El costo de no saber quién manda a quién

A pocas horas de que Galarreta sustente las facultades legislativas ante la Cámara de Diputados, el gobierno de Keiko Fujimori no necesita que la oposición lo desgaste: se desgasta solo.

En apenas una semana de agosto se acumularon cinco episodios que revelan un mismo patrón: ministros y presidenta hablando en direcciones distintas sobre los mismos asuntos, en público y sin que parezca existir un libreto común antes de salir a cámara.

1. El LUM. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, propuso trasladar el Lugar de la Memoria del Ministerio de Cultura al suyo, alegando que necesita "un relato moderado". El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, lo desautorizó públicamente: los museos, dijo, son competencia de su cartera; "lo demás son opiniones". Hasta hoy no hay decreto ni pronunciamiento de la propia Keiko. Dos ministros discutiendo en la prensa sobre una decisión que, en cualquier caso, ninguno de los dos puede tomar por sí solo.

2. Los trenes. El ministro de Transportes, Rafael Rey, aseguró que los vagones donados por Caltrain fueron en realidad comprados por la Municipalidad de Lima, contradiciendo la versión que López Aliaga sostuvo durante años. Keiko salió después, en un live de TikTok, a zanjar el tema en sentido contrario al de su propio ministro: "Por supuesto que se van a hacer. Los trenes en este momento se encuentran en ProInversión". Ninguno mencionó al otro.

Y el proyecto sigue dependiendo de una concesión —la de Ferrovías Central Andina— que ni Rey ni la presidenta han resuelto y que, además, es una de las piezas que el propio paquete de facultades busca destrabar.

3. El Fenómeno del Niño. El ministro de Economía, Elmer Cuba, pidió "no exagerar por un poco de agua en las rodillas" mientras el sur de Lima colapsaba por una lluvia intensa el domingo. La presidenta lo corrigió en cámara, parada en la misma zona de emergencia: "el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño". Cuba se disculpó horas después.

4. Inflación de combustibles. El subsidio al diésel para transportistas fue anunciado el 14 de agosto último. Este será destinado a mototaxis y peque-peques de la selva —"por primera vez en la historia", anunció Keiko— depende de un registro de beneficiarios que todavía no existe y que, según los propios gremios, requiere coordinación con las municipalidades.

Construir ese padrón desde cero, con alcaldes como filtro, es justamente el tipo de intermediación que en el Perú suele terminar costando más de lo que debería.

5. La Remuneración Mínima Vital. El aumento a S/1,300 —en dos tramos, S/100 y S/70— ya fue anunciado por la propia presidenta durante su discurso inaugural ante el Congreso. Lo que queda pendiente es el ritual: Sheput convoca al CNTPE para "buscar consenso" entre sindicatos y empresarios, aunque él mismo ha aclarado que "la palabra final la tiene el Gobierno" y que, si no hay acuerdo, "igual el Gobierno va adelante".

Es difícil imaginar una mesa de diálogo con menos incentivos para dialogar. Si el resultado ya está decidido, a los sindicatos les conviene bloquear el quórum antes que legitimar con su presencia una cifra que ellos no negociaron.

La ironía de fondo es todavía mayor: en campaña, Keiko llamó "aplauso fácil" y "populista" a la propuesta de Roberto Sánchez de elevar el sueldo mínimo a S/1,500. Quince días después de jurar, convirtió una versión propia de esa misma idea en una de sus primeras medidas.

Cinco episodios, un mismo patrón.

El problema no parece ser simplemente de comunicación. Es algo más elemental: el gobierno todavía no parece haber resuelto quién decide qué, ni quién habla en nombre de quién.

La presidenta termina interviniendo después de los hechos: corrige públicamente a sus propios ministros, contradice sus versiones o anuncia medidas que el aparato del Estado todavía no parece saber cómo implementar.

Y sobre ese escenario le toca mañana a Galarreta hacer, él solo y desde la tribuna, el trabajo de ordenar lo que cinco ministros y una presidenta no han conseguido ordenar en tres semanas.

No obstante, hay aquí, una paradoja institucional.

Si el Congreso anterior no hubiera desactivado la investidura obligatoria, mañana sería el día en que la Cámara de Diputados tendría que definir con votos —y no solo con declaraciones— si respalda a este gobierno.

Sin esa obligación, ¿Qué le queda realmente a Galarreta?

Pechar solamente.

Y hacerlo sabiendo que, del otro lado, nadie está obligado a responderle.

Ese quizá sea el problema más incómodo para el Gobierno: mañana no tendrá que defender solamente sus facultades legislativas. Tendrá que demostrar que existe, efectivamente, un gobierno detrás de ellas.

El parlamentarismo que ya gobierna

No fue la paralización de los transportistas, ni la expulsión de Butters de Puno, ni mucho menos el atentado contra Agua Marina. Esas han sido excusas. La verdadera razón por la que este Congreso permitió la designación de Jerí como presidente interino de la República es la misma que lo llevó a presidir la Mesa Directiva: su desempeño al frente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Presidir dicha comisión no es poca cosa. Requiere saber negociar y repartir, priorizar y construir acuerdos. Es un espacio donde se mide la verdadera capacidad política de un congresista, y Jerí supo demostrarla con eficacia. Su habilidad para distribuir los recursos presupuestales generó lealtades, y esas mismas lealtades hoy le permiten asumir la conducción del país.

Podría decirse, más bien, que ha vuelto a repartir las cartas del presupuesto, esta vez desde Palacio. En ese sentido, la demora en la designación de representantes ante los ministerios recuerda la los tiempos y las formas en que se distribuyen las comisiones parlamentarias entre bancadas cada vez que se inicia una legislatura. Algo que se hace todos los años sin mayor drama.

Aunque la Constitución modificada hasta la fecha no reconozca un régimen parlamentarista, lo cierto es que el Perú vive ya bajo un gobierno de esa naturaleza. Los ministerios reflejan cuotas de poder equivalentes a las que dominan en el Congreso, y los equilibrios políticos se miden más en función de esa correlación que de la voluntad del Ejecutivo. 

Resuelto este reparto, será difícil que el Congreso retire el respaldo al presidente interino durante este vibrante periodo electoral. La canalización de recursos públicos será funcional a la inauguración de obras por aquí y por allá. “El gato del despensero”, dicen algunos. Yo prefiero decir que hemos consolidado un parlamentarismo de facto, sin haberlo reconocido formalmente.

Sin embargo, esta evolución institucional exige formalización. Es necesario reformar la Constitución para asignar responsabilidades políticas explícitas a las bancadas que hoy gestionan recursos a través de los ministerios que controlan. La sociedad debe saber quiénes están detrás de cada sector para que asuman, con nombre y apellido, los aciertos y los errores de su conducción. Solo así se podrá limitar el oportunismo y recuperar el principio de racionalidad que debe regir el gasto público: los soles invertidos deben generar valor público, no solo rentas electorales.

Mientras ello no ocurra, el Estado seguirá siendo visto como un botín, y quien ocupe Palacio de Gobierno no será más que un primer ministro contingente, removible sin drama conforme satisfaga —o no— el apetito de las fuerzas parlamentarias.

En el fondo, lo que parece caos y precariedad del Ejecutivo no es más que la rutina silenciosa del Congreso: un almuerzo apacible que se sirve hace varios años, desde que comenzaron los gobiernos minoritarios y los presidentes sin mayoría.

Por eso creo que estas elecciones son, en realidad, simbólicas. Porque el poder efectivo ya está asentado en el Congreso y lo más probable es que sea reelegido bajo nuevos rostros y partidos, pero con las mismas lógicas. La única diferencia será que el Congreso que nazca después de marzo será más poderoso que nunca. Con un Senado todopoderoso que no podrá ser tocado ni con el pétalo de una flor.

Y entonces, ya no necesitaremos una generación Z que nos salve, sino todas las letras del abecedario juntas para impulsar un verdadero cambio: no para que el poder vuelva al Ejecutivo, que ahora se parece más a un premiarato, sino para formalizar las responsabilidades del Congreso en su actual papel de gobierno ante la ciudadanía.