El Perú trabaja principalmente con sus mayores de 45 y los jóvenes no parecen ser el plan B

Entre el primer trimestre de 2022 y el primero de 2026, el empleo de jóvenes de 14 a 24 años cayó en más de 420 mil personas. En ese mismo período, el grupo de trabajadores de 45 años y más creció en cerca de 870 mil. El grupo intermedio —los de 25 a 44 años— permaneció prácticamente estancado.

Los datos son de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI. Son fríos, precisos y revelan algo que el debate público peruano todavía no ha procesado: el crecimiento del empleo ya no proviene de los jóvenes. Proviene de los trabajadores de mayor edad. La fuerza laboral peruana está envejeciendo, y lo está haciendo en silencio.

El debate sobre las pensiones que llegó tarde y mal planteado

Durante décadas, la discusión sobre el envejecimiento en el Perú giró en torno a un eje único: las pensiones. ¿Cómo financiar la vejez de una población que crece? ¿Sistema público o privado? ¿AFP o ONP? ¿Un modelo multipilar que combine a ambos? El problema es que esa discusión —legítima y necesaria— empezó a librarse cuando el país ya había perdido el momento más favorable para resolverla.

El Censo 2025 y las proyecciones de Naciones Unidas confirman lo que las tendencias ya anticipaban: la fecundidad peruana ha caído por debajo del nivel de reemplazo y la esperanza de vida sigue aumentando. Hacia 2042 aproximadamente, los nacimientos dejarán de compensar las muertes anuales. El país habrá ingresado formalmente en una nueva etapa demográfica.

Seguir discutiendo el envejecimiento únicamente en clave pensionaria es como debatir qué clase de techo necesitamos cuando ya está lloviendo adentro. No se trata de incrementarlas o de universalizarlas sino tenemos claro cómo vamos a financiar una o ambas propuestas. Las pensiones son una parte del problema —y una parte sin resolver—, pero no agotan lo que está ocurriendo. El mercado laboral ya cambió. Las cifras lo muestran. El debate no lo ha seguido.

Dos razones para trabajar —y solo hemos estado viendo a una

Las investigaciones sobre el empleo en adultos mayores peruanos han documentado una realidad persistente: la cobertura insuficiente de salud y pensiones aumenta significativamente la probabilidad de que una persona continúe trabajando después de la edad de jubilación. La interpretación convencional es directa: si siguen trabajando, es porque no pueden darse el lujo de parar.

Esa interpretación es parcialmente correcta, pero no abarca la totalidad del trabajo de los mayores.

Existe, en efecto, un grupo importante que trabaja por necesidad. Son personas sin pensión adecuada, cuyos ingresos de jubilación no alcanzan para sostener un nivel de vida digno. Para ellas, retirarse no es una opción: es una caída.

Pero existe otro grupo que el debate público sistemáticamente ignora. Son profesionales, docentes universitarios, médicos, investigadores, consultores e ingenieros que, pudiendo jubilarse legalmente, eligen no hacerlo. No porque carezcan de ingresos, sino porque todavía tienen algo que la economía necesita: conocimiento acumulado, criterio de largo plazo, capacidad para resolver problemas complejos que no se aprenden en un aula ni se adquieren en pocos años.

Confundir ambos grupos tiene un costo alto. Si asumimos que todo adulto mayor que trabaja es víctima de la pobreza, terminaremos tratando como carga lo que en realidad es un activo. Y si asumimos que todos trabajan por elección, ignoraremos a quienes continúan laborando porque simplemente no tienen otra salida.

La política pública peruana ha cometido, históricamente, ambos errores a la vez.

El desperdicio silencioso

Los sistemas de jubilación conocidos fueron diseñados para economías donde predominaba el trabajo físico. En ese contexto, era razonable suponer que la productividad disminuía con la edad por desgaste acumulado. Esa suposición tenía sentido en los años cincuenta. Pero tiene mucho menos sentido hoy.

La economía peruana es crecientemente intensiva en servicios y conocimiento. En ese tipo de economía, la experiencia no es un lastre: es una ventaja competitiva. La capacidad para leer contextos institucionales complejos, formar nuevas generaciones, anticipar consecuencias de segundo orden o sostener relaciones de largo plazo suele crecer —no disminuir— con los años.

Cuando un sistema pensionario mal diseñado expulsa a profesionales productivos del mercado laboral por razones puramente administrativas —la edad—, no está protegiendo el bienestar social. Está destruyendo valor. El Perú necesitará cada vez más ese capital humano acumulado por encima de los 60 años, y sigue sin construir las condiciones para aprovecharlo.

El nuevo contrato que el Perú no ha discutido

El verdadero desafío no es solo cómo sostener a una población adulta mayor más numerosa. Es cómo rediseñar el vínculo entre trabajo, edad y protección social para que deje de ser una trampa —en cualquiera de sus dos formas: la trampa de quien no puede parar, y la trampa de quien quiere seguir pero el sistema no lo permite.

Eso requiere al menos tres conversaciones que el país aún no está teniendo con la seriedad necesaria: la reforma de los mecanismos de acreditación y reinserción laboral para trabajadores mayores; la flexibilización de los sistemas de retiro para permitir combinaciones entre pensión parcial y trabajo activo; y el reconocimiento explícito, en las políticas de empleo, de que la experiencia es un factor productivo tan legítimo como la juventud.

Las cifras de la EPEN muestran que el cambio ya ocurrió. El trabajador peruano promedio es mayor, y seguirá siéndolo. La pregunta no es si el país envejecerá porque la realidad es que ya está envejeciendo. Lo que resta entonces es si decidiremos convertir ese proceso en un problema de sostenibilidad fiscal, o en una oportunidad de productividad que todavía no hemos aprendido a ver y valorar.

El fenómeno Daniel Peredo

"No logro aún comprender..." me dijo hoy en la mañana un compañero de trabajo. "¿Qué cosa?" Le dije. "... que el comentarista deportivo, el mensajero, llegara a ser más importante que el futbolista". Replicó con holgura mientras yo recién reparaba en la nueva noticia que anunciaba otro homenaje a Daniel Peredo, el célebre comentarista al que un golpe fulminante al corazón se lo llevó tempranamente, dejando no poca conmoción a escala nacional. 

"Tienes razón. Tienes mucha razón. El se ha convertido, curiosamente, en un símbolo de unidad singular entre todos los peruanos. Pero tienes razón nuevamente. Por qué será que se ha vuelto tan importante..." terminé.

Los homenajes no paran. Ingeniosos memes que se repostean en los muros virtuales por doquier, donde se logra apreciar vigorosas imágenes del narrador contando las imaginadas peripecias que el seleccionado peruano haría en Rusia. Un mural dibujado por el artista "Salsa" junto al resto de rostros de la selección mundialista en la calle Atahualpa del Callao, al que el imaginario popular terminará diciendo, es que no eran 11, eran 12 los jugadores junto con Peredo. La municipalidad de Lima anunciando que rendirá tributo a Peredo poniendo su nombre al nuevo polideportivo del Puericultorio Pérez Araníbar. El emergente culto desborda a más no poder sorprendiendo a propios y extraños, convirtiendo sin saber a Daniel Peredo en quizás el nuevo santo nacido al que el hincha rezará porque "un gol más... va a haber". 

Desde España 82, debo confesar, no he seguido el largo y tortuoso trecho por el que ha caminado la selección peruana para clasificar finalmente para el mundial de Rusia 2018. La depresión juvenil post España 82 me dejó sin fuerzas para saborear ese amargo cóctel al que la selección peruana nos pretendía hacer tragar como costumbre de fin de semana: pequeñas victorias pírricas del cero a cero frente a equipos estrellas, seguidas de insufribles derrotas ante equipos internacionales que no sabían tocar una pelota con la gracia con la que sólo lo sabía hacer Perú. 

Sí. Yo no estaba dispuesto a ver repetir la misma historia año tras año: a la felicidad de una victoria con el contador mínimo, le sucedía una o varias derrotas profundas y penosas. Los narradores y titulares nos rellenaban al unísono con los relatos por la búsqueda para salvar el honor, y poco después emergía incólume la cantaleta de que todavía era "matemáticamente posible" pasar o clasificar al siguiente nivel. No había santo ni santa a la cual no haya rezado la hinchada, no había héroe, ni jugador para los nuevos tiempos a cual rogarle que por favor, esta vez sí, logremos la clasificación.

Hasta que de pronto, comencé a escuchar que ahora si, en serio, habían cambios. Primero Gareca. El director técnico que había sacado al Perú del mundial en aquel lejano 1982, ahora estaba de entrenador del equipo peruano con una propuesta sólida para hacerlo clasificar. Cuando se logró y todos lloraron de alegría y emoción, le agradecieron profundamente con decenas de memes que reclamaban se convirtiera en el Presidente del Perú. Un país que no se hace paltas para escoger un presidente de ascendencia japonesa o americana, menos se va a poner a cuestionar la nacionalidad argentina de alguien quien como Gareca, hace ganar a la selección. Es un peruano más. Punto. El problema es que su popularidad bien ganada no le permite convertirse en un héroe nacional. Para que sea héroe, tiene que haber una tragedia bien arraigada en el corazón peruano.

Así, poco tiempo después del júbilo nacional por la clasificación, surgió la historia del último gol decisivo de la clasificación peruana que estuvo a cargo de Paolo Guerrero. Aquel gol, decía este nuevo capítulo de la historia del fútbol peruano, no llevaría a su ejecutor al mundial de Rusia por habérsele encontrado positivo en la prueba antidopping en el mismo partido jugado. El sol se puso en el Perú. Nadie podía explicarse lo sucedido. Con una película biográfica a cuestas, donde se narraba sus orígenes humildes jugando en el Club de Alianza Lima y cómo poco a poco logró ascender hasta convertirse en la estrella que acaparó diversos títulos futbolísticos notables como el del máximo goleador del equipo peruano; nadie podía presagiar la terrible desgracia que sufriría su figura ante tal hecho. El martirio sufrido por Paolo fue compartida por la angustia de todos los peruanos. Yo mismo me ví sofocado por dicho suceso. Tanto en las esquinas, como en los buses, o las cantinas, los peruanos derrocharon cientos de horas en analizar acaloradamente las implicancias de no contar con su bombardero principal. No obstante, la rebaja de la pena anunciada por la FIFA luego de su apelación, han diluido los temores, y Guerrero, será una estrella nuevamente, pero no será un héroe, ni un santo a quien rezar. Era el héroe imperfecto de Jaime Bedoya.

De pronto, en el compás de espera entre el último partido jugado entre Perú y Nueva Zelanda en noviembre último y el inicio del mundial de este año, ocurrió lo inesperado. Murió Daniel Peredo, el narrador de fútbol que vibró junto con todos los peruanos cada minuto de los 90 reglamentarios de los últimos cuatro años, que decía las frases que cualquiera habría dicho si hubiera tenido el mismo micro, que soñaba con narrar la nueva historia del Perú que se escribiría con la catapulta de Rusia hacia el 2021. Al morir, románticamente, no en el set, ni en el palco, sino en la cancha, como una semilla lanzada al campo, podía dar lugar que con su muerte, naciera el héroe que le faltaba al país para la juventud de hoy. Un país desencantado de la política, que no encuentra lugares comunes ni en izquierda ni en derecha, ni en la religión. Una juventud que ve lejana la muerte de Sandro Baylón o los once potrillos que nos hubieran llevado al mundial hace tiempo. Un país que le faltaba a quien rezar al fenómeno perfecto para este mundial "un gol más, va a haber". 

Picos de búsquedas en Google de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Ricardo Gareca, Christian Cueva y Daniel Peredo.
Fuente: Google Trends Perú

El costo del Censo 2017

En tiempos que nuestro país está altamente conectado, es natural esperar que la percepción de la población sea fácilmente impactada por el curso de los hechos de un evento en particular, como lo ha sido el censo, aunque hayan sido casos aislados. Pues tal como han venido ocurriendo las cosas, parece ser que más que casos aislados estamos asistiendo a un censo con serios problemas de organización, pese al gran esfuerzo de voluntariado desplegado por cientos de jóvenes 'empadronadores'.

Las redes han dado cuenta de muchas familias que no fueron visitadas por los censadores, a pesar de vivir en lugares céntricos y accesibles de la ciudad de Lima. Ha habido reportes de falta de materiales para continuar con las entrevistas, pese a que los empadronadores han tenido tiempo para seguir con su tarea. Finalmente, la noticia de algunos casos de violencia contra los entrevistadores ha indignado a la población pues muchos se preguntaban porqué no se aseguró adecuadamente la integridad de los jóvenes. Al parecer, las fuerzas del orden calcularon que bastaba volar uno que otro helicóptero por las alturas de la ciudad para detectar lo que ocurría al interior de las viviendas o los edificios.

Todos estos problemas, junto con la desfachatez de pegar sendos stickers llamativos en las viviendas censadas con la propaganda de varias empresas, han motivado a que muchos nos preguntemos ¿Cuánto ha costado el Censo 2017? ¿Cómo se ha financiado? ¿Se ha pensado en ejecutar un Censo bamba o qué?

Para averiguar los datos de costo presupuestal, he visitado la Web de Transparencia Económica del MEF tanto para el año 2007 como para el 2017. Estos montos aparecen dentro del Presupuesto Institucional del INEI, institución dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros y son reportados en la tabla 1 abajo.

En el primer caso, para el Censo del 2007, el Presupuesto inicial aprobado ascendía a 21 millones de soles. Sin embargo, este presupuesto fue revisado rápida y fuertemente a más de 3 veces el monto original calculado alcanzando los 63 millones de soles. La ejecución alcanzó finalmente los 62 millones lo que implicó un porcentaje de 98.4% con respecto al Presupuesto Modificado.

Para el 2017, el Presupuesto inicial aprobado ascendió a casi 174 millones de soles para realizar el Censo XII de Población y VII de Vivienda. Las modificaciones presupuestarias llevaron el techo presupuestal a gastar a un poco más de 181 millones de soles, un reajuste de apenas 4.2%. Esto significaría que la planificación presupuestal habría sido más consistente que en el 2010. No obstante, lo que finalmente fue ejecutado (devengado) hasta la fecha son 134.3 millones de soles. Esto representa el 74.1% del PIM. Si por presión para mejorar la recopilación de datos se extendiera la contratación de algunos equipos, existe todavía cierta holgura para completar el Censo que ahora tanto se cuestiona.

Tabla 1. Presupuesto de los Censos 2007 y 2017. Fuente: MEF

Una cuestión que costará mucho comprender en términos mediáticos es porqué habría que confiar en los datos recopilados tal como se ha visto, si es evidente que buena parte de la población quedará fuera del conteo. La respuesta se encuentra en que la mayoría de la población se nos ha enseñado a razonar ariméticamente y no estadísticamente. En efecto, a pesar que se ordene inamovilidad perfecta, nunca por nunca se logrará contar al cien por ciento de la población. Siempre habrá un margen de error y la estadística es la ciencia que busca minimizar ese margen para obtener la mejor calidad de datos posible al costo pagado. Veamos como ha evolucionado este error a través de la historia de los Censos del Perú.

Tabla 2. Población Censada y Omitida 1940-2017. Fuente: INEI

Como se puede apreciar, TODOS los censos han tenido un margen de error. Este error estuvo particularmente fuera de control en 1940, pero luego de 20 años, los censos entraron dentro del margen de error aceptable, es decir, menos del 5% de la población total esperada. Para el 2017, ya lo dijo el propio Presidente PPK, que su apuesta era que encontraremos una población de 31 millones y medio de personas. Su apuesta por supuesto es bastante informada, ya que el Boletín Especial de noviembre de 2010 producido por el INEI reportaba una estimación poblacional de 31.8 millones de personas en el Perú.

Aquí es donde yo me atrevo a postular un par de escenarios para ver hasta dónde puede tolerar el país que encontremos errores. Si asumimos que el número de personas omitidas por el Censo asciende al doble de personas que fueron omitidas en el anterior censo tendremos un error máximo de 5%. Esto incluiría la pérdida total de la información censal a recoger en toda la provincia de la Convención cuya población se estima en 180 mil personas aproximadamente. Pero si asumimos que la omisión se va a ir reduciendo con el Plan de Contingencia que seguro debe tener el INEI para los días que siguen, es muy probable que alcancemos un número similar de personas omitidas al Censo del 2007, es decir unas 800 mil unidades. Con este resultado, el error se reduciría a un rango de 2.5% lo que haría que el Censo en términos técnicos haya sido todo un éxito.

¿Y el costo por unidad? En términos estrictamente presupuestales, el costo unitario del presente Censo se ha duplicado con respecto al obtenido el 2007. En efecto, hace diez años, el costo por persona censada había ascendido a un poco más de 2.2 soles por persona, mientras que para este año, dependiendo del grado de control sobre la omisión se tendría un costo un poco más de 4.4 soles. Este resultado, sin embargo, no explica el porqué de los etiquetas con publicidad empresarial como símbolo de vivienda ya censada. De acuerdo con la web de Transparencia, las donaciones comprometidas apenas han representado 0.013% del PIM del Censo 2017 y como se puede apreciar en la tabla, a la fecha de hoy, las empresas participantes sólo han ejecutado un poco menos de 7 mil soles. Es decir, ¿Por 7 mil soles el Estado les ha regalado publicidad gratis y además les va a dar la información personalizada de al menos 30 millones de peruanos? ¡Por favor!

Tabla 3. Fuente de Financiamiento del Censo 2017. Fuente: MEF.

En conclusión, terminaré señalando que es muy probable que este censo sea un éxito, si es que no sobrepasan el nivel de error (omisión) máximo histórico de los últimos cincuenta años. Existen varios comités que se han puesto a trabajar arduamente juntamente con un ejército de voluntarios jóvenes para que este proceso salga bien parado. No obstante, eso no me exime de condenar el aprovechamiento innecesario que han tenido algunas organizaciones privadas que desde su punto de vista han logrado financiar con muy poco dinero el estudio de mercado más grande posible del país con información sensible que ha sido proporcionada por todos los peruanos. Si es información pública, debe tratarse y proveerse a todos los ciudadanos por igual para conocer al país y proponer políticas públicas acordes con su realidad.

Otro punto lamentable es el tema de la seguridad, en especial para las mujeres. Luego de que una empadronadora haya reportado la violación de parte de un censado, mientras que uno o dos helicópteros de las fuerzas del orden se limitaron a merodear a varios metros de altura dizque resguardando a la ciudadanía, no queda más que condenar estos hechos y exigir que el Presidente tome cartas en el asunto de una vez por todas. No es posible que sólo la ciudadanía se indigne y movilice ante estos hechos, mientras que las fuerzas del orden apenas si visibilizan el problema para actuar como corresponde.

Hacia la universidad sin tesis

¿Puede un país desarrollarse si las universidades no promueven la tesis como requisito para otorgar las licenciaturas a sus graduados? Al parecer, a medida que cada vez más se discute la necesidad de que las universidades tengan un papel central en el desarrollo económico y social de sus respectivos países, cada vez menos, los estudiantes peruanos consiguen sus títulos profesionales por cualquier modalidad, excepto por la elaboración de una tesis de investigación. Estamos consolidando masiva y groseramente el modelo de una universidad sin tesis.

¿Por qué los estudiantes no hacen su tesis? Esta pregunta se intenta responder en una investigación realizada por dos investigadores de la Universidad Católica del Perú. La metodología incluyó la revisión comparada de las normativas de otras universidades respecto a este punto, así como entrevistas a grupos focales de profesores y alumnos de las facultades de sociología y literatura de la PUCP. De acuerdo con los hallazgos, ellos recomiendan que (pág. 45):

• Se redefina qué se entiende por una tesis y que se espera de ella. En la actualidad, algunos conciben que la tesis es un trabajo monográfico extenso y sesudo; y otros, sencillamente no están seguros de qué se trata.
  
• Fomentar la investigación como un proceso de diálogo paralelo entre la teoría y la práctica. La tesis no es una receta que hay que seguir paso por paso de manera lineal.
  
• Los planes de estudio de cada facultad deben promover el trabajo de campo.
  
• El asesor debe darle confianza al alumno reconociendo sus esfuerzos como investigador.

A pesar de las conclusiones dadas por el estudio, tengo una suerte de insatisfacción por los resultados de la misma. Esto se debe a que no se han explorado algunas cuestiones más estructurales ocurridas en la historia reciente de la universidad peruana que pudieron haber tenido un efecto significativo en sus respectivos sistemas de acreditación.

En mi opinión, dos han sido los puntos de quiebre más importantes en la promoción de la investigación universitaria: el surgimiento del terrorismo en la universidad durante los ochenta el cual habría opacado las propuestas de la ley universitaria 23733 del 9 de diciembre de 1983; y la reforma de la ley universitaria a través del DL 739 del 8 de noviembre de 1991, el cual flexibilizó las formas de acreditación de los títulos profesionales. En ambos casos el artículo que ha funcionado como pivote es el No. 22 el cual originalmente rezaba así (énfasis mío):

Sólo las Universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor. Además otorgan, a nombre de la Nación, los títulos profesionales de Licenciado y sus equivalentes que tienen denominación propia, así como los de segunda especialidad profesional.
Los grados y los títulos son conferidos por las universidades a propuestas de la respectiva Facultad.
La simple terminación de estudios no autoriza para acceder automáticamente a grado académico ni a título profesional.

En la versión reformulada en 1991, el referido artículo 22 aparece así (énfasis mío):

Sólo las Universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor. Además otorgan en nombre de la Nación, los títulos profesionales de Licenciado y sus equivalentes que tienen denominación propia así como los de segunda especialidad profesional.
Cumplidos los estudios satisfactoriamente se accederá automáticamente al Bachillerato.
El título profesional se obtendrá:
a) A la presentación y aprobación de la tesis; o
b) Después de ser egresado y haber prestado servicios profesionales durante tres años consecutivos en labores propias de la especialidad. Debiendo presentar un trabajo u otro documento a criterio de la Universidad;
c) Cualquier otra modalidad que estime conveniente la Universidad.

El motivo que dio pie a esta reforma era el diagnóstico acertado de que había una elevada proporción de estudiantes 'eternos' o 'viejos' que vivían a expensas de los servicios sociales de la universidad y que, más que estudiar, se dedicaban a la vida política. En muchos casos, estos grupos se convirtieron en células terroristas que crecían rápidamente gracias al descontento social amparados por el modelo normativo universitario vigente hasta entonces.

Con este problema identificado, el gobierno de Fujimori tuvo la idea efectiva de facilitar el egreso de los estudiantes universitarios con una acreditación mínima para que pudieran encontrar empleo fácilmente y evitar así el engrosamiento de las filas de estudiantes que envejecerían encantados por los discursos de los más viejos dirigentes políticos universitarios. Esta herramienta se llamó: el bachillerato automático una vez concluidos los estudios.

El problema de esta reforma fue que la flexibilización, o mejor dicho, el relajamiento en el sistema de acreditación y certificación, cruzó tanto a la universidad pública como la privada. En la actualidad ha llegado a trascender del nivel de pre grado al post grado. Es decir, todos los niveles y espacios universitarios fueron impactados por la reforma de 1991 lo que en la práctica tuvo los siguientes efectos:

• Un deterioro de la calidad de la enseñanza universitaria,
• Un desincentivo a la investigación en la universidad,
• Un incremento de la oferta laboral calificada de bajo costo

Respecto a los dos primeros puntos, este tema es particularmente difícil en nuestro país. La PUCP ha emitido algunas reflexiones sobre el tema buscando resolverlos dentro de sus cuatro paredes que le competen, casi sin éxito. He visto también este problema en la UNI, en el que los alumnos expresan su descontento por este problema todo el tiempo, en tanto que sus administradores parecen no plantearse una solución concreta al respecto. La oportunidad de cambiar el futuro inmediato del país realmente se está perdiendo para cientos o quizá miles de estudiantes que egresan de las aulas universitarias tamizados por un cernidor sin malla.

Respecto al último efecto, este no ha sido suficientemente analizado. Mi explicación es la siguiente: mientras que del lado de los empresarios, se presentaba una mano de obra calificada por el cual se podía pagar menos (ya que de hecho eran profesionales a medio hacer); por el lado de la oferta se extendió la percepción de que no había mayor ganancia por titularse mediante la elaboración de una tesis de investigación. Era un proceso de desgaste al cual era innecesario asumir. Así, el deterioro de la calidad del empleo habría sido un efecto directo de la reforma universitaria de 1991.

La anterior afirmación debe ser probada consistentemente con un estudio que explore las cifras. Cuántas tesis se producían en el pasado, y cuantas luego de la reforma. En la actualidad, sólo disponemos de la información agregados de los titulados sin distinguir la modalidad, los que en promedio bordean el 70% (ver en la ANR). La hipótesis de que se promovió un mayor nivel de empleo gracias a la reforma también debería ser probada. Por otra parte, estimo que si sería fácil probar el deterioro de las remuneraciones pos crisis de fines de los ochenta pero no se cuánto se podrían separar los efectos de la reforma universitaria. Cabe destacar que las Encuestas de Hogares sólo se recoge la respuesta de si la persona en cuestión terminó sus estudios. En ningún caso se pregunta cuál fue la modalidad de obtención del título.

En resumen, es necesario evaluar que tipo de universidad queremos para nuestro país: una que promueva a profesionales con capacidades para interactuar entre la teoría y la práctica y así modificarla; o por el contrario sólo aquellos que son necesarios para aplicar lo que se les dice sin mayor cuestionamiento*. El profesor Figueroa destaca de manera muy particular su sentido de responsabilidad entre la universidad y el desarrollo de un país. No obstante, debería investigarse esto de una manera más profunda para nuestra realidad y proponer una reforma de la ley universitaria que tenga un impacto positivo en el desarrollo de nuestra sociedad.

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* Reza un dicho: "Sólo hay dos tipos de personas que fracasan en la vida, los que no saben hacer lo que se les pide, y los que sólo saben hacer lo que se les pide". Los universitarios que egresan en la actualidad, al parecer, caerían en el segundo grupo de manera masiva.

• Descargar el estudio de por qué los estudiantes no hacen su tesis en el siguiente enlace.
• Descargar la ley universitaria 23733 de 1983 aquí.
• Ver la ley universitaria 23733 con sus modificaciones realizadas en 1991 aquí.
• Ver una propuesta de reforma de la ley universitaria, que no resuelve el problema discutido en este artículo en este enlace.
  
• Descargar el estudio de Figueroa que analiza la relación entre universidad y desarrollo aquí.

Midiendo la pobreza digital

Roxana Barrantes, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, ha publicado una investigación donde analiza el concepto de "pobreza digital" en el Perú. Este texto se encuentra disponible en la web del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y puede descargarse en este enlace.

Según la investigadora, una definición simple de pobreza digital sería "la falta de bienes y servicios basados en Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)". No obstante, esta definición no ha sido suficientemente trabajada. El concepto alternativo más popular ha sido el de "división digital" o "brecha digital" el cual trata acerca de las desigualdades de la población en el acceso y uso de TICs. Este es el enfoque que utiliza el INEI en su reciente Informe Técnico sobre las TICs en los hogares peruanos (ver aquí). De aquí que la autora exprese un concepto más preciso para pobreza digital (pág. 6):

Los individuos digitalmente pobres tienen falta de información y comunicación que sólo son posibles por tecnologias digitales debido a la falta de conocimiento sobre como usarlos, o por una falta de ingresos [...].

[...] Los individuos digitalmente pobres no son solamente personas de bajos ingresos o gente con necesidades básicas insatisfechas sin acceso o uso de TICs; los individuos digitalmente pobres pueden incluir a gente que no podrían llamarse pobres si se evaluaran sus condiciones económicas [...]

De acuerdo con este enfoque, los sectores marginales con bajos ingresos no son los únicos individuos digitalmente pobres. Los individuos digitalmente pobres pueden ser aquellos que no usan TICs debido a la falta de servicios o a la falta de habilidades para usarlos.

Siguiendo este enfoque ella propone cuatro categorías para evaluar la pobreza digital en una determinada población:

• Ricos digitales: interactúan con el gobierno electrónicamente, realizan negocios por internet, crean contenidos.
• Conectados: uso de correos y chat para comunicarse, búsqueda de información.
• Pobres digitales: Acceso a televisión y radio, comunicación por voz vía telefónica (fijo o celular).
• Pobres extremos digitales: Sin acceso a medios digitales, sólo a televisión o radio.

Estos conceptos son operacionalizados con la Encuesta de Hogares del 2003, donde ella encuentra en términos del total de la población peruana los siguientes porcentajes:

• Ricos digitales: 0.4%
  
• Conectados: 23.5%
  
• Pobres digitales: 8.0%
  
• Pobres extremos digitales: 68.1%
• Total 100.0%
  

Las cifras son realmente dramáticas si comparamos con el nivel de pobreza que se maneja en la actualidad: 48%. No obstante, esto guarda consistencia con la apuesta de la investigadora de que la pobreza digital no necesariamente se encuentra asociada con la población de más bajos recursos.

La recomendación de política más importante que hace el documento, en mi opinión, es la que señala que debería "... expandirse el acceso a las TICs a través de la política educativa" dada la importancia de la juventud en la pirámide poblacional. Algo en lo que todos podemos estar muy de acuerdo.

Hay madres desde los 11 años...

Revisando las estadísticas del Instituto Materno Perinatal de Lima (ver aquí), encontré algunas estadísticas dramáticas sobre la realidad de las niñas-madres en nuestro país. En verdad, esta afirmación es exagerada. Esta sería la realidad de las niñas-madres que, por buena o mala fortuna, llegan a un centro especializado del Estado para recibir atención médica profesional en la ciudad capital. Del resto, sabemos muy poco. La sección que contiene los datos relevantes para esta cohorte poblacional se encuentra donde aparece el título: "Atención diferenciada de la adolescente". A continuación comentaré algunos de sus datos más impactantes.

La primera cuestión que llamó mi atención es la media anual de mujeres adolescentes (estamos hablando de mujeres entre 11 y 19 años) atendidas por este instituto, entre el 2004 y el 2006, 2,290 personas. Esto equivale a una media de 191 niñas atendidas al mes, o 6 cada día. En promedio, cada una de estas mujeres se atiende unas tres veces si está embarazada, y sólo una vez si es puérpera (recién parida) o ginecológica. Ellas representan, respecto del total de las madres atendidas de toda edad, un 14% de las consultas (en el 2006).

La segunda información que destaco es que, de las adolescentes atendidas, existe un porcentaje creciente que está compuesto fundamentalmente por niñas entre 11 y 13 años (1.4%, 1.5% y 1.8% para el 2004, 2005 y 2006 respectivamente). Estamos hablando de 48 niñas en promedio, cada año. Habrá quienes se pueden poner a discutir sobre la edad exacta en que comienza la adolescencia para una niña en particular, pero es generalmente aceptado que esta se inicia alrededor de los trece años y concluye hacia los 17. Justo esta es la edad normativa -años más, años menos- para que las adolescentes reciban la educación secundaria.

Desde el punto de vista económico, al margen del valor de la vida de los bebes que nacen por medio de ellas, se pierde un enorme potencial económico por parte de estas mujeres al no haber podido completar su educación regular y por que no, también, una educación superior. Una aproximación, grosso modo, de esta pérdida incluye el costo de la inversión no realizada por cada estudiante embarazda (S/. 1168 al año para el 2005 según el informe del gasto social de UNICEF-Apoyo), más el valor actual del pago de la productividad que hubiera ganado con una remuneración media en Lima Metropolitana, más el costo medio incurrido por la atención en el instituto, entre otros costos indirectos que no son fáciles de medir. En un escenario como este, la pérdida absoluta por los casos de embarazo adolescente menores de 17 habría sido de alrededor de US$ 7.5 millones. Si asumimos una hipótesis más baja (con una remuneración mínima) la pérdida asumida por la sociedad es de aproximadamente US$ 4.5 millones. Ambas sumas no son nada despreciables si tomamos en cuenta los costos que el Congreso piensa incurrir para por ejemplo, asegurar nuestro 'pedazo de territorio' limítrofe con Chile.

Por último, pero no menos importante, la información estadística que más me abruma son los diagnósticos más frecuentes en cada una de las tres grandes categorías de atención a la adolescente: ginecología, puérperas y gestantes. Revisando únicamente el ranking del 2006, veremos que para el caso de ginecología los diagnósticos se concentran en (sólo destaco las tres o cuatro más importantes):

• Vaginitis aguda,
• Enfermedades inflamatorias pélvicas no esp. y
• Hemorragia vaginal y uterina anormal SAI.

En el caso de las gestantes, los diagnósticos más frecuentes fueron:

• Supervisión de primigesta muy joven,
• Supervisión de embarazo de alto riesgo,
• Infección vaginal que complica el embarazo, y
• Anemia que complica el embarazo.

Por último, para el caso de las puérperas, tenemos:

• Control post AMEU (Aspiración Manual EndoUterina) /LU,
• Anemia que complica el embarazo, parto y puerperio, y
• Dehiscencia de sutura obstétrica prerineal.

La revisión de cada una de estas definiciones de diagnóstico médico revelan una situación dramática para estas mujeres niñas y adolescentes. Varios de estos conceptos tienen que ver con consecuencias de violaciones, agresión, abortos clandestinos entre otras perlas más. La iniciativa legal acerca del sexo consentido con menores es apenas un instrumento miope para resolver el problema tan complejo que describe los datos estadísticos mostrados arriba. Lo mismo fue la conjura electorera de Alan García cuando proclamaba a los cuatro vientos, "pena de muerte para los violadores".

El Estado debería actuar en todos los frentes, con una propuesta integral que abarque desde i) la prevención, a través de una efectiva campaña de educación sexual para los menores, la provisión de opciones para la anticoncepción (condones, AOE, etc.); ii) la atención, facilitando al máximo el acceso a los servicios de salud física y mental para la madre adolescente; y finalmente, iii) la reconstrucción de la familia junto con, iv) la penalización de los violadores, no necesariamente a través de la pena de muerte, pues, este puede convertirse en un incentivo para encubrir a los responsables de tales situaciones indeseables para las niñas de nuestro país (ver aquí).

Bodas, divorcios y niveles de vida en Lima

Explorando algunas de las estadísticas vitales de Lima Metropolitana en el INEI (ver Biblioinei), me topé con los datos registrados sobre las bodas y divorcios en Lima y Callao desde 1994 hasta el 2003. Me detuve a observar los datos, un tanto rezagados para el 2007, donde pude apreciar que el ranking de matrimonios es liderado por distritos populosos como son San Juan de Lurigancho y Comas. En contraste, los divorcios son liderados por distritos que podríamos decir son nivel socioeconómico medio y alto, como son Magdalena y Alto, respectivamente. La pregunta surgió inmediatamente: ¿Se explica el éxito matrimonial de una pareja por el nivel de desarrollo humano del distrito donde ella viva? Al parecer, la respuesta es afirmativa.

Para evaluar dicha pregunta se me ocurrió construir un indicador que relacione el grado de éxito matrimonial en cada distrito, definido como el porcentaje de divorcios ocurridos respecto de los matrimonios celebrados en un mismo periodo; y de otro lado, tomé los datos del nivel de vida de los distritos (definido a través del Indice de Desarrollo Humano publicado por el PNUD - puede bajarlo aquí) donde se producen tales eventos. Los resultados se pueden apreciar en el siguiente gráfico:



Puede apreciarse con claridad que los distritos de menor nivel de vida relativo tienden a explicar un mayor éxito matrimonial, mientras que del otro lado, en los distritos de mayor nivel de vida -o de desarrollo humano- la tasa de fracaso matrimonial es más elevada.

Es necesario evaluar con mayor tranquilidad los anteriores resultados pues podríamos obtener conclusiones erróneas para la formulación de recomendaciones útiles en nuestra ciudad. En primer lugar, no todo matrimonio que termina en divorcio significa un fracaso. A veces esta es la salida más eficiente para una relación deteriorada por la violencia, sea física o psicológica, sea para la mujer o el hombre o para los hijos e hijas. Una nota reciente del Diario El Comercio comenta este tema con mucha discreción el cual podría estar anidado en muchos de los supuestos matrimonios que perduran oficialmente "con éxito". En segundo lugar, no se han evaluado en este breve artículo los casos de parejas que deciden convivir, los que, de conocerse su grado de éxito en términos del indicador construido inicialmente, podrían revelar cuestiones interesantes sobre las decisiones de matrimonio o divorcio en nuestra ciudad. Finalmente, faltan evaluar otras variables que están asociadas a la calidad de los matrimonios y de los divorcios que se dan. No se sabe la edad de los que contraen nupcias, el momento en que tuvieron hijos (antes, durante o después), el nivel educativo, el modelo cultural (entre otras cosas, la religión de la pareja), entre otros puntos que explican con mayor riqueza la vida conyugal.

Un marco teórico muy rico para analizar las decisiones de nupcialidad, de convivir, de divorciarse o incluso, tener hijos ha sido el desarrollado por Gary Becker en su Treatise on the family, escrito en 1981, y ampliado una década después. Según este economista, la decisión de casarse tiene que ver con las expectativas de incremento de la productividad logrados a partir de la división del trabajo al interior del hogar. Cuando sucede lo contrario, las decisiones de la pareja se bifurcan en varios sentidos opuestos disolviendo finalmente la relación. No estoy seguro que tanto pueda servir este esquema de análisis puesto que en nuestro país existen prácticas culturales que divergen con las realizadas por los países del norte, como por ejemplo el servinacuy (o casamiento de prueba). En teoría, esta práctica heredada de los incas, y practicada en algunas regiones, podría minimizar los riesgos de un matrimonio fracasado. No se conoce que tanto perdura esta entre las nuevas generaciones de jóvenes o si existen prácticas alternativas.

Respecto al tema de la violencia, sólo he encontrado este artículo que comenta un estudio realizado sobre la violencia doméstica fundamentalmente hacia las mujeres.

Uno de los pocos científicos sociales de nuestro país que ha tocado el análisis de las estadísticas vitales es Carlos Eduardo Aramburú, del cual he encontrado este breve artículo que analiza la nupcialidad en nuestro país para el 2004, tomando información de las Encuestas de Salud (ENDES). Espero encontrar otros más para enriquecer la mirada sobre este tópico fundamental en nuestra sociedad.

Sobre los costos de casamiento en los distritos de Lima, hay un estudio algo desfasado comentado en el siguiente artículo del diario oficial El Peruano.

Finalmente, hay una muy reciente encuesta sobre la sexualidad en Lima realizada por la PUCP que vale la pena revisar.

El gallo y el ruiseñor

No es que pretenda hacer una injusta comparación entre dos de los cantantes más destacados del Perú, Gianmarco Zignago y Juan Diego Florez, pero cabe destacar, que la presentación de ambos artistas, en el experimento conjunto del día de ayer en el Jockey Plaza, ha servido para demostrar que ambos son extraordinarios cantantes, pero cada uno en su respectivo escenario y con sus respectivos oyentes.

Más allá de la anécdota y la quizá, exagerada calificación de mi parte, dos son las cuestiones que quiero resaltar: en primer lugar, el notable éxito de ambos artistas en el extranjero a pesar de lo que llamaría, "las restricciones de origen" (un país sin ley del artista, con un reducido presupuesto orientado hacia las artes y sin voluntad política para combatir la piratería); y, segundo, algunas coincidencias en el "arranque" de la carrera de ambos cantantes (ambos son hijos de reconocidos músicos de la Lima de antaño, ambos estudiaron su educación básica en el colegio Santa Margarita de Monterrico, y finalmente, ambos tuvieron que migrar para tener éxito sobresaliente).

Es difícil identificar y predecir que variables en promedio, pueden explicar el probable éxito masivo de un cardúmen de nuevos artistas nacionales. Lo cierto es que estos dos ejemplos son una suerte de punta de lanza para los noveles pintores, cantantes, poetas, músicos, entre otros especialistas del arte que se están gestando en la actualidad, que necesitan un apoyo para que puedan salir adelante con mucha mayor satisfacción que los que están, por ejemplo, al frente del alicaído fútbol nacional.

Una pregunta me surge en este punto que sería interesante realizar por medios científicos convencionales. Será que el éxito que están mostrando nuestros actuales valores es una situación comparablemente mejor, peor o igual al alcanzado por artistas de generaciones anteriores? Es comparable, por ejemplo, el éxito de los cantantes de la nueva ola y de la música criolla del siglo pasado al alcanzado por los solistas o conjuntos de música folklórica actuales? Me es difícil poner nombres particulares en contraste, pero creo que un análisis objetivo debería hacerlo, a fin de destacar si es verdad aquel adagio que dice "todo tiempo pasado fue mejor"; o si por el contrario, por buena fortuna, nos equivocamos, y nuestros cantantes de hoy están mejor que nunca, en toda la historia artística del Perú.

Gracias a la magia de YouTube, y por que no, Canal N, aqui un extracto de " O Sole Mio", cantado por Gianmarco y Juan Diego Florez.

Cómo dejamos de ser los últimos de la fila

Un reciente estudio publicado en el sitio web de la NBER sugiere que los profesores de las escuelas públicas deberían ser remunerados de acuerdo con un esquema de incentivos al mérito individual antes que uno masivo por escalas (hablando de la realidad americana). Las conclusiones del mismo lo enfatizan de la siguiente manera:

Nosotros demostramos que los estudiantes aprenden mas en aquellas escuelas donde los profesores tienen incentivos financieros individuales para hacer un mejor trabajo, aunque no podemos discernir si esto se debe a los incentivos en si, o a que las mejores escuelas escogen implementar programas de pago de acuerdo al mérito.

La realidad de nuestro país es más dramática de lo que aborda este estudio. El problema no sólo es el esquema de pagos sino también el nivel de estos. Si hay un estudio local que aborde este problema de investigación debería tambien analizar como una mejora de las remuneraciones se traduce en una mejora en el rendimiento escolar.

Mientras que buena parte de la reforma educativa en nuestro país está dirigida a mejorar la calidad de la enseñanza que brindan los docentes en las escuelas públicas, como un todo; es necesario conocer cual es el impacto adicional que tendría la implementación de programas de incentivos remunerativos individuales sobre el rendimiento académico de nuestros estudiantes. El estudio citado sugiere que esto debería analizarse a través de experimentos focalizados para establecer la efectividad de la causalidad en dicha relación.

Quizá este tipo de pruebas logren resultados más convincentes a nivel micro, como para poder diseñar e implementar políticas masivas de reforma educativa más coherentes y con una menor resistencia de parte de los centros de poder sindical del magisterio.

Después de todo, lo que se busca es que nuestros chicos y chicas que son el futuro del país, dejen de ser "los coleros" de América Latina.

La universidad pública pagada (o lo que debería ser)

Cuál sería el resultado de tener el visto bueno del Ejecutivo la reciente iniciativa legal de la Dra. Martha Hildebrandt a favor de recortar la gratuidad de la enseñanza universitaria en nuestro país? De acuerdo con mi perspectiva este será acelerar el resquebrajamiento del sistema educativo superior y desincentivar la formación de capital humano altamente calificado necesario para dar el salto competitivo que se desea para nuestro país. Sostengo esto al considerar los siguientes fenómenos:

a) La demanda por educación superior universitaria pública es decreciente desde hace varios años. Este es un problema que comenté en un artículo previo lo que para mí era un indicio claro del inicio de la caída del sistema educativo superior universitario. Esta menor demanda se debería a la percepción concreta de que el mercado de trabajo no estaría premiando de manera significativa el mayor esfuerzo por estudiar una carrera universitaria y por lo tanto se estarían buscando alternativas más competitivas como por ejemplo estudiar una carrera técnica, abrir un negocio, o migrar hacia un país más desarrollado. Nótese que esto implica que cierta parte de la población estima que incluso estudiar en una universidad particular no es tan rentable para desempeñarse con dignidad en el apretado mercado laboral limeño.

b) La calidad de la educación superior universitaria pública es percibida como baja o muy baja debido a dos grandes factores: en primer lugar, los profesores no cuentan con una remuneración adecuada para garantizar su plena disponibilidad en las clases (tienen que recursearse en otro trabajo); y, en segundo lugar, la infraestructura académica es muy deficiente (equipos, insumos de laboratorio, bibliografía actualizada, servicios higiénicos, etc.). Este último problema se debe al bajo presupuesto que destina el Estado a la formación de capital humano superior en nuestro país, lo que contradice la idea de tener a un país muy competitivo dentro de los próximos diez años. En conclusión, la educación superior universitaria pública estaría clasificada por la teoría económica estándar como un bien inferior: si aumenta el ingreso del potencial consumidor, este inmediatamente procederá a reemplazar el consumo de este bien por uno similar pero de mejor calidad. En nuestro caso, me refiero los economistas, buscará una vacante en una universidad privada con reconocimiento como la PUCP o la Universidad del Pacífico.

Habiendo constatado estos fenómenos que pasará si la medida finalmente prosperara. La fracción de estudiantes que tendrían que pagar por sus estudios se encontraría entre el 15% al 25%. Estos datos fueron estimados por uno de mis alumnos del curso de Informes Técnicos (Carlos Ortiz, 2006) sólo para el caso de los estudiantes matriculados en la Universidad Nacional de Ingeniería durante el 2006 (casa de estudios en la cual me formé) elaborado a partir de dos hipótesis metodológicas: que los alumnos que podía pagar provenían de haber estudiado su educación básica en algún establecimiento educativo particular o que vivían en un distrito clasificado como clase media o clase alta según el mapa de IDH 2006 del PNUD. La fuente de información provino del Departamento de Servicios Sociales de la UNI. A pesar de estos resultados, el informe recomienda una evaluación exhaustiva de los niveles de vida de cada uno de los casos puesto que es necesario saber si la familia ha perdido su estatus o si por el contrario se mantiene o ha mejorado como para merecer el beneficio de no pago por los servicios educativos tomados.

En este punto debo vertir una hipótesis no verificada de manera sistemática. La mayoría de los jóvenes que postulan a la universidad pública lo hacen con poca información respecto de la calidad de los servicios educativos ofrecidos en la misma, y con mucho menor información sobre la probabilidad de encontrar un empleo competitivo y bien remunerado. Sólo se guían por un prestigio que una que otra universidad todavía mantiene hacia la opinión pública pero que en los medios empresariales hace tiempo conocen bien cuáles son sus límites. Pero luego de haber ingresado al sistema y toparse con la precariedad propia de la universidad pública, muchos optan por reconsiderar sus opciones y recursos. Los que tienen recursos pueden reorientarse hacia la universidad privada. Los que no, presionados por las necesidades de recursos, optan por compartir su tiempo entre la universidad y el trabajo. En algunos casos terminan desertando completamente y en otros logran salir adelante pero a un costo individual muy alto (traducido en un alargamiento en el número de años que debe estudiar la carrera o en un menor desempeño académico).

En conclusión, sostengo que es improbable que exista filtración de estudiantes provenientes de familias con niveles de vida aceptables. Si lo hubiera, es probable que sea por el puro gusto de seguir la carrera en una universidad que se escogió a priori con información incompleta pero con la disposición a superar los obstáculos que tal realidad le presenta. Será quizá por esta razón que finalmente se obtienen muy buenos resultados tanto entre los estudiantes "pobres" como en los aparentemente "no pobres". El año pasado por ejemplo hemos visto a varios de nuestros alumnos ingresar en los primeros lugares al Banco Central de Reserva y algunas otras "islas de eficiencia" del sector público peruano. Desconozco quienes habrán logrado entrar al sector privado con igual nivel de competitividad pero supongo que deben haber algunos también por ahi aportando con su esfuerzo y calidad.

Con todo, queda claro que el Estado peruano no considera estratégico invertir en la calidad del sistema educativo como un todo, incluyendo sus niveles más básicos como el superior. Esto nos conduce a perennizar un modelo de subdesarrollo económico y humano que no es deseable para nuestro país. Cuándo cambiaremos?

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Foto tomada de la web del Congreso de la República del Perú.

El problema del ausentismo electoral en el Perú

Resumen

¿Qué explica el ausentismo electoral en el Perú? ¿La pobreza? ¿El analfabetismo? ¿La edad? ¿El área de residencia? ¿El sexo? Estas preguntas y otras más son las que pretendo abordar en el presente artículo teniendo en perspectiva el análisis de las elecciones municipales de este próximo noviembre. Los resultados preliminares de esta breve indagación revelan que las variables principales que explicarían este fenómeno son el sexo y la pobreza. Sin embargo, esta ultima variable tiene una interpretacion distinta a la que convencionalmente se hace. Veamos pues, un poco más detenidamente este importante tema para la gestión electoral y la construcción de la democracia en nuestro país.

Introducción
Una de las mayores congratulaciones de la actual gestión de la Dra. Magdalena Chú al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el hecho de habérsele reconocido un buen desempeño en la organización y ejecución de tres procesos electorales seguidos, siendo el más importante de ellos las recientes elecciones generales (presidenciales, congresales y parlamento andino) de abril y junio del presente año. Esta felicitación fue extensiva a los otros dos organismos electorales que conforman el llamado Sistema Electoral: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).

A pesar de la poca claridad en la delimitación de responsabilidades entre los tres organismos electorales que generan una serie de rozamientos o fricciones durante la ejecución de los procesos electorales que se traducen en costos transaccionales excesivos, la ONPE ha propuesto en su Plan Estratégico Institucional 2004-2006 (Pág. 23) que uno de sus indicadores de desempeño centrales para evaluar su gestión es el porcentaje de ausentismo electoral. Exceptuando 1985, año en el que la competencia electoral fue intensa entre Alan García por el APRA y Alfonso Barrantes por Izquierda Unida y que se había realizado una depuración exhaustiva del padrón electoral, el comportamiento de este indicador ha sido históricamente decreciente (Fuente: web ONPE; 1v o 2v, primera y segunda vuelta respectivamente).

Las investigaciones electorales que hacen uso extensivo de las herramientas estadísticas para probar sus hipótesis forman parte de la rama de la ciencia política llama psefología. Mi primer acercamiento a esta rama fue hace casi un año y medio cuando tuve la oportunidad de formar parte del equipo de investigación del fenecido Centro de Investigación Electoral de la ONPE convertida ahora en una pequeña Área de la Gerencia de Planeamiento Electoral de tal institución. En aquella vez asesoré en una investigación acerca del ausentismo electoral en el Perú entre 1998 y el 2002 y de allí que tenga los antecedentes que me motivaron para la redacción del presente artículo. El documento final, aunque fue publicado (ISBN 9972-695-29-8; Depósito Legal BNP N 2005-3442), nunca llegó a distribuirse por razones que no vienen al caso del presente artículo pues ya son de conocimiento público entre los académicos y politólogos reconocidos del medio. Quiero detenerme en cambio en este post en la revisión de algunas de las preguntas señaladas arriba y las hipótesis que me vinieron a la mente mientras trabajaba en el borrador preliminar de dicha investigación utilizando esta vez, a diferencia de aquella oportunidad, los resultados de las últimas elecciones generales en nuestro país.

Debo anotar que este artículo se presenta tal como está, en versión preliminar y en pleno desarrollo. Es decir, es un documento en progreso el cual actualizaré en el futuro cercano en tanto que voy profundizando en las relaciones existentes entre las variables de la base de datos que estoy trabajando.

Marco teórico
El ausentismo electoral puede definirse como aquella situación en que un grupo determinado de ciudadanos no realiza el acto de sufragio (ONPE 2005). Esta variable puede dividirse en dos categorías: aquellos que voluntariamente decidieron no participar del acto electoral y aquellos que habiendo decidido sufragar tuvieron serios impedimentos para participar de los comicios respectivos. La primera categoría es conocida como Abstencionismo político o racional mientras que la segunda puede rotularse como Abstencionismo técnico (Alcubilla 2000).

El fenómeno del ausentismo electoral debe ser comprendido en el contexto del sistema electoral vigente. Nuestro sistema electoral, tomando la definición estricta dada por Nohlen (1998), tiene características que impactan de manera determinante en esta variable comenzando por la definición de que el voto es un deber y por lo tanto es obligatorio. Este es un principio republicano que rige en la actualidad nuestro sistema político. Esta idea sin embargo contrasta con la concepción liberal de que el voto es un derecho y por lo tanto este debe ser libre.

Dado que nuestro sistema electoral determina que el voto es obligatorio, las posibilidades de incurrir en el fenómeno del abstencionismo político o racional son casi nulas a menos que se asuma que el voto nulo y el voto en blanco se conciban como una forma activa de expresar la inconformidad con el sistema político vigente o la percepción de que los efectos del voto individual sean mínimos para contrarrestar las tendencias globales recogidas a partir de las encuestas de intención de voto por ejemplo. No obstante, debo enfatizar que nuestro sistema electoral impacta de manera contundente en estos dos tipos de voto sobre todo en aquellas personas que tienen un nivel educativo bajo o nulo. En efecto, si se reflexiona un poco por ejemplo en el tema del voto preferencial se podrá apreciar que las posibilidades de errar en como expresar esta supuesta preferencia son múltiples. A esto habría que añadir que en el Perú, la lectura oficial del voto nulo y el blanco ha sido un problema de interpretación política recurrente y ha quedado en el imaginario popular como estas opciones pueden perjudicar o ayudar al candidato con mayor probabilidad de ganar las elecciones. La lectura oficial actual es que estos votos serian emitidos de manera “inválida” lo cual es un contrasentido en la visión liberal.

De lo anterior se puede inferir entonces que el ausentismo electoral concentraría a aquellos que incurren en el abstencionismo técnico. Estos sin embargo tendrían dos vertientes bien definidas que la originarían: en primer lugar, la vertiente endógena que tiene que ver con atributos específicos circunstanciales o estructurales del ciudadano en capacidad de votar (disponibilidad de recursos económicos, estado de salud, discapacidad física, etc.) y la vertiente exógena que tiene que ver con las características técnicas de la organización del proceso electoral y eventos no controlables por el elector hábil. En la primera vertiente tenemos poco que discutir por el momento. En la segunda vertiente sin embargo podemos advertir que las características técnicas de un proceso electoral dependen en buen grado de la particular configuración del sistema electoral de un país. En efecto, dos cuestiones aparecen de manera medular: lo referente a la definición de las circunscripciones electorales y la ubicación de los centros de votación. Estas dos cuestiones por lo general imponen costos de traslado (transporte) a determinados grupos de electores que ellos no necesariamente están dispuestos a pagar sobre todo en las áreas rurales.

Este último problema es fundamental dentro de la gestión de procesos electorales. Por lo general se tiende a interpretar que “la pobreza” (a veces como sinónimo de falta de educación) es la que explica el hecho que el elector se inhiba a sufragar. No obstante, ocurre que muchas veces estos ciudadanos estarían dispuestos a votar (a pesar que se les convoque continuamente a talleres de capacitación o incluso se les haga capacitaciones personalizadas en sus propias viviendas) siempre y cuando ciertos costos adicionales que le son impuestos le fueran resueltos, entre ellos el transporte. En efecto, mientras que para un ciudadano de clase media en el área urbana el costo alternativo de ir a votar es quedarse descansando un domingo en casa, o ir a misa, o pasear con la familia, o visitar a un familiar; para el caso de los comerciantes y para los pobladores de áreas rurales el costo de oportunidad es comparativamente mas elevado pues no solo comprende el precio pagado para transportarse sino también lo que ese día deja de percibir por no trabajar. Ello significa que para fines prácticos, si el centro de votación esta ubicado en una zona relativamente alejada para un determinado grupo de electores, la ley les obliga con todo a que ellos brinden una subvención al Estado que no necesariamente están dispuestos a pagar.

De lo anterior, se desprende que las hipótesis de que “a mayor nivel relativo de pobreza, mayor el nivel de ausentismo” implica en mi posición una lectura como la siguiente “a mayor costo de oportunidad impuesto a determinados grupos sociales, mayor el grado de ausentismo electoral”. Adicionalmente, el problema de baja escolaridad de la población creo que esta mas relacionado con la magnitud de error electoral que se pueda acumular luego de celebrarse unas elecciones pero no necesariamente que este relacionado con una menor participación electoral. Este hecho quedo explícito luego de las últimas elecciones presidenciales donde la participación ha sido máxima precisamente porque se gastó mas en colocar centros de votación y una mayor logística en campo, sin embargo el error en el llenado del material electoral fue excesivo básicamente por la complejidad de las propias elecciones (se celebraron tres elecciones al mismo tiempo en un solo día) que exigían manejar un conjunto muy engorroso de actas y procedimientos. Puede decirse entonces que en el caso peruano, lograr un error material mínimo y lograr un nivel de ausentismo mínimo se presentan como problemas competitivos o alternativos. Finalmente, la hipótesis de mayor ausentismo por el lado de las mujeres se explicaría por un rol político no dimensionado para ellas debido a de fenómenos de estructura social que persisten en nuestros días y que pueden ser sorprendentemente vigentes incluso en pleno siglo XXI.

Metodología
Hipótesis
Las hipótesis operativas que pretendo evaluar en este artículo son las siguientes: la primera es que el ausentismo electoral de las elecciones 2006 esta explicado fundamentalmente por el comportamiento de los varones, por los jóvenes, por los analfabetos y por la pobreza. La segunda hipótesis es que el ausentismo del mismo proceso electoral se encuentra explicado principalmente por las mujeres, por los mayores de 65 años, por los que tienen educación secundaria y por la pobreza.

La primera hipótesis viene de la idea de que dado que existe un muy ligero mayor peso del sexo masculino en el padrón electoral del 2006 (50.32%) es probable que este mayor peso también este presente dentro de la composición del numero de personas ausentes a las elecciones. Respecto al tema de los jóvenes tiene que ver con el tema de la poca o nula importancia que ellos tendrían sobre los asuntos públicos y por lo tanto su descontento con la política en general. El tema del analfabetismo estaría relacionado con la ultima variable del conjunto propuesto donde se esperaría que incidan en un mayor ausentismo dado que la persona esta menos integrada a la vida pública.

Por su parte, la segunda hipótesis atiende a la idea de que son las mujeres las que tendrían una desigualdad en el acceso no solo a los derechos políticos sino también a sus deberes por cualquier razón sea exógena o endógena. Los mayores de 65 años tendrían un fuerte incentivo a no votar puesto que por su proximidad a la edad de 70 años el voto es facultativo. Otra cuestión relacionada es que la “muerte civil” de una persona mayor originada por penalidad ante su ausentismo a un proceso electoral probablemente se de con anterioridad a ello como resultado de los procesos de exclusión social que vivimos en la actualidad. Finalmente, en cuanto a la importancia de las variables educativas tomando un argumento similar a la importancia de la variable sexo, el nivel secundario tiene un peso de 53.5% en el padrón de electores habilitados para el 2006.

Base de datos
En contraste con el estudio que realicé para la ONPE, para el cual todas las facilidades de acceso a la información individual de alrededor de 11 millones de ciudadanos habilitados para sufragar, esta vez solo tengo disponibilidad de la base de datos de participación electoral agregadas a nivel distrital que se puede descargar tediosamente de la web de resultados de las elecciones generales del presente año. En este punto, valdría la pena recomendar a la ONPE o tal vez a la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (tercer órgano electoral según nuestra Constitución Política encargado de mantener actualizado el padrón electoral entre otras funciones) para que las bases de datos de participación electoral estén disponibles de manera desagregada para el público en general a fin de profundizar libremente en las investigaciones de participación electoral. Esto ayudaría a mejorar la gestión de procesos electorales ya que esta es una preocupación central de la propia ONPE, es decir, disminuir el porcentaje de ausentismo electoral.

Lo anterior plantea por supuesto un tema de respeto de la información de identificación de cada ciudadano para lo cual podría recomendarse una política de compartir la información como la viene realizando de manera efectiva el INEI a través de la herramienta Microdatos de su respectiva web. Cualquier investigador tiene libre acceso a la información individual de los hogares que son entrevistados ya sea a través de la Encuesta de Hogares (ENAHO), la Encuesta de Salud (ENDES), la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), la Encuesta Continua (ENCO), entre muchas otras bases de datos mas. Puede sugerirse tal vez para mantener un registro que se requiera la información del solicitante antes de bajar las bases de datos tal como lo hace la web del Banco Mundial para el caso de las Encuestas de Niveles de Vida.

La información de los resultados de participación electoral tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta fue fundida a nivel de distrito. Luego, esta base fue fundida con la información del respectivo padrón electoral el cual contiene información agregada del número de hombres y mujeres, así como también la desagregación según grupos etáreos quinquenales a partir de los 18 años y según niveles agregados de educación (primaria, secundaria, técnica y superior). Esta última variable tiene algunos problemas de subreporte (en la jerga estadística significa sub valuación) es decir que los ciudadanos nunca certifican a ciencia cierta ante el Estado cual es su verdadero nivel educativo, ni actualizan oportunamente la información de si han mejorado su nivel educativo.

Una última observación respecto a la base de datos que probablemente sea imposible resolver en el corto plazo es la ilusión de que el padrón electoral se mantuvo estático entre la primera y la segunda vuelta. Las últimas Nuevas Elecciones Municipales por ejemplo revelan el incremento notable del padrón electoral en los distritos donde se organizaron estos comicios. Mi observación tiene que ver que el cierre del padrón entre las dos elecciones hace que la segunda vuelta presidencial discrimine a aquellos que se encuentran potencialmente hábiles para votar en dicho evento. Podemos contar en este grupo a los que recién cumplen 18 años de edad que quisieran tener su primera experiencia de participación política y que se les es negada. De igual manera podríamos decir para aquellos que eventualmente resuelven las dificultades que tuvieron para sufragar en la primera vuelta se encuentran impedidos para la segunda vuelta lo que viola su derecho fundamental a sufragar en la segunda vuelta si así lo desearan. Esta sugerencia sin embargo habría que evaluarla cuidadosamente a través de estudios más experimentales puesto que tal como se aprecia que la participación electoral tiende a reducirse para la segunda vuelta.

Técnicas estadísticas
En el presente documento se presenta un análisis de regresión lineal donde la variable dependiente es el ausentismo electoral y las variables independientes son el sexo, la edad, el nivel educativo y la pobreza. Estas variables agrupan a un número determinado de personas por cada uno de los 1831 distritos del país. De lo anterior debe quedar claro que para el presente análisis no se contó con los datos individuales de ausentismo electoral lo que explica en cierto grado la miopía y lo preliminar de este trabajo (espero que el RENIEC me facilite la información cuando se la pida).

Para suavizar las asimetrías en el volumen poblacional que concentran algunos cuantos distritos de nuestro país se ha procedido con la estrategia de tomar logaritmos naturales a cada una de las variables. Este es un procedimiento que no viola los supuestos fundamentales de la teoría de la regresión lineal. Mas bien este procedimiento tiende a transformar una distribución con asimetría y curtosis muy positivas en una distribución muy parecida a una lognormal. Tómese nota que se han presentado algunos datos descriptivos del ausentismo en el país.

Resultados
Describiendo los resultados de la regresión realizada entre las variables explicativas indicadas por el artículo y el ausentismo en la primera vuelta vemos que todas salen significativas. El coeficiente de determinación es bastante alto sin embargo no creo que esta sea una buena medida de la bondad del modelo. En realidad, pretendo encontrar -como ya mencione mas arriba- ciertas evidencias para indagar con mayor profundidad luego.

Para el caso de la primera hipótesis:

Los resultados muestran que tanto para la primera vuelta como para la segunda, la variable sexo es mas importante que la variable edad para explicar el nivel de ausentismo. El diseño del modelo econométrico log-log nos permite afirmar que los coeficientes obtenidos corresponden al cálculo de las elasticidades de la variable explicada respecto de las variables que son probadas. En ese sentido el ausentismo es más sensible de manera directa al número de varones que al número de jóvenes. En contraste, el hecho de ser analfabeto tiene un impacto inverso casi nulo sobre el ausentismo electoral.

Para el caso de la segunda hipótesis tenemos:

Los resultados para esta segunda hipótesis muestran que tanto para la primera vuelta como para la segunda, la variable sexo sigue siendo la mas importante y hasta cierto punto con mayor impacto sobre el ausentismo que los varones. Adicionalmente, el nivel secundario tiene un impacto positivo pero muy reducido sobre el ausentismo. Finalmente, el grupo etáreo por encima de los 65 años aparece con un impacto negativo pero en realidad muy cercano a cero sobre el ausentismo. Es decir, marginalmente, este grupo reduce el ausentismo electoral.

Hasta este punto la variable “pobreza” no he podido introducirla en el análisis dado que los datos sobre niveles de vida no son representativos a nivel distrital por la excesiva antigüedad de los mismos. Como se sabe, el año 2000 se presentaron dos mapas de pobreza, uno elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el otro por el FONCODES. Ambos mapas dependen del Censo de Población y de Vivienda de 1993 lo que revela su relativa inutilidad actual. El día de ayer 15 de agosto recién escuche a Farid Matuk, Jefe del INEI, revelar en el programa televisivo La Hora N (a cargo del periodista Jaime De Althaus) que el MEF le ha pedido a su institución que le elabore un mapa de bienestar a nivel de manzanas para el proyecto SISFOH el cual comenté en un artículo previo. Esta información novedosa aun no esta disponible para la sociedad a pesar que es información pública. Por esta razón he determinado realizar una regresión lineal con los datos de 25 regiones del país (tomando al Callao como una región más) utilizando el porcentaje de ausentismo como la variable explicada en tanto que las variables explicativas son el índice de masculinidad regional (artificio que relaciona el número de varones por cada mujer) y el porcentaje de pobreza calculado a partir de las Encuestas de Hogares, cuyo valor mas actualizado disponible corresponde al año 2004. La regresión lineal arrojó que el índice de masculinidad está relacionado de manera directa con el ausentismo mientras que el índice de pobreza tiene también una relación en el mismo sentido pero con un impacto mucho menor que la anterior variable (el coeficiente de determinación fue de 58.1%).

Discusión
El análisis realizado en este documento nos permite tener ciertas evidencias sobre las variables que se encuentran relacionadas con el ausentismo electoral en el Perú. Puede apreciarse que dadas las limitaciones de información mostradas es posible indicar que el ausentismo electoral se encuentra explicado fundamentalmente por la variable sexo por la categoría mujeres. Este resultado sin embargo es necesario observar con mayor profundidad ya que existen comportamientos sub regionales importantes que no han sido explorados en este documento. Por ejemplo, en la investigación que contribuí durante mi trabajo en la ONPE encontré a partir de los datos individuales de ausentismo que los departamentos ubicados en la cabecera nororiental concentran principalmente a los varones que tienen este comportamiento. En contraste, en los departamentos más pobres como aquellos ubicados en la sierra central sur son las mujeres las que explican el ausentismo electoral. Por lo general, estas mujeres son analfabetas y tienen una edad más longeva que el resto de regiones.

Respecto al problema de la pobreza el análisis realizado muestra evidencia de una dimensión adicional de ella: la política. Ser pobre en el Perú significa también una menor participación en los asuntos públicos y en la participación política. En ese sentido son aplaudidas -con cierta reserva- las iniciativas por integrar a la población a través de la reducción del costo de adquisición del Documento Nacional de Identidad (impulsados tanto por RENIEC como la ONPE). No obstante, el costo de adquisición no es el único ni el más importante para el poblador pobre de las zonas rurales del país. El costo más importante deviene del transporte para trasladarse hacia sus centros de votación durante las elecciones y junto con el la perdida de ingreso percibido por dejar de trabajar ese día. De aquí que sea explicable que la mujer “pague el costo” quedándose al cuidado de las actividades económicas mientras que el varón (o los varones si hay hijos) sean los que ejerzan su derecho al sufragio.

El tema de la educación aparece con un comportamiento muy particular. Ser analfabeto no es sinónimo de menor participación política necesariamente. De hecho parece tener una leve contribución hacia la mayor participación electoral. ¿Cómo explicar estos comportamientos tan disímiles? A nivel agregado solo tengo la hipótesis de que los procesos democráticos iniciados desde el gobierno de transición del Dr. Valentín Paniagua habrían repercutido en una mayor participación política a fines del gobierno de Alejandro Toledo. No es gratuito que haya existido una importante oferta electoral en el país para la primera vuelta. Sin embargo, para la segunda vuelta, el clima de polarización entre Lima y las regiones altoandinas al elegir entre Alan García y Ollanta Humala habría repercutido en un buen grado de participación electoral independientemente de los aspectos educacionales. En ese sentido la hipótesis de Nohlen de que en un clima de abierta competencia electoral y polarización entre dos únicas opciones explicaría la mayor participación ha resultado un tanto validada para el caso peruano en estas últimas elecciones.

A modo de conclusión
El ausentismo electoral en el Perú ha tenido un rostro básicamente femenino en nuestro país. Ello no significa que necesariamente este relacionado con problemas de pobreza o con falta de educación de parte de la población sino mas bien a procesos de exclusión social que no tienen nada que ver con la pobreza. En vez de esta última categoría de análisis resultaría más importante discutir el costo de subvención que se le impone a determinados grupos poblacionales para satisfacer un esquema democrático que puede estar haciendo “agua” por todos lados. Una propuesta mas integral en ese sentido no puede elaborarse a partir de las estrategias de desempeño de uno o tres organismos electorales sino más bien a partir de una redefinición del rol del Estado y sus relaciones con los ciudadanos de todas las zonas geográficas y clases en nuestro país. De esta manera el sistema político y el sistema electoral cobraran una dimensión más importante en la vida de todos los peruanos a fin de construir no una sino varias naciones integradas social y políticamente.

Bibliografía
- Alcubilla, Enrique (2000) "Abstencionismo electoral" en Diccionario Electoral. San Jose de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

- Nohlen, Dieter (1998) “Sistemas electorales parlamentarios y presidenciales” en Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. Págs. 145-185. México: Fondo de Cultura Económica.

- ONPE (2005) “El ausentismo electoral en el Perú: 1998-2002”. Documento de Trabajo Nº 10. Lima: ONPE.

- Tuesta S., Fernando (2003) “Abstencionismo y ausentismo, ¿son iguales?”, en Revista Elecciones Nº 2, Lima: ONPE.