La misión del FMI recomienda...

El día de ayer la misión "Artículo IV" del FMI ha publicado su informe conclusivo acerca de las perspectivas de desempeño de la economía peruana y las reformas sugeridas para sobresalir airosa de las dificultades en ciernes (leer aquí). Encuentro que muchas de las afirmaciones y sugerencias suenan a que es necesario actuar ahora y de manera firme, debido a la gravedad de los riesgos que tiene que enfrentar la economía, sobre todo en los siguientes ejes:

• Enfrentar la inflación y los riesgos externos
• Restablecer el marco fiscal
• Reforzar el sistema financiero
• Impulsar una estrategia bien articulada para el crecimiento económico y la resiliencia

De estas cuatro recomendaciones, sólo quiero comentar la última, que es la que está generando más polvo en el actual debate político nacional. Si bien es cierto que hay un consenso qué hacer, esto es, sobre la necesidad imperiosa de elevar la productividad de la economía peruana, no existe igual consenso sobre cómo hacerlo. La apuesta de la actual Ministra de Trabajo ha sido impulsar una serie de reformas a favor de la restitución de derechos de los trabajadores y las mejoras salariales contenidos en la así llamada Agenda 19 (leer aquí). La otra parte en cambio, que sigue la línea de lo señalado por el informe de la misión del FMI, recomienda que para que exista una elevación de la productividad se requiere bajar los costes asociados a los trabajadores fundamentalmente. David Tuesta, ex Ministro de Economía y actual presidente del Consejo Privado de Competitividad, es quien ha expuesto con vigor esta posición en una columna del diario El Comercio que tituló "Una cachetada imperdonable a los trabajadores" (leer aquí).

Me llamó la atención dicho título pues al observar la distribución factorial del ingreso nacional, uno encuentra que la "cachetada" a los trabajadores en realidad ya se les ha dado hace tiempo en nuestro país, en tanto que a las ganancias de capital se les ha otorgado la correspondiente "levantada", favoreciendo su posición en la distribución del ingreso nacional. ¿Cómo así? Responder a esta pregunta necesita una mayor averiguación de los proceso económicos, políticos y sociales que estamos viviendo como país. Pero lo que si podemos observar es que a partir del 2004 aproximadamente este proceso se ha vuelto más inequitativo en detrimento de la participación de los salarios de los trabajadores en el ingreso nacional llegando a un máximo de 30 puntos del PBI de diferencia entre ambos grupos, manteniéndose así hasta antes de la pandemia. Un proceso que ya había sido descrito por Humberto Campodónico como "la boca de cocodrilo" (leer aquí).

Ilustración 1 Participación de los salarios y las ganancias de capital en el ingreso nacional, 1994-2019

    Elaboración propia con información del INEI

Como ya ha sido patente por los datos oficiales, la masa salarial ha sido drásticamente afectada por la pandemia. Datos de la EPE de Lima Metropolitana reportan que los ingresos totales del trabajo principal al trimestre móvil de enero de 2022 se encuentran retrasadas en -16.1% respecto de los ingresos totales de enero de 2020. Esto nos hace pensar que la boca de cocodrilo se ha vuelto a abrir aún más en perjuicio de los trabajadores. Pero igual falta corroborar qué ha pasado con la participación de las ganancias de capital.

Pese a lo señalado, al parecer, la misión del FMI se encuentra alineada con la postura siguiente: la elevación de la productividad sólo será posible si se realizan importantes reformas para eliminar los sobrecostos laborales que constituyen serias rigideces para lograr este objetivo. En contraste con esta posición, la otra parte, hace énfasis en que los así llamados sobrecostos laborales no son la raíz del problema pues estos ya han sido reducidos fuertemente durante las reformas estructurales implementadas en los años noventa. Y pese a tal recorte de costes, la productividad nunca se elevó significativamente. 

El crecimiento económico de los años 2000 ha sido una suerte de aprovechamiento de sobreprecios importantes a la materia prima exportada, pero nunca hubo una transformación productiva y diversificadora real de la economía peruana que permitiera tener tasas de crecimiento fuertes y sostenidas por mucho más tiempo de lo que espuriamente hemos vivido en la década pasada. El problema que subsiste en el fondo es que la economía peruana no realiza una apuesta contundente por implementar una política de diversificación económica que asegure una elevación de la productividad total en el mediano plazo, mediante una mayor inversión en capital humano y una clara priorización de recursos públicos y privados orientados a la innovación y la tecnología. Estas afirmaciones y recomendaciones pueden ser corroboradas por los sendos análisis del estilo de crecimiento económico realizados por la Universidad de Harvard para casi la totalidad de las economías del mundo (ver aquí), señalando que en el fondo, este es el problema principal que resolver, y por supuesto, también lo otro, previo el debido proceso de diálogo social aplicado y los acuerdos que se alcancen respectivamente.

¿Podrá la actual administración gubernamental resolver esta encrucijada? La incertidumbre cunde en muchos espacios de debate y análisis del país. Y todo parece que mientras la crisis política persista, no habrá un liderazgo claro para tomar las decisiones fundamentales que el país necesita para remontar sus desafíos. 

A pesar de todo, hay que insistir en el diálogo y la búsqueda de acuerdos bien articulados en estos aspectos de importancia para el país, y no sólo una de las partes.

Reforma tributaria: rascando la olla

Hace algunas semanas fui entrevistado por diario Uno a propósito de las declaraciones preliminares del flamante Ministro de Economía, David Tuesta. En aquella oportunidad, el ministro describió con no pocos adjetivos la grave situación de las cuentas fiscales del país: “Últimos 11 años han sido un festín de la evasión” aseveró sin dorar la píldora. "Sin más impuestos, se hará muy poco" remató en otra oportunidad.

Con una tasa de incumplimiento del IGV del 36% y del 58% en el caso del IR, no debería llamar la atención que la presión tributaria haya descendido a los niveles más bajos de los últimos años en América Latina. La menor recaudación tributaria se acentuó sobre todo a partir del 2014, cuando bajo el discurso de la desaceleración económica en el Perú, se aprobó a fines de ese año un paquete de medidas de reactivación económica que constaba básicamente de incentivos tributarios. La SUNAT calculó que el Estado peruano asumía un costo anual de aproximadamente 4.5 mil millones de soles  para que nuestros empresarios invirtieran nuevamente, creen puestos de trabajo formales y traigan  bienestar al país.

Fuente: MEF, MMM 2016-2018, pág. 48

El problema que ha originado esta situación es que efectivamente los principales contribuyentes, específicamente los MEGA que está conformado por unas 50 personas jurídicas o naturales que no conocemos pero que nos imaginamos quienes son, han dejado de pagar impuestos sistemática y fuertemente desde 2014 hasta la fecha. En contraste, los contribuyentes de menor tamaño han aumentado sus aportes pero no ha sido suficiente para contrarrestar el fuerte desbarajuste ocasionado por los MEGAs. Y todo parece indicar que este selecto grupo no quiere que se le revise (al menos revertir) su actual situación tributaria a la situación existente el 2014.

¿Qué le queda al Ministro de Economía en estas circunstancias? Rascar la olla con las herramientas tributarias que apenas puede mover, afectando como siempre, a las masas populares antes que a los que tienen más. El incremento del ISC a los combustibles, a los autos, a las bebidas alcohòlicas y azucaradas, siendo positivas desde el punto de vista que aminoran las externalidades negativas, son muy impopulares pues afectan a las grandes mayorías. En efecto, la presión inflacionaria derivada del impacto de la subida del ISC es lo que más recordará la población y no el impacto de la subida de precios internacionales del barril de petróleo.

Lo que han dejado de pagar los ricos, no es compensado por lo que se le cobra de más a la base tributaria

El desafío del gobierno no es pequeño. Pero debe hablar las cosas directamente y sin temor a los que invierten en el país para que se haga un pacto fiscal óptimo, porque lo que está haciendo en este momento, es simplemente pelearse y exprimir a las bases del país y con ello terminarán minando la poca gobernabilidad con la que ha comenzado su gestión. Hace mal, pienso yo, que el Premier haya rebajado su respaldo al Ministro de Economía. Pero también hace mal Tuesta en proponer políticas marginales e impopulares para sacar adelante las finanzas públicas sin primero no haber iniciado una ronda de negociaciones con los inversionistas con una propuesta de pacto fiscal al siglo XXI. Como señalan algunos expertos, no se trata de aumentar el número de contribuyentes sino más bien de mejorar la calidad de los que actualmente están registrados pero no contribuyen o lo hacen por debajo de lo que deberían cumplir (Ramírez, 2018).

La eficiencia del mercado en cuestión: Caso AFPs

Leo hoy en el diario Gestión sobre el caso de las pérdidas millonarias de los fondos pensionarios administrados por las AFPs: 4,535 millones de nuevos soles. Este monto es equivalente al 0.8% del PBI de 2014, o si prefieren 3.2% del Presupuesto Público de 2015, o en última instancia equivalente al Presupuesto del Ministerio de Vivienda y Construcción del 2016. Todo esto perdido en tan solo un mes. ¡Qué eficiencia!

Fuente: Diario Gestión 9.09.2015, pág. 10

¿De quien es la culpa? Para los ortodoxos, el mercado no puede ser el culpable pues este siempre asigna eficientemente los recursos. Si un inversionista se equivoca en la colocación de sus recursos, pues no pasa nada con el mercado. Este cargará con sus errores y deudas y será expulsado del sistema sin mayor problema para el resto de la sociedad.

No obstante, el caso de las AFPs contradice esta ideología categóricamente. Aparte de constatar que este sector es uno de los menos competitivos del mercado -a pesar de los esfuerzos de la SBS por introducir cierto grado de competencia-, está claro que el negocio tiene un diseño especial en el que la administradora del Fondo de Pensiones se asegura que nunca tendrán pérdidas, sea que hagan ganar o perder a sus afiliados. ¡¿En qué cabeza cabe que se puede defender a este mercado oligopólico en el que el cliente (los asegurados) son perjudicados en el corto y en el largo plazo?!

Por otro lado, para crecer más allá de los aportes fijos de sus afiliados, las AFPs tienen básicamente dos caminos, a) Capturar una creciente masa de afiliados entre los trabajadores formales y luego los informales, ó b) Especular con los fondos de pensiones en mayor proporción en activos foráneos. En el primer caso, como se sabe, las AFPs concertaron con el MEF para capturar a la población trabajadora independiente para que aportaran a los fondos que ellas administran (ley 29903 de julio de 2014). Afortunadamente, la población reaccionó enérgicamente e hizo retroceder al gobierno (con responsabilidades compartidas con la SBS y el MEF), pero sobre todo a la empresa en su manipulación del gobierno para obtener nuevas cuotas de afiliados entre los no asegurados, sobre todo los más jóvenes y de menores ingresos.

En el segundo, ha habido mayor éxito en la presión por una mayor apertura para usar los fondos en el exterior concedida por el Banco Central de Reserva hasta por un máximo de 42% del total de los mismos, vigente desde el 1ro de enero de 2015. En 2006 este límite operativo de inversiones en el exterior apenas alcanzaba el 10.5% del total de recursos. El problema con esta política es que lo poco que el Fondo recuperó en este año, ha sido borrado de un plumazo por la reciente crisis de las bolsas de valores del mes pasado. Muchos economistas se pronunciaron en su momento sobre la necesidad de mantener un grado de apertura mínimo para evitar exposiciones al riesgo de las especulativas finanzas internacionales que no se estabilizan aún desde la crisis del 2008.

Si el FED hace caso omiso a la presión de diferentes entidades globales para incrementar sus tasas de interés de referencia, es casi seguro que tendremos una turbulencia financiera que provocará entre otras cosas, el rápido aumento del tipo de cambio y la consiguiente salida masiva de inversionistas foráneos de países emergentes como el nuestro.

En conclusión, la oferta de las AFPs, tal como están diseñadas, no sólo constituye una patente estafa para la población peruana, pues con la excusa de que el mercado internacional falló, enfrentamos la imposibilidad futura de reclamar ante ninguna entidad por la valía de nuestros derechos, pues cuando lleguemos a la edad de la jubilación, el Estado será tan pequeño que ni para ser Estado servirá. Mientras tanto propuestas inteligentes de reforma mixtas como la elaborada por un grupo de investigadores de la Universidad del Pacífico seguirán siendo desoídas a pesar que su valor social sería superior a la ofrecida por la actual configuración del Sistema Privado de Pensiones (se puede descargar el estudio aquí).

Crisis de lobbies en medio de una crisis económica

El modelo económico que nos ha regido desde los noventa es el lobbismo pragmático y autoritario disfrazado del discurso neoliberal democrático. Comenzando desde el inefable Ministro de Economía Carlos Boloña, quien ante las jóvenes mentes universitarias de aquellos años solía pontificar con el prolijo discurso del neoliberalismo, tenía las agallas para preparar la legislación necesaria para reformar el sistema de pensiones que darían paso a las AFP, una de las cuales fue su negocio particular; hasta llegar en la actualidad al Ministro Luis Miguel Castilla, quien ¡Oh casualidad! se ha visto desnudado por diversas denuncias de lobbismo, incluyendo una profundización del negocio de las AFPs. Asistimos pues, como asegura Francisco Durand, a una crisis de los lobbies.

A ambos ministros en los extremos de este ciclo les ha resultado conveniente la Constitución de 1993, con la sola diferencia que en el primer caso, los negocios se iniciaban con todas las prerrogativas que les otorgaba un Estado pseudo democrático haciendo cien por ciento viables sus inversiones, con total desconocimiento de la sociedad, y aún violentando sus derechos. Ahora, no es que estemos viviendo en el paraíso de la democracia, pero gracias a la profusa accesibilidad a información por canales alternativos, y a la chispa liberadora de los hackers, hemos asistido a la primera crisis de los lobbies. Luis Castilla, hijo de este modelo de política económica, renunció dando paso a Alonso Segura, su jefe de asesores durante el último año y medio. 

El parco recibimiento de parte del empresariado a Segura -sobre todo del Grupo El Comercio-, revela que la inesperada salida del lobbista más aplicado de los últimos años sea sólo un interludio que probablemente dure el tiempo que la economía toque fondo como lo asegura Raúl Wiener. Luego de pasada la tormenta, el gobierno y la Confiep pedirá a gritos el retorno del aprendiz, para que se gradue exitosamente al frente del Ejecutivo, tal como lo hizo Luis Carranza durante el segundo gobierno de Alan García.

¿Será esto así? Difícil saberlo, considerando la magnitud y la cantidad de los fracasos ocurridos: El primero, el anuncio de Castilla realizado el 21 de agosto último acerca de que el gobierno convocará a una auditoría internacional para despejar de una vez por todas, las dudas en torno a las concesiones más significativas otorgadas por su gestión, esto es, la línea de Metro 2 y el Gasoducto Sur Peruano. Estos proyectos fueron posibles de la mano de dos funcionarios de ProInversión, ahora renunciados, como Luis Ortigas (ex presidente de PerúPetro y del Comité de Proyectos de Energía e Hidrocarburos, fuertemente cuestionado por dirigentes de Petroperú por favorecer continuamente a InterOil); y, Carlos Puga (ex presidente del Comité de Proyectos de Infraestructura Vial a pesar de la larga lista de denuncias por abuso de autoridad). El segundo fracaso es una retahíla de beneficios "menores" otorgados a un conjunto de empresas de una variedad de sectores (Exalmar, AFP Hábitat, Lindley, y otras por destapar) que tenían el privilegio de ser parte del mismo círculo de amigos y profesionales que operó al interior de la PCM y el MEF; pero que no necesariamente eran las empresas más eficientes, ecológicas o de mayor productividad que necesitaba el país.

Mientras tanto, los nuevos funcionarios elegidos para ocupar los lugares que quedaron vacíos momentáneamente no son unos advenedizos. Varios de ellos forman parte del mismo grupo de jóvenes profesionales que fueron formados durante la época en que PPK, Carranza y otros neoliberales "de boca" ocuparan la cartera de Ministros de Economía del modelo económico al cual defiende y le rinden culto. Este modelo en piloto automático que busca desesperadamente reinventarse, en medio de una crisis económica que podría en realidad sepultarlo. La mayor tragedia de este lobbismo es probablemente la falta de ideas de sus miembros -jóvenes y viejos- para superar su propia crisis dentro de una crisis económica que no logran entender bien aún.

Pero ¿Podrá el lobbismo actualmente asentado en el corazón del gobierno renunciar a su generosa cuota de poder para dar paso a un modelo económico realmente liberal y democrático? A mi modo de ver, sólo quedarían dos opciones, o bien se procede a un endurecimiento del modelo económico bajo condiciones de gobierno cada vez más autoritarias para poder hacer rentable sus operaciones monopólicas; o bien, se procede a la refundación de un modelo económico con un Estado fuerte -vía reforma tributaria- que promueva un mercado competitivo, diversificado y democrático como existen en los países industrializados. Es un hecho que ningún país ha logrado el desarrollo de la mano con Estados débiles y autoritarios. Todo lo contrario. Por lo pronto, la duración de la crisis económica parecerá coincidir con las elecciones generales del 2016, donde nuevamente el país se pronunciará por el cambio de modelo que tanto ha reclamado hasta la fecha, sin haber sido escuchado.

¿Cómo mejorar el desempeño del Congreso? Aportes desde la economía

Publicado en la revista Cuarzo Económico, en Julio 2013.

Todos detestan al Congreso, pero muy pocos tienen propuestas para mejorar su aprobación. Una de estas propuestas novedosas se encuentra contenida en la reciente aparición del dossier Perú Económico que presenta el estudio denominado "Ranking Legislativo". Este ranking realiza una diagnóstico de cuáles son las bancadas –y congresistas- cuyos proyectos de ley generarían un mayor crecimiento y desarrollo económico. Este es un estudio típico de la rama denominada análisis económico del derecho (AED). Para evaluar las bondades y debilidades del diagnóstico presentado es necesario conocer la metodología que siguieron los autores del ranking, la cual paso a describir a continuación.

La metodología es doble puesto que en realidad no se presenta un solo ranking para calificar los proyectos de ley, sino dos. En primer lugar tenemos el ranking del crecimiento económico, es decir aquel que evalúa el impacto sobre el crecimiento económico. Para este caso, se procedió con un proceso de filtrado y recojo de 142 proyectos de un universo aproximado de 2 mil proyectos de ley presentados por los congresistas, que el equipo investigador identificó tendrían un impacto directo en el PBI, específicamente sobre los componentes del gasto agregado más importantes: consumo, inversión, exportaciones netas y compras del Estado. La calificación del impacto se estableció siguiendo una escala tipo Likert (en cualquier sentido, positivo alto, positivo, nulo o negativo, negativo alto) a la cual se le asoció un puntaje aditivo de tal manera que a mayor puntaje, mayor calificación positiva o negativa respectivamente para cada congresista o bancada en particular.

En segundo lugar tenemos el ranking del desarrollo económico, es decir aquel que evalúa el impacto sobre el desarrollo económico. Para este caso, se procediócon la selección de un conjunto aleatorio de proyectos de ley presentados por cada uno de los 130 congresistas elegidos para el periodo 2011-2016, dos por cada uno de ellos, para valorar el impacto que estos proyectos tendrían sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en sus componentes principales: salud y calidad de vida, educación e ingresos. Sólo se lograron acumular 255 proyectos porque no todos los congresistas habían presentado proyectos a la fecha de cierre del muestreo. La calificación abordada no es muy clara, puesto que se menciona que se ha realizado un promedio de las calificaciones parciales para cinco indicadores definidos por el equipo investigador, estos son: impacto de la propuesta, exposición de motivos, análisis costo beneficio, lenguaje claro y beneficio para el desarrollo económico. De los cinco indicadores, sólo el último parece ser el más concreto puesto que en este se valora si el proyecto de ley en cuestión aporta a los indicadores parciales del IDH. No está claro porqué las ponderaciones son distintas para cada indicador, ni tampoco se ha reportado cuales son los pesos específicos de cada uno de ellos.

El informe presenta los resultados a nivel individual para el ranking del crecimiento económico. A nivel individual, los top-10 serían los congresistas: Luis Galarreta, Manuel Merino, Eduardo Cabrera, Jesús Hurtado, Carlos Bruce, Ángel Neyra, Fernando Andrade, Modesto Julca, Gustavo Rondón y Marco Falconí. En el otro extremo (los 10 últimos) que afectarían negativamente al crecimiento económico se encontrarían los congresistas Jorge Rimarachín, Héctor Becerril, Kenji Fujimori, Claudia Coari, Justiano Apaza, Teófilo Gamarra, Cecilia Chacón, Jaime Delgado, Javier Diez Canseco y finalmente Tomás Zamudio. No se presentan los datos para el resto de congresistas, lo cual habría sido ideal para conocer su aporte específico al crecimiento económico y el desarrollo económico del país.

A nivel de bancadas, el informe presenta los resultados para ambos rankings. La bancada que habría propuesto la mayor cantidad de proyectos de ley que aportarían positivamente tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo económico es el de Concertación Parlamentaria, conformado por los cuatro congresistas del Partido Aprista Peruano y los congresistas independientes Carlos Bruce (ex Perú Posible) y Renzo Reggiardo (ex Fujimorista). En el otro extremo, la bancada de Gana Perú es la que, por decir lo menos, realizaría un aporte menor al crecimiento económico que el resto de bancadas; mientras que la bancada fujimorista (Fuerza Popular) es la que menos aportaría al desarrollo económico, siempre en relación al resto de bancadas.

Ilustración Bancadas según ranking de proyectos legislativos pro crecimiento y pro desarrollo económico - Elaboración propia sobre la base de dossier Perú Económico

El informe añade una evaluación transversal específica a todos los proyectos de ley, con el cual concuerdo plenamente, la debilidad de la sección titulada “Análisis Costo Beneficio de la presente ley”. De acuerdo con el estudio de Semana Económica, el 83% de los proyectos de ley presentados por los congresistas de la actual legislatura, no realiza un análisis mínimo que evidencie el impacto de la legislación en la economía (p.19). Otro estudio similar, realizado por la ONG Reflexión Democrática1 para la anterior legislatura 2006-2011, reportó que luego de revisar 967 propuestas sólo un 6.5% de ellas tenían un análisis costo beneficio adecuado. Esto significa en resumen, que existe alrededor de un 10% de probabilidad de encontrar un proyecto de ley bien elaborado en cuanto a la medición del impacto costo beneficio de la misma.

En línea con los hallazgos realizados, las recomendaciones del estudio de Semana Económica no se hacen esperar. El Congreso de la República debe contar con una unidad de Estudios Económicos lo que redundaría en un beneficio para la democracia. Esta unidad, se encargaría en la práctica de formular de manera adecuada e independiente, es decir, de manera técnica, la medición y el balance de los costos y beneficios que un determinado proyecto de ley puede tener. Esta información sería volcada sobre los congresistas para que ellos tomen las decisiones informadas sobre la “riqueza que crearían o destruirían sus leyes, y rendirían cuentas ante el electorado ciudadano”. Hasta aquí todo bien aunque su pretensión es a mi parecer exagerada. Voy a explicar por qué.

En efecto, antes que nada, es preciso conocer un poco más de la realidad parlamentaria para tomar en cuenta cuáles son los límites de esta propuesta2 . En primer lugar, los congresistas contratan un equipo de tres o cuatro asesores para su despacho para que les ayuden a elaborar sus proyectos de ley. La elección de estos asesores no necesariamente se basa en criterios técnicos, sino más bien políticos. Muchos de estos asesores son militantes de algún partido afín, pero esto no es necesario para todos los casos. Por lo general existe una tendencia a contratar abogados pues son los que tienen las herramientas necesarias para elaborar los proyectos de ley. Pero recientemente ha habido una mayor preocupación por contratar profesionales de otras especialidades, en especial economía para abordar con mayor expertise los temas que van cobrando importancia en el quehacer económico nacional a través de nuevos proyectos de ley.

En segundo lugar, los congresistas procuran formar parte de tres o cuatro de las 24 comisiones ordinarias existentes en el Congreso para ejercer sus facultades legislativas, de fiscalización y representación. La elección de dichas comisiones se hace tomando en cuenta la experiencia previa del congresista, que no necesariamente está dictada por la profesionalización. Pero cada congresista es consciente que es en esta primera arena política, donde la discusión y la argumentación serán las herramientas necesarias para aprobar o rechazar los proyectos de ley. Las comisiones que por naturaleza tienen que ver con cuestiones económicas son casi la mitad del total disponibles:

• Economía, banca, finanzas, e inteligencia financiera,
• Presupuesto y cuenta general de la república
• Producción, micro y pequeña empresa y cooperativas
• Agraria
• Energía y minas
• Defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos
• Comercio exterior y turismo,
• Trabajo y seguridad social
• Transportes y comunicaciones
• Vivienda y Construcción
• Inclusión social y personas con discapacidad

Cada comisión cuenta con un equipo de asesores, los cuales elaboran un dictamen para cada uno de los proyectos de ley que son derivados a la comisión, incorporando las discusiones y las consultas pertinentes realizadas a las entidades públicas o privadas que tienen competencia o interés con la materia del proyecto de ley en cuestión. La composición de los asesores de estas comisiones se reparte, como es de esperar, mayoritariamente entre abogados y minoritariamente entre economistas, los cuales son colocados por los congresistas de acuerdo con su especialidad y capacidad para atraer a los mejores talentos posibles a esta instancia. Es preciso resaltar que cuando las comisiones remiten su proyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas para que brinde su opinión técnica, lo hacen porque los congresistas juzgan necesario evaluar el impacto de un proyecto determinado sobre el presupuesto público o el mercado en general. Es en esta instancia que el MEF cumple el rol “independiente” al cual alude el director de la revista Semana Económica puesto que los técnicos de este organismo realizan el control de si la ley propuesta está duplicando alguna legislación preexistente, o si ocasiona un costo efectivo al erario nacional aun cuando el proyecto señala que no lo hace. Si ocurre cualquiera de las dos situaciones, el proyecto termina siendo descalificado inmediatamente, puesto que no se puede legislar sobre algo que ya está normado, ni se puede incurrir en un gasto sobre el presupuesto pues está prohibido por ley que el congresista tenga iniciativa de gasto3 . De crearse una unidad de Estudios Económicos debería cumplir un rol similar al del MEF, pero al interior del Congreso. Pero este debería tener el nivel de legitimidad suficiente entre los congresistas como para que su opinión sea tomada con el mismo peso “político” del que gozaría la opinión emitida por el propio MEF.

Pero es preciso notar que no todas las veces es al MEF a quien se le solicita opinión técnica. Depende de la comisión y de la naturaleza de la materia que legisla el proyecto para que se solicite opinión a las entidades que son pertinentes. Aquí se incluyen ministerios, universidades, especialistas reconocidos en la materia, gremios empresariales, sindicatos, etc. Estas consultas pueden ser materializadas a través de la organización de seminarios, foros, audiencias, y todo tipo de eventos que los congresistas consideren necesario para que tanto ellos como la opinión pública se vayan informando de la importancia de la ley en debate. Así, cuando concluye el proceso de consulta y discusión, la secretaría técnica de la comisión que tiene prioridad sobre el proyecto, realiza el dictamen definitivo del mismo sobre la base de las consultas y debates realizados con la recomendación para su aprobación o envío al archivo. Una vez que se ha programado el último debate sobre el proyecto, se puede proceder a un último ensayo de defensa por parte del congresista que presentó el proyecto originalmente y luego se procede al voto a nivel de la comisión. Si gana, el proyecto pasa a la lista de proyectos que serán discutidos en el Pleno o de lo contrario el proyecto es enviado al archivo. No se volverá a discutir un proyecto similar hasta que se abra una nueva legislatura y algún congresista desee volver a presentarlo con mejoras o adiciones.

Flujograma de un proyecto de ley - Elaboración propia

El pleno del Congreso es la máxima instancia de debate de los proyectos de ley que arriban a ella. Aquí existe un conjunto adicional de asesores, los asesores de bancada, que ayudan a los congresistas de una determinada bancada para que tengan los insumos necesarios a la mano para que sus intervenciones durante el debate sean lo más persuasivos posibles. Se busca de esta manera lograr el máximo de aprobación o el mínimo de rechazo para un proyecto de interés de la bancada que entre al debate. En el caso de una bancada de oposición, los asesores de este nivel proveerán todos los elementos necesarios para descalificar el proyecto de ley que está en debate del oficialismo buscando que este sea rechazado con la máxima cantidad de votos posibles. En este nivel de asesores, la distribución de especialistas me parece que es más equilibrada en términos de las especialidades que a nivel de los despachos y comisiones técnicas. Pero esto es sólo una percepción. Es necesario realizar mayor investigación en términos del quehacer político y técnico para producir el éxito o rechazo de los proyectos de ley en general.

Como se puede apreciar hasta este punto, el carácter democrático de todo este proceso no se basa exclusivamente en la supuesta independencia del MEF para opinar sobre un determinado proyecto de ley. Pero es cierto que por la preeminencia que tiene este organismo sobre el resto del Estado, su opinión suele ser la más importante y la que finalmente determinará la suerte del proyecto en cuestión. Es casi como un poder de veto en la práctica. Esto es así a menos que la oposición y la agenda pública hayan tomado conciencia de la importancia de dicha ley y por lo tanto se comience a apreciar la presión mediática sobre el destino de la misma. La lógica que guía todo este proceso es la de la argumentación y la persuasión4 . Pero es obvio que se despliegan diversos juegos políticos y alianzas de poder para lograr la aprobación o rechazo de un determinado proyecto sobre todo si existen intereses compartidos por los actores relevantes del proyecto en el escenario parlamentario. La consolidación de estas alianzas puede involucrar la renuncia temporal de principios antes sostenidos -si es necesario- con la finalidad de oponerse a un proyecto de ley presentado por el gobierno de turno5 .

Teniendo en cuenta todo este proceso, ¿Resulta relevante la creación de la oficina de investigaciones económicas en el Congreso? Creo que una dependencia como esta al interior del Congreso podría ayudar a mejorar el sustento del análisis costo beneficio, pero eso no limitaría la necesidad de que se realice la consulta oficial necesaria al MEF para obtener su opinión técnica política definitiva, que en la práctica resulta ser como una “bendición” de parte de este organismo. Para minimizar la probabilidad de rechazo de estas iniciativas, la práctica parlamentaria obliga que el Congresista realice las coordinaciones necesarias con el MEF para asegurar que su proyecto de ley no vaya a ser rechazado en el camino de consultas interinstitucionales. En ese sentido, el cliché “Este proyecto de ley no irrogará gasto alguno al erario nacional”, suele ser una frase efectista de lo que se considera ha sido una efectiva coordinación del congresista interesado que busca hacer viable una iniciativa legislativa de su autoría. Desde ese punto de vista, la existencia de una oficina de estudios económicos podría ser poco relevante e incluso redundante. Si logra tener un protagonismo tecnocrático, es probable que sea visto como un territorio de colonización del MEF en el Congreso (tal como lo es en la actualidad, a través de algunos congresistas, voceros y asesores en las comisiones respectivas), lo que haría incómoda su actuación y grande la tentación a ser ‘recuperada’ políticamente por el tipo de profesionales que se seleccionarían para conformarla. De hecho, la práctica parlamentaria de contratar personal para cubrir los cupos correspondientes asignados a cada partido o bancada determina que incluso las oficinas más técnicas sean cubiertas precisamente por personal afín a cada partido. Este el caso del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso peruano (DIDP)6 . Esta oficina se encarga de realizar investigaciones especializadas sobre diversos temas que requieren las comisiones del congreso o los propios despachos de los congresistas. La calidad técnica de este departamento no ha sido puesta en cuestión, sin embargo, ha merecido el apoyo de diversos programas de agencias internacionales para fortalecer su rol, entre ellas se destaca la provista por el Instituto Republicano Internacional7. No obstante, se espera que su protagonismo e importancia sea visto recién en el largo plazo.

En el corto y mediano plazo creo que sería más importante realizar una reforma en la selección de los especialistas que asesoran no sólo a nivel del despacho de cada uno de los congresistas, sino también a nivel de las comisiones técnicas y las bancadas. En teoría, la comisión de economía y la de presupuesto de la República serían las dos comisiones que por naturaleza deberían manejar como herramienta básica la técnica del análisis Costo Beneficio para que puedan informar convenientemente a los Congresistas sobre las debilidades o ausencias sobre este componente en sus proyectos de ley. Pero está claro que ésta es una técnica que deberían dominar la mayoría de economistas que asesoran en el Congreso.

A manera de conclusión, es importante recalcar que las iniciativas que buscan mejorar la performance del parlamento peruano son bienvenidas, sobre todo si viene desde una de las áreas de la ciencia sociales más desarrolladas como es la economía. Pero sería justo completar el panorama del diagnóstico con otras áreas de la temática abordada por el parlamento, como por ejemplo Justicia, Constitución, Relaciones Exteriores, entre otros que conforman la otra mitad de comisiones establecidas en el Congreso peruano. De otro lado, la recomendación de establecer una oficina de estudios económicos sería poco recomendable puesto que su existencia no limita la necesidad de solicitar opinión técnica concluyente al MEF o de organismos similares en el Ejecutivo para determinar la viabilidad final de un proyecto de ley. De otro lado, no sería posible garantizar la independencia técnica de una oficina como la propuesta puesto que dependería de los cupos de profesionales a ser cubiertos para su conformación. Si la mayor parte de los cupos asignados se encuentran bajo la disposición del partido mayoritario, es muy probable que las opiniones técnicas tiendan a sustentar este sesgo. En última instancia, esta oficina siempre tenderá a convertirse en un escenario adicional para la batalla política. En contraste, creo yo que sería más recomendable asegurar que en la composición de los equipos de asesores que asisten tanto en los despachos de los congresistas, como en las comisiones y las bancadas existan economistas destacados que dominen las herramientas clave de su campo para mejorar la calidad de la producción legislativa. Estos economistas podrían establecer grupos de trabajo de asesoramiento transversal que ayudarían en la práctica parlamentaria a asegurar que la dimensión técnica de los proyectos de ley esté resuelta con la más alta calidad profesional, facilitando así el diálogo político de los congresistas.

• 1 Reflexión Democrática, “Análisis Costo – Beneficio de los proyectos de ley (Presentados en la legislatura 2006 – 2011)”, Informativo Nº 91, 25 mayo de 2013.
• 2 Delgado-Guembes, César (2012) “Manual del Parlamento. Introducción al estudio del Congreso Peruano”. Lima: Oficialía Mayor.
• 3 Delgado-Guembes, César. Obra citada. Pág. 579
• 4 Majone, Giandoménico. “Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas”. México D.F.: FCE, 1997
• 5 Me refiero en concreto al curioso caso del rol opositor asumido por el Fujimorismo durante el presente gobierno. Ante el debate del proyecto de ley del Servicio Civil, en contraposición histórica a su rol como gobierno durante los noventa en el que despidieron a miles de trabajadores del sector público por la política de privatizaciones, los fujimoristas se cuentan en la actualidad como los mayores defensores de los trabajadores del Estado. Sobre este tipo de juegos, su mecanismo y su desenlace puede verse Tsebelis, George (1991) “Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics”. California Series on Social Choice and Political Economy.
• 6 Puede visitarse esta oficina y sus informes elaborados en la siguiente dirección web: http://www.congreso.gob.pe/dgp/didp/inicio.htm
• 7 http://www.iri.org/countries-and-programs/latin-america-and-caribbean/peru

El Búho sobre el impacto de la crisis global en Arequipa

Reproduzco a continuación la nota de prensa del diario El Búho aparecida la semana pasada, sobre el evento en que presenté los resultados del estudio: Impacto de la crisis global en Arequipa.

Economía arequipeña crecerá menos de lo esperado por crisis

¡Tan bien que íbamos!

De no ser por la crisis financiera internacional, la región Arequipa habría crecido en 7,8 por ciento este año. Según algunos cálculos, tendremos que conformarnos con crecer 3,3 por ciento. Eso representa un freno en la generación de empleo, con mayor intensidad en el sector extractivo y el manufacturero. Una alternativa es la diversificación de la economía, con buenas posibilidades en la región.

Industria. Textiles trasladaron costo de la crisis a proveedores de fibra de alpaca.

Entre el año 2001 y el 2008, Arequipa creció más que el promedio nacional (ver tabla). De allí que el crecimiento calculado para el país este año era de 6,7 por ciento, mientras que para nuestra región era de 7,8. En ambos casos, las proyecciones – a la sombra de la crisis global – son menores. Para el Producto Bruto Interno (PBI) nacional, la revista The Economist de setiembre pasado, calcula un crecimiento de sólo 1,3 por ciento.

EFECTOS REGIONALES

El PBI regional registró en marzo de este año su primera cifra en rojo en lo que va de la crisis (ver gráfico de barra). De hecho, este es el año en el que se están registrando los efectos. Entre 2007 y 2008, el empleo formal registró un incremento de 60 a 80 mil puestos de trabajo, respectivamente, según información del ministerio de Trabajo. Pero la tendencia este año ha retrocedido a los niveles de 2007, y podría ser menor.

En cuanto a la capacidad de crear empleos en empresas de más de 10 trabajadores, se viene registrando un estancamiento. Entre 2006 y 2008 las cifras iban en aumento: el índice subió de 100 a más de 140. Este año no se ha registrado ningún aumento.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), en el llamado sector primario o extractivo, la producción comenzó a decrecer en enero de este año y se ubicó en 0% de crecimiento en abril. Al sector industrial le fue peor, pues ya se ubica en un decrecimiento o "crecimiento negativo", como señalan los especialistas.

Otro de los efectos es la llamada inflación recesiva, como explica el economista Raúl Mauro de Desco (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo). El índice de precios, según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), ha comenzado a decrecer este año, por la reducción en el poder adquisitivo de los consumidores, es decir: recesión.

ALTERNATIVA

Si la crisis golpea con más fuerza a algunos sectores, entonces se puede buscar la salida en otros rubros de la economía. El que Arequipa tenga una economía diversificada (ver gráfico) representa una ventaja, según explica Mauro.

Esta ventaja también se aprecia en lo que respecta a empleo, pues los rubros más afectados son los que generan menos puestos de trabajo; mientras que los sectores alternativos tienen mayor capacidad de generación de empleo. Es el caso de los hoteles y restaurantes, que generan hasta dos puestos de trabajo por cada dólar de producción, según sostiene el especialista.

EL PERÚ Y EL MUNDO

En 1974 una crisis similar afectó al Perú. Hasta ese año, el PBI nacional iba en crecimiento, pero sufrió los efectos del embate financiero internacional. Fue sólo hasta el año 2004 que el país recuperó un nivel sostenido de producción. Es decir, que tuvieron que pasar 30 años para recuperarnos de aquella crisis. Algunos analistas temen que la historia se repita.

A nivel internacional, existen cuatro hipótesis sobre lo que sucederá con la crisis. Entre los economistas, han sido bautizadas como las hipótesis L, V, U y W. En la hipótesis "L" se plantea que esta crisis será de larga duración, unos 2 a 3 años. Aunque hay quienes hablan de diez. La hipótesis "V", describe una rápida recuperación después de llegar al punto más bajo de la caída.

La "U" sostiene que una vez ubicados en un punto de recuperación, este proceso será prolongado. Mientras que la "W" afirma que habrá una recuperación rápida, después de la cual se producirá otra caída y una nueva recuperación definitiva. Es decir, todos los escenarios son posibles. (Paola Donaire)

Webb y la premio Nobel 2009

Reproduzco a continuación el artículo de Richard Webb que comenta el reciente aporte de Elinor Ostrom, premio Nobel de economía 2009. Antes yo ya había comentado a Ostrom, pero creo que es importante abundar en el campo que ella ha abierto a la ciencia económica en esta etapa informada donde la propiedad pública y privada son puestas a prueba cada día ante el avance de la globalización.

Golondrinas en verano solidario

Por Richard Webb - El Comercio

El reciente Premio Nobel de Economía fue compartido por un economista, Oliver Williamson, y una politóloga, Elinor Ostrom. Usualmente, el premio reconoce la autoría de una importante teoría, pero en el caso de Ostrom se está premiando más bien un trabajo de destrucción teórica. No de cualquier teoría, sino de la idea más poderosa de la ciencia social: la del egoísmo como motivación principal de la acción humana. La supuesta universalidad del egoísmo es el punto de partida de la teoría económica —donde se asume que la racionalidad es sinónimo del interés individual—, y también de la ciencia política, la sociología y la ética. Una de las derivaciones más importantes de esa idea es el valor casi religioso que se le otorga a la propiedad privada, y es ese concepto el que más ha sido investigado por Ostrom. Con paciencia y perfil bajo — de allí la sorpresa que causó su premiación—, Ostrom ha venido constatando que en muchas situaciones, como en el manejo de los recursos naturales, la propiedad colectiva resulta una mejor alternativa a la propiedad individual, desmoronando así el simplismo conceptual, pro propiedad privada, que tomó fuerza con la publicación de “Tragedia de los comunes” de Garrett Hardin en 1968. Se trata de un resultado de interés para un país que ha sido dotado de recursos naturales como es el Perú, y donde existen poblaciones nativas que han sabido crear formas de propiedad colectiva y de trabajo comunitario. Otro libro que impactó a favor de la idea del egoísmo fue “El gen egoísta”, publicado en 1976 por Richard Dawkins. Según Dawkins, los humanos somos máquinas de sobrevivencia, genéticamente programados para ser egoístas. Pero es esa idea la que hoy cuestionan un conjunto de neurobiólogos, psicólogos, politólogos y economistas. Quizás lo único que tienen en común estos investigadores es su juventud y su propensión a la investigación empírica y experimental del comportamiento, como fueron los participantes de una conferencia de la Sociedad de la Neurociencia Social y Afectiva de EE.UU. Su descubrimiento más importante es que la programación de los cerebros no es hacia un egoísmo simplista sino que la empatía, la confianza y los afectos parecen tener un origen genético. En buena hora estamos descubriendo una mejor base teórica para resolver las necesidades de un mundo que cada día se vuelve más interconectado y más propiedad común de todos.

El Estado ONG

Me pareció como siempre, muy interesante la participación del economista Javier Iguiñiz, el día de hoy en el Seminario Nacional sobre el Presupuesto Público organizado por la Red Jubileo Perú. Entre las reflexiones vertidas por Iguiñiz, me llamó mucho la atención aquella en la que terminó calificando al Estado peruano, como el "Estado ONG".

¿Estado ONG? De qué otra manera se podría calificar a un Estado que se ha comprado el rollo de la focalización cuando su deber es la de proveer sus bienes públicos a todos los peruanos y peruanas sin distinción. Cuando una ONG diseña o ejecuta un proyecto, dado que tiene que trabajar propuestas de desarrollo de manera experimental con cierto tipo de personas, tiene que racionalizar sus recursos y por lo tanto se encuentra obligada a focalizar. ¿Pero el Estado? El Estado no es una ONG. Para comenzar, los representantes son elegidos por voto popular y por ello el Estado se debe a todos los ciudadanos, no sólo unos cuantos que para ser visibles al Estado, para merecer el donativo o la venia, tienen que mostrar su cara más dramática.

Y allí emerge una preocupación central en la relación que hemos caido todos los peruanos desde los noventa al institucionalizar la exclusión en el corazón del Estado peruano. Antes existía seguro social al cual contribuían todos, ricos, medios y pobres a fin de garantizar un servicio de salud público. Pero ahora no, cada uno es responsable de su propia salud, de su propia jubilación, y por tanto esta tan solo puede ser pagada por los que más recursos tienen. Los más pobres por el contrario, reciben un servicio estatal como si de un bien inferior se tratara, pues debe ser mantenida con recursos cada vez más limitados.

Concuerdo con Iguiñiz en la necesidad de repensar nuestras relaciones con el Estado en el marco de los principios que guían nuestras relaciones con los demás. No es posible que sigamos haciendo de la exclusión un valor que perfila la política pública como si el otro merece solo una dádiva. El otro merece igual que como uno una educación, salud y jubilación de calidad. Pero ello implica que cumplamos con la responsabilidad personal de contribuir con nuestros impuestos a la construcción de ese Estado. Mientras no resolvamos el problema de nuestra obligación frente a la recaudación tributaria, la inequidad y la exclusión permearán cada política pública haciendo que el Estado ejecute más bien políticas ONG.

Con políticas ONG, no se logrará desarrollo en el Perú. Las ONG cumplen una función vital al validar sus experiencias y permitiendo que las lecciones aprendidas de ellas puedan nutrir el discurso público sobre lo que es posible hacer en determinadas condiciones. Pero de allí a que el Estado se convierta en una super ONG, creo que estamos bien equivocados. Ese modelo no puede continuar porque es excluyente de por si. Y exclusión, es lo que menos necesita el país en estos momentos.

Cambios necesarios en la universidad peruana

Que sólo cuatro universidades privadas (PUCP, UPC, San Martín y UPCH) hayan pasado por un sistema de acreditación y ninguna de las universidades públicas lo haya hecho, ya es una noticia dramática que lamentar (ver aquí). 

Pero que no se realice la reforma universitaria en torno a la exigencia de la producción intelectual para obtener los títulos, es verdaderamente una situación deplorable. En nombre del libre mercado se ha implementado un sistema banal de estafa para los casi medio millón de jóvenes que cada año pugnan por estudiar en sus aulas.

Con razón ninguna de nuestras universidades forma parte delos rankings internacionales que para tal efecto se construyen. Con igual razón el modelo económico y político prescinde de ella porque no le sirve.

El único estudio realizado por un economista peruano que aborda este tema es Gustavo Yamada quien señala lo siguiente (pág. 9, énfasis mío, descargar estudio aquí, pdf):

Existe un significativo castigo remunerativo para las generaciones que nacieron de 1960 en adelante y que recibieron educación pública, posiblemente debido a que fueron las más afectadas por la combinación de crisis económica secular, explosión demográfica y disminución de la calidad de la educación peruana. Sin embargo, un número lo suficientemente elevado de años de educación le permitiría a individuos de estas cohortes recientes impedir que estas presiones del mercado laboral afecten su remuneración relativa.

Es urgente por tanto reformar la actual ley 23733 para incentivar la investigación universitaria a partir de los recursos que el Estado pueda conseguir para impulsar un modelo endógeno de desarrollo. 

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Este tema lo discutí en profundidad en el siguiente enlace (ver aquí, html).

Lo que queda de Monterrey para Doha

Los últimos doce meses, han sumido al mundo entero en la más grave crisis financiera y real jamás vista desde 1929, cambiando los supuestos, perspectivas y resultados que se formularon a principios del 2002, en Monterrey. La movilización interna de recursos financieros de los países emergentes para el desarrollo ha sido precaria; la movilización internacional de recursos financieros en nombre del desarrollo a través de la inversión extranjera directa y otros flujos ha sido descomunal y sin embargo, ha provocado junto con la crisis financiera, resultados ilusorios o restringidos frente a las expectativas de los pueblos de los países de ingresos medios y bajos; el comercio internacional, en el actual contexto de crisis, se ha convertido en una máquina perversa para perennizar el subdesarrollo; en tanto que la propia crisis se ha convertido en el prerrequisito necesario para una nueva ola de endeudamiento para los países en desarrollo ofrecida por las IFIs en lugar de fortalecer el mecanismo de cooperación del 0.7% del PIB comprometido por los países industrializados.

A pesar del panorama sombrío, los desafíos contenidos en el documento del Consenso de Monterrey (CdM) prevalecen con mayor intensidad y urgencia que hace un poco más de un lustro. Disminuir la pobreza, mejorar las condiciones sociales y proteger el medio ambiente, por ejemplo, son cuestiones que deben ser abordadas desde una perspectiva totalmente renovada. O quizá sea mejor pensar en el rescate de algunas de las pocas recomendaciones de política orientadas hacia tales objetivos que se encuentran inscritas en el CdM, en especial aquellas que permiten fortalecer financieramente al Estado a partir de una reforma tributaria integral. Paralelamente, habría que desalentar otras políticas que le hicieron el juego al crecimiento de la burbuja financiera que reventó hace muy poco, específicamente aquellas que postulaban que el incentivo al libre flujo de la IED provocaría por sí sola un mayor nivel de crecimiento y desarrollo.

El debate no es nuevo. Es necesario retomar la supremacía de los frágiles Estados de los países de ingresos medios y bajos para que impulsen el desarrollo y el bienestar de sus pueblos; a la par que se debe reducir el poder de las grandes empresas transnacionales para evitar sucesivas crisis financieras y económicas que terminan pagándolo todos los ciudadanos. Hasta ahora ha primado un enfoque -al que no ha escapado el CdM- que ha logrado disminuir la participación del Estado en la economía haciéndole pensar únicamente sobre cuál es la mejor manera de gastar pero no sobre cuál debería ser la mejor forma de financiarse. Un asunto que ha sido clave en el desarrollo de los países industrializados desde el siglo XVI en adelante.

En ese sentido, se presenta a continuación una lista de principios y medidas sobre las cuales se podría desarrollar una política integral de tributación con justicia, al interior de cada uno de los países de la red.

• Tributación progresiva: deben pagar más impuestos los dueños de activos, bienes suntuarios y tierras.
• Se debe gravar más a los que extraigan recursos naturales. Ello porque por lo general la inversión extranjera directa ha estado orientada a estos sectores donde precisan de menos recursos locales para su desarrollo y extraen el máximo para su propio beneficio.
• Se debe penalizar la abrupta salida de los capitales para garantizar cierto nivel de estabilidad en los flujos financieros. Con ello se restringe la fuga rápida de capitales.
• Asimismo se deben poner impuestos altos a la remisión de utilidades. La atracción de la IED no debe efectuarse a expensas del ahorro interno.
• Gravar el consumo suntuario y el capital antes que al trabajo. Esto puede servir para fomentar el empleo digno otorgando una mejor remuneración y condiciones laborales.
• Introducir impuestos a las sobreganancias: estos impuestos deben estar dirigidas a las corporaciones transnacionales. Esto evitaría que los altos precios de los minerales sean drenados por las remesas de utilidades. En el actual contexto de crisis financiera, es necesario evaluar los precios de referencia históricos de los metales a partir de los cuales se evalúa objetivamente que todavía existen sobreganancias.
• Eliminación de exoneraciones: sobre todo en las zonas francas, en las cuales se instalan las empresas transnacionales para beneficiarse de estos regimenes especiales.
• Eliminar concesiones fiscales contenidos en los contratos de estabilidad tributaria. Pocas veces estos contratos contienen resultados sociales concretos como creación de empleo productivo o la garantía del respeto de los derechos laborales.
• Implementar políticas tributarias focalizadas, ya sea sectorialmente o por grupos poblacionales.

Para que muchas de estas recomendaciones tengan éxito es preciso que se fomente un marco legal para la mayor transparencia de las empresas en informar sobre los impuestos pagados o no pagados. Los Estados de los países en desarrollo no debieran ser meros receptores pasivos de la información que se libera voluntariamente (como en la iniciativa EITI) sino que más bien debería atizarla y compartirla con la sociedad civil para una mejor vigilancia ciudadana. Adicionalmente, es necesario formar un personal altamente calificado para que se haga cargo de los asuntos tributarios que son de interés supremo para el Estado y la sociedad.

Finalmente, a pesar que la cosecha de los primeros frutos de la reforma tributaria puede tardar cuando mínimo un par de años, es necesario tener en cuenta que tales recursos adicionales que logren recaudarse deben ser utilizados en el marco de una estrategia de crecimiento en productos de valor agregado. Asimismo, estos recursos pueden constituir fondos de desarrollo que ayuden a afrontar fluctuaciones económicas, dinamizar el mercado interno y diversificar la cartera del mercado financiero.

En buena cuenta, existen varios elementos del CdM que pueden ser retomados en Doha. El principal, el fortalecimiento de los Estados en países en desarrollo a partir de una reforma tributaria integral para financiar una estrategia de crecimiento alternativo de ancha base. Así, la reducción de la pobreza, la mejora de las condiciones sociales, serán objetivos más viables de alcanzar por los países en desarrollo.

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Ver este artículo en el último boletín de Latindadd (descargar aquí en pdf).

Leer también en Alai.

Leer también en Choike aquí.

Un Estado incapaz de ver y hacer

El Perú tiene un Estado incapaz de ver la crisis y actuar con consecuencia. Esta reflexión se basa en la lectura del sendo editorial publicado ayer por el New York Times, el cual reproduzco en parte, a continuación:

El sistema financiero de los Estados Unidos es la víctima de décadas de desregulación Republicana y de políticas anti-fiscales. Estas ideas han demostrado ser equivocadas a un precio insondable, pero el Sr. McCain - un autoproclamado "soldado de infantería de la revolución Reagan" - sigue siendo un creyente. 

El Sr. Obama considera que serán necesarias reformas de gran alcance para proteger a los americanos y sus negocios. 

El Sr. McCain habla mucho de reformas, pero su visión es obtusa. Su respuesta a cualquier pregunta económica es eliminar el gasto en barriles de carne de cerdo - cerca de $ 18 mil millones de dólares en un presupuesto de 3 billones - recortar los impuestos y esperar a que los mercados libres de trabas resuelvan el problema. 

El Sr Obama tiene claridad de que la estructura tributaria de la nación debe ser cambiada para que sea más justa. Esto significa que los ricos americanos que se han beneficiado desproporcionadamente de los recortes de impuestos de Bush tendrán que pagar ahora un poco más. Los trabajadores estadounidenses, que han visto caer su niveles de vida y reducirse las opciones de sus hijos, se beneficiarán. El Sr. Obama quiere aumentar el salario mínimo e indexarlo a la inflación, restablecer un clima en el que los trabajadores puedan organizarse en sindicatos si lo desean, y ampliar las oportunidades de educarse. 

El Sr. McCain, quien alguna vez se opuso a la reducción de impuestos para los ricos por considerarla fiscalmente irresponsable, ahora quiere hacerla permanente. Y mientras él habla de mantener los impuestos bajos para todos, su proyecto de recortes beneficiará abrumadoramente al 1 por ciento más rico de los estadounidenses, mientras que se perforará un agujero fiscal cada vez más profundo.

Quiero destacar dos puntos del texto a propósito de la declaración que hice en la introducción de este artículo. El primero, es acerca de la importancia del tema redistributivo a través de la política fiscal. El segundo, la cuestión de la regulación de los mercados. 

Creo que es importante recuperar ambas capacidades del Estado peruano a través de una discusión aguda en la agenda política de nuestro país. 

Sobre todo cuando las posibilidades de invertir en nuestros territorios han sido incentivados por sistemas impositivos ventajosos para los grandes capitales foráneos. Cuando se declara legalmente que la prioridad nacional son minas con nombre propio, en vez de los pujantes gamarrinos que brindan trabajo a miles de peruanos en apenas 8 cuadras de La Victoria. Cuando el marco regulatorio de muchas de nuestras privatizaciones de los noventa se crearon después de haberlas hecho, e incluso, habiéndose dado juntas, la regulación se hizo funcional a los intereses del libre mercado. Cuando grandes extensiones de tierra se ponen en venta al primer postor, sin considerar la existencia de comunidades nativas milenarias. Cuando uno visita comunidades en la sierra central donde el único referente de Estado es la empresa minera. Cuando un ex primer ministro pide en nombre de la sociedad limosna a las mineras (y en nombre suyo, alguito pues), en vez de aplicar un impuesto justo y transparente. Cuando el Presidente penaliza la protesta y anula los sindicatos y en su lugar, se brindan ventajas a las asociaciones empresariales. Cuando el ministro de economía anuncia que nos endeudaremos para atraer los capitales, a pesar que en New York les dicen que mejor no lo haga. Cuando el Presidente con la gentita del BCRP y el propio MEF salen a decir la crisis financiera no nos afectará para nada, no me queda más hálito para señalar de que nuestro país se encuentra en la anomia.

Este Estado parcializado, incapaza de ver y hacer algo por el bienestar de quienes lo eligieron a regañadientes, ha permitido obtener ganancias extraordinarias por varios años no sólo a las mineras, sino a las AFPs, las empresas financieras, y quien sabe que otros sectores específicos más, sin ningún intento de redistribuir por la vía fiscal, sino más bien por el de la caridad adaptada a las pujas de comunidades que las circundan. Sin ningún intento de regular, para que el funcionamiento garantice el máximo de bienestar.

Una mayor regulación y una mayor capacidad impositiva son las columnas vertebrales de la construcción de un Estado fuerte. Si no tiene capacidad de hacerlo, tenemos entonces un Estado subordinado, mellado, un títere de las pasiones y avaricias del gran capital. Uno que es incapaz de responder a las expectativas de las grandes mayorías. 

Pero lo más lamentable es que asistimos a un Estado asaltado por un grupo de buscadores de rentas. Un bando que no tiene ideología liberal o socialdemocráta. Un equipo pragmático que se ha juntado para hacer la vista gorda, con tal de pasar tranquilo estos cinco años, sin intentar redistribuir hacia las mayorías populares. Les bastaba impulsar políticas de empleo digno de la mano del incentivo de una pequeña base industrial emergente, pero prefirieron seguir el juego de la focalización y la entrega de dinero condicionado.

¿El próximo candidato presidencial pensará en estas cuestiones realmente? No lo sé. Por lo pronto, debo destacar como algunas investigaciones recientes revelan cómo el modelo primario exportador se encuentra a la base de la economía de la violencia social que caracterizan a la mayoría de países en desarrollo (descargar aquí, pdf). Algo que comentaré en un próximo artículo.

La confesión

Alan Greenspan, ex director de la Fed, dijo hoy ante el mundo:

"Cometí un error en la presunción de que el interés propio de las organizaciones, en particular los bancos y otros, eran tales que estaban mejor capacitados para proteger a sus propios accionistas y sus acciones en las empresas".

Adicionalmente, ante la pregunta:

"Usted tenía la autoridad para evitar prácticas crediticias irresponsables que condujeron a la crisis de hipotecas subprime. Usted fue aconsejado a hacerlo por muchos [...] ¿Cree usted que su ideología le empujó a tomar decisiones que deseó usted no haber hecho?"

Greenspan reconoció: 

"Sí, he encontrado una falla. No sé cuan significativa o permanente sea esta. Pero he estado muy angustiado por este hecho. "

Ver en Bloomberg más acerca de sus impresionantes declaraciones.

Para los economistas que quieran confesar su culpa en estos menesteres, pueden ir por este enlace a la simpática convocatoria realizada por la U. de Duke.

Crisis financiera internacional: impacto profundo

Las finanzas americanas están en caída libre. Ningún economista serio se atrevería a pronosticar cuando parará esta crisis ni que tan profundo serán arrastrados los mercados de valores del mundo, tan integrado como esta ahora. En este momento, ni los políticos se salvan de sus diagnósticos y propuestas. El candidato McCain ha tenido que cambiar su palabra de hace 36 horas cuando afirmaba que los fundamentos de la economía americana eran "fuertes" para señalar hoy que se encuentran ante una "crisis total". Tampoco hay claridad entre los analistas sobre qué es lo que pasará después que termine el terremoto financiero más grande de la historia post moderna. Aunque ya se emiten algunas voces sobre la necesidad de revisar los fundamentos filosóficos para reconstruir la economía mundial. 

Por lo pronto, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido intervenir en la economía contraviniendo abiertamente e ideológicamente a Milton Friedman y sus seguidores, nacionalizando varios bancos en quiebra. Luego del rescate de bancos como Fannie y Freddy, la caída libre sin paracaídas de Lehman Bros, el Tesoro ha decidido rescatar al gigante americano de los seguros AIG. Estos rescates financieros van costando a los ciudadanos estadounidenses más de 200 mil millones dólares. Y es probable que este costo pueda llegar a duplicarse con facilidad a medida que otros bancos o aseguradoras vayan colapsando.

Algunos analistas van dando respuestas inciertas a cientos de ciudadanos americanos sobre los efectos de esta crisis en su economía familiar. Lo más probable es que haya un aumento de impuestos, un menor nivel de consumo, una menor tasa de crecimiento de la economía y un aumento en la tasa de desempleo abierta. Ello tendrá como consecuencia una menor demanda de los productos básicos que exportamos, cuyos precios han comenzado a caer paulatinamente (ver datos del BCRP aquí, pdf). Nuestro ahora hidalgo ministro de economía sólo atina a decir que el Perú en particular "no estamos en ninguna crisis" y que se ha ahorrado algo de los impuestos recaudados en los últimos dos años para que el gasto público no se vea afectado (ver aquí).

¿Que dice el FMI ante esta penosa situación? Según palabras de su director "Lo que es importante ver es que esta [crisis] influirá en la economía real, pero que la economía real es resiliente tanto en los países desarrollados como emergentes." No se que tanto le creerán los inversionistas y los gobiernos de los países emergentes puesto que las recetas del FMI ahora están muy desacreditadas. Sobre todo al considerar la moral de doble rasero que este organismo utiliza al evaluar las políticas que acaba de implementar los Estados Unidos para salvar su mercado financiero: "Nosotros saludamos las medidas tomadas por los bancos centrales para ayudar a fortalecer la liquidez disponible".

¿Es posible que los gobiernos de América del Sur puedan hacer algo frente a este contexto? Al parecer sí. La oportunidad de abrir y concertar un area financiera, comercial y económica común, integrada por países suramericanos respaldado en las sólidas bases macroeconómicas que proclaman países como Perú y Chile, es una tarea que debiera concretarse en las próximas semanas. Paradójicamente, estos dos son los que aún no forman parte de esta iniciativa que puede ser una oportunidad clave para el desarrollo alternativo de la región (dejando de lado el modelo primario exportador que ahora Dani Rodrik dice, ya fue). Ojalá Bachelet y García se decidan de una vez por todas a contribuir a este proyecto que ya Lula y Fernández han tomado partido. Quizás la crisis americana los obligue a cambiar de rumbo, de manera responsable.

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Lea este artículo editado por Oriana para Latindadd aquí.

Vea cronología de la crisis en BBC.

Vea también el seguimiento de Forbes.

Vea una curiosa nota sobre los trabajadores de los bancos nacionalizados.