El precio de dejar de ser antifujimorista

Carlos Meléndez ha escrito sobre un concepto que el denomina "la economía moral del antifujimorismo": esa forma de entender la política peruana en la que ser antifujimorista terminó siendo, para algunos, algo más que una posición política. Era pertenecer al lado democrático, decente y moralmente correcto.

Meléndez observa ahora, no sin ironía, que algunos de quienes ocuparon ese lugar han terminado trabajando para el gobierno de Keiko Fujimori. La pregunta que plantea en ese sentido es interesante: ¿Qué ocurrió con aquella frontera moral?

Pero antes de ello, quizá falta otra pregunta: ¿Por qué esa frontera dejó de tener valor político?

El antifujimorismo que ganaba elecciones

Durante años, el antifujimorismo fue una fuerza electoral formidable. Alejandro Toledo llegó a Palacio en julio de 2001 después de encabezar la Marcha de los Cuatro Suyos tan solo un año antes. Una década después, Ollanta Humala derrotó a Keiko en 2011 encabezando una coalición que tuvo al antifujimorismo como uno de sus principales elementos aglutinadores. Cinco años mas tarde, PPK hizo lo mismo en 2016. Incluso Susana Villarán construyó buena parte de su capital político dentro de ese espacio.

El antifujimorismo no era solamente una oposición. Era una promesa: la de que había otra manera de hacer política.

Pero, esa promesa se erosionó a lo largo de esos 25 años. Toledo terminó condenado el 2024 por el caso Odebrecht. PPK enfrenta investigaciones y juicios por sus vínculos con la constructora brasileña. Villarán admitió aportes de Odebrecht y OAS. Alan García murió antes de poder enfrentar judicialmente las acusaciones que pesaban sobre él.

No todos estos casos son iguales, pero políticamente produjeron un efecto semejante: la corrupción dejó de ser atribuible de manera exclusiva al fujimorismo. El antifujimorismo perdió su monopolio moral.

De la mayoría absoluta a la cooptación

Conviene no perder de vista la cronología pero, esta vez desde otro ángulo. En 2016 el fujimorismo obtuvo una mayoría absoluta en el Congreso, con más de 70 escaños. Gobernaba por números absolutos: no necesitaba construir puentes con otras fuerzas políticas, le bastaba y sobraba su propia bancada. Con K.

Pero el cierre del Congreso por Vizcarra en 2019 cambió esa ecuación. El fujimorismo perdió esa mayoría, pero esta situación le obligó a aprender a ganar algo distinto: la capacidad —y la necesidad— de construir alianzas, en particular con una izquierda conservadora que compartía con la derecha una misma desconfianza hacia los "caviares" que se creían la reserva moral del país.

Ahí nace el patronazgo como estrategia, no como rasgo constante de Keiko: cuando ya no le alcanzaba con los votos propios, había que ofrecer algo a cambio de los ajenos. Un ministerio, una embajada, una dirección, una candidatura, una banca. Eso tiene un nombre menos escandaloso que corrupción —patronazgo político— y cuando sirve para incorporar adversarios, cooptación. El mecanismo puede ser perfectamente legal; su naturaleza política, sin embargo, merece ser discutida.

Montesinos necesitaba comprar voluntades —con fajos de billetes— una por una. Keiko, sin esa mayoría de 2016, aprendió algo más eficiente: no hace falta que todos sean fujimoristas, basta con que muchos tengan razones para trabajar con el poder. Es, casi al pie de la letra, la segunda de las 48 leyes del poder que popularizó Robert Greene: aprender a usar a los enemigos en beneficio propio.

Tres formas de cruzar la frontera

El fenómeno que señala Meléndez no es uniforme; tiene grados. A diferencia de su columna, que ilustra el patrón con un antifujimorista hipotético y compuesto, acá vale la pena mirar casos reales y verificables, aunque sin necesidad —ni certeza— de reconstruir la biografía laboral privada de cada uno.

Está el caso técnico: alguien sin cargo partidario acepta una posición dentro del aparato del Estado. Sheput —crítico del fujimorismo antes de asumir como ministro de Trabajo— es quizás el ejemplo más representativo de la idea de Meléndez: el antifujimorista que podría haber terminado enviando su CV con "algunas sugerencias de puestos", como escribe en su columna.

Está el caso del operador: Rospigliosi, antifujimorista visceral de vieja data, que también terminó, con el tiempo, del otro lado. Su caso importa porque muestra que esto no es solo pragmatismo de una nueva generación: incluso los más duros cruzan la frontera cuando cambia el mercado político.

Está también el caso de la conversión plena: Hernando Guerra García, crítico del fujimorismo, terminó como congresista —y vocero— de esa misma fuerza. Este nivel no requiere ni siquiera un aporte técnico a cambio: solo lealtad declarada.

De la misma cantera del PPC surgen dos variantes más. Luis Galarreta, opositor reconocido hace ya bastante tiempo, hoy preside el Consejo de Ministros. Beingolea, invitado al gabinete por el propio Galarreta, terminó disputando —como ministro de Cultura— que el futuro del LUM se decida en su sector y no en Justicia; no está claro si busca protegerlo o controlar los términos de su desmontaje, pero es él quien, por el momento, decide. 

Pero el caso que mejor cierra la lista es otro: Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, figura entre los nombres solicitados para representar al Perú en Washington. No se trata de un antifujimorismo faccioso ni de carrera política doméstica, sino del antifujimorismo más doctrinario y de mayor proyección internacional que tuvo el país: el que sostuvo, durante tres décadas, que un triunfo de los Fujimori equivalía a una reivindicación de la dictadura. Si ni siquiera esa posición escapa a la lógica del nombramiento, la tesis se sostiene con más fuerza que con cualquiera de los casos anteriores.

El recurso más escaso

Aquí aparece una variable que suele quedar fuera de estas discusiones: el empleo. En un país donde la informalidad laboral sigue siendo enorme, una posición estable dentro del Estado vale mucho más que el salario. Significa continuidad profesional, redes, visibilidad y, para un político, la posibilidad de sostener una carrera.

Por eso la pregunta no debería ser solamente por qué un antiguo antifujimorista acepta trabajar para Keiko. También habría que preguntar qué precio tiene hoy seguir siendo antifujimorista, cuando esa etiqueta ya no garantiza una victoria electoral pero el gobierno sí puede distribuir posiciones y construir alianzas. Lo que antes parecía traición puede ser, simplemente, una decisión racional dentro de un mercado político.

El Congreso que juntó a los extremos

La última legislatura mostró hasta dónde llegó esta transformación: los extremos políticos se encontraron para combatir a un enemigo común, el "caviar", el "progre", el "caviarón". Esa coalición no reunía solo a la derecha; incorporaba también a sectores de izquierda que desconfiaban de una que se había acostumbrado a presentarse como reserva moral.

La antigua división entre izquierda y derecha —también la de fujimoristas y antifujimoristas— perdió capacidad explicativa. Lo que empezó a importar fue quién tenía acceso a los recursos del poder y quién podía distribuirlos.

Por eso Keiko puede haber ganado algo más que una elección. La victoria de Keiko en 2026 no significa que los peruanos hayan olvidado los años noventa, ni que las críticas contra Alberto Fujimori hayan perdido validez. Significa que el antifujimorismo dejó de funcionar como veto electoral, en parte porque el propio sistema político fue destruyendo, durante quince años, las fronteras morales sobre las que ese veto se sostenía.

El fujimorismo aprendió otra cosa: no necesita que todos sean fujimoristas. Le basta con que muchos tengan razones para trabajar con él. Ahí está, quizás, la diferencia entre Montesinos y Keiko. Montesinos necesitaba comprar voluntades. Keiko tiene algo más poderoso: el control de un paisaje político lleno de posiciones que repartir.

No hace falta un sobre. Basta un nombramiento.

El cazador de presidentes

«Por mis hijos, para construir una mejor Policía Nacional y combatir el crimen, la extorsión, pero sobre todo la corrupción en el poder, sí, juro.»

— Harvey Colchado, al juramentar como diputado (Caretas 24.07.2026).

El diputado más votado del país, con 143 244 votos, aceptó ocupar el tercer lugar en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. No la presidencia que su respaldo parecía justificar, sino la segunda vicepresidencia. Quien no lo conoce podría leerlo como modestia, o incluso como una derrota. Creo que es exactamente lo contrario: una jugada. Odiseo no regresa a Ítaca convertido en rey ni entra por la puerta grande; vuelve disfrazado de mendigo, deja que los pretendientes se confíen mientras devoran su casa y solo entonces, cuando nadie lo mira, tensa el arco. Colchado como segundo vicepresidente parece encarnar ese mismo disfraz: adentro para verlo todo, demasiado abajo para convertirse en el blanco principal.

Conviene recordar de quién hablamos. Antes de convertirse en el rostro más visible de las investigaciones por corrupción política, el coronel Harvey Colchado participó en operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado, entre ellas la captura del cabecilla senderista Artemio. Más tarde, al frente de la Diviac (Dirección de Investigaciones de Alta Complejidad), estuvo detrás de algunas de las intervenciones más delicadas de la historia reciente del país: la diligencia en la vivienda de Alan García en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht; la detención de Keiko Fujimori y de parte de la cúpula de Fuerza Popular en el caso Cócteles; la captura del presidente Pedro Castillo cuando intentaba llegar a la embajada de México tras su intento de cerrar el Congreso; y el allanamiento de la casa de la ex presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, episodio que terminó costándole la jefatura de la Diviac y, más tarde, el pase al retiro.

No es un hombre de un solo bando: es el cazador de los poderosos, sin distinción de color político. A la derecha, al Apra, al maestro de Chota y a la presidenta que hoy gobierna les ha puesto la mano encima. Y cuando el poder lo expulsó, regresó por donde ya no podían impedirle el paso: por el voto. Los 143 244 votos que obtuvo hicieron de él el diputado con mayor respaldo ciudadano del país.

Su arma nunca ha sido la del gobierno. Su instrumento es el expediente, y su doctrina consiste en investigar antes de que el daño se consuma, no después. El arco es paciente y certero; dispara desde lejos. No hace falta imaginar hacia dónde podría apuntar: ya derribó a Keiko Fujimori una vez, y ahora que ella viste la banda presidencial, aparece como el pretendiente más grande de la sala.

Desde esa perspectiva, aceptar un lugar aparentemente modesto parece responder a un cálculo político. Desde la segunda vicepresidencia preserva lo más valioso de su capital político: una reputación de incorruptible que la presidencia de la Mesa, con sus inevitables cuotas y negociaciones, podría desgastar. Además, se ubica cerca del centro de gravedad de la Cámara convirtiendo su posición en una suerte de seguro político. Disolver la Cámara de Diputados ya había sido planteado en marzo por López Aliaga como una posibilidad constitucional; hacerlo con el parlamentario más votado del país sentado en ella tendría un costo político mucho mayor, pues podría ser percibido también como el silenciamiento del representante con mayor respaldo ciudadano. Su sola presencia eleva el precio de cualquier aventura de ese tipo.

No deja de ser revelador que, al juramentar como segundo vicepresidente, ya no insistiera en la lucha contra la corrupción, sino en el «restablecimiento del equilibrio de poderes» y la construcción de «una verdadera nación». Quizá entendió que, desde el Congreso, su papel ya no consistirá únicamente en perseguir delitos, sino también en impedir que el poder vuelva a concentrarse sin contrapesos. Después de todo, un investigador combate a quienes violan la ley; un parlamentario también tiene la responsabilidad de proteger las instituciones que impiden que ese abuso llegue a convertirse en norma.

Pero tampoco conviene idealizarlo demasiado, y ahí reside quizá la característica que lo convierte en la pieza menos predecible del tablero: su arco no apunta hacia un solo lado. No pertenece a la izquierda; pertenece, sobre todo, a su propia trayectoria. Los castillistas que hoy integran la coalición votaron una Mesa que tiene como segundo vicepresidente al hombre que condujo la captura de su líder. Tuvieron que tragarse ese sapo. Esa independencia es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su mayor soledad. Es leal a su regreso, y a nadie más.

En una serie sobre hombres deshechos por una armadura prestada o por un hambre que nunca se sacia, Colchado representa el reverso: el único cuyo poder parece ser verdaderamente suyo y que lo administra con la paciencia de quien sabe esperar. Si alguien vuelve a casa en esta historia, apostaría por él. Aunque conviene no olvidar cómo termina la Odisea: el regreso de Odiseo no es un abrazo. Es el momento en que tensa el arco y cambia para siempre el orden de la casa que encontró.

La estación terminal de las aspiraciones presidenciales

En política existen trayectorias que parecen lógicas, pero que la historia se encarga de desmentir. Una de ellas es la idea de que la alcaldía de Lima constituye el trampolín natural hacia la Presidencia de la República. La intuición resulta seductora: quien gobierna la ciudad más importante del país debería estar mejor preparado para gobernar el Perú. Sin embargo, la evidencia muestra exactamente lo contrario.

La pregunta es sencilla: ¿Algún alcalde de Lima ha llegado a Palacio de Gobierno utilizando la Municipalidad como plataforma de partida? La respuesta, desde el retorno de la democracia en los ochenta, es negativa.

Los intentos comenzaron hace décadas. En 1985, dos exalcaldes de Lima disputaron la Presidencia desde extremos opuestos del espectro político. Luis Bedoya Reyes, fundador del Partido Popular Cristiano, obtuvo alrededor del diez por ciento de los votos. Alfonso Barrantes, el alcalde más popular de la izquierda peruana y creador del programa Vaso de Leche, quedó segundo detrás de Alan García y decidió no participar en la segunda vuelta. Ni la derecha ni la izquierda encontraron en la alcaldía un camino hacia Palacio.

La historia continuó repitiéndose. Ricardo Belmont, alcalde durante los primeros años de la década de 1990, fue derrotado ampliamente por Alberto Fujimori en 1995. Alberto Andrade, reconocido por la recuperación del centro histórico y la modernización de Lima, inició la campaña del 2000 encabezando las encuestas como principal opositor al régimen; terminó tercero con apenas el tres por ciento de los votos. Luis Castañeda Lossio, tres veces alcalde y probablemente uno de los gestores municipales más populares de las últimas décadas, postuló en 2011 y quedó relegado al quinto lugar.

No se trata de una coincidencia aislada. Se trata de un patrón que atraviesa gobiernos, partidos e ideologías.

¿Por qué ocurre? Porque el liderazgo municipal de la capital y el liderazgo presidencial responden a lógicas distintas. Un alcalde es evaluado principalmente por su capacidad para ejecutar obras, resolver problemas urbanos y administrar una ciudad compleja. Un candidato presidencial, en cambio, necesita construir un relato nacional, articular alianzas territoriales y conectar con un electorado mucho más diverso que el limeño. Son habilidades relacionadas, pero no equivalentes.

En otras palabras, Lima no es el Perú. La popularidad obtenida administrando la capital no necesariamente se traduce en respaldo en la costa, la sierra y la selva. Gobernar una metrópoli y representar un país son desafíos diferentes.

La dirección y el sentido de las carreras políticas también resulta punto interesante a destacar. Más de una figura nacional encontró en la Municipalidad de Lima un espacio para reinventarse después de una derrota presidencial. Luis Castañeda perdió la elección del año 2000 antes de conquistar la alcaldía. Susana Villarán fue candidata presidencial en 2006 y solo cuatro años después ganó la Municipalidad. La flecha parece correr en un solo sentido: la derrota nacional puede conducir a Lima, pero Lima no conduce a la Presidencia.

Ese patrón histórico vuelve inevitable mirar con cautela cualquier intento de convertir la alcaldía en plataforma presidencial. La historia no demuestra que sea imposible, pero sí que ha sido extraordinariamente improbable. Ningún alcalde de Lima ha conseguido romper esa barrera durante más de cuatro décadas.

Toda regla puede encontrar una excepción algún día. Sin embargo, quien aspire a ser el primero deberá enfrentarse no solo a sus rivales políticos, sino también a una evidencia histórica persistente. Hasta ahora, la Municipalidad de Lima no ha sido la estación de partida hacia Palacio de Gobierno.

Ha sido, más bien, la estación terminal de las ambiciones presidenciales.

La renuncia más costosa de las elecciones generales 2026

Esta mañana, en el hemiciclo, un ingeniero agrícola de 75 años juró como senador de la República "por Dios, la patria, por mi familia, por la memoria de mis señores padres, y por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori". Lo hacía por Renovación Popular, pero el nombre que eligió para definir su identidad política no fue el de su partido, sino el del régimen del que proviene. Esa distancia entre la etiqueta partidaria y la lealtad política explica, mejor que cualquier otra cosa, cómo llegó hasta ese escaño.

La pregunta no es por qué juró Absalón Vásquez. La pregunta es por qué Rafael López Aliaga decidió no hacerlo. En abril, 1'993,905 peruanos votaron por él como senador. Ese voto expresaba una expectativa concreta: que ejerciera la representación que acababan de confiarle. Sin embargo, renunció a ella.

La explicación oficial es conocida. López Aliaga sostiene que no puede juramentar porque considera fraudulento el proceso electoral y hacerlo implicaría convalidarlo. El problema es que ese argumento se aplica de manera selectiva. Mientras él rechaza asumir el cargo, su bancada sí recibió credenciales, se instaló en el Congreso y ejerce plenamente sus funciones. Si el origen del Parlamento fuera realmente ilegítimo, la coherencia exigiría desconocerlo por completo, no solo abstenerse de jurar personalmente.

Por eso la explicación resulta insuficiente. Renunciar a un mandato otorgado por casi dos millones de ciudadanos tiene un costo político demasiado alto para justificarse únicamente con un gesto simbólico.

La respuesta podría encontrarse en la persona que ocupó finalmente ese escaño.

Absalón Vásquez no es un dirigente cualquiera de Renovación Popular. Es uno de los cuadros históricos del fujimorismo. Fue ministro de Agricultura de Alberto Fujimori, posteriormente su asesor en temas agrarios y nunca ha ocultado su identificación con ese proyecto político. Su incorporación a la lista de Renovación Popular fue reciente y ocurrió por invitación de López Aliaga.

Lo singular no es solo su trayectoria política. También posee un perfil técnico poco común. Es ingeniero agrícola, especialista en manejo de cuencas, cosecha de agua y desarrollo rural, precisamente los temas que adquieren relevancia cuando el país enfrenta la amenaza de un Fenómeno del Niño intenso.

Aquí aparecen dos hipótesis plausibles.

La primera es política. A sus 75 años, el escaño puede entenderse como un reconocimiento a uno de los últimos referentes históricos del albertismo, alguien que no había conseguido llegar al Senado por voto propio.

La segunda mira hacia el futuro inmediato. Si el próximo gobierno debe enfrentar una emergencia climática desde sus primeros meses, contar dentro de la bancada con alguien que conoce el aparato estatal y el sector agrario puede tener un valor estratégico. En ese escenario, la llegada de Vásquez deja de ser un simple reemplazo y pasa a formar parte de una preparación política para una eventual crisis.

No es posible demostrar cuál de estas explicaciones es la correcta. Lo que sí puede afirmarse es que ambas resultan más consistentes que la versión oficial basada en la coherencia frente al supuesto fraude.

En política, las decisiones importantes rara vez se toman para sustituir un nombre por otro equivalente. Se toman porque la persona elegida aporta algo que ningún otro puede aportar. Absalón Vásquez no era un accesitario cualquiera. Esa es precisamente la razón por la que su llegada merece una explicación.

Quizá el tiempo termine revelando cuál era el verdadero propósito. Si el nuevo bloque entre Fuerza Popular y Renovación Popular se consolida y Vásquez adquiere un papel relevante en la respuesta frente a un eventual Fenómeno del Niño, la hipótesis técnica cobrará fuerza. Si no ocurre, la interpretación del premio político será probablemente la más convincente.

En cualquiera de los dos casos, la pregunta inicial permanece intacta: ¿Por qué Rafael López Aliaga renunció a representar a casi dos millones de electores? La explicación oficial no basta. Y mientras no aparezca una mejor, el nombre de Absalón Vásquez seguirá siendo la pieza que hace que toda la operación resulte, al menos, inteligible.

La economía política de la incertidumbre electoral

La elección presidencial ya ocurrió.

Millones de peruanos hemos acudido a las urnas el domingo y emitimos nuestro respectivo voto. Sin embargo, varios días después seguimos inmersos en una intensa discusión pública sobre quién terminará ganando la elección.

¿Cómo es posible?

La respuesta es sencilla: lo que hoy discutimos ya no son los votos. Discutimos expectativas.

Apenas concluyó la jornada electoral, los conteos rápidos de las principales encuestadoras mostraron una elección extraordinariamente ajustada. Conforme avanzó el conteo oficial de la ONPE ocurrió algo que muchos especialistas habían anticipado: la ventaja inicial que favorecía a un candidato fue reduciéndose hasta ser superada por su contendiente.

Hasta ese momento, la discusión giraba alrededor de los resultados observados.

Pero ayer se produjo un quiebre, acarreando un debate distinto.

Aparecieron simulaciones matemáticas. Surgieron proyecciones sobre el peso de las actas observadas. Se difundieron análisis sobre el comportamiento probable del voto en el extranjero. Circularon audios, comentarios de especialistas y modelos estadísticos que intentaban anticipar el resultado final antes de que concluyera el conteo oficial.

De pronto, la conversación pública dejó de concentrarse en los votos efectivamente contabilizados. Ahora estamos concentrados en los pocos votos que aún faltan contar.

La diferencia parece pequeña, pero es enorme.

Como economista, este fenómeno me resulta familiar. Los mercados financieros funcionan sobre expectativas. Las empresas invierten sobre expectativas. Los consumidores toman decisiones sobre expectativas. El dólar sube y baja no solo con los hechos, sino con lo que los agentes creen que ocurrirá. Una parte importante de la economía moderna consiste precisamente en administrar la incertidumbre —y en entender que las expectativas tienen consecuencias tan reales como los hechos que las originan.

La política no es muy distinta.

En una elección tan ajustada como la que estamos viviendo, las expectativas comienzan a adquirir una relevancia extraordinaria. Los modelos intentan anticipar el futuro. Los analistas construyen escenarios. Los medios difunden proyecciones. Los ciudadanos buscan señales que les permitan reducir la incertidumbre. Es una reacción perfectamente natural ante lo que no se puede aún verificar.

El problema es que las expectativas tienen una característica peculiar: pueden independizarse de los hechos. Una vez instaladas, comienzan a producir emociones propias —optimismo en unos, preocupación en otros— y cuando finalmente se revela la realidad, la reacción de las personas no depende únicamente del resultado observado, sino también de las expectativas que habían construido previamente.

Por eso una elección extremadamente ajustada puede convertirse en un terreno fértil para la polarización. Quienes creen que su candidato terminará ganando reciben cada nueva proyección como una confirmación. Quienes creen lo contrario hacen exactamente lo mismo. Poco a poco, el debate deja de girar alrededor de la evidencia disponible y empieza a organizarse alrededor de escenarios futuros que todavía nadie puede verificar.

Las redes sociales amplifican este fenómeno a una velocidad extraordinaria. Una simulación estadística, una declaración pública, una plataforma de apuestas o una proyección electoral pueden modificar en cuestión de minutos el estado de ánimo de miles de personas. Ninguno de esos elementos cambia los votos ya emitidos. Pero sí puede cambiar las expectativas acerca de esos votos. Y las expectativas tienen consecuencias políticas.

Aquí reside el núcleo del problema: cuando las expectativas se alejan demasiado de los resultados finalmente observados, aparece la frustración. Y cuando la frustración se combina con una sociedad altamente polarizada —como es hoy la nuestra—, el riesgo de conflicto aumenta.

Y los primeros cantos de batalla —los gritos de fraude, las exigencias de que se respeten "los verdaderos resultados"— ya han comenzado a escucharse.

Por eso resulta tan importante distinguir entre observación y expectativa. La observación nos dice qué sabemos. La expectativa nos dice qué creemos que ocurrirá. Ambas son útiles. Pero no son lo mismo, y confundirlas tiene costos.

Los modelos son herramientas valiosas. Las simulaciones también lo son. Los análisis prospectivos lo son mucho más. Nos ayudan a navegar la incertidumbre y a entender escenarios posibles. Pero no eliminan la incertidumbre. Esa es una lección que vale tanto para la economía como para la política.

En las últimas horas varias personas me han preguntado quién creo que terminará ganando la elección. Supongo que esperan una respuesta sólida y certera porque me dedico profesionalmente al análisis económico y estadístico. Sin embargo, mientras escucho pronósticos, reviso modelos y observo cómo las expectativas se multiplican en todas direcciones, recuerdo una advertencia que John Maynard Keynes dejó sobre el futuro y la incertidumbre. A veces, la respuesta más rigurosa —y también la más honesta— sigue siendo la más incómoda:

Simplemente no sabemos.

La tercera vuelta

Los resultados de la segunda vuelta presidencial aún deben ser confirmados por las autoridades electorales. Sin embargo, si la experiencia reciente sirve de referencia, es probable que los conteos rápidos vuelvan a demostrar el alto nivel de precisión que los ha caracterizado durante las últimas décadas.

En esta oportunidad, no fue una sola empresa la que presentó una proyección. Tanto Ipsos como Datum realizaron conteos rápidos independientes y, aunque con diferencias en la magnitud de la ventaja observada, ambas coincidieron en señalar una elección extraordinariamente ajustada y una ligera ventaja para Roberto Sánchez.

Naturalmente, ninguna proyección estadística reemplaza al resultado oficial. Pero la coincidencia entre ejercicios independientes sugiere que la principal incertidumbre ya no se encuentra en la estimación estadística del resultado, sino en la gestión institucional de las controversias que puedan surgir durante su validación oficial.

Paradójicamente, la discusión pública parece haberse desplazado del conteo de los votos hacia otro terreno. Ya no se debate únicamente quién obtuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos. La atención comienza a concentrarse en las instituciones que deberán resolver las controversias derivadas del proceso electoral. Es allí donde aparece lo que podríamos llamar la tercera vuelta.

La primera vuelta ocurrió en abril. La segunda vuelta se desarrolló en las urnas. La tercera vuelta se librará en expedientes, recursos, apelaciones, conferencias de prensa, entrevistas, redes sociales y titulares periodísticos. Su principal protagonista ya no será uno de los candidatos presidenciales, sino el Jurado Nacional de Elecciones.

La noche electoral ofreció una secuencia particularmente interesante de observar.

A las cinco de la tarde, Ipsos y Datum presentaron los resultados de su conteo rápido. Ipsos lo hizo por encargo de Transparencia y en colaboración con el National Democratic Institute (NDI). Poco después, Roberto Sánchez apareció en la Plaza San Martín en un acto espontáneo donde transmitió optimismo respecto a los resultados presentados, pero también llamó a sus simpatizantes a defender cada voto emitido.

Más tarde, Keiko Fujimori realizó su propia declaración pública. Recogió la caracterización de empate técnico presentada por las encuestadoras, y acto seguido convocó a sus personeros a defender cada voto y añadió un cuestionamiento a la capacidad de una muestra relativamente pequeña para representar el universo nacional de mesas electorales.

La convocatoria a los personeros no tiene nada de extraordinario. Forma parte del funcionamiento normal de cualquier democracia. Los personeros existen precisamente para vigilar el proceso electoral, registrar incidencias y defender los votos de sus organizaciones políticas. Sin embargo, el episodio revela algo más profundo.

La discusión pública se estaría desplazando desde el conteo de los votos hacia los mecanismos encargados de validarlos. La pregunta dejará de ser únicamente quién recibió más respaldo electoral y pasará a convertirse en una discusión sobre cómo se resolverán las controversias posteriores. De esta manera se habría inaugurado el inicio de la tercera vuelta.

En este punto, conviene recordar una cuestión fundamental. El Jurado Nacional de Elecciones no elige presidentes. La legislación peruana establece una regla sencilla para la segunda vuelta: gana quien obtiene más votos válidos. Incluso si la diferencia fuera de un solo voto. La función del JNE no consiste en escoger entre dos candidatos, sino en resolver las controversias que puedan surgir durante el escrutinio aplicando las normas electorales previamente establecidas.

La diferencia parece técnica, pero es fundamental. En una elección cerrada, el problema no es que aumente la importancia del JNE. El problema es que muchos ciudadanos comienzan a atribuirle un poder que en realidad no tiene. Cuando se instala la idea de que el árbitro decidirá quién será presidente, cada resolución deja de evaluarse por sus fundamentos jurídicos y comienza a interpretarse como una toma de posición política.

La experiencia reciente en la definición de quien quedó en segundo lugar en las elecciones de la primera vuelta demuestra lo delicado que puede resultar este proceso.

En las elecciones presidenciales de 2016 y 2021, y junto con la reciente experiencia de la primera vuelta de 2026, cada proceso extremadamente ajustado parece haber aumentado el nivel de exposición pública y cuestionamiento hacia las instituciones encargadas de administrar las elecciones.

No se trata de afirmar que toda crítica sea ilegítima. Las instituciones democráticas deben estar sujetas al escrutinio ciudadano. El problema aparece cuando el cuestionamiento deja de concentrarse en decisiones específicas y comienza a erosionar sistemáticamente la confianza en el árbitro mismo.

En ese momento, la discusión deja de ser electoral para convertirse en institucional.

La experiencia de la primera vuelta presidencial de este año constituye una advertencia importante. Las autoridades electorales fueron sometidas a una presión política, mediática y ciudadana pocas veces vista en las últimas décadas. Cada resolución fue examinada al detalle. Cada declaración pública fue interpretada políticamente. Cada demora fue presentada como evidencia de algo más profundo.

La segunda vuelta encuentra al Jurado Nacional de Elecciones plenamente consciente de ese escenario. Por ello, la tercera vuelta no será únicamente una batalla jurídica. Será también una batalla institucional.

El primer frente será legal. Los recursos, observaciones, apelaciones e impugnaciones deberán resolverse conforme a ley. El segundo frente será comunicacional. Cada declaración de las autoridades electorales será examinada bajo una lupa política. El tercer frente será mediático. Las decisiones del JNE no solo serán discutidas en expedientes. También serán debatidas diariamente en programas de televisión, redes sociales y espacios de opinión.

Pero existe un cuarto frente que probablemente sea el más importante de todos: la legitimidad institucional. En una sociedad polarizada, las instituciones corren el riesgo de ser evaluadas no por la calidad de sus decisiones, sino por las consecuencias políticas de estas. Una misma resolución puede ser presentada como una muestra de imparcialidad por unos y como evidencia de sesgo por otros. Esa es la verdadera prueba que enfrentará el Jurado Nacional de Elecciones durante las próximas semanas.

La historia peruana ofrece una advertencia que vale la pena recordar.

La crisis electoral de 1962 no solo estuvo marcada por una controversia sobre los resultados. También estuvo acompañada por un progresivo deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de administrarlos. El problema dejó de ser quién había obtenido más votos y pasó a ser quién tenía legitimidad para arbitrar el conflicto. El desenlace fue una ruptura institucional que interrumpió el proceso democrático.

Más de seis décadas después, el Perú enfrenta circunstancias completamente distintas, pero una preocupación que resulta familiar. Cuando la discusión pública deja de concentrarse en los votos y comienza a concentrarse en la legitimidad de los árbitros, la democracia entra en una zona de riesgo.

La década 2016-2026 también puede leerse como una década de creciente fragilidad institucional. Elecciones extremadamente ajustadas, conflictos permanentes entre poderes del Estado, vacancias presidenciales, un cierre del Congreso, cambios sucesivos de gobierno y una polarización cada vez más intensa han erosionado la confianza pública en las instituciones democráticas.

No se trata de atribuir responsabilidades exclusivas a una persona o a una organización política. Se trata de reconocer que la desconfianza institucional se ha convertido en uno de los principales desafíos de la democracia peruana.

Las crisis de confianza rara vez terminan cuando concluye una elección.

Por ello, el principal desafío del Jurado Nacional de Elecciones no será únicamente resolver correctamente los recursos que lleguen a sus manos. Será preservar la confianza pública mientras los resuelve.

La tercera vuelta no consiste en determinar quién obtuvo más votos. Esa respuesta ya fue dada por millones de ciudadanos en las urnas. La tercera vuelta consiste en lograr que las controversias electorales continúen resolviéndose dentro de las instituciones democráticas y no fuera de ellas.

Las democracias no fracasan porque existan desacuerdos. Los desacuerdos son parte natural de la política. Las democracias fracasan cuando los desacuerdos dejan de resolverse mediante reglas compartidas.

Durante las próximas semanas, el Perú pondrá a prueba no solamente la fortaleza de sus organismos electorales, sino también su capacidad para convivir en medio de profundas diferencias políticas.

La democracia peruana no se fortalecerá porque gane uno u otro candidato. Se fortalecerá si quienes pierdan reconocen la legitimidad de las reglas y si quienes ganen entienden que las instituciones electorales no existen para favorecer a ningún sector político, sino para garantizar que prevalezca la voluntad popular.

La tercera vuelta que hoy comienza será una prueba para el Jurado Nacional de Elecciones. Pero también será una prueba para todos nosotros. Porque después de las elecciones seguiremos compartiendo el mismo país, y ninguna democracia puede prosperar cuando la desconfianza hacia sus instituciones termina siendo más fuerte que la voluntad de convivir bajo reglas comunes.

¿Puede el Perú subir el salario mínimo a S/ 1,500? Lo que dicen los datos, la experiencia peruana y el acuerdo olvidado del CNTPE

 I. El ritual del catastrofismo

Cada vez que un gobierno anuncia un aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), el debate público peruano parece ingresar en un ciclo predecible. Los gremios empresariales advierten sobre los riesgos para la competitividad. Los economistas recuerdan que elevar artificialmente el precio del trabajo reducirá inevitablemente la demanda laboral. Los medios especializados anticipan efectos negativos sobre la formalización. Y la conclusión suele formularse con aparente certeza: aumentar el salario mínimo destruirá empleo.

En una economía como la peruana, donde más del 70% de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad, la advertencia adquiere además una variante particular. El problema no sería necesariamente el desempleo abierto, sino la reducción del empleo formal y el desplazamiento de trabajadores hacia actividades informales de menor productividad. Desde esta perspectiva, cualquier incremento de la RMV terminaría agravando precisamente el problema que pretende resolver.

La lógica detrás de este argumento es conocida. En su formulación más simple, el modelo competitivo del mercado laboral sostiene que un salario mínimo fijado por encima del salario de equilibrio reduce la cantidad de trabajo demandada por las empresas. Si contratar trabajadores se vuelve más costoso, las empresas contratarán menos. Durante décadas esta explicación fue considerada prácticamente incuestionable dentro de la profesión económica.

Sin embargo, a partir de los trabajos pioneros de David Card y Alan Krueger en la década de 1990, la discusión comenzó a cambiar. Utilizando métodos empíricos innovadores para la época, estos autores mostraron que incrementos moderados del salario mínimo no necesariamente producían las pérdidas de empleo que predecía la teoría convencional. La abundante literatura desarrollada durante las tres décadas siguientes ha reforzado una conclusión incómoda para los defensores de la visión tradicional: los efectos del salario mínimo sobre el empleo suelen ser mucho más pequeños de lo que anticipan los modelos competitivos más simples y, en numerosos casos, resultan estadísticamente indistinguibles de cero.

Ello no significa, por supuesto, que cualquier incremento del salario mínimo carezca de consecuencias económicas. Los propios Card y Krueger fueron cuidadosos en señalar que salarios mínimos excesivamente elevados podrían generar efectos adversos sobre el empleo. La evidencia contemporánea no ha reemplazado una certeza por otra. Lo que ha hecho es desplazar la discusión desde las afirmaciones categóricas hacia preguntas más complejas sobre magnitud, contexto institucional y condiciones específicas de cada mercado laboral.

La reciente campaña presidencial ha devuelto esta discusión al centro del debate público. La propuesta del candidato Roberto Sánchez de elevar la RMV hasta S/ 1,500 ha provocado reacciones previsibles. Para algunos, la medida constituye una herramienta necesaria para mejorar los ingresos de los trabajadores de menores remuneraciones. Para otros, representa una amenaza para la generación de empleo formal y la competitividad empresarial. Como suele ocurrir en estas discusiones, ambos lados recurren con frecuencia a afirmaciones generales y pocas veces a evidencia concreta sobre lo que realmente ha ocurrido en el Perú cuando la RMV ha aumentado.

Esta ausencia resulta sorprendente. Durante la última década el Perú experimentó cuatro incrementos de la remuneración mínima: en 2016, 2018, 2022 y 2025. Estos episodios ofrecen una oportunidad excepcional para evaluar empíricamente una pregunta que suele responderse más desde las convicciones ideológicas que desde los datos: ¿Qué ocurrió con el empleo formal privado después de cada incremento de la RMV?

Este artículo aborda esa pregunta utilizando información mensual del empleo formal privado nacional proveniente de la Planilla Electrónica y difundida por el Banco Central de Reserva del Perú para el período comprendido entre enero de 2015 y marzo de 2026. Mediante un análisis de series temporales interrumpidas, se evalúa si los aumentos observados de la RMV estuvieron asociados con cambios significativos en la trayectoria del empleo formal.

Sin embargo, la evidencia estadística constituye solo una parte de la historia. Los resultados plantean una cuestión más profunda. Si los incrementos observados de la RMV no provocaron las reducciones de empleo formal que repetidamente se anunciaron antes de cada ajuste, ¿Significa ello que cualquier aumento es inocuo? ¿O existe algún elemento particular de la experiencia peruana que permita explicar estos resultados?

La respuesta conduce a un episodio poco recordado de la historia reciente del diálogo social peruano. En 2007, trabajadores, empleadores y Estado alcanzaron en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) uno de los acuerdos tripartitos más importantes en materia salarial. Dicho acuerdo buscó construir una metodología objetiva para la actualización periódica de la RMV basada en inflación, productividad y otros criterios económicos. También estableció una meta más ambiciosa: aproximar progresivamente el salario mínimo al costo de una canasta básica de consumo.

Dos décadas después, buena parte de ese esfuerzo institucional permanece inconcluso. Paradójicamente, mientras el debate contemporáneo se concentra en discutir cuánto debe aumentar la RMV, la pregunta más importante parece ser otra: ¿Cómo debería decidirse ese aumento?

La tesis de este artículo es que la experiencia peruana reciente no respalda la afirmación de que los incrementos observados de la RMV destruyan empleo formal privado. Pero tampoco demuestra que cualquier incremento sea inocuo. Lo que sí muestra es la importancia de una institucionalidad capaz de vincular las decisiones salariales con evidencia objetiva, productividad, inflación y mecanismos efectivos de diálogo social. Más que el monto específico de un incremento aislado, ese sigue siendo el verdadero desafío de la política salarial peruana.

II. Una herramienta para distinguir correlación de impacto

Una dificultad frecuente en los debates sobre política económica consiste en atribuir a una medida específica cambios que en realidad pueden obedecer a múltiples factores simultáneos. El empleo formal no evoluciona únicamente en función del salario mínimo. También responde al crecimiento económico, la inversión privada, las expectativas empresariales, la demanda interna, los precios internacionales, los cambios regulatorios y una larga lista de acontecimientos que afectan permanentemente el comportamiento de las empresas y los trabajadores.

Por ello, observar que el empleo aumenta o disminuye después de un incremento de la RMV no basta para concluir que dicho cambio fue causado por el aumento salarial. El clásico problema de distinguir correlación de causalidad aparece aquí con toda su fuerza.

La literatura moderna sobre salario mínimo ha intentado resolver este desafío mediante diseños cuasi experimentales que permitan aproximarse a la pregunta fundamental: ¿Qué habría ocurrido con el empleo si el salario mínimo no hubiera aumentado?

Los trabajos pioneros de David Card y Alan Krueger (1994) marcaron un punto de inflexión precisamente porque introdujeron esta lógica de comparación contrafactual. En lugar de limitarse a observar la evolución del empleo antes y después de un aumento salarial, compararon jurisdicciones donde el salario mínimo cambió con otras donde permaneció constante, buscando aislar el efecto atribuible a la política pública. El objetivo no era demostrar una teoría, sino identificar empíricamente qué sucedía en la realidad.

En el caso peruano, la naturaleza nacional de la RMV impide construir un grupo de control geográfico comparable al utilizado en aquellos estudios. Todos los empleadores sujetos a la legislación laboral enfrentan simultáneamente el mismo cambio normativo. Sin embargo, ello no impide realizar una evaluación rigurosa.

Para este propósito se utiliza un modelo de Series Temporales Interrumpidas (Interrupted Time Series Analysis, ITS), una metodología ampliamente empleada para evaluar políticas públicas cuando una intervención ocurre en un momento claramente identificable y afecta a toda la población observada (McDowall D. et al, 2011).

La lógica del método es relativamente sencilla. Primero se estima cuál era la trayectoria previa de una variable —en este caso, el empleo formal privado nacional— antes de la intervención. Luego se evalúa si, después de la intervención, aparece un cambio significativo respecto de esa trayectoria histórica.

Estos cambios pueden adoptar dos formas.

• La primera es un cambio de nivel, es decir, una variación inmediata del empleo una vez implementada la medida.
• La segunda es un cambio de tendencia, es decir, una modificación en la velocidad de crecimiento o disminución observada después de la intervención.

Esta distinción resulta importante porque los efectos de una política pueden manifestarse de maneras distintas. Algunas intervenciones producen impactos inmediatos pero transitorios. Otras generan modificaciones graduales que solo se hacen visibles con el paso de los meses. El ITS permite identificar ambas posibilidades.

La base de datos utilizada corresponde al empleo formal privado nacional registrado en la Planilla Electrónica y difundido mensualmente por el Banco Central de Reserva del Perú. La serie comprende el período entre enero de 2015 y marzo de 2026, lo que proporciona más de una década de información continua para analizar el comportamiento del empleo antes y después de cada incremento de la RMV (Ver aquí).

Durante ese período se produjeron cuatro aumentos de la remuneración mínima: mayo de 2016, abril de 2018, mayo de 2022, enero de 2025. Cada uno de estos episodios constituye una intervención susceptible de evaluación dentro del modelo.

Antes de proceder con la estimación econométrica, la serie fue sometida a un proceso de desestacionalización mediante la metodología STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess). Este paso permite eliminar fluctuaciones periódicas asociadas a factores estacionales —como campañas comerciales, ciclos productivos o variaciones propias del calendario— que podrían dificultar la identificación de cambios estructurales.

Asimismo, se incorporó explícitamente el impacto extraordinario de la pandemia de COVID-19. Ignorar este episodio habría introducido una fuente evidente de distorsión en los resultados, dado que la emergencia sanitaria provocó la mayor contracción del empleo formal observada durante todo el período analizado. Considerar este shock de manera separada permite evitar que sus efectos sean erróneamente atribuidos a los cambios en la RMV.

El propósito del ejercicio no es demostrar que los incrementos del salario mínimo generan empleo ni confirmar de antemano alguna posición ideológica respecto de la política salarial. El objetivo es más modesto, pero también más útil: determinar si la trayectoria observada del empleo formal privado nacional presenta cambios significativos y sistemáticos después de los aumentos de la RMV registrados durante la última década.

Si la hipótesis tradicional fuera correcta, cabría esperar reducciones apreciables del empleo o una desaceleración persistente de su crecimiento luego de cada incremento salarial. Si tales efectos no aparecen en los datos, corresponderá preguntarse si las advertencias que acompañan cada ajuste responden realmente a la evidencia disponible o más bien a una visión teórica que encuentra dificultades para reproducirse en la experiencia concreta del mercado laboral peruano.

III. Lo que dicen los datos

Antes de examinar los resultados econométricos conviene observar una regularidad elemental de los datos.

Entre 2015 y 2026 el Perú registró cuatro incrementos de la Remuneración Mínima Vital. Cada uno de ellos estuvo acompañado por advertencias sobre posibles efectos negativos sobre el empleo formal. Sin embargo, una primera revisión de la información disponible muestra una realidad bastante distinta. La Tabla 1 presenta el número de trabajadores formales registrados en la Planilla Electrónica en el momento de cada incremento de la RMV y doce meses después del ajuste.

Tabla 1 Evolución del empleo formal privado nacional antes y después de cada incremento de la RMV

Incremento de la RMV	Empleo formal privado en el mes del ajuste (miles)	Empleo formal privado 12 meses después (miles)	Variación absoluta (miles)	Variación porcentual
Mayo 2016: S/750 → S/850	3,374.4	3,450.1 (May-17)	+75.7	+2.2%
Abril 2018: S/850 → S/930	3,722.7	3,831.4 (Apr-19)	+108.7	+2.9%
Mayo 2022: S/930 → S/1,025	3,852.5	4,065.0 (May-23)	+212.5	+5.5%
Enero 2025: S/1,025 → S/1,130	4,307.3	4,517.2 (Jan-26)	+209.9	+4.9%

Elaboración propia con información de la Planilla Electrónica publicada por el BCRP.

Los resultados son llamativos por su consistencia. En ninguno de los cuatro episodios el empleo formal privado nacional era menor un año después del incremento de la RMV. Por el contrario, el número de trabajadores formales registrados aumentó en todos los casos.

Naturalmente, esta observación no permite establecer relaciones causales. El hecho de que el empleo aumente después de un incremento salarial no significa que el aumento haya sido la causa de dicho crecimiento. Durante esos mismos períodos operaron simultáneamente otros factores económicos capaces de influir sobre la generación de empleo.

Sin embargo, esta evidencia sí permite formular una primera observación relevante. Si los incrementos de la RMV hubieran provocado reducciones significativas del empleo formal, cabría esperar que tales efectos fueran visibles al menos en la evolución general de la serie. No es eso lo que muestran los datos. La Figura 1 permite apreciar esta dinámica de manera más clara.

Figura 1 Empleo formal privado nacional y aumentos de la RMV, 2015-2026

Elaboración propia con información del BCRP

La trayectoria general del empleo formal privado presenta una tendencia creciente durante la mayor parte del período analizado. Los aumentos de la RMV aparecen como eventos puntuales dentro de esa trayectoria, pero no generan rupturas evidentes ni cambios permanentes de dirección.

Existe, sin embargo, una excepción notable. El año 2020 registra una caída abrupta y generalizada del empleo formal asociada a la pandemia de COVID-19. A diferencia de lo que ocurre con los incrementos de la RMV, el impacto de la emergencia sanitaria aparece claramente reflejado en la serie. La contracción del empleo es inmediata, profunda y estadísticamente inconfundible. Este contraste resulta particularmente ilustrativo.

Cuando ocurre un shock realmente importante para el mercado laboral, la serie lo revela con claridad. La pandemia constituye precisamente ese tipo de evento. Los incrementos de la RMV, en cambio, no producen alteraciones comparables.

No obstante, la inspección visual de una serie temporal tiene limitaciones evidentes. Los cambios pueden ser pequeños, graduales o quedar ocultos detrás de otras fluctuaciones económicas. Por ello resulta necesario recurrir a un análisis econométrico que permita identificar de manera más rigurosa posibles cambios de nivel o de tendencia asociados a cada intervención.

Para este propósito se estimó un modelo de series temporales interrumpidas que incorpora explícitamente los cuatro incrementos de la RMV y controla el shock extraordinario provocado por la pandemia. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2 Resultados del modelo ITS para los incrementos de la RMV

R² ajustado	Observaciones		Shock pandemia		Tendencia secular
0.971	135		−297 mil		+3.9 mil
ajuste del modelo	meses, 2015–2026		caída de nivel, p<0.001		empleos/mes, p<0.001

Coeficientes del modelo OLS con errores estándar robustos (HC1). β₂ = cambio de nivel inmediato al momento del ajuste; β₃ = cambio en la pendiente de la tendencia. Variable dependiente: empleo formal desestacionalizado (miles).

Parámetro	β	SE	IC 95%	p-valor	Sig.
Parámetros de base
Constante (nivel base)	3,356.6	2.87	[3351.0, 3362.3]	0.000	***
Tendencia secular (β₁)	+3.919	0.262	[3.41, 4.43]	0.000	***
Shock pandemia (dummy nivel)	−297.2	33.72	[−363.3, −231.1]	0.000	***
RMV S/750 → S/850 (mayo 2016)
Cambio de nivel (β₂)	−13.8	5.54	[−24.7, −3.0]	0.012	**
Cambio de pendiente (β₃)	+4.303	0.538	[3.25, 5.36]	0.000	***
RMV S/850 → S/930 (abril 2018)
Cambio de nivel (β₂)	+108.7	17.23	[75.0, 142.5]	0.000	***
Cambio de pendiente (β₃)	−5.854	1.024	[−7.86, −3.85]	0.000	***
RMV S/930 → S/1025 (mayo 2022)
Cambio de nivel (β₂)	+181.8	38.03	[107.2, 256.3]	0.000	***
Cambio de pendiente (β₃)	+7.782	1.323	[5.19, 10.37]	0.000	***
RMV S/1025 → S/1130 (enero 2025)
Cambio de nivel (β₂)	+86.6	23.50	[40.5, 132.6]	0.000	***
Cambio de pendiente (β₃)	+9.225	1.043	[7.18, 11.27]	0.000	***

*** p<0.01  ** p<0.05  * p<0.1  — Errores estándar robustos HC1. DW=0.52 (autocorrelación residual presente; coeficientes consistentes, inferencia conservadora).

La lectura de los resultados confirma lo que sugería la evidencia descriptiva. El incremento de mayo de 2016 muestra una reducción inicial pequeña del empleo formal, equivalente aproximadamente al 0.4% del stock existente en ese momento. Sin embargo, la tendencia posterior registra una aceleración significativa del crecimiento. Los aumentos de abril de 2018, mayo de 2022 y enero de 2025 presentan resultados aún más favorables. En los tres casos se observan cambios positivos de nivel y trayectorias posteriores compatibles con la continuidad del crecimiento del empleo formal. Más importante aún, ninguno de los cuatro episodios genera una ruptura negativa persistente de la tendencia observada previamente.

El único evento que produce una alteración estructural de magnitud considerable es la pandemia. La caída asociada al COVID-19 supera ampliamente cualquier variación observada alrededor de los incrementos salariales y constituye el principal punto de inflexión de toda la serie analizada.

Desde luego, estos resultados no implican que el salario mínimo genere empleo ni que cualquier incremento carezca de riesgos económicos. Lo que muestran es algo más acotado, pero también más relevante para el debate público peruano.

Los incrementos efectivamente observados entre 2016 y 2025 no provocaron las pérdidas de empleo formal privado que repetidamente fueron anticipadas antes de cada ajuste. Esta conclusión resulta consistente con una parte importante de la literatura internacional contemporánea. Sin embargo, también plantea una pregunta que la evidencia estadística por sí sola no puede responder. Si los incrementos de la RMV no destruyeron empleo formal, ¿Significa esto que cualquier aumento es inocuo? ¿O existe algún elemento específico de la experiencia peruana que ayude a explicar estos resultados?

Responder esta pregunta exige abandonar momentáneamente la econometría y regresar a un episodio poco recordado de la historia reciente del diálogo social peruano: el acuerdo tripartito alcanzado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo en agosto de 2007.

IV.  La regla olvidada: el acuerdo tripartito de 2007

Para contestar a la pregunta planteada al final de la sección anterior, nos vemos en la necesidad de retroceder casi dos décadas y revisar un episodio poco recordado del diálogo social peruano.

Una parte importante del debate contemporáneo sobre salario mínimo descansa sobre una premisa implícita: que los ajustes de la RMV son decisiones esencialmente discrecionales adoptadas por los gobiernos de turno en función de consideraciones políticas coyunturales. Bajo esta perspectiva, cada incremento sería el resultado de una decisión unilateral cuyo único límite vendría dado por la voluntad política de la autoridad.

Sin embargo, esta imagen resulta incompleta.

En agosto de 2007, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) alcanzó uno de los acuerdos tripartitos más importantes de las últimas décadas en materia laboral. Luego de varios meses de trabajo técnico y negociación política, representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado coincidieron en la necesidad de construir una metodología objetiva para la actualización periódica de la remuneración mínima vital.

El objetivo era ambicioso. Se buscaba reemplazar la lógica de ajustes esporádicos y altamente politizados por un mecanismo sustentado en criterios económicos verificables y discutidos previamente por las partes. En otras palabras, se intentaba institucionalizar la política salarial.

La propuesta acordada descansaba sobre una idea relativamente simple: la evolución de la RMV debía responder tanto a la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores como a la evolución de la capacidad productiva de la economía.

Para ello se planteó una fórmula sustentada en dos componentes fundamentales:

• la inflación subyacente esperada;
• la productividad total de los factores.

La lógica económica era transparente.

El componente inflacionario permitía evitar que el aumento sostenido de los precios erosionara el valor real de los ingresos de los trabajadores que perciben remuneraciones más bajas. Si los precios aumentan y los salarios permanecen constantes, el poder adquisitivo disminuye. El ajuste por inflación buscaba impedir precisamente ese resultado.

Por su parte, el componente asociado a la productividad respondía a una lógica distinta. Si la economía produce más eficientemente, parte de esas ganancias deberían reflejarse también en la evolución de los salarios. La productividad operaba, por tanto, como un mecanismo para compartir los beneficios derivados del crecimiento económico y del progreso tecnológico.

Vista desde hoy, la propuesta representaba un esfuerzo notable por compatibilizar dos objetivos que suelen presentarse como contradictorios: mejorar los ingresos de los trabajadores y preservar las condiciones para la generación de empleo formal. Sin embargo, una revisión detallada del estudio técnico que sirvió de sustento al acuerdo revela un aspecto poco conocido pero fundamental para comprender los debates posteriores.

La productividad no fue concebida como un componente mecánico e invariable de la fórmula. Por el contrario, el documento contemplaba explícitamente la posibilidad de modular la incidencia de la productividad mediante un coeficiente sujeto a negociación entre las partes. En términos prácticos, ello significaba que el traslado de las ganancias de productividad hacia la RMV no era automático ni necesariamente completo. Su magnitud podía ser objeto de discusión dentro del propio proceso de diálogo social. Este detalle adquiere especial relevancia cuando la productividad muestra resultados negativos (CNTPE, 2007; Pág.108).

Una interpretación estrictamente mecánica de la fórmula podría llevar a concluir que una productividad negativa debería descontarse del componente inflacionario, reduciendo o incluso eliminando cualquier incremento de la RMV. Sin embargo, el diseño original admitía una interpretación diferente. En ausencia de crecimiento de la productividad, las partes podían optar por neutralizar dicho componente y preservar el ajuste asociado a la inflación.

La productividad positiva funcionaba como un premio adicional. La productividad negativa no necesariamente operaba como un castigo. Esta precisión resulta particularmente importante porque reapareció, casi dos décadas después, durante la discusión previa al incremento aprobado para enero de 2025. Como veremos más adelante, buena parte de la controversia reciente giró precisamente alrededor de la interpretación de este componente de la fórmula.

Pero el acuerdo alcanzado en 2007 contenía además una segunda dimensión que suele recibir mucha menos atención.

Más allá de la metodología de actualización periódica, las partes coincidieron en una aspiración de largo plazo: avanzar progresivamente hacia una remuneración mínima compatible con el costo de una canasta básica de consumo. Este punto merece especial atención porque modifica la manera habitual de interpretar el debate salarial peruano.

Frecuentemente se presenta la discusión como una confrontación entre quienes desean aumentar la RMV y quienes consideran que cualquier incremento resulta perjudicial para la economía. Sin embargo, el acuerdo tripartito muestra una realidad distinta. Los representantes de trabajadores y empleadores no discrepaban sobre la conveniencia de mejorar progresivamente el salario mínimo. El propio acuerdo reconocía explícitamente esa necesidad. La diferencia radicaba en la velocidad de convergencia, en los mecanismos de ajuste y en las condiciones económicas bajo las cuales debía producirse dicho proceso. La controversia no era sobre el destino final. Era sobre el camino para llegar a él.

Esta constatación resulta particularmente relevante en el contexto actual. La aspiración de elevar significativamente la remuneración mínima no constituye una innovación reciente ni una propuesta exclusiva de alguna candidatura presidencial. Formaba parte del horizonte normativo acordado por los propios actores del diálogo social desde 2007.

Sin embargo, varios de los componentes esenciales de aquel acuerdo nunca llegaron a implementarse plenamente.

Persistieron desacuerdos sobre la periodicidad de los ajustes. Los representantes de los trabajadores defendían revisiones anuales, mientras que los representantes empresariales favorecían intervalos más amplios. Otros aspectos metodológicos tampoco lograron consensos definitivos.

Durante los trabajos de la Comisión Especial de Productividad y Salario Mínimo (CEPSM), desarrollados años después, se consiguieron avances importantes en varios de estos temas pendientes. Sin embargo, tampoco entonces se logró cerrar completamente la discusión sobre los elementos centrales que debían regir la actualización de la RMV. Como resultado, el Perú terminó operando con una institucionalidad parcialmente construida: suficiente para orientar la discusión pública, pero insuficiente para convertir la actualización salarial en un procedimiento plenamente previsible y estable.

Esta situación ayuda a comprender por qué cada incremento de la RMV continúa generando controversias similares a las observadas hace casi veinte años. Y también ayuda a entender por qué la discusión sobre productividad se ha convertido en el principal tema pendiente de la política salarial peruana.

V. El debate pendiente: ¿Qué productividad debe utilizarse?

Si el acuerdo tripartito de 2007 logró establecer un marco general para la actualización de la remuneración mínima, también dejó abiertas algunas cuestiones que con el paso del tiempo se han vuelto cada vez más importantes. Ninguna de ellas ha generado tantas controversias como la medición de la productividad.

La discusión reapareció con especial intensidad durante el proceso de diálogo social que culminó en el incremento de la RMV aprobado para enero de 2025. A diferencia de debates anteriores, el principal desacuerdo no se produjo alrededor de la inflación. Las proyecciones macroeconómicas disponibles mostraban una inflación subyacente relativamente estable y cercana a la meta del Banco Central. Existía, por tanto, un amplio consenso respecto de la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores mediante un ajuste compatible con dicha evolución de precios.

La controversia surgió en torno al segundo componente de la fórmula: la productividad total de factores (PTF). Los representantes de la parte empleadora presentaron cálculos del reajuste de la RMV basados en la información elaborada por The Conference Board, una de las principales fuentes internacionales para la medición comparada de productividad. Bajo esta metodología, la productividad total de factores del Perú habría mostrado una trayectoria predominantemente negativa durante buena parte del período comprendido entre 2014 y 2023.

La implicancia era evidente. Si la productividad constituía uno de los componentes de la fórmula acordada en 2007, una productividad negativa debía traducirse en una reducción equivalente del incremento salarial derivado de la inflación. Llevada a su extremo lógico, esta interpretación podía incluso justificar la ausencia de aumentos en la remuneración mínima. Desde esta perspectiva, la productividad negativa actuaba como una suerte de freno automático sobre cualquier ajuste salarial.

Sin embargo, esta interpretación fue cuestionada desde los otros sectores participantes en la discusión. La revisión del estudio técnico que sirvió de base al acuerdo tripartito de 2007 permitía una lectura distinta. Como se señaló en la sección anterior, el diseño original contemplaba la posibilidad de modular la incidencia del componente productividad mediante un coeficiente sujeto a negociación. Ello implicaba que una productividad negativa no necesariamente debía trasladarse mecánicamente a la remuneración mínima. En ausencia de crecimiento de la productividad, las partes podían optar por neutralizar dicho componente y mantener el ajuste asociado a la inflación.

En otras palabras, la productividad positiva operaba como un mecanismo para compartir ganancias de eficiencia, pero la productividad negativa no estaba necesariamente concebida como una herramienta para reducir o congelar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Esta diferencia de interpretación explica buena parte de la intensidad del debate observado en 2024. Pero más allá de la controversia inmediata, la discusión puso de manifiesto un problema más profundo que el acuerdo original nunca llegó a resolver completamente: ¿Qué productividad debe utilizarse para orientar la política salarial?

A primera vista la respuesta parece obvia. Si la fórmula hace referencia a la productividad total de factores, bastaría con emplear alguna de las estimaciones disponibles para la economía peruana. Sin embargo, esta aparente simplicidad desaparece cuando se considera la estructura del mercado laboral nacional.

El Perú es una de las economías con mayores niveles de informalidad de América Latina. Más del setenta por ciento de los trabajadores se desempeña fuera del empleo formal y una proporción significativa de las unidades productivas opera con bajos niveles de capitalización, reducida incorporación tecnológica y limitada capacidad de innovación. Como consecuencia, la productividad agregada de la economía refleja simultáneamente realidades extremadamente heterogéneas.

Por un lado, incorpora el desempeño de empresas modernas integradas a mercados internacionales, intensivas en capital humano y tecnología. Por otro lado, incorpora también millones de pequeñas unidades económicas caracterizadas por bajos niveles de productividad y escasa acumulación de capital. Esta heterogeneidad plantea una interrogante legítima.

La remuneración mínima es una institución que opera fundamentalmente sobre el empleo formal. Los trabajadores informales no se encuentran protegidos por la legislación sobre salario mínimo y las empresas informales no están sujetas a su cumplimiento efectivo. ¿Resulta entonces apropiado utilizar una medida agregada de productividad que incorpora amplios segmentos de la economía informal para determinar la evolución de una institución que afecta principalmente al sector formal?

La pregunta no admite una respuesta simple. Tampoco existe actualmente evidencia suficiente para resolverla de manera concluyente. Sin embargo, constituye una agenda de investigación que merece mucha mayor atención de la que ha recibido hasta ahora.

Es perfectamente posible que la productividad agregada de la economía muestre un comportamiento mediocre o incluso negativo mientras determinados segmentos del sector formal experimentan mejoras sustanciales asociadas a inversión, innovación tecnológica, capacitación laboral o cambios organizacionales. Del mismo modo, también es posible que las ganancias de productividad observadas en algunos sectores formales no sean representativas del conjunto de trabajadores sujetos a la RMV.

La cuestión central consiste precisamente en identificar cuál de estas dimensiones resulta más relevante para orientar la política salarial. La respuesta tiene implicancias que van mucho más allá de una discusión metodológica. Determina la manera en que una sociedad distribuye los beneficios del crecimiento económico entre capital y trabajo. Determina también el equilibrio entre objetivos de competitividad, formalización y bienestar laboral.

En este sentido, la discusión sobre productividad no constituye un detalle técnico reservado para especialistas. Representa uno de los principales desafíos pendientes de la política salarial peruana. Y quizás explica por qué, casi veinte años después del acuerdo tripartito de 2007, el país sigue debatiendo los mismos dilemas sin haber encontrado todavía una respuesta institucional definitiva.

VI. Qué nos enseña realmente la literatura sobre salario mínimo

El debate sobre salario mínimo suele estar dominado por dos posiciones extremas.

La primera sostiene que cualquier incremento de la remuneración mínima provoca inevitablemente una reducción del empleo. La segunda afirma que los aumentos salariales carecen de efectos negativos relevantes y que, por tanto, pueden utilizarse libremente como instrumento de redistribución.

Ninguna de estas posiciones refleja adecuadamente el estado actual del conocimiento económico.

Durante buena parte del siglo XX predominó la visión derivada del modelo competitivo tradicional. Según este enfoque, el salario constituye el precio del trabajo y cualquier intervención que lo eleve artificialmente por encima de su nivel de equilibrio reducirá la cantidad demandada por las empresas. El resultado esperado es una disminución del empleo, particularmente entre trabajadores jóvenes, poco calificados o de menores ingresos. Esta conclusión fue considerada casi una consecuencia lógica de la teoría económica y aplicable para la realidad del mercado laboral peruano. Sin embargo, la evidencia empírica acumulada a partir de la década de 1990 comenzó a cuestionar esa aparente certeza.

Los trabajos desarrollados por David Card y Alan Krueger representaron un punto de inflexión en esta discusión. Analizando incrementos del salario mínimo en distintos estados de los Estados Unidos, los autores encontraron que los efectos observados sobre el empleo eran considerablemente menores que los anticipados por la teoría convencional y, en algunos casos, prácticamente inexistentes.

El hallazgo generó una intensa controversia académica.

Las críticas iniciales fueron numerosas. Sin embargo, durante las décadas siguientes una extensa literatura replicó y amplió estos análisis utilizando nuevas bases de datos, metodologías más sofisticadas y distintos contextos institucionales. Aunque persisten desacuerdos respecto de la magnitud exacta de los efectos, la conclusión general de esta literatura es mucho más matizada que la visión predominante décadas atrás. Los incrementos moderados del salario mínimo no suelen producir las pérdidas masivas de empleo que predice el modelo competitivo más simple. En numerosos estudios los efectos estimados son pequeños, cercanos a cero o estadísticamente insignificantes.

Card y Krueger resumieron posteriormente esta evidencia señalando que la principal lección de las investigaciones acumuladas no era la inexistencia de costos asociados al salario mínimo, sino la necesidad de abandonar explicaciones excesivamente simplificadas sobre el funcionamiento de los mercados laborales.

¿Por qué ocurre esto? Una de las respuestas proviene de la existencia de fricciones reales en el mercado de trabajo. Las empresas no operan en mercados perfectamente competitivos donde pueden contratar instantáneamente toda la mano de obra que desean al salario vigente. Reclutar, capacitar y retener trabajadores implica costos. Los trabajadores poseen información imperfecta sobre las oportunidades disponibles y enfrentan costos para cambiar de empleo. Existen diferencias de información, costos de búsqueda y diversos grados de poder de mercado por parte de los empleadores.

En contextos de este tipo, un incremento moderado de los salarios puede reducir la rotación laboral, mejorar la retención de trabajadores calificados, disminuir los costos de reclutamiento y elevar la productividad. Como resultado, el efecto final sobre el empleo puede ser mucho menor que el anticipado por el modelo competitivo tradicional.

Sin embargo, reconocer estas limitaciones del modelo convencional no implica concluir que cualquier incremento salarial carece de riesgos.

Los propios Card y Krueger fueron particularmente cautelosos sobre este punto. Un salario mínimo fijado a niveles excesivamente elevados puede generar efectos adversos incluso en mercados donde existen imperfecciones y poder de mercado de los empleadores. La literatura contemporánea no sostiene que el salario mínimo pueda aumentar indefinidamente sin consecuencias. Lo que sostiene es que la magnitud de dichas consecuencias depende de factores institucionales, productivos y económicos específicos.

Este matiz resulta especialmente importante para interpretar la experiencia peruana.

Los resultados presentados en la sección anterior muestran que los incrementos observados de la RMV entre 2016 y 2025 fueron compatibles con una expansión sostenida del empleo formal privado nacional. Esta evidencia es consistente con los hallazgos predominantes de la literatura internacional. Los aumentos efectivamente implementados no generaron las pérdidas de empleo sistemáticamente anunciadas por sus críticos. Pero ello no significa que cualquier incremento futuro producirá necesariamente el mismo resultado.

La evidencia disponible no permite identificar un nivel preciso a partir del cual podrían aparecer efectos negativos sobre el empleo. Tampoco permite afirmar que propuestas específicas deban aceptarse o rechazarse automáticamente. Lo que sí permite afirmar es algo más importante. La discusión sobre la remuneración mínima no puede reducirse a una oposición simplista entre quienes consideran que todo aumento destruye empleo y quienes creen que cualquier incremento es deseable. La experiencia internacional y la evidencia peruana muestran que la relación entre salario mínimo y empleo es más compleja y depende de factores como la productividad, la estructura empresarial, las condiciones macroeconómicas y la calidad de las instituciones encargadas de procesar estos conflictos distributivos.

Y es precisamente aquí donde la experiencia peruana adquiere un interés particular.

A diferencia de muchos debates contemporáneos que presentan la política salarial como una decisión exclusivamente gubernamental, el acuerdo tripartito alcanzado en el CNTPE en 2007 intentó construir una institucionalidad capaz de incorporar estos distintos elementos dentro de un proceso de diálogo social.

La principal lección que emerge de la evidencia no es que el salario mínimo deba permanecer congelado ni que pueda incrementarse arbitrariamente. La lección es que las decisiones salariales funcionan mejor cuando se encuentran respaldadas por información objetiva, reglas previsibles y espacios institucionales capaces de transformar conflictos distributivos en acuerdos socialmente legítimos.

VII. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno?

Volvamos ahora a la pregunta que dio origen a esta discusión: ¿Puede el Perú elevar la remuneración mínima vital a S/ 1,500? Después de revisar la evidencia disponible, la respuesta más honesta es que los datos no permiten responder esa pregunta mediante un simple sí o no. Lo que sí permiten descartar es una afirmación que suele aparecer de manera recurrente en el debate público: que cualquier incremento significativo de la RMV provocará inevitablemente una reducción del empleo formal.

La experiencia peruana reciente no respalda esa conclusión. Los cuatro incrementos observados entre 2016 y 2025 fueron compatibles con una expansión sostenida del empleo formal privado nacional y no produjeron las rupturas negativas que la teoría convencional anticiparía.

Sin embargo, sería igualmente incorrecto concluir que cualquier magnitud de incremento carece de riesgos o puede implementarse sin considerar sus efectos potenciales sobre la actividad económica y el empleo. La evidencia internacional tampoco sostiene esa posición.

La verdadera pregunta, por tanto, no es si la RMV debe aumentar o permanecer congelada. La cuestión relevante es bajo qué condiciones, con qué criterios y mediante qué mecanismos institucionales deberían producirse dichos ajustes. Desde esta perspectiva, la principal enseñanza del acuerdo tripartito alcanzado en el CNTPE en 2007 conserva plena vigencia.

El acuerdo reconocía simultáneamente tres principios fundamentales. El primero era la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores mediante ajustes consistentes con la evolución de los precios. El segundo era la importancia de vincular los salarios con la productividad para evitar que las mejoras remunerativas se desvincularan completamente de la capacidad económica de las empresas. El tercero era quizás el más importante de todos: las decisiones salariales debían surgir de un proceso de diálogo social y no únicamente de decisiones unilaterales del gobierno de turno.

Vista desde la perspectiva actual, esta arquitectura institucional parece notablemente razonable. No prometía resolver automáticamente todas las controversias. Tampoco eliminaba los inevitables conflictos distributivos entre trabajadores y empleadores. Lo que hacía era proporcionar un espacio donde esos conflictos podían procesarse utilizando información técnica, criterios explícitos y mecanismos de negociación reconocidos por las partes. Desafortunadamente, buena parte de esta institucionalidad quedó inconclusa. Persistieron desacuerdos respecto de la periodicidad de los ajustes. No se alcanzó consenso definitivo sobre algunos indicadores relevantes. La discusión sobre productividad continuó abierta. El objetivo de convergencia hacia la canasta básica de consumo tampoco logró traducirse en una política sostenida de largo plazo. Como consecuencia, cada nuevo incremento de la RMV continúa siendo discutido casi desde cero, reproduciendo debates que en muchos casos ya habían sido planteados hace casi dos décadas. 

La propuesta de elevar la RMV a S/ 1,500 debería interpretarse precisamente dentro de este contexto.

La cuestión central no es si el objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores resulta legítimo. El propio acuerdo tripartito de 2007 reconocía la necesidad de avanzar progresivamente en esa dirección. La cuestión es cómo hacerlo. Responder esta pregunta exige abordar al menos cuatro dimensiones.

En primer lugar, la evolución esperada de la inflación. Un ajuste salarial que ignore completamente el comportamiento de los precios corre el riesgo de perder rápidamente efectividad en términos de poder adquisitivo real. En segundo lugar, la productividad. No porque los salarios deban depender mecánicamente de ella, sino porque una política salarial sostenible requiere comprender cómo evoluciona la capacidad productiva de la economía y cuáles son los sectores capaces de absorber incrementos de costos laborales sin afectar negativamente su nivel de actividad. En tercer lugar, la estructura del mercado laboral. En una economía donde la informalidad continúa siendo predominante, cualquier discusión sobre salario mínimo debe considerar simultáneamente sus posibles efectos sobre formalización, cumplimiento normativo y dinámica empresarial.

Finalmente, resulta indispensable recuperar espacios efectivos de diálogo social. La experiencia internacional muestra que las políticas salariales generan menos incertidumbre cuando se encuentran respaldadas por procedimientos transparentes, reglas previsibles y mecanismos de concertación entre trabajadores, empleadores y Estado.

En este sentido, la principal tarea del próximo gobierno no debería limitarse a decidir cuál será el próximo valor de la RMV. Su desafío más importante consiste en reconstruir una institucionalidad capaz de determinar de manera estable, transparente y técnicamente sustentada cómo evolucionará el salario mínimo en los próximos años.

Esa fue precisamente la aspiración que inspiró los acuerdos alcanzados en el CNTPE en 2007. Y sigue siendo, casi veinte años después, una agenda pendiente.

VIII. Conclusión

Los debates sobre salario mínimo suelen desarrollarse entre certezas opuestas. Para algunos, cualquier incremento constituye una amenaza para el empleo formal. Para otros, aumentar la RMV es una herramienta de redistribución cuyos beneficios superan ampliamente cualquier posible costo económico. La evidencia examinada en este artículo sugiere una conclusión más matizada.

Los datos correspondientes al período 2015-2026 no respaldan la afirmación de que los incrementos observados de la remuneración mínima vital hayan reducido el empleo formal privado nacional. La trayectoria general del empleo continuó siendo positiva después de cada ajuste y el único quiebre significativo de la serie estuvo asociado a la pandemia de COVID-19.

Estos resultados son consistentes con una amplia literatura internacional que, desde los trabajos pioneros de Card y Krueger, ha cuestionado la idea de que aumentos moderados del salario mínimo generen inevitablemente pérdidas significativas de empleo.

Sin embargo, la principal lección de la experiencia peruana no es que cualquier incremento sea inocuo. La verdadera lección es que los ajustes observados durante la última década no ocurrieron en el vacío. Formaron parte de una institucionalidad que intentó vincular las decisiones salariales con inflación, productividad y condiciones del mercado laboral mediante mecanismos de diálogo social.

El acuerdo tripartito alcanzado en el CNTPE en 2007 representó uno de los esfuerzos más ambiciosos realizados en el Perú para construir una política salarial basada en reglas y evidencia. Además de proponer una metodología para la actualización periódica de la RMV, reconoció la necesidad de aproximar progresivamente el salario mínimo al costo de una canasta básica de consumo.

Dos décadas después, varios de los componentes centrales de aquella arquitectura institucional permanecen pendientes. La discusión sobre productividad sigue abierta. Los mecanismos de actualización continúan siendo objeto de controversia. El objetivo de convergencia hacia estándares mínimos de bienestar permanece inconcluso.

Por ello, la pregunta más importante para el próximo gobierno no es simplemente cuánto debe aumentar la remuneración mínima vital. La pregunta verdaderamente relevante es cómo construir las condiciones institucionales que permitan responder esa interrogante de manera técnicamente rigurosa, económicamente sostenible y socialmente legítima.

El desafío ya no consiste en demostrar que la RMV puede aumentar sin destruir empleo. La evidencia reciente sugiere que ello es perfectamente posible. El verdadero desafío consiste en reconstruir los mecanismos de diálogo social capaces de determinar cuánto, cuándo y bajo qué criterios debe hacerlo el Perú en las próximas décadas.

IX. Referencias

Banco Central de Reserva del Perú. (2025). Series estadísticas de empleo formal privado nacional (Planilla Electrónica). Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe

Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. American Economic Review, 84(4), 772–793.

Card, D., & Krueger, A. B. (1995). Myth and measurement: The new economics of the minimum wage. Princeton University Press.

Card, D., & Krueger, A. B. (2000). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania: Reply. American Economic Review, 90(5), 1397–1420. https://doi.org/10.1257/aer.90.5.1397

Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. (2007). Remuneración mínima: Acuerdo sobre metodología de actualización periódica de la remuneración mínima vital. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

McDowall, David, Richard McCleary, Errol E. Meidinger, Richard A. Hay (2011). Interrupted Time Series Analysis. Sage Research Methods. https://doi.org/10.4135/9781412984607  

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2007). Memoria 2007 del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

The Conference Board. (2024). Total Economy Database. The Conference Board.