La universidad pública pagada (o lo que debería ser)

Cuál sería el resultado de tener el visto bueno del Ejecutivo la reciente iniciativa legal de la Dra. Martha Hildebrandt a favor de recortar la gratuidad de la enseñanza universitaria en nuestro país? De acuerdo con mi perspectiva este será acelerar el resquebrajamiento del sistema educativo superior y desincentivar la formación de capital humano altamente calificado necesario para dar el salto competitivo que se desea para nuestro país. Sostengo esto al considerar los siguientes fenómenos:

a) La demanda por educación superior universitaria pública es decreciente desde hace varios años. Este es un problema que comenté en un artículo previo lo que para mí era un indicio claro del inicio de la caída del sistema educativo superior universitario. Esta menor demanda se debería a la percepción concreta de que el mercado de trabajo no estaría premiando de manera significativa el mayor esfuerzo por estudiar una carrera universitaria y por lo tanto se estarían buscando alternativas más competitivas como por ejemplo estudiar una carrera técnica, abrir un negocio, o migrar hacia un país más desarrollado. Nótese que esto implica que cierta parte de la población estima que incluso estudiar en una universidad particular no es tan rentable para desempeñarse con dignidad en el apretado mercado laboral limeño.

b) La calidad de la educación superior universitaria pública es percibida como baja o muy baja debido a dos grandes factores: en primer lugar, los profesores no cuentan con una remuneración adecuada para garantizar su plena disponibilidad en las clases (tienen que recursearse en otro trabajo); y, en segundo lugar, la infraestructura académica es muy deficiente (equipos, insumos de laboratorio, bibliografía actualizada, servicios higiénicos, etc.). Este último problema se debe al bajo presupuesto que destina el Estado a la formación de capital humano superior en nuestro país, lo que contradice la idea de tener a un país muy competitivo dentro de los próximos diez años. En conclusión, la educación superior universitaria pública estaría clasificada por la teoría económica estándar como un bien inferior: si aumenta el ingreso del potencial consumidor, este inmediatamente procederá a reemplazar el consumo de este bien por uno similar pero de mejor calidad. En nuestro caso, me refiero los economistas, buscará una vacante en una universidad privada con reconocimiento como la PUCP o la Universidad del Pacífico.

Habiendo constatado estos fenómenos que pasará si la medida finalmente prosperara. La fracción de estudiantes que tendrían que pagar por sus estudios se encontraría entre el 15% al 25%. Estos datos fueron estimados por uno de mis alumnos del curso de Informes Técnicos (Carlos Ortiz, 2006) sólo para el caso de los estudiantes matriculados en la Universidad Nacional de Ingeniería durante el 2006 (casa de estudios en la cual me formé) elaborado a partir de dos hipótesis metodológicas: que los alumnos que podía pagar provenían de haber estudiado su educación básica en algún establecimiento educativo particular o que vivían en un distrito clasificado como clase media o clase alta según el mapa de IDH 2006 del PNUD. La fuente de información provino del Departamento de Servicios Sociales de la UNI. A pesar de estos resultados, el informe recomienda una evaluación exhaustiva de los niveles de vida de cada uno de los casos puesto que es necesario saber si la familia ha perdido su estatus o si por el contrario se mantiene o ha mejorado como para merecer el beneficio de no pago por los servicios educativos tomados.

En este punto debo vertir una hipótesis no verificada de manera sistemática. La mayoría de los jóvenes que postulan a la universidad pública lo hacen con poca información respecto de la calidad de los servicios educativos ofrecidos en la misma, y con mucho menor información sobre la probabilidad de encontrar un empleo competitivo y bien remunerado. Sólo se guían por un prestigio que una que otra universidad todavía mantiene hacia la opinión pública pero que en los medios empresariales hace tiempo conocen bien cuáles son sus límites. Pero luego de haber ingresado al sistema y toparse con la precariedad propia de la universidad pública, muchos optan por reconsiderar sus opciones y recursos. Los que tienen recursos pueden reorientarse hacia la universidad privada. Los que no, presionados por las necesidades de recursos, optan por compartir su tiempo entre la universidad y el trabajo. En algunos casos terminan desertando completamente y en otros logran salir adelante pero a un costo individual muy alto (traducido en un alargamiento en el número de años que debe estudiar la carrera o en un menor desempeño académico).

En conclusión, sostengo que es improbable que exista filtración de estudiantes provenientes de familias con niveles de vida aceptables. Si lo hubiera, es probable que sea por el puro gusto de seguir la carrera en una universidad que se escogió a priori con información incompleta pero con la disposición a superar los obstáculos que tal realidad le presenta. Será quizá por esta razón que finalmente se obtienen muy buenos resultados tanto entre los estudiantes "pobres" como en los aparentemente "no pobres". El año pasado por ejemplo hemos visto a varios de nuestros alumnos ingresar en los primeros lugares al Banco Central de Reserva y algunas otras "islas de eficiencia" del sector público peruano. Desconozco quienes habrán logrado entrar al sector privado con igual nivel de competitividad pero supongo que deben haber algunos también por ahi aportando con su esfuerzo y calidad.

Con todo, queda claro que el Estado peruano no considera estratégico invertir en la calidad del sistema educativo como un todo, incluyendo sus niveles más básicos como el superior. Esto nos conduce a perennizar un modelo de subdesarrollo económico y humano que no es deseable para nuestro país. Cuándo cambiaremos?

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Foto tomada de la web del Congreso de la República del Perú.