Trabajo infantil: el costo de mirar hacia otro lado

A Taylor lo despidió una multitud. Tenía 18 años y todavía terminaba la secundaria en un colegio de Iquitos, donde murió ayudando —con otros alumnos— a derribar una pared del plantel por la nota de un curso. Lo enterraron mientras la ciudad, en las calles, protestaba porque el subsidio al combustible ofrecido por el gobierno no fuera focalizado sino universal. Duelo y protesta parecen dos noticias distintas, pero nacen de lo mismo: una economía masivamente informal donde trabaja toda la familia —adultos y menores— y un Estado que solo aparece para prohibir en el papel o inscribir beneficiarios en una plataforma.

El primer impulso ha sido buscar un culpable —el profesor o el director— o hablar de una falla de seguridad, como si el problema hubiera sido la falta de un casco o un guante. Ambas lecturas empequeñecen el caso. El propio padre, que culpa al docente, admitió que su hijo ya venía trabajando en otras faenas y que él lo había advertido, aunque no le había prohibido seguir haciéndolo: no hubo confrontación con la escuela, hubo tolerancia. Taylor es el símbolo de un extremo: el del trabajo infantil peligroso, una costumbre más que un escándalo. Para saber cómo actuar es necesario definir bien el problema.

De dónde viene

Que los niños trabajen no nace de padres desnaturalizados, sino de una norma muy enraizada en nuestra sociedad: trabajar es sinónimo de formación para la vida. La OIT lo documenta —se asocia con la responsabilidad hacia la familia—, y muchos padres no necesariamente aspiran a que sus hijos vayan a la universidad, sino que aprendan a trabajar. En 2012, cuando visitaba la zona de influencia del proyecto Semilla, una docente de un pueblo cafetalero me contó con orgullo que en época de cosecha, todo el pueblo se paralizaba. El colegio cerraba y los niños bajaban a los campos a recoger el valioso cerezo del café para pagarse con ese jornal el uniforme. El Estado prohíbe desde Lima; la familia y la comunidad valoran; y el Estado está más ausente donde la práctica es más fuerte.

Qué tan novedoso es

No es nuevo: es un problema estructural y cíclico. Con la pandemia y las escuelas cerradas, la tasa de trabajo infantil nacional saltó al 32.1% en 2020, y aunque luego bajó, seis departamentos siguen sobre sus niveles previos. La estrategia nacional (ENPETI) venció en 2021 y dejó cinco años sin marco con presupuesto propio. Tratar cada tragedia como novedad es parte de por qué persiste.

Qué tan grave es

Lo que está en juego es doble. Primero, la vida: que los niños que empiezan trabajando en la chacra pasen luego, en su adolescencia, a fumigar con agroquímicos, limpiar a machete o demoler, no son "apoyo"; son trabajos peligrosos que la ley prohíbe para menores y que el Convenio 182 de la OIT llama las peores formas de trabajo infantil. Taylor y su amigo, ambos mayores de edad y aún en el colegio, son también expresión de una escolaridad retrasada por el trabajo. En Loreto —cuya capital es Iquitos— el atraso escolar en quinto de secundaria llegó al 17.5% en 2025, el más alto del país, y a contracorriente del resto subió tras la pandemia. Taylor era la regla, no la excepción. Ese atraso anticipa a qué empleos quedan expuestos: cuanto antes entran al mercado, los únicos que están a su alcance —moto, carga, machete, agroquímico, construcción— son los más peligrosos. Y el jornal que compra el uniforme exige sacrificar el estudio, una de las pocas salidas reales de la pobreza..

Qué tan extendido está

Mucho, y más de lo que dicen las cifras: al cierre de 2025, el 21.9% de los peruanos de 5 a 17 años —1.8 millones— trabajaba, con una brecha enorme entre el 14% urbano y el 51.5% rural. Y como las faenas escolares y el ‘apoyo’ en la chacra no se perciben como trabajo, no se declaran. Lo que no se nombra no se cuenta.

En Lima, nos gusta imaginarlo lejos, en la escuelita rural. Pero el caso del colegio de Taylor desconcierta: urbano, enorme —más de 700 alumnos según la web de Escale-MINEDU—, de turno tarde, con la matrícula cayendo de 235 en primero a 79 en quinto. Si el trabajo infantil se esconde ahí, el 14% urbano subestima bastante. Y el contexto lo acerca más: Iquitos protesta por el combustible porque casi todos viven de una ‘motokar’, la misma economía informal donde los hijos empiezan a trabajar temprano. Duelo y protesta son dos caras de lo mismo.

Qué se puede hacer

El Gobierno acaba de aprobar un Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil, pero su antecesora (ENPETI) murió por falta de presupuesto y por la tolerancia social; sin recursos, este corre igual suerte. Hacen falta tres cosas. En primer lugar, es preciso contar con instrumentos que cambien la ecuación familiar: transferencias condicionadas, mejores retornos de la educación y apoyo a quienes, como Taylor, luchan por terminar la educación básica a pesar de la extraedad. Segundo, se necesita fiscalización de la lista de trabajos peligrosos —agroquímico, machete, demolición—, no para hacerlos más seguros para un menor, sino para sacarlo de ellos: no es un problema de seguridad y salud en el trabajo, es que ese trabajo no debería existir para él. Tercero, se requiere trabajar sobre la norma: no moralizar a los padres, sino ampliar sus expectativas para que la formación para la vida incluya la escuela en vez de competir con ella.

Una lección que deja la coyuntura es que, si el Estado está dispuesto a montar en semanas una plataforma para subsidiar a decenas de miles de conductores de motokar, la ausencia de iniciativa frente al trabajo infantil no es una fatalidad: es una elección.

Si Iquitos despidió a Taylor con una multitud, aunque no era una figura pública, quizá fue porque su historia resultaba demasiado familiar: trabajar, con paga o sin ella, poner en riesgo la vida y, al mismo tiempo, intentar terminar el colegio. La ciudad no solo enterró a un joven; se reconoció en una realidad que alcanza a muchos hogares. Por eso su muerte debería ser más que una tragedia y más que un accidente laboral: debería obligarnos a preguntarnos cuánto trabajo infantil estamos dispuestos a tolerar antes de considerarlo un problema de Estado. Si podemos movilizar recursos y construir plataformas en semanas para atender una emergencia económica, también podemos hacerlo para que un niño que necesita apoyo no tenga que ganarse un uniforme o su alimento arriesgando la vida. Taylor no debería ser otro nombre que recordemos después de una tragedia.

Debería ser el momento en que dejemos de llamar “apoyo” a aquello que la ley llama trabajo infantil peligroso. 

El costo de definir mal un problema

Cómo una ley que busca proteger el sábado podría terminar encareciendo el acceso al empleo

¿Puede una ley pensada para proteger a un grupo terminar perjudicándolo? Puede, y no por mala intención, sino por mal diseño. Es lo que, opino, ocurre con la norma que establece el sábado como día no laborable compensable a favor de los trabajadores cuyas creencias los llevan a guardar ese día, y que el Poder Ejecutivo observó el 20 de agosto.

Lo digo como uno de los aproximadamente 440 mil miembros de la Iglesia Adventista que cree que el derecho a guardar el sábado debe ser respetado; por eso mismo hago esta reflexión desde dentro y sin personalizarla. Fue lo primero que saltó a la vista al discutirlo entre hermanos: una norma pensada para blindar el empleo de quienes ya lo tienen podría, en la práctica, encarecer la empleabilidad de los jóvenes adventistas que aún buscan el suyo.

Primero, definir bien el problema

En el curso de política económica que dicto en la UNI insisto en una idea que casi nunca se respeta: el punto de partida de toda política pública no es el fenómeno que se quiere combatir, sino cómo se define su origen. De esa definición depende la solución. Un mismo hecho —un trabajador presionado a laborar el sábado— admite lecturas distintas: ¿Se trata de un vacío legal que exige una ley nueva, o es más bien un problema de aplicación de normas que ya existen? Definir mal el problema garantiza una mala solución, por más buena voluntad que se ponga.

Aquí está la primera falla. El problema que esta ley pretende resolver —que un adventista sea obligado a trabajar el sábado— ya tiene protección en el Perú desde hace más de veinte años. En 2002, el Tribunal Constitucional resolvió el caso Lucio Valentín Rosado Adanaqué (STC 0895-2001-AA/TC): un médico adventista de EsSalud a quien el hospital, tras años de respetarle el sábado, empezó a programarle turnos ese día. El Tribunal amparó su derecho por la vía de la objeción de conciencia, sin ninguna ley especial. Y era un caso difícil —empleado antiguo, empleador estatal, servicio esencial—; aun así, la acomodación resultó exigible.

Si el problema que el proyecto de ley 4610/2022-CR buscaba resolver, se hubiera definido con precisión, se habría advertido que la protección ya existía —en la Constitución, en la Ley de Libertad Religiosa y en la jurisprudencia— y que faltaba, si algo, mejorar su aplicación, no crear una norma paralela. Por no hacerlo se cayó en el defecto que el Ejecutivo señala: sobrelegislación, una ley que se superpone a lo ya vigente y añade dispersión en lugar de claridad. El error de método terminó produciendo el error jurídico.

Segundo, el trámite desplazó el costo

Hay un problema adicional, y proviene del propio Congreso. El debate parlamentario introdujo un cambio que, a primera vista parece algo menor, pero en verdad altera todo: la disposición que exige acreditar la confesión al inicio de la relación laboral. La defensa pública de la ley se resume en una idea noble —la fe no debería costarle a nadie su puesto de trabajo—, y es imposible no estar de acuerdo con esta declaración. Pero esa frase alude a un empleo que la persona ya tiene, y el texto observado no protege la permanencia: interviene en el ingreso. Y ahí, en vez de proteger, encarece: obliga al postulante a revelar su religión cuando aún compite por el empleo. Contra un despido hay derecho que invocar; contra una no contratación no hay nada, salvo un "elegimos a otro candidato" que nunca se explica.

Y esto no es especulación. Los estudios de correspondencia —currículos idénticos que solo difieren en la religión declarada— muestran el efecto: un experimento en el sur de Estados Unidos halló que quienes revelaban una identidad religiosa recibían alrededor de 26% menos respuestas de los empleadores. Ante ese riesgo, a una minoría le conviene ocultar su afiliación; una norma que obliga a exhibirla al inicio del vínculo empuja justo en la dirección que la perjudica. Los más expuestos son los jóvenes adventistas que buscan su primer empleo: sin trayectoria que compense la señal religiosa, son quienes más fácilmente quedarían fuera.

Tercero, la acomodación razonable ya funciona

La mejor prueba de que no hacía falta una ley rígida la ofrece la propia iglesia. En sus establecimientos de salud, los sábados no hay consultorios regulares, pero sí un equipo mínimo de emergencia con médicos, enfermeras e incluso cajeros. Y no solo allí: en los edificios de la iglesia hay vigilantes que cumplen turno el sábado. Son labores de necesidad y cuidado —la vida y la seguridad de las personas— que la propia observancia admite, y a nadie se le ocurre cuestionar a esos hermanos ni sancionarlos. La comunidad ya acepta, en la práctica, que un mínimo de cobertura es razonable. Eso es la acomodación razonable que el reglamento vigente de la Ley de Libertad Religiosa ya ordena: armonizar el día de reposo con la jornada, sin absolutismos y sin obligar a nadie a declarar su fe para conseguir empleo.

La intención de proteger el sábado es legítima; la pregunta es si se eligió el mejor instrumento. Y hay un agravante: buena parte de quienes hoy defienden la norma apoyan la idea noble del eslogan, no el texto que se aprobó, porque nunca se hizo evidente la diferencia. Ni la iglesia ni sus miembros trabajadores fueron consultados sobre ese cambio.

Conversemos, entonces, sobre qué mecanismos pueden defender mejor a los miles de jóvenes adventistas que quieren trabajar sin riesgo de discriminación. La respuesta empieza por donde debió empezar todo: definiendo bien el problema. Y si lo definimos bien, veremos que el camino no es una ley que expone al trabajador antes de contratarlo, sino fortalecer la acomodación razonable que la propia comunidad ya practica cada sábado.

El costo de no saber quién manda a quién

A pocas horas de que Galarreta sustente las facultades legislativas ante la Cámara de Diputados, el gobierno de Keiko Fujimori no necesita que la oposición lo desgaste: se desgasta solo.

En apenas una semana de agosto se acumularon cinco episodios que revelan un mismo patrón: ministros y presidenta hablando en direcciones distintas sobre los mismos asuntos, en público y sin que parezca existir un libreto común antes de salir a cámara.

1. El LUM. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, propuso trasladar el Lugar de la Memoria del Ministerio de Cultura al suyo, alegando que necesita "un relato moderado". El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, lo desautorizó públicamente: los museos, dijo, son competencia de su cartera; "lo demás son opiniones". Hasta hoy no hay decreto ni pronunciamiento de la propia Keiko. Dos ministros discutiendo en la prensa sobre una decisión que, en cualquier caso, ninguno de los dos puede tomar por sí solo.

2. Los trenes. El ministro de Transportes, Rafael Rey, aseguró que los vagones donados por Caltrain fueron en realidad comprados por la Municipalidad de Lima, contradiciendo la versión que López Aliaga sostuvo durante años. Keiko salió después, en un live de TikTok, a zanjar el tema en sentido contrario al de su propio ministro: "Por supuesto que se van a hacer. Los trenes en este momento se encuentran en ProInversión". Ninguno mencionó al otro.

Y el proyecto sigue dependiendo de una concesión —la de Ferrovías Central Andina— que ni Rey ni la presidenta han resuelto y que, además, es una de las piezas que el propio paquete de facultades busca destrabar.

3. El Fenómeno del Niño. El ministro de Economía, Elmer Cuba, pidió "no exagerar por un poco de agua en las rodillas" mientras el sur de Lima colapsaba por una lluvia intensa el domingo. La presidenta lo corrigió en cámara, parada en la misma zona de emergencia: "el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño". Cuba se disculpó horas después.

4. Inflación de combustibles. El subsidio al diésel para transportistas fue anunciado el 14 de agosto último. Este será destinado a mototaxis y peque-peques de la selva —"por primera vez en la historia", anunció Keiko— depende de un registro de beneficiarios que todavía no existe y que, según los propios gremios, requiere coordinación con las municipalidades.

Construir ese padrón desde cero, con alcaldes como filtro, es justamente el tipo de intermediación que en el Perú suele terminar costando más de lo que debería.

5. La Remuneración Mínima Vital. El aumento a S/1,300 —en dos tramos, S/100 y S/70— ya fue anunciado por la propia presidenta durante su discurso inaugural ante el Congreso. Lo que queda pendiente es el ritual: Sheput convoca al CNTPE para "buscar consenso" entre sindicatos y empresarios, aunque él mismo ha aclarado que "la palabra final la tiene el Gobierno" y que, si no hay acuerdo, "igual el Gobierno va adelante".

Es difícil imaginar una mesa de diálogo con menos incentivos para dialogar. Si el resultado ya está decidido, a los sindicatos les conviene bloquear el quórum antes que legitimar con su presencia una cifra que ellos no negociaron.

La ironía de fondo es todavía mayor: en campaña, Keiko llamó "aplauso fácil" y "populista" a la propuesta de Roberto Sánchez de elevar el sueldo mínimo a S/1,500. Quince días después de jurar, convirtió una versión propia de esa misma idea en una de sus primeras medidas.

Cinco episodios, un mismo patrón.

El problema no parece ser simplemente de comunicación. Es algo más elemental: el gobierno todavía no parece haber resuelto quién decide qué, ni quién habla en nombre de quién.

La presidenta termina interviniendo después de los hechos: corrige públicamente a sus propios ministros, contradice sus versiones o anuncia medidas que el aparato del Estado todavía no parece saber cómo implementar.

Y sobre ese escenario le toca mañana a Galarreta hacer, él solo y desde la tribuna, el trabajo de ordenar lo que cinco ministros y una presidenta no han conseguido ordenar en tres semanas.

No obstante, hay aquí, una paradoja institucional.

Si el Congreso anterior no hubiera desactivado la investidura obligatoria, mañana sería el día en que la Cámara de Diputados tendría que definir con votos —y no solo con declaraciones— si respalda a este gobierno.

Sin esa obligación, ¿Qué le queda realmente a Galarreta?

Pechar solamente.

Y hacerlo sabiendo que, del otro lado, nadie está obligado a responderle.

Ese quizá sea el problema más incómodo para el Gobierno: mañana no tendrá que defender solamente sus facultades legislativas. Tendrá que demostrar que existe, efectivamente, un gobierno detrás de ellas.

Obras son amores, son palabras, son show

𝑼𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒆𝒗𝒆 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒏𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒄𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂

Que el llamado "alcalde dibujito" haya enviado una excavadora para derribar un mural pintado por niños —lleno de flores, girasoles y el sol naciente del Japón— es una de las imágenes más elocuentes de la política limeña municipal reciente. No porque se trate únicamente de una controversia sobre una obra pública, sino porque obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar un gobernante convencido de que construir basta para justificar cualquier decisión.

Fuente: Composición de Infobae (ver aquí)

La escena tiene como protagonista a Franco Vidal, alcalde de Ate con apenas treinta años, convertido en una de las figuras políticas de mayor crecimiento en redes sociales y que ya habla de disputar la presidencia de la República en 2031. Para entender por qué un alcalde distrital puede alimentar semejante ambición no basta mirar TikTok o Kick. Hay que mirar una tradición política mucho más antigua.

Durante décadas Lima se construyó bajo un pacto tácito. Primero llegaron los asentamientos humanos; y después de los votos, aparecieron la luz, el agua, el desagüe y las pistas. La obra pública no solo resolvía necesidades: legitimaba a quien la ejecutaba. Ese pacto sobrevivió al crecimiento de la ciudad y terminó convirtiéndose en una forma de hacer política.

Ricardo Belmont bautizó una nueva tradición que sobreviviría a varias generaciones de alcaldes: "Obras son amores". La mejor manera de decirle a Lima que se le quería era construir. Construir, esta vez, para movilizarse. El Trébol de Monterrico, el túnel de la Plaza Dos de Mayo y los dos puentes sobre el Rímac que enlazaron El Agustino con San Juan de Lurigancho fueron mucho más que infraestructura: fueron la demostración tangible de ese afecto político.

Luis Castañeda Lossio llevó esa idea un paso más allá. Su lema fue "Mis obras son mis mejores palabras". Mientras las denuncias de corrupción crecían, él prefería responder con la construcción de pasos a desnivel, escaleras amarillas en los cerros y puentes peatonales antes que con conferencias de prensa. Una innovación que llevó su sello fue la creación de los Hospitales de la Solidaridad, que permitió ampliar el acceso de miles de limeños a servicios de salud de bajo costo. El mensaje era claro: las obras hablaban por él. Fue precisamente en esos años cuando terminó de instalarse en el imaginario popular la lógica del alcalde que "roba, pero hace obra", aunque él siempre rechazó esa frase.

Rafael López Aliaga heredó esa tradición, pero incorporó un elemento distinto: la velocidad. Su marca de gobierno ha sido demostrar que las obras pueden ejecutarse en tiempo récord, dejando de lado lo que considera una burocracia técnica excesiva y los "trámites caviares" que, según sostiene, mantuvieron paralizada a Lima durante décadas. La culminación de los tramos pendientes de la autopista Ramiro Prialé, el puente a la altura de Las Torres y la Vía Expresa Sur fueron presentados como pruebas de esa capacidad para hacer en meses lo que otros demoraban años. Sin embargo, esa misma apuesta por la celeridad abrió un debate sobre sus costos. Los accidentes registrados en la Vía Expresa Sur, los nuevos cuellos de botella generados al final de la Prialé y las dificultades evidenciadas durante las pruebas del tren donado por Caltrain —desde el descarrilamiento de un vagón hasta la necesidad de adaptar túneles, curvas y futuras estaciones— alimentaron las críticas de quienes advertían que acelerar las obras no podía sustituir la planificación técnica. La obra debía hacerse rápido, aun cuando ello significara asumir después el costo de corregirla.

Franco Vidal representa la siguiente mutación de ese linaje. La obra ya no solo debe ejecutarse ni hablar por sí misma: debe convertirse en espectáculo. Cada intervención se transmite en vivo, cada maquinaria forma parte del contenido que consumen cientos de miles de seguidores y cada inauguración alimenta una comunidad digital que acompaña al alcalde casi en tiempo real. La obra deja de ser solamente infraestructura: también se convierte en contenido. Lo importante ya no es solo construir, ni siquiera construir rápido, sino hacerlo frente a una cámara. Más obras, más show.

Sin embargo, existe una diferencia mucho más importante. Belmont, Castañeda y López Aliaga, con estilos muy distintos, terminaron reconociendo ciertos límites cuando sus proyectos chocaban con comunidades organizadas o con propiedades privadas o públicas formalmente consolidadas. Belmont buscaba acuerdos antes de iniciar grandes intervenciones urbanas; Castañeda terminó retrocediendo frente a la resistencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y López Aliaga modificó el trazo final de la autopista Ramiro Prialé cuando la obra alcanzó el club residencial Los Girasoles de Huampaní.

Pero Vidal parece haber decidido prescindir de esa lógica desde el inicio de su gestión. Amparado en la fuerza de una comunidad digital extraordinariamente movilizada, convirtió la demolición en una marca de gobierno: rejas vecinales, establecimientos privados, viviendas y ahora incluso el patrimonio de una comunidad centenaria.

De allí la importancia del caso de la Asociación Okinawense del Perú. La excavadora municipal ingresó a un complejo privado con más de un siglo de historia, utilizado por cientos de familias para actividades deportivas y culturales, y derribó el cerco decorado con murales elaborados por niños. No era una invasión ni un asentamiento informal. Era una institución con títulos de propiedad que no rechazaba la obra pública, sino que exigía que esta respetara el debido procedimiento.

La controversia terminó trascendiendo al distrito. El Ministerio de Economía desactivó el proyecto de inversión —al determinar que se ejecutaba sobre propiedad privada y no cumplía las normas del sistema de inversiones— y la Municipalidad Metropolitana de Lima retiró a Ate la competencia sobre esa vía. Más allá de los aspectos administrativos, el episodio dejó instalada una pregunta política: ¿Hasta dónde puede llegar un alcalde cuando la obra pública se convierte en la principal fuente de legitimidad?

La interrogante resulta todavía más relevante porque Vidal ya no es solamente un alcalde distrital. Como otros burgomaestres del país, busca proyectarse más allá de su jurisdicción apoyado en una combinación de obras visibles y comunicación directa con la ciudadanía. En su caso, las redes sociales amplifican esa estrategia hasta convertirlo en un fenómeno político que la clase dirigente limeña todavía parece subestimar. Hace apenas unas semanas recorrió el sur del país acompañado de un popular streamer, congregando —según registros difundidos en sus propias redes— multitudes de jóvenes en plazas y parques de Tacna, Moquegua y Arequipa.

Quizá el debate de fondo no sea Franco Vidal, sino el modelo político que representa. Durante décadas los limeños aprendieron a valorar a sus alcaldes por las obras que dejaban, sobre todo por aquellas que reducían el tiempo perdido en una ciudad cada vez más congestionada. Ese criterio permitió cerrar brechas largamente postergadas, pero también fue desplazando una pregunta igualmente importante: ¿Cómo se hicieron esas obras y qué límites estaba dispuesto a respetar quien las ejecutaba?

Tal vez esa sea la verdadera evolución de este linaje de alcaldes. Cada época encontró una manera distinta de legitimar al alcalde que hacía obra. Primero fue el afecto. Después el silencio. Luego la celeridad. Hoy es el espectáculo.

Obras son amores. Obras son palabras. Obras son show.

Cada etapa amplió un poco más el poder de quien construía. La pregunta que deja abierta Franco Vidal es si, en ese recorrido, también hemos ido desplazando los límites que ese poder debería respetar. Porque si la obra termina justificándolo todo, la discusión ya no será quién construye más, sino qué estamos dispuestos a permitir en nombre de quien construye. La respuesta no la dará Ate ni Franco Vidal. La darán los peruanos cuando decidan si este linaje termina en un municipio en las próximas elecciones regionales y municipales 2026... o si continúa desde Palacio de Gobierno en 2031.

El cazador de presidentes

«Por mis hijos, para construir una mejor Policía Nacional y combatir el crimen, la extorsión, pero sobre todo la corrupción en el poder, sí, juro.»

— Harvey Colchado, al juramentar como diputado (Caretas 24.07.2026).

El diputado más votado del país, con 143 244 votos, aceptó ocupar el tercer lugar en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. No la presidencia que su respaldo parecía justificar, sino la segunda vicepresidencia. Quien no lo conoce podría leerlo como modestia, o incluso como una derrota. Creo que es exactamente lo contrario: una jugada. Odiseo no regresa a Ítaca convertido en rey ni entra por la puerta grande; vuelve disfrazado de mendigo, deja que los pretendientes se confíen mientras devoran su casa y solo entonces, cuando nadie lo mira, tensa el arco. Colchado como segundo vicepresidente parece encarnar ese mismo disfraz: adentro para verlo todo, demasiado abajo para convertirse en el blanco principal.

Conviene recordar de quién hablamos. Antes de convertirse en el rostro más visible de las investigaciones por corrupción política, el coronel Harvey Colchado participó en operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado, entre ellas la captura del cabecilla senderista Artemio. Más tarde, al frente de la Diviac (Dirección de Investigaciones de Alta Complejidad), estuvo detrás de algunas de las intervenciones más delicadas de la historia reciente del país: la diligencia en la vivienda de Alan García en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht; la detención de Keiko Fujimori y de parte de la cúpula de Fuerza Popular en el caso Cócteles; la captura del presidente Pedro Castillo cuando intentaba llegar a la embajada de México tras su intento de cerrar el Congreso; y el allanamiento de la casa de la ex presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, episodio que terminó costándole la jefatura de la Diviac y, más tarde, el pase al retiro.

No es un hombre de un solo bando: es el cazador de los poderosos, sin distinción de color político. A la derecha, al Apra, al maestro de Chota y a la presidenta que hoy gobierna les ha puesto la mano encima. Y cuando el poder lo expulsó, regresó por donde ya no podían impedirle el paso: por el voto. Los 143 244 votos que obtuvo hicieron de él el diputado con mayor respaldo ciudadano del país.

Su arma nunca ha sido la del gobierno. Su instrumento es el expediente, y su doctrina consiste en investigar antes de que el daño se consuma, no después. El arco es paciente y certero; dispara desde lejos. No hace falta imaginar hacia dónde podría apuntar: ya derribó a Keiko Fujimori una vez, y ahora que ella viste la banda presidencial, aparece como el pretendiente más grande de la sala.

Desde esa perspectiva, aceptar un lugar aparentemente modesto parece responder a un cálculo político. Desde la segunda vicepresidencia preserva lo más valioso de su capital político: una reputación de incorruptible que la presidencia de la Mesa, con sus inevitables cuotas y negociaciones, podría desgastar. Además, se ubica cerca del centro de gravedad de la Cámara convirtiendo su posición en una suerte de seguro político. Disolver la Cámara de Diputados ya había sido planteado en marzo por López Aliaga como una posibilidad constitucional; hacerlo con el parlamentario más votado del país sentado en ella tendría un costo político mucho mayor, pues podría ser percibido también como el silenciamiento del representante con mayor respaldo ciudadano. Su sola presencia eleva el precio de cualquier aventura de ese tipo.

No deja de ser revelador que, al juramentar como segundo vicepresidente, ya no insistiera en la lucha contra la corrupción, sino en el «restablecimiento del equilibrio de poderes» y la construcción de «una verdadera nación». Quizá entendió que, desde el Congreso, su papel ya no consistirá únicamente en perseguir delitos, sino también en impedir que el poder vuelva a concentrarse sin contrapesos. Después de todo, un investigador combate a quienes violan la ley; un parlamentario también tiene la responsabilidad de proteger las instituciones que impiden que ese abuso llegue a convertirse en norma.

Pero tampoco conviene idealizarlo demasiado, y ahí reside quizá la característica que lo convierte en la pieza menos predecible del tablero: su arco no apunta hacia un solo lado. No pertenece a la izquierda; pertenece, sobre todo, a su propia trayectoria. Los castillistas que hoy integran la coalición votaron una Mesa que tiene como segundo vicepresidente al hombre que condujo la captura de su líder. Tuvieron que tragarse ese sapo. Esa independencia es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su mayor soledad. Es leal a su regreso, y a nadie más.

En una serie sobre hombres deshechos por una armadura prestada o por un hambre que nunca se sacia, Colchado representa el reverso: el único cuyo poder parece ser verdaderamente suyo y que lo administra con la paciencia de quien sabe esperar. Si alguien vuelve a casa en esta historia, apostaría por él. Aunque conviene no olvidar cómo termina la Odisea: el regreso de Odiseo no es un abrazo. Es el momento en que tensa el arco y cambia para siempre el orden de la casa que encontró.