El gobierno antes del gobierno

Entre la proclamación de resultados y la juramentación del 28 de julio existe, en toda democracia presidencial, una zona gris: el presidente electo no es todavía presidente, pero ya no es solamente candidato. Lo que distingue a las transiciones es cómo se administra esa zona gris. Y lo que estamos viendo en el Perú de estas semanas es algo más que una transición ordenada: es un gobierno operando antes de existir jurídicamente.

Los indicios son públicos, aunque dispersos. Keiko Fujimori se presenta ante el país bajo el título de presidenta electa —cuentas oficiales, conferencias de prensa, agenda protocolar— cuando la investidura congresal aún no ocurre. Acudió al Banco Central de Reserva y, según ha trascendido del propio Julio Velarde, le solicitó permanecer al frente del ente emisor por cinco años más, pedido que él habría aceptado. El mensaje a los agentes económicos es transparente: continuidad, estabilidad, previsibilidad. Pero conviene detenerse en la forma antes que en el fondo: la designación del presidente del BCRP corresponde al Poder Ejecutivo en funciones y su ratificación al Congreso. Una presidenta que aún no jura no designa; anuncia. Y sin embargo el anuncio produce efectos reales en los mercados y en las expectativas. Es gobierno de facto en su expresión más pura: actos sin forma jurídica que generan consecuencias como si la tuvieran.

A este cuadro se suma una pieza de otra naturaleza, resuelta días atrás por el Tribunal Constitucional. En la sentencia del caso Belén (Expediente 00018-2023-PI/TC), el TC estableció como criterio vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en la iniciativa de gasto: los congresistas ya no tienen iniciativa para incrementar gastos que incidan en el presupuesto anual ni que impacten hacia el futuro, y todo proyecto con efecto fiscal deberá coordinarse con el Ejecutivo y contar con informe de sostenibilidad del MEF. Más allá del mérito técnico de la doctrina —que lo tiene, y sobre el cual volveré en otra entrega—, el dato político es el momento: la principal herramienta de poder fiscal que el Congreso acumuló en el último quinquenio le fue retirada dos semanas antes de que asuma un nuevo Ejecutivo. Quien reciba la banda el 28 de julio gobernará con una chequera que sus predecesores no tuvieron. Ni podrían haber aspirado si los resultados de la segunda vuelta hubieran sido distintos.

El patrón que emerge, entonces, no es el de una presidenta electa esperando su turno, sino el de un despeje sistemático de la pista: certidumbre monetaria asegurada por adelantado, iniciativa fiscal recuperada por vía jurisprudencial, y un Congreso saliente que aprueba en sus últimos días normas cuyo beneficiario natural es el gobierno entrante. Entre estas últimas, una merece especial atención: la que traslada al fuero militar policial el juzgamiento de los excesos cometidos por policías y militares en el control del orden interno, sustrayéndolos del fuero civil donde la Corte Interamericana ha establecido reiteradamente que corresponde juzgar violaciones de derechos humanos. No hace falta atribuir intenciones para señalar el efecto objetivo de la norma: reduce el costo esperado del uso de la fuerza en escenarios de protesta social. Un gobierno que llega con casi la mitad del electorado en contra debería querer más contrapesos sobre el uso de la fuerza, no menos.

Y ahí está mi escepticismo de fondo. Toda esta ingeniería preinaugural parece diseñada bajo una premisa: que es posible asegurarse cien primeros días sin fricción. La historia política peruana —y la naturaleza misma del poder— sugiere lo contrario. El poder genera oposición por el solo hecho de ejercerse; la mitad del país que no votó por este proyecto no va a desaparecer porque el BCRP tenga titular confirmado ni porque el Congreso haya perdido la iniciativa de gasto. La fricción no se elimina; se posterga, y la fricción postergada suele regresar con intereses. Un gobierno que blinda su arranque removiendo contrapesos no reduce el riesgo de crisis: reduce los amortiguadores disponibles cuando la crisis llegue.

Quedan preguntas abiertas que este espacio seguirá con atención. ¿Internalizará el nuevo Reglamento del Congreso bicameral la doctrina del TC, o la resistirá? ¿Qué contendrá el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo debe enviar antes del 30 de agosto, elaborado en su mayor parte por un gobierno que ya no estará para debatirlo? ¿Y en qué moneda cobrará un Congreso al que se le retiró el poder de gasto pero conserva los nombramientos y el control político? Las respuestas dirán si estamos ante la normalización institucional que los mercados celebran o ante algo distinto: la reasignación del poder acumulado en estos años hacia su nuevo administrador.

Hay, además, un actor que no firma pactos ni respeta pistas despejadas. El ENFEN proyecta ya un evento El Niño con probabilidad de magnitud fuerte hacia fines de este año, justo sobre el calendario del debate presupuestal y de los primeros cien días. Puede que sea el clima —y no la política— el que vacíe la expectativa de gobernar como en una luna de miel sin tropiezos: los matrimonios, hasta los mejor arreglados, se prueban recién cuando llega la primera tormenta.

Por ahora, lo único verificable es que el gobierno empezó antes del gobierno. Y que en el Perú, la informalidad —hasta la del poder— siempre encuentra quien le preste formalidad después.

La economía política de la incertidumbre electoral

La elección presidencial ya ocurrió.

Millones de peruanos hemos acudido a las urnas el domingo y emitimos nuestro respectivo voto. Sin embargo, varios días después seguimos inmersos en una intensa discusión pública sobre quién terminará ganando la elección.

¿Cómo es posible?

La respuesta es sencilla: lo que hoy discutimos ya no son los votos. Discutimos expectativas.

Apenas concluyó la jornada electoral, los conteos rápidos de las principales encuestadoras mostraron una elección extraordinariamente ajustada. Conforme avanzó el conteo oficial de la ONPE ocurrió algo que muchos especialistas habían anticipado: la ventaja inicial que favorecía a un candidato fue reduciéndose hasta ser superada por su contendiente.

Hasta ese momento, la discusión giraba alrededor de los resultados observados.

Pero ayer se produjo un quiebre, acarreando un debate distinto.

Aparecieron simulaciones matemáticas. Surgieron proyecciones sobre el peso de las actas observadas. Se difundieron análisis sobre el comportamiento probable del voto en el extranjero. Circularon audios, comentarios de especialistas y modelos estadísticos que intentaban anticipar el resultado final antes de que concluyera el conteo oficial.

De pronto, la conversación pública dejó de concentrarse en los votos efectivamente contabilizados. Ahora estamos concentrados en los pocos votos que aún faltan contar.

La diferencia parece pequeña, pero es enorme.

Como economista, este fenómeno me resulta familiar. Los mercados financieros funcionan sobre expectativas. Las empresas invierten sobre expectativas. Los consumidores toman decisiones sobre expectativas. El dólar sube y baja no solo con los hechos, sino con lo que los agentes creen que ocurrirá. Una parte importante de la economía moderna consiste precisamente en administrar la incertidumbre —y en entender que las expectativas tienen consecuencias tan reales como los hechos que las originan.

La política no es muy distinta.

En una elección tan ajustada como la que estamos viviendo, las expectativas comienzan a adquirir una relevancia extraordinaria. Los modelos intentan anticipar el futuro. Los analistas construyen escenarios. Los medios difunden proyecciones. Los ciudadanos buscan señales que les permitan reducir la incertidumbre. Es una reacción perfectamente natural ante lo que no se puede aún verificar.

El problema es que las expectativas tienen una característica peculiar: pueden independizarse de los hechos. Una vez instaladas, comienzan a producir emociones propias —optimismo en unos, preocupación en otros— y cuando finalmente se revela la realidad, la reacción de las personas no depende únicamente del resultado observado, sino también de las expectativas que habían construido previamente.

Por eso una elección extremadamente ajustada puede convertirse en un terreno fértil para la polarización. Quienes creen que su candidato terminará ganando reciben cada nueva proyección como una confirmación. Quienes creen lo contrario hacen exactamente lo mismo. Poco a poco, el debate deja de girar alrededor de la evidencia disponible y empieza a organizarse alrededor de escenarios futuros que todavía nadie puede verificar.

Las redes sociales amplifican este fenómeno a una velocidad extraordinaria. Una simulación estadística, una declaración pública, una plataforma de apuestas o una proyección electoral pueden modificar en cuestión de minutos el estado de ánimo de miles de personas. Ninguno de esos elementos cambia los votos ya emitidos. Pero sí puede cambiar las expectativas acerca de esos votos. Y las expectativas tienen consecuencias políticas.

Aquí reside el núcleo del problema: cuando las expectativas se alejan demasiado de los resultados finalmente observados, aparece la frustración. Y cuando la frustración se combina con una sociedad altamente polarizada —como es hoy la nuestra—, el riesgo de conflicto aumenta.

Y los primeros cantos de batalla —los gritos de fraude, las exigencias de que se respeten "los verdaderos resultados"— ya han comenzado a escucharse.

Por eso resulta tan importante distinguir entre observación y expectativa. La observación nos dice qué sabemos. La expectativa nos dice qué creemos que ocurrirá. Ambas son útiles. Pero no son lo mismo, y confundirlas tiene costos.

Los modelos son herramientas valiosas. Las simulaciones también lo son. Los análisis prospectivos lo son mucho más. Nos ayudan a navegar la incertidumbre y a entender escenarios posibles. Pero no eliminan la incertidumbre. Esa es una lección que vale tanto para la economía como para la política.

En las últimas horas varias personas me han preguntado quién creo que terminará ganando la elección. Supongo que esperan una respuesta sólida y certera porque me dedico profesionalmente al análisis económico y estadístico. Sin embargo, mientras escucho pronósticos, reviso modelos y observo cómo las expectativas se multiplican en todas direcciones, recuerdo una advertencia que John Maynard Keynes dejó sobre el futuro y la incertidumbre. A veces, la respuesta más rigurosa —y también la más honesta— sigue siendo la más incómoda:

Simplemente no sabemos.

La tercera vuelta

Los resultados de la segunda vuelta presidencial aún deben ser confirmados por las autoridades electorales. Sin embargo, si la experiencia reciente sirve de referencia, es probable que los conteos rápidos vuelvan a demostrar el alto nivel de precisión que los ha caracterizado durante las últimas décadas.

En esta oportunidad, no fue una sola empresa la que presentó una proyección. Tanto Ipsos como Datum realizaron conteos rápidos independientes y, aunque con diferencias en la magnitud de la ventaja observada, ambas coincidieron en señalar una elección extraordinariamente ajustada y una ligera ventaja para Roberto Sánchez.

Naturalmente, ninguna proyección estadística reemplaza al resultado oficial. Pero la coincidencia entre ejercicios independientes sugiere que la principal incertidumbre ya no se encuentra en la estimación estadística del resultado, sino en la gestión institucional de las controversias que puedan surgir durante su validación oficial.

Paradójicamente, la discusión pública parece haberse desplazado del conteo de los votos hacia otro terreno. Ya no se debate únicamente quién obtuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos. La atención comienza a concentrarse en las instituciones que deberán resolver las controversias derivadas del proceso electoral. Es allí donde aparece lo que podríamos llamar la tercera vuelta.

La primera vuelta ocurrió en abril. La segunda vuelta se desarrolló en las urnas. La tercera vuelta se librará en expedientes, recursos, apelaciones, conferencias de prensa, entrevistas, redes sociales y titulares periodísticos. Su principal protagonista ya no será uno de los candidatos presidenciales, sino el Jurado Nacional de Elecciones.

La noche electoral ofreció una secuencia particularmente interesante de observar.

A las cinco de la tarde, Ipsos y Datum presentaron los resultados de su conteo rápido. Ipsos lo hizo por encargo de Transparencia y en colaboración con el National Democratic Institute (NDI). Poco después, Roberto Sánchez apareció en la Plaza San Martín en un acto espontáneo donde transmitió optimismo respecto a los resultados presentados, pero también llamó a sus simpatizantes a defender cada voto emitido.

Más tarde, Keiko Fujimori realizó su propia declaración pública. Recogió la caracterización de empate técnico presentada por las encuestadoras, y acto seguido convocó a sus personeros a defender cada voto y añadió un cuestionamiento a la capacidad de una muestra relativamente pequeña para representar el universo nacional de mesas electorales.

La convocatoria a los personeros no tiene nada de extraordinario. Forma parte del funcionamiento normal de cualquier democracia. Los personeros existen precisamente para vigilar el proceso electoral, registrar incidencias y defender los votos de sus organizaciones políticas. Sin embargo, el episodio revela algo más profundo.

La discusión pública se estaría desplazando desde el conteo de los votos hacia los mecanismos encargados de validarlos. La pregunta dejará de ser únicamente quién recibió más respaldo electoral y pasará a convertirse en una discusión sobre cómo se resolverán las controversias posteriores. De esta manera se habría inaugurado el inicio de la tercera vuelta.

En este punto, conviene recordar una cuestión fundamental. El Jurado Nacional de Elecciones no elige presidentes. La legislación peruana establece una regla sencilla para la segunda vuelta: gana quien obtiene más votos válidos. Incluso si la diferencia fuera de un solo voto. La función del JNE no consiste en escoger entre dos candidatos, sino en resolver las controversias que puedan surgir durante el escrutinio aplicando las normas electorales previamente establecidas.

La diferencia parece técnica, pero es fundamental. En una elección cerrada, el problema no es que aumente la importancia del JNE. El problema es que muchos ciudadanos comienzan a atribuirle un poder que en realidad no tiene. Cuando se instala la idea de que el árbitro decidirá quién será presidente, cada resolución deja de evaluarse por sus fundamentos jurídicos y comienza a interpretarse como una toma de posición política.

La experiencia reciente en la definición de quien quedó en segundo lugar en las elecciones de la primera vuelta demuestra lo delicado que puede resultar este proceso.

En las elecciones presidenciales de 2016 y 2021, y junto con la reciente experiencia de la primera vuelta de 2026, cada proceso extremadamente ajustado parece haber aumentado el nivel de exposición pública y cuestionamiento hacia las instituciones encargadas de administrar las elecciones.

No se trata de afirmar que toda crítica sea ilegítima. Las instituciones democráticas deben estar sujetas al escrutinio ciudadano. El problema aparece cuando el cuestionamiento deja de concentrarse en decisiones específicas y comienza a erosionar sistemáticamente la confianza en el árbitro mismo.

En ese momento, la discusión deja de ser electoral para convertirse en institucional.

La experiencia de la primera vuelta presidencial de este año constituye una advertencia importante. Las autoridades electorales fueron sometidas a una presión política, mediática y ciudadana pocas veces vista en las últimas décadas. Cada resolución fue examinada al detalle. Cada declaración pública fue interpretada políticamente. Cada demora fue presentada como evidencia de algo más profundo.

La segunda vuelta encuentra al Jurado Nacional de Elecciones plenamente consciente de ese escenario. Por ello, la tercera vuelta no será únicamente una batalla jurídica. Será también una batalla institucional.

El primer frente será legal. Los recursos, observaciones, apelaciones e impugnaciones deberán resolverse conforme a ley. El segundo frente será comunicacional. Cada declaración de las autoridades electorales será examinada bajo una lupa política. El tercer frente será mediático. Las decisiones del JNE no solo serán discutidas en expedientes. También serán debatidas diariamente en programas de televisión, redes sociales y espacios de opinión.

Pero existe un cuarto frente que probablemente sea el más importante de todos: la legitimidad institucional. En una sociedad polarizada, las instituciones corren el riesgo de ser evaluadas no por la calidad de sus decisiones, sino por las consecuencias políticas de estas. Una misma resolución puede ser presentada como una muestra de imparcialidad por unos y como evidencia de sesgo por otros. Esa es la verdadera prueba que enfrentará el Jurado Nacional de Elecciones durante las próximas semanas.

La historia peruana ofrece una advertencia que vale la pena recordar.

La crisis electoral de 1962 no solo estuvo marcada por una controversia sobre los resultados. También estuvo acompañada por un progresivo deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de administrarlos. El problema dejó de ser quién había obtenido más votos y pasó a ser quién tenía legitimidad para arbitrar el conflicto. El desenlace fue una ruptura institucional que interrumpió el proceso democrático.

Más de seis décadas después, el Perú enfrenta circunstancias completamente distintas, pero una preocupación que resulta familiar. Cuando la discusión pública deja de concentrarse en los votos y comienza a concentrarse en la legitimidad de los árbitros, la democracia entra en una zona de riesgo.

La década 2016-2026 también puede leerse como una década de creciente fragilidad institucional. Elecciones extremadamente ajustadas, conflictos permanentes entre poderes del Estado, vacancias presidenciales, un cierre del Congreso, cambios sucesivos de gobierno y una polarización cada vez más intensa han erosionado la confianza pública en las instituciones democráticas.

No se trata de atribuir responsabilidades exclusivas a una persona o a una organización política. Se trata de reconocer que la desconfianza institucional se ha convertido en uno de los principales desafíos de la democracia peruana.

Las crisis de confianza rara vez terminan cuando concluye una elección.

Por ello, el principal desafío del Jurado Nacional de Elecciones no será únicamente resolver correctamente los recursos que lleguen a sus manos. Será preservar la confianza pública mientras los resuelve.

La tercera vuelta no consiste en determinar quién obtuvo más votos. Esa respuesta ya fue dada por millones de ciudadanos en las urnas. La tercera vuelta consiste en lograr que las controversias electorales continúen resolviéndose dentro de las instituciones democráticas y no fuera de ellas.

Las democracias no fracasan porque existan desacuerdos. Los desacuerdos son parte natural de la política. Las democracias fracasan cuando los desacuerdos dejan de resolverse mediante reglas compartidas.

Durante las próximas semanas, el Perú pondrá a prueba no solamente la fortaleza de sus organismos electorales, sino también su capacidad para convivir en medio de profundas diferencias políticas.

La democracia peruana no se fortalecerá porque gane uno u otro candidato. Se fortalecerá si quienes pierdan reconocen la legitimidad de las reglas y si quienes ganen entienden que las instituciones electorales no existen para favorecer a ningún sector político, sino para garantizar que prevalezca la voluntad popular.

La tercera vuelta que hoy comienza será una prueba para el Jurado Nacional de Elecciones. Pero también será una prueba para todos nosotros. Porque después de las elecciones seguiremos compartiendo el mismo país, y ninguna democracia puede prosperar cuando la desconfianza hacia sus instituciones termina siendo más fuerte que la voluntad de convivir bajo reglas comunes.

El Perú trabaja principalmente con sus mayores de 45 y los jóvenes no parecen ser el plan B

Entre el primer trimestre de 2022 y el primero de 2026, el empleo de jóvenes de 14 a 24 años cayó en más de 420 mil personas. En ese mismo período, el grupo de trabajadores de 45 años y más creció en cerca de 870 mil. El grupo intermedio —los de 25 a 44 años— permaneció prácticamente estancado.

Los datos son de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI. Son fríos, precisos y revelan algo que el debate público peruano todavía no ha procesado: el crecimiento del empleo ya no proviene de los jóvenes. Proviene de los trabajadores de mayor edad. La fuerza laboral peruana está envejeciendo, y lo está haciendo en silencio.

El debate sobre las pensiones que llegó tarde y mal planteado

Durante décadas, la discusión sobre el envejecimiento en el Perú giró en torno a un eje único: las pensiones. ¿Cómo financiar la vejez de una población que crece? ¿Sistema público o privado? ¿AFP o ONP? ¿Un modelo multipilar que combine a ambos? El problema es que esa discusión —legítima y necesaria— empezó a librarse cuando el país ya había perdido el momento más favorable para resolverla.

El Censo 2025 y las proyecciones de Naciones Unidas confirman lo que las tendencias ya anticipaban: la fecundidad peruana ha caído por debajo del nivel de reemplazo y la esperanza de vida sigue aumentando. Hacia 2042 aproximadamente, los nacimientos dejarán de compensar las muertes anuales. El país habrá ingresado formalmente en una nueva etapa demográfica.

Seguir discutiendo el envejecimiento únicamente en clave pensionaria es como debatir qué clase de techo necesitamos cuando ya está lloviendo adentro. No se trata de incrementarlas o de universalizarlas sino tenemos claro cómo vamos a financiar una o ambas propuestas. Las pensiones son una parte del problema —y una parte sin resolver—, pero no agotan lo que está ocurriendo. El mercado laboral ya cambió. Las cifras lo muestran. El debate no lo ha seguido.

Dos razones para trabajar —y solo hemos estado viendo a una

Las investigaciones sobre el empleo en adultos mayores peruanos han documentado una realidad persistente: la cobertura insuficiente de salud y pensiones aumenta significativamente la probabilidad de que una persona continúe trabajando después de la edad de jubilación. La interpretación convencional es directa: si siguen trabajando, es porque no pueden darse el lujo de parar.

Esa interpretación es parcialmente correcta, pero no abarca la totalidad del trabajo de los mayores.

Existe, en efecto, un grupo importante que trabaja por necesidad. Son personas sin pensión adecuada, cuyos ingresos de jubilación no alcanzan para sostener un nivel de vida digno. Para ellas, retirarse no es una opción: es una caída.

Pero existe otro grupo que el debate público sistemáticamente ignora. Son profesionales, docentes universitarios, médicos, investigadores, consultores e ingenieros que, pudiendo jubilarse legalmente, eligen no hacerlo. No porque carezcan de ingresos, sino porque todavía tienen algo que la economía necesita: conocimiento acumulado, criterio de largo plazo, capacidad para resolver problemas complejos que no se aprenden en un aula ni se adquieren en pocos años.

Confundir ambos grupos tiene un costo alto. Si asumimos que todo adulto mayor que trabaja es víctima de la pobreza, terminaremos tratando como carga lo que en realidad es un activo. Y si asumimos que todos trabajan por elección, ignoraremos a quienes continúan laborando porque simplemente no tienen otra salida.

La política pública peruana ha cometido, históricamente, ambos errores a la vez.

El desperdicio silencioso

Los sistemas de jubilación conocidos fueron diseñados para economías donde predominaba el trabajo físico. En ese contexto, era razonable suponer que la productividad disminuía con la edad por desgaste acumulado. Esa suposición tenía sentido en los años cincuenta. Pero tiene mucho menos sentido hoy.

La economía peruana es crecientemente intensiva en servicios y conocimiento. En ese tipo de economía, la experiencia no es un lastre: es una ventaja competitiva. La capacidad para leer contextos institucionales complejos, formar nuevas generaciones, anticipar consecuencias de segundo orden o sostener relaciones de largo plazo suele crecer —no disminuir— con los años.

Cuando un sistema pensionario mal diseñado expulsa a profesionales productivos del mercado laboral por razones puramente administrativas —la edad—, no está protegiendo el bienestar social. Está destruyendo valor. El Perú necesitará cada vez más ese capital humano acumulado por encima de los 60 años, y sigue sin construir las condiciones para aprovecharlo.

El nuevo contrato que el Perú no ha discutido

El verdadero desafío no es solo cómo sostener a una población adulta mayor más numerosa. Es cómo rediseñar el vínculo entre trabajo, edad y protección social para que deje de ser una trampa —en cualquiera de sus dos formas: la trampa de quien no puede parar, y la trampa de quien quiere seguir pero el sistema no lo permite.

Eso requiere al menos tres conversaciones que el país aún no está teniendo con la seriedad necesaria: la reforma de los mecanismos de acreditación y reinserción laboral para trabajadores mayores; la flexibilización de los sistemas de retiro para permitir combinaciones entre pensión parcial y trabajo activo; y el reconocimiento explícito, en las políticas de empleo, de que la experiencia es un factor productivo tan legítimo como la juventud.

Las cifras de la EPEN muestran que el cambio ya ocurrió. El trabajador peruano promedio es mayor, y seguirá siéndolo. La pregunta no es si el país envejecerá porque la realidad es que ya está envejeciendo. Lo que resta entonces es si decidiremos convertir ese proceso en un problema de sostenibilidad fiscal, o en una oportunidad de productividad que todavía no hemos aprendido a ver y valorar.

El futuro del empleo en el Perú a partir del Censo 2025: ¿De Jóvenes Productivos a Adultos Mayores Productivos?

Los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 publicados por el INEI deberían ser leídos como algo más que una actualización estadística de la población peruana. En realidad, constituyen una advertencia sobre uno de los cambios más importantes que enfrentará el país durante las próximas décadas.

La población adulta mayor de 60 años y más ya representa el 14,8% de la población nacional. En 2017 representaba el 11,7%. Al mismo tiempo, la población menor de 15 años se redujo de 26,5% a 22,7%, mientras que la edad promedio de los peruanos pasó de 32 a 34,2 años.

La tendencia es clara: el Perú está envejeciendo.

Fuente: Censo 2025 - INEI

Este fenómeno no debería sorprendernos. Durante años los especialistas han advertido que el país se encontraba transitando el final de su bono demográfico. Sin embargo, los resultados del Censo 2025 sugieren que este proceso podría estar ocurriendo incluso más rápido de lo que muchos esperaban.

Recientemente, el economista David Tuesta llamó la atención sobre el riesgo de que el Perú termine "envejeciendo antes de hacerse rico". Su argumento es difícil de cuestionar. A diferencia de países desarrollados que llegaron a ser sociedades envejecidas después de alcanzar altos niveles de productividad y bienestar, el Perú enfrenta esta transición con elevados niveles de informalidad laboral, baja cobertura previsional y una limitada capacidad fiscal para responder a las crecientes demandas de salud y protección social.

Sin embargo, quizás el debate nacional está concentrándose excesivamente en una sola parte del problema.

La discusión pública suele enfocarse en cómo financiar la vejez. En la actual campaña electoral, por ejemplo, mientras que un candidato propuso duplicar el monto otorgado por el programa Pensión 65, la otra parte ha propuesto ampliar la cobertura de Pensión 65 para incorporar progresivamente a la población adulta mayor a un ritmo de 500 mil personas por año hasta convertirla en universal. Sin duda, fortalecer los mecanismos de protección social es una necesidad impostergable. Pero cabe preguntarse si esa respuesta será suficiente.

En un país donde más del 70% de los trabajadores ha vivido buena parte de su trayectoria laboral en condiciones de informalidad, millones de personas llegarán a la vejez sin pensiones suficientes y con una necesidad persistente de generar ingresos. En ese contexto, el problema no es únicamente cómo transferir recursos a los adultos mayores. El problema también consiste en cómo generar oportunidades para quienes todavía pueden y desean seguir participando en la actividad económica.

Esta situación no es nueva.

En 2008 participé en una investigación solicitada por el PEEL del MTPE, sobre las razones por las cuales los adultos mayores continuaban trabajando en el Perú. Uno de los hallazgos más importantes fue que muchos de ellos no seguían activos por decisión personal sino por necesidad económica. Décadas de informalidad laboral terminaban traduciéndose en ausencia de protección previsional y limitadas alternativas de sustento durante la vejez.

La informalidad no solo genera desigualdad durante la vida laboral. También produce vulnerabilidad durante la vejez.

Por ello, el envejecimiento demográfico nos obliga a formular una pregunta distinta.

Durante décadas las políticas de empleo han estado orientadas principalmente hacia los jóvenes. Programas como ProJoven o Jóvenes Productivos buscaban facilitar la inserción laboral de quienes enfrentaban mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Pero el Perú de hoy ya no es el Perú de hace veinte años.

Si la proporción de adultos mayores seguirá aumentando y si la expectativa de vida continúa creciendo, ¿No deberíamos empezar a discutir también una política de Adultos Mayores Productivos?

La pregunta puede parecer provocadora, pero resulta cada vez más pertinente.

No se trata de obligar a trabajar a quienes desean retirarse. Ya están haciéndolo en condiciones de precariedad e informalidad. Tampoco se trata de reemplazar las políticas de protección social. Se trata de reconocer que una parte creciente de la población adulta mayor posee experiencia, conocimientos y capacidades que pueden seguir contribuyendo al desarrollo económico del país.

Un programa de Adultos Mayores Productivos diseñado e implementado por el MTPE, tomando como referencia iniciativas privadas en curso como por ejemplo, Emprende 50+, podría incluir capacitación continua, alfabetización digital, certificación de competencias, intermediación laboral especializada, modalidades de trabajo flexible y mecanismos para facilitar el emprendimiento de personas mayores. 

Más importante aún, permitiría cambiar la forma en que concebimos el envejecimiento.

Durante mucho tiempo hemos asumido que la vida laboral termina a los 65 años y que la vejez es, por definición, una etapa de dependencia económica. Sin embargo, el cambio demográfico que revelan los resultados del Censo 2025 nos obliga a revisar esa premisa.

Quizás el verdadero desafío no sea únicamente cómo sostener económicamente a una población que vive más años.

Quizás el desafío sea cómo construir una sociedad capaz de aprovechar el enorme capital humano acumulado por sus adultos mayores.

Si David Tuesta tiene razón al advertirnos que el Perú corre el riesgo de envejecer antes de hacerse rico, entonces la respuesta no puede limitarse a discutir más pensiones y más gasto social. También debemos preguntarnos cómo convertir una población más longeva en una población más productiva.

Los resultados del Censo 2025 nos están diciendo que el tiempo para iniciar esa conversación ya llegó.