso que no tenía ningún interés en hablar de equilibrio fiscal en plena etapa electoral encontró en esa agenda el pretexto para desgastarlo hasta su inevitable salida. Miralles sobrevivió a esa caída, pero llegó al nuevo gobierno con ese antecedente a cuestas: el de haber apostado por la disciplina fiscal cuando el Congreso prefería otra conversación.

La forma en que Balcázar llegó a la presidencia agrega otra capa a este cuadro. Según declaraciones públicas de la propia congresista Maricarmen Alva, quien disputó la elección interna, el resultado se explicó en parte porque Balcázar resultó más dispuesto a negociar la distribución de ministerios con las bancadas. Alva fue explícita: ella quería cambiar el gabinete, incorporar nuevos perfiles, alterar el reparto de influencias. Balcázar ofreció continuidad. Y esa continuidad fue lo que los votos parlamentarios premiaron. En ese contexto, designar a Miralles como premier tenía una lógica defensiva para Balcázar: mantenerla en el frente le permitía mostrar que no había abandonado la agenda fiscal que Jerí pagó con su cargo, sin asumir él mismo el costo político de defenderla. Miralles sería el rostro de la disciplina; Balcázar, el rostro afable de respeto de los acuerdos.

El problema es que ese diseño era insostenible desde el inicio. La premier en el parlamentarismo de facto peruano no es quien diseña la política en silencio; es quien la defiende de frente ante un Congreso que puede derribarla en cualquier momento. Y Miralles llegó al cargo con una mochila doble: la del Acuerdo Fiscal que el Congreso anterior ya había rechazado implícitamente, y la de un gobierno que había llegado al poder prometiendo, en los pasillos, precisamente lo contrario de lo que ella representaba. Antes incluso del voto de confianza, tuvo que absorber otro impacto: la remoción del ministro de Salud y de la conducción de EsSalud, entidades operadas bajo la influencia directa de una de las bancadas más gravitantes. El escándalo no fue de gestión técnica sino de algo más corrosivo: puestos directivos y adjudicaciones en una institución financiada con los aportes de millones de trabajadores, asignados por vínculos personales y no por mérito. Miralles tuvo que cargar también con ese peso. Fue puesta para confrontar. Y confrontar, en ese escenario, no era un camino: era un callejón sin salida.

El episodio de EsSalud no es un detalle anecdótico. Es el reverso exacto del aprendizaje que el parlamentarismo peruano necesita hacer. Porque la racionalidad presupuestal que se le exige al MEF no puede disociarse de la racionalidad institucional que se le debe exigir a quienes controlan las entidades del Estado desde el Congreso. Si el dinero público debe rendir servicios de mayor calidad para la ciudadanía —ese es el principio que Acuña Namihas deberá defender en cada negociación presupuestal— entonces ese mismo principio obliga a que los cargos directivos, los mandos medios y los puestos técnicos se cubran por mérito y no por compadrazgo. Una bancada que tolera el equilibrio fiscal en el papel pero coloca a sus allegados en las entidades que controla no ha aprendido nada: solo ha trasladado el problema de lugar.

Aquí entra Acuña Namihas, y aquí está el nudo del reajuste. Sus seis años como Director General de Presupuesto Público, sustentando cada Ley de Presupuesto ante un Congreso fragmentado, son la prueba de que sabe moverse en ese espacio sin ceder lo que no se puede ceder ni chocar donde no hace falta chocar. No llega al MEF a romper la disciplina fiscal, sino a hacerla políticamente viable. Esa distinción, que parece sutil, es en realidad la diferencia entre una política que se sostiene y una que se derrumba antes de implementarse. Mientras Miralles fue colocada en el rol político —la premier que confronta— con un perfil técnico, Acuña llega al rol técnico —el ministro que negocia el presupuesto— con las credenciales exactas para ese lugar. Los roles están, al fin, donde deberían haber estado desde el principio.

Para que el parlamentarismo de facto evolucione hacia un parlamentarismo que realmente funcione, los congresistas tendrán que aprender que el equilibrio fiscal no es una imposición tecnocrática sino una condición de supervivencia del propio sistema que los sostiene —algo que el BCRP puede preservar por diseño gracias a su autonomía, pero que el MEF debe conquistar negociación a negociación, sin ese escudo—. Ese aprendizaje no ocurrirá si el MEF siempre llega al Congreso en posición de confrontación, ni si las entidades públicas siguen siendo moneda de cambio en las negociaciones de gabinete. Ocurrirá cuando el representante del MEF ante el Congreso para lidiar con las complejidades propias de la materia presupuestal sea alguien con suficiente credibilidad técnica y suficiente paciencia negociadora como para que la racionalidad económica no parezca una amenaza sino una herramienta compartida.

Y aquí aparece, casi como una ironía del destino, una coincidencia que merece al menos una nota al margen. En medio de esta crisis, una de las bancadas más expuestas al escándalo institucional lleva el apellido de su líder: Acuña. Y es otro Acuña —sin parentesco, sin militancia, sin campaña— quien llega al MEF con las credenciales técnicas para intentar estabilizar el escenario que en parte esa bancada contribuyó a desestabilizar. No es una metáfora planeada. Es la clase de paradoja que solo produce la política peruana. Lo que sí está claro es que más allá de las personas y los apellidos lo que realmente importa en la función pública es que esta se ejerce para servir, no para repartir.

Miralles no perdió. Fue puesta en el lugar equivocado, por un gobierno que llegó al poder prometiendo no cambiar nada y que ahora intenta, quizás sin del todo proponérselo, cambiar algo que importa. Acuña Namihas, en el lugar correcto, puede marcar una diferencia que va más allá de este gabinete. Pero solo si las bancadas aprenden, de una vez por todas, que devorar la caja del Estado no es gobernar: es simplemente postergar el colapso.

La elección más importante que se viene, no es la presidencial

Hace unos días conversaba con un amigo sobre las próximas elecciones. La conversación comenzó comentando el debate presidencial y las posibilidades de quiénes podrían pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, a medida que avanzaba la discusión, terminamos cuestionando algo que muchos electores aún no han advertido: la elección más importante de este proceso podría no ser la presidencial.

La atención pública está concentrada en quién ocupará el Palacio de Gobierno durante los próximos cinco años. Las encuestas, los debates y la cobertura mediática giran casi exclusivamente en torno a los candidatos presidenciales. Sin embargo, desde 2016 el Perú se ha sumergido en una tensa dinámica de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha convertido a la presidencia en una de las posiciones más volátiles del sistema político.

Mientras tanto, el Congreso ha impulsado reformas constitucionales que limitan significativamente el poder del Ejecutivo. Entre ellas, la más relevante es la reintroducción del Senado. En el marco de una democracia sana, este cambio podría haber representado un avance hacia un parlamento más reflexivo y representativo. En las actuales condiciones, sin embargo, implica algo más profundo: la creación de una cámara alta con atribuciones concretas — como la revisión de los proyectos de ley de la cámara baja sin posibilidad de retroalimentación, la capacidad de ratificar a los altos funcionarios, la aprobación de tratados internacionales y el control político del gabinete— que en la práctica consolida definitivamente el desplazamiento del poder desde el Ejecutivo hacia el Parlamento.

En este contexto, la primera vuelta adquiere una relevancia que muchos electores aún no dimensionan. En ella no solo se votará por candidatos presidenciales o por listas parlamentarias. Se empezará a definir qué fuerzas políticas ocuparán los escaños del nuevo Senado y, con ello, quiénes tendrán la capacidad de influir decisivamente sobre el rumbo del gobierno.

En otras palabras, podríamos estar asistiendo a la convalidación formal de una transformación que ya ocurrió en los hechos: el desplazamiento definitivo del poder desde el Ejecutivo hacia el Parlamento, ahora institucionalizado bajo la apariencia de una reforma democrática.

De la erosión al hecho consumado

Para entender lo que está ocurriendo, vale la pena precisar los términos. La literatura de ciencias políticas habla de "presidencialismo parlamentarizado" para describir un sistema donde el presidente, aunque elegido por voto directo, opera bajo un control parlamentario tan intenso que su capacidad real de gobernar depende de la voluntad del Congreso. Es un concepto que describe un proceso: la erosión progresiva del Ejecutivo desde adentro del propio sistema presidencial.

Pero ese concepto describe el camino, no el destino. Lo que el Perú parece estar viviendo hoy es algo más avanzado: un parlamentarismo de facto. Es decir, un sistema que en los hechos ya funciona como parlamentario —donde el Congreso designa y remueve presidentes, controla el presupuesto y concentra el poder político real— sin que ese cambio haya sido debatido ni formalizado como tal por la ciudadanía. El sistema cambió sin cambiar las reglas. O más precisamente: las reglas se fueron cambiando por partes, de manera incremental, sin que nadie convocara a un debate sobre el modelo de gobierno que el país quería tener.

Esta distinción importa porque cambia el diagnóstico. Si fuera solo un proceso de parlamentarización gradual, cabría esperar que un buen resultado electoral pudiera revertirlo. Pero si ya estamos ante un parlamentarismo de facto consolidado, entonces la pregunta ya no es cómo evitarlo, sino cómo hacerlo funcionar de manera democrática y responsable.

El mecanismo que ya no funciona como antes

En el diseño clásico de los sistemas presidencialistas, la segunda vuelta cumple una función muy clara: otorgar al presidente electo el mayor respaldo posible del voto popular. Si ningún candidato alcanza una mayoría suficiente en la primera vuelta, la segunda permite que el país converja en torno a una de las dos alternativas finales, asegurando que quien llegue al poder lo haga con una legitimidad electoral amplia.

La experiencia peruana reciente muestra que ese mecanismo no ha logrado cumplir ese objetivo. Desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski —y más dramáticamente con el de Pedro Castillo— el país ha tenido presidentes que, si bien resultaron vencedores en segunda vuelta, lo hicieron por márgenes muy estrechos y sin contar con mayorías parlamentarias. En ambos casos, el resultado fue un Ejecutivo políticamente debilitado frente a un Congreso dispuesto a utilizar todas las herramientas institucionales a su alcance para disputar el control del poder.

Pero el fenómeno más revelador no es la fragilidad de los presidentes electos, sino el patrón que ha emergido cuando son removidos. Manuel Merino y Francisco Sagasti en 2020, José Jerí en octubre de 2025 y José María Balcázar —el octavo mandatario en diez años— llegaron a la presidencia sin haber recibido un mandato popular para el cargo ejecutivo. Los cuatro lo hicieron por sucesión constitucional desde la presidencia del Congreso, un mecanismo formalmente válido pero que, repetido sistemáticamente, revela algo estructural: la presidencia de la República se ha convertido en una posición que el Parlamento puede otorgar y retirar casi a voluntad.

Esto no es parlamentarización en curso. Esto es parlamentarismo de facto ya instalado.

Lo que los candidatos saben y los electores no

Hay una señal que el debate público ha pasado por alto, pero que resulta más elocuente que cualquier análisis institucional: el comportamiento de los propios candidatos.

Según datos del Jurado Nacional de Elecciones, de los 36 candidatos a la presidencia inscritos para las elecciones de abril de 2026, 27 tienen doble postulación. De ellos, 21 postulan simultáneamente al Senado. Entre estos últimos se encuentran figuras que encabezan las preferencias electorales: Rafael López Aliaga, César Acuña, Alfonso López Chau, Yonhy Lescano, Fiorella Molinelli, José Luna Gálvez y Mario Vizcarra, entre otros.

Esto no es una anomalía ni una estrategia meramente defensiva. Es una declaración implícita sobre dónde está el poder real. Los actores políticos más informados del sistema —quienes mejor conocen sus reglas de funcionamiento— están revelando con sus propias decisiones lo que el debate ciudadano todavía no ha asimilado: que en el nuevo esquema institucional, ser senador puede ser más relevante que ser presidente.

Dicho de otra manera: la doble postulación masiva no es una curiosidad electoral. Es el termómetro más preciso del parlamentarismo de facto. Los candidatos ya saben dónde está el poder. La pregunta es si los votantes también lo saben.

A esto se suma otro elemento que agrava el diagnóstico. El nuevo Senado no emerge como una institución neutral: será ocupado en buena medida por las mismas fuerzas políticas que han gobernado el Congreso durante los últimos años y que diseñaron las reformas que concentran ese poder. El resultado es que el proceso electoral de 2026, lejos de representar una renovación del sistema, podría convertirse en la convalidación democrática de un modelo de poder ya construido. Una apariencia de elección libre que en realidad cierra el ciclo de una transformación que nunca fue sometida al debate ciudadano.

Una lógica electoral que cambia

Si ese diagnóstico es correcto, la lógica del voto también cambia.

La segunda vuelta presidencial seguirá siendo políticamente relevante, pero ya no necesariamente será el momento decisivo en el que se define quién gobernará el país. El verdadero poder podría estar determinándose antes: en la correlación de fuerzas que emerja del nuevo Congreso y, especialmente, del Senado.

Esto significa que la primera vuelta podría ser, en términos institucionales, la elección más importante del proceso electoral. Paradójicamente, también podría ser la más ignorada y confusa de la historia electoral del Perú.

El debate público gira casi exclusivamente en torno a los candidatos presidenciales, las encuestas y los debates televisivos. Mientras tanto, la discusión sobre el tipo de Parlamento que se está configurando —y sobre las implicancias del nuevo diseño institucional— permanece prácticamente ausente del debate ciudadano.

En un escenario de fragmentación política como el peruano, es muy probable que ningún presidente cuente con una mayoría parlamentaria sólida. En esas condiciones, el presidente electo podría terminar siendo un actor políticamente condicionado por mayorías fragmentadas o adversas. No sería extraño que algunos liderazgos políticos encuentren más conveniente ejercer el poder desde el Congreso —articulando bancadas y coaliciones legislativas— que desde el propio Palacio de Gobierno.

La pregunta de fondo es incómoda: ¿estamos eligiendo un presidente o legitimando un Parlamento que ya gobierna? La respuesta, a juzgar por los hechos, es que esa transición ya ocurrió. Lo que está pendiente es que la ciudadanía lo reconozca.

Lo que la ciudadanía debería exigir

Frente a este escenario, la salida no es sencilla. Pero sí parece evidente que, si el Parlamento ya concentra el poder político real, entonces la ciudadanía debe exigir algo que históricamente ha estado parcialmente presente en el sistema político peruano: transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas permanentes por parte de quienes ocupen esos escaños.

En una democracia tan frágil como la peruana, las instituciones no se fortalecen únicamente mediante reformas constitucionales o cambios en la arquitectura del Estado. También dependen —y quizás sobre todo— de la vigilancia ciudadana sobre quienes ejercen el poder.

Si el país ya vive un parlamentarismo de facto, los ciudadanos deberán aprender a mirar con mucha más atención al Congreso. Porque el futuro político del Perú no se está jugando en la segunda vuelta presidencial, sino mucho antes, en la composición del Parlamento - y sobre todo del Senado - que terminará gobernando al presidente.