Cien días de pragmatismo económico

Los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori permiten identificar una orientación económica que combina pragmatismo fiscal, búsqueda de inversión privada y decisiones destinadas a dinamizar algunos mercados. Sin embargo, todavía es temprano para hablar de una estrategia de desarrollo. Las medidas adoptadas muestran prioridades y señales, pero también dejan preguntas sobre su consistencia y sus efectos de mediano plazo.

El contexto internacional ofrece oportunidades. Los precios de los minerales y el dinamismo de las exportaciones han favorecido los ingresos fiscales, mientras que la inversión privada podría encontrar nuevos espacios de expansión. Pero el país sigue enfrentando problemas estructurales: baja productividad, informalidad laboral, limitada diversificación productiva, inseguridad y brechas de infraestructura y servicios públicos.

El desafío del Gobierno no consiste solamente en recuperar el crecimiento, sino en conseguir que este se traduzca en mejores empleos, mayores ingresos y una economía menos vulnerable a los ciclos externos. Para ello, el pragmatismo debe convertirse en una política económica coherente.

1. La motosierra quedó guardada

Una de las primeras señales del nuevo Gobierno ha sido el abandono de la retórica de ajuste drástico del gasto público. La propuesta presupuestal y las decisiones fiscales muestran una orientación distinta: utilizar mayores recursos para atender demandas y ampliar el margen de acción del Estado.

El proyecto de presupuesto público para 2027 asciende a S/ 266.506 millones, 3,5% más que el presupuesto inicial de 2026. De ese monto, S/ 196.421 millones provendrían de ingresos tributarios, mientras que el endeudamiento previsto alcanza los S/ 24.436 millones. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha planteado elevar el déficit fiscal permitido para 2027 de 1,4% a 2,4% del PBI, lo que abriría un espacio adicional de gasto estimado en alrededor de S/ 18.000 millones.

La decisión supone postergar la convergencia fiscal: la meta de déficit de 1% del PBI, que anteriormente se proyectaba para 2028, se trasladaría a 2031. El argumento del Gobierno es que existe espacio para responder a las necesidades del país sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

No se trata necesariamente de una decisión equivocada. En determinadas circunstancias, una política fiscal menos restrictiva puede contribuir a sostener la actividad económica, especialmente cuando existen brechas de infraestructura y necesidades sociales acumuladas. El problema aparece cuando la expansión del gasto no está acompañada de mejoras en su calidad y ejecución.

La pregunta, por tanto, no es únicamente cuánto se gasta, sino en qué se gasta y qué resultados produce. Un mayor déficit puede ser defendible si financia inversión pública productiva, infraestructura y servicios que eleven la capacidad de crecimiento. Resulta mucho menos convincente si termina financiando gasto corriente permanente, compromisos de difícil reversión o decisiones de corto plazo.

2. Gastar más exige recaudar mejor

La situación fiscal presenta una paradoja. Por un lado, los ingresos públicos han mostrado un desempeño favorable. Al cierre de septiembre de 2026, los ingresos corrientes del Gobierno General crecieron 13,7% real en el acumulado enero-septiembre. En ese mismo periodo, la recaudación del impuesto a la renta aumentó 15,4% real y la del IGV, 9,8%. Además, el déficit fiscal acumulado de los últimos doce meses se situó en 0,9% del PBI, por debajo del límite previsto para 2026.

Sin embargo, parte importante de esta mejora responde al dinamismo de la actividad económica y a los elevados precios de los minerales. Es decir, no necesariamente refleja una transformación estructural de la capacidad recaudatoria del Estado.

Hay otro dato que merece atención: mientras el gasto corriente aumentó 8,5% real entre enero y septiembre, el gasto de capital se contrajo 9%. Esta diferencia resulta especialmente relevante cuando el Gobierno justifica una mayor flexibilidad fiscal por la necesidad de impulsar la inversión y cerrar brechas de infraestructura.

El país necesita recaudar más, pero también gastar mejor. La ampliación del déficit no debería convertirse en una licencia para postergar indefinidamente la reforma tributaria, la ampliación de la base de contribuyentes y la reducción de la evasión y la elusión. Tampoco debería desplazar la inversión pública, cuya ejecución es fundamental para complementar la inversión privada.

La sostenibilidad fiscal no depende solamente de cumplir una meta numérica. Depende de que el Estado tenga capacidad para generar ingresos permanentes y utilizar los recursos con eficiencia. Si el crecimiento de la recaudación depende demasiado de los precios internacionales, el margen fiscal puede reducirse rápidamente cuando cambie el ciclo externo.

3. La inversión necesita algo más que incentivos

La inversión privada es indispensable para recuperar el crecimiento, generar empleo y ampliar la capacidad productiva. Pero no basta con ofrecer incentivos, simplificar procedimientos o transmitir confianza a los empresarios. También se necesita un entorno en el que las empresas compitan, innoven y encuentren razones para elevar su productividad.

En este terreno, la competencia debe ocupar un lugar más visible en la política económica. El papel de Indecopi es fundamental: no solo como autoridad encargada de sancionar prácticas anticompetitivas y eliminar barreras burocráticas, sino como institución que debe contribuir a que nuevos actores puedan ingresar a los mercados, que los consumidores tengan alternativas y que las empresas encuentren incentivos para innovar.

Durante estos primeros cien días, el Gobierno designó a Milagros Maraví Sumar como presidenta del Consejo Directivo de Indecopi. La nueva titular anunció una gestión orientada a la transparencia, el enfoque ciudadano y el fortalecimiento de los servicios institucionales. Son objetivos relevantes, pero el desafío será traducirlos en una agenda efectiva de promoción de la competencia, eliminación de barreras de entrada y protección de los consumidores.

La productividad no se consigue únicamente aumentando la inversión de las empresas existentes. También depende de que puedan surgir nuevos emprendimientos, de que las empresas menos eficientes tengan incentivos para mejorar y de que la innovación encuentre condiciones para desarrollarse. Un mercado cerrado o dominado por pocos operadores puede atraer inversiones, pero no necesariamente genera los mejores resultados para la economía.

Por eso, la política de competencia debería formar parte de una estrategia más amplia de productividad. La inversión necesita reglas estables, infraestructura y seguridad jurídica, pero también mercados abiertos y autoridades capaces de evitar que las ventajas de unos pocos se conviertan en obstáculos para el resto.

4. China y Estados Unidos: no hay espacio para exclusividades

La política comercial también refleja la necesidad de pragmatismo. El Perú mantiene relaciones económicas importantes con China y Estados Unidos, dos socios con intereses y estrategias internacionales cada vez más confrontados. Para una economía pequeña y abierta, tomar partido en esa disputa sería una decisión costosa.

Las cifras comerciales muestran la importancia creciente de China. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones peruanas alcanzaron US$ 74.122 millones, un crecimiento de 34% respecto del mismo periodo del año anterior. De ese total, US$ 28.261 millones tuvieron como destino China, con un incremento de 39%. Las exportaciones hacia Estados Unidos sumaron US$ 7.146 millones, creciendo 24%, mientras que las dirigidas a la Unión Europea alcanzaron US$ 6.744 millones, con un aumento de 9%.

China concentra así una proporción importante de nuestras exportaciones y constituye un socio fundamental para la minería y el desarrollo de infraestructura, como demuestra la relevancia del puerto de Chancay. Pero esa relación también plantea el desafío de evitar una dependencia excesiva de un solo mercado y de una estructura exportadora concentrada en materias primas.

La minería representó US$ 53.899 millones de las exportaciones entre enero y agosto, con un crecimiento de 50,6%. El cobre alcanzó US$ 25.561 millones y el oro US$ 18.876 millones. En contraste, las exportaciones agropecuarias sumaron US$ 7.586 millones, con un crecimiento de apenas 2,1%.

Estos resultados reflejan tanto una oportunidad como una vulnerabilidad. El país se beneficia del dinamismo de la demanda internacional y de los precios de los minerales, pero todavía tiene dificultades para diversificar su oferta exportable y ampliar el peso de las actividades con mayor valor agregado.

Estados Unidos, por su parte, sigue siendo un socio comercial relevante y un mercado importante para productos agroindustriales, textiles y manufacturas. La relación con ambos países debe conducirse sobre la base de los intereses nacionales, el respeto a los acuerdos comerciales y la diversificación de mercados. El pragmatismo no consiste en escoger entre Washington y Beijing, sino en preservar la autonomía de la política exterior y aprovechar las oportunidades económicas de ambos vínculos.

5. Inflación y sucesión: una nueva etapa para el BCRP

La inflación introduce una preocupación que no puede quedar al margen de la evaluación económica de estos primeros cien días. En octubre de 2026, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana registró un incremento interanual de 5,25%, mientras que el indicador nacional llegó a 4,83%. La inflación limeña acumula ocho meses por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, establecido entre 1% y 3%.

No se trata de una cifra menor. La inflación afecta el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos que destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentos, transporte y servicios básicos. Además, sus efectos no son necesariamente iguales en todas las regiones: la composición del consumo, los costos de transporte y las condiciones de abastecimiento generan experiencias distintas entre los hogares peruanos.

La responsabilidad de enfrentar la inflación corresponde principalmente al BCRP, cuya autonomía y mandato de estabilidad monetaria deben preservarse. El Gobierno, por su parte, debe evitar que sus decisiones fiscales y regulatorias generen presiones adicionales sobre los precios, y atender los problemas de oferta e infraestructura que pueden encarecer los bienes y servicios.

En este contexto, la sucesión de Julio Velarde adquiere una dimensión institucional. Su trayectoria al frente del BCRP ha sido importante para consolidar la credibilidad de la política monetaria peruana. Reconocer ese aporte no significa asumir que la estabilidad monetaria depende indefinidamente de una sola persona. Precisamente, una institución sólida debe demostrar que puede preservar su credibilidad más allá de sus autoridades.

La renovación del directorio abre la oportunidad de iniciar una nueva etapa, con continuidad en los principios fundamentales y capacidad para responder a los desafíos actuales. La inflación fuera del rango meta constituye una prueba concreta para el nuevo directorio: deberá explicar sus decisiones, evaluar los riesgos y sostener la confianza pública. La sucesión no debería entenderse como una ruptura con el pasado, sino como una oportunidad para demostrar que la fortaleza del BCRP es institucional y no personal.

6. Tasas de interés: liberar el tope no crea competencia

La eliminación de los topes a las tasas de interés puede ampliar el espacio para que las entidades financieras evalúen el riesgo y ofrezcan productos de crédito a segmentos que antes podían quedar excluidos. Sin embargo, retirar una restricción legal no garantiza, por sí solo, una reducción del costo del financiamiento ni una mayor inclusión financiera.

El problema de fondo es la competencia. Si el mercado mantiene una oferta concentrada, las entidades existentes no necesariamente tendrán incentivos suficientes para mejorar sus condiciones. La entrada de nuevos participantes, la innovación tecnológica y una mayor diversidad de productos pueden contribuir a ampliar las alternativas de ahorro y crédito para hogares y empresas.

En este punto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene una responsabilidad importante. En agosto de 2026, la institución modificó el reglamento de autorización de nuevas empresas financieras y aseguradoras, estableciendo procedimientos diferenciados según el perfil de riesgo y el modelo de negocio de cada solicitante. La norma contempla plazos máximos de evaluación de hasta 120 días para la autorización de organización bajo la modalidad estándar y de hasta 180 días para la autorización de funcionamiento. También incorpora procedimientos más ágiles para determinadas entidades.

Se trata de un avance regulatorio que apunta a facilitar el ingreso de nuevos operadores sin debilitar la supervisión prudencial ni la protección de los ahorristas. Pero el desafío es acelerar su implementación y hacer que esa apertura se traduzca en nuevas entidades efectivamente operativas. La autorización para organizar un banco no equivale todavía a una licencia para funcionar: entre ambas etapas existe un proceso que debe ser riguroso, pero también previsible y eficiente.

La prudencia regulatoria es indispensable, especialmente en un sistema financiero donde la confianza constituye un activo fundamental. Sin embargo, no debería convertirse en una barrera innecesaria para la competencia. La entrada de nuevos bancos, entidades digitales y empresas financieras puede ampliar las alternativas de financiamiento, introducir innovación y presionar a los operadores establecidos a mejorar sus condiciones.

La liberalización de las tasas, por tanto, debería ir acompañada de una política decidida de promoción de la competencia. De lo contrario, el cambio normativo corre el riesgo de modificar las condiciones legales del mercado sin alterar suficientemente su estructura.

7. El empleo todavía espera

Los indicadores de empleo formal muestran una evolución favorable, aunque todavía insuficiente para hablar de una mejora generalizada de las condiciones laborales. En agosto de 2026, los puestos de trabajo formales a nivel nacional alcanzaron aproximadamente 6,49 millones, con un crecimiento interanual de 4,9%. Esto significó la incorporación de alrededor de 302.000 puestos respecto de agosto de 2025. En el sector privado, el empleo formal aumentó 6,6%.

Los sectores de servicios, agropecuario y comercio explicaron buena parte de esta expansión, con 103.000, 95.000 y 51.000 puestos adicionales, respectivamente. El empleo agropecuario creció 16,6%, mientras que el minero aumentó 11,4%, aunque con una contribución absoluta más reducida: alrededor de 16.000 puestos.

Sin embargo, hay un dato que merece una lectura más cuidadosa. La masa salarial formal creció 3,1% en términos reales en agosto, por debajo del aumento de 4,9% en el número de puestos formales. En el sector privado, la masa salarial real aumentó 3%, frente a un crecimiento de 6,6% del empleo.

La diferencia sugiere que el crecimiento del empleo no está siendo acompañado por un incremento proporcional de los ingresos reales promedio. La masa salarial es el resultado conjunto del número de trabajadores y de sus remuneraciones; por eso, su aumento no debe confundirse automáticamente con una mejora equivalente del ingreso individual. De hecho, si se comparan ambos indicadores, el ingreso real promedio implícito habría mostrado una reducción en el periodo.

A ello se suma el incremento de la remuneración mínima vital, que constituye otra evidencia del pragmatismo del Gobierno. Durante la campaña electoral, Keiko Fujimori cuestionó duramente la propuesta de aumento planteada por su competidor. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, anunció un incremento de S/ 1.130 a S/ 1.300, equivalente a 15% en total, que se aplicaría en dos tramos: el primero elevó la remuneración a S/ 1.230 desde octubre de 2026, mientras que los S/ 70 restantes se aplicarían durante el primer semestre de 2027. Posteriormente, la propuesta presidencial fue validada por consenso en el Consejo Nacional de Trabajo. Más allá de la contradicción con el discurso electoral, la decisión muestra la disposición del Gobierno a adoptar medidas que antes cuestionaba, aunque también plantea la necesidad de explicar los criterios técnicos que sustentan el cambio de posición.

La medida representa una mejora nominal para quienes perciben el salario mínimo y puede contribuir a recuperar parte del poder adquisitivo. Pero su impacto debe evaluarse considerando la productividad, la capacidad de pago de las empresas y las diferencias entre sectores y regiones. El aumento de la remuneración mínima no resuelve por sí solo la informalidad ni garantiza una mejora general de los ingresos.

El desafío laboral sigue siendo ampliar el empleo formal, elevar la productividad de las empresas y conseguir que el crecimiento se traduzca en mejores remuneraciones. Un país puede generar más puestos de trabajo y, al mismo tiempo, mantener una estructura laboral precaria y de bajos ingresos. Esa es una de las contradicciones que la política económica todavía debe resolver.

8. El pragmatismo todavía no es una estrategia

Los primeros cien días muestran un Gobierno que ha optado por alejarse de algunas promesas de ajuste radical y adoptar una orientación más flexible frente al gasto público, la inversión y la actividad económica. También hay decisiones que apuntan a fortalecer la competencia, facilitar el ingreso de nuevos operadores financieros y mantener una relación comercial pragmática con los principales socios del país.

Pero todavía falta articular esas decisiones en una estrategia de desarrollo. El crecimiento de las exportaciones, la mejora de la recaudación y la expansión del empleo formal son señales favorables, aunque no necesariamente expresan cambios estructurales en la productividad de la economía.

El Perú necesita aprovechar el ciclo favorable de los minerales sin depender exclusivamente de él; atraer inversión privada, pero también promover competencia e innovación; ampliar el gasto público, pero mejorar su calidad y ejecución; y generar empleo formal que se traduzca en mejores ingresos.

La política económica no puede limitarse a administrar coyunturas ni a responder a las demandas inmediatas de los distintos grupos de interés. Requiere prioridades, instituciones capaces de sostenerlas y mecanismos para evaluar sus resultados.

El pragmatismo puede ser un punto de partida. Su valor, sin embargo, dependerá de que deje de ser una suma de decisiones aisladas y se convierta en una orientación consistente hacia el crecimiento de la productividad, la diversificación productiva y la mejora de las condiciones de vida. Los primeros cien días permiten reconocer algunas señales. Los resultados, como siempre, tendrán que demostrar si existe una estrategia detrás de ellas.

Cien días de transición: la continuidad del poder de Keiko

Los primeros cien días de un gobierno suelen ser evaluados como una suerte de carta de presentación: las primeras decisiones, la conformación del equipo ministerial, las prioridades legislativas y la capacidad para responder a las expectativas que acompañaron la llegada al poder. Sin embargo, en el caso de Keiko Fujimori, ese criterio puede resultar insuficiente. Su gobierno no representa el inicio de un proyecto político nuevo, sino el traslado al Ejecutivo de un proyecto que lleva una década construyendo y ejerciendo poder desde el Parlamento.

Por eso, estos primeros cien días requieren una lectura distinta. No se trata únicamente de evaluar cómo está gobernando Keiko Fujimori, sino de observar cómo está adaptando al Ejecutivo una estrategia política que durante diez años tuvo como principal escenario el Congreso. La pregunta relevante no es solamente qué decisiones ha tomado, sino qué está haciendo para transformar el poder parlamentario que construyó en una capacidad efectiva de gobierno.

De la oposición parlamentaria al gobierno

Desde la derrota electoral de 2016, con 73 de 130 escaños ganados, Fuerza Popular encontró en el Congreso el principal espacio para ejercer una influencia política determinante. La mayoría parlamentaria obtenida aquel año le permitió condicionar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y mantener una posición preponderante durante los años siguientes. La posterior fragmentación del Parlamento y la sucesión de gobiernos ampliaron los espacios de negociación y presión política. En distintos momentos, Fuerza Popular articuló acuerdos con otras organizaciones y contribuyó a configurar mayorías que tuvieron efectos sobre la estabilidad y las decisiones del Ejecutivo.

No sería correcto atribuirle a Keiko Fujimori la conducción directa de todos los acontecimientos políticos de ese periodo. Pero sí es posible reconocer que su organización desarrolló una capacidad sostenida para negociar, acumular respaldos e influir en las reglas y decisiones institucionales. En buena medida, el centro de gravedad de su proyecto político estuvo en el Legislativo.

En este punto aparece una diferencia interesante con la experiencia de su padre. Alberto Fujimori, ingeniero agrónomo de formación, terminó convirtiéndose en una suerte de ingeniero del poder. Cuando el Congreso bicameral de entonces se convirtió en un obstáculo para ejecutar su proyecto de gobierno, optó por quebrar el orden constitucional mediante el autogolpe del 5 de abril de 1992 y concentrar las decisiones en el Ejecutivo.

Keiko Fujimori, administradora de empresas y con un MBA, ha recorrido un camino distinto. Durante una década aprendió a construir y ejercer poder desde el Parlamento: acumular fuerzas, negociar, condicionar gobiernos y modificar las reglas institucionales. Ahora le corresponde gobernar bajo esas nuevas reglas, con un Congreso bicameral que ya no puede controlar únicamente desde una mayoría parlamentaria propia.

La comparación no pretende explicar sus trayectorias por sus profesiones ni anticipar que la hija repetirá o evitará necesariamente la experiencia del padre. La diferencia relevante es política e institucional: mientras Alberto Fujimori optó por eliminar el contrapeso parlamentario, Keiko llega al Ejecutivo después de haber construido buena parte de su poder precisamente desde el Parlamento. Su desafío consiste ahora en hacer funcionar un sistema en el que el poder legislativo está distribuido entre dos cámaras.

Un diseño institucional, pero otra correlación de fuerzas

La reforma bicameral representó una transformación importante del escenario en el que se desenvolvería el siguiente gobierno. No solo modificó la estructura del Congreso; también amplió los espacios de representación, negociación y decisión política. Para una organización que había desarrollado buena parte de su estrategia desde el Legislativo, el cambio podía representar una oportunidad para institucionalizar y ampliar su influencia. Sin embargo, el resultado electoral terminó imponiéndole una condición distinta: debía aprender a operar en ese nuevo diseño sin contar con una mayoría propia.

Sin embargo, el resultado electoral de 2026 no produjo la correlación de fuerzas que Fuerza Popular podía haber esperado. En la Cámara de Diputados obtuvo 41 de los 130 escaños, mientras que en el Senado consiguió 22 de los 60. Renovación Popular alcanzó 15 diputados y ocho senadores. Incluso sumando ambas bancadas, Fuerza Popular y Renovación Popular reúnen 56 diputados y 30 senadores: no tienen mayoría propia en ninguna de las dos cámaras.

La relación con Renovación Popular tampoco puede darse por asegurada. Rafael López Aliaga tiene su propia agenda, aspiraciones y espacio político. La coincidencia en determinadas votaciones no equivale necesariamente a una alianza estable. Por su parte, otras organizaciones con las que podían imaginarse acuerdos, como Alianza para el Progreso y Podemos, no terminaron configurando el respaldo parlamentario esperado.

En otras palabras, el diseño institucional sobrevivió a las elecciones, pero el diseño de alianzas no. Keiko obtuvo la Presidencia, pero no una mayoría parlamentaria propia ni una coalición previamente asegurada. Le corresponde, por tanto, construir acuerdos en un escenario donde las dos cámaras tienen composiciones distintas y donde cada decisión requiere una negociación que puede variar según el tema.

Los primeros movimientos de una estrategia parlamentaria

En las primeras semanas de gobierno ya pueden identificarse tres episodios que permiten observar cómo se está desarrollando esa capacidad de negociación. No son acontecimientos idénticos ni prueban por sí solos la existencia de una coalición estable. Pero, considerados en conjunto, muestran que el nuevo gobierno ha comenzado a articular respaldos en asuntos de naturaleza distinta.

El primero fue la delegación de facultades legislativas. La propuesta del Ejecutivo, que comprendía inicialmente 66 materias, llegó al Congreso y fue reducida por la Cámara de Diputados a veinte, relacionadas principalmente con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Posteriormente, durante su tratamiento en el Senado, se incorporaron siete materias adicionales: seis vinculadas con seguridad y una con prevención de desastres. La Ley 32743 publicada el 22 de octubre terminó autorizando al Ejecutivo a legislar durante noventa días en veintisiete materias.

El episodio es relevante porque mostró que la iniciativa del Ejecutivo debía atravesar dos cámaras con capacidad de intervención y negociación. La propuesta inicial no llegó intacta al resultado final: fue modificada, ampliada y procesada mediante acuerdos parlamentarios. El gobierno consiguió las facultades, pero el procedimiento dejó en evidencia que gobernar bajo el nuevo sistema exige aprender a operar con dos cámaras y no simplemente trasladar al bicameralismo las prácticas de negociación del Congreso unicameral.

El segundo episodio fue la elección de los tres directores del Banco Central de Reserva. La Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por el senador Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, condujo el procedimiento de evaluación y presentó el informe correspondiente al pleno del Senado el 21 de octubre. Sin embargo, el resultado de la elección terminó favoreciendo exclusivamente a candidatos propuestos por Fuerza Popular y Renovación Popular: Oswaldo Molina y José Stok, por la primera bancada, y Juan José Marthans, por la segunda.

Los tres obtuvieron los votos necesarios en el pleno, pese a que Fuerza Popular y Renovación Popular sumaban apenas treinta de los sesenta escaños senatoriales. La elección requirió, por tanto, respaldos adicionales a los de esas dos bancadas. Más allá de las credenciales individuales de los elegidos —que deben evaluarse por sus propios méritos—, el episodio muestra la capacidad de articular acuerdos para la distribución de espacios institucionales estratégicos. La presidencia de una comisión en manos de una bancada opositora no impidió que el resultado final favoreciera exclusivamente a las propuestas de Fuerza Popular y Renovación Popular.

El tercer episodio fue la aprobación del crédito suplementario por S/ 8 228,4 millones el 28 de octubre. La iniciativa obtuvo 83 votos favorables en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado. Los recursos se distribuyeron entre cuatro grandes grupos de necesidades: prevención frente al fenómeno El Niño, continuidad de servicios esenciales, inversión pública y equipamiento, y cumplimiento de obligaciones ineludibles.

No se trató, por tanto, de un crédito destinado exclusivamente a la emergencia climática. Incluyó compromisos de distintos sectores y prioridades de gasto que debían ser procesadas políticamente. Su aprobación en ambas cámaras constituye otra evidencia de la capacidad del Ejecutivo para reunir respaldos parlamentarios amplios, aunque no necesariamente permanentes. Cabe preguntarse, además, qué parte de esa aprobación respondió a necesidades urgentes de ejecución y qué parte pudo estar asociada a la construcción de compromisos políticos con sectores y bancadas. Esta última es una hipótesis de interpretación, no un hecho que pueda darse por demostrado a partir de la votación.

Los tres episodios tienen una característica común: el gobierno ha logrado convertir iniciativas y decisiones institucionales en resultados parlamentarios. Pero conviene no confundir la aprobación de medidas puntuales con la existencia de una mayoría política estable. Una votación favorable puede responder a coincidencias circunstanciales, acuerdos sectoriales o compromisos específicos. La prueba de una coalición de gobierno es mucho más exigente: supone sostener acuerdos en el tiempo y asumir responsabilidades compartidas sobre una orientación política.

Un episodio adicional que merece atención, aunque su procesamiento e implicancias trascienden el marco de los primeros cien días, es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. A diferencia de la elección de los directores del BCRP, no se trata únicamente de completar la composición de un organismo constitucional, sino de una decisión que puede tener consecuencias de largo alcance sobre la interpretación de las reglas del juego político. Por ello, será importante observar si los acuerdos que se han expresado en otras decisiones parlamentarias también se reproducen en este proceso.

El gran examen: aprobar el presupuesto de 2027

La aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2027 constituye el principal examen de la capacidad de negociación del gobierno de Keiko. Si las facultades legislativas, la elección de los directores del BCRP y el crédito suplementario han permitido observar cómo se articulan respaldos para decisiones concretas, el presupuesto pondrá a prueba la capacidad de convertir esos respaldos en un acuerdo político de mayor alcance.

El presupuesto no es una votación más. Define prioridades, distribuye recursos, establece compromisos entre niveles de gobierno y expresa, en términos financieros, las decisiones que el Ejecutivo considera fundamentales para el país. Su discusión obliga a conciliar las demandas de los sectores, las regiones y las bancadas, pero también a establecer límites: no todas las demandas pueden financiarse y no todas las prioridades pueden atenderse simultáneamente.

En ese sentido, la negociación presupuestaria será el grand finale de esta primera etapa de adaptación política. Allí se verá si los acuerdos alcanzados en las semanas anteriores pueden sostenerse cuando entren en discusión intereses más amplios y recursos concretos. También se podrá observar si el gobierno está construyendo una coalición capaz de acompañar su programa o si, por el contrario, continuará dependiendo de mayorías variables para cada decisión.

La prueba será especialmente importante por las restricciones fiscales que enfrenta el país. La ampliación del gasto debe estar acompañada de criterios de sostenibilidad, calidad de ejecución y transparencia. No basta con conseguir votos para aprobar recursos; es necesario demostrar que estos pueden convertirse en servicios, infraestructura y resultados verificables para la ciudadanía.

El desafío de gobernar

Por supuesto, la capacidad de construir mayorías parlamentarias no es el único indicador de un gobierno. La seguridad ciudadana, la prevención frente al fenómeno El Niño, la inversión pública, la generación de empleo y la recuperación de la confianza siguen siendo problemas centrales. En particular, la inseguridad no puede medirse únicamente por el número de operativos o las reformas legales aprobadas. La extorsión y el sicariato afectan de manera cotidiana a transportistas, comerciantes, trabajadores y pequeños empresarios, mientras que la ciudadanía espera resultados concretos y sostenibles.

El gobierno también tendrá que demostrar que puede mantener una política económica responsable y responder a un entorno internacional cada vez más complejo. La competencia entre Estados Unidos y China, con sus intereses comerciales, tecnológicos y geopolíticos en el Perú, exige una política exterior que defienda los intereses nacionales y evite los alineamientos automáticos, así como la reproducción mecánica de políticas diseñadas para realidades distintas.

Estos desafíos recuerdan que el poder parlamentario, por más eficaz que sea para construir acuerdos, no constituye por sí mismo una capacidad de gobierno. La aprobación de leyes y presupuestos es un medio; su justificación está en los resultados que producen. Un Ejecutivo puede reunir mayorías y, sin embargo, no resolver los problemas que afectan a la población.

Por eso, al evaluar los primeros cien días de Keiko Fujimori, quizá debamos cambiar la pregunta habitual. No se trata solamente de determinar si su gobierno ha comenzado con fuerza o si ha logrado imponer su agenda. La cuestión de fondo es si está consiguiendo transformar una década de poder construido desde el Congreso en una capacidad institucional para gobernar un país con problemas acumulados y demandas urgentes.

Los episodios preparatorios revisados en el marco de los cien días sugieren que existe una capacidad de articulación parlamentaria que merece ser observada. El presupuesto de 2027 permitirá comprobar si esa capacidad puede trascender las votaciones puntuales y convertirse en una relación política más estable. Pero incluso si lo consigue, quedará pendiente la pregunta más importante: ¿Para qué se construye el poder?

Porque el éxito de un proyecto político no debería medirse únicamente por su capacidad para acumular votos, controlar espacios o aprobar decisiones. El poder encuentra su justificación en aquello que consigue transformar en la vida de las personas. Esa es, finalmente, la diferencia entre construir poder y ejercerlo para gobernar. Aunque, naturalmente, siempre cabe la posibilidad de que el objetivo sea otro: no transformar el país, sino redefinir las reglas del poder.

Un hito personal para agradecer

Hoy quiero compartir un momento que ha sido muy importante para mí: mi participación en la entrevista ante la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado como candidato al Directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

Agradezco a los senadores por sus preguntas. Algunas fueron muy técnicas; otras apuntaron a qué podría mejorar el Banco. Todas me permitieron explicar mi visión sobre la institución, la economía peruana y los desafíos del país.

Hubo un tema con un significado especial para mí: la necesidad de mirar la economía peruana también desde las regiones.

Después de la entrevista, un amigo de Iquitos me escribió para agradecerme por haber mencionado lo que están viviendo con el alza de los combustibles. Su mensaje me recordó algo fundamental: un mismo aumento de precios no pesa igual en Lima que en Iquitos, Puno o Tacna, porque lo que consumen las familias y las condiciones de cada economía son distintas. Sin embargo, la inflación que guía la política monetaria se mide con los precios de Lima Metropolitana.

Por eso planteé que los informes regionales del BCRP pueden cumplir un papel aún más importante: ayudarnos a entender cómo se comportan los precios y la actividad económica en cada territorio, y cómo esas diferencias las viven las familias y las empresas. No se trata de cambiar el mandato del Banco, sino de mejorar el diagnóstico sobre el que se toman las decisiones.

Me siento contento y agradecido de haber podido exponer públicamente una manera de entender el papel de una institución fundamental para la estabilidad del Perú. Sea cual sea el resultado, sigo a disposición del país.

Gracias a quienes confiaron en mí y a quienes hicieron posible esta experiencia.

[Ver desde el minuto 5] 

 

Pueden ver los informes regionales del BCR aquí.

El precio de dejar de ser antifujimorista

Carlos Meléndez ha escrito sobre un concepto que el denomina "la economía moral del antifujimorismo": esa forma de entender la política peruana en la que ser antifujimorista terminó siendo, para algunos, algo más que una posición política. Era pertenecer al lado democrático, decente y moralmente correcto.

Meléndez observa ahora, no sin ironía, que algunos de quienes ocuparon ese lugar han terminado trabajando para el gobierno de Keiko Fujimori. La pregunta que plantea en ese sentido es interesante: ¿Qué ocurrió con aquella frontera moral?

Pero antes de ello, quizá falta otra pregunta: ¿Por qué esa frontera dejó de tener valor político?

El antifujimorismo que ganaba elecciones

Durante años, el antifujimorismo fue una fuerza electoral formidable. Alejandro Toledo llegó a Palacio en julio de 2001 después de encabezar la Marcha de los Cuatro Suyos tan solo un año antes. Una década después, Ollanta Humala derrotó a Keiko en 2011 encabezando una coalición que tuvo al antifujimorismo como uno de sus principales elementos aglutinadores. Cinco años mas tarde, PPK hizo lo mismo en 2016. Incluso Susana Villarán construyó buena parte de su capital político dentro de ese espacio.

El antifujimorismo no era solamente una oposición. Era una promesa: la de que había otra manera de hacer política.

Pero, esa promesa se erosionó a lo largo de esos 25 años. Toledo terminó condenado el 2024 por el caso Odebrecht. PPK enfrenta investigaciones y juicios por sus vínculos con la constructora brasileña. Villarán admitió aportes de Odebrecht y OAS. Alan García murió antes de poder enfrentar judicialmente las acusaciones que pesaban sobre él.

No todos estos casos son iguales, pero políticamente produjeron un efecto semejante: la corrupción dejó de ser atribuible de manera exclusiva al fujimorismo. El antifujimorismo perdió su monopolio moral.

De la mayoría absoluta a la cooptación

Conviene no perder de vista la cronología pero, esta vez desde otro ángulo. En 2016 el fujimorismo obtuvo una mayoría absoluta en el Congreso, con más de 70 escaños. Gobernaba por números absolutos: no necesitaba construir puentes con otras fuerzas políticas, le bastaba y sobraba su propia bancada. Con K.

Pero el cierre del Congreso por Vizcarra en 2019 cambió esa ecuación. El fujimorismo perdió esa mayoría, pero esta situación le obligó a aprender a ganar algo distinto: la capacidad —y la necesidad— de construir alianzas, en particular con una izquierda conservadora que compartía con la derecha una misma desconfianza hacia los "caviares" que se creían la reserva moral del país.

Ahí nace el patronazgo como estrategia, no como rasgo constante de Keiko: cuando ya no le alcanzaba con los votos propios, había que ofrecer algo a cambio de los ajenos. Un ministerio, una embajada, una dirección, una candidatura, una banca. Eso tiene un nombre menos escandaloso que corrupción —patronazgo político— y cuando sirve para incorporar adversarios, cooptación. El mecanismo puede ser perfectamente legal; su naturaleza política, sin embargo, merece ser discutida.

Montesinos necesitaba comprar voluntades —con fajos de billetes— una por una. Keiko, sin esa mayoría de 2016, aprendió algo más eficiente: no hace falta que todos sean fujimoristas, basta con que muchos tengan razones para trabajar con el poder. Es, casi al pie de la letra, la segunda de las 48 leyes del poder que popularizó Robert Greene: aprender a usar a los enemigos en beneficio propio.

Tres formas de cruzar la frontera

El fenómeno que señala Meléndez no es uniforme; tiene grados. A diferencia de su columna, que ilustra el patrón con un antifujimorista hipotético y compuesto, acá vale la pena mirar casos reales y verificables, aunque sin necesidad —ni certeza— de reconstruir la biografía laboral privada de cada uno.

Está el caso técnico: alguien sin cargo partidario acepta una posición dentro del aparato del Estado. Sheput —crítico del fujimorismo antes de asumir como ministro de Trabajo— es quizás el ejemplo más representativo de la idea de Meléndez: el antifujimorista que podría haber terminado enviando su CV con "algunas sugerencias de puestos", como escribe en su columna.

Está el caso del operador: Rospigliosi, antifujimorista visceral de vieja data, que también terminó, con el tiempo, del otro lado. Su caso importa porque muestra que esto no es solo pragmatismo de una nueva generación: incluso los más duros cruzan la frontera cuando cambia el mercado político.

Está también el caso de la conversión plena: Hernando Guerra García, crítico del fujimorismo, terminó como congresista —y vocero— de esa misma fuerza. Este nivel no requiere ni siquiera un aporte técnico a cambio: solo lealtad declarada.

De la misma cantera del PPC surgen dos variantes más. Luis Galarreta, opositor reconocido hace ya bastante tiempo, hoy preside el Consejo de Ministros. Beingolea, invitado al gabinete por el propio Galarreta, terminó disputando —como ministro de Cultura— que el futuro del LUM se decida en su sector y no en Justicia; no está claro si busca protegerlo o controlar los términos de su desmontaje, pero es él quien, por el momento, decide. 

Pero el caso que mejor cierra la lista es otro: Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, figura entre los nombres solicitados para representar al Perú en Washington. No se trata de un antifujimorismo faccioso ni de carrera política doméstica, sino del antifujimorismo más doctrinario y de mayor proyección internacional que tuvo el país: el que sostuvo, durante tres décadas, que un triunfo de los Fujimori equivalía a una reivindicación de la dictadura. Si ni siquiera esa posición escapa a la lógica del nombramiento, la tesis se sostiene con más fuerza que con cualquiera de los casos anteriores.

El recurso más escaso

Aquí aparece una variable que suele quedar fuera de estas discusiones: el empleo. En un país donde la informalidad laboral sigue siendo enorme, una posición estable dentro del Estado vale mucho más que el salario. Significa continuidad profesional, redes, visibilidad y, para un político, la posibilidad de sostener una carrera.

Por eso la pregunta no debería ser solamente por qué un antiguo antifujimorista acepta trabajar para Keiko. También habría que preguntar qué precio tiene hoy seguir siendo antifujimorista, cuando esa etiqueta ya no garantiza una victoria electoral pero el gobierno sí puede distribuir posiciones y construir alianzas. Lo que antes parecía traición puede ser, simplemente, una decisión racional dentro de un mercado político.

El Congreso que juntó a los extremos

La última legislatura mostró hasta dónde llegó esta transformación: los extremos políticos se encontraron para combatir a un enemigo común, el "caviar", el "progre", el "caviarón". Esa coalición no reunía solo a la derecha; incorporaba también a sectores de izquierda que desconfiaban de una que se había acostumbrado a presentarse como reserva moral.

La antigua división entre izquierda y derecha —también la de fujimoristas y antifujimoristas— perdió capacidad explicativa. Lo que empezó a importar fue quién tenía acceso a los recursos del poder y quién podía distribuirlos.

Por eso Keiko puede haber ganado algo más que una elección. La victoria de Keiko en 2026 no significa que los peruanos hayan olvidado los años noventa, ni que las críticas contra Alberto Fujimori hayan perdido validez. Significa que el antifujimorismo dejó de funcionar como veto electoral, en parte porque el propio sistema político fue destruyendo, durante quince años, las fronteras morales sobre las que ese veto se sostenía.

El fujimorismo aprendió otra cosa: no necesita que todos sean fujimoristas. Le basta con que muchos tengan razones para trabajar con él. Ahí está, quizás, la diferencia entre Montesinos y Keiko. Montesinos necesitaba comprar voluntades. Keiko tiene algo más poderoso: el control de un paisaje político lleno de posiciones que repartir.

No hace falta un sobre. Basta un nombramiento.

¿Puede el BCRP sobrevivir a Velarde?

Hay preguntas que pueden estar mal formuladas y, sin embargo, esconder una preocupación perfectamente legítima.

Eso ocurrió esta semana en el Senado, durante la presentación de Julio Velarde para su ratificación como presidente del Banco Central de Reserva. El senador Humberto Morales preguntó por la relación entre la inflación de Estados Unidos y la inflación peruana. La pregunta fue rápidamente convertida por algunos medios en una muestra de ignorancia económica.

Creo que se cometió un error.

No porque la pregunta, tomada literalmente, sea técnicamente correcta. La inflación de Estados Unidos no se traslada automáticamente a la inflación peruana. Pero una cosa es corregir una pregunta y otra muy distinta es descalificar la preocupación que existe detrás de ella.

Y esa preocupación es bastante sencilla: ¿Cómo aquello que ocurre en las grandes economías y en los mercados internacionales termina afectando los precios que pagamos los peruanos?

Esa era una oportunidad para explicar.

La economía que llega desde afuera

Un congresista no tiene por qué ser economista. Su obligación es representar a ciudadanos que, en su inmensa mayoría, tampoco lo son. Cuando formula una pregunta sobre algo que afecta sus vidas, corresponde que el especialista explique.

La respuesta podía haber sido muy sencilla.

Si el dólar se fortalece, puede afectar los precios de los productos que importamos. Si aumenta el precio internacional del petróleo, puede subir el costo de los combustibles, del transporte y de muchas actividades productivas. Si cambian las condiciones financieras internacionales, también pueden producirse movimientos en el tipo de cambio y en los flujos de capital.

En otras palabras, lo que ocurre fuera del Perú puede terminar afectando la economía peruana por distintos canales. No estamos hablando de una ocurrencia.

El propio Banco Central estudia estos mecanismos. Sus investigaciones analizan precisamente cómo los shocks externos, los movimientos del tipo de cambio y los cambios en los precios internacionales pueden transmitirse a la inflación peruana.

Por eso, aunque la pregunta de Morales pudo ser técnicamente imprecisa, la preocupación que contenía no lo era.

La pregunta no debía ser simplemente si “la inflación de Estados Unidos causa la inflación peruana”. La pregunta relevante era otra:

¿Hasta qué punto los acontecimientos económicos y políticos que ocurren fuera del Perú terminan afectando los precios que pagamos dentro del Perú?

Y esa pregunta tiene una respuesta económica.

La respuesta que se perdió

Velarde podría haber dicho:

"No exactamente. La inflación de Estados Unidos no se traslada automáticamente a la inflación peruana. Pero existen mecanismos por los cuales un shock externo puede afectarnos: el tipo de cambio, los precios internacionales, las condiciones financieras y otros factores. Precisamente por eso el Banco Central estudia estos fenómenos."

Con eso habría cerrado la discusión y, de paso, habría explicado economía a millones de peruanos.

En cambio, la conversación terminó concentrándose en si el senador sabía o no sabía economía.

Y ese es un debate bastante menos importante.

Porque si cada vez que un político formula una pregunta técnicamente imperfecta respondemos descalificando su desconocimiento, terminamos olvidando algo elemental: preguntar también es una forma de representar a quienes no tienen conocimientos especializados.

El ciudadano común no tiene porqué saber qué es un shock externo, cómo funciona el pass-through cambiario o qué diferencia existe entre inflación subyacente e inflación total. Pero lo que sí sabe es que cuando sube el dólar, cuando aumenta el petróleo o cuando ocurre una crisis internacional, algo puede terminar cambiando en los precios de los productos que consume diariamente.

La tarea de una institución como el BCR no es burlarse de esa intuición. Es explicar cuánto de ella es correcto y cuánto no.

El problema no es Velarde

Defender la legitimidad de la pregunta de Morales no significa desconocer los méritos de Julio Velarde.

Todo lo contrario.

Velarde representa para muchos peruanos algo que tiene un enorme valor: la defensa de la autonomía del Banco Central frente al poder político. En un país donde las instituciones han sufrido tantas veces la presión de los gobiernos de turno, esa independencia merece ser protegida.

Pero hay que tener cuidado con convertir una virtud institucional en una dependencia personal.

Velarde no es el BCR.

El Banco Central es una institución y debe ser capaz de sobrevivir a sus presidentes, incluso a aquellos que han tenido un desempeño extraordinario.

Hace años que Velarde ocupa un lugar central en la historia económica reciente del país. Es comprensible que su nombre esté asociado a la estabilidad monetaria. Lo que no debería ocurrir es que terminemos creyendo que la estabilidad depende de que una determinada persona permanezca indefinidamente en el cargo.

Eso sería exactamente lo contrario de lo que significa construir instituciones.

El Banco Central no necesita monarcas

Hay una paradoja en todo esto.

El principal legado de Velarde debería ser precisamente haber contribuido a fortalecer una institución que no dependa de una persona. Sin embargo, la narrativa construida alrededor de su figura parece haber producido, por momentos, el efecto contrario: como si la estabilidad monetaria del Perú necesitara necesariamente de su permanencia.

Una institución republicana no puede depender de monarcas.

Y aquí conviene recordar algo que el propio Velarde ha señalado. Al referirse a su eventual sucesión, ha mencionado que dentro del Banco Central existen dos personas que podrían asumir la presidencia sin poner en riesgo la autonomía y la continuidad de la institución. La primera es Adrián Armas economista jefe y la segunda es Paul Castillo actual gerente general del cambio. Y la terna puede completarse con Álex Contreras, ex ministro de economía, también con trayectoria dentro del BCR. Es un reconocimiento importante, porque demuestra que la fortaleza del BCR no está concentrada en una sola persona.

Entonces, ¿Por qué deberíamos pensar que el relevo de Velarde constituye una amenaza para la estabilidad monetaria? Velarde puede haber sido un excelente presidente del BCR. Puede incluso haber sido uno de los mejores que ha tenido el país. Pero eso no lo convierte en indispensable.

El Banco Central cuenta con profesionales y economistas de larga trayectoria capaces de asumir responsabilidades de primer nivel. El relevo generacional no debería ser visto como una amenaza, sino como una prueba de que la institución funciona.

Una institución fuerte no es aquella que encuentra al hombre indispensable. Es aquella que puede reemplazarlo sin perder su rumbo.

Y quizá ahí está la verdadera medida del legado de Velarde: no que el Perú necesite a Velarde para mantener la estabilidad monetaria, sino que el BCR sea suficientemente sólido como para que Velarde pueda irse algún día y la estabilidad permanezca.

Una pregunta incómoda merece una respuesta

Hay, finalmente, una cuestión que va más allá de Morales y de Velarde.

En una democracia, las autoridades técnicas también tienen una responsabilidad frente a quienes ejercen representación política. El hecho de que una pregunta provenga de un congresista no la convierte automáticamente en una buena pregunta. Pero tampoco la convierte en una pregunta indigna de ser respondida.

Morales fue elegido por ciudadanos. Puede equivocarse. Puede formular mal una pregunta. Puede incluso desconocer aspectos técnicos de aquello que está preguntando.

Pero precisamente para eso existen las instituciones especializadas.

Un presidente del Banco Central tiene algo que un senador probablemente no tiene: la capacidad técnica para tomar una pregunta sencilla y convertirla en una explicación que ayude a entender cómo funciona la economía. Esa oportunidad se perdió.

Y quizá habría sido mucho más útil para el país escuchar una breve lección sobre cómo los shocks internacionales llegan a nuestra economía que una discusión sobre quién sabe más de economía.

Porque detrás de la pregunta de un senador hay, finalmente, una pregunta que millones de peruanos podrían hacerse:

¿Por qué lo que ocurre al otro lado del mundo termina afectando lo que pago aquí?

Esa pregunta puede ser imperfecta. Pero no es ignorante.

Merece una respuesta.