Obras son amores, son palabras, son show

𝑼𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒆𝒗𝒆 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒏𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒄𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂

Que el llamado "alcalde dibujito" haya enviado una excavadora para derribar un mural pintado por niños —lleno de flores, girasoles y el sol naciente del Japón— es una de las imágenes más elocuentes de la política limeña municipal reciente. No porque se trate únicamente de una controversia sobre una obra pública, sino porque obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar un gobernante convencido de que construir basta para justificar cualquier decisión.

La escena tiene como protagonista a Franco Vidal, alcalde de Ate con apenas treinta años, convertido en una de las figuras políticas de mayor crecimiento en redes sociales y que ya habla de disputar la presidencia de la República en 2031. Para entender por qué un alcalde distrital puede alimentar semejante ambición no basta mirar TikTok o Kick. Hay que mirar una tradición política mucho más antigua.

Durante décadas Lima se construyó bajo un pacto tácito. Primero llegaron los asentamientos humanos; y después de los votos, aparecieron la luz, el agua, el desagüe y las pistas. La obra pública no solo resolvía necesidades: legitimaba a quien la ejecutaba. Ese pacto sobrevivió al crecimiento de la ciudad y terminó convirtiéndose en una forma de hacer política.

Ricardo Belmont bautizó una nueva tradición que sobreviviría a varias generaciones de alcaldes: "Obras son amores". La mejor manera de decirle a Lima que se le quería era construir. Construir, esta vez, para movilizarse. El Trébol de Monterrico, el túnel de la Plaza Dos de Mayo y los dos puentes sobre el Rímac que enlazaron El Agustino con San Juan de Lurigancho fueron mucho más que infraestructura: fueron la demostración tangible de ese afecto político.

Luis Castañeda Lossio llevó esa idea un paso más allá. Su lema fue "Mis obras son mis mejores palabras". Mientras las denuncias de corrupción crecían, él prefería responder con la construcción de pasos a desnivel, escaleras amarillas en los cerros y puentes peatonales antes que con conferencias de prensa. Una innovación que llevó su sello fue la creación de los Hospitales de la Solidaridad, que permitió ampliar el acceso de miles de limeños a servicios de salud de bajo costo. El mensaje era claro: las obras hablaban por él. Fue precisamente en esos años cuando terminó de instalarse en el imaginario popular la lógica del alcalde que "roba, pero hace obra", aunque él siempre rechazó esa frase.

Rafael López Aliaga heredó esa tradición, pero incorporó un elemento distinto: la velocidad. Su marca de gobierno ha sido demostrar que las obras pueden ejecutarse en tiempo récord, dejando de lado lo que considera una burocracia técnica excesiva y los "trámites caviares" que, según sostiene, mantuvieron paralizada a Lima durante décadas. La culminación de los tramos pendientes de la autopista Ramiro Prialé, el puente a la altura de Las Torres y la Vía Expresa Sur fueron presentados como pruebas de esa capacidad para hacer en meses lo que otros demoraban años. Sin embargo, esa misma apuesta por la celeridad abrió un debate sobre sus costos. Los accidentes registrados en la Vía Expresa Sur, los nuevos cuellos de botella generados al final de la Prialé y las dificultades evidenciadas durante las pruebas del tren donado por Caltrain —desde el descarrilamiento de un vagón hasta la necesidad de adaptar túneles, curvas y futuras estaciones— alimentaron las críticas de quienes advertían que acelerar las obras no podía sustituir la planificación técnica. La obra debía hacerse rápido, aun cuando ello significara asumir después el costo de corregirla.

Franco Vidal representa la siguiente mutación de ese linaje. La obra ya no solo debe ejecutarse ni hablar por sí misma: debe convertirse en espectáculo. Cada intervención se transmite en vivo, cada maquinaria forma parte del contenido que consumen cientos de miles de seguidores y cada inauguración alimenta una comunidad digital que acompaña al alcalde casi en tiempo real. La obra deja de ser solamente infraestructura: también se convierte en contenido. Lo importante ya no es solo construir, ni siquiera construir rápido, sino hacerlo frente a una cámara. Más obras, más show.

Sin embargo, existe una diferencia mucho más importante. Belmont, Castañeda y López Aliaga, con estilos muy distintos, terminaron reconociendo ciertos límites cuando sus proyectos chocaban con comunidades organizadas o con propiedades privadas o públicas formalmente consolidadas. Belmont buscaba acuerdos antes de iniciar grandes intervenciones urbanas; Castañeda terminó retrocediendo frente a la resistencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y López Aliaga modificó el trazo final de la autopista Ramiro Prialé cuando la obra alcanzó el club residencial Los Girasoles de Huampaní.

Pero Vidal parece haber decidido prescindir de esa lógica desde el inicio de su gestión. Amparado en la fuerza de una comunidad digital extraordinariamente movilizada, convirtió la demolición en una marca de gobierno: rejas vecinales, establecimientos privados, viviendas y ahora incluso el patrimonio de una comunidad centenaria.

De allí la importancia del caso de la Asociación Okinawense del Perú. La excavadora municipal ingresó a un complejo privado con más de un siglo de historia, utilizado por cientos de familias para actividades deportivas y culturales, y derribó el cerco decorado con murales elaborados por niños. No era una invasión ni un asentamiento informal. Era una institución con títulos de propiedad que no rechazaba la obra pública, sino que exigía que esta respetara el debido procedimiento.

La controversia terminó trascendiendo al distrito. El Ministerio de Economía desactivó el proyecto de inversión —al determinar que se ejecutaba sobre propiedad privada y no cumplía las normas del sistema de inversiones— y la Municipalidad Metropolitana de Lima retiró a Ate la competencia sobre esa vía. Más allá de los aspectos administrativos, el episodio dejó instalada una pregunta política: ¿Hasta dónde puede llegar un alcalde cuando la obra pública se convierte en la principal fuente de legitimidad?

La interrogante resulta todavía más relevante porque Vidal ya no es solamente un alcalde distrital. Como otros burgomaestres del país, busca proyectarse más allá de su jurisdicción apoyado en una combinación de obras visibles y comunicación directa con la ciudadanía. En su caso, las redes sociales amplifican esa estrategia hasta convertirlo en un fenómeno político que la clase dirigente limeña todavía parece subestimar. Hace apenas unas semanas recorrió el sur del país acompañado de un popular streamer, congregando —según registros difundidos en sus propias redes— multitudes de jóvenes en plazas y parques de Tacna, Moquegua y Arequipa.

Quizá el debate de fondo no sea Franco Vidal, sino el modelo político que representa. Durante décadas los limeños aprendieron a valorar a sus alcaldes por las obras que dejaban, sobre todo por aquellas que reducían el tiempo perdido en una ciudad cada vez más congestionada. Ese criterio permitió cerrar brechas largamente postergadas, pero también fue desplazando una pregunta igualmente importante: ¿Cómo se hicieron esas obras y qué límites estaba dispuesto a respetar quien las ejecutaba?

Tal vez esa sea la verdadera evolución de este linaje de alcaldes. Cada época encontró una manera distinta de legitimar al alcalde que hacía obra. Primero fue el afecto. Después el silencio. Luego la celeridad. Hoy es el espectáculo.

Obras son amores. Obras son palabras. Obras son show.

Cada etapa amplió un poco más el poder de quien construía. La pregunta que deja abierta Franco Vidal es si, en ese recorrido, también hemos ido desplazando los límites que ese poder debería respetar. Porque si la obra termina justificándolo todo, la discusión ya no será quién construye más, sino qué estamos dispuestos a permitir en nombre de quien construye. La respuesta no la dará Ate ni Franco Vidal. La darán los peruanos cuando decidan si este linaje termina en un municipio en las próximas elecciones regionales y municipales 2026... o si continúa desde Palacio de Gobierno en 2031.

El cazador de presidentes

«Por mis hijos, para construir una mejor Policía Nacional y combatir el crimen, la extorsión, pero sobre todo la corrupción en el poder, sí, juro.»

— Harvey Colchado, al juramentar como diputado (Caretas 24.07.2026).

El diputado más votado del país, con 143 244 votos, aceptó ocupar el tercer lugar en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. No la presidencia que su respaldo parecía justificar, sino la segunda vicepresidencia. Quien no lo conoce podría leerlo como modestia, o incluso como una derrota. Creo que es exactamente lo contrario: una jugada. Odiseo no regresa a Ítaca convertido en rey ni entra por la puerta grande; vuelve disfrazado de mendigo, deja que los pretendientes se confíen mientras devoran su casa y solo entonces, cuando nadie lo mira, tensa el arco. Colchado como segundo vicepresidente parece encarnar ese mismo disfraz: adentro para verlo todo, demasiado abajo para convertirse en el blanco principal.

Conviene recordar de quién hablamos. Antes de convertirse en el rostro más visible de las investigaciones por corrupción política, el coronel Harvey Colchado participó en operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado, entre ellas la captura del cabecilla senderista Artemio. Más tarde, al frente de la Diviac (Dirección de Investigaciones de Alta Complejidad), estuvo detrás de algunas de las intervenciones más delicadas de la historia reciente del país: la diligencia en la vivienda de Alan García en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht; la detención de Keiko Fujimori y de parte de la cúpula de Fuerza Popular en el caso Cócteles; la captura del presidente Pedro Castillo cuando intentaba llegar a la embajada de México tras su intento de cerrar el Congreso; y el allanamiento de la casa de la ex presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, episodio que terminó costándole la jefatura de la Diviac y, más tarde, el pase al retiro.

No es un hombre de un solo bando: es el cazador de los poderosos, sin distinción de color político. A la derecha, al Apra, al maestro de Chota y a la presidenta que hoy gobierna les ha puesto la mano encima. Y cuando el poder lo expulsó, regresó por donde ya no podían impedirle el paso: por el voto. Los 143 244 votos que obtuvo hicieron de él el diputado con mayor respaldo ciudadano del país.

Su arma nunca ha sido la del gobierno. Su instrumento es el expediente, y su doctrina consiste en investigar antes de que el daño se consuma, no después. El arco es paciente y certero; dispara desde lejos. No hace falta imaginar hacia dónde podría apuntar: ya derribó a Keiko Fujimori una vez, y ahora que ella viste la banda presidencial, aparece como el pretendiente más grande de la sala.

Desde esa perspectiva, aceptar un lugar aparentemente modesto parece responder a un cálculo político. Desde la segunda vicepresidencia preserva lo más valioso de su capital político: una reputación de incorruptible que la presidencia de la Mesa, con sus inevitables cuotas y negociaciones, podría desgastar. Además, se ubica cerca del centro de gravedad de la Cámara convirtiendo su posición en una suerte de seguro político. Disolver la Cámara de Diputados ya había sido planteado en marzo por López Aliaga como una posibilidad constitucional; hacerlo con el parlamentario más votado del país sentado en ella tendría un costo político mucho mayor, pues podría ser percibido también como el silenciamiento del representante con mayor respaldo ciudadano. Su sola presencia eleva el precio de cualquier aventura de ese tipo.

No deja de ser revelador que, al juramentar como segundo vicepresidente, ya no insistiera en la lucha contra la corrupción, sino en el «restablecimiento del equilibrio de poderes» y la construcción de «una verdadera nación». Quizá entendió que, desde el Congreso, su papel ya no consistirá únicamente en perseguir delitos, sino también en impedir que el poder vuelva a concentrarse sin contrapesos. Después de todo, un investigador combate a quienes violan la ley; un parlamentario también tiene la responsabilidad de proteger las instituciones que impiden que ese abuso llegue a convertirse en norma.

Pero tampoco conviene idealizarlo demasiado, y ahí reside quizá la característica que lo convierte en la pieza menos predecible del tablero: su arco no apunta hacia un solo lado. No pertenece a la izquierda; pertenece, sobre todo, a su propia trayectoria. Los castillistas que hoy integran la coalición votaron una Mesa que tiene como segundo vicepresidente al hombre que condujo la captura de su líder. Tuvieron que tragarse ese sapo. Esa independencia es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su mayor soledad. Es leal a su regreso, y a nadie más.

En una serie sobre hombres deshechos por una armadura prestada o por un hambre que nunca se sacia, Colchado representa el reverso: el único cuyo poder parece ser verdaderamente suyo y que lo administra con la paciencia de quien sabe esperar. Si alguien vuelve a casa en esta historia, apostaría por él. Aunque conviene no olvidar cómo termina la Odisea: el regreso de Odiseo no es un abrazo. Es el momento en que tensa el arco y cambia para siempre el orden de la casa que encontró.

Más allá del sombrero chotano

«Rechazamos la deslealtad; los acuerdos se cumplen.»

— Roberto Sánchez, al suspender a una senadora de su propia bancada por no mostrar su voto en la elección de la Mesa Directiva del Senado. (RPP, 26.07.2026)

Que un líder tenga que castigar en público a una de sus senadoras a los pocos días de instalado el Congreso no es una muestra de fuerza: es la confesión de que sus tropas no son enteramente suyas. Y la deslealtad que Sánchez condena no es un desliz moral aislado. Es el primer producto visible de una máquina que acaba de encenderse.

Keiko Fujimori gobierna en minoría y sin la elevada popularidad que gozaba su padre. Un gobierno así solo puede sobrevivir negociando. En política parlamentaria esto suele traducirse en dos mecanismos: alcanzar acuerdos entre bloques o alterar la composición de esos bloques atrayendo, de manera individual, a parlamentarios hacia el oficialismo. El segundo camino se vuelve especialmente atractivo cuando la oposición llega fragmentada y sin un liderazgo consolidado. Y las izquierdas llegaron así: cuatro bancadas sin una cabeza común, unidas por la aritmética más que por un mando, cada una con su propia clientela política y sus propios agravios. Esa baja cohesión no es un detalle mínimo: es la condición que transforma la negociación entre bancadas en una negociación con individuos. Donde el titular ve una traición aislada, puede estar apareciendo un patrón: el precio que un gobierno ofrece y que una alianza sin cohesión tiene dificultades para rechazar. Una bancada cohesionada resiste mejor esas presiones; esta todavía debe demostrar que puede hacerlo.

Pero el problema de fondo va más allá de Roberto Sánchez. Las elecciones y el Congreso premian virtudes distintas. Una campaña puede construirse alrededor de símbolos compartidos, identidades o liderazgos prestados; un Parlamento, en cambio, exige autoridad cotidiana para mantener unida a una coalición. La elección concede representación; el Congreso pone a prueba el liderazgo. Y ambas cosas rara vez coinciden.

Para entender por qué esa diferencia resulta tan decisiva conviene volver a una imagen de la literatura griega, específicamente en La Ilíada. Patroclo no entra a la guerra con su propia gloria: entra con la armadura prestada de Aquiles, el mejor guerrero, que se ha retirado a su tienda y se niega a combatir. Los troyanos, al ver el bronce del héroe ausente, retroceden; los mirmidones avanzan. Patroclo los empuja hasta las murallas de Troya y por un instante parece que tomará la ciudad. Pero la armadura no lo convierte en Aquiles. Apolo lo aturde, Héctor lo remata y —esto es lo esencial— le arrancan la armadura del cadáver. Muere dos veces: pierde la vida y pierde lo prestado.

Sánchez llegó a la segunda vuelta con una armadura que tampoco era completamente suya. El sombrero chotano era apenas la pieza más visible de un conjunto de símbolos prestados. Fue a la elección envuelto en el vehículo político de Pedro Castillo, preso en su tienda, y en la alianza con el antaurismo. Con ese bronce prestado reunió al Perú del Sur y de los Andes y estuvo a un paso de tomar la Plaza de Armas: perdió por menos de cincuenta mil votos. La elección demostró que aquella coalición era suficiente para competir por la Presidencia. El Congreso está revelando que quizá no baste para ejercer el liderazgo de quienes la integran.

Por eso la tropa que hoy intenta conducir no termina de disciplinarse: es un campamento de fidelidades distintas —castillistas, antauristas, maestros, senadores del Sur— y cada uno sigue mirando a su propio Aquiles político. Suspender, desde la jefatura del partido y sin siquiera una curul, a quien conserva su escaño es un gesto con escaso filo: se puede castigar la deslealtad, pero no fabricar una lealtad que nunca terminó de construirse. Y, como ocurrió en la elección de la Mesa Directiva, la próxima deserción quizá no cruce el pasillo de frente: bastará con alterar una cédula de votación. Una ausencia repentina. Una demora inusitada. La armadura ya muestra sus primeras grietas.

La segunda pérdida puede ser más lenta y más profunda: la del liderazgo sobre el conjunto de la izquierda. El "Consenso por la Democracia", que reunió a Juntos por el Perú con Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, no constituye todavía un ejército; es, sobre todo, una alianza de conveniencia parlamentaria. La prueba apareció en el reparto del poder. La única presidencia que la oposición consiguió —la Cámara de Diputados— no quedó en manos de un dirigente de Sánchez, sino de Óscar Reto, de Buen Gobierno, el partido de Jorge Nieto, que pocos días antes había acusado públicamente a Juntos por el Perú de albergar personas vinculadas al Movadef y, aun así, terminó integrando la misma coalición. La alianza sigue a los números, no a un mando político. Sánchez es apenas uno de cuatro excandidatos presidenciales, cada uno con su propia bancada, ninguno con autoridad indiscutida sobre el conjunto y todos obligados a disputar un mismo espacio de representación.

Y ahí aparece el verdadero riesgo que anticipa la Ilíada. Lo peor que le ocurre a Patroclo no es morir: es que le arrebaten la armadura. Ese es también el desafío de Sánchez: convertir en liderazgo propio una legitimidad prestada, cuyo símbolo más visible fue el sombrero chotano. Si no lo consigue, el respaldo político del Sur —el mismo que lo llevó a disputar la Presidencia voto a voto— empezará a buscar otros portadores: los propios senadores andinos, un eventual resurgimiento del castillismo o alguna figura nueva que la indignación de esa base termine consagrando. En la epopeya, el cadáver de Patroclo se convierte en el centro de una batalla feroz porque griegos y troyanos no pelean por el hombre, sino por el bronce que llevaba puesto. Esa puede ser la escena que se aproxime para la izquierda peruana.

La pregunta, entonces, ya no es simplemente si Roberto Sánchez logrará conservar el liderazgo que hoy reclama. La verdadera incógnita es quién terminará vistiendo esa armadura. Porque, al final, la política suele confundir dos victorias distintas. Una consiste en representar una mayoría electoral. La otra, mucho más difícil, consiste en conducirla cuando el poder obliga a negociar todos los días. Roberto Sánchez ganó la primera batalla. El Congreso decidirá si también puede ganar la segunda.

El Congreso que sobrevivió a sus creadores

"Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores. Muy triste". Con esas palabras, la presidenta electa Keiko Fujimori describió el país que recibirá el próximo 28 de julio.

El diagnóstico no carece de fundamento. Después de varios años de deterioro fiscal, crecimiento del gasto permanente y debilitamiento de las reglas presupuestarias, el margen de maniobra del próximo gobierno será mucho menor que el que tuvieron administraciones anteriores. Sin embargo, existe una paradoja que apenas empieza a discutirse: parte de la arquitectura institucional que hoy dificulta gobernar fue consolidada durante los años en que el Congreso se convirtió en el principal contrapeso del Ejecutivo al punto de subordinarlo.

Los griegos conocían bien esta clase de tragedias. Contaban la historia de Erisictón, un rey que decidió talar el bosque sagrado de Deméter para construir un gran salón de banquetes. La diosa no lo castigó con un rayo ni con una muerte inmediata. Lo condenó a un hambre imposible de saciar. Cuanto más comía, más hambre tenía, hasta terminar devorándose a sí mismo. El castigo no fue el árbol que cayó, sino la fuerza que él mismo había liberado.

Algo parecido puede ocurrir en la política. Durante casi una década, el Congreso fue acumulando poder frente al Ejecutivo. Vacancias, censuras, interpelaciones, leyes con creciente impacto fiscal y un protagonismo legislativo cada vez mayor alteraron el equilibrio institucional. Ese proceso no tuvo un único responsable. Participaron distintas bancadas, sucesivos gobiernos y decisiones del propio Tribunal Constitucional. El fujimorismo fue, sin duda, uno de los protagonistas más importantes de esa transformación, pero no el único.

En paralelo, también se fue talando otro bosque: el de la disciplina fiscal. La flexibilización de las reglas de gasto, la aprobación de normas con elevado impacto presupuestario y la erosión progresiva de los límites fiscales redujeron la capacidad de respuesta del Estado. El Consejo Fiscal advirtió reiteradamente estos riesgos. Pero, como la ninfa del mito que intenta impedir que el árbol sea derribado, podía advertir; no podía detener el hacha.

Ahora aparece Deméter. En el mito representa la fertilidad y la cosecha. En términos contemporáneos, representa algo mucho más prosaico: la realidad fiscal. Los mercados no negocian con discursos; las cuentas públicas tampoco. Cuando el déficit aumenta, la deuda crece y el gasto permanente desplaza la inversión pública, la restricción termina imponiéndose. No es un castigo moral. Es una consecuencia.

La paradoja para el nuevo gobierno es evidente. Si desea recuperar capacidad de gestión, necesitará disciplina fiscal, reconstruir márgenes presupuestarios y adoptar decisiones inevitablemente impopulares. Pero deberá hacerlo con una legitimidad electoral estrecha y frente a un Congreso que durante años aprendió a ejercer poder con creciente independencia del Ejecutivo. Incluso si recientes decisiones del Tribunal Constitucional restituyen atribuciones al Gobierno en materia presupuestaria, la dinámica política construida durante los últimos años no desaparecerá por una sentencia.

Lo verdaderamente interesante es que muchas de las bancadas que participaron en ese proceso ya no estarán presentes en el nuevo Congreso bicameral. Desaparecieron, se fragmentaron o fueron reemplazadas por otras fuerzas políticas como resultado del voto ciudadano. Sin embargo, la institución permanece.

Quienes han trabajado en el Congreso conocen bien un fenómeno curioso. Los nuevos parlamentarios absorben con rapidez una cultura institucional que se transmite casi como una tradición oral. Una de sus expresiones más repetidas sostiene que el Congreso es "el primer poder del Estado", aunque la Constitución nunca le atribuya formalmente esa condición. Más allá de la exactitud jurídica de la frase, esa convicción termina moldeando la forma en que muchos legisladores entienden y ejercen sus atribuciones. Las personas cambian; las instituciones también aprenden. Acumulan atribuciones, generan incentivos y terminan transmitiendo una cultura propia a quienes llegan a ocuparlas.

Esa es quizá la mayor ironía de este momento político. El Congreso que asumirá funciones no será el mismo en sus integrantes, pero sí heredará buena parte de las atribuciones, prácticas e incentivos acumulados durante los últimos años. Ningún Parlamento suele renunciar voluntariamente a las cuotas de poder que ha conquistado. Entre los pocos protagonistas de ese proceso que permanecerán en la escena política estará precisamente Fuerza Popular, aunque esta vez desde el Ejecutivo. La fuerza política que durante años encontró en un Congreso fortalecido una herramienta eficaz para controlar gobiernos adversarios podría descubrir ahora que esa misma institución constituye el principal límite para gobernar.

Existe, por supuesto, otra lectura posible. Algunos sostendrán que el verdadero bosque sagrado no era la disciplina fiscal, sino los derechos sociales, y que el problema no es el crecimiento del gasto sino la persistencia de profundas brechas sociales. Es un debate legítimo. Pero incluso desde esa perspectiva permanece una verdad difícil de eludir: ningún Estado puede responder eficazmente a una crisis cuando ha reducido su capacidad financiera para hacerlo.

La historia de Erisictón no es una profecía. Es una advertencia. Todavía es posible reconstruir consensos, restaurar la disciplina fiscal y redefinir el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero las tragedias griegas enseñan que los mayores peligros rara vez provienen del adversario. Con frecuencia nacen de las propias decisiones y de las instituciones que esas decisiones terminan moldeando.

Quizá esa sea la verdadera prueba del próximo gobierno. No administrar únicamente el Estado que recibe, sino gobernar una arquitectura institucional que, junto con muchos otros actores, contribuyó a construir. Porque las instituciones tienen memoria. Sobreviven a sus creadores, adquieren vida propia y, en ocasiones, terminan imponiéndose incluso sobre quienes contribuyeron a crearlas.

La estación terminal de las aspiraciones presidenciales

En política existen trayectorias que parecen lógicas, pero que la historia se encarga de desmentir. Una de ellas es la idea de que la alcaldía de Lima constituye el trampolín natural hacia la Presidencia de la República. La intuición resulta seductora: quien gobierna la ciudad más importante del país debería estar mejor preparado para gobernar el Perú. Sin embargo, la evidencia muestra exactamente lo contrario.

La pregunta es sencilla: ¿Algún alcalde de Lima ha llegado a Palacio de Gobierno utilizando la Municipalidad como plataforma de partida? La respuesta, desde el retorno de la democracia en los ochenta, es negativa.

Los intentos comenzaron hace décadas. En 1985, dos exalcaldes de Lima disputaron la Presidencia desde extremos opuestos del espectro político. Luis Bedoya Reyes, fundador del Partido Popular Cristiano, obtuvo alrededor del diez por ciento de los votos. Alfonso Barrantes, el alcalde más popular de la izquierda peruana y creador del programa Vaso de Leche, quedó segundo detrás de Alan García y decidió no participar en la segunda vuelta. Ni la derecha ni la izquierda encontraron en la alcaldía un camino hacia Palacio.

La historia continuó repitiéndose. Ricardo Belmont, alcalde durante los primeros años de la década de 1990, fue derrotado ampliamente por Alberto Fujimori en 1995. Alberto Andrade, reconocido por la recuperación del centro histórico y la modernización de Lima, inició la campaña del 2000 encabezando las encuestas como principal opositor al régimen; terminó tercero con apenas el tres por ciento de los votos. Luis Castañeda Lossio, tres veces alcalde y probablemente uno de los gestores municipales más populares de las últimas décadas, postuló en 2011 y quedó relegado al quinto lugar.

No se trata de una coincidencia aislada. Se trata de un patrón que atraviesa gobiernos, partidos e ideologías.

¿Por qué ocurre? Porque el liderazgo municipal de la capital y el liderazgo presidencial responden a lógicas distintas. Un alcalde es evaluado principalmente por su capacidad para ejecutar obras, resolver problemas urbanos y administrar una ciudad compleja. Un candidato presidencial, en cambio, necesita construir un relato nacional, articular alianzas territoriales y conectar con un electorado mucho más diverso que el limeño. Son habilidades relacionadas, pero no equivalentes.

En otras palabras, Lima no es el Perú. La popularidad obtenida administrando la capital no necesariamente se traduce en respaldo en la costa, la sierra y la selva. Gobernar una metrópoli y representar un país son desafíos diferentes.

La dirección y el sentido de las carreras políticas también resulta punto interesante a destacar. Más de una figura nacional encontró en la Municipalidad de Lima un espacio para reinventarse después de una derrota presidencial. Luis Castañeda perdió la elección del año 2000 antes de conquistar la alcaldía. Susana Villarán fue candidata presidencial en 2006 y solo cuatro años después ganó la Municipalidad. La flecha parece correr en un solo sentido: la derrota nacional puede conducir a Lima, pero Lima no conduce a la Presidencia.

Ese patrón histórico vuelve inevitable mirar con cautela cualquier intento de convertir la alcaldía en plataforma presidencial. La historia no demuestra que sea imposible, pero sí que ha sido extraordinariamente improbable. Ningún alcalde de Lima ha conseguido romper esa barrera durante más de cuatro décadas.

Toda regla puede encontrar una excepción algún día. Sin embargo, quien aspire a ser el primero deberá enfrentarse no solo a sus rivales políticos, sino también a una evidencia histórica persistente. Hasta ahora, la Municipalidad de Lima no ha sido la estación de partida hacia Palacio de Gobierno.

Ha sido, más bien, la estación terminal de las ambiciones presidenciales.