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viernes, septiembre 06, 2019

¿Está preparada la fuerza laboral peruana para dar un salto en la productividad laboral?

No se trata de evaluar la mano de obra peruana en términos de cual es el nivel educativo promedio con el que cuenta. Se trata de que podamos tener una idea vaga de si efectivamente nuestra fuerza laboral puede responder a las demandas de la dinámica productiva que está constantemente en cambio.

Una estadística reportada por la OCDE puede darnos vislumbres sobre cuál es la situación en la que nos encontramos. El gráfico nos presenta el porcentaje de individuos de la fuerza laboral de varios países que no cuenta con habilidades básicas para su desempeño laboral, es decir, lenguaje, matemáticas y solución de problemas. El único país latinoamericano que aparece es Chile, un vecino con el que solemos compararnos por el cobre y otras perlas más.


Resulta que para comenzar Chile ocupa el último lugar de los países comparados, que forman parte de la OCDE. Pero lo más dramático es que un poco más del 40% de su fuerza laboral no cuenta con las habilidades básicas para desempeñarse en el mercado de trabajo. Esto significa un fuerte desafío para impulsar la productividad laboral a pesar de contar con recursos y avances en otras dimensiones.

Con todo el debate que se ha abierto a escala global sobre el futuro del trabajo, ¿Cuál creen que sea el porcentaje correspondiente para nuestro país? ¿50%, 60%, 70%? Con una población con tal precariedad en su capital humano básico acumulado, no hay estrategia de formalización que sirva bajo la excusa de elevar la productividad. Lo que no ha podido garantizar nuestra política educativa, ¿Lo compensará una reforma en nuestra política laboral?

El ahora trillado PNCP tiene dentro de sus 9 objetivos, uno que aborda esta problemática (OP2). Sin embargo, es preciso señalar que el debate público parece orientarse más sobre cómo flexibilizar las relaciones empleador-trabajador (OP5) antes que definir las políticas y programas que impulsen la capacitación laboral como una forma concreta para elevar la productividad del trabajo.

Cuando la tristemente célebre ley "pulpín" estuvo en boga, tuve la oportunidad de escuchar en el Congreso a varios sindicatos conformados por jóvenes que para mi sorpresa su reclamo prioritario era precisamente ese: que no podían costear, ni tenían tiempo, para estudiar y especializarse y poder así conseguir un trabajo mejor remunerado. Se sentían esclavos de las empresas en las que trabajaban y les indignaba terriblemente que una reforma laboral busque recortarles los pocos derechos laborales que la actual ley todavía les reconoce.

La idea es que los propios jóvenes desean elevar su productividad, pero la empresa no les brinda la oportunidad ni las facilidades para hacerlo. El costo social es que al no hacerlo, pronto ese joven envejecerá y se perderá la productividad que pudo haber aportado en empleos más productivos. Luego la empresa lo verá como costo porque las relaciones laborales serán más asfixiantes y demandantes que solo un nuevo joven tolerará. Resultado, toda una cohorte poblacional quemada.

Es necesario actuar de manera consistente. Hagámoslo por los jóvenes y por el Perú.

viernes, mayo 25, 2018

Reforma tributaria: rascando la olla

Hace algunas semanas fui entrevistado por diario Uno a propósito de las declaraciones preliminares del flamante Ministro de Economía, David Tuesta. En aquella oportunidad, el ministro describió con no pocos adjetivos la grave situación de las cuentas fiscales del país: “Últimos 11 años han sido un festín de la evasión” aseveró sin dorar la píldora. "Sin más impuestos, se hará muy poco" remató en otra oportunidad.

Con una tasa de incumplimiento del IGV del 36% y del 58% en el caso del IR, no debería llamar la atención que la presión tributaria haya descendido a los niveles más bajos de los últimos años en América Latina. La menor recaudación tributaria se acentuó sobre todo a partir del 2014, cuando bajo el discurso de la desaceleración económica en el Perú, se aprobó a fines de ese año un paquete de medidas de reactivación económica que constaba básicamente de incentivos tributarios. La SUNAT calculó que el Estado peruano asumía un costo anual de aproximadamente 4.5 mil millones de soles  para que nuestros empresarios invirtieran nuevamente, creen puestos de trabajo formales y traigan  bienestar al país.
Fuente: MEF, MMM 2016-2018, pág. 48

El problema que ha originado esta situación es que efectivamente los principales contribuyentes, específicamente los MEGA que está conformado por unas 50 personas jurídicas o naturales que no conocemos pero que nos imaginamos quienes son, han dejado de pagar impuestos sistemática y fuertemente desde 2014 hasta la fecha. En contraste, los contribuyentes de menor tamaño han aumentado sus aportes pero no ha sido suficiente para contrarrestar el fuerte desbarajuste ocasionado por los MEGAs. Y todo parece indicar que este selecto grupo no quiere que se le revise (al menos revertir) su actual situación tributaria a la situación existente el 2014.

¿Qué le queda al Ministro de Economía en estas circunstancias? Rascar la olla con las herramientas tributarias que apenas puede mover, afectando como siempre, a las masas populares antes que a los que tienen más. El incremento del ISC a los combustibles, a los autos, a las bebidas alcohòlicas y azucaradas, siendo positivas desde el punto de vista que aminoran las externalidades negativas, son muy impopulares pues afectan a las grandes mayorías. En efecto, la presión inflacionaria derivada del impacto de la subida del ISC es lo que más recordará la población y no el impacto de la subida de precios internacionales del barril de petróleo.

Lo que han dejado de pagar los ricos, no es compensado por lo que se le cobra de más a la base tributaria

El desafío del gobierno no es pequeño. Pero debe hablar las cosas directamente y sin temor a los que invierten en el país para que se haga un pacto fiscal óptimo, porque lo que está haciendo en este momento, es simplemente pelearse y exprimir a las bases del país y con ello terminarán minando la poca gobernabilidad con la que ha comenzado su gestión. Hace mal, pienso yo, que el Premier haya rebajado su respaldo al Ministro de Economía. Pero también hace mal Tuesta en proponer políticas marginales e impopulares para sacar adelante las finanzas públicas sin primero no haber iniciado una ronda de negociaciones con los inversionistas con una propuesta de pacto fiscal al siglo XXI. Como señalan algunos expertos, no se trata de aumentar el número de contribuyentes sino más bien de mejorar la calidad de los que actualmente están registrados pero no contribuyen o lo hacen por debajo de lo que deberían cumplir (Ramírez, 2018).





jueves, marzo 22, 2018

Muralla china versus puerta giratoria

Ante las acusaciones recopiladas en las dos mociones de vacancia presentadas en su contra, Pedro Pablo Kuczynski (a.k.a. PPK) presentó como argumento que había una suerte de "muralla china" al interior de su banquito Westfield Capital LLC que le evitaba el problema de conflicto de intereses a la hora de realizar servicios a las empresas privadas que ganaban licitaciones con el Estado -a pesar de que el desempeñaba un cargo público crítico-, por la sencilla razón que el no gestionaba los negocios de ese banquito, sino un tercero. El fue el fundador, es cierto, pero el gestor es otro. En este caso, Gerardo Sepúlveda.

La pregunta que surge en este punto es, si fuera cierta la muralla china, ¿Por qué recibió pagos de Westfield a sus cuentas personales en el BCP, luego de que Westfield cobraba a las empresas que resultaban beneficiadas con licitaciones por parte del Estado mientras que el estaba al frente del MEF, ProInversión o la PCM? Soy fundador, no gestor, pero si beneficiario. Alguien que recibiera las transferencias en los montos que hacía Westfield tendría que haber preguntado mínimamente porqué recibió tales pagos.

El debate del día de hoy en el Congreso ha revelado la coincidencia argumental de varios parlamentarios sobre el caso por el cual PPK es vacado porque ha "confundido la separación entre lo público y lo privado". Es decir, PPK como lobista, no habría sabido reconocer la "muralla china" en el uso de recursos públicos para promover bienestar público y no la ganancia exclusivo privado.  

El modelo de triangulación empleado consiste de al menos estos tres ejes: un funcionario público de alto nivel (ministro o Premier) que concede la licitación y que aprueba el financiamiento público, una empresa que gana la licitación de obra pública, y finalmente, una empresa que asesora en la estructuración del financiamiento. Este modelo permite asegurar las utilidades de la empresa al 100% o lo que es lo mismo, ingresos con cero riesgo. Como esos ingresos están asegurados y apalancados por el respaldo financiero otorgado por el Estado, también se minimiza el riesgo financiero de tomar deudas. Así se asegura la comisión a la empresa que asesora en la estructuración de la deuda, y cuando esta cobra, entonces, se transfiere el dinero a la cuenta del beneficiario último de esta cadena: el funcionario público.

Lo que ha hecho, con pleno conocimiento y conciencia, es aprovecharse de la estructura del Estado y sus recursos para promover ganancias privadas 100% seguras y cobrar de paso, la parte que le corresponde. 

Un problema que reside en el fondo de esta historia es sobre la pertinencia de las obras públicas que eran licitadas. Los cuestionamientos sobre quienes fueron realmente beneficiados por la ejecución de las obras del trasvase de Olmos, IIRSA Norte y Sur abundan en las redes. Si al menos se hubiera hecho obras públicas con impacto directo para la población como hospitales y escuelas, quizás algunos hubieran justificado el penoso dicho que se popularizó alrededor de la gestión de Castañeda "roba pero al menos hace obra".

Estaríamos asistiendo con el modelo de lobbismo de PPK a una corrupción más profunda que el caso Castañeda pues, a diferencia de este último, robó, hizo obra pública, pero no benefició a nadie públicamente, sino sólo a unos cuantos privados y, por supuesto, el mismo. No quiero caer aquí en el error de calificar que este hizo menos daño que el otro, pues considero que ambos casos han violado la ley y la ética pública por igual. Pero las dimensiones y sofistificación del daño económico ha sido distinto, siendo el más perjudicial al erario público lo ejecutado por PPK. 

Para concluir, es muy difícil que PPK convenza a un ciudadano común que el no sabía nada de los beneficios percibidos por Westfield por obras públicas que el hacía ganar directa o indirectamente. No existe muralla china. También, es muy difícil creer que PPK haya confundido que existe una muralla china entre lo público y lo privado que el ha horadado brutalmente para instalar puertas giratorias amplísimas para facilitar la inversión privada con pocos o nula rentabilidad social, pero altísima rentabilidad privada. 

lunes, octubre 23, 2017

El costo del Censo 2017

En tiempos que nuestro país está altamente conectado, es natural esperar que la percepción de la población sea fácilmente impactada por el curso de los hechos de un evento en particular, como lo ha sido el censo, aunque hayan sido casos aislados. Pues tal como han venido ocurriendo las cosas, parece ser que más que casos aislados estamos asistiendo a un censo con serios problemas de organización, pese al gran esfuerzo de voluntariado desplegado por cientos de jóvenes 'empadronadores'.

Las redes han dado cuenta de muchas familias que no fueron visitadas por los censadores, a pesar de vivir en lugares céntricos y accesibles de la ciudad de Lima. Ha habido reportes de falta de materiales para continuar con las entrevistas, pese a que los empadronadores han tenido tiempo para seguir con su tarea. Finalmente, la noticia de algunos casos de violencia contra los entrevistadores ha indignado a la población pues muchos se preguntaban porqué no se aseguró adecuadamente la integridad de los jóvenes. Al parecer, las fuerzas del orden calcularon que bastaba volar uno que otro helicóptero por las alturas de la ciudad para detectar lo que ocurría al interior de las viviendas o los edificios.

Todos estos problemas, junto con la desfachatez de pegar sendos stickers llamativos en las viviendas censadas con la propaganda de varias empresas, han motivado a que muchos nos preguntemos ¿Cuánto ha costado el Censo 2017? ¿Cómo se ha financiado? ¿Se ha pensado en ejecutar un Censo bamba o qué?

Para averiguar los datos de costo presupuestal, he visitado la Web de Transparencia Económica del MEF tanto para el año 2007 como para el 2017. Estos montos aparecen dentro del Presupuesto Institucional del INEI, institución dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros y son reportados en la tabla 1 abajo.

En el primer caso, para el Censo del 2007, el Presupuesto inicial aprobado ascendía a 21 millones de soles. Sin embargo, este presupuesto fue revisado rápida y fuertemente a más de 3 veces el monto original calculado alcanzando los 63 millones de soles. La ejecución alcanzó finalmente los 62 millones lo que implicó un porcentaje de 98.4% con respecto al Presupuesto Modificado.

Para el 2017, el Presupuesto inicial aprobado ascendió a casi 174 millones de soles para realizar el Censo XII de Población y VII de Vivienda. Las modificaciones presupuestarias llevaron el techo presupuestal a gastar a un poco más de 181 millones de soles, un reajuste de apenas 4.2%. Esto significaría que la planificación presupuestal habría sido más consistente que en el 2010. No obstante, lo que finalmente fue ejecutado (devengado) hasta la fecha son 134.3 millones de soles. Esto representa el 74.1% del PIM. Si por presión para mejorar la recopilación de datos se extendiera la contratación de algunos equipos, existe todavía cierta holgura para completar el Censo que ahora tanto se cuestiona.

Tabla 1. Presupuesto de los Censos 2007 y 2017. Fuente: MEF
Una cuestión que costará mucho comprender en términos mediáticos es porqué habría que confiar en los datos recopilados tal como se ha visto, si es evidente que buena parte de la población quedará fuera del conteo. La respuesta se encuentra en que la mayoría de la población se nos ha enseñado a razonar ariméticamente y no estadísticamente. En efecto, a pesar que se ordene inamovilidad perfecta, nunca por nunca se logrará contar al cien por ciento de la población. Siempre habrá un margen de error y la estadística es la ciencia que busca minimizar ese margen para obtener la mejor calidad de datos posible al costo pagado. Veamos como ha evolucionado este error a través de la historia de los Censos del Perú.

Tabla 2. Población Censada y Omitida 1940-2017. Fuente: INEI
Como se puede apreciar, TODOS los censos han tenido un margen de error. Este error estuvo particularmente fuera de control en 1940, pero luego de 20 años, los censos entraron dentro del margen de error aceptable, es decir, menos del 5% de la población total esperada. Para el 2017, ya lo dijo el propio Presidente PPK, que su apuesta era que encontraremos una población de 31 millones y medio de personas. Su apuesta por supuesto es bastante informada, ya que el Boletín Especial de noviembre de 2010 producido por el INEI reportaba una estimación poblacional de 31.8 millones de personas en el Perú.

Aquí es donde yo me atrevo a postular un par de escenarios para ver hasta dónde puede tolerar el país que encontremos errores. Si asumimos que el número de personas omitidas por el Censo asciende al doble de personas que fueron omitidas en el anterior censo tendremos un error máximo de 5%. Esto incluiría la pérdida total de la información censal a recoger en toda la provincia de la Convención cuya población se estima en 180 mil personas aproximadamente. Pero si asumimos que la omisión se va a ir reduciendo con el Plan de Contingencia que seguro debe tener el INEI para los días que siguen, es muy probable que alcancemos un número similar de personas omitidas al Censo del 2007, es decir unas 800 mil unidades. Con este resultado, el error se reduciría a un rango de 2.5% lo que haría que el Censo en términos técnicos haya sido todo un éxito.

¿Y el costo por unidad? En términos estrictamente presupuestales, el costo unitario del presente Censo se ha duplicado con respecto al obtenido el 2007. En efecto, hace diez años, el costo por persona censada había ascendido a un poco más de 2.2 soles por persona, mientras que para este año, dependiendo del grado de control sobre la omisión se tendría un costo un poco más de 4.4 soles. Este resultado, sin embargo, no explica el porqué de los etiquetas con publicidad empresarial como símbolo de vivienda ya censada. De acuerdo con la web de Transparencia, las donaciones comprometidas apenas han representado 0.013% del PIM del Censo 2017 y como se puede apreciar en la tabla, a la fecha de hoy, las empresas participantes sólo han ejecutado un poco menos de 7 mil soles. Es decir, ¿Por 7 mil soles el Estado les ha regalado publicidad gratis y además les va a dar la información personalizada de al menos 30 millones de peruanos? ¡Por favor!

Tabla 3. Fuente de Financiamiento del Censo 2017. Fuente: MEF.

En conclusión, terminaré señalando que es muy probable que este censo sea un éxito, si es que no sobrepasan el nivel de error (omisión) máximo histórico de los últimos cincuenta años. Existen varios comités que se han puesto a trabajar arduamente juntamente con un ejército de voluntarios jóvenes para que este proceso salga bien parado. No obstante, eso no me exime de condenar el aprovechamiento innecesario que han tenido algunas organizaciones privadas que desde su punto de vista han logrado financiar con muy poco dinero el estudio de mercado más grande posible del país con información sensible que ha sido proporcionada por todos los peruanos. Si es información pública, debe tratarse y proveerse a todos los ciudadanos por igual para conocer al país y proponer políticas públicas acordes con su realidad.

Otro punto lamentable es el tema de la seguridad, en especial para las mujeres. Luego de que una empadronadora haya reportado la violación de parte de un censado, mientras que uno o dos helicópteros de las fuerzas del orden se limitaron a merodear a varios metros de altura dizque resguardando a la ciudadanía, no queda más que condenar estos hechos y exigir que el Presidente tome cartas en el asunto de una vez por todas. No es posible que sólo la ciudadanía se indigne y movilice ante estos hechos, mientras que las fuerzas del orden apenas si visibilizan el problema para actuar como corresponde.

















viernes, septiembre 11, 2015

¿Por qué los municipios son la clave para combatir el Cambio Climático?

Por Michael Bloomberg

Aunque la historia no suele enseñarse de esta manera, se podría argumentar que las ciudades han jugado un papel más importante en la transformación del mundo que los imperios. Desde Atenas y Roma a París y Venecia o a Bagdad y Pekín, las ideas y los innovadores urbanos han dejado marcas indelebles en la vida humana. Al concentrar el capital intelectual de la humanidad en áreas geográficas relativamente pequeñas, las ciudades han promovido los tipos de interacciones que fomentan la creatividad y los avances tecnológicos. Ellas han sido los motores del progreso a lo largo de la historia, y ahora, cuando la economía del conocimiento está alzándose en pleno vuelo, están a punto de desempeñar un rol de liderazgo para abordar los retos del siglo XXI.

Hace cien años, aproximadamente dos de cada diez personas en el planeta vivían en zonas urbanas. En 1990, unos cuatro de cada diez lo hicieron. Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y para el tiempo en que el niño que hoy entra en la escuela primaria cumpla 40 años, casi el 70 por ciento vivirá en las ciudades. Esto significa que en las próximas décadas, alrededor de 2,5 mil millones de personas se convertirán en residentes metropolitanos.

La Primera Generación Metropolitana está a punto de entrar a la mayoría de edad. Como resultado, el mundo va a ser modelado cada vez más por los valores metropolitanos: la laboriosidad, la creatividad, el espíritu emprendedor, y, lo más importante, la libertad y la diversidad. Esto es un desarrollo esperanzador para la humanidad, y un contrapeso importante de las fuerzas represivas y la intolerancia que surgen del fanatismo religioso y que ahora representan una grave amenaza para la seguridad de las naciones democráticas.

Cuando la Generación Metropolitana comience a asumir posiciones de liderazgo, las ciudades se convertirán no sólo en espacios culturalmente más importantes, sino también políticamente más poderosas. La influencia cambiará gradualmente desde los gobiernos nacionales hacia las ciudades, sobre todo en los países que sufren de parálisis burocrática y de estancamiento político.

Esta tendencia ya ha surgido, y es más pronunciada en los Estados Unidos. El Congreso comenzó al reducir el financiamiento de la infraestructura a finales de 1960, un error que, junto con la pérdida de empleos en la manufactura, asestó un duro golpe a las ciudades. Sin embargo, la desinversión federal también produjo un importante beneficio: las ciudades, finalmente, reconocieron que el mejor reemplazo para el financiamiento federal perdido fue la innovación en la política local.

Varias ciudades alrededor del mundo han llegado a la misma conclusión. En consecuencia, muchas de las nuevas iniciativas más importantes de este siglo, desde la prohibición de fumar adoptada en la ciudad de Nueva York hasta el sistema pionero de tránsito rápido de autobuses en Bogotá, han surgido de las ciudades. Los alcaldes están convirtiendo a sus ayuntamientos en laboratorios de  política, realizando experimentos a gran escala y aplicando ideas de gran escala para hacer frente a problemas como el cambio climático, que a menudo dividen y paralizan a los gobiernos nacionales.

Las mismas cualidades que hacen de las ciudades catalizadoras dinámicas para el cambio político también, paradójicamente, las hacen fuentes de estabilidad política. Como Nassim Taleb y Gregory Treverton escribieron a principios de este año, la fragilidad en los países se debe a "un sistema centralizado de gobierno, una economía poco diversificada, la deuda excesiva y el apalancamiento, la falta de pluralidad política, y sin antecedentes de sobrevivir más allá de las crisis." Las ciudades pueden contrarrestar cada una de estas debilidades. Ellas son, por definición, una fuerza descentralizadora, y las más fuertes de entre ellas cuentan con economías bien diversificadas, balances financieros sanos, un enfoque pragmático para resolver problemas, libres de partidismo excesivo, y una gran capacidad para sobrevivir a las crisis externas, ya sea una crisis financiera, un desastre ambiental o un ataque terrorista.

Ahora más que nunca, las ciudades también están colaborando más allá de las fronteras nacionales: intercambiando ideas; formando coaliciones; y desafiando a sus gobiernos nacionales a adoptar políticas, tales como los experimentos en la gestión de los residuos urbanos y la educación en Curitiba, Brasil, que están demostrando ser eficaces a nivel local. La nueva era urbana verá más medidas adoptadas para reducir la pobreza, mejorar la salud, aumentar los niveles de vida, y promover la paz. Pero junto con ello también vienen serios desafíos que las ciudades deberán empezar a afrontar, como el cambio climático.

Una ventaja competitiva
Las ciudades representan al menos el 70 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Al final, ellas son las que también enfrentarán los peores riesgos como consecuencia de estas emisiones, dado que el 90 por ciento de las ciudades fueron construidas sobre tierras costeras. Conviene, entonces, que siendo las ciudades las principales impulsoras y las víctimas más probables del cambio climático que tengan el antídoto también.

El cambio climático ha hecho un llamamiento para que las sociedades actúen con rapidez, y las ciudades tienden a ser más ágiles que los gobiernos nacionales, que son más propensos a ser capturados o neutralizados por grupos de intereses específicos los cuales tienden a ver los problemas a través de lentes ideológicos antes que unos de tipo pragmático.

La necesidad de una acción rápida y los riesgos asociados con el cambio climático están bien documentados. El aumento del nivel del mar es indiscutible, como lo es el calentamiento de los océanos. Ambos pueden multiplicar la intensidad de las tormentas y los daños causados ​​a las ciudades costeras, como la que experimentó la ciudad de Nueva York en el 2012 con el huracán Sandy. Además, el consenso científico sostiene que las temperaturas más altas producirán muy probablemente grandes trastornos en la agricultura y un incremento en las enfermedades, desplazando a comunidades enteras y amenazando la supervivencia de especies que desempeñan un papel integral tanto en el ecosistema como en la cadena alimentaria.

El hacer caso omiso de estas amenazas no haría más que pasar los verdaderos costos del progreso económico actual a la siguiente generación. A lo largo de la historia de los EE.UU., cada generación ha hecho sacrificios para que sus hijos puedan disfrutar de un nivel de vida más alto. Hoy en día, todo el mundo se enfrenta con la necesidad de poner en primer lugar a las futuras generaciones, pero esta vez, ningún sacrificio será necesario. De hecho, los métodos más eficaces de lucha contra el cambio climático son también la mejor manera de mejorar la salud pública y de aumentar los niveles de vida.

Tradicionalmente, el desarrollo económico urbano se ha centrado en la retención de industrias y atraer nuevos negocios con paquetes de incentivos. Pero en el nuevo siglo, un modelo diferente y mucho más eficaz ha surgido: centrarse en primer lugar en la creación de las condiciones que atraen a la gente. Cada vez más las ciudades están demostrando que el talento atrae al capital de manera más eficaz que el capital atrae al talento. La gente quiere vivir en comunidades que ofrecen estilos de vida saludables y favorables a la familia: no sólo buenas escuelas y calles seguras, sino también aire limpio, parques hermosos y sistemas eficientes de transporte masivo. Y donde la gente quiere vivir, las empresas quieren invertir.

Para los alcaldes, la reducción de la contaminación por carbono no es un costo económico; es una necesidad competitiva. A principios de este año, Pekín anunció que iba a cerrar sus centrales eléctricas de carbón, ya que los beneficios financieros marginales que esperaban obtener fueron hundidos por sus costos netos, entre ellos los de atención de la salud y la inversión económica no percibida. El aire sucio es un compromiso importante para el entorno empresarial de una ciudad.

Beijing no es la última ciudad que reducirá su huella de carbono por razones económicas. De hecho, uno de los mayores cambios en la gobernanza urbana en este siglo ha sido el reconocimiento de los alcaldes que la promoción de la inversión privada requiere la protección de la salud pública. La congruencia entre la salud y los objetivos económicos es también el mayor progreso en la lucha contra el cambio climático.

Los alcaldes ya no ven primariamente a la economía y el medio ambiente como prioridades en conflicto. En cambio, los ven como las dos caras de una misma moneda. Es por eso que los alcaldes han acogido con tanto entusiasmo el reto de la lucha contra el cambio climático como un medio para promover el crecimiento económico, y ahora tienen muchas herramientas a su disposición para hacerlo. Por ejemplo, el simple acto de plantar árboles puede ayudar a refrescar los barrios y limpiar el aire. En la ciudad de Nueva York, en 2007, se creó una asociación público-privada con las organizaciones sin fines de lucro y las empresas para plantar un millón de árboles en toda la ciudad.

La modernización de las redes de transporte ofrece la más clara y, en muchos casos, la más grande-ganancia ambiental y económica para las ciudades. Desde la introducción de las máquinas de vapor en la ciudad de Nueva York hasta los teleféricos de San Francisco, las ciudades siempre han sido innovadoras en lo que respecta al transporte. En los últimos años, los programas de préstamo de bicicletas han dado a las ciudades una nueva configuración de redes de transporte público, y cada vez más ciudades están invirtiendo en autobuses eléctricos, en flotas de taxis de bajo consumo de combustible, y en las estaciones de recarga de vehículos electrónicos.

Los edificios ofrecen otra oportunidad importante para el progreso. Desde Londres a Seúl, las grandes ciudades han iniciado programas de reconversión a gran escala de sus edificios existentes, instalando todo: desde la iluminación LED hasta los sistemas de calefacción y refrigeración que extraen su energía de la tierra bajo los edificios. En Nueva York, alentamos a los propietarios de los edificios a pintar sus techos de blanco para ahorrar en sus costos de refrigeración, que, junto con muchas otras medidas, ayudó a la ciudad a reducir su huella de carbono en un 19 por ciento en tan sólo ocho años.

Las ciudades también están jugando un papel principal en la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, el Noveno Distrito Bajo de Nueva Orleans, la zona más afectada por el huracán Katrina, se ha convertido en un líder nacional en la adopción de energía solar en las azoteas. Mumbai, reconociendo la efectiva protección proporcionada por los manglares ante las marejadas, se ha movilizado de manera efectiva para protegerlos y nutrirlos. Y en la ciudad de Nueva York, después del Huracán Sandy, hemos desarrollado y comenzado a implementar un plan integral a largo plazo para mitigar los efectos de las grandes tormentas.

El liderazgo urbano sobre el cambio climático también ha llevado a un nivel de cooperación entre ciudades sin precedentes. El Grupo de Liderazgo de Ciudades contra el Cambio Climático conocida como C40, en la cual me desempeño como Presidente de la Junta, ha reunido a más de 75 ciudades que se han comprometido a compartir las mejores prácticas y la difusión de soluciones comprobadas. La evidencia es clara en cuanto a que esta estrategia de redes de trabajo está funcionando, ya que muchos proyectos de reducción de carbono se han extendido a varias ciudades de todo el mundo. Por ejemplo, en el 2011 sólo seis ciudades del grupo de la C40 tenían programas de préstamos de bicicletas. En el 2013, 36 de ellas ya las tenían. Como alcalde de Londres, Boris Johnson, dijo en 2013, "Al compartir las mejores prácticas entre la C40 y apropiarse atrevidamente de las mejores ideas de otras ciudades, podemos tomar acción sobre el cambio climático y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes."

Las ciudades también están trabajando juntas a través del Pacto de los Alcaldes, una iniciativa desarrollada por la C40 y otras redes urbanas para ayudar a las ciudades a medir el avance hacia la reducción de gases de efecto invernadero y hacerlas responsables de sus propios resultados. Esto brinda razones adicionales a los gobiernos nacionales para establecer objetivos ambientales ambiciosos y  empoderar a las ciudades para que abran el camino para alcanzarlos.

A prueba del clima
Un estudio realizado por Bloomberg Philanthropies y las ciudades miembros de la C40 el 2014, en conjunto con el Instituto Ambiental de Estocolmo, encontró que si las ciudades actúan agresivamente, podrían reducir sus emisiones anuales de carbono en aproximadamente cuatro mil millones de toneladas más allá de lo que los gobiernos nacionales están actualmente en camino de hacerlo, en sólo 15 años. Eso sería equivalente a la eliminación de alrededor de una cuarta parte de las emisiones de carbono de hoy en día.

De hecho, el cambio climático puede ser el primer problema global donde el éxito dependerá de cómo se proveen los servicios municipales tales como la energía, el agua y el transporte a los ciudadanos. Recién las ciudades han comenzado a aprovechar las oportunidades que tienen para hacer cambios que pueden producir beneficios tanto locales como globales. La cantidad de infraestructura que se construirá a mediados de siglo es unas cuatro veces más que el total disponible en la actualidad.

La modernización de las redes de infraestructura es costosa, pero no necesita tener un costo prohibitivo. Los gobiernos municipales están recurriendo cada vez más a los inversores privados para ayudar a financiar este tipo de proyectos, y es una asociación natural. Después de todo, la mayoría de las empresas están localizadas en las ciudades, y la mayoría de las ciudades están en ubicadas en aguas costeras. Ambos, los alcaldes y los gerentes generales tienen un incentivo para mitigar los peores efectos del cambio climático. Cada vez más países y empresas están reconociendo que los costos incrementales de construir infraestructura baja en carbono y resistentes a los desastres son modestos en relación con los beneficios económicos obtenidos.

Las empresas están cada vez más dispuestas a aportar capital para proyectos de infraestructura que luego les permitan obtener una parte de los ingresos resultantes. Las asociaciones público-privadas hacen que esto sea posible, y ellos están ayudando a financiar grandes proyectos alrededor del mundo, desde la construcción de un nuevo túnel en Miami que permite el tráfico portuario eludiendo las calles del centro de la ciudad hasta la construcción de prácticamente una nueva ciudad por el gobierno municipal en Shantou, China.

En otros casos, las empresas están pidiendo únicamente que los gobiernos despejen todos los obstáculos regulatorios que les impiden invertir y beneficiarse. En los Estados Unidos, por ejemplo, una serie de Estados, como Florida, tienen leyes que impiden a las empresas de energía solar el arrendamiento de paneles solares para los propietarios de viviendas, a pesar de que el modelo ha tenido éxito en California y en otros lugares. Muchos otros estados, como en New Hampshire, disuaden que las utilidades entren al mercado de la distribución de energía renovable. Estas barreras artificiales de mercado perjudican a los consumidores y obstaculizan los esfuerzos para enfrentar el cambio climático, y las ciudades pueden ayudar a abrir el paso en el impulso para su eliminación.

Al igual que las empresas, los gobiernos municipales también pueden encontrarse con barreras que impiden las inversiones sostenibles. Para pedir dinero prestado en los mercados de capital, por ejemplo, las ciudades necesitan una calificación crediticia; fuera de los Estados Unidos y Europa, no obstante, muchas de ellas no las tienen. El Banco Mundial estima que sólo el cuatro por ciento de 500 ciudades más grandes del mundo en desarrollo tienen calificaciones de crédito internacionalmente reconocidas, y sólo el 20 por ciento tiene una calificación doméstica. Sin embargo, estas ciudades tienen una demanda anual de proyectos de infraestructura en transporte, energía, tratamiento de residuos y suministro de agua de alrededor de $700 mil millones. Facilitarles el acceso al crédito podría convertirse en una de las maneras más eficaces para luchar contra el cambio climático, impulsar el crecimiento económico y mejorar la salud pública.

Arreglar el problema debería ser relativamente fácil. En Perú, por ejemplo, el Banco Mundial ayudó a la ciudad de Lima a asegurar una calificación crediticia por lo que podría recaudar $130 millones para modernizar su sistema de tránsito rápido de autobuses. El nuevo sistema de buses reducirá drásticamente la contaminación por carbono, y le ayudará a reducir la congestión vehicular, ahorrar dinero a las empresas y mejorar la productividad. El proyecto representa un ejemplo más de la alineación natural entre objetivos ambientales, salud y económicos.

Los países también pueden potenciar a sus ciudades para que logren sus metas al dejarles la libertad para que regulen sus propias fuentes de alimentación. Los alcaldes de algunas ciudades, como Chicago, Seattle, Helsinki, y Toronto, gozan de diversas formas de apalancamiento sobre sus suministros de energía. Algunos son dueños de su propia energía, otros poseen el sistema de distribución, y otros tienen la autoridad para firmar contratos con cualquier generador de energía independiente que seleccionen. El gobierno chino ha dado a grandes ciudades, como Shenzhen, poderes ampliados para cambiar el carbón por formas de energía más limpias. En Dinamarca, el gobierno nacional decidió otorgar poderes regulatorios independientes a Copenhague. La ciudad ahora está en el camino hacia la total neutralidad de carbono, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas al cabo de una década.

Los gobiernos centrales no se apresuran a delegar el poder, pero lo están haciendo con mayor frecuencia al reconocer los beneficios nacionales que pueden devenir de un mayor control local. Esta tendencia se acelerará cuando el mundo se vuelva cada vez más urbanizado y las ciudades se vuelvan más interconectadas entre sí, promoviendo la difusión de las mejores prácticas a través de las fronteras nacionales.

Será un gran desafío para las naciones dar cabida a la marejada de población urbana que se avecina. En la mayoría de los casos, las poblaciones urbanas están creciendo sobre infraestructura anticuada o sobre ninguna infraestructura en absoluto. Sin embargo, los avances en la tecnología están haciendo posible los avances en la transformación de la infraestructura, lo que permitirá a las ciudades del mundo en desarrollo a ponerse al día, e incluso saltar a ciudades bien asentadas hacia la construcción de metrópolis modernas.

No hay mejor ejemplo de esto que la energía solar, que puede ahorrarles a los gobiernos los gastos de construcción de nuevas y costosas redes de transporte de energía. El modelo tradicional de una planta proveedora de energía centralizada a una región entera implica enormes costos. Pero las microrredes de energía solar y la distribución de otras energías renovables pueden proveer de energía de una manera mucho más eficiente.

Las naciones y las ciudades que fallen en prepararse para los riesgos de la explosión de la población urbana, o para el empeoramiento de las condiciones de los tugurios que asustan a los inversionistas, perpetuarán una subclase permanente, e impedirán el progreso nacional. La mejor manera de prepararse no es mediante la implementación de programas centralizados de arriba hacia abajo, de una sola talla para todos, sino más bien por ciudades empoderadas para resolver problemas por sí mismos, invirtiendo en su futuro, y aprovechando el potencial de sus residentes.

El desafío que enfrenta la Generación Metropolitana, esto es, construir ciudades modernas para una nueva civilización urbana es tanto monumental como esencial. El éxito extenderá la prosperidad a nivel mundial, y la innovación en las ciudades ayudará a reducir las diferencias entre los países desarrollados y el mundo en desarrollo. Los líderes urbanos deberán ser lo suficientemente fuertes como para acoger y tratar como iguales a todos aquellos que busquen oportunidades y no como ciudadanos de segunda clase. También deberán ser lo suficientemente previsores ​​para invertir en infraestructura que genere los máximos beneficios económicos, ambientales y de salud.

La ciudad no podrá reemplazar al Estado-nación en la búsqueda de soluciones climáticas o políticas para reducir la pobreza, mejorar la seguridad, combatir la enfermedad, y expandir el comercio. Los líderes de las ciudades buscarán no desplazar a sus contrapartes nacionales, sino más bien  convertirse en plenos socios de su trabajo- un acuerdo que los líderes nacionales consideran cada vez más no sólo como algo beneficioso, sino también necesario.

Traducción libre por Raúl Mauro.

miércoles, septiembre 09, 2015

La eficiencia del mercado en cuestión: Caso AFPs

Leo hoy en el diario Gestión sobre el caso de las pérdidas millonarias de los fondos pensionarios administrados por las AFPs: 4,535 millones de nuevos soles. Este monto es equivalente al 0.8% del PBI de 2014, o si prefieren 3.2% del Presupuesto Público de 2015, o en última instancia equivalente al Presupuesto del Ministerio de Vivienda y Construcción del 2016. Todo esto perdido en tan solo un mes. ¡Qué eficiencia!

Fuente: Diario Gestión 9.09.2015, pág. 10

¿De quien es la culpa? Para los ortodoxos, el mercado no puede ser el culpable pues este siempre asigna eficientemente los recursos. Si un inversionista se equivoca en la colocación de sus recursos, pues no pasa nada con el mercado. Este cargará con sus errores y deudas y será expulsado del sistema sin mayor problema para el resto de la sociedad.

No obstante, el caso de las AFPs contradice esta ideología categóricamente. Aparte de constatar que este sector es uno de los menos competitivos del mercado -a pesar de los esfuerzos de la SBS por introducir cierto grado de competencia-, está claro que el negocio tiene un diseño especial en el que la administradora del Fondo de Pensiones se asegura que nunca tendrán pérdidas, sea que hagan ganar o perder a sus afiliados. ¡¿En qué cabeza cabe que se puede defender a este mercado oligopólico en el que el cliente (los asegurados) son perjudicados en el corto y en el largo plazo?!

Por otro lado, para crecer más allá de los aportes fijos de sus afiliados, las AFPs tienen básicamente dos caminos, a) Capturar una creciente masa de afiliados entre los trabajadores formales y luego los informales, ó b) Especular con los fondos de pensiones en mayor proporción en activos foráneos. En el primer caso, como se sabe, las AFPs concertaron con el MEF para capturar a la población trabajadora independiente para que aportaran a los fondos que ellas administran (ley 29903 de julio de 2014). Afortunadamente, la población reaccionó enérgicamente e hizo retroceder al gobierno (con responsabilidades compartidas con la SBS y el MEF), pero sobre todo a la empresa en su manipulación del gobierno para obtener nuevas cuotas de afiliados entre los no asegurados, sobre todo los más jóvenes y de menores ingresos.

En el segundo, ha habido mayor éxito en la presión por una mayor apertura para usar los fondos en el exterior concedida por el Banco Central de Reserva hasta por un máximo de 42% del total de los mismos, vigente desde el 1ro de enero de 2015. En 2006 este límite operativo de inversiones en el exterior apenas alcanzaba el 10.5% del total de recursos. El problema con esta política es que lo poco que el Fondo recuperó en este año, ha sido borrado de un plumazo por la reciente crisis de las bolsas de valores del mes pasado. Muchos economistas se pronunciaron en su momento sobre la necesidad de mantener un grado de apertura mínimo para evitar exposiciones al riesgo de las especulativas finanzas internacionales que no se estabilizan aún desde la crisis del 2008.

Si el FED hace caso omiso a la presión de diferentes entidades globales para incrementar sus tasas de interés de referencia, es casi seguro que tendremos una turbulencia financiera que provocará entre otras cosas, el rápido aumento del tipo de cambio y la consiguiente salida masiva de inversionistas foráneos de países emergentes como el nuestro.

En conclusión, la oferta de las AFPs, tal como están diseñadas, no sólo constituye una patente estafa para la población peruana, pues con la excusa de que el mercado internacional falló, enfrentamos la imposibilidad futura de reclamar ante ninguna entidad por la valía de nuestros derechos, pues cuando lleguemos a la edad de la jubilación, el Estado será tan pequeño que ni para ser Estado servirá. Mientras tanto propuestas inteligentes de reforma mixtas como la elaborada por un grupo de investigadores de la Universidad del Pacífico seguirán siendo desoídas a pesar que su valor social sería superior a la ofrecida por la actual configuración del Sistema Privado de Pensiones (se puede descargar el estudio aquí).




lunes, diciembre 01, 2014

Favores políticos o creación de empleo

Cuando un gobierno decide favorecer a una determinado gremio empresarial que mantiene profundas conexiones políticas en su interior, se obtiene como resultado un perjuicio del crecimiento económico y una caída en la creación de empleos. El siguiente artículo demuestra cómo esta afirmación es verdad en la realidad de los países que conforman la región del MENA (Middle East and North Africa).

La traducción del artículo es mía y por supuesto perfectible. Pero lo más importante es que traigo a colación la idea central de que los cinco paquetazos de reactivación económica aprobados por este gobierno son la profundización de un continuo de favores políticos otorgados en términos económicos a un par o más de gremios empresariales. Esto se ha realizado bajo la promesa de recuperar un determinado ritmo de crecimiento económico, pero se ha hecho a costa de dos estrategias bien definidas:

  1. Seguir achicando al Estado (por la vía de la disminución de su recaudación fiscal, la renuncia a la provisión de los servicios públicos vía APPs y la venta parcial de sus empresas públicas) y 
  2. Recortar los derechos laborales de las nuevas generaciones de trabajadores que anhelen trabajar en el sector formal. 

Juzgue Ud. en qué extremos lo descrito a continuación se aplica a nuestra realidad.

Cómo los favores políticos impiden el crecimiento económico
Por Marc Schiffbauer, The World Bank, 01 de diciembre de 2014

La mayoría de las personas en edad de trabajar en la región del MENA se enfrentan a una elección: pueden estar desempleados; o pueden trabajar en empleos de baja productividad, esto es en las actividades de subsistencia que se encuentran a menudo en la economía informal. En particular, sólo el 19% de las personas en edad de trabajar en la región MENA tienen trabajos formales.

La razón principal es que el sector privado no crea suficientes empleos. Entre el 42% y el 72% de todos los puestos de trabajo están en las microempresas en la región del MENA, pero el problema es que estas microempresas no crecen. En Túnez, la probabilidad de que una microempresa crezca más allá de 10 empleados, cinco años después es del 3%.

¿Por qué la creación de empleo del sector privado ha sido tan débil?

Dado el crecimiento del desempleo en la región, uno podría sospechar que los determinantes de la creación de empleo son diferentes en el Medio Oriente y África del Norte. Pues no lo son! Los tipos de empresas que crean más puestos de trabajo en la región son los mismos que en otras regiones de rápido crecimiento.

  1. Las Startups son las empresas que crean más puestos de trabajo. Las micro Startups representaron el 92% de la creación de empleo neto total en Túnez entre 1996 y 2010 y 177% de la creación neta de empleo total en el Líbano entre 2005 y 2010.
  2. Las empresas más productivas crean más puestos de trabajo. Las empresas con mayor productividad inicial crean más puestos de trabajo en los próximos cinco años en todos los países de la región con datos.

El problema es que no hay suficientes nuevas empresas y el crecimiento de la productividad ha sido débil. Por ejemplo, por cada 10.000 personas en edad de trabajar, sólo seis nuevas empresas de responsabilidad limitada se crean cada año en los países de la región del MENA en comparación con un promedio de 26 nuevas empresas de todos los países en desarrollo en todo el mundo. Por otra parte, las empresas en Egipto y Túnez apenas aumentaron su productividad en los primeros 35 años después de su entrada, mientras que las empresas en México, India o Turquía a aumentaron su productividad de 2-3 veces en el mismo período.

¿Por qué el aumento de Startups y de la productividad ha sido tan bajas?

Trabajos o Privilegios” demuestra que la razón de este fenómeno es el conjunto de políticas que privilegian a unas pocas empresas dominantes que las aíslan de la competencia. A continuación presentamos cuatro ejemplos de este tipo de políticas que ahogan la competencia leal en la región:

  1. Las restricciones a las empresas extranjeras para entrar en los sectores de servicios se encuentran entre los más altos del mundo. La eliminación de las restricciones a la inversión extranjera directa en los sectores de servicios en Jordania crearía más puestos de trabajo en las empresas de servicio doméstico: un aumento del 1% en la participación del empleo en las empresas de servicios extranjeros aumentaría el crecimiento del empleo en las empresas de servicios nacionales en un 1% -punto en un período de cinco años.
  2. La burocracia en Marruecos reduce la creación de empleo. En particular, el tratamiento desigual e impredecible por las administraciones fiscales, la corrupción y los obstáculos en el sistema judicial, y el alto costo de financiamiento limita el crecimiento de nuevas empresas, que son el motor de la creación de empleo.
  3. Los generosos subsidios energéticos a la industria en Egipto socavan la competencia y cuestan empleos. Como resultado, a pesar que se observan salarios más bajos en Egipto con respecto a Turquía, las empresas manufactureras intensivas en trabajo en Egipto emplean 320.000 trabajadores menos.
  4. La aplicación de políticas discriminatorias en el Medio Oriente y África del Norte crea un campo de juego desigual reduciendo la competencia entre las empresas. Por ejemplo, las empresas con profundas conexiones políticas en Egipto reciben menos inspecciones fiscales por parte de funcionarios del gobierno.

Teniendo en cuenta que estas políticas cuestan puestos de trabajo, ¿Por qué continúan vigentes?

Las políticas de la región a menudo han sido capturadas por un puñado de empresas con conexiones políticas que crearon privilegios en lugar de puestos de trabajo. Si bien el problema es regional, nos centramos en Egipto y Túnez. En ambos países, las empresas con conexiones políticas son empresas que son manejadas o son propiedad de hombres de negocios que bien controlan un alto cargo político en el gobierno o un partido en el poder, o cuyos activos han sido confiscados en el 2011 debido a que eran propiedad de una antigua familia gobernante.

Trabajos o privilegios” considera que las actividades de las 469 empresas con conexiones políticas en Egipto y 215 empresas conectadas en Túnez se han generalizado en todos los sectores económicos. Y estos fueron los sectores que obtuvieron generosos privilegios políticos.

Por ejemplo, el 45% de las empresas conectadas en Egipto operan en industrias intensivas en el alto consumo de energía en comparación con sólo el 8% de todas las empresas manufactureras. ¡Las subvenciones a la energía conducen a privilegios en lugar de puestos de trabajo!

Por otra parte, el 43% de los sectores con al menos una empresa conectada en Túnez están protegidos contra la entrada extranjera en los sectores de servicios en comparación con sólo el 14% de los sectores no conectados.

Cuando los aranceles comenzaron a disminuir en Egipto, los obstáculos técnicos no arancelarios para importar aumentaron. Estas barreras no se impusieron al azar: el 71% de las empresas con conexiones políticas, pero sólo el 4% de todas las empresas venden productos que están protegidos de la competencia extranjera por barreras no arancelarias (The Economist: Friends in High Places).

Los privilegios suprimen la dinámica necesaria de las empresas para crear empleos. En Egipto hay menos Startups en sectores dominados por empresas con conexiones políticas a pesar de los generosos privilegios en estos sectores. La conclusión es que, cuando una empresa conectada políticamente entra en un sector no conectado en Egipto, la disminución del empleo alcanza los 1,4 puntos porcentuales al año.

¿A dónde llegaremos desde este punto?

La respuesta simple es: reformar las políticas que privilegian a unas pocas empresas conectadas a expensas de los millones de trabajadores y empresarios no conectadas. Pero, ¿cómo pueden estas políticas reformarse en contra del interés de algunos beneficiarios influyentes? ¿Qué se necesita para crear instituciones que salvaguarden la competencia? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en las instituciones que se supone deben proteger la competencia?

Este post apareció por primera vez en el blog del Banco Mundial para el Desarrollo Futuro.

Autor: Marc Schiffbauer es economista en la Unidad de la Reducción de la Pobreza y Gestión Económica para la región de Oriente Medio y Norte de África.

Fuente del artículo (original en inglés):

http://forumblog.org/2014/12/how-political-favours-hinder-economic-growth/?utm_content=buffer5e83e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

miércoles, noviembre 12, 2014

La política del drawback: desnudando la ineficiencia del sector privado

Que la CGTP, el SUTEP o los trabajadores del sector público anuncien una marcha en defensa de los derechos laborales, no llama la atención casi a nadie. Pero que un gremio empresarial anuncie una marcha por las calles para defender sus legítimos derechos, realmente es una noticia que no podría pasar desapercibida.

Dos casos me vienen a la memoria.

El primero ocurrió en octubre de 1987, cuando el ex presidente Alan García quiso estatizar la banca privada durante su primer gobierno. Esto motivó la movilización liderada por Francisco Pardo Mesones, entonces Presidente de la Asociación de Bancos y dueño del hoy extinto Banco Mercantil. La marcha logró convocar las muestras de solidaridad de buena parte de la ciudadanía por lo que el gobierno tuvo que retroceder de implementar la medida propuesta. Posteriormente, Pardo Mesones fue un protagonista político relevante en el Congreso y el BCR hasta mediados de los noventa.

Un segundo caso, estuvo a punto de ocurrir en septiembre de 2008, justo cuando se desataba la mayor crisis internacional desde los años 30. En aquel momento, José Luis Silva Martinot, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) anunció, que ante la falta de diálogo de parte del gobierno ellos iban a realizar una marcha para exigir al Ministro de Economía, Luis Valdivieso que atienda su demanda de aumentar el porcentaje de Drawback de 5% al 8% del valor de las exportaciones. Esto contradecía la propuesta del MEF que era exactamente lo opuesto: eliminar el drawback pues esta medida constituía un costoso subsidio otorgado a cerca de 1400 exportadores de diversos sectores no tradicionales (agrícola, textiles, pesca, químicos, entre otros). No era viable que si el costo de los aranceles a los insumos importados se calculaba entre 1 a 2% y el drawback era del 5%, era claro que había un exceso de recursos otorgados al subsector. La respuesta de Martinot señaló lo siguiente:
"[...] si una empresa exportadora paga como 1% de aranceles y recibe como 5% de drawback, no podemos decir que hay un aprovechamiento. Simplemente esa empresa está utilizando el drawback para ser más competitiva, pues tiene que asumir sobrecostos que pueden llegar al 80%"
Y aquí es donde comienza lo interesante. El discurso recurrente de la ineficiencia y los sobrecostos que ha enarbolado el sector en cuestión.

La cantaleta de los sobrecostos

El discurso de los sobrecostos apuntados por ADEX ha sobrevivido asombrosamente hasta hoy. De acuerdo con este gremio, los sobrecostos provienen de al menos tres fuentes: los excesivos impuestos pagados por los empresarios del sector, la falta de infraestructura y los sobrecostos laborales. Este discurso ha vuelto a ser esgrimido con ferocidad para hacer frente al reciente Decreto Supremo 312-2014 emitido por Alonso Segura, el actual Ministro de Economía, que pone a cero el arancel de más de 1800 partidas arancelarias y por lo tanto deja sin sustento la existencia de la política del Drawback. De hecho, el ministro ha tenido que retroceder.

Pero, curiosamente, este subsector ha sido uno de los más favorecidos por el Estado en las tres dimensiones señaladas. Veamos:

Con respecto al componente de infraestructura, con un costo total que supera los mil millones de dolares, el gobierno ha habilitado más de 144 mil has áreas agrícolas a través de grandes proyectos de irrigación como el de Chavimochic orientados casi exclusivamente para los medianos y grandes empresarios que operan en esta actividad productiva. Esta importante política, aunque positiva desde el punto de vista de la producción, ha generado un fenómeno de concentración de la tierra que incide en un aumento de la desigualdad en el país donde el ganador supremo es la costa. De acuerdo con LRA155, el último Censo Agropecuario del 2012 revela que el 1% de las unidades productivas acaparan la tercera parte de las tierras ubicadas en esta región natural. La importancia de este fenómeno radica en que el caso peruano verifica una observación bastante precisa que realiza Morley en su estudio de la desigualdad en América Latina:
"En América Latina los patrones de asentamiento eran completamente diferentes [a los observados en Norte América]. En primer lugar, la tierra no se puso a disposición de pobladores, sino que más bien estaba reservada por el Estado o regalado en grandes extensiones a unos pocos afortunados. Para asegurar una fuente de mano de obra con salarios suficientemente bajos para garantizar un excedente explotable, algunos países recurrieron a la esclavitud, otros a una variedad de sistemas de peonaje que ataban a los campesinos a la tierra." (pág. 64)
En la actualidad, el Estado ya no regala tan escandalosamente las tierras a los "pocos afortunados". Pero que lo hace a precio regalado, lo hace. Así tenemos que es el Estado uno de los principales agentes promotores de la desigualdad de activos (tierra) en nuestro país.

En lo tocante a la tributación, quiero destacar dos conceptos. El primero es el drawback -la restitución de los derechos arancelarios-, y el segundo el aporte tributario neto del sector. En lo referido al primer concepto, tenemos que la presión que ejerció Martinot a fines del 2008 resultó ser un éxito pues el gobierno decretó un aumento considerable del drawback de 5% a 8% que fue efectivo durante todo el 2009. Este beneficio se redujo a 6.5% durante el 2010 para luego restablecerse en 5% desde el 1 de enero de 2011. En términos monetarios, los datos de la SUNAT al 2012 revelan que el costo total del drawback ascendió a 863 millones de nuevos soles equivalentes a un 0.17% del PBI de ese año. Aproximadamente un 13% de estos recursos es aprovechado por el sector agroexportador que analizamos.

¿Cuál ha sido el resultado de esta política? Es difícil saberlo si primero no contamos con los Estados Financieros de todas las empresas que resultaron beneficiarias de esta política. Pero los resultados de una encuesta realizada por el propio Adex a una muestra representativa de los miembros de su gremio anotó cuál sería el efecto esperado entre ellos ante una eventual eliminación de este subsidio: un 43.6% señaló que operaría con pérdidas, un 43.2% reportó que caerían sus ventas, mientras que un 14.3% dijo que dejaría de exportar. Queda claro que el drawback constituye un subsidio clave para la supervivencia de los eficientes capitalistas de este sector.

Un segundo concepto a explorar es el del aporte tributario del sector. Para esto, un estudio realizado por CEPES ha demostrado que el sector agrícola recibe más de lo que aporta. El 2012, su presión tributaria fue la más baja de todos los sectores productivos alcanzando el 2.1% de su respectivo PBI en contraste con el 11.5% de la construcción y el 29.1% de la minería. Un dato más contundente es que -según el estudio revisado- el Estado terminaría devolviendo entre el 50 y 60% del monto total de impuestos (aranceles, IGV, IR e ISC) pagados por el sector. Podemos concluir que en términos netos, el subsector agroexportador es el engreído del Estado, en contraste con los productores agrícolas microempresariales.

Finalmente, respecto al aspecto laboral, no se sostiene el argumento de la persistencia de los sobrecostos, toda vez que existe un régimen especial diferenciado del general que se viene aplicando desde octubre de 2002. El siguiente cuadro resume las ventajas del régimen agrario que le ha concedido el Estado a los agroexportadores:


Este régimen que se estimaba temporal, ha sido extendido hasta el 2021. Esto en buena cuenta significa que el sector continuará gozando de un ahorro significativo de recursos a costa de los derechos de los trabajadores agrícolas que se encuentran en una categoría menor que el general.

Aquí es donde valoro en perspectiva la respuesta a la pregunta que motivó escribir este artículo. En mi opinión, me queda meridianamente claro que existe una alianza beneficiosa (ojo, que no digo mutua o al menos equilibrada) entre el Estado y el sector agroexportador. Lo mismo no se puede decir entre los empresarios de este sector y los trabajadores dada la persistencia de continuar con un régimen laboral marcadamente inferior al observado en el régimen general. Lo más dramático del caso es que ADEX recientemente pidió rebajar aún más los estándares legales para el factor trabajo en su sector, algo que de definitivamente debería ser rechazado frente a toda la ayuda monetaria directa que ellos continúan percibiendo.

Otra ruta al desarrollo es posible

¿Conviene quitarles de plano el subsidio rotulado como drawback a los agroexportadores? Mi respuesta es si y no. Esto pasa por reevaluar lo que entendemos como acuerdo tripartito para el desarrollo del sector agroexportador. En efecto, este sector se encuentra afrontando un grado de competencia probablemente más salvaje y competitivo que hace treinta años por la reciente proliferación de Tratados de Libre Comercio que nuestro país ha aceptado sin mayor oposición y reflexión. Esto le ha permitido a los países más adelantados expandir sus fronteras de innovación y producción en beneficio de sus propios productores agrícolas. De esta manera, países como los Estados Unidos y la China, por ejemplo, destinan gran cantidad de recursos en la forma de subsidios para hacer más competitivos los productos de sus agricultores en el concierto del comercio internacional. La gran diferencia es que estos subsidios se destinan principalmente a premiar el aumento de productividad (subsidio específico) antes que subsidios al valor de sus exportaciones (subsidio ad valorem).

Lo anterior sería una diferencia crucial con el tipo de beneficio otorgado a los agroexportadores de nuestro país. Lo que le estaría ocurriendo a nuestros empresarios, con la naturaleza que ha adquirido el drawback, es que estos se vuelven ineficientes en la producción al depender excesivamente de los subsidios ad valorem. En este esquema, para una empresa cualquiera le resultará sencillo absorber el subsidio como parte de sus utilidades en lugar de pasarlos a los consumidores en la forma de una reducción de precio. Por ello, queda claro que la política del drawback se ha convertido en un disfraz de la ineficiencia del sector agroexportador.

Por ello, mi opinión es que el drawback debería ser eliminado, en un proceso que debería ser gradual y pasar de allí a un sistema de incentivos a la competitividad e innovación (subsidios específicos). De esta manera, sólo se estaría premiando a los productores más eficientes y que realmente realizan un aporte al desarrollo del sector. Estos incentivos deberían sin embargo estar condicionados a la aceptación de un régimen laboral que genere empleo digno.

Opino de esta manera porque no considero correcto que se siga premiando la ineficiencia del sector agroexportador a costa de los derechos laborales de quienes trabajan en este sector. Si los primeros son beneficiados por el Estado y se permiten sobrevivir manteniendo un estatus económico rentable con los recursos públicos recibidos, estos deben estar condicionados a la creación de un empleo digno. No es posible que sigamos incluyendo a los trabajadores en cuanto a sus demandas sociales por la vía de la dádiva del Estado.

Tampoco es correcto que se siga distrayendo recursos tributarios aportados por otros sectores productivos para premiar un sector que trabaja con un subsidio ineficiente. Si el país apuesta por el desarrollo de este sector, este debería basarse en la innovación y el progreso tecnológico, no en la dependencia de recursos públicos escasos que son aportados por sectores que denotan mayor eficiencia productiva. En ese esquema, el acuerdo debe también considerar la creación de un empleo digno antes que un empleo de segunda categoría, que concibe que la dádiva social sea la forma adecuada de superar la pobreza.

El acuerdo nacional debe ser equitativo y justo entre los tres actores del desarrollo destacados: el trabajador, el empresario agroexportador y el Estado. Creo que es posible obtener un mayor retorno sobre el valor de estos recursos destinados como subsidios si fueran transformados en incentivos a la innovación productiva en el sector que incorpore un empleo digno para sus trabajadores.

martes, noviembre 04, 2014

Rescatando al sector privado

En el Perú, a diferencia de los países desarrollados, las APPs y las OxIs son el último grito de moda en políticas públicas diseñadas para rescatar al sector privado con recursos del Estado. Esta no es por supuesto, la primera vez que el Estado peruano está planificando ejecutar semejante aberración a la teología del libre mercado (recordemos el salvataje al Banco Latino). Pero, sinceramente, espero que esta sea la última vez que ejecute algo parecido. 

Lo cierto es que la reciente votación en mayoría lograda por el Congreso a favor del Proyecto de Ley 3690, por el que se propone "medidas para promover el crecimiento económico" se constituiría en uno de los esfuerzos más grandes y escandalosos del sector privado para favorecerse de los ingentes recursos acumulados por el Estado por lo menos en la última década. 

Todo este proceso por supuesto, se encuentra velado ante la opinión pública al confluir dos discursos interesados en capturar los recursos frescos que tiene custodiados el Tesoro peruano. El primero de ellos, el discurso de la crisis internacional y la "tramitología" o "permisología". De acuerdo con este discurso, es el Estado con sus trámites, reglamentos y permisos el culpable de que la economía no pueda seguir creciendo. El segundo de los discursos, es que el Estado descentralizado hasta la fecha es ineficiente y corrupto para ejecutar recursos y bajar la pobreza; por lo tanto, lo más conveniente es que el sector privado con su presunta eficiencia y efectividad asuma los roles del Estado en los que este es claramente ineficiente. 

Explicaré con más detalle porque estos discursos son falsos y como es que ahora se intenta capturar el Estado de una manera limpia, estética y sin mayor aspaviento frente a la sociedad desinformada.

"Me sobreendeudo, pero soy eficiente"

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el BCR, desde el 2do trimestre de 2013, el nivel de endeudamiento de mediano y largo plazo del sector privado ha crecido muy por encima del correspondiente nivel de endeudamiento del sector público. Las cifras, que representan miles de dólares nos dicen que a junio del presente año el sector privado tiene un nivel de endeudamiento con el sector externo que supera al sector público en más de 7.3 mil millones de dólares. Esto ha hecho que el endeudamiento del sector privado alcance a representar el 15.5% del PBI nacional. Si le añadimos el endeudamiento de corto plazo que es prácticamente el 100% por cuenta del sector privado tenemos que la deuda externa privada total a mediados de 2014 representa el 18.6% del PBI.


El sector público, por su parte, ha hecho su trabajo disciplinadamente desde los años noventa. Luego de ordenar las cuentas públicas y reinsertarse al sistema financiero internacional, el tótem del equilibrio fiscal se ha mantenido incólume como herramienta central de la gestión pública, a pesar de los altos costos de la corrupción y de las ineficiencias del que adolece nuestra precaria institucionalidad pública. Esto le ha permitido reducir las presiones propias del sistema financiero internacional ante la sostenibilidad en el manejo de la deuda externa pública. Con datos a junio de 2014, la deuda pública representa apenas el 9.8% del PBI.

Sin embargo, el rápido aumento del endeudamiento privado se ha convertido en un problema que ha llamado la atención a los organismos multilaterales como el BID. El presidente de esta organización, Luis Alberto Moreno, declaró que enfrentamos una situación que no es de urgencia, pero que si merece un llamado de atención para que las autoridades aborden esta problemática "sobre todo de las medianas y grandes empresas, que han recurrido a los mercados externos".

No es de extrañar entonces que uno de los más críticos neoliberales de nuestro medio se haya escandalizado al advertir que el sector privado se ha sobreendeudado tanto recientemente, revelando un crecimiento económico bastante "burbujito", por decir lo menos, en los últimos cuatro años. Sinceramente, este discurso de que el sector privado es eficiente, con estos resultados, deja mucho que desear. Es el propio Dionisio Romero Jr el que ha salido a la palestra a moderar la gravedad del problema al declarar que "No diría que ha habido sobreendeudamiento, lo que ha ocurrido es una reducción en el crecimiento económico y esto hace más difícil a los empresarios de todo tamaño [...], poder cumplir con sus obligaciones".

"Como soy eficiente y tu no, dame la plata"

Como ya lo afirmé más arriba, en este discurso de la crisis y el paquete de reactivación económica, el culpable de la situación siempre es el Estado. Siempre debe ser el Estado, lo que deja como alternativa positiva al sector privado. En efecto, como no dudarlo si el diagnóstico del título II del Dictamen de la Comisión de Economía realizado sobre el P.L. 3690/2014-PE señala lo siguiente:
"La propuesta de incorporar a ciertas entidades del Gobierno Nacional dentro de los alcances de la Ley Nro 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, obedece a la necesidad de impulsar la ejecución del presupuesto asignado toda vez que el promedio de su ejecución no bordea ni el 20%. 
Entre los ministerios involucrados en esta propuesta, se encuentran los de Educación (32%), Salud (9%), Agricultura y Riego (6%), Orden Público y Seguridad (12%), por lo que se ha propuesto que estos podrán disponer de un esquema que les permita agilizar la ejecución de sus proyectos de inversión pública con participación privada tanto en la etapa de concurso como en la etapa de ejecución, sobre todo en los sectores que tienen un mayor impacto económico y social." (pág. 33)
"[...] además de los cuatro ministerios inicialmente involucrados en la propuesta, también se incluya al sector turismo, a fin de revertir la tendencia de baja ejecución del presupuesto asignado a proyectos de inversión en este campo y dar mayor impulso al desarrollo de la infraestructura turística a nivel nacional." (pág. 35)
Lo mismo se asegura en el título III del mismo dictamen cuando se señala:
"La inversión privada en electricidad, en los últimos diez años ha tenido un incremento exponencial, el mismo que no guarda relación con la inversión realizada por las empresas públicas, por lo que es necesario impulsar medidas que reactiven este nivel de inversión.
A pesar del crecimiento, en los últimos 20 años, el índice de electrificación rural aun se encuentra en niveles bajos considerando las proyecciones que se tienen hasta el año 2016." (pág. 39)
"Frente a esta situación, la propuesta del Poder Ejecutivo, tiene por objeto establecer las condiciones que permitan la promoción y la eficiencia de las empresas del Estado, vinculadas al ámbito de la energía eléctrica, sobre todo estimulando la inversión privada, que iría entre el veinte por ciento (20%) al cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social con derecho a voto a través del mercado de valores. Con esta propuesta se mantiene al Estado como accionista mayoritario de dichas empresas. "(pág. 40)
Con respecto a estas dos cuestiones, es preciso señalar lo siguiente:

En primer lugar, la lenta ejecución de los sectores Salud, Educación, Agricultura e Interior resultan por decir lo menos, sospechosas. No es posible que a estas alturas del año los sectores hayan ejecutado en promedio alrededor del 20% de su presupuesto. Revisando las cifras de ejecución de inversiones al último mes disponible (septiembre) queda claro que estos datos no representan la realidad actual. Queda por descartar la hipótesis que los datos correspondan a la fecha en que se presentó el proyecto de ley, esto es, el 28 de julio del presente año. Sin embargo, revisando los informes de Mayo, Junio y el propio mes de Julio vemos que los datos del dictamen no corresponden con ninguno de los sectores, excepto Salud que muestra 9% de ejecución para el mes de Mayo coincidiendo con el dato provisto por el Dictamen.


Los ministerios priorizados por el proyecto del Ejecutivo para el mecanismo de OxI se encuentran en manos de economistas altamente calificados. Al parecer, estas cualidades no han sido suficientes para hacer más eficiente la ejecución. A duras penas han podido replicar los montos de inversión del año anterior, lo que queda claro es insuficiente para las demandas siempre crecientes de la sociedad. Pareciera que habría habido una suerte de concertación para restringir la inversión pública con la finalidad de ayudar a evidenciar el discurso de incapacidad del Estado para ejecutar sus recursos. Economistas de la talla como Waldo Mendoza se preguntaba en el mismo sentido porqué el gobierno seguía con una política fiscal tan restrictiva justo en un periodo de desaceleración económica que demanda un mayor ritmo de gasto fiscal. De esta manera, se da pie al objetivo real que es materia del proyecto de ley, esto es, a redirigir dichos recursos hacia las APP y las Obras por Impuestos (OxI). La razón de ello sería como ya lo expliqué mas arriba, la necesidad de recursos frescos de parte del sector privado para mejorar su posición de endeudamiento que ha afectado al crecimiento económico. He ahi, las razones internas del decrecimiento económico. Estamos pues, frente a un decrecimiento inducido por el MEF.


La pregunta que cabe aquí es, ¿Se otorgarán todos estos recursos y facilidades de manera temporal o será más bien un negocio de mediano plazo? Para esto sería bueno explorar algunos de los riesgos que el Banco Mundial señala expresamente con respecto a la implementación de estas políticas, que se añadirían a los riesgos propios de hacer las cosas a la tole tole. Sólo quiero destacar tres de ellas: la primera, el problema de incurrir en costos más altos en el diseño e inversión que en los procesos tradicionales de licitación pública. Luego, se encuentra la observación que la empresa privada sólo cumplirá las metas y servicios a los que se comprometerá por escrito en el contrato respectivo. Esto implica que si por ejemplo, una empresa X se compromete a atender a 2 millones de personas con una determinada enfermedad cada año, por ninguna razón realizará un mayor número de servicios si existiera un fenómeno imprevisto que incrementara la demanda por este servicio específico. No serán pequeñas las disputas legales y juicios al Estado, en caso de emergencia nacional ante un caso específico. Finalmente, relacionado con lo anterior, queda el tema de la reglamentación y qué organismo del Estado asumirá la supervisión a escala nacional y local de la provisión de los servicios vía APPs. No tiene sentido en este escenario de proliferación de APPs un fortalecimiento de la Contraloría, sino más bien la creación de otras instancias que cumplan con el rol de fiscalización.

En segundo lugar, me parece desproporcionado comparar como lo hace el dictamen de la Comisión de Economía, la rentabilidad de las empresas públicas eléctricas frente a las empresas del sector privado. Esto es así, porque muy aparte del rol público que asumen las empresas públicas por naturaleza propia, la Constitución de 1993 con su respectivo ordenamiento jurídico les otorga la preferencia a las empresas privadas para expandir sus operaciones allí donde lo considera rentable. Al mismo tiempo, el Marco Macroeconómico Mutianual exige a las empresas públicas cumplir con determinadas metas de provisión de recursos para el Tesoro Público lo que en la práctica involucra que las empresas públicas se vean limitadas de reinvertir sus utilidades para incrementar operaciones y por lo tanto su cobertura. En otras palabras, a pesar de las limitaciones legales impuestas a las empresas públicas, en contraste con las empresas privadas que se les otorga todas las facilidades, las primeras obtienen utilidades cumpliendo su rol público en beneficio de los ciudadanos que se encuentran incluso fuera del ámbito urbano.

La pregunta entonces en esta instancia no es tanto cómo las empresas públicas se verán beneficiadas por la incorporación de capital "fresco" de parte de las empresas privadas, sino al revés. Cómo las empresas privadas expandirán y mejorarán sus operaciones subvencionadas por la eficiencia lograda por las empresas públicas.

"¿Eficiente yo?, ¡Por favor!"

¿Cuán eficientes son las ejecuciones actuales de las APPs? El argumento central por el que el Gobierno apela a utilizar este tipo de mecanismo es que el sector privado sabe hacer las cosas con mayor calidad y con mayor eficiencia que lo que puede hacer el sector público. Antes que evaluemos los datos para responder a esta pregunta, primero habría que evaluar cuales son las dimensiones de los recursos comprometidos por este mecanismo a la fecha. De acuerdo con el Reporte Presupuestal de Septiembre de 2014 del MEF (pág. 22), el monto total asciende a 3850 millones de nuevos soles. Este presupuesto equivale, soles más, soles menos, al PIM del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El porcentaje de ejecución de estos proyectos es, comparativamente muy similar a lo mostrado por los sectores que supuestamente se pretende beneficiar con este mecanismo: 44% del PIM. Descubrimos entonces que no existen diferencias significativas entre uno y otro sector a la hora de comparar el ritmo de ejecución de inversión pública. Probablemente, el problema de la baja ejecución durante el año tenga factores explicativos distintos a los esgrimidos por el proyecto de ley, pues es bien sabido que generalmente hacia el último trimestre del año es que se desembalsan las inversiones públicas a nivel nacional.

A manera de conclusión

El reciente informe Doing Business del Banco Mundial señala que el Perú se encuentra como el segundo país, después de Colombia, donde es más fácil hacer negocios en América Latina. Creo que el Estado peruano ha hecho bastante en ese sentido, no sólo para mantener una férrea disciplina fiscal y por tanto hacer atractivo el entorno para las inversiones privadas en el país. 

No obstante, considero inoportuna la falta de debate informado (con impactos medidos) sobre quienes serán los beneficiarios reales de lo que el actual gobierno de nuestro país ha venido preparando para mejorar los índices macroeconómicos. 

No me opongo a que se prueben nuevos esquemas de inversión público privada cuando su objetivo es beneficiar a la sociedad en su conjunto. No obstante, si me opongo a la necesidad de introducir esquemas deformados de asociatividad público privadas cuando las razones para su uso son distintas que las de mejorar las condiciones de vida y la calidad de los servicios públicos para los ciudadanos de mi país. Y sobre todo, desmantelando lo poco de Estado que aún tenemos.

Una cuestión que queda por esclarecer es, que empresas privadas serán beneficiarias de este shock de recursos públicos via APPs. Resulta indicativo que exista una disputa entre la CONFIEP, ADEX y la SNI por cuestiones que en el fondo, merecen ser tomadas en cuenta. La repartición del ingreso debe ser considerada óptima para la multiplicidad de intereses y actores que entran en juego en el gran debate de presupuesto que se cerrará este fin de mes.