El Congreso que sobrevivió a sus creadores

"Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores. Muy triste". Con esas palabras, la presidenta electa Keiko Fujimori describió el país que recibirá el próximo 28 de julio.

El diagnóstico no carece de fundamento. Después de varios años de deterioro fiscal, crecimiento del gasto permanente y debilitamiento de las reglas presupuestarias, el margen de maniobra del próximo gobierno será mucho menor que el que tuvieron administraciones anteriores. Sin embargo, existe una paradoja que apenas empieza a discutirse: parte de la arquitectura institucional que hoy dificulta gobernar fue consolidada durante los años en que el Congreso se convirtió en el principal contrapeso del Ejecutivo al punto de subordinarlo.

Los griegos conocían bien esta clase de tragedias. Contaban la historia de Erisictón, un rey que decidió talar el bosque sagrado de Deméter para construir un gran salón de banquetes. La diosa no lo castigó con un rayo ni con una muerte inmediata. Lo condenó a un hambre imposible de saciar. Cuanto más comía, más hambre tenía, hasta terminar devorándose a sí mismo. El castigo no fue el árbol que cayó, sino la fuerza que él mismo había liberado.

Algo parecido puede ocurrir en la política. Durante casi una década, el Congreso fue acumulando poder frente al Ejecutivo. Vacancias, censuras, interpelaciones, leyes con creciente impacto fiscal y un protagonismo legislativo cada vez mayor alteraron el equilibrio institucional. Ese proceso no tuvo un único responsable. Participaron distintas bancadas, sucesivos gobiernos y decisiones del propio Tribunal Constitucional. El fujimorismo fue, sin duda, uno de los protagonistas más importantes de esa transformación, pero no el único.

En paralelo, también se fue talando otro bosque: el de la disciplina fiscal. La flexibilización de las reglas de gasto, la aprobación de normas con elevado impacto presupuestario y la erosión progresiva de los límites fiscales redujeron la capacidad de respuesta del Estado. El Consejo Fiscal advirtió reiteradamente estos riesgos. Pero, como la ninfa del mito que intenta impedir que el árbol sea derribado, podía advertir; no podía detener el hacha.

Ahora aparece Deméter. En el mito representa la fertilidad y la cosecha. En términos contemporáneos, representa algo mucho más prosaico: la realidad fiscal. Los mercados no negocian con discursos; las cuentas públicas tampoco. Cuando el déficit aumenta, la deuda crece y el gasto permanente desplaza la inversión pública, la restricción termina imponiéndose. No es un castigo moral. Es una consecuencia.

La paradoja para el nuevo gobierno es evidente. Si desea recuperar capacidad de gestión, necesitará disciplina fiscal, reconstruir márgenes presupuestarios y adoptar decisiones inevitablemente impopulares. Pero deberá hacerlo con una legitimidad electoral estrecha y frente a un Congreso que durante años aprendió a ejercer poder con creciente independencia del Ejecutivo. Incluso si recientes decisiones del Tribunal Constitucional restituyen atribuciones al Gobierno en materia presupuestaria, la dinámica política construida durante los últimos años no desaparecerá por una sentencia.

Lo verdaderamente interesante es que muchas de las bancadas que participaron en ese proceso ya no estarán presentes en el nuevo Congreso bicameral. Desaparecieron, se fragmentaron o fueron reemplazadas por otras fuerzas políticas como resultado del voto ciudadano. Sin embargo, la institución permanece.

Quienes han trabajado en el Congreso conocen bien un fenómeno curioso. Los nuevos parlamentarios absorben con rapidez una cultura institucional que se transmite casi como una tradición oral. Una de sus expresiones más repetidas sostiene que el Congreso es "el primer poder del Estado", aunque la Constitución nunca le atribuya formalmente esa condición. Más allá de la exactitud jurídica de la frase, esa convicción termina moldeando la forma en que muchos legisladores entienden y ejercen sus atribuciones. Las personas cambian; las instituciones también aprenden. Acumulan atribuciones, generan incentivos y terminan transmitiendo una cultura propia a quienes llegan a ocuparlas.

Esa es quizá la mayor ironía de este momento político. El Congreso que asumirá funciones no será el mismo en sus integrantes, pero sí heredará buena parte de las atribuciones, prácticas e incentivos acumulados durante los últimos años. Ningún Parlamento suele renunciar voluntariamente a las cuotas de poder que ha conquistado. Entre los pocos protagonistas de ese proceso que permanecerán en la escena política estará precisamente Fuerza Popular, aunque esta vez desde el Ejecutivo. La fuerza política que durante años encontró en un Congreso fortalecido una herramienta eficaz para controlar gobiernos adversarios podría descubrir ahora que esa misma institución constituye el principal límite para gobernar.

Existe, por supuesto, otra lectura posible. Algunos sostendrán que el verdadero bosque sagrado no era la disciplina fiscal, sino los derechos sociales, y que el problema no es el crecimiento del gasto sino la persistencia de profundas brechas sociales. Es un debate legítimo. Pero incluso desde esa perspectiva permanece una verdad difícil de eludir: ningún Estado puede responder eficazmente a una crisis cuando ha reducido su capacidad financiera para hacerlo.

La historia de Erisictón no es una profecía. Es una advertencia. Todavía es posible reconstruir consensos, restaurar la disciplina fiscal y redefinir el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero las tragedias griegas enseñan que los mayores peligros rara vez provienen del adversario. Con frecuencia nacen de las propias decisiones y de las instituciones que esas decisiones terminan moldeando.

Quizá esa sea la verdadera prueba del próximo gobierno. No administrar únicamente el Estado que recibe, sino gobernar una arquitectura institucional que, junto con muchos otros actores, contribuyó a construir. Porque las instituciones tienen memoria. Sobreviven a sus creadores, adquieren vida propia y, en ocasiones, terminan imponiéndose incluso sobre quienes contribuyeron a crearlas.

La estación terminal de las aspiraciones presidenciales

En política existen trayectorias que parecen lógicas, pero que la historia se encarga de desmentir. Una de ellas es la idea de que la alcaldía de Lima constituye el trampolín natural hacia la Presidencia de la República. La intuición resulta seductora: quien gobierna la ciudad más importante del país debería estar mejor preparado para gobernar el Perú. Sin embargo, la evidencia muestra exactamente lo contrario.

La pregunta es sencilla: ¿Algún alcalde de Lima ha llegado a Palacio de Gobierno utilizando la Municipalidad como plataforma de partida? La respuesta, desde el retorno de la democracia en los ochenta, es negativa.

Los intentos comenzaron hace décadas. En 1985, dos exalcaldes de Lima disputaron la Presidencia desde extremos opuestos del espectro político. Luis Bedoya Reyes, fundador del Partido Popular Cristiano, obtuvo alrededor del diez por ciento de los votos. Alfonso Barrantes, el alcalde más popular de la izquierda peruana y creador del programa Vaso de Leche, quedó segundo detrás de Alan García y decidió no participar en la segunda vuelta. Ni la derecha ni la izquierda encontraron en la alcaldía un camino hacia Palacio.

La historia continuó repitiéndose. Ricardo Belmont, alcalde durante los primeros años de la década de 1990, fue derrotado ampliamente por Alberto Fujimori en 1995. Alberto Andrade, reconocido por la recuperación del centro histórico y la modernización de Lima, inició la campaña del 2000 encabezando las encuestas como principal opositor al régimen; terminó tercero con apenas el tres por ciento de los votos. Luis Castañeda Lossio, tres veces alcalde y probablemente uno de los gestores municipales más populares de las últimas décadas, postuló en 2011 y quedó relegado al quinto lugar.

No se trata de una coincidencia aislada. Se trata de un patrón que atraviesa gobiernos, partidos e ideologías.

¿Por qué ocurre? Porque el liderazgo municipal de la capital y el liderazgo presidencial responden a lógicas distintas. Un alcalde es evaluado principalmente por su capacidad para ejecutar obras, resolver problemas urbanos y administrar una ciudad compleja. Un candidato presidencial, en cambio, necesita construir un relato nacional, articular alianzas territoriales y conectar con un electorado mucho más diverso que el limeño. Son habilidades relacionadas, pero no equivalentes.

En otras palabras, Lima no es el Perú. La popularidad obtenida administrando la capital no necesariamente se traduce en respaldo en la costa, la sierra y la selva. Gobernar una metrópoli y representar un país son desafíos diferentes.

La dirección y el sentido de las carreras políticas también resulta punto interesante a destacar. Más de una figura nacional encontró en la Municipalidad de Lima un espacio para reinventarse después de una derrota presidencial. Luis Castañeda perdió la elección del año 2000 antes de conquistar la alcaldía. Susana Villarán fue candidata presidencial en 2006 y solo cuatro años después ganó la Municipalidad. La flecha parece correr en un solo sentido: la derrota nacional puede conducir a Lima, pero Lima no conduce a la Presidencia.

Ese patrón histórico vuelve inevitable mirar con cautela cualquier intento de convertir la alcaldía en plataforma presidencial. La historia no demuestra que sea imposible, pero sí que ha sido extraordinariamente improbable. Ningún alcalde de Lima ha conseguido romper esa barrera durante más de cuatro décadas.

Toda regla puede encontrar una excepción algún día. Sin embargo, quien aspire a ser el primero deberá enfrentarse no solo a sus rivales políticos, sino también a una evidencia histórica persistente. Hasta ahora, la Municipalidad de Lima no ha sido la estación de partida hacia Palacio de Gobierno.

Ha sido, más bien, la estación terminal de las ambiciones presidenciales.

La renuncia más costosa de las elecciones generales 2026

Esta mañana, en el hemiciclo, un ingeniero agrícola de 75 años juró como senador de la República "por Dios, la patria, por mi familia, por la memoria de mis señores padres, y por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori". Lo hacía por Renovación Popular, pero el nombre que eligió para definir su identidad política no fue el de su partido, sino el del régimen del que proviene. Esa distancia entre la etiqueta partidaria y la lealtad política explica, mejor que cualquier otra cosa, cómo llegó hasta ese escaño.

La pregunta no es por qué juró Absalón Vásquez. La pregunta es por qué Rafael López Aliaga decidió no hacerlo. En abril, 1'993,905 peruanos votaron por él como senador. Ese voto expresaba una expectativa concreta: que ejerciera la representación que acababan de confiarle. Sin embargo, renunció a ella.

La explicación oficial es conocida. López Aliaga sostiene que no puede juramentar porque considera fraudulento el proceso electoral y hacerlo implicaría convalidarlo. El problema es que ese argumento se aplica de manera selectiva. Mientras él rechaza asumir el cargo, su bancada sí recibió credenciales, se instaló en el Congreso y ejerce plenamente sus funciones. Si el origen del Parlamento fuera realmente ilegítimo, la coherencia exigiría desconocerlo por completo, no solo abstenerse de jurar personalmente.

Por eso la explicación resulta insuficiente. Renunciar a un mandato otorgado por casi dos millones de ciudadanos tiene un costo político demasiado alto para justificarse únicamente con un gesto simbólico.

La respuesta podría encontrarse en la persona que ocupó finalmente ese escaño.

Absalón Vásquez no es un dirigente cualquiera de Renovación Popular. Es uno de los cuadros históricos del fujimorismo. Fue ministro de Agricultura de Alberto Fujimori, posteriormente su asesor en temas agrarios y nunca ha ocultado su identificación con ese proyecto político. Su incorporación a la lista de Renovación Popular fue reciente y ocurrió por invitación de López Aliaga.

Lo singular no es solo su trayectoria política. También posee un perfil técnico poco común. Es ingeniero agrícola, especialista en manejo de cuencas, cosecha de agua y desarrollo rural, precisamente los temas que adquieren relevancia cuando el país enfrenta la amenaza de un Fenómeno del Niño intenso.

Aquí aparecen dos hipótesis plausibles.

La primera es política. A sus 75 años, el escaño puede entenderse como un reconocimiento a uno de los últimos referentes históricos del albertismo, alguien que no había conseguido llegar al Senado por voto propio.

La segunda mira hacia el futuro inmediato. Si el próximo gobierno debe enfrentar una emergencia climática desde sus primeros meses, contar dentro de la bancada con alguien que conoce el aparato estatal y el sector agrario puede tener un valor estratégico. En ese escenario, la llegada de Vásquez deja de ser un simple reemplazo y pasa a formar parte de una preparación política para una eventual crisis.

No es posible demostrar cuál de estas explicaciones es la correcta. Lo que sí puede afirmarse es que ambas resultan más consistentes que la versión oficial basada en la coherencia frente al supuesto fraude.

En política, las decisiones importantes rara vez se toman para sustituir un nombre por otro equivalente. Se toman porque la persona elegida aporta algo que ningún otro puede aportar. Absalón Vásquez no era un accesitario cualquiera. Esa es precisamente la razón por la que su llegada merece una explicación.

Quizá el tiempo termine revelando cuál era el verdadero propósito. Si el nuevo bloque entre Fuerza Popular y Renovación Popular se consolida y Vásquez adquiere un papel relevante en la respuesta frente a un eventual Fenómeno del Niño, la hipótesis técnica cobrará fuerza. Si no ocurre, la interpretación del premio político será probablemente la más convincente.

En cualquiera de los dos casos, la pregunta inicial permanece intacta: ¿Por qué Rafael López Aliaga renunció a representar a casi dos millones de electores? La explicación oficial no basta. Y mientras no aparezca una mejor, el nombre de Absalón Vásquez seguirá siendo la pieza que hace que toda la operación resulte, al menos, inteligible.

El gobierno antes del gobierno

Entre la proclamación de resultados y la juramentación del 28 de julio existe, en toda democracia presidencial, una zona gris: el presidente electo no es todavía presidente, pero ya no es solamente candidato. Lo que distingue a las transiciones es cómo se administra esa zona gris. Y lo que estamos viendo en el Perú de estas semanas es algo más que una transición ordenada: es un gobierno operando antes de existir jurídicamente.

Los indicios son públicos, aunque dispersos. Keiko Fujimori se presenta ante el país bajo el título de presidenta electa —cuentas oficiales, conferencias de prensa, agenda protocolar— cuando la investidura congresal aún no ocurre. Acudió al Banco Central de Reserva y, según ha trascendido del propio Julio Velarde, le solicitó permanecer al frente del ente emisor por cinco años más, pedido que él habría aceptado. El mensaje a los agentes económicos es transparente: continuidad, estabilidad, previsibilidad. Pero conviene detenerse en la forma antes que en el fondo: la designación del presidente del BCRP corresponde al Poder Ejecutivo en funciones y su ratificación al Congreso. Una presidenta que aún no jura no designa; anuncia. Y sin embargo el anuncio produce efectos reales en los mercados y en las expectativas. Es gobierno de facto en su expresión más pura: actos sin forma jurídica que generan consecuencias como si la tuvieran.

A este cuadro se suma una pieza de otra naturaleza, resuelta días atrás por el Tribunal Constitucional. En la sentencia del caso Belén (Expediente 00018-2023-PI/TC), el TC estableció como criterio vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en la iniciativa de gasto: los congresistas ya no tienen iniciativa para incrementar gastos que incidan en el presupuesto anual ni que impacten hacia el futuro, y todo proyecto con efecto fiscal deberá coordinarse con el Ejecutivo y contar con informe de sostenibilidad del MEF. Más allá del mérito técnico de la doctrina —que lo tiene, y sobre el cual volveré en otra entrega—, el dato político es el momento: la principal herramienta de poder fiscal que el Congreso acumuló en el último quinquenio le fue retirada dos semanas antes de que asuma un nuevo Ejecutivo. Quien reciba la banda el 28 de julio gobernará con una chequera que sus predecesores no tuvieron. Ni podrían haber aspirado si los resultados de la segunda vuelta hubieran sido distintos.

El patrón que emerge, entonces, no es el de una presidenta electa esperando su turno, sino el de un despeje sistemático de la pista: certidumbre monetaria asegurada por adelantado, iniciativa fiscal recuperada por vía jurisprudencial, y un Congreso saliente que aprueba en sus últimos días normas cuyo beneficiario natural es el gobierno entrante. Entre estas últimas, una merece especial atención: la que traslada al fuero militar policial el juzgamiento de los excesos cometidos por policías y militares en el control del orden interno, sustrayéndolos del fuero civil donde la Corte Interamericana ha establecido reiteradamente que corresponde juzgar violaciones de derechos humanos. No hace falta atribuir intenciones para señalar el efecto objetivo de la norma: reduce el costo esperado del uso de la fuerza en escenarios de protesta social. Un gobierno que llega con casi la mitad del electorado en contra debería querer más contrapesos sobre el uso de la fuerza, no menos.

Y ahí está mi escepticismo de fondo. Toda esta ingeniería preinaugural parece diseñada bajo una premisa: que es posible asegurarse cien primeros días sin fricción. La historia política peruana —y la naturaleza misma del poder— sugiere lo contrario. El poder genera oposición por el solo hecho de ejercerse; la mitad del país que no votó por este proyecto no va a desaparecer porque el BCRP tenga titular confirmado ni porque el Congreso haya perdido la iniciativa de gasto. La fricción no se elimina; se posterga, y la fricción postergada suele regresar con intereses. Un gobierno que blinda su arranque removiendo contrapesos no reduce el riesgo de crisis: reduce los amortiguadores disponibles cuando la crisis llegue.

Quedan preguntas abiertas que este espacio seguirá con atención. ¿Internalizará el nuevo Reglamento del Congreso bicameral la doctrina del TC, o la resistirá? ¿Qué contendrá el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo debe enviar antes del 30 de agosto, elaborado en su mayor parte por un gobierno que ya no estará para debatirlo? ¿Y en qué moneda cobrará un Congreso al que se le retiró el poder de gasto pero conserva los nombramientos y el control político? Las respuestas dirán si estamos ante la normalización institucional que los mercados celebran o ante algo distinto: la reasignación del poder acumulado en estos años hacia su nuevo administrador.

Hay, además, un actor que no firma pactos ni respeta pistas despejadas. El ENFEN proyecta ya un evento El Niño con probabilidad de magnitud fuerte hacia fines de este año, justo sobre el calendario del debate presupuestal y de los primeros cien días. Puede que sea el clima —y no la política— el que vacíe la expectativa de gobernar como en una luna de miel sin tropiezos: los matrimonios, hasta los mejor arreglados, se prueban recién cuando llega la primera tormenta.

Por ahora, lo único verificable es que el gobierno empezó antes del gobierno. Y que en el Perú, la informalidad —hasta la del poder— siempre encuentra quien le preste formalidad después.

La economía política de la incertidumbre electoral

La elección presidencial ya ocurrió.

Millones de peruanos hemos acudido a las urnas el domingo y emitimos nuestro respectivo voto. Sin embargo, varios días después seguimos inmersos en una intensa discusión pública sobre quién terminará ganando la elección.

¿Cómo es posible?

La respuesta es sencilla: lo que hoy discutimos ya no son los votos. Discutimos expectativas.

Apenas concluyó la jornada electoral, los conteos rápidos de las principales encuestadoras mostraron una elección extraordinariamente ajustada. Conforme avanzó el conteo oficial de la ONPE ocurrió algo que muchos especialistas habían anticipado: la ventaja inicial que favorecía a un candidato fue reduciéndose hasta ser superada por su contendiente.

Hasta ese momento, la discusión giraba alrededor de los resultados observados.

Pero ayer se produjo un quiebre, acarreando un debate distinto.

Aparecieron simulaciones matemáticas. Surgieron proyecciones sobre el peso de las actas observadas. Se difundieron análisis sobre el comportamiento probable del voto en el extranjero. Circularon audios, comentarios de especialistas y modelos estadísticos que intentaban anticipar el resultado final antes de que concluyera el conteo oficial.

De pronto, la conversación pública dejó de concentrarse en los votos efectivamente contabilizados. Ahora estamos concentrados en los pocos votos que aún faltan contar.

La diferencia parece pequeña, pero es enorme.

Como economista, este fenómeno me resulta familiar. Los mercados financieros funcionan sobre expectativas. Las empresas invierten sobre expectativas. Los consumidores toman decisiones sobre expectativas. El dólar sube y baja no solo con los hechos, sino con lo que los agentes creen que ocurrirá. Una parte importante de la economía moderna consiste precisamente en administrar la incertidumbre —y en entender que las expectativas tienen consecuencias tan reales como los hechos que las originan.

La política no es muy distinta.

En una elección tan ajustada como la que estamos viviendo, las expectativas comienzan a adquirir una relevancia extraordinaria. Los modelos intentan anticipar el futuro. Los analistas construyen escenarios. Los medios difunden proyecciones. Los ciudadanos buscan señales que les permitan reducir la incertidumbre. Es una reacción perfectamente natural ante lo que no se puede aún verificar.

El problema es que las expectativas tienen una característica peculiar: pueden independizarse de los hechos. Una vez instaladas, comienzan a producir emociones propias —optimismo en unos, preocupación en otros— y cuando finalmente se revela la realidad, la reacción de las personas no depende únicamente del resultado observado, sino también de las expectativas que habían construido previamente.

Por eso una elección extremadamente ajustada puede convertirse en un terreno fértil para la polarización. Quienes creen que su candidato terminará ganando reciben cada nueva proyección como una confirmación. Quienes creen lo contrario hacen exactamente lo mismo. Poco a poco, el debate deja de girar alrededor de la evidencia disponible y empieza a organizarse alrededor de escenarios futuros que todavía nadie puede verificar.

Las redes sociales amplifican este fenómeno a una velocidad extraordinaria. Una simulación estadística, una declaración pública, una plataforma de apuestas o una proyección electoral pueden modificar en cuestión de minutos el estado de ánimo de miles de personas. Ninguno de esos elementos cambia los votos ya emitidos. Pero sí puede cambiar las expectativas acerca de esos votos. Y las expectativas tienen consecuencias políticas.

Aquí reside el núcleo del problema: cuando las expectativas se alejan demasiado de los resultados finalmente observados, aparece la frustración. Y cuando la frustración se combina con una sociedad altamente polarizada —como es hoy la nuestra—, el riesgo de conflicto aumenta.

Y los primeros cantos de batalla —los gritos de fraude, las exigencias de que se respeten "los verdaderos resultados"— ya han comenzado a escucharse.

Por eso resulta tan importante distinguir entre observación y expectativa. La observación nos dice qué sabemos. La expectativa nos dice qué creemos que ocurrirá. Ambas son útiles. Pero no son lo mismo, y confundirlas tiene costos.

Los modelos son herramientas valiosas. Las simulaciones también lo son. Los análisis prospectivos lo son mucho más. Nos ayudan a navegar la incertidumbre y a entender escenarios posibles. Pero no eliminan la incertidumbre. Esa es una lección que vale tanto para la economía como para la política.

En las últimas horas varias personas me han preguntado quién creo que terminará ganando la elección. Supongo que esperan una respuesta sólida y certera porque me dedico profesionalmente al análisis económico y estadístico. Sin embargo, mientras escucho pronósticos, reviso modelos y observo cómo las expectativas se multiplican en todas direcciones, recuerdo una advertencia que John Maynard Keynes dejó sobre el futuro y la incertidumbre. A veces, la respuesta más rigurosa —y también la más honesta— sigue siendo la más incómoda:

Simplemente no sabemos.