¿Puede el BCRP sobrevivir a Velarde?

Hay preguntas que pueden estar mal formuladas y, sin embargo, esconder una preocupación perfectamente legítima.

Eso ocurrió esta semana en el Senado, durante la presentación de Julio Velarde para su ratificación como presidente del Banco Central de Reserva. El senador Humberto Morales preguntó por la relación entre la inflación de Estados Unidos y la inflación peruana. La pregunta fue rápidamente convertida por algunos medios en una muestra de ignorancia económica.

Creo que se cometió un error.

No porque la pregunta, tomada literalmente, sea técnicamente correcta. La inflación de Estados Unidos no se traslada automáticamente a la inflación peruana. Pero una cosa es corregir una pregunta y otra muy distinta es descalificar la preocupación que existe detrás de ella.

Y esa preocupación es bastante sencilla: ¿Cómo aquello que ocurre en las grandes economías y en los mercados internacionales termina afectando los precios que pagamos los peruanos?

Esa era una oportunidad para explicar.

La economía que llega desde afuera

Un congresista no tiene por qué ser economista. Su obligación es representar a ciudadanos que, en su inmensa mayoría, tampoco lo son. Cuando formula una pregunta sobre algo que afecta sus vidas, corresponde que el especialista explique.

La respuesta podía haber sido muy sencilla.

Si el dólar se fortalece, puede afectar los precios de los productos que importamos. Si aumenta el precio internacional del petróleo, puede subir el costo de los combustibles, del transporte y de muchas actividades productivas. Si cambian las condiciones financieras internacionales, también pueden producirse movimientos en el tipo de cambio y en los flujos de capital.

En otras palabras, lo que ocurre fuera del Perú puede terminar afectando la economía peruana por distintos canales. No estamos hablando de una ocurrencia.

El propio Banco Central estudia estos mecanismos. Sus investigaciones analizan precisamente cómo los shocks externos, los movimientos del tipo de cambio y los cambios en los precios internacionales pueden transmitirse a la inflación peruana.

Por eso, aunque la pregunta de Morales pudo ser técnicamente imprecisa, la preocupación que contenía no lo era.

La pregunta no debía ser simplemente si “la inflación de Estados Unidos causa la inflación peruana”. La pregunta relevante era otra:

¿Hasta qué punto los acontecimientos económicos y políticos que ocurren fuera del Perú terminan afectando los precios que pagamos dentro del Perú?

Y esa pregunta tiene una respuesta económica.

La respuesta que se perdió

Velarde podría haber dicho:

"No exactamente. La inflación de Estados Unidos no se traslada automáticamente a la inflación peruana. Pero existen mecanismos por los cuales un shock externo puede afectarnos: el tipo de cambio, los precios internacionales, las condiciones financieras y otros factores. Precisamente por eso el Banco Central estudia estos fenómenos."

Con eso habría cerrado la discusión y, de paso, habría explicado economía a millones de peruanos.

En cambio, la conversación terminó concentrándose en si el senador sabía o no sabía economía.

Y ese es un debate bastante menos importante.

Porque si cada vez que un político formula una pregunta técnicamente imperfecta respondemos descalificando su desconocimiento, terminamos olvidando algo elemental: preguntar también es una forma de representar a quienes no tienen conocimientos especializados.

El ciudadano común no tiene porqué saber qué es un shock externo, cómo funciona el pass-through cambiario o qué diferencia existe entre inflación subyacente e inflación total. Pero lo que sí sabe es que cuando sube el dólar, cuando aumenta el petróleo o cuando ocurre una crisis internacional, algo puede terminar cambiando en los precios de los productos que consume diariamente.

La tarea de una institución como el BCR no es burlarse de esa intuición. Es explicar cuánto de ella es correcto y cuánto no.

El problema no es Velarde

Defender la legitimidad de la pregunta de Morales no significa desconocer los méritos de Julio Velarde.

Todo lo contrario.

Velarde representa para muchos peruanos algo que tiene un enorme valor: la defensa de la autonomía del Banco Central frente al poder político. En un país donde las instituciones han sufrido tantas veces la presión de los gobiernos de turno, esa independencia merece ser protegida.

Pero hay que tener cuidado con convertir una virtud institucional en una dependencia personal.

Velarde no es el BCR.

El Banco Central es una institución y debe ser capaz de sobrevivir a sus presidentes, incluso a aquellos que han tenido un desempeño extraordinario.

Hace años que Velarde ocupa un lugar central en la historia económica reciente del país. Es comprensible que su nombre esté asociado a la estabilidad monetaria. Lo que no debería ocurrir es que terminemos creyendo que la estabilidad depende de que una determinada persona permanezca indefinidamente en el cargo.

Eso sería exactamente lo contrario de lo que significa construir instituciones.

El Banco Central no necesita monarcas

Hay una paradoja en todo esto.

El principal legado de Velarde debería ser precisamente haber contribuido a fortalecer una institución que no dependa de una persona. Sin embargo, la narrativa construida alrededor de su figura parece haber producido, por momentos, el efecto contrario: como si la estabilidad monetaria del Perú necesitara necesariamente de su permanencia.

Una institución republicana no puede depender de monarcas.

Y aquí conviene recordar algo que el propio Velarde ha señalado. Al referirse a su eventual sucesión, ha mencionado que dentro del Banco Central existen dos personas que podrían asumir la presidencia sin poner en riesgo la autonomía y la continuidad de la institución. La primera es Adrián Armas economista jefe y la segunda es Paul Castillo actual gerente general del cambio. Y la terna puede completarse con Álex Contreras, ex ministro de economía, también con trayectoria dentro del BCR. Es un reconocimiento importante, porque demuestra que la fortaleza del BCR no está concentrada en una sola persona.

Entonces, ¿Por qué deberíamos pensar que el relevo de Velarde constituye una amenaza para la estabilidad monetaria? Velarde puede haber sido un excelente presidente del BCR. Puede incluso haber sido uno de los mejores que ha tenido el país. Pero eso no lo convierte en indispensable.

El Banco Central cuenta con profesionales y economistas de larga trayectoria capaces de asumir responsabilidades de primer nivel. El relevo generacional no debería ser visto como una amenaza, sino como una prueba de que la institución funciona.

Una institución fuerte no es aquella que encuentra al hombre indispensable. Es aquella que puede reemplazarlo sin perder su rumbo.

Y quizá ahí está la verdadera medida del legado de Velarde: no que el Perú necesite a Velarde para mantener la estabilidad monetaria, sino que el BCR sea suficientemente sólido como para que Velarde pueda irse algún día y la estabilidad permanezca.

Una pregunta incómoda merece una respuesta

Hay, finalmente, una cuestión que va más allá de Morales y de Velarde.

En una democracia, las autoridades técnicas también tienen una responsabilidad frente a quienes ejercen representación política. El hecho de que una pregunta provenga de un congresista no la convierte automáticamente en una buena pregunta. Pero tampoco la convierte en una pregunta indigna de ser respondida.

Morales fue elegido por ciudadanos. Puede equivocarse. Puede formular mal una pregunta. Puede incluso desconocer aspectos técnicos de aquello que está preguntando.

Pero precisamente para eso existen las instituciones especializadas.

Un presidente del Banco Central tiene algo que un senador probablemente no tiene: la capacidad técnica para tomar una pregunta sencilla y convertirla en una explicación que ayude a entender cómo funciona la economía. Esa oportunidad se perdió.

Y quizá habría sido mucho más útil para el país escuchar una breve lección sobre cómo los shocks internacionales llegan a nuestra economía que una discusión sobre quién sabe más de economía.

Porque detrás de la pregunta de un senador hay, finalmente, una pregunta que millones de peruanos podrían hacerse:

¿Por qué lo que ocurre al otro lado del mundo termina afectando lo que pago aquí?

Esa pregunta puede ser imperfecta. Pero no es ignorante.

Merece una respuesta.

¿Quién tendrá la llave del presupuesto 2027?

El viernes 28 de agosto, dentro del plazo constitucional, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley dePresupuesto del Sector Público para 2027, junto con las leyes de Endeudamientoy de Equilibrio Financiero. El titular es sencillo: el presupuesto crece poco, un 3,5%, de S/257.562 millones a S/266.506 millones. Aparentemente, este dato dice poco.

La pregunta políticamente relevante no es cuánto crece el presupuesto, sino quién queda con capacidad para decidir sobre ese crecimiento. Y allí aparece una historia bastante distinta: mientras se incrementan fuertemente algunas partidas de inversión y gasto visible, una parte extraordinariamente grande del aumento queda concentrada en la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

1.     La reserva y el poder

De los S/8.945 millones adicionales del presupuesto, S/6.917 millones —el 77% del incremento total— corresponden a Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, que pasa de S/30.080 millones a S/36.997 millones, un aumento de 23%. Es dinero adicional que se quedará con el administrador de la caja.

El contraste es revelador. La función Educación prácticamente permanece estancada (+0,7%); Salud cae 2,1%; Orden Público y Seguridad cae 3,3%; Saneamiento disminuye 30,1% y Vivienda 32%. En cambio, Transporte aumenta 16,5%, Defensa 25,3%, Protección Social 16,9% y Justicia 10,2%.

Hay, por tanto, dos presupuestos dentro del mismo presupuesto: uno que asigna recursos a destinos relativamente identificables y otro que concentra recursos cuya utilización se decidirá posteriormente.

Pero hay una disociación entre el discurso oficial de la prioridad ("seguridad") y el destino real del gasto —Defensa crece con fuerza, Orden Público y Seguridad cae. Quien defina en qué se traduce ese 25.3% adicional —modernización de equipamiento, despliegue territorial, u otra prioridad en la función Defensa— será, de facto, quien termine narrando qué significó para el país "priorizar la seguridad" en 2027.

Esto importa especialmente porque el presupuesto 2027 será negociado por primera vez bajo un Congreso bicameral y fragmentado. El clásico estudio de Carranza, Chávez y Valderrama sobre la economía políticadel presupuesto peruano describía ya la utilización de la asignación presupuestal como instrumento de negociación entre el poder Ejecutivo y el Congreso. El escenario de negociación del presupuesto 2027 agrega una dificultad: ahora esa negociación ocurre en dos cámaras.

La pregunta es qué parte de la torta llega a esa negociación ya repartida y qué parte permanece bajo control del Ejecutivo.

2.     El antecedente de agosto

Aquí es donde el proyecto de presupuesto deja de ser solamente una proyección y encuentra un antecedente concreto. El 5 de agosto, mediante el Decreto Supremo N.° 155-2026-EF, el Gobierno transfirió S/2.532 millones desde recursos no comprometidos de diversas entidades hacia la Reserva de Contingencia del MEF. El argumento fue financiar prioritariamente intervenciones vinculadas con el Fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

Casi todo el dinero provino del Gobierno Nacional. Entre los principales aportantes estuvieron Transportes y Comunicaciones (S/371,6 millones), Salud (S/291,6 millones), Educación (S/254,2 millones), Desarrollo Agrario y Riego (S/183,5 millones), Vivienda (S/152,7 millones) y Defensa (S/125,4 millones).

El mecanismo es importante por una razón que va más allá de ese decreto: demuestra que la Reserva de Contingencia no es simplemente una cifra que aparece en la Ley de Presupuesto. Es también un instrumento que el Ejecutivo puede alimentar durante el ejercicio mediante transferencias presupuestarias.

Y hay una coincidencia particularmente llamativa: Transportes fue el pliego que más recursos aportó al barrido de agosto y, al mismo tiempo, Transporte es una de las funciones que más crece en el proyecto 2027, con S/3.689 millones adicionales.

No necesariamente significa que se trate literalmente de los mismos soles. Pero sí muestra algo más importante: el Ejecutivo puede retirar capacidad de gasto de las entidades durante el año y luego volver a asignarla desde el centro, modificando quién decide sobre esos recursos.

3.     ¿Quién hará las obras? Más GOLEs y menos GOREs

El cambio tampoco es neutral territorialmente. Los gobiernos regionales pasan de manejar S/59.461 millones en 2026 a S/58.672 millones el 2027: una reducción de 1,3%. Pero el dato más significativo está dentro de esa cifra: su gasto de capital cae 17,4%, equivalente a S/2.622 millones menos para inversión.

Los gobiernos locales, en contraparte, aumentan su presupuesto de S/35.796 millones a S/41.222 millones. Su gasto de capital crece 23,8%, unos S/3.543 millones adicionales.

No estamos, entonces, ante un simple aumento o disminución del gasto subnacional. Hay una redistribución de la capacidad de inversión: menos margen para los gobiernos regionales y bastante más para los municipios. Y esto ocurre precisamente cuando las autoridades que serán elegidas el 4 de octubre asumirán la gestión de sus comunas en enero de 2027. El presupuesto, por tanto, no solo distribuye dinero. También distribuye capacidad política para hacer obras y atribuirse resultados.

4.     Ni impuestos ni deuda, es el canon

Hay otro dato que merece atención. El presupuesto no está creciendo porque el Gobierno haya abierto significativamente el espacio fiscal mediante mayor endeudamiento o una recuperación importante de los ingresos tributarios.

Los Recursos Ordinarios caen 2%, mientras los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito disminuyen 23,4%. El gran salto está en los Recursos Determinados, que aumentan 25,6%, de S/44.856 millones a S/56.348 millones.

Es decir, una parte importante del crecimiento descansa en recursos vinculados al canon, regalías y otras fuentes determinadas, cuya evolución depende en buena medida del comportamiento de los precios de los commodities y de las reglas de distribución existentes. El presupuesto crece, sí. Pero no estamos ante una expansión equivalente de la capacidad fiscal discrecional del Estado.

5.     Entonces, ¿Qué se está negociando?

Esta es, finalmente, la cuestión que debería importar en la discusión parlamentaria del presupuesto. Por un lado, hay recursos visibles y territorialmente atribuibles: más inversión municipal, más Transporte, más Defensa y más Justicia. Son partidas que pueden convertirse en obras, proyectos, infraestructura o resultados políticamente identificables. Por otro, hay una concentración extraordinaria en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia: S/6.917 millones, equivalentes al 77% de todo el incremento presupuestal.

Eso cambia la naturaleza de la negociación. El presupuesto 2027 no solo está diciendo cuánto gastará el Estado. Está diciendo cuánto se repartirá por adelantado y cuánto quedará pendiente de decisión. En un año de elecciones regionales y municipales y con un Congreso bicameral sin mayoría propia, esa diferencia importa.

Porque el poder no está únicamente en decidir cuánto dinero hay. Está también en decidir quién puede decidir sobre él después.

Nadie tiene la culpa

El gobernador de Loreto no tiene la culpa. Él no jaló ninguna soga. Él sólo quebró la pequeña vasija que colgaba de una cinta el 3 de agosto, frente a un colegio nuevo de 38 millones de soles, con la conciencia tranquila de quien entrega una obra a tiempo para el calendario que importa: ha anunciado su candidatura a la vicegobernación en la misma fórmula que lo sucede —"Loreto merece seguir su desarrollo", dice el lema—, y una inauguración puntual siempre luce mejor en el calendario político que una liquidación bien cerrada. La foto ya se tomó.

El sistema de seguimiento de inversiones públicas del Estado tampoco tiene la culpa. Durante ocho meses, entre octubre de 2025 y mayo de 2026, dejó constancia de que la obra estaba atrasada. Pero durante ese periodo no encontró ningún riesgo que reportar. Las dos cosas convivieron tranquilamente en el mismo sistema, como si una no tuviera nada que ver con la otra. Y siete días después de la ceremonia del 3 de agosto, el propio reporte del MEF seguía marcando "Gestión del Proyecto: 0%" y "Liquidación: 0%". El Estado sabía que la obra estaba atrasada, y sabía que ni siquiera se había cerrado administrativamente; lo escribió, mes tras mes. Pero nadie pareció preguntarse qué significaba ese atraso ni qué podía estar quedando pendiente.

El Gerente Regional de Infraestructura tampoco tiene la culpa. Su firma aparece en los documentos que correspondía aprobar y, aparentemente, dentro de las facultades que tenía. No decidió que los alumnos demolieran una pared. Pero justamente por eso hay que mirar los documentos que dejó la obra: quién debía retirar la infraestructura antigua, quién debía verificar que todo estuviera terminado y quién quedó finalmente responsable de lo que no se hizo. Porque una obra puede estar formalmente terminada y, sin embargo, dejar un problema sin dueño.

La empresa constructora no tiene la culpa. Construyó dos cisternas nuevas y un tanque elevado nuevo, tal como decía el expediente técnico, letra por letra. Tenía, además, un especialista en seguridad en obra con el 100% de su tiempo dedicado a la obra —a su obra, la nueva—. Que esas estructuras viejas —el tanque y la pared que quedaron de la infraestructura anterior— no aparecieran en ninguna partida del contrato no sería un incumplimiento: sería, literalmente, lo que dice el papel. No se puede incumplir una tarea que nadie encargó. Pero precisamente por eso hay que revisar el contrato, los TDR, el expediente técnico y el acta de recepción: para saber si efectivamente nadie la encargó, si estaba prevista en otra partida o si alguien dejó de cumplir una obligación que sí estaba contemplada. Esa diferencia no es un detalle: puede ser la diferencia entre una tragedia sin responsable aparente y una cadena de responsabilidades perfectamente identificable.

El director del colegio no tiene la culpa. A él le entregaron un colegio flamante y, pegado a la entrega, un tanque de agua y una pared, ambos de la infraestructura vieja, que alguien tenía que sacar de en medio, aparentemente sin presupuesto ni maquinaria y sin que nadie se lo pusiera por escrito en ningún documento. Alguien tenía que resolverlo. Él resolvió lo que tenía a mano: alumnos de cuarto y quinto. Si esa fue efectivamente la secuencia, habrá que preguntar quién le trasladó esa tarea, con qué autorización, con qué recursos y bajo qué medidas de seguridad. Porque recibir una obra no debería significar recibir también las obligaciones que quedaron sin resolver durante su ejecución.

El profesor no tiene la culpa. Él no inventó una práctica en la que la nota podía convertirse en incentivo para que los alumnos hicieran trabajos peligrosos; probablemente ya la vio antes de que él llegara. Y cuando el tanque resistió la primera vez que le jalaron la soga, eso no fue una advertencia: fue, para cualquiera que lo viera, la prueba de que no pasaba nada. Esa misma certeza —que tirar de una estructura vieja con una soga o una comba era un trabajo escolar más, no un peligro— fue la que llevó a los chicos hasta la pared que sí cedió. Pero también aquí corresponde preguntar: ¿Quién dispuso la actividad?, ¿Qué instrucciones recibió el docente?, ¿Qué medidas de seguridad existían?, ¿Y por qué una actividad de demolición terminó vinculada a una calificación escolar?

El padre de Taylor no tiene la culpa. Cuestionó las faenas de su hijo sin llegar a prohibírselas, que es, en su mundo, la forma en que un padre educa sin ahogar. Y cuando su hijo, de vuelta del colegio, le pidió una comba, la alquiló y se la dio —como se la habría dado un padre a un hijo de dieciocho años que ya trabaja, que ya aporta, que ya casi es un hombre—. No sabía que aquella herramienta terminaría siendo parte de la escena de su muerte. Y tampoco parece razonable convertirlo en el responsable de una decisión que, dentro de su mundo, podía parecer simplemente una forma más de ayudar a su hijo a terminar el colegio.

Y Taylor —aquí la ironía se detiene, porque no hay nada gracioso que decir— Taylor tampoco tiene la culpa. Tenía dieciocho años, cursaba el quinto de secundaria con el atraso que comparte con uno de cada seis alumnos de su región, y quería terminar el colegio para postular a la Marina de Guerra. Le pidió la comba a su padre porque quería resolver rápido lo que el profesor le pedía y volver a lo suyo: salir de la necesidad. Murió haciendo lo que un hijo, un alumno y un joven que quiere salir adelante suele hacer: cumplir lo que le piden los adultos en quienes confía.

Así que ahí está: el gobernador, el sistema, el gerente, la empresa, el director, el profesor, el padre y el propio Taylor, cada uno con una razón que puede resistir el interrogatorio. Ocho explicaciones, ocho decisiones que pueden parecer razonables por separado. Y, sin embargo, hay un fiscal que ya formalizó cuatro delitos contra dos personas, un padre que enterró a su hijo entre una multitud y una ciudad que además está en pie de lucha en la calle por el precio de la gasolina.

Puede que la pregunta esté mal planteada. Puede que "quién tiene la culpa" sea la pregunta de un sistema que solo sabe mirar hacia atrás, buscando a quién sancionar, en vez de mirar hacia adelante y preguntarse qué eslabón hay que rediseñar para que la próxima cadena de decisiones razonables no vuelva a terminar sobre un adolescente. Pero mirar hacia adelante no significa renunciar a mirar hacia atrás: significa reconstruir la cadena completa para saber dónde estuvo la responsabilidad de cada uno. El contrato, el expediente técnico, los TDR, las actas de supervisión y recepción, los reportes del MEF y las decisiones tomadas en el colegio tienen que decir qué ocurrió y quién debía hacer qué.

Porque si una tragedia puede producirse cuando cada decisión parece razonable por separado, entonces el problema no estaba únicamente en una persona. Estaba también en el espacio vacío entre una firma y la siguiente: ese espacio que nadie diseñó, que por eso nadie corrige y que seguirá ahí, esperando la próxima pared, el próximo colegio, el próximo Taylor.

Trabajo infantil: el costo de mirar hacia otro lado

A Taylor lo despidió una multitud. Tenía 18 años y todavía terminaba la secundaria en un colegio de Iquitos, donde murió ayudando —con otros alumnos— a derribar una pared del plantel por la nota de un curso. Lo enterraron mientras la ciudad, en las calles, protestaba porque el subsidio al combustible ofrecido por el gobierno no fuera focalizado sino universal. Duelo y protesta parecen dos noticias distintas, pero nacen de lo mismo: una economía masivamente informal donde trabaja toda la familia —adultos y menores— y un Estado que solo aparece para prohibir en el papel o inscribir beneficiarios en una plataforma.

El primer impulso ha sido buscar un culpable —el profesor o el director— o hablar de una falla de seguridad, como si el problema hubiera sido la falta de un casco o un guante. Ambas lecturas empequeñecen el caso. El propio padre, que culpa al docente, admitió que su hijo ya venía trabajando en otras faenas y que él lo había advertido, aunque no le había prohibido seguir haciéndolo: no hubo confrontación con la escuela, hubo tolerancia. Taylor es el símbolo de un extremo: el del trabajo infantil peligroso, una costumbre más que un escándalo. Para saber cómo actuar es necesario definir bien el problema.

De dónde viene

Que los niños trabajen no nace de padres desnaturalizados, sino de una norma muy enraizada en nuestra sociedad: trabajar es sinónimo de formación para la vida. La OIT lo documenta —se asocia con la responsabilidad hacia la familia—, y muchos padres no necesariamente aspiran a que sus hijos vayan a la universidad, sino que aprendan a trabajar. En 2012, cuando visitaba la zona de influencia del proyecto Semilla, una docente de un pueblo cafetalero me contó con orgullo que en época de cosecha, todo el pueblo se paralizaba. El colegio cerraba y los niños bajaban a los campos a recoger el valioso cerezo del café para pagarse con ese jornal el uniforme. El Estado prohíbe desde Lima; la familia y la comunidad valoran; y el Estado está más ausente donde la práctica es más fuerte.

Qué tan novedoso es

No es nuevo: es un problema estructural y cíclico. Con la pandemia y las escuelas cerradas, la tasa de trabajo infantil nacional saltó al 32.1% en 2020, y aunque luego bajó, seis departamentos siguen sobre sus niveles previos. La estrategia nacional (ENPETI) venció en 2021 y dejó cinco años sin marco con presupuesto propio. Tratar cada tragedia como novedad es parte de por qué persiste.

Qué tan grave es

Lo que está en juego es doble. Primero, la vida: que los niños que empiezan trabajando en la chacra pasen luego, en su adolescencia, a fumigar con agroquímicos, limpiar a machete o demoler, no son "apoyo"; son trabajos peligrosos que la ley prohíbe para menores y que el Convenio 182 de la OIT llama las peores formas de trabajo infantil. Taylor y su amigo, ambos mayores de edad y aún en el colegio, son también expresión de una escolaridad retrasada por el trabajo. En Loreto —cuya capital es Iquitos— el atraso escolar en quinto de secundaria llegó al 17.5% en 2025, el más alto del país, y a contracorriente del resto subió tras la pandemia. Taylor era la regla, no la excepción. Ese atraso anticipa a qué empleos quedan expuestos: cuanto antes entran al mercado, los únicos que están a su alcance —moto, carga, machete, agroquímico, construcción— son los más peligrosos. Y el jornal que compra el uniforme exige sacrificar el estudio, una de las pocas salidas reales de la pobreza..

Qué tan extendido está

Mucho, y más de lo que dicen las cifras: al cierre de 2025, el 21.9% de los peruanos de 5 a 17 años —1.8 millones— trabajaba, con una brecha enorme entre el 14% urbano y el 51.5% rural. Y como las faenas escolares y el ‘apoyo’ en la chacra no se perciben como trabajo, no se declaran. Lo que no se nombra no se cuenta.

En Lima, nos gusta imaginarlo lejos, en la escuelita rural. Pero el caso del colegio de Taylor desconcierta: urbano, enorme —más de 700 alumnos según la web de Escale-MINEDU—, de turno tarde, con la matrícula cayendo de 235 en primero a 79 en quinto. Si el trabajo infantil se esconde ahí, el 14% urbano subestima bastante. Y el contexto lo acerca más: Iquitos protesta por el combustible porque casi todos viven de una ‘motokar’, la misma economía informal donde los hijos empiezan a trabajar temprano. Duelo y protesta son dos caras de lo mismo.

Qué se puede hacer

El Gobierno acaba de aprobar un Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil, pero su antecesora (ENPETI) murió por falta de presupuesto y por la tolerancia social; sin recursos, este corre igual suerte. Hacen falta tres cosas. En primer lugar, es preciso contar con instrumentos que cambien la ecuación familiar: transferencias condicionadas, mejores retornos de la educación y apoyo a quienes, como Taylor, luchan por terminar la educación básica a pesar de la extraedad. Segundo, se necesita fiscalización de la lista de trabajos peligrosos —agroquímico, machete, demolición—, no para hacerlos más seguros para un menor, sino para sacarlo de ellos: no es un problema de seguridad y salud en el trabajo, es que ese trabajo no debería existir para él. Tercero, se requiere trabajar sobre la norma: no moralizar a los padres, sino ampliar sus expectativas para que la formación para la vida incluya la escuela en vez de competir con ella.

Una lección que deja la coyuntura es que, si el Estado está dispuesto a montar en semanas una plataforma para subsidiar a decenas de miles de conductores de motokar, la ausencia de iniciativa frente al trabajo infantil no es una fatalidad: es una elección.

Si Iquitos despidió a Taylor con una multitud, aunque no era una figura pública, quizá fue porque su historia resultaba demasiado familiar: trabajar, con paga o sin ella, poner en riesgo la vida y, al mismo tiempo, intentar terminar el colegio. La ciudad no solo enterró a un joven; se reconoció en una realidad que alcanza a muchos hogares. Por eso su muerte debería ser más que una tragedia y más que un accidente laboral: debería obligarnos a preguntarnos cuánto trabajo infantil estamos dispuestos a tolerar antes de considerarlo un problema de Estado. Si podemos movilizar recursos y construir plataformas en semanas para atender una emergencia económica, también podemos hacerlo para que un niño que necesita apoyo no tenga que ganarse un uniforme o su nota arriesgando la vida. Taylor no debería ser otro nombre que recordemos después de una tragedia.

Debería ser el momento en que dejemos de llamar “apoyo” a aquello que la ley llama trabajo infantil peligroso. 

El costo de definir mal un problema

Cómo una ley que busca proteger el sábado podría terminar encareciendo el acceso al empleo

¿Puede una ley pensada para proteger a un grupo terminar perjudicándolo? Puede, y no por mala intención, sino por mal diseño. Es lo que, opino, ocurre con la norma que establece el sábado como día no laborable compensable a favor de los trabajadores cuyas creencias los llevan a guardar ese día, y que el Poder Ejecutivo observó el 20 de agosto.

Lo digo como uno de los aproximadamente 440 mil miembros de la Iglesia Adventista que cree que el derecho a guardar el sábado debe ser respetado; por eso mismo hago esta reflexión desde dentro y sin personalizarla. Fue lo primero que saltó a la vista al discutirlo entre hermanos: una norma pensada para blindar el empleo de quienes ya lo tienen podría, en la práctica, encarecer la empleabilidad de los jóvenes adventistas que aún buscan el suyo.

Primero, definir bien el problema

En el curso de política económica que dicto en la UNI insisto en una idea que casi nunca se respeta: el punto de partida de toda política pública no es el fenómeno que se quiere combatir, sino cómo se define su origen. De esa definición depende la solución. Un mismo hecho —un trabajador presionado a laborar el sábado— admite lecturas distintas: ¿Se trata de un vacío legal que exige una ley nueva, o es más bien un problema de aplicación de normas que ya existen? Definir mal el problema garantiza una mala solución, por más buena voluntad que se ponga.

Aquí está la primera falla. El problema que esta ley pretende resolver —que un adventista sea obligado a trabajar el sábado— ya tiene protección en el Perú desde hace más de veinte años. En 2002, el Tribunal Constitucional resolvió el caso Lucio Valentín Rosado Adanaqué (STC 0895-2001-AA/TC): un médico adventista de EsSalud a quien el hospital, tras años de respetarle el sábado, empezó a programarle turnos ese día. El Tribunal amparó su derecho por la vía de la objeción de conciencia, sin ninguna ley especial. Y era un caso difícil —empleado antiguo, empleador estatal, servicio esencial—; aun así, la acomodación resultó exigible.

Si el problema que el proyecto de ley 4610/2022-CR buscaba resolver, se hubiera definido con precisión, se habría advertido que la protección ya existía —en la Constitución, en la Ley de Libertad Religiosa y en la jurisprudencia— y que faltaba, si algo, mejorar su aplicación, no crear una norma paralela. Por no hacerlo se cayó en el defecto que el Ejecutivo señala: sobrelegislación, una ley que se superpone a lo ya vigente y añade dispersión en lugar de claridad. El error de método terminó produciendo el error jurídico.

Segundo, el trámite desplazó el costo

Hay un problema adicional, y proviene del propio Congreso. El debate parlamentario introdujo un cambio que, a primera vista parece algo menor, pero en verdad altera todo: la disposición que exige acreditar la confesión al inicio de la relación laboral. La defensa pública de la ley se resume en una idea noble —la fe no debería costarle a nadie su puesto de trabajo—, y es imposible no estar de acuerdo con esta declaración. Pero esa frase alude a un empleo que la persona ya tiene, y el texto observado no protege la permanencia: interviene en el ingreso. Y ahí, en vez de proteger, encarece: obliga al postulante a revelar su religión cuando aún compite por el empleo. Contra un despido hay derecho que invocar; contra una no contratación no hay nada, salvo un "elegimos a otro candidato" que nunca se explica.

Y esto no es especulación. Los estudios de correspondencia —currículos idénticos que solo difieren en la religión declarada— muestran el efecto: un experimento en el sur de Estados Unidos halló que quienes revelaban una identidad religiosa recibían alrededor de 26% menos respuestas de los empleadores. Ante ese riesgo, a una minoría le conviene ocultar su afiliación; una norma que obliga a exhibirla al inicio del vínculo empuja justo en la dirección que la perjudica. Los más expuestos son los jóvenes adventistas que buscan su primer empleo: sin trayectoria que compense la señal religiosa, son quienes más fácilmente quedarían fuera.

Tercero, la acomodación razonable ya funciona

La mejor prueba de que no hacía falta una ley rígida la ofrece la propia iglesia. En sus establecimientos de salud, los sábados no hay consultorios regulares, pero sí un equipo mínimo de emergencia con médicos, enfermeras e incluso cajeros. Y no solo allí: en los edificios de la iglesia hay vigilantes que cumplen turno el sábado. Son labores de necesidad y cuidado —la vida y la seguridad de las personas— que la propia observancia admite, y a nadie se le ocurre cuestionar a esos hermanos ni sancionarlos. La comunidad ya acepta, en la práctica, que un mínimo de cobertura es razonable. Eso es la acomodación razonable que el reglamento vigente de la Ley de Libertad Religiosa ya ordena: armonizar el día de reposo con la jornada, sin absolutismos y sin obligar a nadie a declarar su fe para conseguir empleo.

La intención de proteger el sábado es legítima; la pregunta es si se eligió el mejor instrumento. Y hay un agravante: buena parte de quienes hoy defienden la norma apoyan la idea noble del eslogan, no el texto que se aprobó, porque nunca se hizo evidente la diferencia. Ni la iglesia ni sus miembros trabajadores fueron consultados sobre ese cambio.

Conversemos, entonces, sobre qué mecanismos pueden defender mejor a los miles de jóvenes adventistas que quieren trabajar sin riesgo de discriminación. La respuesta empieza por donde debió empezar todo: definiendo bien el problema. Y si lo definimos bien, veremos que el camino no es una ley que expone al trabajador antes de contratarlo, sino fortalecer la acomodación razonable que la propia comunidad ya practica cada sábado.