Introducción
Hay dos datos que, vistos por separado, parecen pertenecer a mundos distintos. El primero: el día de ayer 27 de abril de 2026, el ENFEN —la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño— emitió su primera nota de prensa oficial del año confirmando que desde febrero se observa un calentamiento activo en la región Niño 1+2, con proyecciones de magnitud moderada hacia el otoño de 2026 y extensión probable hasta enero de 2027; y que en el Pacífico ecuatorial central, aunque las condiciones son aún neutrales, la tendencia de calentamiento hace más probable el desarrollo de un El Niño global de magnitud débil a partir de mediados de 2026. El propio comunicado descartó por ahora afirmar un Super Niño —pero abrió oficialmente el escenario de un evento global en formación. El segundo dato: el Perú ingresa a un balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con el mapa de poder más fragmentado desde la reinstauración democrática, con un Senado a punto de reestrenarse con un fujimorismo que controlaría la primera minoría con casi 22 escaños.
Vistos juntos, estos dos datos definen el escenario institucional más exigente que enfrentará el próximo gobierno desde el primer día. No porque los fenómenos climáticos sean novedosos —el Perú convive con El Niño desde siempre— sino porque la coincidencia entre la fragilidad del Poder Ejecutivo, el poder senatorial concentrado y una crisis climática que ya tiene pronunciamiento oficial configura una prueba de estrés para la que ninguno de los dos candidatos llega con los instrumentos completos.
Este artículo parte del pronunciamiento oficial del ENFEN del 27 de abril para analizar los escenarios institucionales que se abren dependiendo de quién gane la segunda vuelta, con el Senado como variable de poder estructural y la agroexportación como sector crítico de impacto concreto. No anticipa magnitudes que la propia autoridad técnica todavía no puede confirmar —pero sí examina qué significa para el sistema político peruano que ese escenario sea ya oficialmente posible.
I. El espejo invertido de 2016
El paralelo con 2016 es estructuralmente pertinente, pero la inversión de sus elementos centrales lo convierte en algo más que una analogía. En aquella elección, PPK llegó al Ejecutivo con una ventaja de apenas 40 mil votos sobre Keiko Fujimori, mientras el fujimorismo obtenía 73 escaños en el Congreso unicameral —mayoría absoluta indiscutible. El resultado fue una dualidad de poder sin árbitro institucional: el Ejecutivo con mandato pero sin capacidad de gobernar, el legislativo con capacidad de bloqueo pero sin responsabilidad de gestión.
El Niño Costero de 2017 añadió una capa de presión que aceleró el desgaste de PPK. Las lluvias torrenciales, inundaciones, destrucción de infraestructura en la costa norte generaron una demanda política concreta: reconstrucción, gasto público visible, respuesta inmediata. Políticamente costoso, pero articulable como agenda de gobierno.
En 2026, los elementos se repiten en versión modificada. El Ejecutivo llegará probablemente con un mandato estrecho y sin mayoría parlamentaria —sea quien sea. El fujimorismo controla el Senado como bloque pivote. Y el fenómeno climático en curso apunta, si se confirma como Niño canónico de gran magnitud, en la dirección opuesta a 2017: sequía en vez de lluvias; déficit hídrico en vez de inundaciones; escasez de alimentos que gestionar en vez de identificar infraestructura que reconstruir. Y el desafío de la gestión de escasez es que no tiene obras que mostrar.
II. El Senado: poder de fondo, no de fachada
La restauración del Senado no fue un accidente institucional. Fue el resultado de una reforma constitucional que rediseñó el equilibrio de poderes en un contexto donde el Congreso unicameral había demostrado ser tanto demasiado fácil de disolver como demasiado fácil de capturar. El Senado debía introducir una cámara de enfriamiento, un espacio de deliberación más largo que el ciclo político inmediato.
Lo que los resultados del 12 de abril revelan es que esa cámara de enfriamiento llega con una configuración política muy concreta: el fujimorismo como primer bloque, con aproximadamente 22 escaños sobre un total que ronda los 60. No es mayoría absoluta. Pero en una cámara fragmentada, quien tiene la primera minoría coherente y disciplinada define los quórums, preside las comisiones estratégicas y condiciona cualquier coalición posible.
Las funciones del Senado restaurado no son decorativas. Ratificación de altos funcionarios, control de tratados internacionales, comisiones de investigación con peso institucional propio, y un rol determinante en la aprobación de presupuestos de emergencia —exactamente el tipo de decisión que un escenario de crisis climática exige con rapidez. El Senado no es, entonces, solo un contrapeso político abstracto. Es el nodo institucional a través del cual cualquier respuesta de emergencia tendrá que pasar.
Esto cambia la naturaleza del poder en el nuevo ciclo. En 2016, el fujimorismo ejercía poder desde el Congreso como mayoría absoluta capaz de bloquear o vaciar al Ejecutivo de voluntad. En 2026, el fujimorismo no necesita mayoría absoluta para ejercer poder desde el Senado —le basta con ser el pivote de cualquier coalición que se forme. No bloquea desde afuera: condiciona desde adentro del proceso institucional.
III. La trampa climática de Sánchez
Si Roberto Sánchez gana el balotaje, llega a Palacio en una condición que combina tres fragilidades simultáneas: mandato electoral estrecho, sin mayoría en Diputados, y con bases sociales concentradas precisamente en las regiones que un Niño canónico golpearía con más fuerza.
La sierra sur —Apurímac, Ayacucho, Puno— y buena parte de la selva alta son las zonas de mayor respaldo estructural de la izquierda peruana. Son también las zonas donde un déficit hídrico extendido tendría impacto más inmediato: reducción de lluvias de cabecera, afectación de cultivos de subsistencia, presión sobre los sistemas de agua para consumo humano, y reducción de la disponibilidad hídrica para la actividad minera en zonas donde conviven conflicto social latente y dependencia económica del sector.
La ironía estructural es severa: el gobierno de Sánchez tendría que gestionar una crisis que destruye materialmente a sus propios votantes, en un momento en que necesita mantener señales de moderación hacia Lima y el empresariado para no ser bloqueado desde el primer mes. Si cede a sus bases para responder a la emergencia social, choca con el bloque parlamentario y pierde el margen de gobernabilidad que le queda. Si mantiene la moderación para sobrevivir institucionalmente, pierde legitimidad popular en sus propias regiones antes de cumplir el primer año.
En ese escenario, el Senado fujimorista no necesita activar la vacancia —instrumento costoso en términos de imagen institucional. Le basta con administrar el desgaste: condicionar cada presupuesto de emergencia, investigar cada decisión ministerial cuestionable, y esperar que la pinza entre demanda social insatisfecha y bloqueo parlamentario produzca por sí sola un ejecutivo zombi —técnicamente en funciones pero sin capacidad real de agenda.
IV. La ventaja y el límite de Keiko
Si Keiko Fujimori gana la segunda vuelta, llega con la primera minoría presidencial pero con una coherencia entre ejecutivo y bloque senatorial que Sánchez no tendría. Eso le da una ventaja operativa real en los primeros meses: el Senado deja de ser una palanca de bloqueo y se convierte en una plataforma de gestión. Los presupuestos de emergencia tienen tránsito más fluido. La señal hacia el empresariado y la cooperación internacional es inmediata.
Pero Keiko enfrenta un límite simétrico al de Sánchez, solo que invertido geográficamente. Las zonas más afectadas por un Niño canónico son exactamente las que no votan fujimorismo —y que cargan una memoria larga de abandono estatal bajo gobiernos de ese signo. Un Estado que llega tarde o con recursos insuficientes a Puno, Ayacucho o la selva amazónica bajo un gobierno fujimorista no activa solo crítica política: activa memoria histórica de exclusión.
La gestión territorial de la crisis climática en zonas de baja afinidad electoral requiere una capacidad estatal de presencia descentralizada que el fujimorismo nunca ha construido como capital organizativo propio. Puede comprarlo con tecnocracia —y probablemente lo intentaría— pero la velocidad de respuesta que un Niño fuerte exige no se improvisa con designaciones de última hora.
Sin embargo, si Keiko logra gestionar la crisis con eficacia técnica y alcance territorial —incluyendo las zonas que no son su base— el resultado sería un activo político generacional: la narrativa de competencia estatal que el fujimorismo ha buscado desde 2011 sin poder consolidarla. Un gobierno que enfrenta una catástrofe climática y la gestiona bien puede consolidar legitimidad que ninguna campaña produce.
V. La agroexportación: un sector que tiene más que perder
Hay un actor que trasciende la división entre los dos escenarios y que en ambos casos enfrenta una amenaza directa: el sector agroexportador. En las últimas dos décadas, la agroexportación se convirtió en uno de los motores más visibles del crecimiento peruano —no solo en cifras macroeconómicas sino en generación de empleo formal en territorios donde el trabajo formal era estructuralmente escaso. Los valles costeros del norte —Ica, La Libertad, Piura, Lambayeque— concentran una cadena productiva que combina inversión privada intensiva, trabajo formal certificado para exportación y articulación directa con mercados internacionales.
Un Niño canónico fuerte amenaza esa cadena desde dos frentes simultáneos. El primero es el agua: los valles costeros dependen de ríos que nacen en la sierra, y un déficit hídrico sostenido en las cabeceras reduce el caudal disponible para riego en proporciones que los sistemas de irrigación existentes no pueden compensar. El segundo es la infraestructura: los eventos extremos asociados a El Niño —aunque de signo inverso al costero de 2017— pueden afectar carreteras, puertos y cadenas logísticas que la agroexportación necesita para mantener sus plazos de entrega internacional.
Lo que está en juego no es solo una temporada agrícola. Es la credibilidad del Perú como proveedor confiable en contratos de largo plazo con supermercados europeos y norteamericanos. Una crisis de abastecimiento sostenida puede reorientar compras hacia otros proveedores —Chile, Colombia, México— con costos de recuperación que van más allá de una campaña agrícola perdida.
Frente a esto, el Senado tiene un rol que ninguna cámara unicameral habría podido cumplir con la misma legitimidad: la aprobación de declaratorias de emergencia agraria, la ratificación de mecanismos de financiamiento de emergencia con organismos multilaterales, y el control político de la respuesta del Ejecutivo. Si el bloque fujimorista usa esa capacidad para proteger al sector agroexportador —que forma parte central de su base empresarial— puede convertir la crisis en un momento de acumulación de capital político. Si la usa para bloquear al Ejecutivo independientemente del impacto sectorial, el costo recaerá sobre un sector que no tiene reemplazo de corto plazo en la estructura productiva peruana.
VI. ¿Puede despertar el genio peruano?
Adam Przeworski, siguiendo a Kelsen y Schumpeter, identifica el núcleo del problema democrático con una precisión que incomoda: el 'genio' de la democracia no es una constitución ni un tribunal ni un sistema electoral. Es la autolimitación voluntaria de quien tiene el poder. La mayoría que se detiene antes de monopolizarlo. La minoría que acepta perder porque confía en que el juego seguirá siendo jugable. Ese equilibrio no puede imponerse desde afuera —solo puede emerger cuando todos los actores calculan que les conviene más sostenerlo que romperlo.
Desde 2016, el Perú ha demostrado sistemáticamente que ninguno de sus actores principales ha llegado a ese cálculo. Las herramientas que la Constitución de 1993 ofrecía para resolver situaciones de parálisis política de manera excepcional, se han convertido en los engranajes de gestión de la política del día a día. El fujimorismo descubrió que la vacancia era más barata que ganar el ejecutivo. Los sucesivos presidentes descubrieron que la disolución o la cuestión de confianza era más rentable que negociar. El resultado ha sido una espiral de desgaste mutuo en la que el único ganador ha sido la parálisis institucional.
La pregunta que la crisis climática en ciernes obliga a formular es si un Niño de magnitud significativa podría producir lo que la normalización de la precariedad política no ha logrado: un acuerdo de autolimitación entre los actores con poder real. No por virtud cívica —eso sería ingenuo— sino por cálculo racional ante una amenaza que excede la capacidad de cualquier actor individual para gestionarla solo.
El escenario improbable pero necesario de nombrar
Si Keiko Fujimori gana la segunda vuelta, las señales que ha dado hasta ahora —una campaña de segunda vuelta más contenida de lo esperado, sin la confrontación abierta del ciclo anterior— sugieren que hay en ella, o en su entorno inmediato, un cálculo de largo plazo: el fujimorismo necesita demostrar competencia estatal para consolidarse como fuerza de gobierno y no solo de oposición. Una crisis climática bien gestionada desde el Ejecutivo, con el Senado como plataforma de soporte antes que de bloqueo, sería el mejor activo generacional que el movimiento podría construir. Ese sería el escenario en que el genio peruano tiene alguna posibilidad real de aparecer: no como acuerdo explícito sino como convergencia de incentivos.
Si Sánchez gana el balotaje, el escenario de autolimitación del fujimorismo desde el Senado es estructuralmente menos probable —pero no imposible. Depende de si el fujimorismo calcula que administrar el deterioro ordenado de un gobierno de izquierda le rinde más que el costo reputacional de ser percibido como responsable del colapso del Estado frente a una catástrofe. Ese cálculo es fino y puede equivocarse. Pero la racionalidad de largo plazo del fujimorismo, cuando ha funcionado, ha operado exactamente en esa dirección: preservar la institucionalidad suficiente para que el siguiente ciclo electoral sea jugable.
El factor López Aliaga: el jugador que complica el tablero
Hay un elemento que desordena cualquier proyección de acuerdo mínimo: Rafael López Aliaga. Su negativa a reconocer los resultados electorales que lo dejaron fuera del balotaje no es solo una crisis de ego político —es una estrategia de traslado de conflicto. Lo que no pudo resolver en la arena electoral lo está intentando trasladar al debate senatorial, donde sus representantes tienen presencia suficiente para introducir ruido, ralentizar procesos y forzar negociaciones que de otro modo no existirían.
El problema es que López Aliaga tiene poder real —representación en Lima, base mediática, capacidad de movilización simbólica— sin tener responsabilidad de gestión. Es exactamente el tipo de actor que Kelsen y Schumpeter no resolvieron bien: una minoría con suficiente fuerza para desestabilizar el equilibrio pero sin los incentivos de quien tiene que gobernar. Habría sido institucionalmente más manejable no tenerlo entre los perdedores con poder. Pero está como está, y su comportamiento en el Senado durante los primeros meses del nuevo gobierno será uno de los termómetros más confiables de si el sistema puede procesar la crisis climática o si la agrava.
La sucesión como incógnita abierta
Hay un escenario que ningún actor parece querer nombrar en voz alta pero que la aritmética política hace necesario considerar: si Sánchez gana y el deterioro del gobierno se administra desde el Senado hasta volverlo inviable, ¿quién le sucedería? Los vicepresidentes de la fórmula Sánchez han sido cuestionados públicamente incluso antes del inicio de la campaña de segunda vuelta. Una sucesión desordenada —por vacancia, renuncia o incapacidad política— sin una línea de reemplazo creíble no produce estabilidad. Produce exactamente el tipo de vacío que históricamente ha tentado a los actores con poder fáctico a llenarlo por fuera de los cauces institucionales.
El Senado restaurado debería ser, en teoría, el mecanismo que evita ese vacío —la cámara de enfriamiento que da tiempo institucional para procesar una crisis de gobierno sin que devenga en crisis de régimen. Pero esa función requiere que el bloque dominante del Senado tenga el cálculo de largo plazo suficiente para usarlo como plataforma de estabilización antes que como palanca de captura. Es la misma condición que Przeworski exige para que el genio democrático aparezca: autolimitación racional de quien tiene el poder.
El agua que no llega a los valles costeros no espera. El genio, si existe, tendrá que despertar antes de que la sequía haga el trabajo que la política no ha sabido hacer.
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Este artículo forma parte de la serie sobre transformación institucional peruana publicada en Politekon Perú. Las referencias al Senado y al mapa parlamentario se basan en resultados preliminares del 12 de abril de 2026, sujetos a ajuste con el cómputo oficial definitivo de la autoridad electoral peruana.
