El manual del mal perdedor y el bullying al sistema electoral

Hay una figura que la ciencia política conoce bien pero que rara vez nombra con claridad: el mal perdedor institucionalizado. No es simplemente alguien que no acepta una derrota. Es alguien que convierte esa derrota en un instrumento de presión sobre el sistema, con la habilidad suficiente para incorporar actores de peso en su narrativa hasta hacer que el costo de ignorarlo sea mayor que el costo de ceder. En el Perú post primera vuelta del 12 de abril de 2026, Rafael López Aliaga está ejecutando ese manual con una precisión que merece ser analizada sin eufemismos.

El precedente cercano y sus diferencias

El referente más inmediato que viene a la mente es Keiko Fujimori tras la primera vuelta de 2016. Keiko no aceptó su derrota frente a PPK e hizo de la obstrucción parlamentaria su política de gobierno en la oposición. Pero había una diferencia crucial: Keiko tenía mayoría congresal absoluta. Su capacidad de daño era real, institucional, cotidiana. Podía hacer imposible la gobernabilidad desde adentro del sistema, y así lo hizo en líneas generales.

RLA no llega a ese nivel, pero tampoco carece de poder institucional. Tiene bancada en el Congreso actual y ha ganado hasta donde ha llegado el conteo oficial, 8 escaños en el Senado y 16 en la Cámara de Diputados que se inauguran con la nueva legislatura. Su brazo más visible en esta crisis ha sido la congresista Norma Yarrow, quien en ejercicio de sus funciones de fiscalización realizó una visita inopinada a las oficinas centrales de la ONPE, donde denunció públicamente "caos" en los equipos, ausencia de personeros e irregularidades en el proceso, pidiendo intervención inmediata de la Fiscalía. Una acción que, independientemente de su sustento, cumplió una función política precisa: instalar visualmente la sospecha dentro del propio organismo electoral. Yarrow, además, ha resultado elegida como diputada por Lima Metropolitana, lo que le garantiza continuidad institucional en la nueva legislatura. RLA no opera solo desde la tribuna pública: opera también desde el interior del sistema que cuestiona.

El paralelo que realmente importa: 1962-1963

Para encontrar el precedente más cercano hay que retroceder más de seis décadas. En 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre obtuvo la primera votación pero no alcanzó el tercio constitucional requerido. La narrativa de fraude que siguió, amplificada por actores militares y civiles, derivó en el golpe de julio de ese año y en la convocatoria a nuevas elecciones en 1963. El Jurado Nacional de Elecciones fue intervenido ante la incapacidad de resistir la presión acumulada de los diversos actores frente a la multitud de evidencias de fraude que cargaron sobre esta institución.

La diferencia estructural con el día de hoy es significativa: en 1962 era el primer candidato argumentando fraude sobre el sistema. Hoy es el tercero argumentando fraude sobre el segundo. Eso debería reducir la legitimidad del reclamo. Pero hay algo que lo compensa: la estrechez del margen entre segundo y tercero, que hace técnicamente razonable sostener que el resultado pudo ser otro. Una idea que se ha instalado con facilidad en la sociedad luego que las dos principales encuestadoras publicaran resultados de su conteo rápido mostrando posiciones notoriamente distintas entre RLA y Sánchez.

Y hay algo más que diferencia este momento del de 1962: las Fuerzas Armadas de hoy difícilmente ejecutarían un golpe clásico. Los costos institucionales, internacionales y legales son enormes comparados con los de hace seis décadas. Pero eso no elimina el riesgo; lo desplaza. Si el objetivo ya no puede ser un golpe de Estado, el objetivo se convierte en un bullying al sistema electoral: anular los resultados, convocar elecciones complementarias, suspender el cronograma. Eso es exactamente lo que RLA ha pedido en distintas formulaciones desde el 12 de abril, cambiando el ropaje del pedido cada vez que el anterior era rechazado.

La trampa de cada respuesta institucional

Aquí reside el nudo más delicado del escenario actual. Cada decisión que el sistema electoral toma en este contexto de presión enfrenta una trampa estructural: si cede, valida la narrativa de fraude; si no cede, es acusado de encubrimiento. No hay respuesta técnicamente correcta que sea políticamente suficiente para un actor cuyo objetivo no es la verdad sino la presión.

Lo que sí puede evaluarse es si las respuestas institucionales han sido las más adecuadas para aislar esa trampa. Desde una perspectiva sistémica, tres momentos merecen atención. 

Primero, la denuncia penal de la procuraduría del JNE contra el jefe de la ONPE al inicio de las impugnaciones: lo que pudo haberse leído como proactividad institucional terminó siendo interpretado — incluso por actores que no simpatizan con RLA — como una señal de que algo efectivamente había fallado dentro del propio sistema. Cuando la procuraduría del JNE denunció al jefe de la ONPE, no estaba fiscalizando hacia abajo, estaba fragmentando al sistema electoral hacia afuera. Y cuando el sistema se denuncia a sí mismo, el efecto sobre la confianza pública es devastador, independientemente de la legalidad del acto.

Segundo, el rechazo a las elecciones complementarias: la decisión del órgano colegiado fue jurídicamente sustentable, pero la comunicación pública quedó atrapada en el lenguaje del cronograma y la viabilidad técnica, sin ofrecer a la ciudadanía un argumento de fondo sobre por qué la solicitud era no solo inviable sino conceptualmente errada. La diferencia entre "no podemos hacerlo" y "esto no procede porque el fraude alegado no tiene sustento y hacerlo sería abrir una puerta que destruiría cualquier sistema electoral futuro" es enorme. Solo se escuchó lo primero.

Tercero, la auditoría técnica del desarrollo electoral anunciada el último sábado: sin fecha de inicio, sin efectos suspensivos sobre el cronograma y sin condicionamiento alguno sobre la segunda vuelta, el anuncio fue interpretado por RLA exactamente como era de esperarse. Lo usó para volver al punto de origen: si el JNE mismo siente la necesidad de auditar, es porque en realidad hubo fraude. Una respuesta institucional que le da argumentos al impugnador es una respuesta que no cumplió su función.

Fortalecer la posición del sistema electoral de aquí al domingo 7 de junio requiere algo que no ha ocurrido todavía: una comunicación institucional que no solo defienda decisiones sino que explique con claridad, en lenguaje ciudadano, cuál es el argumento de fondo que sustenta la integridad del proceso. No para convencer a RLA — eso ya es imposible — sino para aislar su narrativa del resto de actores que todavía pueden ser persuadidos.

El actor que no habla: Keiko en campaña

Hay un silencio que en política raramente es inocente. Mientras RLA escala y sostiene incansablemente su impugnación, Keiko Fujimori está en campaña. Publica en sus redes sociales las visitas a las madres de comedores populares, sus reuniones de escucha activa a jóvenes que votaron por primera vez y que no lo hicieron por ella, su acercamiento a los barrios populares en los conos de Lima, su reunión multicolor con una comunidad rural en algún lugar de Ayacucho. Es la imagen de una sólida candidata presidencial en movimiento. No ha tomado posición pública sobre el conflicto entre RLA y el sistema electoral. Ese silencio es llamativo.

Vale la pena hacerse la pregunta que la coyuntura sugiere: ¿Habría llegado esta crisis a este punto si RLA hubiera quedado claramente en segundo lugar y Sánchez en tercero o quinto lugar? La respuesta probable es no. El verdadero detonante no es solo el ego de un perdedor: es que el segundo lugar lo ocupa Roberto Sánchez, y eso genera en amplios sectores — empresarial, militar, mediático y probablemente fujimorista — un nivel de incomodidad que convierte el cuestionamiento electoral en algo más que una rabieta política.

¿Están coordinados Keiko y RLA? No hay evidencia de acuerdo explícito. Pero no es necesario que exista uno para que sus incentivos sean convergentes (ver nota técnica que publicaré en breve con un análisis de esta situación desde la teoría de juegos). Hay además un precedente histórico que vale recordar: en 1985, Alfonso Barrantes, candidato de Izquierda Unida que había pasado a la segunda vuelta, renunció a disputarla y dejó el camino libre a Alan García para que asuma su primera presidencia. Barrantes anunció su decisión bajo el argumento de evitar costos elevados al erario público, además que la ventaja electoral era de lejos bastante amplia. Si RLA llegara a una situación análoga — habiendo agotado la vía impugnatoria sin éxito — la renuncia al balotaje no sería una derrota: sería una jugada. Ya tiene garantizado su escaño en el Senado. No necesita la presidencia para seguir siendo un actor de peso.

La estructura de incentivos lo explica todo

Hay una última clave que ningún actor en este escenario ha dicho en voz alta. Nadie está pidiendo auditar los resultados del Congreso ni del Senado. Solo los resultados presidenciales. Renovación Popular no ha cuestionado los escaños logrados a nivel legislativo. Fuerza Popular tampoco. Las impugnaciones se concentran exclusivamente en la franja que determina quién acompaña a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Esa selectividad no es un detalle procesal: es la confesión implícita de cuál es el verdadero objetivo.

Roberto Sánchez es hoy congresista, pero con un mandato en extinción. Postuló al número uno de la lista de diputados de Juntos por el Perú por Lima, su partido no superó la valla electoral, y con eso se cierra su proyección institucional. No habrá curul en Diputados, no habrá segunda vuelta, no habrá Palacio. Lo que le queda es un poder residual que se agota en julio. Desde ese lugar es muy difícil armar cualquier resistencia sólida.

Keiko, en cambio, ya tiene 22 escaños en el Senado, una bancada importante en Diputados, el porcentaje más alto de votos válidos en primera vuelta, y una segunda vuelta que se perfila sin el único rival que realmente le preocupaba. Si Sánchez queda fuera de la segunda vuelta, ella no solo gana la presidencia con alta probabilidad: gana en condiciones de gobernabilidad. No tendría que verse forzada a vacar a nadie, no tendría que negociar desde la debilidad, no tendría que repetir el desgaste de los años 2016 a 2021. Eso es lo que está en juego. Y eso explicaría por qué este escándalo, que se presenta como una defensa de la democracia, es en realidad una operación de exclusión con ropaje de crisis electoral.

Coda: lo que la historia ya nos enseñó

La historia no se repite. Pero a veces ensaya los mismos movimientos con actores distintos. Vale recordar cómo terminó el ciclo que se abrió en 1962: la presión sobre el sistema electoral produjo un golpe, luego unas elecciones en 1963 en las que Belaúnde llegó al poder luego que se impusiera la narrativa de un fraude, y aun así su gobierno terminó abruptamente en 1968 derrocado por Juan Velasco Alvarado. La intervención sobre el sistema electoral no generó estabilidad: generó una cadena de inestabilidad que costó doce años de gobierno militar. Nadie en sus cabales debería querer repetir ese ciclo. La pregunta relevante hoy no es si RLA tiene razón, sino si las instituciones tienen la fortaleza suficiente para que esa puerta no se vuelva a abrir, y si quienes hoy la empujan han calculado bien lo que puede entrar por ella.

La primera prueba de estrés del Perú: El Niño, el Senado y un gobierno sin mayorías

Introducción

Hay dos datos que, vistos por separado, parecen pertenecer a mundos distintos. El primero: el día de ayer 27 de abril de 2026, el ENFEN —la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño— emitió su primera nota de prensa oficial del año confirmando que desde febrero se observa un calentamiento activo en la región Niño 1+2, con proyecciones de magnitud moderada hacia el otoño de 2026 y extensión probable hasta enero de 2027; y que en el Pacífico ecuatorial central, aunque las condiciones son aún neutrales, la tendencia de calentamiento hace más probable el desarrollo de un El Niño global de magnitud débil a partir de mediados de 2026. El propio comunicado descartó por ahora afirmar un Super Niño —pero abrió oficialmente el escenario de un evento global en formación. El segundo dato: el Perú ingresa a un balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con el mapa de poder más fragmentado desde la reinstauración democrática, con un Senado a punto de reestrenarse con un fujimorismo que controlaría la primera minoría con casi 22 escaños.

Vistos juntos, estos dos datos definen el escenario institucional más exigente que enfrentará el próximo gobierno desde el primer día. No porque los fenómenos climáticos sean novedosos —el Perú convive con El Niño desde siempre— sino porque la coincidencia entre la fragilidad del Poder Ejecutivo, el poder senatorial concentrado y una crisis climática que ya tiene pronunciamiento oficial configura una prueba de estrés para la que ninguno de los dos candidatos llega con los instrumentos completos.

Este artículo parte del pronunciamiento oficial del ENFEN del 27 de abril para analizar los escenarios institucionales que se abren dependiendo de quién gane la segunda vuelta, con el Senado como variable de poder estructural y la agroexportación como sector crítico de impacto concreto. No anticipa magnitudes que la propia autoridad técnica todavía no puede confirmar —pero sí examina qué significa para el sistema político peruano que ese escenario sea ya oficialmente posible.

I. El espejo invertido de 2016

El paralelo con 2016 es estructuralmente pertinente, pero la inversión de sus elementos centrales lo convierte en algo más que una analogía. En aquella elección, PPK llegó al Ejecutivo con una ventaja de apenas 40 mil votos sobre Keiko Fujimori, mientras el fujimorismo obtenía 73 escaños en el Congreso unicameral —mayoría absoluta indiscutible. El resultado fue una dualidad de poder sin árbitro institucional: el Ejecutivo con mandato pero sin capacidad de gobernar, el legislativo con capacidad de bloqueo pero sin responsabilidad de gestión.

El Niño Costero de 2017 añadió una capa de presión que aceleró el desgaste de PPK. Las lluvias torrenciales, inundaciones, destrucción de infraestructura en la costa norte generaron una demanda política concreta: reconstrucción, gasto público visible, respuesta inmediata. Políticamente costoso, pero articulable como agenda de gobierno.

En 2026, los elementos se repiten en versión modificada. El Ejecutivo llegará probablemente con un mandato estrecho y sin mayoría parlamentaria —sea quien sea. El fujimorismo controla el Senado como bloque pivote. Y el fenómeno climático en curso apunta, si se confirma como Niño canónico de gran magnitud, en la dirección opuesta a 2017: sequía en vez de lluvias; déficit hídrico en vez de inundaciones; escasez de alimentos que gestionar en vez de identificar infraestructura que reconstruir. Y el desafío de la gestión de escasez es que no tiene obras que mostrar.

II. El Senado: poder de fondo, no de fachada

La restauración del Senado no fue un accidente institucional. Fue el resultado de una reforma constitucional que rediseñó el equilibrio de poderes en un contexto donde el Congreso unicameral había demostrado ser tanto demasiado fácil de disolver como demasiado fácil de capturar. El Senado debía introducir una cámara de enfriamiento, un espacio de deliberación más largo que el ciclo político inmediato.

Lo que los resultados del 12 de abril revelan es que esa cámara de enfriamiento llega con una configuración política muy concreta: el fujimorismo como primer bloque, con aproximadamente 22 escaños sobre un total que ronda los 60. No es mayoría absoluta. Pero en una cámara fragmentada, quien tiene la primera minoría coherente y disciplinada define los quórums, preside las comisiones estratégicas y condiciona cualquier coalición posible.

Las funciones del Senado restaurado no son decorativas. Ratificación de altos funcionarios, control de tratados internacionales, comisiones de investigación con peso institucional propio, y un rol determinante en la aprobación de presupuestos de emergencia —exactamente el tipo de decisión que un escenario de crisis climática exige con rapidez. El Senado no es, entonces, solo un contrapeso político abstracto. Es el nodo institucional a través del cual cualquier respuesta de emergencia tendrá que pasar.

Esto cambia la naturaleza del poder en el nuevo ciclo. En 2016, el fujimorismo ejercía poder desde el Congreso como mayoría absoluta capaz de bloquear o vaciar al Ejecutivo de voluntad. En 2026, el fujimorismo no necesita mayoría absoluta para ejercer poder desde el Senado —le basta con ser el pivote de cualquier coalición que se forme. No bloquea desde afuera: condiciona desde adentro del proceso institucional.

III. La trampa climática de Sánchez

Si Roberto Sánchez gana el balotaje, llega a Palacio en una condición que combina tres fragilidades simultáneas: mandato electoral estrecho, sin mayoría en Diputados, y con bases sociales concentradas precisamente en las regiones que un Niño canónico golpearía con más fuerza.

La sierra sur —Apurímac, Ayacucho, Puno— y buena parte de la selva alta son las zonas de mayor respaldo estructural de la izquierda peruana. Son también las zonas donde un déficit hídrico extendido tendría impacto más inmediato: reducción de lluvias de cabecera, afectación de cultivos de subsistencia, presión sobre los sistemas de agua para consumo humano, y reducción de la disponibilidad hídrica para la actividad minera en zonas donde conviven conflicto social latente y dependencia económica del sector.

La ironía estructural es severa: el gobierno de Sánchez tendría que gestionar una crisis que destruye materialmente a sus propios votantes, en un momento en que necesita mantener señales de moderación hacia Lima y el empresariado para no ser bloqueado desde el primer mes. Si cede a sus bases para responder a la emergencia social, choca con el bloque parlamentario y pierde el margen de gobernabilidad que le queda. Si mantiene la moderación para sobrevivir institucionalmente, pierde legitimidad popular en sus propias regiones antes de cumplir el primer año.

En ese escenario, el Senado fujimorista no necesita activar la vacancia —instrumento costoso en términos de imagen institucional. Le basta con administrar el desgaste: condicionar cada presupuesto de emergencia, investigar cada decisión ministerial cuestionable, y esperar que la pinza entre demanda social insatisfecha y bloqueo parlamentario produzca por sí sola un ejecutivo zombi —técnicamente en funciones pero sin capacidad real de agenda.

IV. La ventaja y el límite de Keiko

Si Keiko Fujimori gana la segunda vuelta, llega con la primera minoría presidencial pero con una coherencia entre ejecutivo y bloque senatorial que Sánchez no tendría. Eso le da una ventaja operativa real en los primeros meses: el Senado deja de ser una palanca de bloqueo y se convierte en una plataforma de gestión. Los presupuestos de emergencia tienen tránsito más fluido. La señal hacia el empresariado y la cooperación internacional es inmediata.

Pero Keiko enfrenta un límite simétrico al de Sánchez, solo que invertido geográficamente. Las zonas más afectadas por un Niño canónico son exactamente las que no votan fujimorismo —y que cargan una memoria larga de abandono estatal bajo gobiernos de ese signo. Un Estado que llega tarde o con recursos insuficientes a Puno, Ayacucho o la selva amazónica bajo un gobierno fujimorista no activa solo crítica política: activa memoria histórica de exclusión.

La gestión territorial de la crisis climática en zonas de baja afinidad electoral requiere una capacidad estatal de presencia descentralizada que el fujimorismo nunca ha construido como capital organizativo propio. Puede comprarlo con tecnocracia —y probablemente lo intentaría— pero la velocidad de respuesta que un Niño fuerte exige no se improvisa con designaciones de última hora.

Sin embargo, si Keiko logra gestionar la crisis con eficacia técnica y alcance territorial —incluyendo las zonas que no son su base— el resultado sería un activo político generacional: la narrativa de competencia estatal que el fujimorismo ha buscado desde 2011 sin poder consolidarla. Un gobierno que enfrenta una catástrofe climática y la gestiona bien puede consolidar legitimidad que ninguna campaña produce.

V. La agroexportación: un sector que tiene más que perder

Hay un actor que trasciende la división entre los dos escenarios y que en ambos casos enfrenta una amenaza directa: el sector agroexportador. En las últimas dos décadas, la agroexportación se convirtió en uno de los motores más visibles del crecimiento peruano —no solo en cifras macroeconómicas sino en generación de empleo formal en territorios donde el trabajo formal era estructuralmente escaso. Los valles costeros del norte —Ica, La Libertad, Piura, Lambayeque— concentran una cadena productiva que combina inversión privada intensiva, trabajo formal certificado para exportación y articulación directa con mercados internacionales.

Un Niño canónico fuerte amenaza esa cadena desde dos frentes simultáneos. El primero es el agua: los valles costeros dependen de ríos que nacen en la sierra, y un déficit hídrico sostenido en las cabeceras reduce el caudal disponible para riego en proporciones que los sistemas de irrigación existentes no pueden compensar. El segundo es la infraestructura: los eventos extremos asociados a El Niño —aunque de signo inverso al costero de 2017— pueden afectar carreteras, puertos y cadenas logísticas que la agroexportación necesita para mantener sus plazos de entrega internacional.

Lo que está en juego no es solo una temporada agrícola. Es la credibilidad del Perú como proveedor confiable en contratos de largo plazo con supermercados europeos y norteamericanos. Una crisis de abastecimiento sostenida puede reorientar compras hacia otros proveedores —Chile, Colombia, México— con costos de recuperación que van más allá de una campaña agrícola perdida.

Frente a esto, el Senado tiene un rol que ninguna cámara unicameral habría podido cumplir con la misma legitimidad: la aprobación de declaratorias de emergencia agraria, la ratificación de mecanismos de financiamiento de emergencia con organismos multilaterales, y el control político de la respuesta del Ejecutivo. Si el bloque fujimorista usa esa capacidad para proteger al sector agroexportador —que forma parte central de su base empresarial— puede convertir la crisis en un momento de acumulación de capital político. Si la usa para bloquear al Ejecutivo independientemente del impacto sectorial, el costo recaerá sobre un sector que no tiene reemplazo de corto plazo en la estructura productiva peruana.

VI. ¿Puede despertar el genio peruano?

Adam Przeworski, siguiendo a Kelsen y Schumpeter, identifica el núcleo del problema democrático con una precisión que incomoda: el 'genio' de la democracia no es una constitución ni un tribunal ni un sistema electoral. Es la autolimitación voluntaria de quien tiene el poder. La mayoría que se detiene antes de monopolizarlo. La minoría que acepta perder porque confía en que el juego seguirá siendo jugable. Ese equilibrio no puede imponerse desde afuera —solo puede emerger cuando todos los actores calculan que les conviene más sostenerlo que romperlo.

Desde 2016, el Perú ha demostrado sistemáticamente que ninguno de sus actores principales ha llegado a ese cálculo. Las herramientas que la Constitución de 1993 ofrecía para resolver situaciones de parálisis política de manera excepcional, se han convertido en los engranajes de gestión de la política del día a día. El fujimorismo descubrió que la vacancia era más barata que ganar el ejecutivo. Los sucesivos presidentes descubrieron que la disolución o la cuestión de confianza era más rentable que negociar. El resultado ha sido una espiral de desgaste mutuo en la que el único ganador ha sido la parálisis institucional.

La pregunta que la crisis climática en ciernes obliga a formular es si un Niño de magnitud significativa podría producir lo que la normalización de la precariedad política no ha logrado: un acuerdo de autolimitación entre los actores con poder real. No por virtud cívica —eso sería ingenuo— sino por cálculo racional ante una amenaza que excede la capacidad de cualquier actor individual para gestionarla solo.

El escenario improbable pero necesario de nombrar

Si Keiko Fujimori gana la segunda vuelta, las señales que ha dado hasta ahora —una campaña de segunda vuelta más contenida de lo esperado, sin la confrontación abierta del ciclo anterior— sugieren que hay en ella, o en su entorno inmediato, un cálculo de largo plazo: el fujimorismo necesita demostrar competencia estatal para consolidarse como fuerza de gobierno y no solo de oposición. Una crisis climática bien gestionada desde el Ejecutivo, con el Senado como plataforma de soporte antes que de bloqueo, sería el mejor activo generacional que el movimiento podría construir. Ese sería el escenario en que el genio peruano tiene alguna posibilidad real de aparecer: no como acuerdo explícito sino como convergencia de incentivos.

Si Sánchez gana el balotaje, el escenario de autolimitación del fujimorismo desde el Senado es estructuralmente menos probable —pero no imposible. Depende de si el fujimorismo calcula que administrar el deterioro ordenado de un gobierno de izquierda le rinde más que el costo reputacional de ser percibido como responsable del colapso del Estado frente a una catástrofe. Ese cálculo es fino y puede equivocarse. Pero la racionalidad de largo plazo del fujimorismo, cuando ha funcionado, ha operado exactamente en esa dirección: preservar la institucionalidad suficiente para que el siguiente ciclo electoral sea jugable.

El factor López Aliaga: el jugador que complica el tablero

Hay un elemento que desordena cualquier proyección de acuerdo mínimo: Rafael López Aliaga. Su negativa a reconocer los resultados electorales que lo dejaron fuera del balotaje no es solo una crisis de ego político —es una estrategia de traslado de conflicto. Lo que no pudo resolver en la arena electoral lo está intentando trasladar al debate senatorial, donde sus representantes tienen presencia suficiente para introducir ruido, ralentizar procesos y forzar negociaciones que de otro modo no existirían.

El problema es que López Aliaga tiene poder real —representación en Lima, base mediática, capacidad de movilización simbólica— sin tener responsabilidad de gestión. Es exactamente el tipo de actor que Kelsen y Schumpeter no resolvieron bien: una minoría con suficiente fuerza para desestabilizar el equilibrio pero sin los incentivos de quien tiene que gobernar. Habría sido institucionalmente más manejable no tenerlo entre los perdedores con poder. Pero está como está, y su comportamiento en el Senado durante los primeros meses del nuevo gobierno será uno de los termómetros más confiables de si el sistema puede procesar la crisis climática o si la agrava.

La sucesión como incógnita abierta

Hay un escenario que ningún actor parece querer nombrar en voz alta pero que la aritmética política hace necesario considerar: si Sánchez gana y el deterioro del gobierno se administra desde el Senado hasta volverlo inviable, ¿quién le sucedería? Los vicepresidentes de la fórmula Sánchez han sido cuestionados públicamente incluso antes del inicio de la campaña de segunda vuelta. Una sucesión desordenada —por vacancia, renuncia o incapacidad política— sin una línea de reemplazo creíble no produce estabilidad. Produce exactamente el tipo de vacío que históricamente ha tentado a los actores con poder fáctico a llenarlo por fuera de los cauces institucionales.

El Senado restaurado debería ser, en teoría, el mecanismo que evita ese vacío —la cámara de enfriamiento que da tiempo institucional para procesar una crisis de gobierno sin que devenga en crisis de régimen. Pero esa función requiere que el bloque dominante del Senado tenga el cálculo de largo plazo suficiente para usarlo como plataforma de estabilización antes que como palanca de captura. Es la misma condición que Przeworski exige para que el genio democrático aparezca: autolimitación racional de quien tiene el poder.

El agua que no llega a los valles costeros no espera. El genio, si existe, tendrá que despertar antes de que la sequía haga el trabajo que la política no ha sabido hacer.

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Este artículo forma parte de la serie sobre transformación institucional peruana publicada en Politekon Perú. Las referencias al Senado y al mapa parlamentario se basan en resultados preliminares del 12 de abril de 2026, sujetos a ajuste con el cómputo oficial definitivo de la autoridad electoral peruana.

Cooperar o confrontar: el dilema que definirá el próximo gobierno

I. Introducción

Con el conteo prácticamente cerrado, todo indica que la segunda vuelta enfrentará a Keiko Fujimori con Roberto Sánchez. A partir de ahí, la narrativa local se ha activado casi en automático: Keiko vuelve a competir y, como en las tres ocasiones anteriores, volverá a perder. El argumento es conocido —y repetido—: el antifujimorismo es una fuerza estructural capaz de derrotarla.

Esa lectura es políticamente potente. Pero es incompleta.

No porque el antifujimorismo no exista —existe y ha sido decisivo—, sino porque asumir que determina el resultado equivale a suponer que el escenario es el mismo que en elecciones anteriores. Y no lo es.

Esta vez, el punto de partida es distinto.

Para comenzar, Roberto Sánchez no es Pedro Castillo. Sin embargo, ponerse el sombrero chotano le ha rendido frutos. Su desempeño territorial lo demuestra: ha ganado con claridad en el sur y la sierra norte del país, consolidando un voto que no es solo de protesta, sino de representación. Keiko, por su parte, ha mantenido su fortaleza en la costa norte y la selva. Lima, en cambio, ha mostrado una dinámica distinta: fue dominada por Rafael López Aliaga, quien, pese a ello, quedó fuera de la segunda vuelta por un margen mínimo que quizás, como Keiko en 2016, aún le falta asimilar.

El país, en consecuencia, no llega al balotaje con un candidato fuerte y uno débil, sino con dos legitimidades territoriales distintas y un mapa político fragmentado.

Pero incluso eso no es lo más importante.

El elemento decisivo es el sistema en el que competirán.

II. La ilusión de la estabilidad

Una parte del debate público ya ha comenzado a instalar otra idea: que una eventual victoria de Keiko traería mayor estabilidad, especialmente desde el punto de vista económico.

Es posible —y razonable— pensar que un gobierno suyo tenga una “luna de miel” más larga que el de Sánchez. La señal hacia los mercados, sumada a su experiencia política, podría darle un margen inicial de gobernabilidad.

En cualquiera de los casos, ese margen es transitorio.

Porque la estabilidad no depende únicamente del Ejecutivo, sino de los incentivos del sistema político en su conjunto. Y ese sistema ha cambiado.

Hoy el Perú tiene un Congreso fragmentado, sin mayorías claras, y un Senado con capacidad real de veto y control. Algo que ya no tiene el Ejecutivo. Eso modifica el juego de manera estructural.

III. El juego real: una matriz de incentivos

Si simplificamos el escenario en términos de teoría de juegos, el problema se vuelve más claro.

El Ejecutivo (sea Keiko o Sánchez) y el Legislativo (incluido el Senado) enfrentan dos opciones: cooperar o confrontar.

El resultado puede representarse así:

El equilibrio deseable sería la cooperación mutua. Pero el sistema actual genera incentivos distintos: el Legislativo puede bloquear sin asumir el costo total de gobernar, puede extraer concesiones (presupuesto, cargos, agenda), y tiene, en última instancia, la posibilidad de remover a quien encabeza el Ejecutivo. En ese contexto, confrontar puede ser más rentable que cooperar. El resultado es un equilibrio inestable, donde incluso actores racionales terminan en dinámicas de conflicto.

IV. Dos trayectorias, un mismo riesgo

Bajo ese esquema, los escenarios de gobierno se diferencian en el punto de partida, pero no en su lógica de fondo.

Si gana Keiko, es probable que inicie con mayor margen político. Pero eso no elimina los incentivos del Congreso para condicionar, negociar o bloquear. La experiencia de 2016 demuestra que el conflicto puede emerger incluso dentro de un mismo espectro ideológico. No es difícil imaginar que los miembros de su bancada en el Senado pronto hagan suyo y quieran imponer aquel mantra que se suele repetir en los pasillos del Congreso: “Somos el primer poder del Estado”.

Si gana Sánchez, el desafío es más inmediato. No solo deberá gobernar sin mayoría, sino demostrar una capacidad política excepcional para construir alianzas en un entorno adverso. Y ahí aparece un elemento adicional de incertidumbre.

La figura de Antauro Humala no es solo un dato de color. Es una variable con consecuencias concretas. Durante el conteo de votos, Sánchez compartió tribuna con Antauro y anunció que en el primer día de gobierno sacarían a Julio Velarde del BCRP. Pocos días después, abrió la puerta a conversar con Velarde y reafirmó la autonomía del banco central. La corrección fue tan rápida que reveló algo importante: Sánchez es probablemente el actor más pragmático de su propia coalición, y todo indica que está dispuesto a quitarse el sombrero cuando el costo político lo exija. La pregunta es con qué respaldo alternativo lo hace —y si sus bases se lo permiten.

A menos que Sánchez decida jugar la carta de la “hoja de ruta” que jugó Ollanta Humala para ser aceptado por los poderes fácticos de Lima y lograr maximizar su permanencia en el sillón de Pizarro. Pero para ello tendrá que romper con sus bases, y habrá que ver a quién recurre para darle algo de margen a su gobierno.

V. El verdadero punto de quiebre

Por eso, el momento decisivo no será la segunda vuelta.

Será en agosto.

De acuerdo con la Construcción, el Ejecutivo deberá presentar el proyecto de Ley de Presupuesto el 30 de agosto al Congreso, y su aprobación se extenderá hasta noviembre. Ese proceso no es técnico: es el espacio donde se negocia el poder real. Ahí se alinean todos los incentivos: el Ejecutivo necesita aprobar su principal herramienta de gestión, el Legislativo busca maximizar su influencia y los actores intermedios se vuelven decisivos. En un sistema fragmentado, el presupuesto se convierte en un juego de negociación intensa donde cada actor evalúa cuánto puede ganar sin asumir el costo de la estabilidad.

Y es ahí donde el equilibrio puede romperse.

VI. El problema de fondo

Como bien dice el adagio: mucho pan habrá que rebanar.

Ese momento llegará en agosto, cuando el presupuesto aterrice en el Congreso y cada actor evalúe cuánto puede ganar sin asumir el costo de la estabilidad. Ahí se revelará si el sistema permite gobernar —o si, una vez más, bloquear resulta más rentable que cooperar.

Porque el problema no es Keiko ni Sánchez.

Es un diseño institucional donde el Ejecutivo es débil, el Legislativo está fragmentado y el Senado tiene más poder que nunca. Un sistema que no pregunta quién ganó la elección.

Pregunta quién sobrevive la negociación.

Elecciones 2026: lo que el viento se llevó (y lo que no)

Introducción

Las elecciones del 12 de abril de 2026 dejaron una imagen que difícilmente se repetirá: una cédula de 42 centímetros, cinco elecciones simultáneas y un sistema operando al límite de su capacidad. Pero más allá de la complejidad operativa, lo verdaderamente relevante es otra cosa: qué arrasó el proceso electoral y qué, pese a todo, permaneció intacto. 

A continuación un balance de lo que el proceso electoral aún por cerrar se va llevando y nos va dejando.

1. Lo que el viento se llevó

Lo primero que se llevó fue la expectativa de continuidad política de buena parte de la clase dirigente.

La reforma de 2024 —bicameralidad más reelección inmediata— amplió el espacio de representación y creó incentivos claros para que los propios legisladores ocuparan ese nuevo diseño. No era una reforma neutral. Era un rediseño con beneficiarios previsibles.

Pero el proceso no solo desplazó individuos. También reconfiguró —de manera drástica— el mapa partidario. Partidos como Podemos o Alianza para el Progreso, que habían logrado construir presencia parlamentaria relevante en los últimos años, no consiguieron trasladar ese peso al nuevo esquema. Su exclusión del Congreso no es solo una derrota electoral: implica la pérdida de su inscripción como organizaciones políticas, lo que los obliga a recomenzar desde cero el proceso de reconstitución partidaria. En el caso de Alianza para el Progreso, el resultado es especialmente revelador: el control de sectores clave del Ejecutivo durante el periodo saliente —Salud y Transportes— no se tradujo en capital electoral. El votante no premió la cuota de poder; la castigó.

Acción Popular corrió una suerte distinta pero igualmente definitiva. No fue derrotado por el electorado porque no llegó a competir: sus elecciones internas fueron declaradas nulas por graves irregularidades, lo que derivó en su exclusión del proceso. Su ausencia no es solo un episodio administrativo —es la culminación de un proceso de descomposición que ya venía manifestándose en su desempeño parlamentario y en la pérdida de cohesión interna. Un partido histórico del sistema político peruano que no logró ni siquiera ordenar su propia casa para presentarse a la elección más importante de la última década.

Perú Libre también pasa a desaparecer del registro electoral. Pero a diferencia de Acción Popular, no fue excluido por el sistema, sino castigado por el electorado. El partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia no logró sostener su base política. Las razones son institucionales antes que electorales: su comportamiento parlamentario durante el periodo saliente resultó con frecuencia indistinguible del de sus adversarios en momentos clave, erosionando la credibilidad que había construido precisamente sobre la promesa de una ruptura con ese establishment. El castigo fue más severo en el sur del país, donde había edificado su principal soporte electoral y donde el electorado es especialmente sensible a la distancia entre el discurso y la conducta parlamentaria efectiva.

El mensaje es nítido: la ingeniería institucional no pudo sustituir el juicio electoral, y el electorado no solo removió personas, sino que desmanteló vehículos políticos completos. El nuevo Congreso bicameral quedará conformado por apenas seis fuerzas, ninguna de las cuales alcanza mayoría propia —con Fuerza Popular como primera minoría en torno a veinte escaños sobre sesenta en el Senado. Esa concentración, paradójicamente, no simplifica la gobernabilidad: la hace más exigente. Porque en un Congreso sin mayorías, todo acuerdo es frágil y todo conflicto es una oportunidad para reconfigurar alianzas. El sistema protegía posiciones; el voto las removió. Pero lo que quedó en pie es un mapa de poder donde gobernar requiere negociar permanentemente con quien puede bloquearte en cualquier momento.

También se llevó la ilusión de control total sobre el proceso político. El diseño podía ordenar la oferta, ampliar cargos, redistribuir poder; pero no podía garantizar resultados. Y en ese vacío emergió lo que el sistema no logró domesticar: la fragmentación, la volatilidad y el voto de castigo.

2. Lo que el viento no se llevó

Sin embargo, hay algo más importante: lo que las elecciones no lograron eliminar.

La primera es la contradicción central del escenario político, que no es nueva, pero sí más peligrosa en el contexto actual.

Si la segunda vuelta enfrenta a Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga, el país podría entrar en una dinámica que recuerda, con matices, a lo ocurrido en 2016 entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.

En aquel momento, la derrota de Keiko no fue procesada como una alternancia ordinaria. Su bancada, con mayoría en el Congreso, operó como un contrapeso extremo, bloqueando sistemáticamente la acción del Ejecutivo. Lo que siguió fue una secuencia conocida: censuras ministeriales, confrontación constante y, finalmente, la caída del gobierno.

Hoy, el escenario podría invertirse parcialmente en sus actores, pero no en su lógica. Un eventual gobierno de Rafael López Aliaga frente a Keiko —o incluso una derrota nuevamente ajustada de esta última— podría reactivar esa misma tensión: la dificultad de aceptar el resultado como punto de cierre del proceso político. Más aún si el resultado final emerge de un conteo estrecho y bajo cuestionamiento. En ese contexto, la narrativa del fraude deja de ser un recurso retórico y se convierte en un instrumento de presión política con capacidad desestabilizadora.

El riesgo no es solo quién gana, sino si el sistema político puede procesar la derrota sin activar nuevamente la lógica de bloqueo.

El segundo escenario, con la eventual presencia de Roberto Sánchez en segunda vuelta, remite más bien a lo ocurrido en 2021, cuando Keiko Fujimori perdió frente a Pedro Castillo.

En ese caso, el conflicto no se expresó tanto en el control parlamentario inmediato, sino en la disputa por la legitimidad del resultado. La narrativa de fraude, las impugnaciones masivas y la demora en el reconocimiento del resultado generaron un arranque de gobierno debilitado desde su origen.

Pero lo más importante ocurrió después. Castillo gobernó sin mayoría parlamentaria, enfrentando un Congreso hostil que terminó utilizando los mecanismos constitucionales disponibles —incluida la vacancia— para resolver el conflicto político.

Hoy, un eventual gobierno de Roberto Sánchez podría reproducir esa lógica, pero en un contexto más exigente. No solo enfrentaría un Legislativo fragmentado, sino un Senado con mayor capacidad de veto y control. La diferencia clave es que el conflicto no dependería únicamente de una mayoría simple, sino de la capacidad de articular alianzas.

A diferencia del pasado reciente, donde el conflicto se estructuraba en bloques relativamente claros, el nuevo Congreso bicameral obliga a construir mayorías más complejas. No hay una fuerza dominante. Eso abre dos posibilidades igualmente problemáticas: coaliciones inestables construidas sobre intereses de corto plazo o acuerdos tácticos cuyo único punto de coincidencia sea la remoción del Ejecutivo. En ese contexto, la vacancia deja de ser un desenlace excepcional para convertirse en una posibilidad latente.

Desde la perspectiva de Keiko Fujimori, el país parece ofrecerle dos escenarios que ya conoce: uno que recuerda a 2016 (la pastilla celeste), donde el conflicto se expresa frente a un gobierno de derecha con el que compite por el mismo espacio político; y otro que remite a 2021 (la pastilla roja), donde el enfrentamiento es con una izquierda que llega al poder en medio de una fuerte polarización. Pero esta vez, ambos caminos convergen en un mismo punto: un sistema institucional que amplifica el conflicto. Y si el ganador fuese Sánchez, Keiko no necesitaría estar en el gobierno para ejercer influencia: bastaría con una bancada articulada para incidir en la dirección del sistema político.

Lo que emerge, entonces, no es un conflicto entre proyectos claramente diferenciados, sino un sistema donde el conflicto es estructural.

3. Un sistema que sobrevive a sus propios resultados

Lo que estas elecciones dejan es una paradoja.

El sistema político fue modificado para aumentar las probabilidades de sobrevivencia de quienes lo diseñaron. Y, sin embargo, muchos de ellos no sobrevivieron electoralmente. Pero el sistema sí.

Ese es el punto clave.

Porque lo que el viento se llevó fueron nombres, partidos y trayectorias individuales. Pero lo que dejó en pie fue un esquema institucional más complejo, más fragmentado y potencialmente más conflictivo.

Por eso, el problema del Perú no es solo quién gane la segunda vuelta.

Es si alguien podrá gobernar con las reglas que han quedado.

El Senado de los derrotados: Por qué ganar la presidencia en 2026 podría no ser suficiente para gobernar

En un artículo anterior sostuve que la elección más importante de este proceso no sería la segunda vuelta presidencial, sino la primera. No porque defina directamente al próximo presidente, sino porque determinará la correlación de fuerzas que dominará el Senado. Esa hipótesis, que en su momento podía parecer contraintuitiva, encuentra hoy respaldo concreto en la evidencia disponible. Pero la evidencia también revela algo que va más allá de la composición de la nueva cámara: revela que los actores no son equivalentes frente a ella, y que esa asimetría podría ser la variable más determinante del próximo quinquenio.

La proyección del Instituto Aklla Perú, elaborada sobre la base del simulacro de votación Ipsos del 4 de abril de 2026 y aplicando la barrera electoral vigente, muestra que solo cuatro partidos obtendrían representación efectiva en el Senado: Fuerza Popular con 26 escaños, Juntos por el Perú con 15, Renovación Popular con 11, y Partido País para Todos con 8. El total suma 60 escaños. Ningún partido alcanzaría mayoría absoluta por sí solo, pero la distribución no es simétrica: el partido con mayor representación individual casi duplica al segundo. Esa asimetría interna es el dato políticamente más relevante, y no ha recibido suficiente atención en el debate público.

Con 26 escaños sobre 60, el partido encabezado por la candidata más votada en intención presidencial tiene capacidad de veto individual en un amplio rango de votaciones y, combinado con cualquiera de las otras dos bancadas mayores, configura una mayoría absoluta de coordinación. No estamos, por tanto, ante una cámara dispersa e ingobernable: estamos ante un Senado donde una fuerza política tiene preeminencia estructural, y donde las demás tendrán que negociar con ella o contra ella. Esa es la geometría real del poder legislativo que recibirá al próximo gobierno.

Este mapa de poder introduce una distinción analítica que el debate público ha subvalorado sistemáticamente. No todos los candidatos presidenciales enfrentan este escenario en igualdad de condiciones, ni con la misma relación con el sistema que están a punto de habitar. Es posible identificar, con fines analíticos, al menos tres perfiles diferenciados entre los actores con mayor peso electoral. El primero corresponde a candidatos que compiten exclusivamente por el Ejecutivo, sin haber asegurado posición institucional alternativa: su estrategia es de todo o nada, y una derrota presidencial equivale a una salida del circuito de poder. El segundo perfil agrupa a candidatos que articulan simultáneamente su campaña presidencial con una presencia senatorial significativa para su partido: una eventual derrota en la primera vuelta no implica desaparición institucional, sino reposicionamiento hacia otra arena igualmente influyente. El tercer perfil —y aquí reside el elemento más relevante para comprender la dinámica que se configura— corresponde a actores que no solo han asegurado representación parlamentaria, sino que llevan un período completo de haber operado, desde el Legislativo, esquemas de influencia sobre el Ejecutivo sin necesidad de ocuparlo.

Esta distinción no es menor. La experiencia peruana reciente —documentada en anteriores entregas de esta serie— muestra que entre 2016 y 2026 fue posible ejercer poder político efectivo sin la presidencia, a través del control o la influencia decisiva sobre el Congreso. Lo que en la teoría política denominamos parlamentarismo de facto no surgió espontáneamente: fue el resultado de decisiones estratégicas sostenidas en el tiempo, de una arquitectura de incentivos construida pacientemente, y de un aprendizaje institucional acumulado sobre cómo operar un sistema presidencial desde sus márgenes legislativos. Ese aprendizaje no desaparece con el cambio de legislatura. Se traslada, junto con sus artífices, al nuevo escenario.

La consecuencia es una asimetría estructural que trasciende las preferencias electorales. El próximo presidente —sea cual sea el resultado del 12 de abril— gobernará en un sistema cuyas reglas informales ya están escritas, cuyos mecanismos de presión ya han sido ensayados, y cuya bancada más grande estará encabezada por actores con una década de experiencia en su manejo. Gobernar en ese entorno sin conocerlo desde adentro no es imposible, pero implica una desventaja de partida que ninguna votación presidencial puede compensar por sí sola. En política institucional, la experiencia en las reglas del juego vale tanto como los votos que otorgan el cargo.

Esto introduce una paradoja que merece ser nombrada con precisión. En sistemas presidenciales convencionales, ganar la presidencia equivale a acceder al centro del poder. En el sistema que se está configurando en el Perú, ganar la presidencia podría equivaler a acceder a la administración del Estado, mientras que el poder político efectivo —la capacidad de definir agendas, bloquear iniciativas, condicionar nombramientos y articular coaliciones— permanece en otro espacio. No es una anomalía nueva en nuestra historia reciente, pero el nuevo diseño bicameral podría consolidarla estructuralmente, dotándola de una arquitectura institucional más estable que la que existía con una cámara única.

En ese contexto, la presidencia del Senado adquiere una relevancia que el debate público aún no ha dimensionado. Desde ese cargo se define la agenda legislativa, se establecen los límites operativos del Ejecutivo, se articulan las alianzas que sostienen o condicionan al gobierno, y se administra la relación entre las bancadas. No es un cargo protocolar: en el sistema que se perfila, podría ser el árbitro real de la gobernabilidad. Y es razonable anticipar que los actores con mayor representación senatorial —especialmente aquellos que no han obtenido la presidencia— buscarán ocuparlo.

Un escenario que el análisis anterior ha dejado en el margen merece, sin embargo, atención específica: ¿Qué ocurriría si la candidata con la bancada senatorial más grande gana también la presidencia? La respuesta no es simétrica a los demás casos, y por eso requiere tratamiento diferenciado. En un análisis publicado en este mismo blog en julio de 2021, se propuso una matriz de viabilidad gubernamental construida sobre dos ejes: el tamaño relativo de la bancada oficialista y la capacidad de negociación del Ejecutivo con el Congreso. Bajo ese marco, un gobierno con bancada minoritaria y baja capacidad negociadora ocupaba el cuadrante de mayor fragilidad institucional, mientras que la combinación opuesta ofrecía las condiciones básicas para una gestión relativamente estable. Aplicar esa matriz al escenario 2026 arroja un resultado que no admite equiparación simple entre candidatos: quien llegue a la presidencia con 26 escaños en el Senado —la bancada individual más grande— y con una década de experiencia operando los mecanismos informales del sistema que ahora presidiría formalmente, no ocupa el mismo cuadrante que quienes lleguen sin ninguna de esas dos condiciones. 

La asimetría no es ideológica: es estructural. Y es precisamente esa asimetría la que convierte a este escenario en el menos incierto de los posibles, aunque no necesariamente en el más sencillo. Porque incluso con esa ventaja de partida, el Senado proyectado no otorga mayoría absoluta a ningún partido. Los 15 escaños de Juntos por el Perú y los 11 de Renovación Popular configuran un poder de veto cruzado que ningún gobierno podrá ignorar, independientemente de quién ocupe la presidencia. En ese diseño, ambas bancadas tendrán incentivos propios para disputar espacio desde el Senado: no como oposición ideológica, sino como actores con mandato electoral propio y acceso institucional al presupuesto, la agenda legislativa y los nombramientos. La diferencia entre un gobierno viable y uno capturado no estará en el resultado de las próximas elecciones, sino en la capacidad de quien gane para administrar esa geometría de vetos sin perder la iniciativa política en el camino.

A esta dinámica política se suma un riesgo fiscal que merece atención específica. Un Senado con liderazgos que tienen mandato electoral propio e incentivos de corto plazo podría intensificar la presión sobre el presupuesto público. La evidencia reciente —recogida en las notas del Consejo Fiscal y analizada en entregas anteriores de esta serie— documenta ya una tendencia sistemática del Congreso a impulsar normas con impacto fiscal adverso no compensado. Con mayor poder institucional, esa dinámica no desaparecería: se profundizaría. El Ministerio de Economía y Finanzas, que en condiciones de normalidad institucional actúa como ancla de disciplina presupuestaria, podría verse progresivamente obligado a acomodar decisiones políticas ajenas a criterios técnicos. El presupuesto dejaría de ser un instrumento de planificación para convertirse en un espacio de negociación entre fuerzas con agendas electorales propias.

A ello se agrega un elemento adicional que trasciende la dinámica legislativa ordinaria. Algunas señales recientes en el debate público muestran que los incentivos para disputar el poder no terminan con el acto electoral. Declaraciones que anticipan o sugieren la posibilidad de desconocer resultados electorales evidencian que la disputa por la legitimidad puede extenderse más allá de las urnas. Si actores con ese tipo de incentivos logran posiciones clave en el Senado, el conflicto postelectoral no se disiparía: encontraría un nuevo escenario institucional desde el cual operar, con mayor capacidad de daño sobre la estabilidad del sistema.

El Perú podría estar, así, ante una transformación silenciosa pero estructuralmente significativa de su arquitectura política. Formalmente, continuaríamos siendo una república presidencial con bicameralismo restaurado. En la práctica, podríamos ingresar a una versión más intensa y consolidada del parlamentarismo de facto que hemos documentado en el período 2016–2026: un régimen en el que el Ejecutivo administra, pero el poder político efectivo se ejerce desde otro espacio. La diferencia con el ciclo anterior es que ahora ese espacio tendría una forma institucional más precisa, una bancada dominante más experimentada, y un conjunto de actores que ya saben exactamente cómo funciona el sistema que están a punto de reproducir.

La pregunta, entonces, ya no es únicamente quién será el próximo presidente del Perú. La pregunta es si quien gane la presidencia tendrá la capacidad —o el interés— de construir una base de poder que no dependa enteramente de las reglas que otros han escrito. Porque en un sistema donde el poder real se ha desplazado de facto hacia el Legislativo, y donde la bancada más grande del Senado estará conducida por actores con una década de experiencia en ese desplazamiento, la victoria presidencial del 12 de abril podría ser, en el mejor de los casos, el comienzo de una negociación permanente con quienes ya conocen la casa mejor que nadie.

En el Perú que viene, perder la presidencia podría ser solo otra forma de ganar el poder. Pero también podría ocurrir algo más inquietante: que ganarla no sea suficiente para ejercerlo.