Silencio e impugnación: comportamiento estratégico de los candidatos presidenciales ante la segunda vuelta electoral

Una nota técnica para lectores especializados

1. De la narrativa a la estructura

El análisis político convencional enfrenta un problema recurrente: sus sujetos mienten, callan, actúan a través de intermediarios o simplemente no declaran sus motivaciones reales. En contextos de institucionalidad débil — como el peruano — ese problema se agudiza, porque los actores han aprendido que la distancia entre el discurso público y la acción real es un recurso estratégico en sí mismo. Keiko Fujimori no dice que quiere que Sánchez quede fuera del balotaje. López Aliaga no dice que su impugnación es un instrumento de presión y no una denuncia de buena fe. Nadie dice lo que realmente está haciendo.

El análisis basado en intenciones declaradas, en ese contexto, es sistemáticamente insuficiente. No porque los actores sean irracionales, sino precisamente porque son racionales: saben que revelar sus preferencias reales los expone. El analista que espera que los actores expliquen su propio juego espera algo que no va a ocurrir.

La teoría de juegos ofrece una alternativa metodológica más robusta: en lugar de preguntar qué dicen los actores, pregunta qué estructura de incentivos es consistente con el comportamiento que se observa. No necesitamos saber si Keiko y RLA se coordinaron explícitamente. Necesitamos saber si existe una estructura de pagos que hace que su comportamiento observado sea racional para cada uno, independientemente del otro. Si esa estructura existe, la coordinación explícita se vuelve innecesaria como explicación — y el análisis gana en rigor precisamente porque no depende de supuestos sobre intenciones inobservables.

Esta nota presenta esa herramienta de forma accesible, la aplica al escenario post primera vuelta de abril de 2026, y señala con honestidad sus límites.

2. La herramienta: qué es una matriz de pagos y qué no es

Una matriz de pagos es una representación formal de una situación en la que dos o más actores toman decisiones que se afectan mutuamente. Tiene tres componentes básicos.

El primero son los jugadores: los actores que toman decisiones. En un juego político típico no son todos los actores visibles, sino aquellos cuyas decisiones tienen efectos determinantes sobre el resultado. Identificar correctamente quiénes son los jugadores — y quiénes son actores secundarios o jugadores pasivos — es el primer paso analítico no trivial.

El segundo son las estrategias: el conjunto de opciones disponibles para cada jugador. En política, las estrategias raramente son binarias en la realidad, pero la simplificación a dos opciones por jugador suele capturar la tensión central del escenario sin perder potencia analítica. Lo importante es que las estrategias sean mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas para el propósito del análisis.

El tercero son los pagos: el valor que cada jugador obtiene en función de la combinación de estrategias elegidas por todos. Los pagos no son necesariamente monetarios ni objetivos — representan la utilidad subjetiva que cada actor asigna a cada resultado posible. En análisis político, los pagos capturan cosas como poder institucional acumulado, probabilidad de ganar una elección, costo reputacional, o capacidad de influencia futura. La escala es relativa, no absoluta: lo que importa no es el número en sí sino el orden de preferencias que revela.

La matriz organiza estos tres elementos en una tabla donde las filas representan las estrategias de un jugador, las columnas las del otro, y cada celda contiene los pagos de ambos para esa combinación específica de decisiones.

El equilibrio Nash es el concepto central de la teoría de juegos no cooperativos. Un equilibrio Nash es una combinación de estrategias tal que ningún jugador tiene incentivo para desviarse unilateralmente — es decir, dado lo que el otro está haciendo, cada jugador está haciendo lo mejor que puede para sí mismo. Un equilibrio Nash no es necesariamente el mejor resultado colectivo posible: es el resultado estable, el que tiende a persistir una vez alcanzado.

Lo que la herramienta no es merece igual atención. Una matriz de pagos no prueba que los actores hayan coordinado explícitamente. No prueba intenciones. No predice el futuro con certeza. Es un instrumento de consistencia analítica: permite verificar si el comportamiento observado es racional dada una estructura de incentivos plausible. Si lo es, el analista tiene una explicación estructural que no depende de suposiciones sobre lo que los actores se dijeron en privado. Esa modestia metodológica es una fortaleza, no una debilidad.

3. El caso: Keiko, RLA y el jugador pasivo

El escenario post primera vuelta del 12 de abril de 2026 tiene tres actores relevantes: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez. Pero no los tres son jugadores en el sentido técnico del término. Sánchez no tiene estrategias disponibles que afecten el resultado — su suerte depende enteramente de las decisiones de los otros dos. Es un jugador pasivo: sus pagos varían según lo que decidan Keiko y RLA, pero él no elige. Esa asimetría es, paradójicamente, la clave explicativa de todo el escenario.

Los jugadores activos son Keiko y RLA. Las estrategias disponibles son las siguientes. Para Keiko: silencio activo — no tomar posición pública sobre la impugnación — o declaración pública — pronunciarse sobre el proceso y su legitimidad. Para RLA: sostener la impugnación indefinidamente o aceptar los resultados e ir al balotaje.

La matriz con los pagos estimados para cada combinación de estrategias es la siguiente:

 Comportamiento estratégico de los jugadores

 

Keiko Fujimori Silencio activo Declaración pública

Rafael López Aliaga Sostener impugnación Aceptar resultados / ir a balotaje

Roberto Sánchez Jugador pasivo — sus pagos dependen de las decisiones de los otros dos

Pagos (Keiko, RLA, Sánchez) — escala 1–10

Keiko elige fila · RLA elige columna · Sánchez no elige: recibe

	RLA: Sostiene impugnación	RLA: Acepta resultados va a la 2da vuelta
Keiko: Silencio activo	Keiko 9 RLA 7 Sánchez 1 Equilibrio Nash	Keiko 8 RLA 5 Sánchez 6
Keiko: Declaración pública	Keiko 5 RLA 6 Sánchez 2	Keiko 3 RLA 3 Sánchez 9 Celda que ambos evitan

La celda que organiza todo el juego no es el equilibrio Nash sino su opuesto: la celda de riesgo máximo, donde Keiko declara públicamente y RLA acepta los resultados. En ese escenario Sánchez llega a segunda vuelta con tres condiciones simultáneas a su favor: el proceso electoral legitimado por ambos adversarios, Keiko comprometida públicamente con la institucionalidad, y RLA sin capacidad de seguir presionando. En esas condiciones una victoria de Sánchez por margen estrecho es perfectamente posible. Sus pagos en esa celda son máximos. Los de Keiko y RLA colapsan simultáneamente.

El equilibrio Nash está en la celda opuesta: Keiko guarda silencio, RLA sostiene la impugnación. Ninguno tiene incentivo para desviarse unilateralmente. Si Keiko declara mientras RLA sostiene la impugnación, ella pierde ambigüedad estratégica sin obtener nada a cambio. Si RLA acepta los resultados mientras Keiko guarda silencio, cede su única palanca de presión sin compensación.

El resultado es un equilibrio estable que no requiere coordinación explícita. Cada jugador llega a él por su propia lógica de incentivos. La convergencia de comportamientos que el observador externo podría leer como acuerdo es, en términos estrictamente formales, el producto de dos racionalidades individuales que apuntan en la misma dirección. Demostrar que hubo coordinación explícita requeriría evidencia adicional. Demostrar que el comportamiento es consistente con una estructura de incentivos que la hace innecesaria solo requiere la matriz.

La paradoja de Sánchez como jugador pasivo merece una reflexión adicional. En teoría de juegos, los jugadores pasivos — aquellos cuyos pagos dependen del juego pero que no participan en él — pueden ser los más influyentes en términos de estructura. Son el objeto implícito alrededor del cual los jugadores activos organizan sus estrategias. En este caso, los pagos potencialmente altos de Sánchez en la celda de riesgo son exactamente lo que mantiene a Keiko y RLA en el equilibrio Nash. Si Sánchez no tuviera posibilidades reales de ganar una segunda vuelta, la celda de riesgo dejaría de ser peligrosa, el equilibrio se aflojaría y los incentivos para sostenerlo desaparecerían. El jugador que menos decide es el que más estructura el juego.

4. Límites de la herramienta

La honestidad metodológica requiere señalar lo que la teoría de juegos no puede hacer en contextos políticos, precisamente porque esa honestidad fortalece el uso legítimo de la herramienta.

El primer límite es la observabilidad de los pagos. Los pagos que se asignan en una matriz política son estimaciones del analista basadas en comportamiento observado y objetivos inferidos. No son mediciones objetivas. Dos analistas razonables pueden asignar pagos distintos y llegar a equilibrios distintos. La matriz no elimina el juicio analítico — lo estructura y lo hace explícito, lo cual es una ventaja sobre el análisis narrativo implícito, pero no es una garantía de certeza.

El segundo límite es la racionalidad de los actores. La teoría de juegos asume que los jugadores maximizan sus pagos dados sus objetivos. En política, los actores pueden actuar por ego, por error, por presión de sus propias bases o por información incompleta. Un análisis matricial que ignora estas posibilidades sobreestima la coherencia estratégica de los jugadores. En el caso analizado, es perfectamente posible que RLA sostenga la impugnación no solo por cálculo frío sino por una combinación de ego herido y presión de su entorno más cercano. La matriz captura el resultado como si fuera estratégico, pero no puede distinguir entre estrategia y accidente con el mismo resultado.

El tercer límite es la estabilidad del juego mismo. Una matriz de pagos es una fotografía estática de un momento particular. Los pagos pueden cambiar si cambia el contexto: una revelación pública, una decisión judicial inesperada, una declaración de un actor secundario pueden alterar los incentivos y mover el equilibrio. El analista que usa esta herramienta debe tratarla como un instrumento dinámico y actualizable, no como una verdad permanente.

Señalar estos límites no debilita el análisis — lo sitúa correctamente. Una herramienta usada con conciencia de sus límites es más útil que una narrativa sin ninguna. Y en un contexto político donde los actores deliberadamente oscurecen sus motivaciones, una estructura analítica que prescinde de las motivaciones declaradas y trabaja solo con comportamiento observable tiene una ventaja metodológica real sobre cualquier interpretación basada en lo que los actores dicen querer.

El manual del mal perdedor y el bullying al sistema electoral

Hay una figura que la ciencia política conoce bien pero que rara vez nombra con claridad: el mal perdedor institucionalizado. No es simplemente alguien que no acepta una derrota. Es alguien que convierte esa derrota en un instrumento de presión sobre el sistema, con la habilidad suficiente para incorporar actores de peso en su narrativa hasta hacer que el costo de ignorarlo sea mayor que el costo de ceder. En el Perú post primera vuelta del 12 de abril de 2026, Rafael López Aliaga está ejecutando ese manual con una precisión que merece ser analizada sin eufemismos.

El precedente cercano y sus diferencias

El referente más inmediato que viene a la mente es Keiko Fujimori tras la primera vuelta de 2016. Keiko no aceptó su derrota frente a PPK e hizo de la obstrucción parlamentaria su política de gobierno en la oposición. Pero había una diferencia crucial: Keiko tenía mayoría congresal absoluta. Su capacidad de daño era real, institucional, cotidiana. Podía hacer imposible la gobernabilidad desde adentro del sistema, y así lo hizo en líneas generales.

RLA no llega a ese nivel, pero tampoco carece de poder institucional. Tiene bancada en el Congreso actual y ha ganado hasta donde ha llegado el conteo oficial, 8 escaños en el Senado y 16 en la Cámara de Diputados que se inauguran con la nueva legislatura. Su brazo más visible en esta crisis ha sido la congresista Norma Yarrow, quien en ejercicio de sus funciones de fiscalización realizó una visita inopinada a las oficinas centrales de la ONPE, donde denunció públicamente "caos" en los equipos, ausencia de personeros e irregularidades en el proceso, pidiendo intervención inmediata de la Fiscalía. Una acción que, independientemente de su sustento, cumplió una función política precisa: instalar visualmente la sospecha dentro del propio organismo electoral. Yarrow, además, ha resultado elegida como diputada por Lima Metropolitana, lo que le garantiza continuidad institucional en la nueva legislatura. RLA no opera solo desde la tribuna pública: opera también desde el interior del sistema que cuestiona.

El paralelo que realmente importa: 1962-1963

Para encontrar el precedente más cercano hay que retroceder más de seis décadas. En 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre obtuvo la primera votación pero no alcanzó el tercio constitucional requerido. La narrativa de fraude que siguió, amplificada por actores militares y civiles, derivó en el golpe de julio de ese año y en la convocatoria a nuevas elecciones en 1963. El Jurado Nacional de Elecciones fue intervenido ante la incapacidad de resistir la presión acumulada de los diversos actores frente a la multitud de evidencias de fraude que cargaron sobre esta institución.

La diferencia estructural con el día de hoy es significativa: en 1962 era el candidato que quedó en segundo lugar, argumentando fraude sobre el sistema. Hoy es el tercero argumentando fraude sobre el segundo. Eso debería reducir la legitimidad del reclamo. Pero hay algo que lo compensa: la estrechez del margen entre segundo y tercero, que hace técnicamente razonable sostener que el resultado pudo ser otro. Una idea que se ha instalado con facilidad en la sociedad luego que las dos principales encuestadoras publicaran resultados de su conteo rápido mostrando posiciones notoriamente distintas entre RLA y Sánchez.

Y hay algo más que diferencia este momento del de 1962: las Fuerzas Armadas de hoy difícilmente ejecutarían un golpe clásico. Los costos institucionales, internacionales y legales son enormes comparados con los de hace seis décadas. Pero eso no elimina el riesgo; lo desplaza. Si el objetivo ya no puede ser un golpe de Estado, el objetivo se convierte en un bullying al sistema electoral: anular los resultados, convocar elecciones complementarias, suspender el cronograma. Eso es exactamente lo que RLA ha pedido en distintas formulaciones desde el 12 de abril, cambiando el ropaje del pedido cada vez que el anterior era rechazado.

La trampa de cada respuesta institucional

Aquí reside el nudo más delicado del escenario actual. Cada decisión que el sistema electoral toma en este contexto de presión enfrenta una trampa estructural: si cede, valida la narrativa de fraude; si no cede, es acusado de encubrimiento. No hay respuesta técnicamente correcta que sea políticamente suficiente para un actor cuyo objetivo no es la verdad sino la presión.

Lo que sí puede evaluarse es si las respuestas institucionales han sido las más adecuadas para aislar esa trampa. Desde una perspectiva sistémica, tres momentos merecen atención. 

Primero, la denuncia penal de la procuraduría del JNE contra el jefe de la ONPE al inicio de las impugnaciones: lo que pudo haberse leído como proactividad institucional terminó siendo interpretado — incluso por actores que no simpatizan con RLA — como una señal de que algo efectivamente había fallado dentro del propio sistema. Cuando la procuraduría del JNE denunció al jefe de la ONPE, no estaba fiscalizando hacia abajo, estaba fragmentando al sistema electoral hacia afuera. Y cuando el sistema se denuncia a sí mismo, el efecto sobre la confianza pública es devastador, independientemente de la legalidad del acto.

Segundo, el rechazo a las elecciones complementarias: la decisión del órgano colegiado fue jurídicamente sustentable, pero la comunicación pública quedó atrapada en el lenguaje del cronograma y la viabilidad técnica, sin ofrecer a la ciudadanía un argumento de fondo sobre por qué la solicitud era no solo inviable sino conceptualmente errada. La diferencia entre "no podemos hacerlo" y "esto no procede porque el fraude alegado no tiene sustento y hacerlo sería abrir una puerta que destruiría cualquier sistema electoral futuro" es enorme. Solo se escuchó lo primero.

Tercero, la auditoría técnica del desarrollo electoral anunciada el último sábado: sin fecha de inicio, sin efectos suspensivos sobre el cronograma y sin condicionamiento alguno sobre la segunda vuelta, el anuncio fue interpretado por RLA exactamente como era de esperarse. Lo usó para volver al punto de origen: si el JNE mismo siente la necesidad de auditar, es porque en realidad hubo fraude. Una respuesta institucional que le da argumentos al impugnador es una respuesta que no cumplió su función.

Fortalecer la posición del sistema electoral de aquí al domingo 7 de junio requiere algo que no ha ocurrido todavía: una comunicación institucional que no solo defienda decisiones sino que explique con claridad, en lenguaje ciudadano, cuál es el argumento de fondo que sustenta la integridad del proceso. No para convencer a RLA — eso ya es imposible — sino para aislar su narrativa del resto de actores que todavía pueden ser persuadidos.

El actor que no habla: Keiko en campaña

Hay un silencio que en política raramente es inocente. Mientras RLA escala y sostiene incansablemente su impugnación, Keiko Fujimori está en campaña. Publica en sus redes sociales las visitas a las madres de comedores populares, sus reuniones de escucha activa a jóvenes que votaron por primera vez y que no lo hicieron por ella, su acercamiento a los barrios populares en los conos de Lima, su reunión multicolor con una comunidad rural en algún lugar de Ayacucho. Es la imagen de una sólida candidata presidencial en movimiento. No ha tomado posición pública sobre el conflicto entre RLA y el sistema electoral. Ese silencio es llamativo.

Vale la pena hacerse la pregunta que la coyuntura sugiere: ¿Habría llegado esta crisis a este punto si RLA hubiera quedado claramente en segundo lugar y Sánchez en tercero o quinto lugar? La respuesta probable es no. El verdadero detonante no es solo el ego de un perdedor: es que el segundo lugar lo ocupa Roberto Sánchez, y eso genera en amplios sectores — empresarial, militar, mediático y probablemente fujimorista — un nivel de incomodidad que convierte el cuestionamiento electoral en algo más que una rabieta política.

¿Están coordinados Keiko y RLA? No hay evidencia de acuerdo explícito. Pero no es necesario que exista uno para que sus incentivos sean convergentes (ver nota técnica con un enfoque desde la teoría de juegos). Hay además un precedente histórico que vale recordar: en 1985, Alfonso Barrantes, candidato de Izquierda Unida que había pasado a la segunda vuelta, renunció a disputarla y dejó el camino libre a Alan García para que asuma su primera presidencia. Barrantes anunció su decisión bajo el argumento de evitar costos elevados al erario público, además que la ventaja electoral era de lejos bastante amplia. Si RLA llegara a una situación análoga — habiendo agotado la vía impugnatoria sin éxito — la renuncia al balotaje no sería una derrota: sería una jugada. Ya tiene garantizado su escaño en el Senado. No necesita la presidencia para seguir siendo un actor de peso.

La estructura de incentivos lo explica todo

Hay una última clave que ningún actor en este escenario ha dicho en voz alta. Nadie está pidiendo auditar los resultados del Congreso ni del Senado. Solo los resultados presidenciales. Renovación Popular no ha cuestionado los escaños logrados a nivel legislativo. Fuerza Popular tampoco. Las impugnaciones se concentran exclusivamente en la franja que determina quién acompaña a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Esa selectividad no es un detalle procesal: es la confesión implícita de cuál es el verdadero objetivo.

Roberto Sánchez es hoy congresista, pero con un mandato en extinción. Postuló al número uno de la lista de diputados de Juntos por el Perú por Lima, su partido no superó la valla electoral, y con eso se cierra su proyección institucional. No habrá curul en Diputados, no habrá segunda vuelta, no habrá Palacio. Lo que le queda es un poder residual que se agota en julio. Desde ese lugar es muy difícil armar cualquier resistencia sólida.

Keiko, en cambio, ya tiene 22 escaños en el Senado, una bancada importante en Diputados, el porcentaje más alto de votos válidos en primera vuelta, y una segunda vuelta que se perfila sin el único rival que realmente le preocupaba. Si Sánchez queda fuera de la segunda vuelta, ella no solo gana la presidencia con alta probabilidad: gana en condiciones de gobernabilidad. No tendría que verse forzada a vacar a nadie, no tendría que negociar desde la debilidad, no tendría que repetir el desgaste de los años 2016 a 2021. Eso es lo que está en juego. Y eso explicaría por qué este escándalo, que se presenta como una defensa de la democracia, es en realidad una operación de exclusión con ropaje de crisis electoral.

Coda: lo que la historia ya nos enseñó

La historia no se repite. Pero a veces ensaya los mismos movimientos con actores distintos. Vale recordar cómo terminó el ciclo que se abrió en 1962: la presión sobre el sistema electoral produjo un golpe, luego unas elecciones en 1963 en las que Belaúnde llegó al poder luego que se impusiera la narrativa de un fraude, y aun así su gobierno terminó abruptamente en 1968 derrocado por Juan Velasco Alvarado. La intervención sobre el sistema electoral no generó estabilidad: generó una cadena de inestabilidad que costó doce años de gobierno militar. Nadie en sus cabales debería querer repetir ese ciclo. La pregunta relevante hoy no es si RLA tiene razón, sino si las instituciones tienen la fortaleza suficiente para que esa puerta no se vuelva a abrir, y si quienes hoy la empujan han calculado bien lo que puede entrar por ella.

El parlamentarismo de facto elige a su premier

Este texto no pretende atribuir motivaciones personales ni revelar hechos no públicos. Propone una lectura institucional de acontecimientos visibles a partir de un marco interpretativo previamente desarrollado. 

Por qué Jerí tenía los días contados

Cuando en noviembre pasado se aprobó el Presupuesto 2026, el Congreso volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: distribuir. Las bancadas negociaron su cuota de ministerios, proyectos de inversión pública y obras que inaugurar de cara a las elecciones de marzo. Jerí fue el operador de ese reparto; allí residía su utilidad. Haber presidido previamente la Comisión de Presupuesto le había dado el entrenamiento perfecto: repartir lo suficiente para que ninguna bancada se sintiera excluida.

Pero una vez cerrada esa negociación, el equilibrio cambió. El entonces titular comenzó a hablar de equilibrio fiscal en lugar de concentrarse únicamente en administrar políticamente lo acordado. Hizo gestos públicos en sintonía con las advertencias del Consejo Fiscal y con las proyecciones del MEF, que desde hace meses venían señalando los riesgos para la estabilidad macroeconómica de las leyes aprobadas por el congreso. La firma de Jerí avalando el Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible fue recibida en varias bancadas con la misma incomodidad con que un congresista escucha que en diciembre no habrá bono.

En los términos del análisis que he desarrollado en este blog desde 2021, Jerí pasó al cuadrante de los gobernantes prescindibles: ya había cumplido su función distributiva y empezaba a convertirse en un obstáculo para la continuidad del modelo. Un jefe de gobierno contingente, removible sin mayor dramatismo institucional.

El Consejo Fiscal ha publicado en los últimos meses informes que apuntan hacia una fragilidad fiscal creciente. “Ha sido como un tsunami fiscal que ha surgido en los últimos 12 meses”, describió su presidente en noviembre ante los medios. El Congreso, que en la práctica controla la asignación de los recursos del Estado, no ha mostrado mayor sensibilidad ante esas advertencias. En ese contexto, la remoción de un gobernante surgido del propio Parlamento puede leerse menos como un hecho personal y más como un ajuste del sistema frente a un cambio de incentivos.

Algunos relatos mediáticos han querido explicar el episodio en términos casi gastronómicos —si el problema fue comer chifa o hamburguesa o ceviche—. Pero en la política peruana rara vez importa el menú, se puede comer fácil un mixto, triple o siete colores; lo decisivo es quién paga la cuenta. Y en este caso la discusión parecía desplazarse desde cómo repartir el gasto hacia quién asumiría el costo de financiarlo.

La oportunidad de Acción Popular

La probable llegada de Maricarmen Alva a la conducción del Ejecutivo tiene una ironía política relevante. El JNE excluyó a Acción Popular de las elecciones generales por irregularidades internas, un golpe severo para un partido histórico cuyos militantes protestaron con fuerza. Quedaba fuera del proceso electoral precisamente cuando más necesitaba reposicionarse.

Pero la salida de Jerí abrió una ventana inesperada. Si Alva conduce la transición hacia las elecciones de marzo con orden institucional y narrativa democrática, Acción Popular puede obtener un activo político que no tenía hace tan solo un par de semanas: aparecer como administrador del sistema en un momento de incertidumbre. La presidencia del Congreso —que en este esquema equivale a la conducción efectiva del Ejecutivo— se convierte en una tribuna que ningún otro partido posee hoy.

La duración de esa oportunidad dependerá de su capacidad para sostener la coalición parlamentaria que la respalde.

Un premier, no un(a) presidente(a)

Conviene ser explícitos. Si el Congreso elige a Maricarmen Alva (AP) o José Balcázar (Perú Libre), quien resulte ganador no ejercerá la presidencia en el sentido clásico del presidencialismo peruano —un mandatario con agenda propia y horizonte quinquenal—. Ejercerá algo más cercano a un primer ministro: una figura cuya autoridad emana del respaldo parlamentario, cuya agenda es negociada por las bancadas y cuya continuidad depende de no perder ese respaldo.

La pregunta, entonces, no es si gobernará bien o mal en términos presidenciales. La pregunta es si administrará con suficiente habilidad los equilibrios internos del Congreso como para llegar a las elecciones sin que la mayoría que la sostiene deje de hacerlo. Es una cuestión de gestión parlamentaria, no de liderazgo presidencial.

En ese marco aparece una paradoja adicional. Si quien preside el Congreso actúa como jefe de gobierno, el presidente del Consejo de Ministros pasa a ser el operador político efectivo del sistema: el negociador real de los equilibrios. La transición dependerá menos de jerarquías constitucionales y más de capacidades de coordinación política.

Todo esto ocurre además en medio de una doble transición: hacia nuevas elecciones en marzo y hacia un Congreso bicameral que concentrará aún más poder en el Legislativo. El jefe de gobierno que hoy se designe administrará un sistema que está a punto de institucionalizar la lógica bajo la cual ya viene operando.

El artículo 79 de la Constitución sigue diciendo lo que siempre dijo. La práctica política lleva años funcionando de otra manera.

La consolidación que nadie quiere formalizar

En octubre escribí que el Congreso que nazca después de marzo será más poderoso que nunca, con un Senado no disoluble. Eso sigue siendo cierto y sigue siendo la discontinuidad institucional más relevante. Porque si el parlamentarismo de facto que hoy vivimos aún conserva mecanismos de corrección —presión pública, elecciones cercanas— el diseño que viene puede consolidarlo de manera permanente.

Pero antes hay una condición mínima para que este sistema no derive en desorden fiscal: las bancadas que gobiernan —porque gobiernan, aunque no lo admitan— deben asumir responsabilidad política por el uso del presupuesto.

Hoy gestionan ministerios, distribuyen recursos y fijan prioridades de gasto sin rendición directa de cuentas, porque formalmente no gobiernan. Es poder real sin responsabilidad política.

Formalizar la lógica parlamentaria no es un debate académico. Es un problema de incentivos. Cuando quien decide el gasto sabe que será evaluado por sus resultados, el comportamiento cambia. El presupuesto deja de ser renta electoral y empieza a ser política pública.

Mientras eso no ocurra, seguiremos llamando crisis a lo que es rutina, y seguiremos eligiendo presidentes que en realidad son primeros ministros contingentes.

Esta tarde el Congreso no elegirá a un presidente. Designará a su jefe de gobierno.

Hace más de siglo y medio, José Antonio de Lavalle le escribía a Manuel Pardo: “La política peruana es un laberinto capaz de enredar al mismo diablo.”

Quizá la diferencia hoy no sea el laberinto, sino que recién empezamos a entender su forma.