La estación terminal de las aspiraciones presidenciales

En política existen trayectorias que parecen lógicas, pero que la historia se encarga de desmentir. Una de ellas es la idea de que la alcaldía de Lima constituye el trampolín natural hacia la Presidencia de la República. La intuición resulta seductora: quien gobierna la ciudad más importante del país debería estar mejor preparado para gobernar el Perú. Sin embargo, la evidencia muestra exactamente lo contrario.

La pregunta es sencilla: ¿Algún alcalde de Lima ha llegado a Palacio de Gobierno utilizando la Municipalidad como plataforma de partida? La respuesta, desde el retorno de la democracia en los ochenta, es negativa.

Los intentos comenzaron hace décadas. En 1985, dos exalcaldes de Lima disputaron la Presidencia desde extremos opuestos del espectro político. Luis Bedoya Reyes, fundador del Partido Popular Cristiano, obtuvo alrededor del diez por ciento de los votos. Alfonso Barrantes, el alcalde más popular de la izquierda peruana y creador del programa Vaso de Leche, quedó segundo detrás de Alan García y decidió no participar en la segunda vuelta. Ni la derecha ni la izquierda encontraron en la alcaldía un camino hacia Palacio.

La historia continuó repitiéndose. Ricardo Belmont, alcalde durante los primeros años de la década de 1990, fue derrotado ampliamente por Alberto Fujimori en 1995. Alberto Andrade, reconocido por la recuperación del centro histórico y la modernización de Lima, inició la campaña del 2000 encabezando las encuestas como principal opositor al régimen; terminó tercero con apenas el tres por ciento de los votos. Luis Castañeda Lossio, tres veces alcalde y probablemente uno de los gestores municipales más populares de las últimas décadas, postuló en 2011 y quedó relegado al quinto lugar.

No se trata de una coincidencia aislada. Se trata de un patrón que atraviesa gobiernos, partidos e ideologías.

¿Por qué ocurre? Porque el liderazgo municipal de la capital y el liderazgo presidencial responden a lógicas distintas. Un alcalde es evaluado principalmente por su capacidad para ejecutar obras, resolver problemas urbanos y administrar una ciudad compleja. Un candidato presidencial, en cambio, necesita construir un relato nacional, articular alianzas territoriales y conectar con un electorado mucho más diverso que el limeño. Son habilidades relacionadas, pero no equivalentes.

En otras palabras, Lima no es el Perú. La popularidad obtenida administrando la capital no necesariamente se traduce en respaldo en la costa, la sierra y la selva. Gobernar una metrópoli y representar un país son desafíos diferentes.

La dirección y el sentido de las carreras políticas también resulta punto interesante a destacar. Más de una figura nacional encontró en la Municipalidad de Lima un espacio para reinventarse después de una derrota presidencial. Luis Castañeda perdió la elección del año 2000 antes de conquistar la alcaldía. Susana Villarán fue candidata presidencial en 2006 y solo cuatro años después ganó la Municipalidad. La flecha parece correr en un solo sentido: la derrota nacional puede conducir a Lima, pero Lima no conduce a la Presidencia.

Ese patrón histórico vuelve inevitable mirar con cautela cualquier intento de convertir la alcaldía en plataforma presidencial. La historia no demuestra que sea imposible, pero sí que ha sido extraordinariamente improbable. Ningún alcalde de Lima ha conseguido romper esa barrera durante más de cuatro décadas.

Toda regla puede encontrar una excepción algún día. Sin embargo, quien aspire a ser el primero deberá enfrentarse no solo a sus rivales políticos, sino también a una evidencia histórica persistente. Hasta ahora, la Municipalidad de Lima no ha sido la estación de partida hacia Palacio de Gobierno.

Ha sido, más bien, la estación terminal de las ambiciones presidenciales.

La renuncia más costosa de las elecciones generales 2026

Esta mañana, en el hemiciclo, un ingeniero agrícola de 75 años juró como senador de la República "por Dios, la patria, por mi familia, por la memoria de mis señores padres, y por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori". Lo hacía por Renovación Popular, pero el nombre que eligió para definir su identidad política no fue el de su partido, sino el del régimen del que proviene. Esa distancia entre la etiqueta partidaria y la lealtad política explica, mejor que cualquier otra cosa, cómo llegó hasta ese escaño.

La pregunta no es por qué juró Absalón Vásquez. La pregunta es por qué Rafael López Aliaga decidió no hacerlo. En abril, 1'993,905 peruanos votaron por él como senador. Ese voto expresaba una expectativa concreta: que ejerciera la representación que acababan de confiarle. Sin embargo, renunció a ella.

La explicación oficial es conocida. López Aliaga sostiene que no puede juramentar porque considera fraudulento el proceso electoral y hacerlo implicaría convalidarlo. El problema es que ese argumento se aplica de manera selectiva. Mientras él rechaza asumir el cargo, su bancada sí recibió credenciales, se instaló en el Congreso y ejerce plenamente sus funciones. Si el origen del Parlamento fuera realmente ilegítimo, la coherencia exigiría desconocerlo por completo, no solo abstenerse de jurar personalmente.

Por eso la explicación resulta insuficiente. Renunciar a un mandato otorgado por casi dos millones de ciudadanos tiene un costo político demasiado alto para justificarse únicamente con un gesto simbólico.

La respuesta podría encontrarse en la persona que ocupó finalmente ese escaño.

Absalón Vásquez no es un dirigente cualquiera de Renovación Popular. Es uno de los cuadros históricos del fujimorismo. Fue ministro de Agricultura de Alberto Fujimori, posteriormente su asesor en temas agrarios y nunca ha ocultado su identificación con ese proyecto político. Su incorporación a la lista de Renovación Popular fue reciente y ocurrió por invitación de López Aliaga.

Lo singular no es solo su trayectoria política. También posee un perfil técnico poco común. Es ingeniero agrícola, especialista en manejo de cuencas, cosecha de agua y desarrollo rural, precisamente los temas que adquieren relevancia cuando el país enfrenta la amenaza de un Fenómeno del Niño intenso.

Aquí aparecen dos hipótesis plausibles.

La primera es política. A sus 75 años, el escaño puede entenderse como un reconocimiento a uno de los últimos referentes históricos del albertismo, alguien que no había conseguido llegar al Senado por voto propio.

La segunda mira hacia el futuro inmediato. Si el próximo gobierno debe enfrentar una emergencia climática desde sus primeros meses, contar dentro de la bancada con alguien que conoce el aparato estatal y el sector agrario puede tener un valor estratégico. En ese escenario, la llegada de Vásquez deja de ser un simple reemplazo y pasa a formar parte de una preparación política para una eventual crisis.

No es posible demostrar cuál de estas explicaciones es la correcta. Lo que sí puede afirmarse es que ambas resultan más consistentes que la versión oficial basada en la coherencia frente al supuesto fraude.

En política, las decisiones importantes rara vez se toman para sustituir un nombre por otro equivalente. Se toman porque la persona elegida aporta algo que ningún otro puede aportar. Absalón Vásquez no era un accesitario cualquiera. Esa es precisamente la razón por la que su llegada merece una explicación.

Quizá el tiempo termine revelando cuál era el verdadero propósito. Si el nuevo bloque entre Fuerza Popular y Renovación Popular se consolida y Vásquez adquiere un papel relevante en la respuesta frente a un eventual Fenómeno del Niño, la hipótesis técnica cobrará fuerza. Si no ocurre, la interpretación del premio político será probablemente la más convincente.

En cualquiera de los dos casos, la pregunta inicial permanece intacta: ¿Por qué Rafael López Aliaga renunció a representar a casi dos millones de electores? La explicación oficial no basta. Y mientras no aparezca una mejor, el nombre de Absalón Vásquez seguirá siendo la pieza que hace que toda la operación resulte, al menos, inteligible.

El gobierno antes del gobierno

Entre la proclamación de resultados y la juramentación del 28 de julio existe, en toda democracia presidencial, una zona gris: el presidente electo no es todavía presidente, pero ya no es solamente candidato. Lo que distingue a las transiciones es cómo se administra esa zona gris. Y lo que estamos viendo en el Perú de estas semanas es algo más que una transición ordenada: es un gobierno operando antes de existir jurídicamente.

Los indicios son públicos, aunque dispersos. Keiko Fujimori se presenta ante el país bajo el título de presidenta electa —cuentas oficiales, conferencias de prensa, agenda protocolar— cuando la investidura congresal aún no ocurre. Acudió al Banco Central de Reserva y, según ha trascendido del propio Julio Velarde, le solicitó permanecer al frente del ente emisor por cinco años más, pedido que él habría aceptado. El mensaje a los agentes económicos es transparente: continuidad, estabilidad, previsibilidad. Pero conviene detenerse en la forma antes que en el fondo: la designación del presidente del BCRP corresponde al Poder Ejecutivo en funciones y su ratificación al Congreso. Una presidenta que aún no jura no designa; anuncia. Y sin embargo el anuncio produce efectos reales en los mercados y en las expectativas. Es gobierno de facto en su expresión más pura: actos sin forma jurídica que generan consecuencias como si la tuvieran.

A este cuadro se suma una pieza de otra naturaleza, resuelta días atrás por el Tribunal Constitucional. En la sentencia del caso Belén (Expediente 00018-2023-PI/TC), el TC estableció como criterio vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en la iniciativa de gasto: los congresistas ya no tienen iniciativa para incrementar gastos que incidan en el presupuesto anual ni que impacten hacia el futuro, y todo proyecto con efecto fiscal deberá coordinarse con el Ejecutivo y contar con informe de sostenibilidad del MEF. Más allá del mérito técnico de la doctrina —que lo tiene, y sobre el cual volveré en otra entrega—, el dato político es el momento: la principal herramienta de poder fiscal que el Congreso acumuló en el último quinquenio le fue retirada dos semanas antes de que asuma un nuevo Ejecutivo. Quien reciba la banda el 28 de julio gobernará con una chequera que sus predecesores no tuvieron. Ni podrían haber aspirado si los resultados de la segunda vuelta hubieran sido distintos.

El patrón que emerge, entonces, no es el de una presidenta electa esperando su turno, sino el de un despeje sistemático de la pista: certidumbre monetaria asegurada por adelantado, iniciativa fiscal recuperada por vía jurisprudencial, y un Congreso saliente que aprueba en sus últimos días normas cuyo beneficiario natural es el gobierno entrante. Entre estas últimas, una merece especial atención: la que traslada al fuero militar policial el juzgamiento de los excesos cometidos por policías y militares en el control del orden interno, sustrayéndolos del fuero civil donde la Corte Interamericana ha establecido reiteradamente que corresponde juzgar violaciones de derechos humanos. No hace falta atribuir intenciones para señalar el efecto objetivo de la norma: reduce el costo esperado del uso de la fuerza en escenarios de protesta social. Un gobierno que llega con casi la mitad del electorado en contra debería querer más contrapesos sobre el uso de la fuerza, no menos.

Y ahí está mi escepticismo de fondo. Toda esta ingeniería preinaugural parece diseñada bajo una premisa: que es posible asegurarse cien primeros días sin fricción. La historia política peruana —y la naturaleza misma del poder— sugiere lo contrario. El poder genera oposición por el solo hecho de ejercerse; la mitad del país que no votó por este proyecto no va a desaparecer porque el BCRP tenga titular confirmado ni porque el Congreso haya perdido la iniciativa de gasto. La fricción no se elimina; se posterga, y la fricción postergada suele regresar con intereses. Un gobierno que blinda su arranque removiendo contrapesos no reduce el riesgo de crisis: reduce los amortiguadores disponibles cuando la crisis llegue.

Quedan preguntas abiertas que este espacio seguirá con atención. ¿Internalizará el nuevo Reglamento del Congreso bicameral la doctrina del TC, o la resistirá? ¿Qué contendrá el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo debe enviar antes del 30 de agosto, elaborado en su mayor parte por un gobierno que ya no estará para debatirlo? ¿Y en qué moneda cobrará un Congreso al que se le retiró el poder de gasto pero conserva los nombramientos y el control político? Las respuestas dirán si estamos ante la normalización institucional que los mercados celebran o ante algo distinto: la reasignación del poder acumulado en estos años hacia su nuevo administrador.

Hay, además, un actor que no firma pactos ni respeta pistas despejadas. El ENFEN proyecta ya un evento El Niño con probabilidad de magnitud fuerte hacia fines de este año, justo sobre el calendario del debate presupuestal y de los primeros cien días. Puede que sea el clima —y no la política— el que vacíe la expectativa de gobernar como en una luna de miel sin tropiezos: los matrimonios, hasta los mejor arreglados, se prueban recién cuando llega la primera tormenta.

Por ahora, lo único verificable es que el gobierno empezó antes del gobierno. Y que en el Perú, la informalidad —hasta la del poder— siempre encuentra quien le preste formalidad después.

La economía política de la incertidumbre electoral

La elección presidencial ya ocurrió.

Millones de peruanos hemos acudido a las urnas el domingo y emitimos nuestro respectivo voto. Sin embargo, varios días después seguimos inmersos en una intensa discusión pública sobre quién terminará ganando la elección.

¿Cómo es posible?

La respuesta es sencilla: lo que hoy discutimos ya no son los votos. Discutimos expectativas.

Apenas concluyó la jornada electoral, los conteos rápidos de las principales encuestadoras mostraron una elección extraordinariamente ajustada. Conforme avanzó el conteo oficial de la ONPE ocurrió algo que muchos especialistas habían anticipado: la ventaja inicial que favorecía a un candidato fue reduciéndose hasta ser superada por su contendiente.

Hasta ese momento, la discusión giraba alrededor de los resultados observados.

Pero ayer se produjo un quiebre, acarreando un debate distinto.

Aparecieron simulaciones matemáticas. Surgieron proyecciones sobre el peso de las actas observadas. Se difundieron análisis sobre el comportamiento probable del voto en el extranjero. Circularon audios, comentarios de especialistas y modelos estadísticos que intentaban anticipar el resultado final antes de que concluyera el conteo oficial.

De pronto, la conversación pública dejó de concentrarse en los votos efectivamente contabilizados. Ahora estamos concentrados en los pocos votos que aún faltan contar.

La diferencia parece pequeña, pero es enorme.

Como economista, este fenómeno me resulta familiar. Los mercados financieros funcionan sobre expectativas. Las empresas invierten sobre expectativas. Los consumidores toman decisiones sobre expectativas. El dólar sube y baja no solo con los hechos, sino con lo que los agentes creen que ocurrirá. Una parte importante de la economía moderna consiste precisamente en administrar la incertidumbre —y en entender que las expectativas tienen consecuencias tan reales como los hechos que las originan.

La política no es muy distinta.

En una elección tan ajustada como la que estamos viviendo, las expectativas comienzan a adquirir una relevancia extraordinaria. Los modelos intentan anticipar el futuro. Los analistas construyen escenarios. Los medios difunden proyecciones. Los ciudadanos buscan señales que les permitan reducir la incertidumbre. Es una reacción perfectamente natural ante lo que no se puede aún verificar.

El problema es que las expectativas tienen una característica peculiar: pueden independizarse de los hechos. Una vez instaladas, comienzan a producir emociones propias —optimismo en unos, preocupación en otros— y cuando finalmente se revela la realidad, la reacción de las personas no depende únicamente del resultado observado, sino también de las expectativas que habían construido previamente.

Por eso una elección extremadamente ajustada puede convertirse en un terreno fértil para la polarización. Quienes creen que su candidato terminará ganando reciben cada nueva proyección como una confirmación. Quienes creen lo contrario hacen exactamente lo mismo. Poco a poco, el debate deja de girar alrededor de la evidencia disponible y empieza a organizarse alrededor de escenarios futuros que todavía nadie puede verificar.

Las redes sociales amplifican este fenómeno a una velocidad extraordinaria. Una simulación estadística, una declaración pública, una plataforma de apuestas o una proyección electoral pueden modificar en cuestión de minutos el estado de ánimo de miles de personas. Ninguno de esos elementos cambia los votos ya emitidos. Pero sí puede cambiar las expectativas acerca de esos votos. Y las expectativas tienen consecuencias políticas.

Aquí reside el núcleo del problema: cuando las expectativas se alejan demasiado de los resultados finalmente observados, aparece la frustración. Y cuando la frustración se combina con una sociedad altamente polarizada —como es hoy la nuestra—, el riesgo de conflicto aumenta.

Y los primeros cantos de batalla —los gritos de fraude, las exigencias de que se respeten "los verdaderos resultados"— ya han comenzado a escucharse.

Por eso resulta tan importante distinguir entre observación y expectativa. La observación nos dice qué sabemos. La expectativa nos dice qué creemos que ocurrirá. Ambas son útiles. Pero no son lo mismo, y confundirlas tiene costos.

Los modelos son herramientas valiosas. Las simulaciones también lo son. Los análisis prospectivos lo son mucho más. Nos ayudan a navegar la incertidumbre y a entender escenarios posibles. Pero no eliminan la incertidumbre. Esa es una lección que vale tanto para la economía como para la política.

En las últimas horas varias personas me han preguntado quién creo que terminará ganando la elección. Supongo que esperan una respuesta sólida y certera porque me dedico profesionalmente al análisis económico y estadístico. Sin embargo, mientras escucho pronósticos, reviso modelos y observo cómo las expectativas se multiplican en todas direcciones, recuerdo una advertencia que John Maynard Keynes dejó sobre el futuro y la incertidumbre. A veces, la respuesta más rigurosa —y también la más honesta— sigue siendo la más incómoda:

Simplemente no sabemos.

La tercera vuelta

Los resultados de la segunda vuelta presidencial aún deben ser confirmados por las autoridades electorales. Sin embargo, si la experiencia reciente sirve de referencia, es probable que los conteos rápidos vuelvan a demostrar el alto nivel de precisión que los ha caracterizado durante las últimas décadas.

En esta oportunidad, no fue una sola empresa la que presentó una proyección. Tanto Ipsos como Datum realizaron conteos rápidos independientes y, aunque con diferencias en la magnitud de la ventaja observada, ambas coincidieron en señalar una elección extraordinariamente ajustada y una ligera ventaja para Roberto Sánchez.

Naturalmente, ninguna proyección estadística reemplaza al resultado oficial. Pero la coincidencia entre ejercicios independientes sugiere que la principal incertidumbre ya no se encuentra en la estimación estadística del resultado, sino en la gestión institucional de las controversias que puedan surgir durante su validación oficial.

Paradójicamente, la discusión pública parece haberse desplazado del conteo de los votos hacia otro terreno. Ya no se debate únicamente quién obtuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos. La atención comienza a concentrarse en las instituciones que deberán resolver las controversias derivadas del proceso electoral. Es allí donde aparece lo que podríamos llamar la tercera vuelta.

La primera vuelta ocurrió en abril. La segunda vuelta se desarrolló en las urnas. La tercera vuelta se librará en expedientes, recursos, apelaciones, conferencias de prensa, entrevistas, redes sociales y titulares periodísticos. Su principal protagonista ya no será uno de los candidatos presidenciales, sino el Jurado Nacional de Elecciones.

La noche electoral ofreció una secuencia particularmente interesante de observar.

A las cinco de la tarde, Ipsos y Datum presentaron los resultados de su conteo rápido. Ipsos lo hizo por encargo de Transparencia y en colaboración con el National Democratic Institute (NDI). Poco después, Roberto Sánchez apareció en la Plaza San Martín en un acto espontáneo donde transmitió optimismo respecto a los resultados presentados, pero también llamó a sus simpatizantes a defender cada voto emitido.

Más tarde, Keiko Fujimori realizó su propia declaración pública. Recogió la caracterización de empate técnico presentada por las encuestadoras, y acto seguido convocó a sus personeros a defender cada voto y añadió un cuestionamiento a la capacidad de una muestra relativamente pequeña para representar el universo nacional de mesas electorales.

La convocatoria a los personeros no tiene nada de extraordinario. Forma parte del funcionamiento normal de cualquier democracia. Los personeros existen precisamente para vigilar el proceso electoral, registrar incidencias y defender los votos de sus organizaciones políticas. Sin embargo, el episodio revela algo más profundo.

La discusión pública se estaría desplazando desde el conteo de los votos hacia los mecanismos encargados de validarlos. La pregunta dejará de ser únicamente quién recibió más respaldo electoral y pasará a convertirse en una discusión sobre cómo se resolverán las controversias posteriores. De esta manera se habría inaugurado el inicio de la tercera vuelta.

En este punto, conviene recordar una cuestión fundamental. El Jurado Nacional de Elecciones no elige presidentes. La legislación peruana establece una regla sencilla para la segunda vuelta: gana quien obtiene más votos válidos. Incluso si la diferencia fuera de un solo voto. La función del JNE no consiste en escoger entre dos candidatos, sino en resolver las controversias que puedan surgir durante el escrutinio aplicando las normas electorales previamente establecidas.

La diferencia parece técnica, pero es fundamental. En una elección cerrada, el problema no es que aumente la importancia del JNE. El problema es que muchos ciudadanos comienzan a atribuirle un poder que en realidad no tiene. Cuando se instala la idea de que el árbitro decidirá quién será presidente, cada resolución deja de evaluarse por sus fundamentos jurídicos y comienza a interpretarse como una toma de posición política.

La experiencia reciente en la definición de quien quedó en segundo lugar en las elecciones de la primera vuelta demuestra lo delicado que puede resultar este proceso.

En las elecciones presidenciales de 2016 y 2021, y junto con la reciente experiencia de la primera vuelta de 2026, cada proceso extremadamente ajustado parece haber aumentado el nivel de exposición pública y cuestionamiento hacia las instituciones encargadas de administrar las elecciones.

No se trata de afirmar que toda crítica sea ilegítima. Las instituciones democráticas deben estar sujetas al escrutinio ciudadano. El problema aparece cuando el cuestionamiento deja de concentrarse en decisiones específicas y comienza a erosionar sistemáticamente la confianza en el árbitro mismo.

En ese momento, la discusión deja de ser electoral para convertirse en institucional.

La experiencia de la primera vuelta presidencial de este año constituye una advertencia importante. Las autoridades electorales fueron sometidas a una presión política, mediática y ciudadana pocas veces vista en las últimas décadas. Cada resolución fue examinada al detalle. Cada declaración pública fue interpretada políticamente. Cada demora fue presentada como evidencia de algo más profundo.

La segunda vuelta encuentra al Jurado Nacional de Elecciones plenamente consciente de ese escenario. Por ello, la tercera vuelta no será únicamente una batalla jurídica. Será también una batalla institucional.

El primer frente será legal. Los recursos, observaciones, apelaciones e impugnaciones deberán resolverse conforme a ley. El segundo frente será comunicacional. Cada declaración de las autoridades electorales será examinada bajo una lupa política. El tercer frente será mediático. Las decisiones del JNE no solo serán discutidas en expedientes. También serán debatidas diariamente en programas de televisión, redes sociales y espacios de opinión.

Pero existe un cuarto frente que probablemente sea el más importante de todos: la legitimidad institucional. En una sociedad polarizada, las instituciones corren el riesgo de ser evaluadas no por la calidad de sus decisiones, sino por las consecuencias políticas de estas. Una misma resolución puede ser presentada como una muestra de imparcialidad por unos y como evidencia de sesgo por otros. Esa es la verdadera prueba que enfrentará el Jurado Nacional de Elecciones durante las próximas semanas.

La historia peruana ofrece una advertencia que vale la pena recordar.

La crisis electoral de 1962 no solo estuvo marcada por una controversia sobre los resultados. También estuvo acompañada por un progresivo deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de administrarlos. El problema dejó de ser quién había obtenido más votos y pasó a ser quién tenía legitimidad para arbitrar el conflicto. El desenlace fue una ruptura institucional que interrumpió el proceso democrático.

Más de seis décadas después, el Perú enfrenta circunstancias completamente distintas, pero una preocupación que resulta familiar. Cuando la discusión pública deja de concentrarse en los votos y comienza a concentrarse en la legitimidad de los árbitros, la democracia entra en una zona de riesgo.

La década 2016-2026 también puede leerse como una década de creciente fragilidad institucional. Elecciones extremadamente ajustadas, conflictos permanentes entre poderes del Estado, vacancias presidenciales, un cierre del Congreso, cambios sucesivos de gobierno y una polarización cada vez más intensa han erosionado la confianza pública en las instituciones democráticas.

No se trata de atribuir responsabilidades exclusivas a una persona o a una organización política. Se trata de reconocer que la desconfianza institucional se ha convertido en uno de los principales desafíos de la democracia peruana.

Las crisis de confianza rara vez terminan cuando concluye una elección.

Por ello, el principal desafío del Jurado Nacional de Elecciones no será únicamente resolver correctamente los recursos que lleguen a sus manos. Será preservar la confianza pública mientras los resuelve.

La tercera vuelta no consiste en determinar quién obtuvo más votos. Esa respuesta ya fue dada por millones de ciudadanos en las urnas. La tercera vuelta consiste en lograr que las controversias electorales continúen resolviéndose dentro de las instituciones democráticas y no fuera de ellas.

Las democracias no fracasan porque existan desacuerdos. Los desacuerdos son parte natural de la política. Las democracias fracasan cuando los desacuerdos dejan de resolverse mediante reglas compartidas.

Durante las próximas semanas, el Perú pondrá a prueba no solamente la fortaleza de sus organismos electorales, sino también su capacidad para convivir en medio de profundas diferencias políticas.

La democracia peruana no se fortalecerá porque gane uno u otro candidato. Se fortalecerá si quienes pierdan reconocen la legitimidad de las reglas y si quienes ganen entienden que las instituciones electorales no existen para favorecer a ningún sector político, sino para garantizar que prevalezca la voluntad popular.

La tercera vuelta que hoy comienza será una prueba para el Jurado Nacional de Elecciones. Pero también será una prueba para todos nosotros. Porque después de las elecciones seguiremos compartiendo el mismo país, y ninguna democracia puede prosperar cuando la desconfianza hacia sus instituciones termina siendo más fuerte que la voluntad de convivir bajo reglas comunes.