Cien días de pragmatismo económico

Los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori permiten identificar una orientación económica que combina pragmatismo fiscal, búsqueda de inversión privada y decisiones destinadas a dinamizar algunos mercados. Sin embargo, todavía es temprano para hablar de una estrategia de desarrollo. Las medidas adoptadas muestran prioridades y señales, pero también dejan preguntas sobre su consistencia y sus efectos de mediano plazo.

El contexto internacional ofrece oportunidades. Los precios de los minerales y el dinamismo de las exportaciones han favorecido los ingresos fiscales, mientras que la inversión privada podría encontrar nuevos espacios de expansión. Pero el país sigue enfrentando problemas estructurales: baja productividad, informalidad laboral, limitada diversificación productiva, inseguridad y brechas de infraestructura y servicios públicos.

El desafío del Gobierno no consiste solamente en recuperar el crecimiento, sino en conseguir que este se traduzca en mejores empleos, mayores ingresos y una economía menos vulnerable a los ciclos externos. Para ello, el pragmatismo debe convertirse en una política económica coherente.

1. La motosierra quedó guardada

Una de las primeras señales del nuevo Gobierno ha sido el abandono de la retórica de ajuste drástico del gasto público. La propuesta presupuestal y las decisiones fiscales muestran una orientación distinta: utilizar mayores recursos para atender demandas y ampliar el margen de acción del Estado.

El proyecto de presupuesto público para 2027 asciende a S/ 266.506 millones, 3,5% más que el presupuesto inicial de 2026. De ese monto, S/ 196.421 millones provendrían de ingresos tributarios, mientras que el endeudamiento previsto alcanza los S/ 24.436 millones. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha planteado elevar el déficit fiscal permitido para 2027 de 1,4% a 2,4% del PBI, lo que abriría un espacio adicional de gasto estimado en alrededor de S/ 18.000 millones.

La decisión supone postergar la convergencia fiscal: la meta de déficit de 1% del PBI, que anteriormente se proyectaba para 2028, se trasladaría a 2031. El argumento del Gobierno es que existe espacio para responder a las necesidades del país sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

No se trata necesariamente de una decisión equivocada. En determinadas circunstancias, una política fiscal menos restrictiva puede contribuir a sostener la actividad económica, especialmente cuando existen brechas de infraestructura y necesidades sociales acumuladas. El problema aparece cuando la expansión del gasto no está acompañada de mejoras en su calidad y ejecución.

La pregunta, por tanto, no es únicamente cuánto se gasta, sino en qué se gasta y qué resultados produce. Un mayor déficit puede ser defendible si financia inversión pública productiva, infraestructura y servicios que eleven la capacidad de crecimiento. Resulta mucho menos convincente si termina financiando gasto corriente permanente, compromisos de difícil reversión o decisiones de corto plazo.

2. Gastar más exige recaudar mejor

La situación fiscal presenta una paradoja. Por un lado, los ingresos públicos han mostrado un desempeño favorable. Al cierre de septiembre de 2026, los ingresos corrientes del Gobierno General crecieron 13,7% real en el acumulado enero-septiembre. En ese mismo periodo, la recaudación del impuesto a la renta aumentó 15,4% real y la del IGV, 9,8%. Además, el déficit fiscal acumulado de los últimos doce meses se situó en 0,9% del PBI, por debajo del límite previsto para 2026.

Sin embargo, parte importante de esta mejora responde al dinamismo de la actividad económica y a los elevados precios de los minerales. Es decir, no necesariamente refleja una transformación estructural de la capacidad recaudatoria del Estado.

Hay otro dato que merece atención: mientras el gasto corriente aumentó 8,5% real entre enero y septiembre, el gasto de capital se contrajo 9%. Esta diferencia resulta especialmente relevante cuando el Gobierno justifica una mayor flexibilidad fiscal por la necesidad de impulsar la inversión y cerrar brechas de infraestructura.

El país necesita recaudar más, pero también gastar mejor. La ampliación del déficit no debería convertirse en una licencia para postergar indefinidamente la reforma tributaria, la ampliación de la base de contribuyentes y la reducción de la evasión y la elusión. Tampoco debería desplazar la inversión pública, cuya ejecución es fundamental para complementar la inversión privada.

La sostenibilidad fiscal no depende solamente de cumplir una meta numérica. Depende de que el Estado tenga capacidad para generar ingresos permanentes y utilizar los recursos con eficiencia. Si el crecimiento de la recaudación depende demasiado de los precios internacionales, el margen fiscal puede reducirse rápidamente cuando cambie el ciclo externo.

3. La inversión necesita algo más que incentivos

La inversión privada es indispensable para recuperar el crecimiento, generar empleo y ampliar la capacidad productiva. Pero no basta con ofrecer incentivos, simplificar procedimientos o transmitir confianza a los empresarios. También se necesita un entorno en el que las empresas compitan, innoven y encuentren razones para elevar su productividad.

En este terreno, la competencia debe ocupar un lugar más visible en la política económica. El papel de Indecopi es fundamental: no solo como autoridad encargada de sancionar prácticas anticompetitivas y eliminar barreras burocráticas, sino como institución que debe contribuir a que nuevos actores puedan ingresar a los mercados, que los consumidores tengan alternativas y que las empresas encuentren incentivos para innovar.

Durante estos primeros cien días, el Gobierno designó a Milagros Maraví Sumar como presidenta del Consejo Directivo de Indecopi. La nueva titular anunció una gestión orientada a la transparencia, el enfoque ciudadano y el fortalecimiento de los servicios institucionales. Son objetivos relevantes, pero el desafío será traducirlos en una agenda efectiva de promoción de la competencia, eliminación de barreras de entrada y protección de los consumidores.

La productividad no se consigue únicamente aumentando la inversión de las empresas existentes. También depende de que puedan surgir nuevos emprendimientos, de que las empresas menos eficientes tengan incentivos para mejorar y de que la innovación encuentre condiciones para desarrollarse. Un mercado cerrado o dominado por pocos operadores puede atraer inversiones, pero no necesariamente genera los mejores resultados para la economía.

Por eso, la política de competencia debería formar parte de una estrategia más amplia de productividad. La inversión necesita reglas estables, infraestructura y seguridad jurídica, pero también mercados abiertos y autoridades capaces de evitar que las ventajas de unos pocos se conviertan en obstáculos para el resto.

4. China y Estados Unidos: no hay espacio para exclusividades

La política comercial también refleja la necesidad de pragmatismo. El Perú mantiene relaciones económicas importantes con China y Estados Unidos, dos socios con intereses y estrategias internacionales cada vez más confrontados. Para una economía pequeña y abierta, tomar partido en esa disputa sería una decisión costosa.

Las cifras comerciales muestran la importancia creciente de China. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones peruanas alcanzaron US$ 74.122 millones, un crecimiento de 34% respecto del mismo periodo del año anterior. De ese total, US$ 28.261 millones tuvieron como destino China, con un incremento de 39%. Las exportaciones hacia Estados Unidos sumaron US$ 7.146 millones, creciendo 24%, mientras que las dirigidas a la Unión Europea alcanzaron US$ 6.744 millones, con un aumento de 9%.

China concentra así una proporción importante de nuestras exportaciones y constituye un socio fundamental para la minería y el desarrollo de infraestructura, como demuestra la relevancia del puerto de Chancay. Pero esa relación también plantea el desafío de evitar una dependencia excesiva de un solo mercado y de una estructura exportadora concentrada en materias primas.

La minería representó US$ 53.899 millones de las exportaciones entre enero y agosto, con un crecimiento de 50,6%. El cobre alcanzó US$ 25.561 millones y el oro US$ 18.876 millones. En contraste, las exportaciones agropecuarias sumaron US$ 7.586 millones, con un crecimiento de apenas 2,1%.

Estos resultados reflejan tanto una oportunidad como una vulnerabilidad. El país se beneficia del dinamismo de la demanda internacional y de los precios de los minerales, pero todavía tiene dificultades para diversificar su oferta exportable y ampliar el peso de las actividades con mayor valor agregado.

Estados Unidos, por su parte, sigue siendo un socio comercial relevante y un mercado importante para productos agroindustriales, textiles y manufacturas. La relación con ambos países debe conducirse sobre la base de los intereses nacionales, el respeto a los acuerdos comerciales y la diversificación de mercados. El pragmatismo no consiste en escoger entre Washington y Beijing, sino en preservar la autonomía de la política exterior y aprovechar las oportunidades económicas de ambos vínculos.

5. Inflación y sucesión: una nueva etapa para el BCRP

La inflación introduce una preocupación que no puede quedar al margen de la evaluación económica de estos primeros cien días. En octubre de 2026, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana registró un incremento interanual de 5,25%, mientras que el indicador nacional llegó a 4,83%. La inflación limeña acumula ocho meses por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, establecido entre 1% y 3%.

No se trata de una cifra menor. La inflación afecta el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos que destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentos, transporte y servicios básicos. Además, sus efectos no son necesariamente iguales en todas las regiones: la composición del consumo, los costos de transporte y las condiciones de abastecimiento generan experiencias distintas entre los hogares peruanos.

La responsabilidad de enfrentar la inflación corresponde principalmente al BCRP, cuya autonomía y mandato de estabilidad monetaria deben preservarse. El Gobierno, por su parte, debe evitar que sus decisiones fiscales y regulatorias generen presiones adicionales sobre los precios, y atender los problemas de oferta e infraestructura que pueden encarecer los bienes y servicios.

En este contexto, la sucesión de Julio Velarde adquiere una dimensión institucional. Su trayectoria al frente del BCRP ha sido importante para consolidar la credibilidad de la política monetaria peruana. Reconocer ese aporte no significa asumir que la estabilidad monetaria depende indefinidamente de una sola persona. Precisamente, una institución sólida debe demostrar que puede preservar su credibilidad más allá de sus autoridades.

La renovación del directorio abre la oportunidad de iniciar una nueva etapa, con continuidad en los principios fundamentales y capacidad para responder a los desafíos actuales. La inflación fuera del rango meta constituye una prueba concreta para el nuevo directorio: deberá explicar sus decisiones, evaluar los riesgos y sostener la confianza pública. La sucesión no debería entenderse como una ruptura con el pasado, sino como una oportunidad para demostrar que la fortaleza del BCRP es institucional y no personal.

6. Tasas de interés: liberar el tope no crea competencia

La eliminación de los topes a las tasas de interés puede ampliar el espacio para que las entidades financieras evalúen el riesgo y ofrezcan productos de crédito a segmentos que antes podían quedar excluidos. Sin embargo, retirar una restricción legal no garantiza, por sí solo, una reducción del costo del financiamiento ni una mayor inclusión financiera.

El problema de fondo es la competencia. Si el mercado mantiene una oferta concentrada, las entidades existentes no necesariamente tendrán incentivos suficientes para mejorar sus condiciones. La entrada de nuevos participantes, la innovación tecnológica y una mayor diversidad de productos pueden contribuir a ampliar las alternativas de ahorro y crédito para hogares y empresas.

En este punto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene una responsabilidad importante. En agosto de 2026, la institución modificó el reglamento de autorización de nuevas empresas financieras y aseguradoras, estableciendo procedimientos diferenciados según el perfil de riesgo y el modelo de negocio de cada solicitante. La norma contempla plazos máximos de evaluación de hasta 120 días para la autorización de organización bajo la modalidad estándar y de hasta 180 días para la autorización de funcionamiento. También incorpora procedimientos más ágiles para determinadas entidades.

Se trata de un avance regulatorio que apunta a facilitar el ingreso de nuevos operadores sin debilitar la supervisión prudencial ni la protección de los ahorristas. Pero el desafío es acelerar su implementación y hacer que esa apertura se traduzca en nuevas entidades efectivamente operativas. La autorización para organizar un banco no equivale todavía a una licencia para funcionar: entre ambas etapas existe un proceso que debe ser riguroso, pero también previsible y eficiente.

La prudencia regulatoria es indispensable, especialmente en un sistema financiero donde la confianza constituye un activo fundamental. Sin embargo, no debería convertirse en una barrera innecesaria para la competencia. La entrada de nuevos bancos, entidades digitales y empresas financieras puede ampliar las alternativas de financiamiento, introducir innovación y presionar a los operadores establecidos a mejorar sus condiciones.

La liberalización de las tasas, por tanto, debería ir acompañada de una política decidida de promoción de la competencia. De lo contrario, el cambio normativo corre el riesgo de modificar las condiciones legales del mercado sin alterar suficientemente su estructura.

7. El empleo todavía espera

Los indicadores de empleo formal muestran una evolución favorable, aunque todavía insuficiente para hablar de una mejora generalizada de las condiciones laborales. En agosto de 2026, los puestos de trabajo formales a nivel nacional alcanzaron aproximadamente 6,49 millones, con un crecimiento interanual de 4,9%. Esto significó la incorporación de alrededor de 302.000 puestos respecto de agosto de 2025. En el sector privado, el empleo formal aumentó 6,6%.

Los sectores de servicios, agropecuario y comercio explicaron buena parte de esta expansión, con 103.000, 95.000 y 51.000 puestos adicionales, respectivamente. El empleo agropecuario creció 16,6%, mientras que el minero aumentó 11,4%, aunque con una contribución absoluta más reducida: alrededor de 16.000 puestos.

Sin embargo, hay un dato que merece una lectura más cuidadosa. La masa salarial formal creció 3,1% en términos reales en agosto, por debajo del aumento de 4,9% en el número de puestos formales. En el sector privado, la masa salarial real aumentó 3%, frente a un crecimiento de 6,6% del empleo.

La diferencia sugiere que el crecimiento del empleo no está siendo acompañado por un incremento proporcional de los ingresos reales promedio. La masa salarial es el resultado conjunto del número de trabajadores y de sus remuneraciones; por eso, su aumento no debe confundirse automáticamente con una mejora equivalente del ingreso individual. De hecho, si se comparan ambos indicadores, el ingreso real promedio implícito habría mostrado una reducción en el periodo.

A ello se suma el incremento de la remuneración mínima vital, que constituye otra evidencia del pragmatismo del Gobierno. Durante la campaña electoral, Keiko Fujimori cuestionó duramente la propuesta de aumento planteada por su competidor. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, anunció un incremento de S/ 1.130 a S/ 1.300, equivalente a 15% en total, que se aplicaría en dos tramos: el primero elevó la remuneración a S/ 1.230 desde octubre de 2026, mientras que los S/ 70 restantes se aplicarían durante el primer semestre de 2027. Posteriormente, la propuesta presidencial fue validada por consenso en el Consejo Nacional de Trabajo. Más allá de la contradicción con el discurso electoral, la decisión muestra la disposición del Gobierno a adoptar medidas que antes cuestionaba, aunque también plantea la necesidad de explicar los criterios técnicos que sustentan el cambio de posición.

La medida representa una mejora nominal para quienes perciben el salario mínimo y puede contribuir a recuperar parte del poder adquisitivo. Pero su impacto debe evaluarse considerando la productividad, la capacidad de pago de las empresas y las diferencias entre sectores y regiones. El aumento de la remuneración mínima no resuelve por sí solo la informalidad ni garantiza una mejora general de los ingresos.

El desafío laboral sigue siendo ampliar el empleo formal, elevar la productividad de las empresas y conseguir que el crecimiento se traduzca en mejores remuneraciones. Un país puede generar más puestos de trabajo y, al mismo tiempo, mantener una estructura laboral precaria y de bajos ingresos. Esa es una de las contradicciones que la política económica todavía debe resolver.

8. El pragmatismo todavía no es una estrategia

Los primeros cien días muestran un Gobierno que ha optado por alejarse de algunas promesas de ajuste radical y adoptar una orientación más flexible frente al gasto público, la inversión y la actividad económica. También hay decisiones que apuntan a fortalecer la competencia, facilitar el ingreso de nuevos operadores financieros y mantener una relación comercial pragmática con los principales socios del país.

Pero todavía falta articular esas decisiones en una estrategia de desarrollo. El crecimiento de las exportaciones, la mejora de la recaudación y la expansión del empleo formal son señales favorables, aunque no necesariamente expresan cambios estructurales en la productividad de la economía.

El Perú necesita aprovechar el ciclo favorable de los minerales sin depender exclusivamente de él; atraer inversión privada, pero también promover competencia e innovación; ampliar el gasto público, pero mejorar su calidad y ejecución; y generar empleo formal que se traduzca en mejores ingresos.

La política económica no puede limitarse a administrar coyunturas ni a responder a las demandas inmediatas de los distintos grupos de interés. Requiere prioridades, instituciones capaces de sostenerlas y mecanismos para evaluar sus resultados.

El pragmatismo puede ser un punto de partida. Su valor, sin embargo, dependerá de que deje de ser una suma de decisiones aisladas y se convierta en una orientación consistente hacia el crecimiento de la productividad, la diversificación productiva y la mejora de las condiciones de vida. Los primeros cien días permiten reconocer algunas señales. Los resultados, como siempre, tendrán que demostrar si existe una estrategia detrás de ellas.

Cien días de transición: la continuidad del poder de Keiko

Los primeros cien días de un gobierno suelen ser evaluados como una suerte de carta de presentación: las primeras decisiones, la conformación del equipo ministerial, las prioridades legislativas y la capacidad para responder a las expectativas que acompañaron la llegada al poder. Sin embargo, en el caso de Keiko Fujimori, ese criterio puede resultar insuficiente. Su gobierno no representa el inicio de un proyecto político nuevo, sino el traslado al Ejecutivo de un proyecto que lleva una década construyendo y ejerciendo poder desde el Parlamento.

Por eso, estos primeros cien días requieren una lectura distinta. No se trata únicamente de evaluar cómo está gobernando Keiko Fujimori, sino de observar cómo está adaptando al Ejecutivo una estrategia política que durante diez años tuvo como principal escenario el Congreso. La pregunta relevante no es solamente qué decisiones ha tomado, sino qué está haciendo para transformar el poder parlamentario que construyó en una capacidad efectiva de gobierno.

De la oposición parlamentaria al gobierno

Desde la derrota electoral de 2016, con 73 de 130 escaños ganados, Fuerza Popular encontró en el Congreso el principal espacio para ejercer una influencia política determinante. La mayoría parlamentaria obtenida aquel año le permitió condicionar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y mantener una posición preponderante durante los años siguientes. La posterior fragmentación del Parlamento y la sucesión de gobiernos ampliaron los espacios de negociación y presión política. En distintos momentos, Fuerza Popular articuló acuerdos con otras organizaciones y contribuyó a configurar mayorías que tuvieron efectos sobre la estabilidad y las decisiones del Ejecutivo.

No sería correcto atribuirle a Keiko Fujimori la conducción directa de todos los acontecimientos políticos de ese periodo. Pero sí es posible reconocer que su organización desarrolló una capacidad sostenida para negociar, acumular respaldos e influir en las reglas y decisiones institucionales. En buena medida, el centro de gravedad de su proyecto político estuvo en el Legislativo.

En este punto aparece una diferencia interesante con la experiencia de su padre. Alberto Fujimori, ingeniero agrónomo de formación, terminó convirtiéndose en una suerte de ingeniero del poder. Cuando el Congreso bicameral de entonces se convirtió en un obstáculo para ejecutar su proyecto de gobierno, optó por quebrar el orden constitucional mediante el autogolpe del 5 de abril de 1992 y concentrar las decisiones en el Ejecutivo.

Keiko Fujimori, administradora de empresas y con un MBA, ha recorrido un camino distinto. Durante una década aprendió a construir y ejercer poder desde el Parlamento: acumular fuerzas, negociar, condicionar gobiernos y modificar las reglas institucionales. Ahora le corresponde gobernar bajo esas nuevas reglas, con un Congreso bicameral que ya no puede controlar únicamente desde una mayoría parlamentaria propia.

La comparación no pretende explicar sus trayectorias por sus profesiones ni anticipar que la hija repetirá o evitará necesariamente la experiencia del padre. La diferencia relevante es política e institucional: mientras Alberto Fujimori optó por eliminar el contrapeso parlamentario, Keiko llega al Ejecutivo después de haber construido buena parte de su poder precisamente desde el Parlamento. Su desafío consiste ahora en hacer funcionar un sistema en el que el poder legislativo está distribuido entre dos cámaras.

Un diseño institucional, pero otra correlación de fuerzas

La reforma bicameral representó una transformación importante del escenario en el que se desenvolvería el siguiente gobierno. No solo modificó la estructura del Congreso; también amplió los espacios de representación, negociación y decisión política. Para una organización que había desarrollado buena parte de su estrategia desde el Legislativo, el cambio podía representar una oportunidad para institucionalizar y ampliar su influencia. Sin embargo, el resultado electoral terminó imponiéndole una condición distinta: debía aprender a operar en ese nuevo diseño sin contar con una mayoría propia.

Sin embargo, el resultado electoral de 2026 no produjo la correlación de fuerzas que Fuerza Popular podía haber esperado. En la Cámara de Diputados obtuvo 41 de los 130 escaños, mientras que en el Senado consiguió 22 de los 60. Renovación Popular alcanzó 15 diputados y ocho senadores. Incluso sumando ambas bancadas, Fuerza Popular y Renovación Popular reúnen 56 diputados y 30 senadores: no tienen mayoría propia en ninguna de las dos cámaras.

La relación con Renovación Popular tampoco puede darse por asegurada. Rafael López Aliaga tiene su propia agenda, aspiraciones y espacio político. La coincidencia en determinadas votaciones no equivale necesariamente a una alianza estable. Por su parte, otras organizaciones con las que podían imaginarse acuerdos, como Alianza para el Progreso y Podemos, no terminaron configurando el respaldo parlamentario esperado.

En otras palabras, el diseño institucional sobrevivió a las elecciones, pero el diseño de alianzas no. Keiko obtuvo la Presidencia, pero no una mayoría parlamentaria propia ni una coalición previamente asegurada. Le corresponde, por tanto, construir acuerdos en un escenario donde las dos cámaras tienen composiciones distintas y donde cada decisión requiere una negociación que puede variar según el tema.

Los primeros movimientos de una estrategia parlamentaria

En las primeras semanas de gobierno ya pueden identificarse tres episodios que permiten observar cómo se está desarrollando esa capacidad de negociación. No son acontecimientos idénticos ni prueban por sí solos la existencia de una coalición estable. Pero, considerados en conjunto, muestran que el nuevo gobierno ha comenzado a articular respaldos en asuntos de naturaleza distinta.

El primero fue la delegación de facultades legislativas. La propuesta del Ejecutivo, que comprendía inicialmente 66 materias, llegó al Congreso y fue reducida por la Cámara de Diputados a veinte, relacionadas principalmente con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Posteriormente, durante su tratamiento en el Senado, se incorporaron siete materias adicionales: seis vinculadas con seguridad y una con prevención de desastres. La Ley 32743 publicada el 22 de octubre terminó autorizando al Ejecutivo a legislar durante noventa días en veintisiete materias.

El episodio es relevante porque mostró que la iniciativa del Ejecutivo debía atravesar dos cámaras con capacidad de intervención y negociación. La propuesta inicial no llegó intacta al resultado final: fue modificada, ampliada y procesada mediante acuerdos parlamentarios. El gobierno consiguió las facultades, pero el procedimiento dejó en evidencia que gobernar bajo el nuevo sistema exige aprender a operar con dos cámaras y no simplemente trasladar al bicameralismo las prácticas de negociación del Congreso unicameral.

El segundo episodio fue la elección de los tres directores del Banco Central de Reserva. La Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por el senador Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, condujo el procedimiento de evaluación y presentó el informe correspondiente al pleno del Senado el 21 de octubre. Sin embargo, el resultado de la elección terminó favoreciendo exclusivamente a candidatos propuestos por Fuerza Popular y Renovación Popular: Oswaldo Molina y José Stok, por la primera bancada, y Juan José Marthans, por la segunda.

Los tres obtuvieron los votos necesarios en el pleno, pese a que Fuerza Popular y Renovación Popular sumaban apenas treinta de los sesenta escaños senatoriales. La elección requirió, por tanto, respaldos adicionales a los de esas dos bancadas. Más allá de las credenciales individuales de los elegidos —que deben evaluarse por sus propios méritos—, el episodio muestra la capacidad de articular acuerdos para la distribución de espacios institucionales estratégicos. La presidencia de una comisión en manos de una bancada opositora no impidió que el resultado final favoreciera exclusivamente a las propuestas de Fuerza Popular y Renovación Popular.

El tercer episodio fue la aprobación del crédito suplementario por S/ 8 228,4 millones el 28 de octubre. La iniciativa obtuvo 83 votos favorables en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado. Los recursos se distribuyeron entre cuatro grandes grupos de necesidades: prevención frente al fenómeno El Niño, continuidad de servicios esenciales, inversión pública y equipamiento, y cumplimiento de obligaciones ineludibles.

No se trató, por tanto, de un crédito destinado exclusivamente a la emergencia climática. Incluyó compromisos de distintos sectores y prioridades de gasto que debían ser procesadas políticamente. Su aprobación en ambas cámaras constituye otra evidencia de la capacidad del Ejecutivo para reunir respaldos parlamentarios amplios, aunque no necesariamente permanentes. Cabe preguntarse, además, qué parte de esa aprobación respondió a necesidades urgentes de ejecución y qué parte pudo estar asociada a la construcción de compromisos políticos con sectores y bancadas. Esta última es una hipótesis de interpretación, no un hecho que pueda darse por demostrado a partir de la votación.

Los tres episodios tienen una característica común: el gobierno ha logrado convertir iniciativas y decisiones institucionales en resultados parlamentarios. Pero conviene no confundir la aprobación de medidas puntuales con la existencia de una mayoría política estable. Una votación favorable puede responder a coincidencias circunstanciales, acuerdos sectoriales o compromisos específicos. La prueba de una coalición de gobierno es mucho más exigente: supone sostener acuerdos en el tiempo y asumir responsabilidades compartidas sobre una orientación política.

Un episodio adicional que merece atención, aunque su procesamiento e implicancias trascienden el marco de los primeros cien días, es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. A diferencia de la elección de los directores del BCRP, no se trata únicamente de completar la composición de un organismo constitucional, sino de una decisión que puede tener consecuencias de largo alcance sobre la interpretación de las reglas del juego político. Por ello, será importante observar si los acuerdos que se han expresado en otras decisiones parlamentarias también se reproducen en este proceso.

El gran examen: aprobar el presupuesto de 2027

La aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2027 constituye el principal examen de la capacidad de negociación del gobierno de Keiko. Si las facultades legislativas, la elección de los directores del BCRP y el crédito suplementario han permitido observar cómo se articulan respaldos para decisiones concretas, el presupuesto pondrá a prueba la capacidad de convertir esos respaldos en un acuerdo político de mayor alcance.

El presupuesto no es una votación más. Define prioridades, distribuye recursos, establece compromisos entre niveles de gobierno y expresa, en términos financieros, las decisiones que el Ejecutivo considera fundamentales para el país. Su discusión obliga a conciliar las demandas de los sectores, las regiones y las bancadas, pero también a establecer límites: no todas las demandas pueden financiarse y no todas las prioridades pueden atenderse simultáneamente.

En ese sentido, la negociación presupuestaria será el grand finale de esta primera etapa de adaptación política. Allí se verá si los acuerdos alcanzados en las semanas anteriores pueden sostenerse cuando entren en discusión intereses más amplios y recursos concretos. También se podrá observar si el gobierno está construyendo una coalición capaz de acompañar su programa o si, por el contrario, continuará dependiendo de mayorías variables para cada decisión.

La prueba será especialmente importante por las restricciones fiscales que enfrenta el país. La ampliación del gasto debe estar acompañada de criterios de sostenibilidad, calidad de ejecución y transparencia. No basta con conseguir votos para aprobar recursos; es necesario demostrar que estos pueden convertirse en servicios, infraestructura y resultados verificables para la ciudadanía.

El desafío de gobernar

Por supuesto, la capacidad de construir mayorías parlamentarias no es el único indicador de un gobierno. La seguridad ciudadana, la prevención frente al fenómeno El Niño, la inversión pública, la generación de empleo y la recuperación de la confianza siguen siendo problemas centrales. En particular, la inseguridad no puede medirse únicamente por el número de operativos o las reformas legales aprobadas. La extorsión y el sicariato afectan de manera cotidiana a transportistas, comerciantes, trabajadores y pequeños empresarios, mientras que la ciudadanía espera resultados concretos y sostenibles.

El gobierno también tendrá que demostrar que puede mantener una política económica responsable y responder a un entorno internacional cada vez más complejo. La competencia entre Estados Unidos y China, con sus intereses comerciales, tecnológicos y geopolíticos en el Perú, exige una política exterior que defienda los intereses nacionales y evite los alineamientos automáticos, así como la reproducción mecánica de políticas diseñadas para realidades distintas.

Estos desafíos recuerdan que el poder parlamentario, por más eficaz que sea para construir acuerdos, no constituye por sí mismo una capacidad de gobierno. La aprobación de leyes y presupuestos es un medio; su justificación está en los resultados que producen. Un Ejecutivo puede reunir mayorías y, sin embargo, no resolver los problemas que afectan a la población.

Por eso, al evaluar los primeros cien días de Keiko Fujimori, quizá debamos cambiar la pregunta habitual. No se trata solamente de determinar si su gobierno ha comenzado con fuerza o si ha logrado imponer su agenda. La cuestión de fondo es si está consiguiendo transformar una década de poder construido desde el Congreso en una capacidad institucional para gobernar un país con problemas acumulados y demandas urgentes.

Los episodios preparatorios revisados en el marco de los cien días sugieren que existe una capacidad de articulación parlamentaria que merece ser observada. El presupuesto de 2027 permitirá comprobar si esa capacidad puede trascender las votaciones puntuales y convertirse en una relación política más estable. Pero incluso si lo consigue, quedará pendiente la pregunta más importante: ¿Para qué se construye el poder?

Porque el éxito de un proyecto político no debería medirse únicamente por su capacidad para acumular votos, controlar espacios o aprobar decisiones. El poder encuentra su justificación en aquello que consigue transformar en la vida de las personas. Esa es, finalmente, la diferencia entre construir poder y ejercerlo para gobernar. Aunque, naturalmente, siempre cabe la posibilidad de que el objetivo sea otro: no transformar el país, sino redefinir las reglas del poder.

Un hito personal para agradecer

Hoy quiero compartir un momento que ha sido muy importante para mí: mi participación en la entrevista ante la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado como candidato al Directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

Agradezco a los senadores por sus preguntas. Algunas fueron muy técnicas; otras apuntaron a qué podría mejorar el Banco. Todas me permitieron explicar mi visión sobre la institución, la economía peruana y los desafíos del país.

Hubo un tema con un significado especial para mí: la necesidad de mirar la economía peruana también desde las regiones.

Después de la entrevista, un amigo de Iquitos me escribió para agradecerme por haber mencionado lo que están viviendo con el alza de los combustibles. Su mensaje me recordó algo fundamental: un mismo aumento de precios no pesa igual en Lima que en Iquitos, Puno o Tacna, porque lo que consumen las familias y las condiciones de cada economía son distintas. Sin embargo, la inflación que guía la política monetaria se mide con los precios de Lima Metropolitana.

Por eso planteé que los informes regionales del BCRP pueden cumplir un papel aún más importante: ayudarnos a entender cómo se comportan los precios y la actividad económica en cada territorio, y cómo esas diferencias las viven las familias y las empresas. No se trata de cambiar el mandato del Banco, sino de mejorar el diagnóstico sobre el que se toman las decisiones.

Me siento contento y agradecido de haber podido exponer públicamente una manera de entender el papel de una institución fundamental para la estabilidad del Perú. Sea cual sea el resultado, sigo a disposición del país.

Gracias a quienes confiaron en mí y a quienes hicieron posible esta experiencia.

[Ver desde el minuto 5] 

 

Pueden ver los informes regionales del BCR aquí.

El precio de dejar de ser antifujimorista

Carlos Meléndez ha escrito sobre un concepto que el denomina "la economía moral del antifujimorismo": esa forma de entender la política peruana en la que ser antifujimorista terminó siendo, para algunos, algo más que una posición política. Era pertenecer al lado democrático, decente y moralmente correcto.

Meléndez observa ahora, no sin ironía, que algunos de quienes ocuparon ese lugar han terminado trabajando para el gobierno de Keiko Fujimori. La pregunta que plantea en ese sentido es interesante: ¿Qué ocurrió con aquella frontera moral?

Pero antes de ello, quizá falta otra pregunta: ¿Por qué esa frontera dejó de tener valor político?

El antifujimorismo que ganaba elecciones

Durante años, el antifujimorismo fue una fuerza electoral formidable. Alejandro Toledo llegó a Palacio en julio de 2001 después de encabezar la Marcha de los Cuatro Suyos tan solo un año antes. Una década después, Ollanta Humala derrotó a Keiko en 2011 encabezando una coalición que tuvo al antifujimorismo como uno de sus principales elementos aglutinadores. Cinco años mas tarde, PPK hizo lo mismo en 2016. Incluso Susana Villarán construyó buena parte de su capital político dentro de ese espacio.

El antifujimorismo no era solamente una oposición. Era una promesa: la de que había otra manera de hacer política.

Pero, esa promesa se erosionó a lo largo de esos 25 años. Toledo terminó condenado el 2024 por el caso Odebrecht. PPK enfrenta investigaciones y juicios por sus vínculos con la constructora brasileña. Villarán admitió aportes de Odebrecht y OAS. Alan García murió antes de poder enfrentar judicialmente las acusaciones que pesaban sobre él.

No todos estos casos son iguales, pero políticamente produjeron un efecto semejante: la corrupción dejó de ser atribuible de manera exclusiva al fujimorismo. El antifujimorismo perdió su monopolio moral.

De la mayoría absoluta a la cooptación

Conviene no perder de vista la cronología pero, esta vez desde otro ángulo. En 2016 el fujimorismo obtuvo una mayoría absoluta en el Congreso, con más de 70 escaños. Gobernaba por números absolutos: no necesitaba construir puentes con otras fuerzas políticas, le bastaba y sobraba su propia bancada. Con K.

Pero el cierre del Congreso por Vizcarra en 2019 cambió esa ecuación. El fujimorismo perdió esa mayoría, pero esta situación le obligó a aprender a ganar algo distinto: la capacidad —y la necesidad— de construir alianzas, en particular con una izquierda conservadora que compartía con la derecha una misma desconfianza hacia los "caviares" que se creían la reserva moral del país.

Ahí nace el patronazgo como estrategia, no como rasgo constante de Keiko: cuando ya no le alcanzaba con los votos propios, había que ofrecer algo a cambio de los ajenos. Un ministerio, una embajada, una dirección, una candidatura, una banca. Eso tiene un nombre menos escandaloso que corrupción —patronazgo político— y cuando sirve para incorporar adversarios, cooptación. El mecanismo puede ser perfectamente legal; su naturaleza política, sin embargo, merece ser discutida.

Montesinos necesitaba comprar voluntades —con fajos de billetes— una por una. Keiko, sin esa mayoría de 2016, aprendió algo más eficiente: no hace falta que todos sean fujimoristas, basta con que muchos tengan razones para trabajar con el poder. Es, casi al pie de la letra, la segunda de las 48 leyes del poder que popularizó Robert Greene: aprender a usar a los enemigos en beneficio propio.

Tres formas de cruzar la frontera

El fenómeno que señala Meléndez no es uniforme; tiene grados. A diferencia de su columna, que ilustra el patrón con un antifujimorista hipotético y compuesto, acá vale la pena mirar casos reales y verificables, aunque sin necesidad —ni certeza— de reconstruir la biografía laboral privada de cada uno.

Está el caso técnico: alguien sin cargo partidario acepta una posición dentro del aparato del Estado. Sheput —crítico del fujimorismo antes de asumir como ministro de Trabajo— es quizás el ejemplo más representativo de la idea de Meléndez: el antifujimorista que podría haber terminado enviando su CV con "algunas sugerencias de puestos", como escribe en su columna.

Está el caso del operador: Rospigliosi, antifujimorista visceral de vieja data, que también terminó, con el tiempo, del otro lado. Su caso importa porque muestra que esto no es solo pragmatismo de una nueva generación: incluso los más duros cruzan la frontera cuando cambia el mercado político.

Está también el caso de la conversión plena: Hernando Guerra García, crítico del fujimorismo, terminó como congresista —y vocero— de esa misma fuerza. Este nivel no requiere ni siquiera un aporte técnico a cambio: solo lealtad declarada.

De la misma cantera del PPC surgen dos variantes más. Luis Galarreta, opositor reconocido hace ya bastante tiempo, hoy preside el Consejo de Ministros. Beingolea, invitado al gabinete por el propio Galarreta, terminó disputando —como ministro de Cultura— que el futuro del LUM se decida en su sector y no en Justicia; no está claro si busca protegerlo o controlar los términos de su desmontaje, pero es él quien, por el momento, decide. 

Pero el caso que mejor cierra la lista es otro: Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, figura entre los nombres solicitados para representar al Perú en Washington. No se trata de un antifujimorismo faccioso ni de carrera política doméstica, sino del antifujimorismo más doctrinario y de mayor proyección internacional que tuvo el país: el que sostuvo, durante tres décadas, que un triunfo de los Fujimori equivalía a una reivindicación de la dictadura. Si ni siquiera esa posición escapa a la lógica del nombramiento, la tesis se sostiene con más fuerza que con cualquiera de los casos anteriores.

El recurso más escaso

Aquí aparece una variable que suele quedar fuera de estas discusiones: el empleo. En un país donde la informalidad laboral sigue siendo enorme, una posición estable dentro del Estado vale mucho más que el salario. Significa continuidad profesional, redes, visibilidad y, para un político, la posibilidad de sostener una carrera.

Por eso la pregunta no debería ser solamente por qué un antiguo antifujimorista acepta trabajar para Keiko. También habría que preguntar qué precio tiene hoy seguir siendo antifujimorista, cuando esa etiqueta ya no garantiza una victoria electoral pero el gobierno sí puede distribuir posiciones y construir alianzas. Lo que antes parecía traición puede ser, simplemente, una decisión racional dentro de un mercado político.

El Congreso que juntó a los extremos

La última legislatura mostró hasta dónde llegó esta transformación: los extremos políticos se encontraron para combatir a un enemigo común, el "caviar", el "progre", el "caviarón". Esa coalición no reunía solo a la derecha; incorporaba también a sectores de izquierda que desconfiaban de una que se había acostumbrado a presentarse como reserva moral.

La antigua división entre izquierda y derecha —también la de fujimoristas y antifujimoristas— perdió capacidad explicativa. Lo que empezó a importar fue quién tenía acceso a los recursos del poder y quién podía distribuirlos.

Por eso Keiko puede haber ganado algo más que una elección. La victoria de Keiko en 2026 no significa que los peruanos hayan olvidado los años noventa, ni que las críticas contra Alberto Fujimori hayan perdido validez. Significa que el antifujimorismo dejó de funcionar como veto electoral, en parte porque el propio sistema político fue destruyendo, durante quince años, las fronteras morales sobre las que ese veto se sostenía.

El fujimorismo aprendió otra cosa: no necesita que todos sean fujimoristas. Le basta con que muchos tengan razones para trabajar con él. Ahí está, quizás, la diferencia entre Montesinos y Keiko. Montesinos necesitaba comprar voluntades. Keiko tiene algo más poderoso: el control de un paisaje político lleno de posiciones que repartir.

No hace falta un sobre. Basta un nombramiento.

¿Puede el BCRP sobrevivir a Velarde?

Hay preguntas que pueden estar mal formuladas y, sin embargo, esconder una preocupación perfectamente legítima.

Eso ocurrió esta semana en el Senado, durante la presentación de Julio Velarde para su ratificación como presidente del Banco Central de Reserva. El senador Humberto Morales preguntó por la relación entre la inflación de Estados Unidos y la inflación peruana. La pregunta fue rápidamente convertida por algunos medios en una muestra de ignorancia económica.

Creo que se cometió un error.

No porque la pregunta, tomada literalmente, sea técnicamente correcta. La inflación de Estados Unidos no se traslada automáticamente a la inflación peruana. Pero una cosa es corregir una pregunta y otra muy distinta es descalificar la preocupación que existe detrás de ella.

Y esa preocupación es bastante sencilla: ¿Cómo aquello que ocurre en las grandes economías y en los mercados internacionales termina afectando los precios que pagamos los peruanos?

Esa era una oportunidad para explicar.

La economía que llega desde afuera

Un congresista no tiene por qué ser economista. Su obligación es representar a ciudadanos que, en su inmensa mayoría, tampoco lo son. Cuando formula una pregunta sobre algo que afecta sus vidas, corresponde que el especialista explique.

La respuesta podía haber sido muy sencilla.

Si el dólar se fortalece, puede afectar los precios de los productos que importamos. Si aumenta el precio internacional del petróleo, puede subir el costo de los combustibles, del transporte y de muchas actividades productivas. Si cambian las condiciones financieras internacionales, también pueden producirse movimientos en el tipo de cambio y en los flujos de capital.

En otras palabras, lo que ocurre fuera del Perú puede terminar afectando la economía peruana por distintos canales. No estamos hablando de una ocurrencia.

El propio Banco Central estudia estos mecanismos. Sus investigaciones analizan precisamente cómo los shocks externos, los movimientos del tipo de cambio y los cambios en los precios internacionales pueden transmitirse a la inflación peruana.

Por eso, aunque la pregunta de Morales pudo ser técnicamente imprecisa, la preocupación que contenía no lo era.

La pregunta no debía ser simplemente si “la inflación de Estados Unidos causa la inflación peruana”. La pregunta relevante era otra:

¿Hasta qué punto los acontecimientos económicos y políticos que ocurren fuera del Perú terminan afectando los precios que pagamos dentro del Perú?

Y esa pregunta tiene una respuesta económica.

La respuesta que se perdió

Velarde podría haber dicho:

"No exactamente. La inflación de Estados Unidos no se traslada automáticamente a la inflación peruana. Pero existen mecanismos por los cuales un shock externo puede afectarnos: el tipo de cambio, los precios internacionales, las condiciones financieras y otros factores. Precisamente por eso el Banco Central estudia estos fenómenos."

Con eso habría cerrado la discusión y, de paso, habría explicado economía a millones de peruanos.

En cambio, la conversación terminó concentrándose en si el senador sabía o no sabía economía.

Y ese es un debate bastante menos importante.

Porque si cada vez que un político formula una pregunta técnicamente imperfecta respondemos descalificando su desconocimiento, terminamos olvidando algo elemental: preguntar también es una forma de representar a quienes no tienen conocimientos especializados.

El ciudadano común no tiene porqué saber qué es un shock externo, cómo funciona el pass-through cambiario o qué diferencia existe entre inflación subyacente e inflación total. Pero lo que sí sabe es que cuando sube el dólar, cuando aumenta el petróleo o cuando ocurre una crisis internacional, algo puede terminar cambiando en los precios de los productos que consume diariamente.

La tarea de una institución como el BCR no es burlarse de esa intuición. Es explicar cuánto de ella es correcto y cuánto no.

El problema no es Velarde

Defender la legitimidad de la pregunta de Morales no significa desconocer los méritos de Julio Velarde.

Todo lo contrario.

Velarde representa para muchos peruanos algo que tiene un enorme valor: la defensa de la autonomía del Banco Central frente al poder político. En un país donde las instituciones han sufrido tantas veces la presión de los gobiernos de turno, esa independencia merece ser protegida.

Pero hay que tener cuidado con convertir una virtud institucional en una dependencia personal.

Velarde no es el BCR.

El Banco Central es una institución y debe ser capaz de sobrevivir a sus presidentes, incluso a aquellos que han tenido un desempeño extraordinario.

Hace años que Velarde ocupa un lugar central en la historia económica reciente del país. Es comprensible que su nombre esté asociado a la estabilidad monetaria. Lo que no debería ocurrir es que terminemos creyendo que la estabilidad depende de que una determinada persona permanezca indefinidamente en el cargo.

Eso sería exactamente lo contrario de lo que significa construir instituciones.

El Banco Central no necesita monarcas

Hay una paradoja en todo esto.

El principal legado de Velarde debería ser precisamente haber contribuido a fortalecer una institución que no dependa de una persona. Sin embargo, la narrativa construida alrededor de su figura parece haber producido, por momentos, el efecto contrario: como si la estabilidad monetaria del Perú necesitara necesariamente de su permanencia.

Una institución republicana no puede depender de monarcas.

Y aquí conviene recordar algo que el propio Velarde ha señalado. Al referirse a su eventual sucesión, ha mencionado que dentro del Banco Central existen dos personas que podrían asumir la presidencia sin poner en riesgo la autonomía y la continuidad de la institución. La primera es Adrián Armas economista jefe y la segunda es Paul Castillo actual gerente general del cambio. Y la terna puede completarse con Álex Contreras, ex ministro de economía, también con trayectoria dentro del BCR. Es un reconocimiento importante, porque demuestra que la fortaleza del BCR no está concentrada en una sola persona.

Entonces, ¿Por qué deberíamos pensar que el relevo de Velarde constituye una amenaza para la estabilidad monetaria? Velarde puede haber sido un excelente presidente del BCR. Puede incluso haber sido uno de los mejores que ha tenido el país. Pero eso no lo convierte en indispensable.

El Banco Central cuenta con profesionales y economistas de larga trayectoria capaces de asumir responsabilidades de primer nivel. El relevo generacional no debería ser visto como una amenaza, sino como una prueba de que la institución funciona.

Una institución fuerte no es aquella que encuentra al hombre indispensable. Es aquella que puede reemplazarlo sin perder su rumbo.

Y quizá ahí está la verdadera medida del legado de Velarde: no que el Perú necesite a Velarde para mantener la estabilidad monetaria, sino que el BCR sea suficientemente sólido como para que Velarde pueda irse algún día y la estabilidad permanezca.

Una pregunta incómoda merece una respuesta

Hay, finalmente, una cuestión que va más allá de Morales y de Velarde.

En una democracia, las autoridades técnicas también tienen una responsabilidad frente a quienes ejercen representación política. El hecho de que una pregunta provenga de un congresista no la convierte automáticamente en una buena pregunta. Pero tampoco la convierte en una pregunta indigna de ser respondida.

Morales fue elegido por ciudadanos. Puede equivocarse. Puede formular mal una pregunta. Puede incluso desconocer aspectos técnicos de aquello que está preguntando.

Pero precisamente para eso existen las instituciones especializadas.

Un presidente del Banco Central tiene algo que un senador probablemente no tiene: la capacidad técnica para tomar una pregunta sencilla y convertirla en una explicación que ayude a entender cómo funciona la economía. Esa oportunidad se perdió.

Y quizá habría sido mucho más útil para el país escuchar una breve lección sobre cómo los shocks internacionales llegan a nuestra economía que una discusión sobre quién sabe más de economía.

Porque detrás de la pregunta de un senador hay, finalmente, una pregunta que millones de peruanos podrían hacerse:

¿Por qué lo que ocurre al otro lado del mundo termina afectando lo que pago aquí?

Esa pregunta puede ser imperfecta. Pero no es ignorante.

Merece una respuesta.

¿Quién tendrá la llave del presupuesto 2027?

El viernes 28 de agosto, dentro del plazo constitucional, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley dePresupuesto del Sector Público para 2027, junto con las leyes de Endeudamientoy de Equilibrio Financiero. El titular es sencillo: el presupuesto crece poco, un 3,5%, de S/257.562 millones a S/266.506 millones. Aparentemente, este dato dice poco.

La pregunta políticamente relevante no es cuánto crece el presupuesto, sino quién queda con capacidad para decidir sobre ese crecimiento. Y allí aparece una historia bastante distinta: mientras se incrementan fuertemente algunas partidas de inversión y gasto visible, una parte extraordinariamente grande del aumento queda concentrada en la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

1.     La reserva y el poder

De los S/8.945 millones adicionales del presupuesto, S/6.917 millones —el 77% del incremento total— corresponden a Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, que pasa de S/30.080 millones a S/36.997 millones, un aumento de 23%. Es dinero adicional que se quedará con el administrador de la caja.

El contraste es revelador. La función Educación prácticamente permanece estancada (+0,7%); Salud cae 2,1%; Orden Público y Seguridad cae 3,3%; Saneamiento disminuye 30,1% y Vivienda 32%. En cambio, Transporte aumenta 16,5%, Defensa 25,3%, Protección Social 16,9% y Justicia 10,2%.

Hay, por tanto, dos presupuestos dentro del mismo presupuesto: uno que asigna recursos a destinos relativamente identificables y otro que concentra recursos cuya utilización se decidirá posteriormente.

Pero hay una disociación entre el discurso oficial de la prioridad ("seguridad") y el destino real del gasto —Defensa crece con fuerza, Orden Público y Seguridad cae. Quien defina en qué se traduce ese 25.3% adicional —modernización de equipamiento, despliegue territorial, u otra prioridad en la función Defensa— será, de facto, quien termine narrando qué significó para el país "priorizar la seguridad" en 2027.

Esto importa especialmente porque el presupuesto 2027 será negociado por primera vez bajo un Congreso bicameral y fragmentado. El clásico estudio de Carranza, Chávez y Valderrama sobre la economía políticadel presupuesto peruano describía ya la utilización de la asignación presupuestal como instrumento de negociación entre el poder Ejecutivo y el Congreso. El escenario de negociación del presupuesto 2027 agrega una dificultad: ahora esa negociación ocurre en dos cámaras.

La pregunta es qué parte de la torta llega a esa negociación ya repartida y qué parte permanece bajo control del Ejecutivo.

2.     El antecedente de agosto

Aquí es donde el proyecto de presupuesto deja de ser solamente una proyección y encuentra un antecedente concreto. El 5 de agosto, mediante el Decreto Supremo N.° 155-2026-EF, el Gobierno transfirió S/2.532 millones desde recursos no comprometidos de diversas entidades hacia la Reserva de Contingencia del MEF. El argumento fue financiar prioritariamente intervenciones vinculadas con el Fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

Casi todo el dinero provino del Gobierno Nacional. Entre los principales aportantes estuvieron Transportes y Comunicaciones (S/371,6 millones), Salud (S/291,6 millones), Educación (S/254,2 millones), Desarrollo Agrario y Riego (S/183,5 millones), Vivienda (S/152,7 millones) y Defensa (S/125,4 millones).

El mecanismo es importante por una razón que va más allá de ese decreto: demuestra que la Reserva de Contingencia no es simplemente una cifra que aparece en la Ley de Presupuesto. Es también un instrumento que el Ejecutivo puede alimentar durante el ejercicio mediante transferencias presupuestarias.

Y hay una coincidencia particularmente llamativa: Transportes fue el pliego que más recursos aportó al barrido de agosto y, al mismo tiempo, Transporte es una de las funciones que más crece en el proyecto 2027, con S/3.689 millones adicionales.

No necesariamente significa que se trate literalmente de los mismos soles. Pero sí muestra algo más importante: el Ejecutivo puede retirar capacidad de gasto de las entidades durante el año y luego volver a asignarla desde el centro, modificando quién decide sobre esos recursos.

3.     ¿Quién hará las obras? Más GOLEs y menos GOREs

El cambio tampoco es neutral territorialmente. Los gobiernos regionales pasan de manejar S/59.461 millones en 2026 a S/58.672 millones el 2027: una reducción de 1,3%. Pero el dato más significativo está dentro de esa cifra: su gasto de capital cae 17,4%, equivalente a S/2.622 millones menos para inversión.

Los gobiernos locales, en contraparte, aumentan su presupuesto de S/35.796 millones a S/41.222 millones. Su gasto de capital crece 23,8%, unos S/3.543 millones adicionales.

No estamos, entonces, ante un simple aumento o disminución del gasto subnacional. Hay una redistribución de la capacidad de inversión: menos margen para los gobiernos regionales y bastante más para los municipios. Y esto ocurre precisamente cuando las autoridades que serán elegidas el 4 de octubre asumirán la gestión de sus comunas en enero de 2027. El presupuesto, por tanto, no solo distribuye dinero. También distribuye capacidad política para hacer obras y atribuirse resultados.

4.     Ni impuestos ni deuda, es el canon

Hay otro dato que merece atención. El presupuesto no está creciendo porque el Gobierno haya abierto significativamente el espacio fiscal mediante mayor endeudamiento o una recuperación importante de los ingresos tributarios.

Los Recursos Ordinarios caen 2%, mientras los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito disminuyen 23,4%. El gran salto está en los Recursos Determinados, que aumentan 25,6%, de S/44.856 millones a S/56.348 millones.

Es decir, una parte importante del crecimiento descansa en recursos vinculados al canon, regalías y otras fuentes determinadas, cuya evolución depende en buena medida del comportamiento de los precios de los commodities y de las reglas de distribución existentes. El presupuesto crece, sí. Pero no estamos ante una expansión equivalente de la capacidad fiscal discrecional del Estado.

5.     Entonces, ¿Qué se está negociando?

Esta es, finalmente, la cuestión que debería importar en la discusión parlamentaria del presupuesto. Por un lado, hay recursos visibles y territorialmente atribuibles: más inversión municipal, más Transporte, más Defensa y más Justicia. Son partidas que pueden convertirse en obras, proyectos, infraestructura o resultados políticamente identificables. Por otro, hay una concentración extraordinaria en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia: S/6.917 millones, equivalentes al 77% de todo el incremento presupuestal.

Eso cambia la naturaleza de la negociación. El presupuesto 2027 no solo está diciendo cuánto gastará el Estado. Está diciendo cuánto se repartirá por adelantado y cuánto quedará pendiente de decisión. En un año de elecciones regionales y municipales y con un Congreso bicameral sin mayoría propia, esa diferencia importa.

Porque el poder no está únicamente en decidir cuánto dinero hay. Está también en decidir quién puede decidir sobre él después.

Nadie tiene la culpa

El gobernador de Loreto no tiene la culpa. Él no jaló ninguna soga. Él sólo quebró la pequeña vasija que colgaba de una cinta el 3 de agosto, frente a un colegio nuevo de 38 millones de soles, con la conciencia tranquila de quien entrega una obra a tiempo para el calendario que importa: ha anunciado su candidatura a la vicegobernación en la misma fórmula que lo sucede —"Loreto merece seguir su desarrollo", dice el lema—, y una inauguración puntual siempre luce mejor en el calendario político que una liquidación bien cerrada. La foto ya se tomó.

El sistema de seguimiento de inversiones públicas del Estado tampoco tiene la culpa. Durante ocho meses, entre octubre de 2025 y mayo de 2026, dejó constancia de que la obra estaba atrasada. Pero durante ese periodo no encontró ningún riesgo que reportar. Las dos cosas convivieron tranquilamente en el mismo sistema, como si una no tuviera nada que ver con la otra. Y siete días después de la ceremonia del 3 de agosto, el propio reporte del MEF seguía marcando "Gestión del Proyecto: 0%" y "Liquidación: 0%". El Estado sabía que la obra estaba atrasada, y sabía que ni siquiera se había cerrado administrativamente; lo escribió, mes tras mes. Pero nadie pareció preguntarse qué significaba ese atraso ni qué podía estar quedando pendiente.

El Gerente Regional de Infraestructura tampoco tiene la culpa. Su firma aparece en los documentos que correspondía aprobar y, aparentemente, dentro de las facultades que tenía. No decidió que los alumnos demolieran una pared. Pero justamente por eso hay que mirar los documentos que dejó la obra: quién debía retirar la infraestructura antigua, quién debía verificar que todo estuviera terminado y quién quedó finalmente responsable de lo que no se hizo. Porque una obra puede estar formalmente terminada y, sin embargo, dejar un problema sin dueño.

La empresa constructora no tiene la culpa. Construyó dos cisternas nuevas y un tanque elevado nuevo, tal como decía el expediente técnico, letra por letra. Tenía, además, un especialista en seguridad en obra con el 100% de su tiempo dedicado a la obra —a su obra, la nueva—. Que esas estructuras viejas —el tanque y la pared que quedaron de la infraestructura anterior— no aparecieran en ninguna partida del contrato no sería un incumplimiento: sería, literalmente, lo que dice el papel. No se puede incumplir una tarea que nadie encargó. Pero precisamente por eso hay que revisar el contrato, los TDR, el expediente técnico y el acta de recepción: para saber si efectivamente nadie la encargó, si estaba prevista en otra partida o si alguien dejó de cumplir una obligación que sí estaba contemplada. Esa diferencia no es un detalle: puede ser la diferencia entre una tragedia sin responsable aparente y una cadena de responsabilidades perfectamente identificable.

El director del colegio no tiene la culpa. A él le entregaron un colegio flamante y, pegado a la entrega, un tanque de agua y una pared, ambos de la infraestructura vieja, que alguien tenía que sacar de en medio, aparentemente sin presupuesto ni maquinaria y sin que nadie se lo pusiera por escrito en ningún documento. Alguien tenía que resolverlo. Él resolvió lo que tenía a mano: alumnos de cuarto y quinto. Si esa fue efectivamente la secuencia, habrá que preguntar quién le trasladó esa tarea, con qué autorización, con qué recursos y bajo qué medidas de seguridad. Porque recibir una obra no debería significar recibir también las obligaciones que quedaron sin resolver durante su ejecución.

El profesor no tiene la culpa. Él no inventó una práctica en la que la nota podía convertirse en incentivo para que los alumnos hicieran trabajos peligrosos; probablemente ya la vio antes de que él llegara. Y cuando el tanque resistió la primera vez que le jalaron la soga, eso no fue una advertencia: fue, para cualquiera que lo viera, la prueba de que no pasaba nada. Esa misma certeza —que tirar de una estructura vieja con una soga o una comba era un trabajo escolar más, no un peligro— fue la que llevó a los chicos hasta la pared que sí cedió. Pero también aquí corresponde preguntar: ¿Quién dispuso la actividad?, ¿Qué instrucciones recibió el docente?, ¿Qué medidas de seguridad existían?, ¿Y por qué una actividad de demolición terminó vinculada a una calificación escolar?

El padre de Taylor no tiene la culpa. Cuestionó las faenas de su hijo sin llegar a prohibírselas, que es, en su mundo, la forma en que un padre educa sin ahogar. Y cuando su hijo, de vuelta del colegio, le pidió una comba, la alquiló y se la dio —como se la habría dado un padre a un hijo de dieciocho años que ya trabaja, que ya aporta, que ya casi es un hombre—. No sabía que aquella herramienta terminaría siendo parte de la escena de su muerte. Y tampoco parece razonable convertirlo en el responsable de una decisión que, dentro de su mundo, podía parecer simplemente una forma más de ayudar a su hijo a terminar el colegio.

Y Taylor —aquí la ironía se detiene, porque no hay nada gracioso que decir— Taylor tampoco tiene la culpa. Tenía dieciocho años, cursaba el quinto de secundaria con el atraso que comparte con uno de cada seis alumnos de su región, y quería terminar el colegio para postular a la Marina de Guerra. Le pidió la comba a su padre porque quería resolver rápido lo que el profesor le pedía y volver a lo suyo: salir de la necesidad. Murió haciendo lo que un hijo, un alumno y un joven que quiere salir adelante suele hacer: cumplir lo que le piden los adultos en quienes confía.

Así que ahí está: el gobernador, el sistema, el gerente, la empresa, el director, el profesor, el padre y el propio Taylor, cada uno con una razón que puede resistir el interrogatorio. Ocho explicaciones, ocho decisiones que pueden parecer razonables por separado. Y, sin embargo, hay un fiscal que ya formalizó cuatro delitos contra dos personas, un padre que enterró a su hijo entre una multitud y una ciudad que además está en pie de lucha en la calle por el precio de la gasolina.

Puede que la pregunta esté mal planteada. Puede que "quién tiene la culpa" sea la pregunta de un sistema que solo sabe mirar hacia atrás, buscando a quién sancionar, en vez de mirar hacia adelante y preguntarse qué eslabón hay que rediseñar para que la próxima cadena de decisiones razonables no vuelva a terminar sobre un adolescente. Pero mirar hacia adelante no significa renunciar a mirar hacia atrás: significa reconstruir la cadena completa para saber dónde estuvo la responsabilidad de cada uno. El contrato, el expediente técnico, los TDR, las actas de supervisión y recepción, los reportes del MEF y las decisiones tomadas en el colegio tienen que decir qué ocurrió y quién debía hacer qué.

Porque si una tragedia puede producirse cuando cada decisión parece razonable por separado, entonces el problema no estaba únicamente en una persona. Estaba también en el espacio vacío entre una firma y la siguiente: ese espacio que nadie diseñó, que por eso nadie corrige y que seguirá ahí, esperando la próxima pared, el próximo colegio, el próximo Taylor.

Trabajo infantil: el costo de mirar hacia otro lado

A Taylor lo despidió una multitud. Tenía 18 años y todavía terminaba la secundaria en un colegio de Iquitos, donde murió ayudando —con otros alumnos— a derribar una pared del plantel por la nota de un curso. Lo enterraron mientras la ciudad, en las calles, protestaba porque el subsidio al combustible ofrecido por el gobierno no fuera focalizado sino universal. Duelo y protesta parecen dos noticias distintas, pero nacen de lo mismo: una economía masivamente informal donde trabaja toda la familia —adultos y menores— y un Estado que solo aparece para prohibir en el papel o inscribir beneficiarios en una plataforma.

El primer impulso ha sido buscar un culpable —el profesor o el director— o hablar de una falla de seguridad, como si el problema hubiera sido la falta de un casco o un guante. Ambas lecturas empequeñecen el caso. El propio padre, que culpa al docente, admitió que su hijo ya venía trabajando en otras faenas y que él lo había advertido, aunque no le había prohibido seguir haciéndolo: no hubo confrontación con la escuela, hubo tolerancia. Taylor es el símbolo de un extremo: el del trabajo infantil peligroso, una costumbre más que un escándalo. Para saber cómo actuar es necesario definir bien el problema.

De dónde viene

Que los niños trabajen no nace de padres desnaturalizados, sino de una norma muy enraizada en nuestra sociedad: trabajar es sinónimo de formación para la vida. La OIT lo documenta —se asocia con la responsabilidad hacia la familia—, y muchos padres no necesariamente aspiran a que sus hijos vayan a la universidad, sino que aprendan a trabajar. En 2012, cuando visitaba la zona de influencia del proyecto Semilla, una docente de un pueblo cafetalero me contó con orgullo que en época de cosecha, todo el pueblo se paralizaba. El colegio cerraba y los niños bajaban a los campos a recoger el valioso cerezo del café para pagarse con ese jornal el uniforme. El Estado prohíbe desde Lima; la familia y la comunidad valoran; y el Estado está más ausente donde la práctica es más fuerte.

Qué tan novedoso es

No es nuevo: es un problema estructural y cíclico. Con la pandemia y las escuelas cerradas, la tasa de trabajo infantil nacional saltó al 32.1% en 2020, y aunque luego bajó, seis departamentos siguen sobre sus niveles previos. La estrategia nacional (ENPETI) venció en 2021 y dejó cinco años sin marco con presupuesto propio. Tratar cada tragedia como novedad es parte de por qué persiste.

Qué tan grave es

Lo que está en juego es doble. Primero, la vida: que los niños que empiezan trabajando en la chacra pasen luego, en su adolescencia, a fumigar con agroquímicos, limpiar a machete o demoler, no son "apoyo"; son trabajos peligrosos que la ley prohíbe para menores y que el Convenio 182 de la OIT llama las peores formas de trabajo infantil. Taylor y su amigo, ambos mayores de edad y aún en el colegio, son también expresión de una escolaridad retrasada por el trabajo. En Loreto —cuya capital es Iquitos— el atraso escolar en quinto de secundaria llegó al 17.5% en 2025, el más alto del país, y a contracorriente del resto subió tras la pandemia. Taylor era la regla, no la excepción. Ese atraso anticipa a qué empleos quedan expuestos: cuanto antes entran al mercado, los únicos que están a su alcance —moto, carga, machete, agroquímico, construcción— son los más peligrosos. Y el jornal que compra el uniforme exige sacrificar el estudio, una de las pocas salidas reales de la pobreza..

Qué tan extendido está

Mucho, y más de lo que dicen las cifras: al cierre de 2025, el 21.9% de los peruanos de 5 a 17 años —1.8 millones— trabajaba, con una brecha enorme entre el 14% urbano y el 51.5% rural. Y como las faenas escolares y el ‘apoyo’ en la chacra no se perciben como trabajo, no se declaran. Lo que no se nombra no se cuenta.

En Lima, nos gusta imaginarlo lejos, en la escuelita rural. Pero el caso del colegio de Taylor desconcierta: urbano, enorme —más de 700 alumnos según la web de Escale-MINEDU—, de turno tarde, con la matrícula cayendo de 235 en primero a 79 en quinto. Si el trabajo infantil se esconde ahí, el 14% urbano subestima bastante. Y el contexto lo acerca más: Iquitos protesta por el combustible porque casi todos viven de una ‘motokar’, la misma economía informal donde los hijos empiezan a trabajar temprano. Duelo y protesta son dos caras de lo mismo.

Qué se puede hacer

El Gobierno acaba de aprobar un Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil, pero su antecesora (ENPETI) murió por falta de presupuesto y por la tolerancia social; sin recursos, este corre igual suerte. Hacen falta tres cosas. En primer lugar, es preciso contar con instrumentos que cambien la ecuación familiar: transferencias condicionadas, mejores retornos de la educación y apoyo a quienes, como Taylor, luchan por terminar la educación básica a pesar de la extraedad. Segundo, se necesita fiscalización de la lista de trabajos peligrosos —agroquímico, machete, demolición—, no para hacerlos más seguros para un menor, sino para sacarlo de ellos: no es un problema de seguridad y salud en el trabajo, es que ese trabajo no debería existir para él. Tercero, se requiere trabajar sobre la norma: no moralizar a los padres, sino ampliar sus expectativas para que la formación para la vida incluya la escuela en vez de competir con ella.

Una lección que deja la coyuntura es que, si el Estado está dispuesto a montar en semanas una plataforma para subsidiar a decenas de miles de conductores de motokar, la ausencia de iniciativa frente al trabajo infantil no es una fatalidad: es una elección.

Si Iquitos despidió a Taylor con una multitud, aunque no era una figura pública, quizá fue porque su historia resultaba demasiado familiar: trabajar, con paga o sin ella, poner en riesgo la vida y, al mismo tiempo, intentar terminar el colegio. La ciudad no solo enterró a un joven; se reconoció en una realidad que alcanza a muchos hogares. Por eso su muerte debería ser más que una tragedia y más que un accidente laboral: debería obligarnos a preguntarnos cuánto trabajo infantil estamos dispuestos a tolerar antes de considerarlo un problema de Estado. Si podemos movilizar recursos y construir plataformas en semanas para atender una emergencia económica, también podemos hacerlo para que un niño que necesita apoyo no tenga que ganarse un uniforme o su nota arriesgando la vida. Taylor no debería ser otro nombre que recordemos después de una tragedia.

Debería ser el momento en que dejemos de llamar “apoyo” a aquello que la ley llama trabajo infantil peligroso. 

El costo de definir mal un problema

Cómo una ley que busca proteger el sábado podría terminar encareciendo el acceso al empleo

¿Puede una ley pensada para proteger a un grupo terminar perjudicándolo? Puede, y no por mala intención, sino por mal diseño. Es lo que, opino, ocurre con la norma que establece el sábado como día no laborable compensable a favor de los trabajadores cuyas creencias los llevan a guardar ese día, y que el Poder Ejecutivo observó el 20 de agosto.

Lo digo como uno de los aproximadamente 440 mil miembros de la Iglesia Adventista que cree que el derecho a guardar el sábado debe ser respetado; por eso mismo hago esta reflexión desde dentro y sin personalizarla. Fue lo primero que saltó a la vista al discutirlo entre hermanos: una norma pensada para blindar el empleo de quienes ya lo tienen podría, en la práctica, encarecer la empleabilidad de los jóvenes adventistas que aún buscan el suyo.

Primero, definir bien el problema

En el curso de política económica que dicto en la UNI insisto en una idea que casi nunca se respeta: el punto de partida de toda política pública no es el fenómeno que se quiere combatir, sino cómo se define su origen. De esa definición depende la solución. Un mismo hecho —un trabajador presionado a laborar el sábado— admite lecturas distintas: ¿Se trata de un vacío legal que exige una ley nueva, o es más bien un problema de aplicación de normas que ya existen? Definir mal el problema garantiza una mala solución, por más buena voluntad que se ponga.

Aquí está la primera falla. El problema que esta ley pretende resolver —que un adventista sea obligado a trabajar el sábado— ya tiene protección en el Perú desde hace más de veinte años. En 2002, el Tribunal Constitucional resolvió el caso Lucio Valentín Rosado Adanaqué (STC 0895-2001-AA/TC): un médico adventista de EsSalud a quien el hospital, tras años de respetarle el sábado, empezó a programarle turnos ese día. El Tribunal amparó su derecho por la vía de la objeción de conciencia, sin ninguna ley especial. Y era un caso difícil —empleado antiguo, empleador estatal, servicio esencial—; aun así, la acomodación resultó exigible.

Si el problema que el proyecto de ley 4610/2022-CR buscaba resolver, se hubiera definido con precisión, se habría advertido que la protección ya existía —en la Constitución, en la Ley de Libertad Religiosa y en la jurisprudencia— y que faltaba, si algo, mejorar su aplicación, no crear una norma paralela. Por no hacerlo se cayó en el defecto que el Ejecutivo señala: sobrelegislación, una ley que se superpone a lo ya vigente y añade dispersión en lugar de claridad. El error de método terminó produciendo el error jurídico.

Segundo, el trámite desplazó el costo

Hay un problema adicional, y proviene del propio Congreso. El debate parlamentario introdujo un cambio que, a primera vista parece algo menor, pero en verdad altera todo: la disposición que exige acreditar la confesión al inicio de la relación laboral. La defensa pública de la ley se resume en una idea noble —la fe no debería costarle a nadie su puesto de trabajo—, y es imposible no estar de acuerdo con esta declaración. Pero esa frase alude a un empleo que la persona ya tiene, y el texto observado no protege la permanencia: interviene en el ingreso. Y ahí, en vez de proteger, encarece: obliga al postulante a revelar su religión cuando aún compite por el empleo. Contra un despido hay derecho que invocar; contra una no contratación no hay nada, salvo un "elegimos a otro candidato" que nunca se explica.

Y esto no es especulación. Los estudios de correspondencia —currículos idénticos que solo difieren en la religión declarada— muestran el efecto: un experimento en el sur de Estados Unidos halló que quienes revelaban una identidad religiosa recibían alrededor de 26% menos respuestas de los empleadores. Ante ese riesgo, a una minoría le conviene ocultar su afiliación; una norma que obliga a exhibirla al inicio del vínculo empuja justo en la dirección que la perjudica. Los más expuestos son los jóvenes adventistas que buscan su primer empleo: sin trayectoria que compense la señal religiosa, son quienes más fácilmente quedarían fuera.

Tercero, la acomodación razonable ya funciona

La mejor prueba de que no hacía falta una ley rígida la ofrece la propia iglesia. En sus establecimientos de salud, los sábados no hay consultorios regulares, pero sí un equipo mínimo de emergencia con médicos, enfermeras e incluso cajeros. Y no solo allí: en los edificios de la iglesia hay vigilantes que cumplen turno el sábado. Son labores de necesidad y cuidado —la vida y la seguridad de las personas— que la propia observancia admite, y a nadie se le ocurre cuestionar a esos hermanos ni sancionarlos. La comunidad ya acepta, en la práctica, que un mínimo de cobertura es razonable. Eso es la acomodación razonable que el reglamento vigente de la Ley de Libertad Religiosa ya ordena: armonizar el día de reposo con la jornada, sin absolutismos y sin obligar a nadie a declarar su fe para conseguir empleo.

La intención de proteger el sábado es legítima; la pregunta es si se eligió el mejor instrumento. Y hay un agravante: buena parte de quienes hoy defienden la norma apoyan la idea noble del eslogan, no el texto que se aprobó, porque nunca se hizo evidente la diferencia. Ni la iglesia ni sus miembros trabajadores fueron consultados sobre ese cambio.

Conversemos, entonces, sobre qué mecanismos pueden defender mejor a los miles de jóvenes adventistas que quieren trabajar sin riesgo de discriminación. La respuesta empieza por donde debió empezar todo: definiendo bien el problema. Y si lo definimos bien, veremos que el camino no es una ley que expone al trabajador antes de contratarlo, sino fortalecer la acomodación razonable que la propia comunidad ya practica cada sábado.

El costo de no saber quién manda a quién

A pocas horas de que Galarreta sustente las facultades legislativas ante la Cámara de Diputados, el gobierno de Keiko Fujimori no necesita que la oposición lo desgaste: se desgasta solo.

En apenas una semana de agosto se acumularon cinco episodios que revelan un mismo patrón: ministros y presidenta hablando en direcciones distintas sobre los mismos asuntos, en público y sin que parezca existir un libreto común antes de salir a cámara.

1. El LUM. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, propuso trasladar el Lugar de la Memoria del Ministerio de Cultura al suyo, alegando que necesita "un relato moderado". El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, lo desautorizó públicamente: los museos, dijo, son competencia de su cartera; "lo demás son opiniones". Hasta hoy no hay decreto ni pronunciamiento de la propia Keiko. Dos ministros discutiendo en la prensa sobre una decisión que, en cualquier caso, ninguno de los dos puede tomar por sí solo.

2. Los trenes. El ministro de Transportes, Rafael Rey, aseguró que los vagones donados por Caltrain fueron en realidad comprados por la Municipalidad de Lima, contradiciendo la versión que López Aliaga sostuvo durante años. Keiko salió después, en un live de TikTok, a zanjar el tema en sentido contrario al de su propio ministro: "Por supuesto que se van a hacer. Los trenes en este momento se encuentran en ProInversión". Ninguno mencionó al otro.

Y el proyecto sigue dependiendo de una concesión —la de Ferrovías Central Andina— que ni Rey ni la presidenta han resuelto y que, además, es una de las piezas que el propio paquete de facultades busca destrabar.

3. El Fenómeno del Niño. El ministro de Economía, Elmer Cuba, pidió "no exagerar por un poco de agua en las rodillas" mientras el sur de Lima colapsaba por una lluvia intensa el domingo. La presidenta lo corrigió en cámara, parada en la misma zona de emergencia: "el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño". Cuba se disculpó horas después.

4. Inflación de combustibles. El subsidio al diésel para transportistas fue anunciado el 14 de agosto último. Este será destinado a mototaxis y peque-peques de la selva —"por primera vez en la historia", anunció Keiko— depende de un registro de beneficiarios que todavía no existe y que, según los propios gremios, requiere coordinación con las municipalidades.

Construir ese padrón desde cero, con alcaldes como filtro, es justamente el tipo de intermediación que en el Perú suele terminar costando más de lo que debería.

5. La Remuneración Mínima Vital. El aumento a S/1,300 —en dos tramos, S/100 y S/70— ya fue anunciado por la propia presidenta durante su discurso inaugural ante el Congreso. Lo que queda pendiente es el ritual: Sheput convoca al CNTPE para "buscar consenso" entre sindicatos y empresarios, aunque él mismo ha aclarado que "la palabra final la tiene el Gobierno" y que, si no hay acuerdo, "igual el Gobierno va adelante".

Es difícil imaginar una mesa de diálogo con menos incentivos para dialogar. Si el resultado ya está decidido, a los sindicatos les conviene bloquear el quórum antes que legitimar con su presencia una cifra que ellos no negociaron.

La ironía de fondo es todavía mayor: en campaña, Keiko llamó "aplauso fácil" y "populista" a la propuesta de Roberto Sánchez de elevar el sueldo mínimo a S/1,500. Quince días después de jurar, convirtió una versión propia de esa misma idea en una de sus primeras medidas.

Cinco episodios, un mismo patrón.

El problema no parece ser simplemente de comunicación. Es algo más elemental: el gobierno todavía no parece haber resuelto quién decide qué, ni quién habla en nombre de quién.

La presidenta termina interviniendo después de los hechos: corrige públicamente a sus propios ministros, contradice sus versiones o anuncia medidas que el aparato del Estado todavía no parece saber cómo implementar.

Y sobre ese escenario le toca mañana a Galarreta hacer, él solo y desde la tribuna, el trabajo de ordenar lo que cinco ministros y una presidenta no han conseguido ordenar en tres semanas.

No obstante, hay aquí, una paradoja institucional.

Si el Congreso anterior no hubiera desactivado la investidura obligatoria, mañana sería el día en que la Cámara de Diputados tendría que definir con votos —y no solo con declaraciones— si respalda a este gobierno.

Sin esa obligación, ¿Qué le queda realmente a Galarreta?

Pechar solamente.

Y hacerlo sabiendo que, del otro lado, nadie está obligado a responderle.

Ese quizá sea el problema más incómodo para el Gobierno: mañana no tendrá que defender solamente sus facultades legislativas. Tendrá que demostrar que existe, efectivamente, un gobierno detrás de ellas.

Obras son amores, son palabras, son show

𝑼𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒆𝒗𝒆 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒏𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒄𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂

Que el llamado "alcalde dibujito" haya enviado una excavadora para derribar un mural pintado por niños —lleno de flores, girasoles y el sol naciente del Japón— es una de las imágenes más elocuentes de la política limeña municipal reciente. No porque se trate únicamente de una controversia sobre una obra pública, sino porque obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar un gobernante convencido de que construir basta para justificar cualquier decisión.

Fuente: Composición de Infobae (ver aquí)

La escena tiene como protagonista a Franco Vidal, alcalde de Ate con apenas treinta años, convertido en una de las figuras políticas de mayor crecimiento en redes sociales y que ya habla de disputar la presidencia de la República en 2031. Para entender por qué un alcalde distrital puede alimentar semejante ambición no basta mirar TikTok o Kick. Hay que mirar una tradición política mucho más antigua.

Durante décadas Lima se construyó bajo un pacto tácito. Primero llegaron los asentamientos humanos; y después de los votos, aparecieron la luz, el agua, el desagüe y las pistas. La obra pública no solo resolvía necesidades: legitimaba a quien la ejecutaba. Ese pacto sobrevivió al crecimiento de la ciudad y terminó convirtiéndose en una forma de hacer política.

Ricardo Belmont bautizó una nueva tradición que sobreviviría a varias generaciones de alcaldes: "Obras son amores". La mejor manera de decirle a Lima que se le quería era construir. Construir, esta vez, para movilizarse. El Trébol de Monterrico, el túnel de la Plaza Dos de Mayo y los dos puentes sobre el Rímac que enlazaron El Agustino con San Juan de Lurigancho fueron mucho más que infraestructura: fueron la demostración tangible de ese afecto político.

Luis Castañeda Lossio llevó esa idea un paso más allá. Su lema fue "Mis obras son mis mejores palabras". Mientras las denuncias de corrupción crecían, él prefería responder con la construcción de pasos a desnivel, escaleras amarillas en los cerros y puentes peatonales antes que con conferencias de prensa. Una innovación que llevó su sello fue la creación de los Hospitales de la Solidaridad, que permitió ampliar el acceso de miles de limeños a servicios de salud de bajo costo. El mensaje era claro: las obras hablaban por él. Fue precisamente en esos años cuando terminó de instalarse en el imaginario popular la lógica del alcalde que "roba, pero hace obra", aunque él siempre rechazó esa frase.

Rafael López Aliaga heredó esa tradición, pero incorporó un elemento distinto: la velocidad. Su marca de gobierno ha sido demostrar que las obras pueden ejecutarse en tiempo récord, dejando de lado lo que considera una burocracia técnica excesiva y los "trámites caviares" que, según sostiene, mantuvieron paralizada a Lima durante décadas. La culminación de los tramos pendientes de la autopista Ramiro Prialé, el puente a la altura de Las Torres y la Vía Expresa Sur fueron presentados como pruebas de esa capacidad para hacer en meses lo que otros demoraban años. Sin embargo, esa misma apuesta por la celeridad abrió un debate sobre sus costos. Los accidentes registrados en la Vía Expresa Sur, los nuevos cuellos de botella generados al final de la Prialé y las dificultades evidenciadas durante las pruebas del tren donado por Caltrain —desde el descarrilamiento de un vagón hasta la necesidad de adaptar túneles, curvas y futuras estaciones— alimentaron las críticas de quienes advertían que acelerar las obras no podía sustituir la planificación técnica. La obra debía hacerse rápido, aun cuando ello significara asumir después el costo de corregirla.

Franco Vidal representa la siguiente mutación de ese linaje. La obra ya no solo debe ejecutarse ni hablar por sí misma: debe convertirse en espectáculo. Cada intervención se transmite en vivo, cada maquinaria forma parte del contenido que consumen cientos de miles de seguidores y cada inauguración alimenta una comunidad digital que acompaña al alcalde casi en tiempo real. La obra deja de ser solamente infraestructura: también se convierte en contenido. Lo importante ya no es solo construir, ni siquiera construir rápido, sino hacerlo frente a una cámara. Más obras, más show.

Sin embargo, existe una diferencia mucho más importante. Belmont, Castañeda y López Aliaga, con estilos muy distintos, terminaron reconociendo ciertos límites cuando sus proyectos chocaban con comunidades organizadas o con propiedades privadas o públicas formalmente consolidadas. Belmont buscaba acuerdos antes de iniciar grandes intervenciones urbanas; Castañeda terminó retrocediendo frente a la resistencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y López Aliaga modificó el trazo final de la autopista Ramiro Prialé cuando la obra alcanzó el club residencial Los Girasoles de Huampaní.

Pero Vidal parece haber decidido prescindir de esa lógica desde el inicio de su gestión. Amparado en la fuerza de una comunidad digital extraordinariamente movilizada, convirtió la demolición en una marca de gobierno: rejas vecinales, establecimientos privados, viviendas y ahora incluso el patrimonio de una comunidad centenaria.

De allí la importancia del caso de la Asociación Okinawense del Perú. La excavadora municipal ingresó a un complejo privado con más de un siglo de historia, utilizado por cientos de familias para actividades deportivas y culturales, y derribó el cerco decorado con murales elaborados por niños. No era una invasión ni un asentamiento informal. Era una institución con títulos de propiedad que no rechazaba la obra pública, sino que exigía que esta respetara el debido procedimiento.

La controversia terminó trascendiendo al distrito. El Ministerio de Economía desactivó el proyecto de inversión —al determinar que se ejecutaba sobre propiedad privada y no cumplía las normas del sistema de inversiones— y la Municipalidad Metropolitana de Lima retiró a Ate la competencia sobre esa vía. Más allá de los aspectos administrativos, el episodio dejó instalada una pregunta política: ¿Hasta dónde puede llegar un alcalde cuando la obra pública se convierte en la principal fuente de legitimidad?

La interrogante resulta todavía más relevante porque Vidal ya no es solamente un alcalde distrital. Como otros burgomaestres del país, busca proyectarse más allá de su jurisdicción apoyado en una combinación de obras visibles y comunicación directa con la ciudadanía. En su caso, las redes sociales amplifican esa estrategia hasta convertirlo en un fenómeno político que la clase dirigente limeña todavía parece subestimar. Hace apenas unas semanas recorrió el sur del país acompañado de un popular streamer, congregando —según registros difundidos en sus propias redes— multitudes de jóvenes en plazas y parques de Tacna, Moquegua y Arequipa.

Quizá el debate de fondo no sea Franco Vidal, sino el modelo político que representa. Durante décadas los limeños aprendieron a valorar a sus alcaldes por las obras que dejaban, sobre todo por aquellas que reducían el tiempo perdido en una ciudad cada vez más congestionada. Ese criterio permitió cerrar brechas largamente postergadas, pero también fue desplazando una pregunta igualmente importante: ¿Cómo se hicieron esas obras y qué límites estaba dispuesto a respetar quien las ejecutaba?

Tal vez esa sea la verdadera evolución de este linaje de alcaldes. Cada época encontró una manera distinta de legitimar al alcalde que hacía obra. Primero fue el afecto. Después el silencio. Luego la celeridad. Hoy es el espectáculo.

Obras son amores. Obras son palabras. Obras son show.

Cada etapa amplió un poco más el poder de quien construía. La pregunta que deja abierta Franco Vidal es si, en ese recorrido, también hemos ido desplazando los límites que ese poder debería respetar. Porque si la obra termina justificándolo todo, la discusión ya no será quién construye más, sino qué estamos dispuestos a permitir en nombre de quien construye. La respuesta no la dará Ate ni Franco Vidal. La darán los peruanos cuando decidan si este linaje termina en un municipio en las próximas elecciones regionales y municipales 2026... o si continúa desde Palacio de Gobierno en 2031.