Este texto no pretende atribuir motivaciones personales ni revelar hechos no públicos. Propone una lectura institucional de acontecimientos visibles a partir de un marco interpretativo previamente desarrollado.
Por qué Jerí tenía los días contados
Cuando en noviembre pasado se aprobó el Presupuesto 2026, el Congreso volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: distribuir. Las bancadas negociaron su cuota de ministerios, proyectos de inversión pública y obras que inaugurar de cara a las elecciones de marzo. Jerí fue el operador de ese reparto; allí residía su utilidad. Haber presidido previamente la Comisión de Presupuesto le había dado el entrenamiento perfecto: repartir lo suficiente para que ninguna bancada se sintiera excluida.
Pero una vez cerrada esa negociación, el equilibrio cambió. El entonces titular comenzó a hablar de equilibrio fiscal en lugar de concentrarse únicamente en administrar políticamente lo acordado. Hizo gestos públicos en sintonía con las advertencias del Consejo Fiscal y con las proyecciones del MEF, que desde hace meses venían señalando los riesgos para la estabilidad macroeconómica de las leyes aprobadas por el congreso. La firma de Jerí avalando el Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible fue recibida en varias bancadas con la misma incomodidad con que un congresista escucha que en diciembre no habrá bono.
En los términos del análisis que he desarrollado en este blog desde 2021, Jerí pasó al cuadrante de los gobernantes prescindibles: ya había cumplido su función distributiva y empezaba a convertirse en un obstáculo para la continuidad del modelo. Un jefe de gobierno contingente, removible sin mayor dramatismo institucional.
El Consejo Fiscal ha publicado en los últimos meses informes que apuntan hacia una fragilidad fiscal creciente. “Ha sido como un tsunami fiscal que ha surgido en los últimos 12 meses”, describió su presidente en noviembre ante los medios. El Congreso, que en la práctica controla la asignación de los recursos del Estado, no ha mostrado mayor sensibilidad ante esas advertencias. En ese contexto, la remoción de un gobernante surgido del propio Parlamento puede leerse menos como un hecho personal y más como un ajuste del sistema frente a un cambio de incentivos.
Algunos relatos mediáticos han querido explicar el episodio en términos casi gastronómicos —si el problema fue comer chifa o hamburguesa o ceviche—. Pero en la política peruana rara vez importa el menú, se puede comer fácil un mixto, triple o siete colores; lo decisivo es quién paga la cuenta. Y en este caso la discusión parecía desplazarse desde cómo repartir el gasto hacia quién asumiría el costo de financiarlo.
La oportunidad de Acción Popular
La probable llegada de Maricarmen Alva a la conducción del Ejecutivo tiene una ironía política relevante. El JNE excluyó a Acción Popular de las elecciones generales por irregularidades internas, un golpe severo para un partido histórico cuyos militantes protestaron con fuerza. Quedaba fuera del proceso electoral precisamente cuando más necesitaba reposicionarse.
Pero la salida de Jerí abrió una ventana inesperada. Si Alva conduce la transición hacia las elecciones de marzo con orden institucional y narrativa democrática, Acción Popular puede obtener un activo político que no tenía hace tan solo un par de semanas: aparecer como administrador del sistema en un momento de incertidumbre. La presidencia del Congreso —que en este esquema equivale a la conducción efectiva del Ejecutivo— se convierte en una tribuna que ningún otro partido posee hoy.
La duración de esa oportunidad dependerá de su capacidad para sostener la coalición parlamentaria que la respalde.
Un premier, no un(a) presidente(a)
Conviene ser explícitos. Si el Congreso elige a Maricarmen Alva (AP) o José Balcázar (Perú Libre), quien resulte ganador no ejercerá la presidencia en el sentido clásico del presidencialismo peruano —un mandatario con agenda propia y horizonte quinquenal—. Ejercerá algo más cercano a un primer ministro: una figura cuya autoridad emana del respaldo parlamentario, cuya agenda es negociada por las bancadas y cuya continuidad depende de no perder ese respaldo.
La pregunta, entonces, no es si gobernará bien o mal en términos presidenciales. La pregunta es si administrará con suficiente habilidad los equilibrios internos del Congreso como para llegar a las elecciones sin que la mayoría que la sostiene deje de hacerlo. Es una cuestión de gestión parlamentaria, no de liderazgo presidencial.
En ese marco aparece una paradoja adicional. Si quien preside el Congreso actúa como jefe de gobierno, el presidente del Consejo de Ministros pasa a ser el operador político efectivo del sistema: el negociador real de los equilibrios. La transición dependerá menos de jerarquías constitucionales y más de capacidades de coordinación política.
Todo esto ocurre además en medio de una doble transición: hacia nuevas elecciones en marzo y hacia un Congreso bicameral que concentrará aún más poder en el Legislativo. El jefe de gobierno que hoy se designe administrará un sistema que está a punto de institucionalizar la lógica bajo la cual ya viene operando.
El artículo 79 de la Constitución sigue diciendo lo que siempre dijo. La práctica política lleva años funcionando de otra manera.
La consolidación que nadie quiere formalizar
En octubre escribí que el Congreso que nazca después de marzo será más poderoso que nunca, con un Senado no disoluble. Eso sigue siendo cierto y sigue siendo la discontinuidad institucional más relevante. Porque si el parlamentarismo de facto que hoy vivimos aún conserva mecanismos de corrección —presión pública, elecciones cercanas— el diseño que viene puede consolidarlo de manera permanente.
Pero antes hay una condición mínima para que este sistema no derive en desorden fiscal: las bancadas que gobiernan —porque gobiernan, aunque no lo admitan— deben asumir responsabilidad política por el uso del presupuesto.
Hoy gestionan ministerios, distribuyen recursos y fijan prioridades de gasto sin rendición directa de cuentas, porque formalmente no gobiernan. Es poder real sin responsabilidad política.
Formalizar la lógica parlamentaria no es un debate académico. Es un problema de incentivos. Cuando quien decide el gasto sabe que será evaluado por sus resultados, el comportamiento cambia. El presupuesto deja de ser renta electoral y empieza a ser política pública.
Mientras eso no ocurra, seguiremos llamando crisis a lo que es rutina, y seguiremos eligiendo presidentes que en realidad son primeros ministros contingentes.
Esta tarde el Congreso no elegirá a un presidente. Designará a su jefe de gobierno.
Hace más de siglo y medio, José Antonio de Lavalle le escribía a Manuel Pardo: “La política peruana es un laberinto capaz de enredar al mismo diablo.”
Quizá la diferencia hoy no sea el laberinto, sino que recién empezamos a entender su forma.
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