Entre la proclamación de resultados y la juramentación del 28 de julio existe, en toda democracia presidencial, una zona gris: el presidente electo no es todavía presidente, pero ya no es solamente candidato. Lo que distingue a las transiciones es cómo se administra esa zona gris. Y lo que estamos viendo en el Perú de estas semanas es algo más que una transición ordenada: es un gobierno operando antes de existir jurídicamente.
Los indicios son públicos, aunque dispersos. Keiko Fujimori se presenta ante el país bajo el título de presidenta electa —cuentas oficiales, conferencias de prensa, agenda protocolar— cuando la investidura congresal aún no ocurre. Acudió al Banco Central de Reserva y, según ha trascendido del propio Julio Velarde, le solicitó permanecer al frente del ente emisor por cinco años más, pedido que él habría aceptado. El mensaje a los agentes económicos es transparente: continuidad, estabilidad, previsibilidad. Pero conviene detenerse en la forma antes que en el fondo: la designación del presidente del BCRP corresponde al Poder Ejecutivo en funciones y su ratificación al Congreso. Una presidenta que aún no jura no designa; anuncia. Y sin embargo el anuncio produce efectos reales en los mercados y en las expectativas. Es gobierno de facto en su expresión más pura: actos sin forma jurídica que generan consecuencias como si la tuvieran.
A este cuadro se suma una pieza de otra naturaleza, resuelta días atrás por el Tribunal Constitucional. En la sentencia del caso Belén (Expediente 00018-2023-PI/TC), el TC estableció como criterio vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en la iniciativa de gasto: los congresistas ya no tienen iniciativa para incrementar gastos que incidan en el presupuesto anual ni que impacten hacia el futuro, y todo proyecto con efecto fiscal deberá coordinarse con el Ejecutivo y contar con informe de sostenibilidad del MEF. Más allá del mérito técnico de la doctrina —que lo tiene, y sobre el cual volveré en otra entrega—, el dato político es el momento: la principal herramienta de poder fiscal que el Congreso acumuló en el último quinquenio le fue retirada dos semanas antes de que asuma un nuevo Ejecutivo. Quien reciba la banda el 28 de julio gobernará con una chequera que sus predecesores no tuvieron. Ni podrían haber aspirado si los resultados de la segunda vuelta hubieran sido distintos.
El patrón que emerge, entonces, no es el de una presidenta electa esperando su turno, sino el de un despeje sistemático de la pista: certidumbre monetaria asegurada por adelantado, iniciativa fiscal recuperada por vía jurisprudencial, y un Congreso saliente que aprueba en sus últimos días normas cuyo beneficiario natural es el gobierno entrante. Entre estas últimas, una merece especial atención: la que traslada al fuero militar policial el juzgamiento de los excesos cometidos por policías y militares en el control del orden interno, sustrayéndolos del fuero civil donde la Corte Interamericana ha establecido reiteradamente que corresponde juzgar violaciones de derechos humanos. No hace falta atribuir intenciones para señalar el efecto objetivo de la norma: reduce el costo esperado del uso de la fuerza en escenarios de protesta social. Un gobierno que llega con casi la mitad del electorado en contra debería querer más contrapesos sobre el uso de la fuerza, no menos.
Y ahí está mi escepticismo de fondo. Toda esta ingeniería preinaugural parece diseñada bajo una premisa: que es posible asegurarse cien primeros días sin fricción. La historia política peruana —y la naturaleza misma del poder— sugiere lo contrario. El poder genera oposición por el solo hecho de ejercerse; la mitad del país que no votó por este proyecto no va a desaparecer porque el BCRP tenga titular confirmado ni porque el Congreso haya perdido la iniciativa de gasto. La fricción no se elimina; se posterga, y la fricción postergada suele regresar con intereses. Un gobierno que blinda su arranque removiendo contrapesos no reduce el riesgo de crisis: reduce los amortiguadores disponibles cuando la crisis llegue.
Quedan preguntas abiertas que este espacio seguirá con atención. ¿Internalizará el nuevo Reglamento del Congreso bicameral la doctrina del TC, o la resistirá? ¿Qué contendrá el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo debe enviar antes del 30 de agosto, elaborado en su mayor parte por un gobierno que ya no estará para debatirlo? ¿Y en qué moneda cobrará un Congreso al que se le retiró el poder de gasto pero conserva los nombramientos y el control político? Las respuestas dirán si estamos ante la normalización institucional que los mercados celebran o ante algo distinto: la reasignación del poder acumulado en estos años hacia su nuevo administrador.
Hay, además, un actor que no firma pactos ni respeta pistas despejadas. El ENFEN proyecta ya un evento El Niño con probabilidad de magnitud fuerte hacia fines de este año, justo sobre el calendario del debate presupuestal y de los primeros cien días. Puede que sea el clima —y no la política— el que vacíe la expectativa de gobernar como en una luna de miel sin tropiezos: los matrimonios, hasta los mejor arreglados, se prueban recién cuando llega la primera tormenta.
Por ahora, lo único verificable es que el gobierno empezó antes del gobierno. Y que en el Perú, la informalidad —hasta la del poder— siempre encuentra quien le preste formalidad después.
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