Uno de los temas centrales abordado por el panel de Reforma del Estado en el Seminario del mismo nombre organizado por la PUCP, ha sido qué hacer con la burocracia. Se advierten varios problemas que coinciden en este punto que son meritorios de iniciar una reforma urgente. No obstante, en este post abordaremos sólo dos: i) el tamaño del empleo público y su relación con la descentralización, ii) los regímenes de contratación de personal y su relación con la productividad, y finalmente veremos como estos dos problemas impactan en la calidad de los servicios públicos brindados al ciudadano.
i) El tamaño del empleo público y la descentralización: Tal como lo indicara la Ministra de Transportes y Comunicaciones, Dra. Verónica Zavala, el tamaño del Estado peruano es de aproximadamente un millón de trabajadores. Esto equivale a decir que el Estado brinda trabajo a un poco más del 25% del empleo formal que hay en el Perú lo que no correspondería para un país pobre como el nuestro. Hay una contradicción en esto ya que los empleados públicos desean unos salarios elevados y sin embargo la población no está dispuesta a pagar sus impuestos. El que el Estado “son personas” y por lo tanto es intensivo en personal establece una relación conflictiva con el actual proceso de descentralización según podemos ver a continuación:
- La descentralización pierde calidad operativa según se desciende del nivel político departamental, al provincial y distrital. Ha aparecido una competencia entre implementar políticas de alcance nacional y los de nivel local ya que estamos asistiendo a un modelo distinto de gobierno al que vivíamos en el pasado. Debe pensarse por lo tanto en cómo hacer para que los niveles directivos mas agregados tengan un personal que sepa proveer de servicios normativos a los directivos de los niveles más descentralizados para que hagan con mayor facilidad su trabajo con los ciudadanos.
- Duplicidad de cargos y funciones debido a la multiplicidad de OPDs que hace que cada directivo sea “un cacique de su feudo”. Esto restringe o inhibe la coordinación interna del Estado para maximizar el bienestar del ciudadano. Aquí es necesario un rediseño global de la estructura del Estado.
- El Estado es grande en Lima y pequeño en el interior del país. Ello significa que existe una mala distribución de los recursos humanos lo que implica que el Estado debería ser capaz de redistribuirlos adecuadamente para evitar duplicaciones y omisiones innecesarias.
ii) Los regímenes de contratación y la productividad: existe una relación perversa en el diseño de contrataciones y la productividad del empleado público. Mientras que el staff directivo o permanente se le inhibe a innovar para no sufrir ninguna penalización y por lo tanto adquieren una visión patrimonialista de su cargo, los que se encuentran en el régimen de SNP, tienen una elevada productividad, trabajan a sobretiempo, sin beneficios ni seguros y por lo tanto son informales en un submercado capitalista y salvaje. Así al primer grupo si se le capacita pero no se encuentra motivado; mientras que al segundo grupo no se le capacita (porque si no los recursos destinados serían considerados como malversación) y si se le encuentra motivado por la probabilidad de perder su empleo. El Estado ha respondido en el primer caso con la “cultura del deber” pero esto es insuficiente. En el segundo caso, se está trabajando con la ley del empleo público para formalizar a esta gente y así atender a sus derechos mínimos laborales.
iii) Sirviendo mejor al ciudadano: Este es un tema tranversal a los anteriormente señalados en el presente artículo. La tesis central: hay que redistribuir al interior del Estado ya que:
- Mejorando la distribución de los recursos humanos del Estado, desde Lima hacia el interior del país, tomando en cuenta no sólo sus dimensiones sectoriales sino también sus político territoriales podremos implementar una reforma que haga un uso más eficiente de los recursos para servir con mayor efectividad a los ciudadanos.
- Mejorando la distribución de incentivos en los recursos humanos del Estado, con una moderna ley del empleado público, se lograrán un mayor nivel de productividad en las diferentes esferas de administración pública y entonces el ciudadano será mejor atendido.
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