La economía política de la incertidumbre electoral

La elección presidencial ya ocurrió.

Millones de peruanos hemos acudido a las urnas el domingo y emitimos nuestro respectivo voto. Sin embargo, varios días después seguimos inmersos en una intensa discusión pública sobre quién terminará ganando la elección.

¿Cómo es posible?

La respuesta es sencilla: lo que hoy discutimos ya no son los votos. Discutimos expectativas.

Apenas concluyó la jornada electoral, los conteos rápidos de las principales encuestadoras mostraron una elección extraordinariamente ajustada. Conforme avanzó el conteo oficial de la ONPE ocurrió algo que muchos especialistas habían anticipado: la ventaja inicial que favorecía a un candidato fue reduciéndose hasta ser superada por su contendiente.

Hasta ese momento, la discusión giraba alrededor de los resultados observados.

Pero ayer se produjo un quiebre, acarreando un debate distinto.

Aparecieron simulaciones matemáticas. Surgieron proyecciones sobre el peso de las actas observadas. Se difundieron análisis sobre el comportamiento probable del voto en el extranjero. Circularon audios, comentarios de especialistas y modelos estadísticos que intentaban anticipar el resultado final antes de que concluyera el conteo oficial.

De pronto, la conversación pública dejó de concentrarse en los votos efectivamente contabilizados. Ahora estamos concentrados en los pocos votos que aún faltan contar.

La diferencia parece pequeña, pero es enorme.

Como economista, este fenómeno me resulta familiar. Los mercados financieros funcionan sobre expectativas. Las empresas invierten sobre expectativas. Los consumidores toman decisiones sobre expectativas. El dólar sube y baja no solo con los hechos, sino con lo que los agentes creen que ocurrirá. Una parte importante de la economía moderna consiste precisamente en administrar la incertidumbre —y en entender que las expectativas tienen consecuencias tan reales como los hechos que las originan.

La política no es muy distinta.

En una elección tan ajustada como la que estamos viviendo, las expectativas comienzan a adquirir una relevancia extraordinaria. Los modelos intentan anticipar el futuro. Los analistas construyen escenarios. Los medios difunden proyecciones. Los ciudadanos buscan señales que les permitan reducir la incertidumbre. Es una reacción perfectamente natural ante lo que no se puede aún verificar.

El problema es que las expectativas tienen una característica peculiar: pueden independizarse de los hechos. Una vez instaladas, comienzan a producir emociones propias —optimismo en unos, preocupación en otros— y cuando finalmente se revela la realidad, la reacción de las personas no depende únicamente del resultado observado, sino también de las expectativas que habían construido previamente.

Por eso una elección extremadamente ajustada puede convertirse en un terreno fértil para la polarización. Quienes creen que su candidato terminará ganando reciben cada nueva proyección como una confirmación. Quienes creen lo contrario hacen exactamente lo mismo. Poco a poco, el debate deja de girar alrededor de la evidencia disponible y empieza a organizarse alrededor de escenarios futuros que todavía nadie puede verificar.

Las redes sociales amplifican este fenómeno a una velocidad extraordinaria. Una simulación estadística, una declaración pública, una plataforma de apuestas o una proyección electoral pueden modificar en cuestión de minutos el estado de ánimo de miles de personas. Ninguno de esos elementos cambia los votos ya emitidos. Pero sí puede cambiar las expectativas acerca de esos votos. Y las expectativas tienen consecuencias políticas.

Aquí reside el núcleo del problema: cuando las expectativas se alejan demasiado de los resultados finalmente observados, aparece la frustración. Y cuando la frustración se combina con una sociedad altamente polarizada —como es hoy la nuestra—, el riesgo de conflicto aumenta.

Y los primeros cantos de batalla —los gritos de fraude, las exigencias de que se respeten "los verdaderos resultados"— ya han comenzado a escucharse.

Por eso resulta tan importante distinguir entre observación y expectativa. La observación nos dice qué sabemos. La expectativa nos dice qué creemos que ocurrirá. Ambas son útiles. Pero no son lo mismo, y confundirlas tiene costos.

Los modelos son herramientas valiosas. Las simulaciones también lo son. Los análisis prospectivos lo son mucho más. Nos ayudan a navegar la incertidumbre y a entender escenarios posibles. Pero no eliminan la incertidumbre. Esa es una lección que vale tanto para la economía como para la política.

En las últimas horas varias personas me han preguntado quién creo que terminará ganando la elección. Supongo que esperan una respuesta sólida y certera porque me dedico profesionalmente al análisis económico y estadístico. Sin embargo, mientras escucho pronósticos, reviso modelos y observo cómo las expectativas se multiplican en todas direcciones, recuerdo una advertencia que John Maynard Keynes dejó sobre el futuro y la incertidumbre. A veces, la respuesta más rigurosa —y también la más honesta— sigue siendo la más incómoda:

Simplemente no sabemos.

La tercera vuelta

Los resultados de la segunda vuelta presidencial aún deben ser confirmados por las autoridades electorales. Sin embargo, si la experiencia reciente sirve de referencia, es probable que los conteos rápidos vuelvan a demostrar el alto nivel de precisión que los ha caracterizado durante las últimas décadas.

En esta oportunidad, no fue una sola empresa la que presentó una proyección. Tanto Ipsos como Datum realizaron conteos rápidos independientes y, aunque con diferencias en la magnitud de la ventaja observada, ambas coincidieron en señalar una elección extraordinariamente ajustada y una ligera ventaja para Roberto Sánchez.

Naturalmente, ninguna proyección estadística reemplaza al resultado oficial. Pero la coincidencia entre ejercicios independientes sugiere que la principal incertidumbre ya no se encuentra en la estimación estadística del resultado, sino en la gestión institucional de las controversias que puedan surgir durante su validación oficial.

Paradójicamente, la discusión pública parece haberse desplazado del conteo de los votos hacia otro terreno. Ya no se debate únicamente quién obtuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos. La atención comienza a concentrarse en las instituciones que deberán resolver las controversias derivadas del proceso electoral. Es allí donde aparece lo que podríamos llamar la tercera vuelta.

La primera vuelta ocurrió en abril. La segunda vuelta se desarrolló en las urnas. La tercera vuelta se librará en expedientes, recursos, apelaciones, conferencias de prensa, entrevistas, redes sociales y titulares periodísticos. Su principal protagonista ya no será uno de los candidatos presidenciales, sino el Jurado Nacional de Elecciones.

La noche electoral ofreció una secuencia particularmente interesante de observar.

A las cinco de la tarde, Ipsos y Datum presentaron los resultados de su conteo rápido. Ipsos lo hizo por encargo de Transparencia y en colaboración con el National Democratic Institute (NDI). Poco después, Roberto Sánchez apareció en la Plaza San Martín en un acto espontáneo donde transmitió optimismo respecto a los resultados presentados, pero también llamó a sus simpatizantes a defender cada voto emitido.

Más tarde, Keiko Fujimori realizó su propia declaración pública. Recogió la caracterización de empate técnico presentada por las encuestadoras, y acto seguido convocó a sus personeros a defender cada voto y añadió un cuestionamiento a la capacidad de una muestra relativamente pequeña para representar el universo nacional de mesas electorales.

La convocatoria a los personeros no tiene nada de extraordinario. Forma parte del funcionamiento normal de cualquier democracia. Los personeros existen precisamente para vigilar el proceso electoral, registrar incidencias y defender los votos de sus organizaciones políticas. Sin embargo, el episodio revela algo más profundo.

La discusión pública se estaría desplazando desde el conteo de los votos hacia los mecanismos encargados de validarlos. La pregunta dejará de ser únicamente quién recibió más respaldo electoral y pasará a convertirse en una discusión sobre cómo se resolverán las controversias posteriores. De esta manera se habría inaugurado el inicio de la tercera vuelta.

En este punto, conviene recordar una cuestión fundamental. El Jurado Nacional de Elecciones no elige presidentes. La legislación peruana establece una regla sencilla para la segunda vuelta: gana quien obtiene más votos válidos. Incluso si la diferencia fuera de un solo voto. La función del JNE no consiste en escoger entre dos candidatos, sino en resolver las controversias que puedan surgir durante el escrutinio aplicando las normas electorales previamente establecidas.

La diferencia parece técnica, pero es fundamental. En una elección cerrada, el problema no es que aumente la importancia del JNE. El problema es que muchos ciudadanos comienzan a atribuirle un poder que en realidad no tiene. Cuando se instala la idea de que el árbitro decidirá quién será presidente, cada resolución deja de evaluarse por sus fundamentos jurídicos y comienza a interpretarse como una toma de posición política.

La experiencia reciente en la definición de quien quedó en segundo lugar en las elecciones de la primera vuelta demuestra lo delicado que puede resultar este proceso.

En las elecciones presidenciales de 2016 y 2021, y junto con la reciente experiencia de la primera vuelta de 2026, cada proceso extremadamente ajustado parece haber aumentado el nivel de exposición pública y cuestionamiento hacia las instituciones encargadas de administrar las elecciones.

No se trata de afirmar que toda crítica sea ilegítima. Las instituciones democráticas deben estar sujetas al escrutinio ciudadano. El problema aparece cuando el cuestionamiento deja de concentrarse en decisiones específicas y comienza a erosionar sistemáticamente la confianza en el árbitro mismo.

En ese momento, la discusión deja de ser electoral para convertirse en institucional.

La experiencia de la primera vuelta presidencial de este año constituye una advertencia importante. Las autoridades electorales fueron sometidas a una presión política, mediática y ciudadana pocas veces vista en las últimas décadas. Cada resolución fue examinada al detalle. Cada declaración pública fue interpretada políticamente. Cada demora fue presentada como evidencia de algo más profundo.

La segunda vuelta encuentra al Jurado Nacional de Elecciones plenamente consciente de ese escenario. Por ello, la tercera vuelta no será únicamente una batalla jurídica. Será también una batalla institucional.

El primer frente será legal. Los recursos, observaciones, apelaciones e impugnaciones deberán resolverse conforme a ley. El segundo frente será comunicacional. Cada declaración de las autoridades electorales será examinada bajo una lupa política. El tercer frente será mediático. Las decisiones del JNE no solo serán discutidas en expedientes. También serán debatidas diariamente en programas de televisión, redes sociales y espacios de opinión.

Pero existe un cuarto frente que probablemente sea el más importante de todos: la legitimidad institucional. En una sociedad polarizada, las instituciones corren el riesgo de ser evaluadas no por la calidad de sus decisiones, sino por las consecuencias políticas de estas. Una misma resolución puede ser presentada como una muestra de imparcialidad por unos y como evidencia de sesgo por otros. Esa es la verdadera prueba que enfrentará el Jurado Nacional de Elecciones durante las próximas semanas.

La historia peruana ofrece una advertencia que vale la pena recordar.

La crisis electoral de 1962 no solo estuvo marcada por una controversia sobre los resultados. También estuvo acompañada por un progresivo deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de administrarlos. El problema dejó de ser quién había obtenido más votos y pasó a ser quién tenía legitimidad para arbitrar el conflicto. El desenlace fue una ruptura institucional que interrumpió el proceso democrático.

Más de seis décadas después, el Perú enfrenta circunstancias completamente distintas, pero una preocupación que resulta familiar. Cuando la discusión pública deja de concentrarse en los votos y comienza a concentrarse en la legitimidad de los árbitros, la democracia entra en una zona de riesgo.

La década 2016-2026 también puede leerse como una década de creciente fragilidad institucional. Elecciones extremadamente ajustadas, conflictos permanentes entre poderes del Estado, vacancias presidenciales, un cierre del Congreso, cambios sucesivos de gobierno y una polarización cada vez más intensa han erosionado la confianza pública en las instituciones democráticas.

No se trata de atribuir responsabilidades exclusivas a una persona o a una organización política. Se trata de reconocer que la desconfianza institucional se ha convertido en uno de los principales desafíos de la democracia peruana.

Las crisis de confianza rara vez terminan cuando concluye una elección.

Por ello, el principal desafío del Jurado Nacional de Elecciones no será únicamente resolver correctamente los recursos que lleguen a sus manos. Será preservar la confianza pública mientras los resuelve.

La tercera vuelta no consiste en determinar quién obtuvo más votos. Esa respuesta ya fue dada por millones de ciudadanos en las urnas. La tercera vuelta consiste en lograr que las controversias electorales continúen resolviéndose dentro de las instituciones democráticas y no fuera de ellas.

Las democracias no fracasan porque existan desacuerdos. Los desacuerdos son parte natural de la política. Las democracias fracasan cuando los desacuerdos dejan de resolverse mediante reglas compartidas.

Durante las próximas semanas, el Perú pondrá a prueba no solamente la fortaleza de sus organismos electorales, sino también su capacidad para convivir en medio de profundas diferencias políticas.

La democracia peruana no se fortalecerá porque gane uno u otro candidato. Se fortalecerá si quienes pierdan reconocen la legitimidad de las reglas y si quienes ganen entienden que las instituciones electorales no existen para favorecer a ningún sector político, sino para garantizar que prevalezca la voluntad popular.

La tercera vuelta que hoy comienza será una prueba para el Jurado Nacional de Elecciones. Pero también será una prueba para todos nosotros. Porque después de las elecciones seguiremos compartiendo el mismo país, y ninguna democracia puede prosperar cuando la desconfianza hacia sus instituciones termina siendo más fuerte que la voluntad de convivir bajo reglas comunes.

El Perú trabaja principalmente con sus mayores de 45 y los jóvenes no parecen ser el plan B

Entre el primer trimestre de 2022 y el primero de 2026, el empleo de jóvenes de 14 a 24 años cayó en más de 420 mil personas. En ese mismo período, el grupo de trabajadores de 45 años y más creció en cerca de 870 mil. El grupo intermedio —los de 25 a 44 años— permaneció prácticamente estancado.

Los datos son de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI. Son fríos, precisos y revelan algo que el debate público peruano todavía no ha procesado: el crecimiento del empleo ya no proviene de los jóvenes. Proviene de los trabajadores de mayor edad. La fuerza laboral peruana está envejeciendo, y lo está haciendo en silencio.

El debate sobre las pensiones que llegó tarde y mal planteado

Durante décadas, la discusión sobre el envejecimiento en el Perú giró en torno a un eje único: las pensiones. ¿Cómo financiar la vejez de una población que crece? ¿Sistema público o privado? ¿AFP o ONP? ¿Un modelo multipilar que combine a ambos? El problema es que esa discusión —legítima y necesaria— empezó a librarse cuando el país ya había perdido el momento más favorable para resolverla.

El Censo 2025 y las proyecciones de Naciones Unidas confirman lo que las tendencias ya anticipaban: la fecundidad peruana ha caído por debajo del nivel de reemplazo y la esperanza de vida sigue aumentando. Hacia 2042 aproximadamente, los nacimientos dejarán de compensar las muertes anuales. El país habrá ingresado formalmente en una nueva etapa demográfica.

Seguir discutiendo el envejecimiento únicamente en clave pensionaria es como debatir qué clase de techo necesitamos cuando ya está lloviendo adentro. No se trata de incrementarlas o de universalizarlas sino tenemos claro cómo vamos a financiar una o ambas propuestas. Las pensiones son una parte del problema —y una parte sin resolver—, pero no agotan lo que está ocurriendo. El mercado laboral ya cambió. Las cifras lo muestran. El debate no lo ha seguido.

Dos razones para trabajar —y solo hemos estado viendo a una

Las investigaciones sobre el empleo en adultos mayores peruanos han documentado una realidad persistente: la cobertura insuficiente de salud y pensiones aumenta significativamente la probabilidad de que una persona continúe trabajando después de la edad de jubilación. La interpretación convencional es directa: si siguen trabajando, es porque no pueden darse el lujo de parar.

Esa interpretación es parcialmente correcta, pero no abarca la totalidad del trabajo de los mayores.

Existe, en efecto, un grupo importante que trabaja por necesidad. Son personas sin pensión adecuada, cuyos ingresos de jubilación no alcanzan para sostener un nivel de vida digno. Para ellas, retirarse no es una opción: es una caída.

Pero existe otro grupo que el debate público sistemáticamente ignora. Son profesionales, docentes universitarios, médicos, investigadores, consultores e ingenieros que, pudiendo jubilarse legalmente, eligen no hacerlo. No porque carezcan de ingresos, sino porque todavía tienen algo que la economía necesita: conocimiento acumulado, criterio de largo plazo, capacidad para resolver problemas complejos que no se aprenden en un aula ni se adquieren en pocos años.

Confundir ambos grupos tiene un costo alto. Si asumimos que todo adulto mayor que trabaja es víctima de la pobreza, terminaremos tratando como carga lo que en realidad es un activo. Y si asumimos que todos trabajan por elección, ignoraremos a quienes continúan laborando porque simplemente no tienen otra salida.

La política pública peruana ha cometido, históricamente, ambos errores a la vez.

El desperdicio silencioso

Los sistemas de jubilación conocidos fueron diseñados para economías donde predominaba el trabajo físico. En ese contexto, era razonable suponer que la productividad disminuía con la edad por desgaste acumulado. Esa suposición tenía sentido en los años cincuenta. Pero tiene mucho menos sentido hoy.

La economía peruana es crecientemente intensiva en servicios y conocimiento. En ese tipo de economía, la experiencia no es un lastre: es una ventaja competitiva. La capacidad para leer contextos institucionales complejos, formar nuevas generaciones, anticipar consecuencias de segundo orden o sostener relaciones de largo plazo suele crecer —no disminuir— con los años.

Cuando un sistema pensionario mal diseñado expulsa a profesionales productivos del mercado laboral por razones puramente administrativas —la edad—, no está protegiendo el bienestar social. Está destruyendo valor. El Perú necesitará cada vez más ese capital humano acumulado por encima de los 60 años, y sigue sin construir las condiciones para aprovecharlo.

El nuevo contrato que el Perú no ha discutido

El verdadero desafío no es solo cómo sostener a una población adulta mayor más numerosa. Es cómo rediseñar el vínculo entre trabajo, edad y protección social para que deje de ser una trampa —en cualquiera de sus dos formas: la trampa de quien no puede parar, y la trampa de quien quiere seguir pero el sistema no lo permite.

Eso requiere al menos tres conversaciones que el país aún no está teniendo con la seriedad necesaria: la reforma de los mecanismos de acreditación y reinserción laboral para trabajadores mayores; la flexibilización de los sistemas de retiro para permitir combinaciones entre pensión parcial y trabajo activo; y el reconocimiento explícito, en las políticas de empleo, de que la experiencia es un factor productivo tan legítimo como la juventud.

Las cifras de la EPEN muestran que el cambio ya ocurrió. El trabajador peruano promedio es mayor, y seguirá siéndolo. La pregunta no es si el país envejecerá porque la realidad es que ya está envejeciendo. Lo que resta entonces es si decidiremos convertir ese proceso en un problema de sostenibilidad fiscal, o en una oportunidad de productividad que todavía no hemos aprendido a ver y valorar.