¿Quién tendrá la llave del presupuesto 2027?

El viernes 28 de agosto, dentro del plazo constitucional, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley dePresupuesto del Sector Público para 2027, junto con las leyes de Endeudamientoy de Equilibrio Financiero. El titular es sencillo: el presupuesto crece poco, un 3,5%, de S/257.562 millones a S/266.506 millones. Aparentemente, este dato dice poco.

La pregunta políticamente relevante no es cuánto crece el presupuesto, sino quién queda con capacidad para decidir sobre ese crecimiento. Y allí aparece una historia bastante distinta: mientras se incrementan fuertemente algunas partidas de inversión y gasto visible, una parte extraordinariamente grande del aumento queda concentrada en la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

1.     La reserva y el poder

De los S/8.945 millones adicionales del presupuesto, S/6.917 millones —el 77% del incremento total— corresponden a Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, que pasa de S/30.080 millones a S/36.997 millones, un aumento de 23%. Es dinero adicional que se quedará con el administrador de la caja.

El contraste es revelador. La función Educación prácticamente permanece estancada (+0,7%); Salud cae 2,1%; Orden Público y Seguridad cae 3,3%; Saneamiento disminuye 30,1% y Vivienda 32%. En cambio, Transporte aumenta 16,5%, Defensa 25,3%, Protección Social 16,9% y Justicia 10,2%.

Hay, por tanto, dos presupuestos dentro del mismo presupuesto: uno que asigna recursos a destinos relativamente identificables y otro que concentra recursos cuya utilización se decidirá posteriormente.

Pero hay una disociación entre el discurso oficial de la prioridad ("seguridad") y el destino real del gasto —Defensa crece con fuerza, Orden Público y Seguridad cae. Quien defina en qué se traduce ese 25.3% adicional —modernización de equipamiento, despliegue territorial, u otra prioridad en la función Defensa— será, de facto, quien termine narrando qué significó para el país "priorizar la seguridad" en 2027.

Esto importa especialmente porque el presupuesto 2027 será negociado por primera vez bajo un Congreso bicameral y fragmentado. El clásico estudio de Carranza, Chávez y Valderrama sobre la economía políticadel presupuesto peruano describía ya la utilización de la asignación presupuestal como instrumento de negociación entre el poder Ejecutivo y el Congreso. El escenario de negociación del presupuesto 2027 agrega una dificultad: ahora esa negociación ocurre en dos cámaras.

La pregunta es qué parte de la torta llega a esa negociación ya repartida y qué parte permanece bajo control del Ejecutivo.

2.     El antecedente de agosto

Aquí es donde el proyecto de presupuesto deja de ser solamente una proyección y encuentra un antecedente concreto. El 5 de agosto, mediante el Decreto Supremo N.° 155-2026-EF, el Gobierno transfirió S/2.532 millones desde recursos no comprometidos de diversas entidades hacia la Reserva de Contingencia del MEF. El argumento fue financiar prioritariamente intervenciones vinculadas con el Fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

Casi todo el dinero provino del Gobierno Nacional. Entre los principales aportantes estuvieron Transportes y Comunicaciones (S/371,6 millones), Salud (S/291,6 millones), Educación (S/254,2 millones), Desarrollo Agrario y Riego (S/183,5 millones), Vivienda (S/152,7 millones) y Defensa (S/125,4 millones).

El mecanismo es importante por una razón que va más allá de ese decreto: demuestra que la Reserva de Contingencia no es simplemente una cifra que aparece en la Ley de Presupuesto. Es también un instrumento que el Ejecutivo puede alimentar durante el ejercicio mediante transferencias presupuestarias.

Y hay una coincidencia particularmente llamativa: Transportes fue el pliego que más recursos aportó al barrido de agosto y, al mismo tiempo, Transporte es una de las funciones que más crece en el proyecto 2027, con S/3.689 millones adicionales.

No necesariamente significa que se trate literalmente de los mismos soles. Pero sí muestra algo más importante: el Ejecutivo puede retirar capacidad de gasto de las entidades durante el año y luego volver a asignarla desde el centro, modificando quién decide sobre esos recursos.

3.     ¿Quién hará las obras? Más GOLEs y menos GOREs

El cambio tampoco es neutral territorialmente. Los gobiernos regionales pasan de manejar S/59.461 millones en 2026 a S/58.672 millones el 2027: una reducción de 1,3%. Pero el dato más significativo está dentro de esa cifra: su gasto de capital cae 17,4%, equivalente a S/2.622 millones menos para inversión.

Los gobiernos locales, en contraparte, aumentan su presupuesto de S/35.796 millones a S/41.222 millones. Su gasto de capital crece 23,8%, unos S/3.543 millones adicionales.

No estamos, entonces, ante un simple aumento o disminución del gasto subnacional. Hay una redistribución de la capacidad de inversión: menos margen para los gobiernos regionales y bastante más para los municipios. Y esto ocurre precisamente cuando las autoridades que serán elegidas el 4 de octubre asumirán la gestión de sus comunas en enero de 2027. El presupuesto, por tanto, no solo distribuye dinero. También distribuye capacidad política para hacer obras y atribuirse resultados.

4.     Ni impuestos ni deuda, es el canon

Hay otro dato que merece atención. El presupuesto no está creciendo porque el Gobierno haya abierto significativamente el espacio fiscal mediante mayor endeudamiento o una recuperación importante de los ingresos tributarios.

Los Recursos Ordinarios caen 2%, mientras los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito disminuyen 23,4%. El gran salto está en los Recursos Determinados, que aumentan 25,6%, de S/44.856 millones a S/56.348 millones.

Es decir, una parte importante del crecimiento descansa en recursos vinculados al canon, regalías y otras fuentes determinadas, cuya evolución depende en buena medida del comportamiento de los precios de los commodities y de las reglas de distribución existentes. El presupuesto crece, sí. Pero no estamos ante una expansión equivalente de la capacidad fiscal discrecional del Estado.

5.     Entonces, ¿Qué se está negociando?

Esta es, finalmente, la cuestión que debería importar en la discusión parlamentaria del presupuesto. Por un lado, hay recursos visibles y territorialmente atribuibles: más inversión municipal, más Transporte, más Defensa y más Justicia. Son partidas que pueden convertirse en obras, proyectos, infraestructura o resultados políticamente identificables. Por otro, hay una concentración extraordinaria en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia: S/6.917 millones, equivalentes al 77% de todo el incremento presupuestal.

Eso cambia la naturaleza de la negociación. El presupuesto 2027 no solo está diciendo cuánto gastará el Estado. Está diciendo cuánto se repartirá por adelantado y cuánto quedará pendiente de decisión. En un año de elecciones regionales y municipales y con un Congreso bicameral sin mayoría propia, esa diferencia importa.

Porque el poder no está únicamente en decidir cuánto dinero hay. Está también en decidir quién puede decidir sobre él después.

Cooperar o confrontar: el dilema que definirá el próximo gobierno

I. Introducción

Con el conteo prácticamente cerrado, todo indica que la segunda vuelta enfrentará a Keiko Fujimori con Roberto Sánchez. A partir de ahí, la narrativa local se ha activado casi en automático: Keiko vuelve a competir y, como en las tres ocasiones anteriores, volverá a perder. El argumento es conocido —y repetido—: el antifujimorismo es una fuerza estructural capaz de derrotarla.

Esa lectura es políticamente potente. Pero es incompleta.

No porque el antifujimorismo no exista —existe y ha sido decisivo—, sino porque asumir que determina el resultado equivale a suponer que el escenario es el mismo que en elecciones anteriores. Y no lo es.

Esta vez, el punto de partida es distinto.

Para comenzar, Roberto Sánchez no es Pedro Castillo. Sin embargo, ponerse el sombrero chotano le ha rendido frutos. Su desempeño territorial lo demuestra: ha ganado con claridad en el sur y la sierra norte del país, consolidando un voto que no es solo de protesta, sino de representación. Keiko, por su parte, ha mantenido su fortaleza en la costa norte y la selva. Lima, en cambio, ha mostrado una dinámica distinta: fue dominada por Rafael López Aliaga, quien, pese a ello, quedó fuera de la segunda vuelta por un margen mínimo que quizás, como Keiko en 2016, aún le falta asimilar.

El país, en consecuencia, no llega al balotaje con un candidato fuerte y uno débil, sino con dos legitimidades territoriales distintas y un mapa político fragmentado.

Pero incluso eso no es lo más importante.

El elemento decisivo es el sistema en el que competirán.

II. La ilusión de la estabilidad

Una parte del debate público ya ha comenzado a instalar otra idea: que una eventual victoria de Keiko traería mayor estabilidad, especialmente desde el punto de vista económico.

Es posible —y razonable— pensar que un gobierno suyo tenga una “luna de miel” más larga que el de Sánchez. La señal hacia los mercados, sumada a su experiencia política, podría darle un margen inicial de gobernabilidad.

En cualquiera de los casos, ese margen es transitorio.

Porque la estabilidad no depende únicamente del Ejecutivo, sino de los incentivos del sistema político en su conjunto. Y ese sistema ha cambiado.

Hoy el Perú tiene un Congreso fragmentado, sin mayorías claras, y un Senado con capacidad real de veto y control. Algo que ya no tiene el Ejecutivo. Eso modifica el juego de manera estructural.

III. El juego real: una matriz de incentivos

Si simplificamos el escenario en términos de teoría de juegos, el problema se vuelve más claro.

El Ejecutivo (sea Keiko o Sánchez) y el Legislativo (incluido el Senado) enfrentan dos opciones: cooperar o confrontar.

El resultado puede representarse así:

El equilibrio deseable sería la cooperación mutua. Pero el sistema actual genera incentivos distintos: el Legislativo puede bloquear sin asumir el costo total de gobernar, puede extraer concesiones (presupuesto, cargos, agenda), y tiene, en última instancia, la posibilidad de remover a quien encabeza el Ejecutivo. En ese contexto, confrontar puede ser más rentable que cooperar. El resultado es un equilibrio inestable, donde incluso actores racionales terminan en dinámicas de conflicto.

IV. Dos trayectorias, un mismo riesgo

Bajo ese esquema, los escenarios de gobierno se diferencian en el punto de partida, pero no en su lógica de fondo.

Si gana Keiko, es probable que inicie con mayor margen político. Pero eso no elimina los incentivos del Congreso para condicionar, negociar o bloquear. La experiencia de 2016 demuestra que el conflicto puede emerger incluso dentro de un mismo espectro ideológico. No es difícil imaginar que los miembros de su bancada en el Senado pronto hagan suyo y quieran imponer aquel mantra que se suele repetir en los pasillos del Congreso: “Somos el primer poder del Estado”.

Si gana Sánchez, el desafío es más inmediato. No solo deberá gobernar sin mayoría, sino demostrar una capacidad política excepcional para construir alianzas en un entorno adverso. Y ahí aparece un elemento adicional de incertidumbre.

La figura de Antauro Humala no es solo un dato de color. Es una variable con consecuencias concretas. Durante el conteo de votos, Sánchez compartió tribuna con Antauro y anunció que en el primer día de gobierno sacarían a Julio Velarde del BCRP. Pocos días después, abrió la puerta a conversar con Velarde y reafirmó la autonomía del banco central. La corrección fue tan rápida que reveló algo importante: Sánchez es probablemente el actor más pragmático de su propia coalición, y todo indica que está dispuesto a quitarse el sombrero cuando el costo político lo exija. La pregunta es con qué respaldo alternativo lo hace —y si sus bases se lo permiten.

A menos que Sánchez decida jugar la carta de la “hoja de ruta” que jugó Ollanta Humala para ser aceptado por los poderes fácticos de Lima y lograr maximizar su permanencia en el sillón de Pizarro. Pero para ello tendrá que romper con sus bases, y habrá que ver a quién recurre para darle algo de margen a su gobierno.

V. El verdadero punto de quiebre

Por eso, el momento decisivo no será la segunda vuelta.

Será en agosto.

De acuerdo con la Construcción, el Ejecutivo deberá presentar el proyecto de Ley de Presupuesto el 30 de agosto al Congreso, y su aprobación se extenderá hasta noviembre. Ese proceso no es técnico: es el espacio donde se negocia el poder real. Ahí se alinean todos los incentivos: el Ejecutivo necesita aprobar su principal herramienta de gestión, el Legislativo busca maximizar su influencia y los actores intermedios se vuelven decisivos. En un sistema fragmentado, el presupuesto se convierte en un juego de negociación intensa donde cada actor evalúa cuánto puede ganar sin asumir el costo de la estabilidad.

Y es ahí donde el equilibrio puede romperse.

VI. El problema de fondo

Como bien dice el adagio: mucho pan habrá que rebanar.

Ese momento llegará en agosto, cuando el presupuesto aterrice en el Congreso y cada actor evalúe cuánto puede ganar sin asumir el costo de la estabilidad. Ahí se revelará si el sistema permite gobernar —o si, una vez más, bloquear resulta más rentable que cooperar.

Porque el problema no es Keiko ni Sánchez.

Es un diseño institucional donde el Ejecutivo es débil, el Legislativo está fragmentado y el Senado tiene más poder que nunca. Un sistema que no pregunta quién ganó la elección.

Pregunta quién sobrevive la negociación.

El parlamentarismo de facto elige a su premier

Este texto no pretende atribuir motivaciones personales ni revelar hechos no públicos. Propone una lectura institucional de acontecimientos visibles a partir de un marco interpretativo previamente desarrollado. 

Por qué Jerí tenía los días contados

Cuando en noviembre pasado se aprobó el Presupuesto 2026, el Congreso volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: distribuir. Las bancadas negociaron su cuota de ministerios, proyectos de inversión pública y obras que inaugurar de cara a las elecciones de marzo. Jerí fue el operador de ese reparto; allí residía su utilidad. Haber presidido previamente la Comisión de Presupuesto le había dado el entrenamiento perfecto: repartir lo suficiente para que ninguna bancada se sintiera excluida.

Pero una vez cerrada esa negociación, el equilibrio cambió. El entonces titular comenzó a hablar de equilibrio fiscal en lugar de concentrarse únicamente en administrar políticamente lo acordado. Hizo gestos públicos en sintonía con las advertencias del Consejo Fiscal y con las proyecciones del MEF, que desde hace meses venían señalando los riesgos para la estabilidad macroeconómica de las leyes aprobadas por el congreso. La firma de Jerí avalando el Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible fue recibida en varias bancadas con la misma incomodidad con que un congresista escucha que en diciembre no habrá bono.

En los términos del análisis que he desarrollado en este blog desde 2021, Jerí pasó al cuadrante de los gobernantes prescindibles: ya había cumplido su función distributiva y empezaba a convertirse en un obstáculo para la continuidad del modelo. Un jefe de gobierno contingente, removible sin mayor dramatismo institucional.

El Consejo Fiscal ha publicado en los últimos meses informes que apuntan hacia una fragilidad fiscal creciente. “Ha sido como un tsunami fiscal que ha surgido en los últimos 12 meses”, describió su presidente en noviembre ante los medios. El Congreso, que en la práctica controla la asignación de los recursos del Estado, no ha mostrado mayor sensibilidad ante esas advertencias. En ese contexto, la remoción de un gobernante surgido del propio Parlamento puede leerse menos como un hecho personal y más como un ajuste del sistema frente a un cambio de incentivos.

Algunos relatos mediáticos han querido explicar el episodio en términos casi gastronómicos —si el problema fue comer chifa o hamburguesa o ceviche—. Pero en la política peruana rara vez importa el menú, se puede comer fácil un mixto, triple o siete colores; lo decisivo es quién paga la cuenta. Y en este caso la discusión parecía desplazarse desde cómo repartir el gasto hacia quién asumiría el costo de financiarlo.

La oportunidad de Acción Popular

La probable llegada de Maricarmen Alva a la conducción del Ejecutivo tiene una ironía política relevante. El JNE excluyó a Acción Popular de las elecciones generales por irregularidades internas, un golpe severo para un partido histórico cuyos militantes protestaron con fuerza. Quedaba fuera del proceso electoral precisamente cuando más necesitaba reposicionarse.

Pero la salida de Jerí abrió una ventana inesperada. Si Alva conduce la transición hacia las elecciones de marzo con orden institucional y narrativa democrática, Acción Popular puede obtener un activo político que no tenía hace tan solo un par de semanas: aparecer como administrador del sistema en un momento de incertidumbre. La presidencia del Congreso —que en este esquema equivale a la conducción efectiva del Ejecutivo— se convierte en una tribuna que ningún otro partido posee hoy.

La duración de esa oportunidad dependerá de su capacidad para sostener la coalición parlamentaria que la respalde.

Un premier, no un(a) presidente(a)

Conviene ser explícitos. Si el Congreso elige a Maricarmen Alva (AP) o José Balcázar (Perú Libre), quien resulte ganador no ejercerá la presidencia en el sentido clásico del presidencialismo peruano —un mandatario con agenda propia y horizonte quinquenal—. Ejercerá algo más cercano a un primer ministro: una figura cuya autoridad emana del respaldo parlamentario, cuya agenda es negociada por las bancadas y cuya continuidad depende de no perder ese respaldo.

La pregunta, entonces, no es si gobernará bien o mal en términos presidenciales. La pregunta es si administrará con suficiente habilidad los equilibrios internos del Congreso como para llegar a las elecciones sin que la mayoría que la sostiene deje de hacerlo. Es una cuestión de gestión parlamentaria, no de liderazgo presidencial.

En ese marco aparece una paradoja adicional. Si quien preside el Congreso actúa como jefe de gobierno, el presidente del Consejo de Ministros pasa a ser el operador político efectivo del sistema: el negociador real de los equilibrios. La transición dependerá menos de jerarquías constitucionales y más de capacidades de coordinación política.

Todo esto ocurre además en medio de una doble transición: hacia nuevas elecciones en marzo y hacia un Congreso bicameral que concentrará aún más poder en el Legislativo. El jefe de gobierno que hoy se designe administrará un sistema que está a punto de institucionalizar la lógica bajo la cual ya viene operando.

El artículo 79 de la Constitución sigue diciendo lo que siempre dijo. La práctica política lleva años funcionando de otra manera.

La consolidación que nadie quiere formalizar

En octubre escribí que el Congreso que nazca después de marzo será más poderoso que nunca, con un Senado no disoluble. Eso sigue siendo cierto y sigue siendo la discontinuidad institucional más relevante. Porque si el parlamentarismo de facto que hoy vivimos aún conserva mecanismos de corrección —presión pública, elecciones cercanas— el diseño que viene puede consolidarlo de manera permanente.

Pero antes hay una condición mínima para que este sistema no derive en desorden fiscal: las bancadas que gobiernan —porque gobiernan, aunque no lo admitan— deben asumir responsabilidad política por el uso del presupuesto.

Hoy gestionan ministerios, distribuyen recursos y fijan prioridades de gasto sin rendición directa de cuentas, porque formalmente no gobiernan. Es poder real sin responsabilidad política.

Formalizar la lógica parlamentaria no es un debate académico. Es un problema de incentivos. Cuando quien decide el gasto sabe que será evaluado por sus resultados, el comportamiento cambia. El presupuesto deja de ser renta electoral y empieza a ser política pública.

Mientras eso no ocurra, seguiremos llamando crisis a lo que es rutina, y seguiremos eligiendo presidentes que en realidad son primeros ministros contingentes.

Esta tarde el Congreso no elegirá a un presidente. Designará a su jefe de gobierno.

Hace más de siglo y medio, José Antonio de Lavalle le escribía a Manuel Pardo: “La política peruana es un laberinto capaz de enredar al mismo diablo.”

Quizá la diferencia hoy no sea el laberinto, sino que recién empezamos a entender su forma.

La contabilidad de un poder sin rostro

A veces, un informe técnico no habla de números, sino de ecos. El reciente estudio del Consejo Fiscal sobre el impacto fiscal de las leyes aprobadas en los últimos años es uno de esos documentos. Sus cifras, que describen con elocuencia una reducción de los ingresos tributarios y un aumento de gasto fiscal estratosféricos, no son el problema en sí mismas, sino el síntoma de una transformación profunda y silenciosa en la forma en que el poder se ejerce en el Perú.

Cada una de esas iniciativas legislativas, vistas en conjunto, dibuja un mapa. No es un mapa de carreteras o de regiones, sino un mapa de la arquitectura de las lealtades que sostiene al gobierno. Detrás de cada beneficio tributario o de cada gasto nuevo no hay solo una política pública, sino la sutil y compleja ingeniería de los apoyos que permiten que el barco del Estado siga su curso, aunque sea hacia una tormenta financiera. Son las piezas con las que se podrían ensamblar las mayorías, la moneda de cambio de un poder que ya no reside en Palacio.

En este escenario, la voluntad del Ejecutivo parece diluirse, como una voz que intenta hacerse oír en una sala donde la conversación principal se libera en otro tono y en otra mesa. La gestión del día a día transcurre, pero las decisiones que realmente moldean el destino fiscal del país, las que definen qué se puede y qué no se puede hacer, parecen tener otra procedencia. No es una ausencia de poder, es una relocalización del poder.

Lo preocupante es que este sistema, que hoy opera con una cierta lógica informal y dispersa, está a punto de encontrar su máxima expresión. La llegada del Congreso bicameral no será un simple cambio de formato. Para muchos de los actores políticos actuales, representa la oportunidad de perfeccionar su oficio en un escenario nuevo y más elevado. Los futuros senadores, en gran medida, serán los arquitectos veteranos de este sistema de equilibrios y concesiones.

El Senado corre el riesgo de convertirse en la consolidación de este poder sin rostro. Una cámara con facultades extraordinarias, pero que, de no mediar una reforma profunda, podría funcionar con la misma lógica de hoy: la de la negociación de cuotas de influencia sin un contrapeso efectivo. Lo que hoy es una práctica que se puede rastrear en los informes del Consejo Fiscal, mañana podría institucionalizarse como una doctrina, elevando la "contabilidad del poder" a un nivel de complejidad y opacidad aún mayor.

El informe del Consejo Fiscal es, en el fondo, una invitación a mirar de frente lo que podría ya estar sucediendo. Nos dice que el poder ya tiene sus propias reglas no escritas y su propia contabilidad. La tarea pendiente no es añadir una nueva cámara a este esquema, sino ponerle nombre y apellido a ese poder.

Se hace urgente una reforma constitucional que no busque un retorno a un pasado idealizado, sino que formalice las responsabilidades del Congreso en su rol de gobierno. Es necesario dotar de reglas claras al juego que ya se juega, establecer mecanismos de control fiscal que sean reales y exigir que quienes negocian el destino de los recursos públicos lo hagan a la luz del día, asumiendo las consecuencias.

De lo contrario, no estaremos creando un Senado, sino el santuario definitivo para un poder que al parecer, aprendió a gobernar en las sombras, con la chequera del Estado en la mano y sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y esa es una deuda que, tarde o temprano, todos los peruanos terminaremos pagando.

Reforma tributaria: rascando la olla

Hace algunas semanas fui entrevistado por diario Uno a propósito de las declaraciones preliminares del flamante Ministro de Economía, David Tuesta. En aquella oportunidad, el ministro describió con no pocos adjetivos la grave situación de las cuentas fiscales del país: “Últimos 11 años han sido un festín de la evasión” aseveró sin dorar la píldora. "Sin más impuestos, se hará muy poco" remató en otra oportunidad.

Con una tasa de incumplimiento del IGV del 36% y del 58% en el caso del IR, no debería llamar la atención que la presión tributaria haya descendido a los niveles más bajos de los últimos años en América Latina. La menor recaudación tributaria se acentuó sobre todo a partir del 2014, cuando bajo el discurso de la desaceleración económica en el Perú, se aprobó a fines de ese año un paquete de medidas de reactivación económica que constaba básicamente de incentivos tributarios. La SUNAT calculó que el Estado peruano asumía un costo anual de aproximadamente 4.5 mil millones de soles  para que nuestros empresarios invirtieran nuevamente, creen puestos de trabajo formales y traigan  bienestar al país.

Fuente: MEF, MMM 2016-2018, pág. 48

El problema que ha originado esta situación es que efectivamente los principales contribuyentes, específicamente los MEGA que está conformado por unas 50 personas jurídicas o naturales que no conocemos pero que nos imaginamos quienes son, han dejado de pagar impuestos sistemática y fuertemente desde 2014 hasta la fecha. En contraste, los contribuyentes de menor tamaño han aumentado sus aportes pero no ha sido suficiente para contrarrestar el fuerte desbarajuste ocasionado por los MEGAs. Y todo parece indicar que este selecto grupo no quiere que se le revise (al menos revertir) su actual situación tributaria a la situación existente el 2014.

¿Qué le queda al Ministro de Economía en estas circunstancias? Rascar la olla con las herramientas tributarias que apenas puede mover, afectando como siempre, a las masas populares antes que a los que tienen más. El incremento del ISC a los combustibles, a los autos, a las bebidas alcohòlicas y azucaradas, siendo positivas desde el punto de vista que aminoran las externalidades negativas, son muy impopulares pues afectan a las grandes mayorías. En efecto, la presión inflacionaria derivada del impacto de la subida del ISC es lo que más recordará la población y no el impacto de la subida de precios internacionales del barril de petróleo.

Lo que han dejado de pagar los ricos, no es compensado por lo que se le cobra de más a la base tributaria

El desafío del gobierno no es pequeño. Pero debe hablar las cosas directamente y sin temor a los que invierten en el país para que se haga un pacto fiscal óptimo, porque lo que está haciendo en este momento, es simplemente pelearse y exprimir a las bases del país y con ello terminarán minando la poca gobernabilidad con la que ha comenzado su gestión. Hace mal, pienso yo, que el Premier haya rebajado su respaldo al Ministro de Economía. Pero también hace mal Tuesta en proponer políticas marginales e impopulares para sacar adelante las finanzas públicas sin primero no haber iniciado una ronda de negociaciones con los inversionistas con una propuesta de pacto fiscal al siglo XXI. Como señalan algunos expertos, no se trata de aumentar el número de contribuyentes sino más bien de mejorar la calidad de los que actualmente están registrados pero no contribuyen o lo hacen por debajo de lo que deberían cumplir (Ramírez, 2018).

Muralla china versus puerta giratoria

Ante las acusaciones recopiladas en las dos mociones de vacancia presentadas en su contra, Pedro Pablo Kuczynski (a.k.a. PPK) presentó como argumento que había una suerte de "muralla china" al interior de su banquito Westfield Capital LLC que le evitaba el problema de conflicto de intereses a la hora de realizar servicios a las empresas privadas que ganaban licitaciones con el Estado -a pesar de que el desempeñaba un cargo público crítico-, por la sencilla razón que el no gestionaba los negocios de ese banquito, sino un tercero. El fue el fundador, es cierto, pero el gestor es otro. En este caso, Gerardo Sepúlveda.

La pregunta que surge en este punto es, si fuera cierta la muralla china, ¿Por qué recibió pagos de Westfield a sus cuentas personales en el BCP, luego de que Westfield cobraba a las empresas que resultaban beneficiadas con licitaciones por parte del Estado mientras que el estaba al frente del MEF, ProInversión o la PCM? Soy fundador, no gestor, pero si beneficiario. Alguien que recibiera las transferencias en los montos que hacía Westfield tendría que haber preguntado mínimamente porqué recibió tales pagos.

El debate del día de hoy en el Congreso ha revelado la coincidencia argumental de varios parlamentarios sobre el caso por el cual PPK es vacado porque ha "confundido la separación entre lo público y lo privado". Es decir, PPK como lobista, no habría sabido reconocer la "muralla china" en el uso de recursos públicos para promover bienestar público y no la ganancia exclusivo privado.  

El modelo de triangulación empleado consiste de al menos estos tres ejes: un funcionario público de alto nivel (ministro o Premier) que concede la licitación y que aprueba el financiamiento público, una empresa que gana la licitación de obra pública, y finalmente, una empresa que asesora en la estructuración del financiamiento. Este modelo permite asegurar las utilidades de la empresa al 100% o lo que es lo mismo, ingresos con cero riesgo. Como esos ingresos están asegurados y apalancados por el respaldo financiero otorgado por el Estado, también se minimiza el riesgo financiero de tomar deudas. Así se asegura la comisión a la empresa que asesora en la estructuración de la deuda, y cuando esta cobra, entonces, se transfiere el dinero a la cuenta del beneficiario último de esta cadena: el funcionario público.

Lo que ha hecho, con pleno conocimiento y conciencia, es aprovecharse de la estructura del Estado y sus recursos para promover ganancias privadas 100% seguras y cobrar de paso, la parte que le corresponde. 

Un problema que reside en el fondo de esta historia es sobre la pertinencia de las obras públicas que eran licitadas. Los cuestionamientos sobre quienes fueron realmente beneficiados por la ejecución de las obras del trasvase de Olmos, IIRSA Norte y Sur abundan en las redes. Si al menos se hubiera hecho obras públicas con impacto directo para la población como hospitales y escuelas, quizás algunos hubieran justificado el penoso dicho que se popularizó alrededor de la gestión de Castañeda "roba pero al menos hace obra".

Estaríamos asistiendo con el modelo de lobbismo de PPK a una corrupción más profunda que el caso Castañeda pues, a diferencia de este último, robó, hizo obra pública, pero no benefició a nadie públicamente, sino sólo a unos cuantos privados y, por supuesto, el mismo. No quiero caer aquí en el error de calificar que este hizo menos daño que el otro, pues considero que ambos casos han violado la ley y la ética pública por igual. Pero las dimensiones y sofistificación del daño económico ha sido distinto, siendo el más perjudicial al erario público lo ejecutado por PPK. 

Para concluir, es muy difícil que PPK convenza a un ciudadano común que el no sabía nada de los beneficios percibidos por Westfield por obras públicas que el hacía ganar directa o indirectamente. No existe muralla china. También, es muy difícil creer que PPK haya confundido que existe una muralla china entre lo público y lo privado que el ha horadado brutalmente para instalar puertas giratorias amplísimas para facilitar la inversión privada con pocos o nula rentabilidad social, pero altísima rentabilidad privada. 

El costo del Censo 2017

En tiempos que nuestro país está altamente conectado, es natural esperar que la percepción de la población sea fácilmente impactada por el curso de los hechos de un evento en particular, como lo ha sido el censo, aunque hayan sido casos aislados. Pues tal como han venido ocurriendo las cosas, parece ser que más que casos aislados estamos asistiendo a un censo con serios problemas de organización, pese al gran esfuerzo de voluntariado desplegado por cientos de jóvenes 'empadronadores'.

Las redes han dado cuenta de muchas familias que no fueron visitadas por los censadores, a pesar de vivir en lugares céntricos y accesibles de la ciudad de Lima. Ha habido reportes de falta de materiales para continuar con las entrevistas, pese a que los empadronadores han tenido tiempo para seguir con su tarea. Finalmente, la noticia de algunos casos de violencia contra los entrevistadores ha indignado a la población pues muchos se preguntaban porqué no se aseguró adecuadamente la integridad de los jóvenes. Al parecer, las fuerzas del orden calcularon que bastaba volar uno que otro helicóptero por las alturas de la ciudad para detectar lo que ocurría al interior de las viviendas o los edificios.

Todos estos problemas, junto con la desfachatez de pegar sendos stickers llamativos en las viviendas censadas con la propaganda de varias empresas, han motivado a que muchos nos preguntemos ¿Cuánto ha costado el Censo 2017? ¿Cómo se ha financiado? ¿Se ha pensado en ejecutar un Censo bamba o qué?

Para averiguar los datos de costo presupuestal, he visitado la Web de Transparencia Económica del MEF tanto para el año 2007 como para el 2017. Estos montos aparecen dentro del Presupuesto Institucional del INEI, institución dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros y son reportados en la tabla 1 abajo.

En el primer caso, para el Censo del 2007, el Presupuesto inicial aprobado ascendía a 21 millones de soles. Sin embargo, este presupuesto fue revisado rápida y fuertemente a más de 3 veces el monto original calculado alcanzando los 63 millones de soles. La ejecución alcanzó finalmente los 62 millones lo que implicó un porcentaje de 98.4% con respecto al Presupuesto Modificado.

Para el 2017, el Presupuesto inicial aprobado ascendió a casi 174 millones de soles para realizar el Censo XII de Población y VII de Vivienda. Las modificaciones presupuestarias llevaron el techo presupuestal a gastar a un poco más de 181 millones de soles, un reajuste de apenas 4.2%. Esto significaría que la planificación presupuestal habría sido más consistente que en el 2010. No obstante, lo que finalmente fue ejecutado (devengado) hasta la fecha son 134.3 millones de soles. Esto representa el 74.1% del PIM. Si por presión para mejorar la recopilación de datos se extendiera la contratación de algunos equipos, existe todavía cierta holgura para completar el Censo que ahora tanto se cuestiona.

Tabla 1. Presupuesto de los Censos 2007 y 2017. Fuente: MEF

Una cuestión que costará mucho comprender en términos mediáticos es porqué habría que confiar en los datos recopilados tal como se ha visto, si es evidente que buena parte de la población quedará fuera del conteo. La respuesta se encuentra en que la mayoría de la población se nos ha enseñado a razonar ariméticamente y no estadísticamente. En efecto, a pesar que se ordene inamovilidad perfecta, nunca por nunca se logrará contar al cien por ciento de la población. Siempre habrá un margen de error y la estadística es la ciencia que busca minimizar ese margen para obtener la mejor calidad de datos posible al costo pagado. Veamos como ha evolucionado este error a través de la historia de los Censos del Perú.

Tabla 2. Población Censada y Omitida 1940-2017. Fuente: INEI

Como se puede apreciar, TODOS los censos han tenido un margen de error. Este error estuvo particularmente fuera de control en 1940, pero luego de 20 años, los censos entraron dentro del margen de error aceptable, es decir, menos del 5% de la población total esperada. Para el 2017, ya lo dijo el propio Presidente PPK, que su apuesta era que encontraremos una población de 31 millones y medio de personas. Su apuesta por supuesto es bastante informada, ya que el Boletín Especial de noviembre de 2010 producido por el INEI reportaba una estimación poblacional de 31.8 millones de personas en el Perú.

Aquí es donde yo me atrevo a postular un par de escenarios para ver hasta dónde puede tolerar el país que encontremos errores. Si asumimos que el número de personas omitidas por el Censo asciende al doble de personas que fueron omitidas en el anterior censo tendremos un error máximo de 5%. Esto incluiría la pérdida total de la información censal a recoger en toda la provincia de la Convención cuya población se estima en 180 mil personas aproximadamente. Pero si asumimos que la omisión se va a ir reduciendo con el Plan de Contingencia que seguro debe tener el INEI para los días que siguen, es muy probable que alcancemos un número similar de personas omitidas al Censo del 2007, es decir unas 800 mil unidades. Con este resultado, el error se reduciría a un rango de 2.5% lo que haría que el Censo en términos técnicos haya sido todo un éxito.

¿Y el costo por unidad? En términos estrictamente presupuestales, el costo unitario del presente Censo se ha duplicado con respecto al obtenido el 2007. En efecto, hace diez años, el costo por persona censada había ascendido a un poco más de 2.2 soles por persona, mientras que para este año, dependiendo del grado de control sobre la omisión se tendría un costo un poco más de 4.4 soles. Este resultado, sin embargo, no explica el porqué de los etiquetas con publicidad empresarial como símbolo de vivienda ya censada. De acuerdo con la web de Transparencia, las donaciones comprometidas apenas han representado 0.013% del PIM del Censo 2017 y como se puede apreciar en la tabla, a la fecha de hoy, las empresas participantes sólo han ejecutado un poco menos de 7 mil soles. Es decir, ¿Por 7 mil soles el Estado les ha regalado publicidad gratis y además les va a dar la información personalizada de al menos 30 millones de peruanos? ¡Por favor!

Tabla 3. Fuente de Financiamiento del Censo 2017. Fuente: MEF.

En conclusión, terminaré señalando que es muy probable que este censo sea un éxito, si es que no sobrepasan el nivel de error (omisión) máximo histórico de los últimos cincuenta años. Existen varios comités que se han puesto a trabajar arduamente juntamente con un ejército de voluntarios jóvenes para que este proceso salga bien parado. No obstante, eso no me exime de condenar el aprovechamiento innecesario que han tenido algunas organizaciones privadas que desde su punto de vista han logrado financiar con muy poco dinero el estudio de mercado más grande posible del país con información sensible que ha sido proporcionada por todos los peruanos. Si es información pública, debe tratarse y proveerse a todos los ciudadanos por igual para conocer al país y proponer políticas públicas acordes con su realidad.

Otro punto lamentable es el tema de la seguridad, en especial para las mujeres. Luego de que una empadronadora haya reportado la violación de parte de un censado, mientras que uno o dos helicópteros de las fuerzas del orden se limitaron a merodear a varios metros de altura dizque resguardando a la ciudadanía, no queda más que condenar estos hechos y exigir que el Presidente tome cartas en el asunto de una vez por todas. No es posible que sólo la ciudadanía se indigne y movilice ante estos hechos, mientras que las fuerzas del orden apenas si visibilizan el problema para actuar como corresponde.

Rescatando al sector privado

En el Perú, a diferencia de los países desarrollados, las APPs y las OxIs son el último grito de moda en políticas públicas diseñadas para rescatar al sector privado con recursos del Estado. Esta no es por supuesto, la primera vez que el Estado peruano está planificando ejecutar semejante aberración a la teología del libre mercado (recordemos el salvataje al Banco Latino). Pero, sinceramente, espero que esta sea la última vez que ejecute algo parecido. 

Lo cierto es que la reciente votación en mayoría lograda por el Congreso a favor del Proyecto de Ley 3690, por el que se propone "medidas para promover el crecimiento económico" se constituiría en uno de los esfuerzos más grandes y escandalosos del sector privado para favorecerse de los ingentes recursos acumulados por el Estado por lo menos en la última década. 

Todo este proceso por supuesto, se encuentra velado ante la opinión pública al confluir dos discursos interesados en capturar los recursos frescos que tiene custodiados el Tesoro peruano. El primero de ellos, el discurso de la crisis internacional y la "tramitología" o "permisología". De acuerdo con este discurso, es el Estado con sus trámites, reglamentos y permisos el culpable de que la economía no pueda seguir creciendo. El segundo de los discursos, es que el Estado descentralizado hasta la fecha es ineficiente y corrupto para ejecutar recursos y bajar la pobreza; por lo tanto, lo más conveniente es que el sector privado con su presunta eficiencia y efectividad asuma los roles del Estado en los que este es claramente ineficiente. 

Explicaré con más detalle porque estos discursos son falsos y como es que ahora se intenta capturar el Estado de una manera limpia, estética y sin mayor aspaviento frente a la sociedad desinformada.

"Me sobreendeudo, pero soy eficiente"

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el BCR, desde el 2do trimestre de 2013, el nivel de endeudamiento de mediano y largo plazo del sector privado ha crecido muy por encima del correspondiente nivel de endeudamiento del sector público. Las cifras, que representan miles de dólares nos dicen que a junio del presente año el sector privado tiene un nivel de endeudamiento con el sector externo que supera al sector público en más de 7.3 mil millones de dólares. Esto ha hecho que el endeudamiento del sector privado alcance a representar el 15.5% del PBI nacional. Si le añadimos el endeudamiento de corto plazo que es prácticamente el 100% por cuenta del sector privado tenemos que la deuda externa privada total a mediados de 2014 representa el 18.6% del PBI.

El sector público, por su parte, ha hecho su trabajo disciplinadamente desde los años noventa. Luego de ordenar las cuentas públicas y reinsertarse al sistema financiero internacional, el tótem del equilibrio fiscal se ha mantenido incólume como herramienta central de la gestión pública, a pesar de los altos costos de la corrupción y de las ineficiencias del que adolece nuestra precaria institucionalidad pública. Esto le ha permitido reducir las presiones propias del sistema financiero internacional ante la sostenibilidad en el manejo de la deuda externa pública. Con datos a junio de 2014, la deuda pública representa apenas el 9.8% del PBI.

Sin embargo, el rápido aumento del endeudamiento privado se ha convertido en un problema que ha llamado la atención a los organismos multilaterales como el BID. El presidente de esta organización, Luis Alberto Moreno, declaró que enfrentamos una situación que no es de urgencia, pero que si merece un llamado de atención para que las autoridades aborden esta problemática "sobre todo de las medianas y grandes empresas, que han recurrido a los mercados externos".

No es de extrañar entonces que uno de los más críticos neoliberales de nuestro medio se haya escandalizado al advertir que el sector privado se ha sobreendeudado tanto recientemente, revelando un crecimiento económico bastante "burbujito", por decir lo menos, en los últimos cuatro años. Sinceramente, este discurso de que el sector privado es eficiente, con estos resultados, deja mucho que desear. Es el propio Dionisio Romero Jr el que ha salido a la palestra a moderar la gravedad del problema al declarar que "No diría que ha habido sobreendeudamiento, lo que ha ocurrido es una reducción en el crecimiento económico y esto hace más difícil a los empresarios de todo tamaño [...], poder cumplir con sus obligaciones".

"Como soy eficiente y tu no, dame la plata"

Como ya lo afirmé más arriba, en este discurso de la crisis y el paquete de reactivación económica, el culpable de la situación siempre es el Estado. Siempre debe ser el Estado, lo que deja como alternativa positiva al sector privado. En efecto, como no dudarlo si el diagnóstico del título II del Dictamen de la Comisión de Economía realizado sobre el P.L. 3690/2014-PE señala lo siguiente:

"La propuesta de incorporar a ciertas entidades del Gobierno Nacional dentro de los alcances de la Ley Nro 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, obedece a la necesidad de impulsar la ejecución del presupuesto asignado toda vez que el promedio de su ejecución no bordea ni el 20%. 

Entre los ministerios involucrados en esta propuesta, se encuentran los de Educación (32%), Salud (9%), Agricultura y Riego (6%), Orden Público y Seguridad (12%), por lo que se ha propuesto que estos podrán disponer de un esquema que les permita agilizar la ejecución de sus proyectos de inversión pública con participación privada tanto en la etapa de concurso como en la etapa de ejecución, sobre todo en los sectores que tienen un mayor impacto económico y social." (pág. 33)

"[...] además de los cuatro ministerios inicialmente involucrados en la propuesta, también se incluya al sector turismo, a fin de revertir la tendencia de baja ejecución del presupuesto asignado a proyectos de inversión en este campo y dar mayor impulso al desarrollo de la infraestructura turística a nivel nacional." (pág. 35)

Lo mismo se asegura en el título III del mismo dictamen cuando se señala:

"La inversión privada en electricidad, en los últimos diez años ha tenido un incremento exponencial, el mismo que no guarda relación con la inversión realizada por las empresas públicas, por lo que es necesario impulsar medidas que reactiven este nivel de inversión.

A pesar del crecimiento, en los últimos 20 años, el índice de electrificación rural aun se encuentra en niveles bajos considerando las proyecciones que se tienen hasta el año 2016." (pág. 39)

"Frente a esta situación, la propuesta del Poder Ejecutivo, tiene por objeto establecer las condiciones que permitan la promoción y la eficiencia de las empresas del Estado, vinculadas al ámbito de la energía eléctrica, sobre todo estimulando la inversión privada, que iría entre el veinte por ciento (20%) al cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social con derecho a voto a través del mercado de valores. Con esta propuesta se mantiene al Estado como accionista mayoritario de dichas empresas. "(pág. 40)

Con respecto a estas dos cuestiones, es preciso señalar lo siguiente:

En primer lugar, la lenta ejecución de los sectores Salud, Educación, Agricultura e Interior resultan por decir lo menos, sospechosas. No es posible que a estas alturas del año los sectores hayan ejecutado en promedio alrededor del 20% de su presupuesto. Revisando las cifras de ejecución de inversiones al último mes disponible (septiembre) queda claro que estos datos no representan la realidad actual. Queda por descartar la hipótesis que los datos correspondan a la fecha en que se presentó el proyecto de ley, esto es, el 28 de julio del presente año. Sin embargo, revisando los informes de Mayo, Junio y el propio mes de Julio vemos que los datos del dictamen no corresponden con ninguno de los sectores, excepto Salud que muestra 9% de ejecución para el mes de Mayo coincidiendo con el dato provisto por el Dictamen.

Los ministerios priorizados por el proyecto del Ejecutivo para el mecanismo de OxI se encuentran en manos de economistas altamente calificados. Al parecer, estas cualidades no han sido suficientes para hacer más eficiente la ejecución. A duras penas han podido replicar los montos de inversión del año anterior, lo que queda claro es insuficiente para las demandas siempre crecientes de la sociedad. Pareciera que habría habido una suerte de concertación para restringir la inversión pública con la finalidad de ayudar a evidenciar el discurso de incapacidad del Estado para ejecutar sus recursos. Economistas de la talla como Waldo Mendoza se preguntaba en el mismo sentido porqué el gobierno seguía con una política fiscal tan restrictiva justo en un periodo de desaceleración económica que demanda un mayor ritmo de gasto fiscal. De esta manera, se da pie al objetivo real que es materia del proyecto de ley, esto es, a redirigir dichos recursos hacia las APP y las Obras por Impuestos (OxI). La razón de ello sería como ya lo expliqué mas arriba, la necesidad de recursos frescos de parte del sector privado para mejorar su posición de endeudamiento que ha afectado al crecimiento económico. He ahi, las razones internas del decrecimiento económico. Estamos pues, frente a un decrecimiento inducido por el MEF.

La pregunta que cabe aquí es, ¿Se otorgarán todos estos recursos y facilidades de manera temporal o será más bien un negocio de mediano plazo? Para esto sería bueno explorar algunos de los riesgos que el Banco Mundial señala expresamente con respecto a la implementación de estas políticas, que se añadirían a los riesgos propios de hacer las cosas a la tole tole. Sólo quiero destacar tres de ellas: la primera, el problema de incurrir en costos más altos en el diseño e inversión que en los procesos tradicionales de licitación pública. Luego, se encuentra la observación que la empresa privada sólo cumplirá las metas y servicios a los que se comprometerá por escrito en el contrato respectivo. Esto implica que si por ejemplo, una empresa X se compromete a atender a 2 millones de personas con una determinada enfermedad cada año, por ninguna razón realizará un mayor número de servicios si existiera un fenómeno imprevisto que incrementara la demanda por este servicio específico. No serán pequeñas las disputas legales y juicios al Estado, en caso de emergencia nacional ante un caso específico. Finalmente, relacionado con lo anterior, queda el tema de la reglamentación y qué organismo del Estado asumirá la supervisión a escala nacional y local de la provisión de los servicios vía APPs. No tiene sentido en este escenario de proliferación de APPs un fortalecimiento de la Contraloría, sino más bien la creación de otras instancias que cumplan con el rol de fiscalización.

En segundo lugar, me parece desproporcionado comparar como lo hace el dictamen de la Comisión de Economía, la rentabilidad de las empresas públicas eléctricas frente a las empresas del sector privado. Esto es así, porque muy aparte del rol público que asumen las empresas públicas por naturaleza propia, la Constitución de 1993 con su respectivo ordenamiento jurídico les otorga la preferencia a las empresas privadas para expandir sus operaciones allí donde lo considera rentable. Al mismo tiempo, el Marco Macroeconómico Mutianual exige a las empresas públicas cumplir con determinadas metas de provisión de recursos para el Tesoro Público lo que en la práctica involucra que las empresas públicas se vean limitadas de reinvertir sus utilidades para incrementar operaciones y por lo tanto su cobertura. En otras palabras, a pesar de las limitaciones legales impuestas a las empresas públicas, en contraste con las empresas privadas que se les otorga todas las facilidades, las primeras obtienen utilidades cumpliendo su rol público en beneficio de los ciudadanos que se encuentran incluso fuera del ámbito urbano.

La pregunta entonces en esta instancia no es tanto cómo las empresas públicas se verán beneficiadas por la incorporación de capital "fresco" de parte de las empresas privadas, sino al revés. Cómo las empresas privadas expandirán y mejorarán sus operaciones subvencionadas por la eficiencia lograda por las empresas públicas.

"¿Eficiente yo?, ¡Por favor!"

¿Cuán eficientes son las ejecuciones actuales de las APPs? El argumento central por el que el Gobierno apela a utilizar este tipo de mecanismo es que el sector privado sabe hacer las cosas con mayor calidad y con mayor eficiencia que lo que puede hacer el sector público. Antes que evaluemos los datos para responder a esta pregunta, primero habría que evaluar cuales son las dimensiones de los recursos comprometidos por este mecanismo a la fecha. De acuerdo con el Reporte Presupuestal de Septiembre de 2014 del MEF (pág. 22), el monto total asciende a 3850 millones de nuevos soles. Este presupuesto equivale, soles más, soles menos, al PIM del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El porcentaje de ejecución de estos proyectos es, comparativamente muy similar a lo mostrado por los sectores que supuestamente se pretende beneficiar con este mecanismo: 44% del PIM. Descubrimos entonces que no existen diferencias significativas entre uno y otro sector a la hora de comparar el ritmo de ejecución de inversión pública. Probablemente, el problema de la baja ejecución durante el año tenga factores explicativos distintos a los esgrimidos por el proyecto de ley, pues es bien sabido que generalmente hacia el último trimestre del año es que se desembalsan las inversiones públicas a nivel nacional.

A manera de conclusión

El reciente informe Doing Business del Banco Mundial señala que el Perú se encuentra como el segundo país, después de Colombia, donde es más fácil hacer negocios en América Latina. Creo que el Estado peruano ha hecho bastante en ese sentido, no sólo para mantener una férrea disciplina fiscal y por tanto hacer atractivo el entorno para las inversiones privadas en el país. 

No obstante, considero inoportuna la falta de debate informado (con impactos medidos) sobre quienes serán los beneficiarios reales de lo que el actual gobierno de nuestro país ha venido preparando para mejorar los índices macroeconómicos. 

No me opongo a que se prueben nuevos esquemas de inversión público privada cuando su objetivo es beneficiar a la sociedad en su conjunto. No obstante, si me opongo a la necesidad de introducir esquemas deformados de asociatividad público privadas cuando las razones para su uso son distintas que las de mejorar las condiciones de vida y la calidad de los servicios públicos para los ciudadanos de mi país. Y sobre todo, desmantelando lo poco de Estado que aún tenemos.

Una cuestión que queda por esclarecer es, que empresas privadas serán beneficiarias de este shock de recursos públicos via APPs. Resulta indicativo que exista una disputa entre la CONFIEP, ADEX y la SNI por cuestiones que en el fondo, merecen ser tomadas en cuenta. La repartición del ingreso debe ser considerada óptima para la multiplicidad de intereses y actores que entran en juego en el gran debate de presupuesto que se cerrará este fin de mes.