La elección más importante que se viene, no es la presidencial

Hace unos días conversaba con un amigo sobre las próximas elecciones. La conversación comenzó comentando el debate presidencial y las posibilidades de quiénes podrían pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, a medida que avanzaba la discusión, terminamos cuestionando algo que muchos electores aún no han advertido: la elección más importante de este proceso podría no ser la presidencial.

La atención pública está concentrada en quién ocupará el Palacio de Gobierno durante los próximos cinco años. Las encuestas, los debates y la cobertura mediática giran casi exclusivamente en torno a los candidatos presidenciales. Sin embargo, desde 2016 el Perú se ha sumergido en una tensa dinámica de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha convertido a la presidencia en una de las posiciones más volátiles del sistema político.

Mientras tanto, el Congreso ha impulsado reformas constitucionales que limitan significativamente el poder del Ejecutivo. Entre ellas, la más relevante es la reintroducción del Senado. En el marco de una democracia sana, este cambio podría haber representado un avance hacia un parlamento más reflexivo y representativo. En las actuales condiciones, sin embargo, implica algo más profundo: la creación de una cámara alta con atribuciones concretas — como la revisión de los proyectos de ley de la cámara baja sin posibilidad de retroalimentación, la capacidad de ratificar a los altos funcionarios, la aprobación de tratados internacionales y el control político del gabinete— que en la práctica consolida definitivamente el desplazamiento del poder desde el Ejecutivo hacia el Parlamento.

En este contexto, la primera vuelta adquiere una relevancia que muchos electores aún no dimensionan. En ella no solo se votará por candidatos presidenciales o por listas parlamentarias. Se empezará a definir qué fuerzas políticas ocuparán los escaños del nuevo Senado y, con ello, quiénes tendrán la capacidad de influir decisivamente sobre el rumbo del gobierno.

En otras palabras, podríamos estar asistiendo a la convalidación formal de una transformación que ya ocurrió en los hechos: el desplazamiento definitivo del poder desde el Ejecutivo hacia el Parlamento, ahora institucionalizado bajo la apariencia de una reforma democrática.

De la erosión al hecho consumado

Para entender lo que está ocurriendo, vale la pena precisar los términos. La literatura de ciencias políticas habla de "presidencialismo parlamentarizado" para describir un sistema donde el presidente, aunque elegido por voto directo, opera bajo un control parlamentario tan intenso que su capacidad real de gobernar depende de la voluntad del Congreso. Es un concepto que describe un proceso: la erosión progresiva del Ejecutivo desde adentro del propio sistema presidencial.

Pero ese concepto describe el camino, no el destino. Lo que el Perú parece estar viviendo hoy es algo más avanzado: un parlamentarismo de facto. Es decir, un sistema que en los hechos ya funciona como parlamentario —donde el Congreso designa y remueve presidentes, controla el presupuesto y concentra el poder político real— sin que ese cambio haya sido debatido ni formalizado como tal por la ciudadanía. El sistema cambió sin cambiar las reglas. O más precisamente: las reglas se fueron cambiando por partes, de manera incremental, sin que nadie convocara a un debate sobre el modelo de gobierno que el país quería tener.

Esta distinción importa porque cambia el diagnóstico. Si fuera solo un proceso de parlamentarización gradual, cabría esperar que un buen resultado electoral pudiera revertirlo. Pero si ya estamos ante un parlamentarismo de facto consolidado, entonces la pregunta ya no es cómo evitarlo, sino cómo hacerlo funcionar de manera democrática y responsable.

El mecanismo que ya no funciona como antes

En el diseño clásico de los sistemas presidencialistas, la segunda vuelta cumple una función muy clara: otorgar al presidente electo el mayor respaldo posible del voto popular. Si ningún candidato alcanza una mayoría suficiente en la primera vuelta, la segunda permite que el país converja en torno a una de las dos alternativas finales, asegurando que quien llegue al poder lo haga con una legitimidad electoral amplia.

La experiencia peruana reciente muestra que ese mecanismo no ha logrado cumplir ese objetivo. Desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski —y más dramáticamente con el de Pedro Castillo— el país ha tenido presidentes que, si bien resultaron vencedores en segunda vuelta, lo hicieron por márgenes muy estrechos y sin contar con mayorías parlamentarias. En ambos casos, el resultado fue un Ejecutivo políticamente debilitado frente a un Congreso dispuesto a utilizar todas las herramientas institucionales a su alcance para disputar el control del poder.

Pero el fenómeno más revelador no es la fragilidad de los presidentes electos, sino el patrón que ha emergido cuando son removidos. Manuel Merino y Francisco Sagasti en 2020, José Jerí en octubre de 2025 y José María Balcázar —el octavo mandatario en diez años— llegaron a la presidencia sin haber recibido un mandato popular para el cargo ejecutivo. Los cuatro lo hicieron por sucesión constitucional desde la presidencia del Congreso, un mecanismo formalmente válido pero que, repetido sistemáticamente, revela algo estructural: la presidencia de la República se ha convertido en una posición que el Parlamento puede otorgar y retirar casi a voluntad.

Esto no es parlamentarización en curso. Esto es parlamentarismo de facto ya instalado.

Lo que los candidatos saben y los electores no

Hay una señal que el debate público ha pasado por alto, pero que resulta más elocuente que cualquier análisis institucional: el comportamiento de los propios candidatos.

Según datos del Jurado Nacional de Elecciones, de los 36 candidatos a la presidencia inscritos para las elecciones de abril de 2026, 27 tienen doble postulación. De ellos, 21 postulan simultáneamente al Senado. Entre estos últimos se encuentran figuras que encabezan las preferencias electorales: Rafael López Aliaga, César Acuña, Alfonso López Chau, Yonhy Lescano, Fiorella Molinelli, José Luna Gálvez y Mario Vizcarra, entre otros.

Esto no es una anomalía ni una estrategia meramente defensiva. Es una declaración implícita sobre dónde está el poder real. Los actores políticos más informados del sistema —quienes mejor conocen sus reglas de funcionamiento— están revelando con sus propias decisiones lo que el debate ciudadano todavía no ha asimilado: que en el nuevo esquema institucional, ser senador puede ser más relevante que ser presidente.

Dicho de otra manera: la doble postulación masiva no es una curiosidad electoral. Es el termómetro más preciso del parlamentarismo de facto. Los candidatos ya saben dónde está el poder. La pregunta es si los votantes también lo saben.

A esto se suma otro elemento que agrava el diagnóstico. El nuevo Senado no emerge como una institución neutral: será ocupado en buena medida por las mismas fuerzas políticas que han gobernado el Congreso durante los últimos años y que diseñaron las reformas que concentran ese poder. El resultado es que el proceso electoral de 2026, lejos de representar una renovación del sistema, podría convertirse en la convalidación democrática de un modelo de poder ya construido. Una apariencia de elección libre que en realidad cierra el ciclo de una transformación que nunca fue sometida al debate ciudadano.

Una lógica electoral que cambia

Si ese diagnóstico es correcto, la lógica del voto también cambia.

La segunda vuelta presidencial seguirá siendo políticamente relevante, pero ya no necesariamente será el momento decisivo en el que se define quién gobernará el país. El verdadero poder podría estar determinándose antes: en la correlación de fuerzas que emerja del nuevo Congreso y, especialmente, del Senado.

Esto significa que la primera vuelta podría ser, en términos institucionales, la elección más importante del proceso electoral. Paradójicamente, también podría ser la más ignorada y confusa de la historia electoral del Perú.

El debate público gira casi exclusivamente en torno a los candidatos presidenciales, las encuestas y los debates televisivos. Mientras tanto, la discusión sobre el tipo de Parlamento que se está configurando —y sobre las implicancias del nuevo diseño institucional— permanece prácticamente ausente del debate ciudadano.

En un escenario de fragmentación política como el peruano, es muy probable que ningún presidente cuente con una mayoría parlamentaria sólida. En esas condiciones, el presidente electo podría terminar siendo un actor políticamente condicionado por mayorías fragmentadas o adversas. No sería extraño que algunos liderazgos políticos encuentren más conveniente ejercer el poder desde el Congreso —articulando bancadas y coaliciones legislativas— que desde el propio Palacio de Gobierno.

La pregunta de fondo es incómoda: ¿estamos eligiendo un presidente o legitimando un Parlamento que ya gobierna? La respuesta, a juzgar por los hechos, es que esa transición ya ocurrió. Lo que está pendiente es que la ciudadanía lo reconozca.

Lo que la ciudadanía debería exigir

Frente a este escenario, la salida no es sencilla. Pero sí parece evidente que, si el Parlamento ya concentra el poder político real, entonces la ciudadanía debe exigir algo que históricamente ha estado parcialmente presente en el sistema político peruano: transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas permanentes por parte de quienes ocupen esos escaños.

En una democracia tan frágil como la peruana, las instituciones no se fortalecen únicamente mediante reformas constitucionales o cambios en la arquitectura del Estado. También dependen —y quizás sobre todo— de la vigilancia ciudadana sobre quienes ejercen el poder.

Si el país ya vive un parlamentarismo de facto, los ciudadanos deberán aprender a mirar con mucha más atención al Congreso. Porque el futuro político del Perú no se está jugando en la segunda vuelta presidencial, sino mucho antes, en la composición del Parlamento - y sobre todo del Senado - que terminará gobernando al presidente.

Quién cocina y quién paga la cuenta: la mutación del poder en el Perú

En el Perú solemos decir que algo "ya está cocinado" cuando el desenlace formal importa menos que la decisión previa. No se trata de fraude ni de conspiración; se trata de que la arquitectura del resultado ya fue definida antes de que se abra la puerta del horno. Esa expresión puede ayudarnos a entender el momento político que vivimos.

El presente artículo parte de una constatación: el Perú ha migrado, en los hechos, hacia un parlamentarismo de facto. Sin declararlo. Sin reformularlo. Sin asumirlo. Para comprender cómo ocurrió, hacia dónde se dirige y qué podría hacerse al respecto, organizamos el análisis en cuatro bloques. Primero, el marco conceptual que permite nombrar el problema. Segundo, la trayectoria histórica reciente que explica cómo se llegó aquí. Tercero, la paradoja del proceso electoral de 2026: competitivo en las formas, predeterminado en lo estructural. Cuarto, algunas propuestas de reforma institucional pensadas para operar en el margen de lo posible.

I. El problema conceptual: ni presidencialismo, ni parlamentarismo, ni semipresidencialismo

1.1 Los modelos y el caso peruano

Desde la teoría comparada, Giovanni Sartori distinguía entre presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo a partir de un criterio central: quién nombra y remueve al gobierno, y ante quién responde políticamente. En el presidencialismo, el Ejecutivo tiene mandato fijo y no depende de mayorías legislativas para subsistir. En el parlamentarismo, el gobierno emerge de la mayoría parlamentaria y puede ser removido por ella, pero esa misma mayoría asume la responsabilidad política ante el electorado. El semipresidencialismo combina un presidente elegido popularmente con un gobierno responsable ante el Parlamento.

Lo que ocurre hoy en el Perú no encaja plenamente en ninguno de estos modelos. El Ejecutivo depende de mayorías parlamentarias para sobrevivir, pero esas mayorías no asumen formalmente la responsabilidad por el desempeño gubernamental. Es una configuración asimétrica: poder concentrado sin responsabilidad claramente identificable. Quien decide no paga, y quien paga no decide. Ese desequilibrio es el problema político fundamental que subyace a lo que se describe a continuación.

II. La trayectoria: cómo se llegó aquí

2.1 La condición de posibilidad: la fragmentación partidaria

Para entender por qué el Congreso pudo acumular poder sin asumir el costo político correspondiente, es necesario considerar una condición estructural previa: la destrucción del sistema de partidos. El Perú opera con agrupaciones electorales débiles —sin militancia real, sin ideología coherente y sin capacidad de sanción interna— que funcionan, en la práctica, como vientres de alquiler electoral. Los congresistas no responden a una línea partidaria; responden a incentivos individuales de corto plazo.

Sin embargo, esta caracterización requiere un matiz importante. Afirmar que el sistema peruano es simplemente fragmentado sería inexacto. Las bancadas más grandes exhiben, bajo ciertas condiciones, una disciplina notable. Los bloques fujimorista, acuñista, de Podemos o de Perú Libre votan con notable cohesión cuando hay un objetivo distributivo claro o un adversario común que enfrentar. La vacancia unánime de Dina Boluarte —123 votos, sin abstenciones ni votos en contra— es la expresión más elocuente de esa capacidad de coordinación cuando los incentivos están alineados.

Lo que en realidad opera en el sistema de bancadas peruano no es fragmentación simple, sino disciplina selectiva y opaca. La cohesión aparece cuando hay distribución que proteger; la fractura aparece cuando esa distribución interna falla o excluye. Y el umbral mínimo para constituir bancada —reducido en los últimos años de 10 a 5 congresistas— actúa como lubricante estructural de ese mecanismo: mantiene viable la amenaza de salida individual y con ello el poder de negociación de cada congresista dentro de su propio bloque. Las fracturas resultantes suelen tener expresión regionalista, aunque su origen real es casi siempre la exclusión de las redes internas de distribución.

La consecuencia más profunda de este modelo es que no existe actor externo al Congreso con capacidad real de disciplinarlo en sentido programático. Los partidos no pueden retirar el apoyo a sus bancadas de manera creíble porque su cohesión no descansa en una plataforma sino en acuerdos de reparto. La prensa puede denunciar, pero carece de mecanismos de sanción institucional. La ciudadanía puede movilizarse —y lo ha hecho— pero sin canales partidarios que traduzcan esa presión en poder legislativo efectivo. En ese vacío, el Congreso opera con una autonomía que ningún diseño constitucional le otorgó formalmente.

2.2 El último semipresidencialismo: el gobierno de Castillo

Pedro Castillo probablemente ha sido el último presidente que operó bajo la lógica del semipresidencialismo atenuado peruano. Pese a las enormes dificultades de su gobierno —la inestabilidad ministerial permanente, los escándalos de corrupción, la debilidad institucional de su entorno— la gestión del Ministerio de Economía todavía procuraba cumplir con los criterios de responsabilidad fiscal post pandemia, algo que ha sido reconocido por exministros de economía destacados como Miguel Castilla o Alonso Segura. Hasta el ex presidente Castillo, la aprobación del presupuesto funcionaba aún como instrumento de negociación con el Congreso para respaldar la política general de gobierno, tal como lo regula la Constitución Política peruana. En la práctica esto siempre ha significado ceder un porcentaje acotado de recursos como pago por el precio de la gobernabilidad.

Sin embargo, el Congreso ya no estaba dispuesto a operar bajo esa lógica. Vizcarra sería el último presidente que se atrevió a gobernar sin permitirles disfrutar del viejo rito de repartición de recursos, justo un mes antes de cerrar el proceso de debate de la ley de presupuesto de 2020. Cuando Pedro Castillo asumió el poder, fue sorprendente apreciar cómo el Congreso conformó un frente común ante el líder del Ejecutivo. La negociación de la ley de presupuesto se convirtió en una lucha por el control total y no bastaba con contentarse con los retazos. No querían escuchar de disciplina y equilibrio fiscal. Querían más gasto. Pero no quedaba claro el mecanismo para desplazarlo de manera constitucionalmente decorosa. Fue el propio Castillo quien resolvió el dilema: al declarar el cierre del Congreso sin contar con el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, quedó políticamente desprotegido y proporcionó al Congreso la coartada institucional que necesitaba para vacarlo apenas un mes después del cierre de negociaciones del presupuesto 2023.

2.3 El gobierno de Boluarte: la transición silenciosa

Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022 y gobernó desde entonces bajo una lógica radicalmente distinta a la de sus predecesores. La condición tácita de su permanencia en el cargo fue simple: ceder al Congreso el control efectivo sobre los recursos presupuestales y no oponerse a la aprobación de las leyes más cuestionadas del régimen que el Congreso iba consolidando. No hubo negociación marginal. Hubo subordinación estructural.

La acumulación de poder en el Congreso se hizo tan visible que las principales movilizaciones sociales durante su gobierno no tenían como destino Palacio de Gobierno, sino el Palacio Legislativo. Para la ciudadanía quedaba meridianamente claro que el poder efectivo emanaba del Congreso. Palacio era una dirección para iniciar un trámite; el poder, otra.

Cuando la figura de Dina se convirtió en un elemento demasiado costoso que respaldar sin poner en riesgo los proyectos electorales de varios congresistas, las bancadas se auparon al unísono para removerla. Bastaron apenas unos minutos para contabilizar el récord histórico de 123 votos que declararon su vacancia en octubre de 2025. Sin votos en contra ni abstenciones. Pero aún faltaba un mes para cerrar las negociaciones con el Poder Ejecutivo sobre la distribución del Presupuesto de la República 2026.

2.4 El caso Jerí: la lógica del sistema en acción

La designación de José Jerí como presidente de la República ilustra con nitidez la nueva gramática del poder. Congresista por Somos Perú, su trayectoria fue meteórica: presidencia de la Comisión de Presupuesto, luego presidencia del Congreso, luego jefatura del Ejecutivo. La lógica interna de esa secuencia era impecable: colocar al principal repartidor del presupuesto al frente del gobierno significaba, en la práctica, consolidar el dominio parlamentario sobre el Presupuesto de la República sin mediaciones incómodas. La expectativa era contar con un presidente, que emergía del mismo seno del congreso, con alto respaldo de la población y con capacidad de mantener los acuerdos de la repartición del presupuesto intactos.

Pero ni el look a lo Bukele, ni la luna de miel duraron lo suficiente. Concluida la negociación presupuestal de fines de noviembre de 2025, Jerí no supo —o no pudo— mantener la retórica de la priorización de gastos acordados para el periodo electoral. Peor aún, al respaldar a su ministra de economía y al Consejo Fiscal en el diagnóstico de que el Congreso había aprobado leyes que ponían en riesgo el equilibrio y solidez fiscal que el país tanto le había costado construir, contrarió a sus principales. Su remoción se volvió inevitable, pero aquí el mecanismo elegido revela con precisión quirúrgica la ingeniería política del sistema: cuando se constató que los votos para una vacancia presidencial no alcanzaban —pues algunos congresistas no querían ver comprometidas sus propias negociaciones— la coalición optó por la censura a la mesa directiva del Congreso, figura que exigía un umbral menor de votos. Y dado que Jerí ejercía simultáneamente la presidencia del Congreso y la jefatura de Estado, censurar al presidente de la mesa directiva era, en los hechos, remover al Presidente de la República. Quienes no querían faltar públicamente a su palabra encontraron así una salida que reducía su exposición política.

La señal institucional que emite este episodio es inequívoca: el presidente es un delegado del Congreso, no un mandatario del electorado. Los mecanismos formales son intercambiables según la aritmética disponible. Y quien no se alinee a los acuerdos internos parlamentarios en torno al presupuesto será removido por el camino que resulte más conveniente.

El caso de la designación de Balcázar, congresista de Perú Libre, como presidente del Congreso añade otra capa a este análisis. Según la narrativa pública, la candidata de la derecha era la favorita. Sin embargo, el voto secreto para la presidencia del Congreso produjo un resultado que sorprendió al público pero que, a juzgar por las decisiones que tomó Balcázar inmediatamente después de asumir, había sido calculado con precisión al interior de la coalición dominante. El voto secreto no operó aquí como garantía de independencia del congresista individual, sino como mecanismo de protección para acuerdos que no podían ventilarse públicamente. La disciplina no desapareció; simplemente se volvió invisible.

Desde ese punto de vista, quienes resulten elegidos presidentes operan, en los hechos, como primeros ministros de facto —sin que nadie lo llame así— con el requerimiento adicional de ser ungidos electoralmente cada cinco años para mantener las formas democráticas. Una exigencia que podría dejarse de lado en unas próximas elecciones generales, las cuales podrían denominarse de manera apropiada, elecciones parlamentarias.

III. La paradoja electoral: competencia real, arquitectura predeterminada

3.1 Elecciones genuinas en un marco ya cocinado

Las elecciones del 12 de abril de 2026 serán genuinamente competitivas. Habrá decenas de listas, campañas, debates, millones de ciudadanos votando con plena libertad y con la supervisión de organismos electorales que gozan de relativa credibilidad institucional. Nada de esto es simulacro. Y sin embargo, esa competencia real ocurrirá dentro de un marco institucional cuya arquitectura de poder no estará en disputa.

Esta es la paradoja central: no se estará votando el modelo institucional. Se estarán eligiendo actores dentro de un modelo ya configurado. El ciudadano vota por quien cree que gobernará cinco años. El sistema distribuye el poder de manera distinta. La ilusión presidencial permanece intacta. La concentración legislativa se consolida. Eso, en términos coloquiales, es lo que solemos llamar que el resultado "ya está cocinado".

3.2 Por qué una mayoría electoral no puede revertir el modelo

Una objeción razonable al argumento anterior sería la siguiente: si las elecciones son genuinamente competitivas, ¿por qué no podrían producir una mayoría que revierta el modelo? La respuesta tiene dos dimensiones.

La primera es estructural. El nuevo Senado —que nacerá el 28 de julio de 2026— fue diseñado precisamente para ser irreversible en el corto y mediano plazo. Sus 60 miembros tendrán mandatos escalonados y el cuerpo no podrá ser disuelto. Esto significa que incluso una coalición reformista que ganara la presidencia y controlara la Cámara de Diputados encontraría al Senado como un veto institucional difícil de sortear. El Senado puede bloquear legislación, archivar lo aprobado por Diputados, y controlar nombramientos clave durante años, independientemente de los resultados electorales.

La segunda es política. La fragmentación partidaria que describimos en la sección anterior implica que es muy difícil construir y mantener coaliciones reformistas coherentes en el tiempo. Los incentivos individuales de los congresistas —acceso a recursos presupuestales, cuotas de nombramiento, impunidad procesal— son demasiado poderosos como para que una mayoría reformista se sostenga frente a la presión del statu quo. La historia reciente peruana muestra que las coaliciones que llegan al Congreso con agendas de cambio tienden a fragmentarse rápidamente ante los incentivos del sistema vigente.

3.3 La bicameralidad como sello, no como inicio

La introducción de la bicameralidad el próximo 28 de julio no inaugura el proceso de concentración de poder que hemos descrito. Lo sella. Lo formaliza. El Senado peruano no fue diseñado como una cámara alta revisora en el sentido clásico —deliberativa, moderadora, garante de continuidad institucional. Fue diseñado como una cámara estructuralmente dominante, con capacidades que exceden con creces la función revisora: definir el contenido final de las leyes y bloquear o archivar lo aprobado por la Cámara de Diputados; designar magistrados del Tribunal Constitucional y elegir al Defensor del Pueblo; nombrar al Contralor General y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva; remover miembros de la Junta Nacional de Justicia; controlar los estados de excepción e incidir decisivamente en las insistencias legislativas.

Reunidas en una sola cámara que no puede disolverse, estas atribuciones configuran un centro de poder que no tiene equivalente en ningún parlamentarismo funcional con mecanismos robustos de rendición de cuentas. La pregunta no es si habrá democracia. La pregunta es qué tipo de democracia será posible bajo esta arquitectura.

3.4 La desconexión entre registro electoral y registro institucional

Esta desconexión entre lo que se vota y dónde reside el poder no es accidental. Es el producto de un sistema que ha aprendido a operar en dos registros simultáneos: uno electoral, visible, competitivo y legitimador; otro institucional, técnico y relativamente opaco para el electorado general.

En el registro electoral, la narrativa es presidencial: los candidatos compiten por llegar a Palacio, los medios cubren las encuestas presidenciales, la ciudadanía debate quién será el próximo presidente. En el registro institucional, la pregunta relevante es otra: qué poderes controlarán el Senado, si se repetirán sus rostros visibles, bajo qué acuerdos operará, y qué capacidad tendrá para bloquear o habilitar reformas. Ese segundo registro casi no aparece en el debate público. Y sin embargo, es el que determinará el ejercicio efectivo del poder en los próximos años.

Un detalle muy particular en ese sentido es que 21 de los 36 candidatos presidenciales están postulando simultáneamente como candidatos al Senado nacional, evidenciando con este hecho la importancia extrema del incentivo de ser parte de la fuente de poder que será intocable dentro de los próximos cinco años. Convertirse en Presidente del Perú, por el contrario, significaría exponerse a una elevada vulnerabilidad frente al poder dominante en el Congreso y, sobre todo, de quienes terminen controlando el Senado al cual aspiran pertenecer.

IV. Reformas posibles: actuar en el margen

4.1 El punto de partida: reformar sin mayorías reformistas

Proponer reformas institucionales en este contexto enfrenta una paradoja obvia: el actor que tendría que aprobarlas es el mismo que se beneficia del statu quo. No existe en el horizonte inmediato una mayoría parlamentaria con incentivos para desmantelar el modelo que le otorga poder sin responsabilidad. Las reformas que se presentan a continuación no pretenden ignorar esa restricción. Se piensan en el margen: como medidas que podrían ganar tracción si existiera presión ciudadana sostenida, respaldo técnico y, eventualmente, una ventana política de oportunidad.

4.2 Vincular el poder presupuestal del Congreso a su responsabilidad política

El problema central del modelo vigente es que el Congreso ejerce poder presupuestal sin asumir responsabilidad política por sus consecuencias. Una reforma posible sería establecer por ley orgánica —o mediante reforma constitucional, si fuera posible— que toda modificación presupuestal aprobada por el Congreso que supere determinado umbral del gasto programado debe ser suscrita colectivamente por las bancadas que la respaldan, con publicidad plena y rendición de cuentas ante la Contraloría. Esto no impediría las modificaciones, pero haría visible quién las aprobó y con qué justificación técnica.

Complementariamente, podría establecerse que el Consejo Fiscal tenga capacidad de emitir dictámenes vinculantes sobre las modificaciones presupuestales de origen parlamentario, con publicación obligatoria antes de la votación. La transparencia no resuelve el problema de fondo, pero eleva el costo político de las decisiones irresponsables.

4.3 Reformar el mecanismo de censura al presidente del Congreso que asume la jefatura de Estado

El caso Jerí expuso con claridad un vacío normativo que el sistema aprovechó con habilidad: la censura a la mesa directiva del Congreso —figura pensada para resolver conflictos internos del Parlamento— fue utilizada para remover al Presidente de la República, dado que este ejercía simultáneamente ambas investiduras. El umbral de votos requerido para censurar al presidente de la mesa directiva es menor que el exigido para una vacancia presidencial, lo que permitió operar la remoción sin necesidad de exponer a todos los miembros de la coalición a un voto de alta visibilidad política.

Una reforma razonable distinguiría con precisión los efectos de la censura según la investidura comprometida. Cuando el presidente de la mesa directiva ejerce simultáneamente la jefatura de Estado, su remoción debería activar el mismo umbral y los mismos requisitos que una vacancia presidencial, con pleno debate público y votación nominal. Adicionalmente, podría introducirse la figura de la moción de censura constructiva, tomada del parlamentarismo alemán: para censurar a cualquier integrante de la mesa directiva con efectos sobre el Ejecutivo, el Congreso debería simultáneamente proponer y aprobar a un sucesor con mayoría calificada. Esto obliga a la mayoría parlamentaria a asumir responsabilidad por la alternativa que propone, no solo por el rechazo a lo existente, y reduce el uso de la censura como herramienta de remoción encubierta.

4.4 Introducir mecanismos de disolución del Senado

El diseño actual del Senado como cámara que no puede disolverse es uno de sus rasgos más problemáticos. Una reforma que introduzca condiciones específicas bajo las cuales el Senado pueda ser disuelto —por ejemplo, ante el bloqueo reiterado de legislación aprobada por Diputados durante dos períodos consecutivos, o ante una declaración de incapacidad institucional verificada por el Tribunal Constitucional— crearía un contrapeso mínimo. No eliminaría el poder del Senado, pero introduciría un costo potencial ante su uso abusivo.

4.5 Reforma electoral: reducir la fragmentación como condición de posibilidad

Ninguna de las reformas anteriores tendrá efecto sostenido si no se ataca la fragmentación partidaria que hace posible el modelo vigente. Una reforma electoral que establezca umbrales más altos para la representación parlamentaria, que exija financiamiento partidario transparente con auditoría externa, y que vincule el acceso a financiamiento público a la acreditación de militancia real y estructura orgánica en regiones, comenzaría a crear las condiciones para que emerjan partidos con capacidad de disciplinar a sus representantes y de sostener coaliciones reformistas en el tiempo. Es una reforma de largo aliento, pero es la más estructural de todas.

Reflexión final: reconocer lo que se está comiendo

No estamos asistiendo a un deterioro caótico del sistema político peruano. Estamos presenciando su reorganización deliberada en torno a un núcleo reducido de decisión que concentra poder sin asumir responsabilidad, y que opera con suficiente opacidad técnica como para no concitar la atención sostenida del electorado.

El actual sistema no se encamina hacia el autoritarismo clásico —no hay un líder que concentre el poder personal, no hay represión sistemática de la oposición, no hay suspensión formal de las libertades civiles. Se encamina hacia algo más sutil y más difícil de combatir: una democracia de baja intensidad en la que la competencia electoral es real pero irrelevante para las decisiones que importan, y en la que la responsabilidad política está tan fragmentada que nadie paga efectivamente por gobernar mal.

La pregunta verdaderamente determinante en el proceso electoral de 2026 no es quién ganará la Presidencia. Es quién controlará el Senado, bajo qué acuerdos operará, y si existirán fuerzas con suficiente coherencia programática para disputar ese espacio con una agenda de reforma institucional. Ese debate casi no existe hoy en el espacio público peruano. Hacerlo visible es, quizás, la primera reforma posible.

Reconocer que algo ya está cocinado no significa resignarse a comerlo. Significa entender qué estamos comiendo, quién lo cocinó, y qué podría cocinarse distinto si supiéramos hacer las preguntas correctas.

El parlamentarismo de facto elige a su premier

Este texto no pretende atribuir motivaciones personales ni revelar hechos no públicos. Propone una lectura institucional de acontecimientos visibles a partir de un marco interpretativo previamente desarrollado. 

Por qué Jerí tenía los días contados

Cuando en noviembre pasado se aprobó el Presupuesto 2026, el Congreso volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: distribuir. Las bancadas negociaron su cuota de ministerios, proyectos de inversión pública y obras que inaugurar de cara a las elecciones de marzo. Jerí fue el operador de ese reparto; allí residía su utilidad. Haber presidido previamente la Comisión de Presupuesto le había dado el entrenamiento perfecto: repartir lo suficiente para que ninguna bancada se sintiera excluida.

Pero una vez cerrada esa negociación, el equilibrio cambió. El entonces titular comenzó a hablar de equilibrio fiscal en lugar de concentrarse únicamente en administrar políticamente lo acordado. Hizo gestos públicos en sintonía con las advertencias del Consejo Fiscal y con las proyecciones del MEF, que desde hace meses venían señalando los riesgos para la estabilidad macroeconómica de las leyes aprobadas por el congreso. La firma de Jerí avalando el Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible fue recibida en varias bancadas con la misma incomodidad con que un congresista escucha que en diciembre no habrá bono.

En los términos del análisis que he desarrollado en este blog desde 2021, Jerí pasó al cuadrante de los gobernantes prescindibles: ya había cumplido su función distributiva y empezaba a convertirse en un obstáculo para la continuidad del modelo. Un jefe de gobierno contingente, removible sin mayor dramatismo institucional.

El Consejo Fiscal ha publicado en los últimos meses informes que apuntan hacia una fragilidad fiscal creciente. “Ha sido como un tsunami fiscal que ha surgido en los últimos 12 meses”, describió su presidente en noviembre ante los medios. El Congreso, que en la práctica controla la asignación de los recursos del Estado, no ha mostrado mayor sensibilidad ante esas advertencias. En ese contexto, la remoción de un gobernante surgido del propio Parlamento puede leerse menos como un hecho personal y más como un ajuste del sistema frente a un cambio de incentivos.

Algunos relatos mediáticos han querido explicar el episodio en términos casi gastronómicos —si el problema fue comer chifa o hamburguesa o ceviche—. Pero en la política peruana rara vez importa el menú, se puede comer fácil un mixto, triple o siete colores; lo decisivo es quién paga la cuenta. Y en este caso la discusión parecía desplazarse desde cómo repartir el gasto hacia quién asumiría el costo de financiarlo.

La oportunidad de Acción Popular

La probable llegada de Maricarmen Alva a la conducción del Ejecutivo tiene una ironía política relevante. El JNE excluyó a Acción Popular de las elecciones generales por irregularidades internas, un golpe severo para un partido histórico cuyos militantes protestaron con fuerza. Quedaba fuera del proceso electoral precisamente cuando más necesitaba reposicionarse.

Pero la salida de Jerí abrió una ventana inesperada. Si Alva conduce la transición hacia las elecciones de marzo con orden institucional y narrativa democrática, Acción Popular puede obtener un activo político que no tenía hace tan solo un par de semanas: aparecer como administrador del sistema en un momento de incertidumbre. La presidencia del Congreso —que en este esquema equivale a la conducción efectiva del Ejecutivo— se convierte en una tribuna que ningún otro partido posee hoy.

La duración de esa oportunidad dependerá de su capacidad para sostener la coalición parlamentaria que la respalde.

Un premier, no un(a) presidente(a)

Conviene ser explícitos. Si el Congreso elige a Maricarmen Alva (AP) o José Balcázar (Perú Libre), quien resulte ganador no ejercerá la presidencia en el sentido clásico del presidencialismo peruano —un mandatario con agenda propia y horizonte quinquenal—. Ejercerá algo más cercano a un primer ministro: una figura cuya autoridad emana del respaldo parlamentario, cuya agenda es negociada por las bancadas y cuya continuidad depende de no perder ese respaldo.

La pregunta, entonces, no es si gobernará bien o mal en términos presidenciales. La pregunta es si administrará con suficiente habilidad los equilibrios internos del Congreso como para llegar a las elecciones sin que la mayoría que la sostiene deje de hacerlo. Es una cuestión de gestión parlamentaria, no de liderazgo presidencial.

En ese marco aparece una paradoja adicional. Si quien preside el Congreso actúa como jefe de gobierno, el presidente del Consejo de Ministros pasa a ser el operador político efectivo del sistema: el negociador real de los equilibrios. La transición dependerá menos de jerarquías constitucionales y más de capacidades de coordinación política.

Todo esto ocurre además en medio de una doble transición: hacia nuevas elecciones en marzo y hacia un Congreso bicameral que concentrará aún más poder en el Legislativo. El jefe de gobierno que hoy se designe administrará un sistema que está a punto de institucionalizar la lógica bajo la cual ya viene operando.

El artículo 79 de la Constitución sigue diciendo lo que siempre dijo. La práctica política lleva años funcionando de otra manera.

La consolidación que nadie quiere formalizar

En octubre escribí que el Congreso que nazca después de marzo será más poderoso que nunca, con un Senado no disoluble. Eso sigue siendo cierto y sigue siendo la discontinuidad institucional más relevante. Porque si el parlamentarismo de facto que hoy vivimos aún conserva mecanismos de corrección —presión pública, elecciones cercanas— el diseño que viene puede consolidarlo de manera permanente.

Pero antes hay una condición mínima para que este sistema no derive en desorden fiscal: las bancadas que gobiernan —porque gobiernan, aunque no lo admitan— deben asumir responsabilidad política por el uso del presupuesto.

Hoy gestionan ministerios, distribuyen recursos y fijan prioridades de gasto sin rendición directa de cuentas, porque formalmente no gobiernan. Es poder real sin responsabilidad política.

Formalizar la lógica parlamentaria no es un debate académico. Es un problema de incentivos. Cuando quien decide el gasto sabe que será evaluado por sus resultados, el comportamiento cambia. El presupuesto deja de ser renta electoral y empieza a ser política pública.

Mientras eso no ocurra, seguiremos llamando crisis a lo que es rutina, y seguiremos eligiendo presidentes que en realidad son primeros ministros contingentes.

Esta tarde el Congreso no elegirá a un presidente. Designará a su jefe de gobierno.

Hace más de siglo y medio, José Antonio de Lavalle le escribía a Manuel Pardo: “La política peruana es un laberinto capaz de enredar al mismo diablo.”

Quizá la diferencia hoy no sea el laberinto, sino que recién empezamos a entender su forma.

Cuando flexibilizar los monopolios es más importante que flexibilizar al trabajador

Tras publicar mi anterior artículo sobre la paradoja de cómo el crecimiento exponencial de profesionales en el Perú convive perfectamente con la caída de la productividad que lleva ya varios años en su economía, recibí una pregunta de un amigo que me hizo detener a pensar: "Raúl, es importante distinguir entre destrucción creativa y desregulación indiscriminada y nulo control del Estado. Hemos sido testigos de tantas desgracias".

Esa pregunta no es un mero matiz; es el corazón del debate que el Perú necesita tener. Es la línea que separa el progreso de la depredación. Y mi respuesta es que, precisamente, la mayor trampa de nuestra economía es que los grupos de poder han secuestrado el concepto de "destrucción creativa" para vendernos su opuesto: una "desregulación" que solo les beneficia a ellos, consolidando sus privilegios y ahogando la competencia.

Han logrado que confundamos la libertad para innovar con la libertad para contaminar, precarizar el trabajo y evadir impuestos. Han vendido la idea de un "mercado libre" que, en la práctica, es un mercado cautivo.

Para entender la diferencia, usemos la analogía más clara. Pensemos: si Blockbuster hubiera sido una empresa peruana, ¿habría surgido Netflix en nuestro país? Si Mark Zuckerberg hubiera dejado alguna de las universidades más prestigiosas de Lima sin completar sus estudios, ¿habría logrado que Facebook se convirtiera en el imperio global que es hoy en tan poco tiempo?

La respuesta, para cualquiera que conozca las entrañas de nuestra economía, es un rotundo no. No por falta de talento peruano, sino porque nuestra estructura económica y legal está diseñada para un único propósito: garantizar la estabilidad de los monopolios y ahogar a sus competidores antes de que puedan respirar. La verdadera "destrucción creativa" es lo que Netflix le hizo a Blockbuster: un modelo más eficiente que ganó al consumidor. Lo que tenemos en el Perú es un sistema que habría inventado regulaciones para proteger a Blockbuster y haber declarado "informal" a Netflix.

Este es el verdadero nudo del subdesarrollo peruano. No se trata de un problema de esfuerzo o de educación, sino de un sistema que premia el rentismo y castiga la innovación. Y para mantener este esquema, se ha manipulado el debate público.

El Gran Engaño de la "Flexibilización"

Durante décadas, hemos sido sometidos a un discurso recurrente: la economía peruana necesita "flexibilizarse". Pero esta palabra, que debería significar agilidad, dinamismo y capacidad de adaptación, ha sido adulterada para aplicarse únicamente sobre el más débil: el trabajador. "Flexibilizar el empleo" se ha convertido en un eufemismo para precarizar el trabajo, reducir derechos y transferir riesgos a quienes ya tienen menos.

Mientras tanto, se ignora deliberadamente la rigidez más dañina de todas: la de las estructuras que protegen a los poderosos. El verdadero desafío no es hacer más "flexible" al empleado, sino flexibilizar al monopolio. Es derribar las murallas legales, financieras y regulatorias que le permiten a un gran grupo económico concentrado operar como una tiranía, impidiendo la llegada de nuevos jugadores que podrían transformar el mercado.

La Anatomía de la Fortaleza Monopólica

¿Cómo funciona esta protección en la práctica? No es un solo mecanismo, sino un ecosistema de privilegios:

• Captura Regulatoria: Los grandes grupos económicos utilizan su poder para influir en el diseño y la aplicación de las normas. Logran que se aprueben regulaciones que, en apariencia, buscan la “calidad” o la “seguridad”, pero que en la práctica imponen barreras de entrada tan altas que solo ellos pueden superar. Al mismo tiempo, promueven una flexibilización selectiva en ámbitos donde debería prevalecer la rigurosidad: la aprobación de planos, la fiscalización laboral o los estándares de seguridad industrial. El resultado es un Estado complaciente con los grandes y severo con los pequeños, que permite tragedias evitables y normaliza la impunidad empresarial. Es la “desregulación a la carta”: exigente con el emprendedor emergente, pero indulgente con quien tiene poder suficiente para dictar sus propias reglas.
• Asimetría Financiera y Tributaria: Quizás el ejemplo más brutal de las barreras que frenan el crecimiento de las microempresas con alto potencial de innovación sea el acceso al crédito. Mientras las grandes corporaciones obtienen financiamiento a tasas de interés competitivas en el mercado internacional, las micro y pequeñas empresas —las verdaderas semillas de la innovación— enfrentan tasas usureras que las condenan al estancamiento o las empujan a la informalidad. A ello se suma una asimetría tributaria igualmente perversa: el sistema impositivo suele ser implacable con las microempresas, mientras muestra una sorprendente flexibilidad con los grandes conglomerados. Estos no solo cuentan con departamentos especializados para optimizar su carga fiscal, sino también —en algunos casos— con arreglos tributarios que les garantizan estabilidad y beneficios que ningún pequeño empresario podría siquiera imaginar. Así, ambos sistemas, en lugar de ser motores de igualdad de oportunidades, terminan funcionando como los más eficaces guardianes de los privilegios.

El Desafío: Construir un Estado Árbitro Verdadero

La solución no es, como algunos podrían pensar, un salvaje oeste sin reglas. La verdadera "destrucción creativa" que impulsa el progreso, la que describieron Schumpeter y los teóricos de la destrucción creativa galardonados con el Premio Nobel de Economía, requiere un Estado árbitro fuerte, imparcial y eficaz. Un Estado que:

• Sancione el rentismo: Con un INDECOPI fortalecido y autonomía real para perseguir y desmantelar monopolios y cárteles.
• Proteja la competencia: Garantizando que las reglas del juego sean las mismas para todos, desde el gigante más grande hasta el emprendedor más pequeño.
• Nivele el campo de juego financiero: Creando instrumentos y garantías que permitan a las pymes acceder a crédito en condiciones justas.
• Defienda el bien común: Exigiendo estándares laborales, ambientales y de seguridad que no son un "costo", sino la base de una competitividad sostenible y justa.

Flexibilizar al Monopolio para Crear Empleo

El problema de la economía peruana se encuentra, en definitiva, en esa estructura que privilegia la estabilidad de los monopolios. Así como se reclama por flexibilizar el empleo, tenemos que empezar a reclamar por flexibilizar las estructuras económicas que permiten esa estabilidad antieconómica.

En el Perú ya existen los emprendedores con las nuevas ideas a lo Netflix o los smartphones; lo que no existe es el ecosistema que les permita desafiar a los Blockbusters y los Nokias de nuestra economía. Nuevas empresas, ya vivas pero invisibles, esperan la oportunidad de crecer y crear los empleos de mayor calidad y productividad que el país necesita.

La tarea pendiente no es flexibilizar al trabajador, sino flexibilizar al monopolio. Solo así la destrucción creativa —la verdadera, la que impulsa el progreso— podrá cumplir su promesa de convertirse en movilidad social para todos.

¿Por qué la productividad está cayendo si hay más universitarios en el país?

La trampa peruana de una economía que no demanda talento.

La pregunta no es retórica; describe la paradoja central que ahoga el desarrollo del Perú. Mientras los indicadores macroeconómicos muestran una preocupante caída en la productividad total de los factores —el verdadero motor del crecimiento sostenido—, las aulas universitarias expulsan cada año a más de 135,000 nuevos profesionales. El contraste es brutal: según la encuesta de demanda ocupacional del MTPE, el mercado formal apenas espera generar unos 12,000 nuevos puestos para ellos.

¿Qué está roto en nuestro modelo para que más educación genere menos progreso? La respuesta a este enigma puede encontrarse en las ideas que este año valieron el Premio Nobel de Economía a Philippe Aghion, Peter Howitt y Joel Mokyr. Su trabajo se basa en un concepto de Joseph Schumpeter: el progreso económico no nace de la acumulación, sino de la destrucción creativa; el proceso mediante el cual nuevas empresas, tecnologías e ideas reemplazan a las viejas.

Detrás de esa dinámica está la clave del desarrollo: los países que permiten la entrada de nuevos competidores y no protegen a sus monopolios generan movilidad social, empleos de mayor productividad e innovación continua. Aquellos que, por el contrario, consolidan estructuras económicas cerradas, terminan atrapados en un equilibrio de bajo crecimiento, alta desigualdad y estancamiento tecnológico.

El caso peruano: más diplomas, menos innovación

El Perú encarna perfectamente el escenario de estancamiento que describen estos teóricos. La caída de la productividad y la brecha abismal entre egresados y empleos no son un accidente. Son el síntoma directo de una economía controlada por grupos concentrados que bloquean la entrada de nuevos actores. En un entorno de monopolios y rentas aseguradas, la innovación deja de ser rentable o necesaria. Las empresas no compiten por crear, sino por preservar sus privilegios.

Por eso, pese a haber multiplicado sus universidades, el Perú se mantiene entre los países con menor capacidad de innovación del planeta. Las solicitudes de patentes son escasas, la inversión privada en I+D es marginal y el tejido productivo sigue dominado por sectores primarios o de baja sofisticación tecnológica.

Una economía que no demanda talento

Esta estructura económica tiene un efecto perverso sobre el capital humano. Aunque el país invierta en educación, ese esfuerzo se desperdicia si la economía no genera demanda de trabajo calificado ni incentivos para la creatividad. La brecha de 135,000 profesionales contra 12,000 puestos de trabajo es la prueba más cruda de esta realidad. No es que los peruanos no sean innovadores; es que el sistema no los necesita y, peor aún, no les da cabida.

Por eso, el Perú exhibe un dato alarmante: 72% de informalidad laboral, un nivel extremadamente alto para su ingreso per cápita. No se trata solo de falta de fiscalización; es el síntoma de una economía que no ofrece espacio productivo para absorber a sus trabajadores. La informalidad es, en el fondo, la válvula de escape de una estructura económica cerrada, donde la mayoría debe crear su propio sustento porque el mercado formal está ocupado por pocos y no crece.

Innovar para abrir la sociedad

El mensaje del Nobel de este año es contundente: sin competencia no hay innovación, y sin innovación no hay movilidad. En el Perú, la política de desarrollo no puede seguir centrada únicamente en la educación; debe incluir una agenda de competencia económica, transparencia regulatoria y diversificación productiva.

Promover la innovación implica democratizar el acceso a la economía formal. Significa fortalecer la autoridad de competencia (Indecopi), derribar barreras de entrada, abrir financiamiento a nuevos emprendedores y vincular la formación universitaria con sectores tecnológicos emergentes. De lo contrario, seguiremos educando para la frustración: formando profesionales que el modelo económico no tiene intención de emplear.

Romper el círculo vicioso

La respuesta a la pregunta inicial es, por tanto, clara. La productividad cae no a pesar de tener más universitarios, sino porque nuestra estructura económica cerrada convierte ese talento en una amenaza para el statu quo y no en un motor de progreso.

El Perú no es un país sin talento ni sin ideas. Es un país atrapado en una estructura que no deja que la destrucción creativa ocurra. Mientras los monopolios sigan determinando qué sectores crecen, la informalidad será inevitable y el conocimiento acumulado se desperdiciará. La tarea pendiente no es solo educar más, sino liberar la competencia para que el talento nacional encuentre el espacio para transformar la economía y convertir el crecimiento en verdadera movilidad social.