El precio de dejar de ser antifujimorista

Carlos Meléndez ha escrito sobre un concepto que el denomina "la economía moral del antifujimorismo": esa forma de entender la política peruana en la que ser antifujimorista terminó siendo, para algunos, algo más que una posición política. Era pertenecer al lado democrático, decente y moralmente correcto.

Meléndez observa ahora, no sin ironía, que algunos de quienes ocuparon ese lugar han terminado trabajando para el gobierno de Keiko Fujimori. La pregunta que plantea en ese sentido es interesante: ¿Qué ocurrió con aquella frontera moral?

Pero antes de ello, quizá falta otra pregunta: ¿Por qué esa frontera dejó de tener valor político?

El antifujimorismo que ganaba elecciones

Durante años, el antifujimorismo fue una fuerza electoral formidable. Alejandro Toledo llegó a Palacio en julio de 2001 después de encabezar la Marcha de los Cuatro Suyos tan solo un año antes. Una década después, Ollanta Humala derrotó a Keiko en 2011 encabezando una coalición que tuvo al antifujimorismo como uno de sus principales elementos aglutinadores. Cinco años mas tarde, PPK hizo lo mismo en 2016. Incluso Susana Villarán construyó buena parte de su capital político dentro de ese espacio.

El antifujimorismo no era solamente una oposición. Era una promesa: la de que había otra manera de hacer política.

Pero, esa promesa se erosionó a lo largo de esos 25 años. Toledo terminó condenado el 2024 por el caso Odebrecht. PPK enfrenta investigaciones y juicios por sus vínculos con la constructora brasileña. Villarán admitió aportes de Odebrecht y OAS. Alan García murió antes de poder enfrentar judicialmente las acusaciones que pesaban sobre él.

No todos estos casos son iguales, pero políticamente produjeron un efecto semejante: la corrupción dejó de ser atribuible de manera exclusiva al fujimorismo. El antifujimorismo perdió su monopolio moral.

De la mayoría absoluta a la cooptación

Conviene no perder de vista la cronología pero, esta vez desde otro ángulo. En 2016 el fujimorismo obtuvo una mayoría absoluta en el Congreso, con más de 70 escaños. Gobernaba por números absolutos: no necesitaba construir puentes con otras fuerzas políticas, le bastaba y sobraba su propia bancada. Con K.

Pero el cierre del Congreso por Vizcarra en 2019 cambió esa ecuación. El fujimorismo perdió esa mayoría, pero esta situación le obligó a aprender a ganar algo distinto: la capacidad —y la necesidad— de construir alianzas, en particular con una izquierda conservadora que compartía con la derecha una misma desconfianza hacia los "caviares" que se creían la reserva moral del país.

Ahí nace el patronazgo como estrategia, no como rasgo constante de Keiko: cuando ya no le alcanzaba con los votos propios, había que ofrecer algo a cambio de los ajenos. Un ministerio, una embajada, una dirección, una candidatura, una banca. Eso tiene un nombre menos escandaloso que corrupción —patronazgo político— y cuando sirve para incorporar adversarios, cooptación. El mecanismo puede ser perfectamente legal; su naturaleza política, sin embargo, merece ser discutida.

Montesinos necesitaba comprar voluntades —con fajos de billetes— una por una. Keiko, sin esa mayoría de 2016, aprendió algo más eficiente: no hace falta que todos sean fujimoristas, basta con que muchos tengan razones para trabajar con el poder. Es, casi al pie de la letra, la segunda de las 48 leyes del poder que popularizó Robert Greene: aprender a usar a los enemigos en beneficio propio.

Tres formas de cruzar la frontera

El fenómeno que señala Meléndez no es uniforme; tiene grados. A diferencia de su columna, que ilustra el patrón con un antifujimorista hipotético y compuesto, acá vale la pena mirar casos reales y verificables, aunque sin necesidad —ni certeza— de reconstruir la biografía laboral privada de cada uno.

Está el caso técnico: alguien sin cargo partidario acepta una posición dentro del aparato del Estado. Sheput —crítico del fujimorismo antes de asumir como ministro de Trabajo— es quizás el ejemplo más representativo de la idea de Meléndez: el antifujimorista que podría haber terminado enviando su CV con "algunas sugerencias de puestos", como escribe en su columna.

Está el caso del operador: Rospigliosi, antifujimorista visceral de vieja data, que también terminó, con el tiempo, del otro lado. Su caso importa porque muestra que esto no es solo pragmatismo de una nueva generación: incluso los más duros cruzan la frontera cuando cambia el mercado político.

Está también el caso de la conversión plena: Hernando Guerra García, crítico del fujimorismo, terminó como congresista —y vocero— de esa misma fuerza. Este nivel no requiere ni siquiera un aporte técnico a cambio: solo lealtad declarada.

De la misma cantera del PPC surgen dos variantes más. Luis Galarreta, opositor reconocido hace ya bastante tiempo, hoy preside el Consejo de Ministros. Beingolea, invitado al gabinete por el propio Galarreta, terminó disputando —como ministro de Cultura— que el futuro del LUM se decida en su sector y no en Justicia; no está claro si busca protegerlo o controlar los términos de su desmontaje, pero es él quien, por el momento, decide. 

Pero el caso que mejor cierra la lista es otro: Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, figura entre los nombres solicitados para representar al Perú en Washington. No se trata de un antifujimorismo faccioso ni de carrera política doméstica, sino del antifujimorismo más doctrinario y de mayor proyección internacional que tuvo el país: el que sostuvo, durante tres décadas, que un triunfo de los Fujimori equivalía a una reivindicación de la dictadura. Si ni siquiera esa posición escapa a la lógica del nombramiento, la tesis se sostiene con más fuerza que con cualquiera de los casos anteriores.

El recurso más escaso

Aquí aparece una variable que suele quedar fuera de estas discusiones: el empleo. En un país donde la informalidad laboral sigue siendo enorme, una posición estable dentro del Estado vale mucho más que el salario. Significa continuidad profesional, redes, visibilidad y, para un político, la posibilidad de sostener una carrera.

Por eso la pregunta no debería ser solamente por qué un antiguo antifujimorista acepta trabajar para Keiko. También habría que preguntar qué precio tiene hoy seguir siendo antifujimorista, cuando esa etiqueta ya no garantiza una victoria electoral pero el gobierno sí puede distribuir posiciones y construir alianzas. Lo que antes parecía traición puede ser, simplemente, una decisión racional dentro de un mercado político.

El Congreso que juntó a los extremos

La última legislatura mostró hasta dónde llegó esta transformación: los extremos políticos se encontraron para combatir a un enemigo común, el "caviar", el "progre", el "caviarón". Esa coalición no reunía solo a la derecha; incorporaba también a sectores de izquierda que desconfiaban de una que se había acostumbrado a presentarse como reserva moral.

La antigua división entre izquierda y derecha —también la de fujimoristas y antifujimoristas— perdió capacidad explicativa. Lo que empezó a importar fue quién tenía acceso a los recursos del poder y quién podía distribuirlos.

Por eso Keiko puede haber ganado algo más que una elección. La victoria de Keiko en 2026 no significa que los peruanos hayan olvidado los años noventa, ni que las críticas contra Alberto Fujimori hayan perdido validez. Significa que el antifujimorismo dejó de funcionar como veto electoral, en parte porque el propio sistema político fue destruyendo, durante quince años, las fronteras morales sobre las que ese veto se sostenía.

El fujimorismo aprendió otra cosa: no necesita que todos sean fujimoristas. Le basta con que muchos tengan razones para trabajar con él. Ahí está, quizás, la diferencia entre Montesinos y Keiko. Montesinos necesitaba comprar voluntades. Keiko tiene algo más poderoso: el control de un paisaje político lleno de posiciones que repartir.

No hace falta un sobre. Basta un nombramiento.

El cazador de presidentes

«Por mis hijos, para construir una mejor Policía Nacional y combatir el crimen, la extorsión, pero sobre todo la corrupción en el poder, sí, juro.»

— Harvey Colchado, al juramentar como diputado (Caretas 24.07.2026).

El diputado más votado del país, con 143 244 votos, aceptó ocupar el tercer lugar en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. No la presidencia que su respaldo parecía justificar, sino la segunda vicepresidencia. Quien no lo conoce podría leerlo como modestia, o incluso como una derrota. Creo que es exactamente lo contrario: una jugada. Odiseo no regresa a Ítaca convertido en rey ni entra por la puerta grande; vuelve disfrazado de mendigo, deja que los pretendientes se confíen mientras devoran su casa y solo entonces, cuando nadie lo mira, tensa el arco. Colchado como segundo vicepresidente parece encarnar ese mismo disfraz: adentro para verlo todo, demasiado abajo para convertirse en el blanco principal.

Conviene recordar de quién hablamos. Antes de convertirse en el rostro más visible de las investigaciones por corrupción política, el coronel Harvey Colchado participó en operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado, entre ellas la captura del cabecilla senderista Artemio. Más tarde, al frente de la Diviac (Dirección de Investigaciones de Alta Complejidad), estuvo detrás de algunas de las intervenciones más delicadas de la historia reciente del país: la diligencia en la vivienda de Alan García en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht; la detención de Keiko Fujimori y de parte de la cúpula de Fuerza Popular en el caso Cócteles; la captura del presidente Pedro Castillo cuando intentaba llegar a la embajada de México tras su intento de cerrar el Congreso; y el allanamiento de la casa de la ex presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, episodio que terminó costándole la jefatura de la Diviac y, más tarde, el pase al retiro.

No es un hombre de un solo bando: es el cazador de los poderosos, sin distinción de color político. A la derecha, al Apra, al maestro de Chota y a la presidenta que hoy gobierna les ha puesto la mano encima. Y cuando el poder lo expulsó, regresó por donde ya no podían impedirle el paso: por el voto. Los 143 244 votos que obtuvo hicieron de él el diputado con mayor respaldo ciudadano del país.

Su arma nunca ha sido la del gobierno. Su instrumento es el expediente, y su doctrina consiste en investigar antes de que el daño se consuma, no después. El arco es paciente y certero; dispara desde lejos. No hace falta imaginar hacia dónde podría apuntar: ya derribó a Keiko Fujimori una vez, y ahora que ella viste la banda presidencial, aparece como el pretendiente más grande de la sala.

Desde esa perspectiva, aceptar un lugar aparentemente modesto parece responder a un cálculo político. Desde la segunda vicepresidencia preserva lo más valioso de su capital político: una reputación de incorruptible que la presidencia de la Mesa, con sus inevitables cuotas y negociaciones, podría desgastar. Además, se ubica cerca del centro de gravedad de la Cámara convirtiendo su posición en una suerte de seguro político. Disolver la Cámara de Diputados ya había sido planteado en marzo por López Aliaga como una posibilidad constitucional; hacerlo con el parlamentario más votado del país sentado en ella tendría un costo político mucho mayor, pues podría ser percibido también como el silenciamiento del representante con mayor respaldo ciudadano. Su sola presencia eleva el precio de cualquier aventura de ese tipo.

No deja de ser revelador que, al juramentar como segundo vicepresidente, ya no insistiera en la lucha contra la corrupción, sino en el «restablecimiento del equilibrio de poderes» y la construcción de «una verdadera nación». Quizá entendió que, desde el Congreso, su papel ya no consistirá únicamente en perseguir delitos, sino también en impedir que el poder vuelva a concentrarse sin contrapesos. Después de todo, un investigador combate a quienes violan la ley; un parlamentario también tiene la responsabilidad de proteger las instituciones que impiden que ese abuso llegue a convertirse en norma.

Pero tampoco conviene idealizarlo demasiado, y ahí reside quizá la característica que lo convierte en la pieza menos predecible del tablero: su arco no apunta hacia un solo lado. No pertenece a la izquierda; pertenece, sobre todo, a su propia trayectoria. Los castillistas que hoy integran la coalición votaron una Mesa que tiene como segundo vicepresidente al hombre que condujo la captura de su líder. Tuvieron que tragarse ese sapo. Esa independencia es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su mayor soledad. Es leal a su regreso, y a nadie más.

En una serie sobre hombres deshechos por una armadura prestada o por un hambre que nunca se sacia, Colchado representa el reverso: el único cuyo poder parece ser verdaderamente suyo y que lo administra con la paciencia de quien sabe esperar. Si alguien vuelve a casa en esta historia, apostaría por él. Aunque conviene no olvidar cómo termina la Odisea: el regreso de Odiseo no es un abrazo. Es el momento en que tensa el arco y cambia para siempre el orden de la casa que encontró.

¿Puede la reforma anti-corrupción tener un impacto positivo en la economía?

Una de las preguntas centrales sobre la reforma para combatir la corrupción es si esta tiene retornos económicos positivos para el país. Los economistas han abordado esta pregunta desde hace varios años a través de diferentes estrategias estadísticas, comparando varios países a nivel global, siendo uno de los más destacados el economista italiano Paolo Mauro.

Las hipótesis en competencia son dos. En el extremo perverso, la corrupción puede ser positiva para la economía debido a que evita los trámites burocráticos acelerando la inversión privada y por tanto incrementando el crecimiento económico. En el otro extremo, la corrupción es negativa debido a que desvía recursos escasos que podrían haber sido aprovechados para generar un mayor nivel de inversión y por tanto de crecimiento económico.

De acuerdo con este investigador, él ha encontrado evidencia robusta para la segunda hipótesis, de manera que, para un determinado país, una reducción exitosa de la corrupción se traduce en mayor inversión privada, un mayor nivel de crecimiento económico pero no necesariamente se obtiene un mayor gasto público.

En efecto, en su artículo “Los efectos de la corrupción en el crecimiento, inversión y gasto público: un análisis transversal de países” publicado en el libro “Corruption and the global economy” de junio de 1997, se reportaron los siguientes resultados:

• Una mejora de 2 desviaciones estándar en el índice de corrupción se encuentra asociado con un incremento de 4 puntos porcentuales en la inversión privada y un medio punto porcentual en el PBI per cápita.
• Esto significa que en el caso peruano, si ocurre que gracias a una reforma anti-corrupción exitosa mejorara su posición en dos puntos pasando del lugar 35 al 37 en el ranking internacional de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, se traduciría en una mejora de la inversión privada pasando de 18% del PBI a 22%, mientras que el PBI per cápita se incrementaría ya no en 1.9% sino en 2.4%.
• El mismo estudio reporta que no se ha encontrado evidencia de que una mejora en la lucha contra la corrupción tenga un impacto positivo en el gasto público, pero sí en su estructura. Específicamente se ha encontrado que la reducción en la corrupción mejora el gasto en educación. De esta manera, una mejora de 2 desviación estándar en el índice de corrupción internacional se encuentra asociado con una mejora de medio por ciento del PBI. 
• Lo anterior significa que si el Perú mejora su posición en el ranking internacional de corrupción pasando del lugar 35 al 37, el gasto público en educación aumentaría de 3.5% del PBI a 4% del PBI. 

En conclusión, una reforma política exitosa que reduzca la corrupción en nuestro país de manera que mejoremos de manera importante nuestra posición en el ranking internacional de corrupción, traerá consigo un mayor nivel de inversión privada, un mayor nivel de crecimiento económico y una mejor distribución del gasto público a favor de la educación pública. Estos impactos se añaden a las previsiones de mejora que contempla el país en cuestión asumiendo que la corrupción no cambia. Pero si la corrupción disminuye, tendríamos estos impactos adicionales como beneficio.

Las oportunidades del desastre

De acuerdo con los traductores, la palabra “crisis” en japonés está formada por dos caracteres que combinadas significan: peligro y oportunidad. El conocimiento de esta dualidad ha inspirado a varios opinólogos de la coyuntura nacional a escribir sobre las oportunidades de reconstrucción que se abren, luego de que este fenómeno climatológico que está golpeando al país, denominado “El Niño costero”, termine su proceso. El problema con estas reflexiones es que las oportunidades de reconstrucción visionadas y difundidas no necesariamente corresponden a un principio en el que todos los actores involucrados salgan ganando, sino por el contrario, se han convertido en un juego perverso en el que algunos ganan a costa de otros. Veamos.

Martín Vizcarra, y en general, el gabinete ministerial, ha ganado una oportunidad de plata para reconstruir su imagen frente a los sofocantes pedidos de interpelación promovidos por la oposición fujimorista acuartelada en el Congreso. Hasta hace algunos días, la certeza de la remoción que  pendía sobre su cabeza por la firma y puesta en acción de la adenda y contratos lesivos del aeropuerto APP de Chinchero fue diluida en un santiamén por la masividad de las lluvias y huaicos que cayeron sobre Lima y el norte del Perú. Es muy probable que luego de un par de semanas que pueda recuperar su imagen, el ministro considere una renuncia honorable para guardarse en sus cuarteles de invierno como primer vicepresidente del Perú hasta que una segunda oportunidad lo vuelva a traer a escena.

PPK por su parte, ha argumentado ante CNN que era impensable declarar al país en emergencia puesto que con tal medida el gobierno estaría “abriéndole la puerta a la corrupción”. Una decisión que le ha granjeado ciertas críticas de la ciudadanía ante la evidente gravedad y magnitud de los impactos del fenómeno climatológico en curso: más de medio millón de afectados, 100 mil damnificados y casi un centenar de muertos son cifras del COEN que apenas logran describir esta realidad. Los daños económicos y sociales podrían fácilmente superar el 5% del PBI nacional[1], esto es más de 33 mil millones de soles que hacen palidecer los minúsculos esfuerzos presupuestarios desplegados por el gobierno. Frente a ello, el anuncio de la próxima designación de un zar de la reconstrucción ha despertado las sospechas de que al acabar el turbión, los empresarios aprovecharán con fruición el lanzamiento de un megaprograma de APPs y OxIs en infraestructura (carreteras, puentes y conexiones) y servicios (agua potable, salud, etc.). Es muy probable que este programa logrará implementarse con una velocidad vertiginosa ya que la oposición será nula ante la urgencia del desastre. Sólo que en este escenario, PPK no suma. Es la piedra que estorba el camino. Lo grita la CONFIEP. Le hacen eco ciertos partidos políticos.

Aquí es donde el Fujimorismo obtiene su oportunidad de oro. Literalmente, el Perú estaría a punto de asistir a una versión actualizada del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional que ejecutó autoritariamente el expresidente durante los noventa, bajo la agenda del Consenso de Washington. Con la diferencia que en la actualidad se haría bajo el manto de una democracia maniatada por el fujimorismo moto-taxi en el Parlamento bajo la Agenda del Consenso de Lima, más neoliberal que la anterior. La vacancia, entonces, le otorgaría a Keiko la gran oportunidad de reeditar a su padre, pidiendo facultades delegadas a un parlamento mayoritario para reconstruir el país.

Con este panorama en perspectiva, le corresponde a la izquierda una voz de alarma para redoblar esfuerzos. Las pequeñas-grandes victorias obtenidas con el pueblo al cuasi-derogar los decretos legislativos que amenazaban con violentar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y la protección del medio ambiente, la tierra y el agua sólo serán un recuerdo efímero cuando se imponga el huayco naranja con el capitalismo del desastre.

La reconstrucción la debe liderar las propias comunidades de la mano de sus autoridades locales y nacionales, teniendo como ejes el ordenamiento territorial y la prevención con más democracia, transparencia, responsabilidad y sobre todo, solidaridad. La sociedad peruana ha dado clara evidencia de seguir ese ánimo y hay que respaldarlo antes que verlo como como algo accesorio. Nunca más una terapia de shock económico autoritario, como señala Naomi Klein, debiera ser nuestro derrotero.

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[1] Estimaciones de la CAF señalan que el FEN 1982-1983 tuvo un impacto de US$ 3,283 millones en tanto que el FEN 1997-1998 ascendió a US$ 3500 millones. Estos equivalieron a 7% y 4.5% del PBI respectivamente.

El costo del destrabe de inversiones

El anuncio del destrabe de una docena de proyectos de inversión por US$18,800 millones -en el marco del informe de los cien días de gestión del nuevo gobierno- es una noticia que hay celebrar. Lo que no se conoce es a qué costo se ha logrado este objetivo y cuáles serán los beneficios y los nuevos costos derivados de los mismos. El criterio para evaluar el éxito de dichos destrabes es si se ha hecho en un esquema ‘ganar-ganar’ en lugar del ‘ganar-perder’. En el primer caso, la sociedad, la empresa y el Estado ganan; en el segundo, suele ocurrir que la empresa gana, mientras que el Estado pierde.

Tomemos como ejemplo el caso del Aeropuerto Internacional de Chincheros a construirse en el Cusco. Este es un proyecto que demandará una inversión de US$ 658 millones. Los criterios para seleccionar al ganador fueron dos: el que exigiera el menor nivel de cofinanciamiento de parte del Estado, y a su vez, el que ofreciera el mayor porcentaje de reintegro de dicho cofinanciamiento. El Consorcio Kuntur Wasi (conformado por capitales peruanos y argentinos en partes iguales) ganó al ofrecer la mejor oferta combinada por ambos criterios. En el primer criterio, Kuntur ofreció que el cofinanciamiento sea de US$ 264.8 millones, monto 42% menor a los US$ 457.5 millones tolerados. En el segundo criterio, el Consorcio ofreció un reintegro de 100%, cuando el mínimo tolerado era de 30%. Según ProInversion, al seleccionar al Consorcio Kuntur Wasi se generó un ahorro al Estado calculado en US$ 200 millones.

Los problemas comenzaron cuando OSITRAN observó el informe de Endeudamiento Garantizado Permitido (EGP). Esto generó una serie de contratiempos entre el Estado y el Consorcio que provocaron incertidumbre sobre el inicio de las obras del aeropuerto. El peor momento ocurrió en abril de este año cuando el saliente presidente Ollanta Humala amenazó con rescindir el contrato y ejecutar las penalidades pertinentes por incumplimiento. Kuntur tuvo la capacidad de reacción mediática para manejar el proceso hasta esperar que entre el nuevo presidente. Ya con PPK al frente del gobierno, el Ministerio de Transportes informaba que la evaluación del EGP continuaba, dilatándose el proceso sospechosamente. La semana pasada, el diario Gestión ha revelado que el Estado habría aceptado un mayor costo financiero de al menos US$ 200 millones como consecuencia del incremento de la tasa de interés de 9% a 21% sobre el Pago Anual por Obras (PAO). Es decir, un sobrecosto equivalente al monto de ahorro que ProInversion había anunciado a favor del Estado al otorgar la buena pro al Consorcio Kuntur Wasi.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden de esta situación? En un país acostumbrado al discurso de la eficiencia y el libre mercado, este caso de ‘destrabe de inversiones’ es una grosera prevaricación jugada a favor de una empresa privilegiada. ¿Qué personas o intereses originan este privilegio? Las empresas que resultaron perdiendo en la convocatoria de la concesión, bien podrían argumentar un trato discriminatorio puesto que la ventaja técnica y económica ofrecida por Kuntur ha resultado ser falsa. A su vez, el Estado, representante de los intereses de todos los peruanos, ha aceptado un sobrecosto por cuenta de todos en vez de ejecutar la penalidad y convocar a un nuevo proceso donde la competencia limpia y transparente permita escoger al mejor postor. Los negociados y sobrecostos a costa del bienestar de la población, al parecer, seguirán formando parte del estilo de gobierno de PPK. Lamentable.

Leer también este artículo en: http://www.perureporte.com/destrabes-onerosos/

PPK y la lucha contra la informalidad

PPK le ha declarado la guerra a la informalidad. Eso está muy bien si entendemos que resolver esta situación procurará la creación de empleos dignos para dicha masa laboral. No se trata de crear empleos bamba con derechos laborales recortados “a la legal”. Por otro lado, preocupa las fuertes señales de informalidad que pululan en las relaciones de asesores alrededor del poder del Presidente, evidenciando que este puede ser un problema más grave del que se pretende atacar en el mercado laboral.

La versión fresca del caso de Carlos Moreno en el SIS –una versión informal de APPs en el sector salud-, palidece frente a la informalidad de los lobbies a los que PPK ha estado acostumbrado a recurrir para defender sus intereses empresariales hace tan solo un par de años, como fue el caso de la empresa Exalmar- Como se recordará, el pedido amical vía email para extender la cuota de captura de pescado fue atendido sin mayor aspaviento público, demostrando lo eficaz que resulta ser un gestor de intereses informal. Por fortuna, este caso revelado por los ‘Cornejoleaks’ generando todo un debate acerca del cumplimiento de la ley de lobbies (Ley N° 28024) vigente desde junio de 2003, encontrándose que apenas existían quince empresas registradas ante la SUNARP y un número menor de ellas que cumplían con reportar sus operaciones tal como lo exige la ley. Según algunas estimaciones razonables, al menos un 90% de las operaciones de lobby empresariales se realizan al margen de la ley. Es decir, hay más informalidad empresarial que informalidad laboral.

La informalidad para manejar el poder del Estado podría resultar más costosa que la informalidad que PPK quiere acabar en el mercado laboral. El desgaste por la continua renuncia de consejeros y asesores de las más altas esferas, puede producir un efecto similar al desgaste que tuvo Humala por los continuos cambios de gabinete y ministros provocando problemas para la implementación de políticas públicas. Es decir la ciudadanía en su conjunto resultará afectada por esta suerte de ineficacia para gobernar el país. Mientras que las relaciones entre tecnócratas no tengan otro espíritu que las oportunidades de rentas al tercerizar servicios públicos universales que vale la pena expandir y fortalecer como tales, PPK deberá intentar la reforma más importante que puede legar al país: renunciar a la informalidad a la que ha estado acostumbrado y procurar que el resto de empresarios sigan su ejemplo. Formalizando y transparentando esta esfera oscura entre los lobistas y las instituciones y funciones que los reciben, quedará menos espacio para la corrupción y los negociados que han costado a nuestro país entre 3 a 5% del PBI, según cálculos de Proética.

Lea este artículo también en: http://www.perureporte.com/ppk-y-la-informalidad/

Favores políticos o creación de empleo

Cuando un gobierno decide favorecer a una determinado gremio empresarial que mantiene profundas conexiones políticas en su interior, se obtiene como resultado un perjuicio del crecimiento económico y una caída en la creación de empleos. El siguiente artículo demuestra cómo esta afirmación es verdad en la realidad de los países que conforman la región del MENA (Middle East and North Africa).

La traducción del artículo es mía y por supuesto perfectible. Pero lo más importante es que traigo a colación la idea central de que los cinco paquetazos de reactivación económica aprobados por este gobierno son la profundización de un continuo de favores políticos otorgados en términos económicos a un par o más de gremios empresariales. Esto se ha realizado bajo la promesa de recuperar un determinado ritmo de crecimiento económico, pero se ha hecho a costa de dos estrategias bien definidas:

1. Seguir achicando al Estado (por la vía de la disminución de su recaudación fiscal, la renuncia a la provisión de los servicios públicos vía APPs y la venta parcial de sus empresas públicas) y 
2. Recortar los derechos laborales de las nuevas generaciones de trabajadores que anhelen trabajar en el sector formal. 

Juzgue Ud. en qué extremos lo descrito a continuación se aplica a nuestra realidad.

Cómo los favores políticos impiden el crecimiento económico
Por Marc Schiffbauer, The World Bank, 01 de diciembre de 2014

La mayoría de las personas en edad de trabajar en la región del MENA se enfrentan a una elección: pueden estar desempleados; o pueden trabajar en empleos de baja productividad, esto es en las actividades de subsistencia que se encuentran a menudo en la economía informal. En particular, sólo el 19% de las personas en edad de trabajar en la región MENA tienen trabajos formales.

La razón principal es que el sector privado no crea suficientes empleos. Entre el 42% y el 72% de todos los puestos de trabajo están en las microempresas en la región del MENA, pero el problema es que estas microempresas no crecen. En Túnez, la probabilidad de que una microempresa crezca más allá de 10 empleados, cinco años después es del 3%.

¿Por qué la creación de empleo del sector privado ha sido tan débil?

Dado el crecimiento del desempleo en la región, uno podría sospechar que los determinantes de la creación de empleo son diferentes en el Medio Oriente y África del Norte. Pues no lo son! Los tipos de empresas que crean más puestos de trabajo en la región son los mismos que en otras regiones de rápido crecimiento.

1. Las Startups son las empresas que crean más puestos de trabajo. Las micro Startups representaron el 92% de la creación de empleo neto total en Túnez entre 1996 y 2010 y 177% de la creación neta de empleo total en el Líbano entre 2005 y 2010.
2. Las empresas más productivas crean más puestos de trabajo. Las empresas con mayor productividad inicial crean más puestos de trabajo en los próximos cinco años en todos los países de la región con datos.

El problema es que no hay suficientes nuevas empresas y el crecimiento de la productividad ha sido débil. Por ejemplo, por cada 10.000 personas en edad de trabajar, sólo seis nuevas empresas de responsabilidad limitada se crean cada año en los países de la región del MENA en comparación con un promedio de 26 nuevas empresas de todos los países en desarrollo en todo el mundo. Por otra parte, las empresas en Egipto y Túnez apenas aumentaron su productividad en los primeros 35 años después de su entrada, mientras que las empresas en México, India o Turquía a aumentaron su productividad de 2-3 veces en el mismo período.

¿Por qué el aumento de Startups y de la productividad ha sido tan bajas?

“Trabajos o Privilegios” demuestra que la razón de este fenómeno es el conjunto de políticas que privilegian a unas pocas empresas dominantes que las aíslan de la competencia. A continuación presentamos cuatro ejemplos de este tipo de políticas que ahogan la competencia leal en la región:

1. Las restricciones a las empresas extranjeras para entrar en los sectores de servicios se encuentran entre los más altos del mundo. La eliminación de las restricciones a la inversión extranjera directa en los sectores de servicios en Jordania crearía más puestos de trabajo en las empresas de servicio doméstico: un aumento del 1% en la participación del empleo en las empresas de servicios extranjeros aumentaría el crecimiento del empleo en las empresas de servicios nacionales en un 1% -punto en un período de cinco años.
2. La burocracia en Marruecos reduce la creación de empleo. En particular, el tratamiento desigual e impredecible por las administraciones fiscales, la corrupción y los obstáculos en el sistema judicial, y el alto costo de financiamiento limita el crecimiento de nuevas empresas, que son el motor de la creación de empleo.
3. Los generosos subsidios energéticos a la industria en Egipto socavan la competencia y cuestan empleos. Como resultado, a pesar que se observan salarios más bajos en Egipto con respecto a Turquía, las empresas manufactureras intensivas en trabajo en Egipto emplean 320.000 trabajadores menos.
4. La aplicación de políticas discriminatorias en el Medio Oriente y África del Norte crea un campo de juego desigual reduciendo la competencia entre las empresas. Por ejemplo, las empresas con profundas conexiones políticas en Egipto reciben menos inspecciones fiscales por parte de funcionarios del gobierno.

Teniendo en cuenta que estas políticas cuestan puestos de trabajo, ¿Por qué continúan vigentes?

Las políticas de la región a menudo han sido capturadas por un puñado de empresas con conexiones políticas que crearon privilegios en lugar de puestos de trabajo. Si bien el problema es regional, nos centramos en Egipto y Túnez. En ambos países, las empresas con conexiones políticas son empresas que son manejadas o son propiedad de hombres de negocios que bien controlan un alto cargo político en el gobierno o un partido en el poder, o cuyos activos han sido confiscados en el 2011 debido a que eran propiedad de una antigua familia gobernante.

“Trabajos o privilegios” considera que las actividades de las 469 empresas con conexiones políticas en Egipto y 215 empresas conectadas en Túnez se han generalizado en todos los sectores económicos. Y estos fueron los sectores que obtuvieron generosos privilegios políticos.

Por ejemplo, el 45% de las empresas conectadas en Egipto operan en industrias intensivas en el alto consumo de energía en comparación con sólo el 8% de todas las empresas manufactureras. ¡Las subvenciones a la energía conducen a privilegios en lugar de puestos de trabajo!

Por otra parte, el 43% de los sectores con al menos una empresa conectada en Túnez están protegidos contra la entrada extranjera en los sectores de servicios en comparación con sólo el 14% de los sectores no conectados.

Cuando los aranceles comenzaron a disminuir en Egipto, los obstáculos técnicos no arancelarios para importar aumentaron. Estas barreras no se impusieron al azar: el 71% de las empresas con conexiones políticas, pero sólo el 4% de todas las empresas venden productos que están protegidos de la competencia extranjera por barreras no arancelarias (The Economist: Friends in High Places).

Los privilegios suprimen la dinámica necesaria de las empresas para crear empleos. En Egipto hay menos Startups en sectores dominados por empresas con conexiones políticas a pesar de los generosos privilegios en estos sectores. La conclusión es que, cuando una empresa conectada políticamente entra en un sector no conectado en Egipto, la disminución del empleo alcanza los 1,4 puntos porcentuales al año.

¿A dónde llegaremos desde este punto?

La respuesta simple es: reformar las políticas que privilegian a unas pocas empresas conectadas a expensas de los millones de trabajadores y empresarios no conectadas. Pero, ¿cómo pueden estas políticas reformarse en contra del interés de algunos beneficiarios influyentes? ¿Qué se necesita para crear instituciones que salvaguarden la competencia? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en las instituciones que se supone deben proteger la competencia?

Este post apareció por primera vez en el blog del Banco Mundial para el Desarrollo Futuro.

Autor: Marc Schiffbauer es economista en la Unidad de la Reducción de la Pobreza y Gestión Económica para la región de Oriente Medio y Norte de África.

Fuente del artículo (original en inglés):

http://forumblog.org/2014/12/how-political-favours-hinder-economic-growth/?utm_content=buffer5e83e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Rescatando al sector privado

En el Perú, a diferencia de los países desarrollados, las APPs y las OxIs son el último grito de moda en políticas públicas diseñadas para rescatar al sector privado con recursos del Estado. Esta no es por supuesto, la primera vez que el Estado peruano está planificando ejecutar semejante aberración a la teología del libre mercado (recordemos el salvataje al Banco Latino). Pero, sinceramente, espero que esta sea la última vez que ejecute algo parecido. 

Lo cierto es que la reciente votación en mayoría lograda por el Congreso a favor del Proyecto de Ley 3690, por el que se propone "medidas para promover el crecimiento económico" se constituiría en uno de los esfuerzos más grandes y escandalosos del sector privado para favorecerse de los ingentes recursos acumulados por el Estado por lo menos en la última década. 

Todo este proceso por supuesto, se encuentra velado ante la opinión pública al confluir dos discursos interesados en capturar los recursos frescos que tiene custodiados el Tesoro peruano. El primero de ellos, el discurso de la crisis internacional y la "tramitología" o "permisología". De acuerdo con este discurso, es el Estado con sus trámites, reglamentos y permisos el culpable de que la economía no pueda seguir creciendo. El segundo de los discursos, es que el Estado descentralizado hasta la fecha es ineficiente y corrupto para ejecutar recursos y bajar la pobreza; por lo tanto, lo más conveniente es que el sector privado con su presunta eficiencia y efectividad asuma los roles del Estado en los que este es claramente ineficiente. 

Explicaré con más detalle porque estos discursos son falsos y como es que ahora se intenta capturar el Estado de una manera limpia, estética y sin mayor aspaviento frente a la sociedad desinformada.

"Me sobreendeudo, pero soy eficiente"

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el BCR, desde el 2do trimestre de 2013, el nivel de endeudamiento de mediano y largo plazo del sector privado ha crecido muy por encima del correspondiente nivel de endeudamiento del sector público. Las cifras, que representan miles de dólares nos dicen que a junio del presente año el sector privado tiene un nivel de endeudamiento con el sector externo que supera al sector público en más de 7.3 mil millones de dólares. Esto ha hecho que el endeudamiento del sector privado alcance a representar el 15.5% del PBI nacional. Si le añadimos el endeudamiento de corto plazo que es prácticamente el 100% por cuenta del sector privado tenemos que la deuda externa privada total a mediados de 2014 representa el 18.6% del PBI.

El sector público, por su parte, ha hecho su trabajo disciplinadamente desde los años noventa. Luego de ordenar las cuentas públicas y reinsertarse al sistema financiero internacional, el tótem del equilibrio fiscal se ha mantenido incólume como herramienta central de la gestión pública, a pesar de los altos costos de la corrupción y de las ineficiencias del que adolece nuestra precaria institucionalidad pública. Esto le ha permitido reducir las presiones propias del sistema financiero internacional ante la sostenibilidad en el manejo de la deuda externa pública. Con datos a junio de 2014, la deuda pública representa apenas el 9.8% del PBI.

Sin embargo, el rápido aumento del endeudamiento privado se ha convertido en un problema que ha llamado la atención a los organismos multilaterales como el BID. El presidente de esta organización, Luis Alberto Moreno, declaró que enfrentamos una situación que no es de urgencia, pero que si merece un llamado de atención para que las autoridades aborden esta problemática "sobre todo de las medianas y grandes empresas, que han recurrido a los mercados externos".

No es de extrañar entonces que uno de los más críticos neoliberales de nuestro medio se haya escandalizado al advertir que el sector privado se ha sobreendeudado tanto recientemente, revelando un crecimiento económico bastante "burbujito", por decir lo menos, en los últimos cuatro años. Sinceramente, este discurso de que el sector privado es eficiente, con estos resultados, deja mucho que desear. Es el propio Dionisio Romero Jr el que ha salido a la palestra a moderar la gravedad del problema al declarar que "No diría que ha habido sobreendeudamiento, lo que ha ocurrido es una reducción en el crecimiento económico y esto hace más difícil a los empresarios de todo tamaño [...], poder cumplir con sus obligaciones".

"Como soy eficiente y tu no, dame la plata"

Como ya lo afirmé más arriba, en este discurso de la crisis y el paquete de reactivación económica, el culpable de la situación siempre es el Estado. Siempre debe ser el Estado, lo que deja como alternativa positiva al sector privado. En efecto, como no dudarlo si el diagnóstico del título II del Dictamen de la Comisión de Economía realizado sobre el P.L. 3690/2014-PE señala lo siguiente:

"La propuesta de incorporar a ciertas entidades del Gobierno Nacional dentro de los alcances de la Ley Nro 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, obedece a la necesidad de impulsar la ejecución del presupuesto asignado toda vez que el promedio de su ejecución no bordea ni el 20%. 

Entre los ministerios involucrados en esta propuesta, se encuentran los de Educación (32%), Salud (9%), Agricultura y Riego (6%), Orden Público y Seguridad (12%), por lo que se ha propuesto que estos podrán disponer de un esquema que les permita agilizar la ejecución de sus proyectos de inversión pública con participación privada tanto en la etapa de concurso como en la etapa de ejecución, sobre todo en los sectores que tienen un mayor impacto económico y social." (pág. 33)

"[...] además de los cuatro ministerios inicialmente involucrados en la propuesta, también se incluya al sector turismo, a fin de revertir la tendencia de baja ejecución del presupuesto asignado a proyectos de inversión en este campo y dar mayor impulso al desarrollo de la infraestructura turística a nivel nacional." (pág. 35)

Lo mismo se asegura en el título III del mismo dictamen cuando se señala:

"La inversión privada en electricidad, en los últimos diez años ha tenido un incremento exponencial, el mismo que no guarda relación con la inversión realizada por las empresas públicas, por lo que es necesario impulsar medidas que reactiven este nivel de inversión.

A pesar del crecimiento, en los últimos 20 años, el índice de electrificación rural aun se encuentra en niveles bajos considerando las proyecciones que se tienen hasta el año 2016." (pág. 39)

"Frente a esta situación, la propuesta del Poder Ejecutivo, tiene por objeto establecer las condiciones que permitan la promoción y la eficiencia de las empresas del Estado, vinculadas al ámbito de la energía eléctrica, sobre todo estimulando la inversión privada, que iría entre el veinte por ciento (20%) al cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social con derecho a voto a través del mercado de valores. Con esta propuesta se mantiene al Estado como accionista mayoritario de dichas empresas. "(pág. 40)

Con respecto a estas dos cuestiones, es preciso señalar lo siguiente:

En primer lugar, la lenta ejecución de los sectores Salud, Educación, Agricultura e Interior resultan por decir lo menos, sospechosas. No es posible que a estas alturas del año los sectores hayan ejecutado en promedio alrededor del 20% de su presupuesto. Revisando las cifras de ejecución de inversiones al último mes disponible (septiembre) queda claro que estos datos no representan la realidad actual. Queda por descartar la hipótesis que los datos correspondan a la fecha en que se presentó el proyecto de ley, esto es, el 28 de julio del presente año. Sin embargo, revisando los informes de Mayo, Junio y el propio mes de Julio vemos que los datos del dictamen no corresponden con ninguno de los sectores, excepto Salud que muestra 9% de ejecución para el mes de Mayo coincidiendo con el dato provisto por el Dictamen.

Los ministerios priorizados por el proyecto del Ejecutivo para el mecanismo de OxI se encuentran en manos de economistas altamente calificados. Al parecer, estas cualidades no han sido suficientes para hacer más eficiente la ejecución. A duras penas han podido replicar los montos de inversión del año anterior, lo que queda claro es insuficiente para las demandas siempre crecientes de la sociedad. Pareciera que habría habido una suerte de concertación para restringir la inversión pública con la finalidad de ayudar a evidenciar el discurso de incapacidad del Estado para ejecutar sus recursos. Economistas de la talla como Waldo Mendoza se preguntaba en el mismo sentido porqué el gobierno seguía con una política fiscal tan restrictiva justo en un periodo de desaceleración económica que demanda un mayor ritmo de gasto fiscal. De esta manera, se da pie al objetivo real que es materia del proyecto de ley, esto es, a redirigir dichos recursos hacia las APP y las Obras por Impuestos (OxI). La razón de ello sería como ya lo expliqué mas arriba, la necesidad de recursos frescos de parte del sector privado para mejorar su posición de endeudamiento que ha afectado al crecimiento económico. He ahi, las razones internas del decrecimiento económico. Estamos pues, frente a un decrecimiento inducido por el MEF.

La pregunta que cabe aquí es, ¿Se otorgarán todos estos recursos y facilidades de manera temporal o será más bien un negocio de mediano plazo? Para esto sería bueno explorar algunos de los riesgos que el Banco Mundial señala expresamente con respecto a la implementación de estas políticas, que se añadirían a los riesgos propios de hacer las cosas a la tole tole. Sólo quiero destacar tres de ellas: la primera, el problema de incurrir en costos más altos en el diseño e inversión que en los procesos tradicionales de licitación pública. Luego, se encuentra la observación que la empresa privada sólo cumplirá las metas y servicios a los que se comprometerá por escrito en el contrato respectivo. Esto implica que si por ejemplo, una empresa X se compromete a atender a 2 millones de personas con una determinada enfermedad cada año, por ninguna razón realizará un mayor número de servicios si existiera un fenómeno imprevisto que incrementara la demanda por este servicio específico. No serán pequeñas las disputas legales y juicios al Estado, en caso de emergencia nacional ante un caso específico. Finalmente, relacionado con lo anterior, queda el tema de la reglamentación y qué organismo del Estado asumirá la supervisión a escala nacional y local de la provisión de los servicios vía APPs. No tiene sentido en este escenario de proliferación de APPs un fortalecimiento de la Contraloría, sino más bien la creación de otras instancias que cumplan con el rol de fiscalización.

En segundo lugar, me parece desproporcionado comparar como lo hace el dictamen de la Comisión de Economía, la rentabilidad de las empresas públicas eléctricas frente a las empresas del sector privado. Esto es así, porque muy aparte del rol público que asumen las empresas públicas por naturaleza propia, la Constitución de 1993 con su respectivo ordenamiento jurídico les otorga la preferencia a las empresas privadas para expandir sus operaciones allí donde lo considera rentable. Al mismo tiempo, el Marco Macroeconómico Mutianual exige a las empresas públicas cumplir con determinadas metas de provisión de recursos para el Tesoro Público lo que en la práctica involucra que las empresas públicas se vean limitadas de reinvertir sus utilidades para incrementar operaciones y por lo tanto su cobertura. En otras palabras, a pesar de las limitaciones legales impuestas a las empresas públicas, en contraste con las empresas privadas que se les otorga todas las facilidades, las primeras obtienen utilidades cumpliendo su rol público en beneficio de los ciudadanos que se encuentran incluso fuera del ámbito urbano.

La pregunta entonces en esta instancia no es tanto cómo las empresas públicas se verán beneficiadas por la incorporación de capital "fresco" de parte de las empresas privadas, sino al revés. Cómo las empresas privadas expandirán y mejorarán sus operaciones subvencionadas por la eficiencia lograda por las empresas públicas.

"¿Eficiente yo?, ¡Por favor!"

¿Cuán eficientes son las ejecuciones actuales de las APPs? El argumento central por el que el Gobierno apela a utilizar este tipo de mecanismo es que el sector privado sabe hacer las cosas con mayor calidad y con mayor eficiencia que lo que puede hacer el sector público. Antes que evaluemos los datos para responder a esta pregunta, primero habría que evaluar cuales son las dimensiones de los recursos comprometidos por este mecanismo a la fecha. De acuerdo con el Reporte Presupuestal de Septiembre de 2014 del MEF (pág. 22), el monto total asciende a 3850 millones de nuevos soles. Este presupuesto equivale, soles más, soles menos, al PIM del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El porcentaje de ejecución de estos proyectos es, comparativamente muy similar a lo mostrado por los sectores que supuestamente se pretende beneficiar con este mecanismo: 44% del PIM. Descubrimos entonces que no existen diferencias significativas entre uno y otro sector a la hora de comparar el ritmo de ejecución de inversión pública. Probablemente, el problema de la baja ejecución durante el año tenga factores explicativos distintos a los esgrimidos por el proyecto de ley, pues es bien sabido que generalmente hacia el último trimestre del año es que se desembalsan las inversiones públicas a nivel nacional.

A manera de conclusión

El reciente informe Doing Business del Banco Mundial señala que el Perú se encuentra como el segundo país, después de Colombia, donde es más fácil hacer negocios en América Latina. Creo que el Estado peruano ha hecho bastante en ese sentido, no sólo para mantener una férrea disciplina fiscal y por tanto hacer atractivo el entorno para las inversiones privadas en el país. 

No obstante, considero inoportuna la falta de debate informado (con impactos medidos) sobre quienes serán los beneficiarios reales de lo que el actual gobierno de nuestro país ha venido preparando para mejorar los índices macroeconómicos. 

No me opongo a que se prueben nuevos esquemas de inversión público privada cuando su objetivo es beneficiar a la sociedad en su conjunto. No obstante, si me opongo a la necesidad de introducir esquemas deformados de asociatividad público privadas cuando las razones para su uso son distintas que las de mejorar las condiciones de vida y la calidad de los servicios públicos para los ciudadanos de mi país. Y sobre todo, desmantelando lo poco de Estado que aún tenemos.

Una cuestión que queda por esclarecer es, que empresas privadas serán beneficiarias de este shock de recursos públicos via APPs. Resulta indicativo que exista una disputa entre la CONFIEP, ADEX y la SNI por cuestiones que en el fondo, merecen ser tomadas en cuenta. La repartición del ingreso debe ser considerada óptima para la multiplicidad de intereses y actores que entran en juego en el gran debate de presupuesto que se cerrará este fin de mes.

¿Cómo mejorar el desempeño del Congreso? Aportes desde la economía

Publicado en la revista Cuarzo Económico, en Julio 2013.

Todos detestan al Congreso, pero muy pocos tienen propuestas para mejorar su aprobación. Una de estas propuestas novedosas se encuentra contenida en la reciente aparición del dossier Perú Económico que presenta el estudio denominado "Ranking Legislativo". Este ranking realiza una diagnóstico de cuáles son las bancadas –y congresistas- cuyos proyectos de ley generarían un mayor crecimiento y desarrollo económico. Este es un estudio típico de la rama denominada análisis económico del derecho (AED). Para evaluar las bondades y debilidades del diagnóstico presentado es necesario conocer la metodología que siguieron los autores del ranking, la cual paso a describir a continuación.

La metodología es doble puesto que en realidad no se presenta un solo ranking para calificar los proyectos de ley, sino dos. En primer lugar tenemos el ranking del crecimiento económico, es decir aquel que evalúa el impacto sobre el crecimiento económico. Para este caso, se procedió con un proceso de filtrado y recojo de 142 proyectos de un universo aproximado de 2 mil proyectos de ley presentados por los congresistas, que el equipo investigador identificó tendrían un impacto directo en el PBI, específicamente sobre los componentes del gasto agregado más importantes: consumo, inversión, exportaciones netas y compras del Estado. La calificación del impacto se estableció siguiendo una escala tipo Likert (en cualquier sentido, positivo alto, positivo, nulo o negativo, negativo alto) a la cual se le asoció un puntaje aditivo de tal manera que a mayor puntaje, mayor calificación positiva o negativa respectivamente para cada congresista o bancada en particular.

En segundo lugar tenemos el ranking del desarrollo económico, es decir aquel que evalúa el impacto sobre el desarrollo económico. Para este caso, se procediócon la selección de un conjunto aleatorio de proyectos de ley presentados por cada uno de los 130 congresistas elegidos para el periodo 2011-2016, dos por cada uno de ellos, para valorar el impacto que estos proyectos tendrían sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en sus componentes principales: salud y calidad de vida, educación e ingresos. Sólo se lograron acumular 255 proyectos porque no todos los congresistas habían presentado proyectos a la fecha de cierre del muestreo. La calificación abordada no es muy clara, puesto que se menciona que se ha realizado un promedio de las calificaciones parciales para cinco indicadores definidos por el equipo investigador, estos son: impacto de la propuesta, exposición de motivos, análisis costo beneficio, lenguaje claro y beneficio para el desarrollo económico. De los cinco indicadores, sólo el último parece ser el más concreto puesto que en este se valora si el proyecto de ley en cuestión aporta a los indicadores parciales del IDH. No está claro porqué las ponderaciones son distintas para cada indicador, ni tampoco se ha reportado cuales son los pesos específicos de cada uno de ellos.

El informe presenta los resultados a nivel individual para el ranking del crecimiento económico. A nivel individual, los top-10 serían los congresistas: Luis Galarreta, Manuel Merino, Eduardo Cabrera, Jesús Hurtado, Carlos Bruce, Ángel Neyra, Fernando Andrade, Modesto Julca, Gustavo Rondón y Marco Falconí. En el otro extremo (los 10 últimos) que afectarían negativamente al crecimiento económico se encontrarían los congresistas Jorge Rimarachín, Héctor Becerril, Kenji Fujimori, Claudia Coari, Justiano Apaza, Teófilo Gamarra, Cecilia Chacón, Jaime Delgado, Javier Diez Canseco y finalmente Tomás Zamudio. No se presentan los datos para el resto de congresistas, lo cual habría sido ideal para conocer su aporte específico al crecimiento económico y el desarrollo económico del país.

A nivel de bancadas, el informe presenta los resultados para ambos rankings. La bancada que habría propuesto la mayor cantidad de proyectos de ley que aportarían positivamente tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo económico es el de Concertación Parlamentaria, conformado por los cuatro congresistas del Partido Aprista Peruano y los congresistas independientes Carlos Bruce (ex Perú Posible) y Renzo Reggiardo (ex Fujimorista). En el otro extremo, la bancada de Gana Perú es la que, por decir lo menos, realizaría un aporte menor al crecimiento económico que el resto de bancadas; mientras que la bancada fujimorista (Fuerza Popular) es la que menos aportaría al desarrollo económico, siempre en relación al resto de bancadas.

Ilustración Bancadas según ranking de proyectos legislativos pro crecimiento y pro desarrollo económico - Elaboración propia sobre la base de dossier Perú Económico

El informe añade una evaluación transversal específica a todos los proyectos de ley, con el cual concuerdo plenamente, la debilidad de la sección titulada “Análisis Costo Beneficio de la presente ley”. De acuerdo con el estudio de Semana Económica, el 83% de los proyectos de ley presentados por los congresistas de la actual legislatura, no realiza un análisis mínimo que evidencie el impacto de la legislación en la economía (p.19). Otro estudio similar, realizado por la ONG Reflexión Democrática1 para la anterior legislatura 2006-2011, reportó que luego de revisar 967 propuestas sólo un 6.5% de ellas tenían un análisis costo beneficio adecuado. Esto significa en resumen, que existe alrededor de un 10% de probabilidad de encontrar un proyecto de ley bien elaborado en cuanto a la medición del impacto costo beneficio de la misma.

En línea con los hallazgos realizados, las recomendaciones del estudio de Semana Económica no se hacen esperar. El Congreso de la República debe contar con una unidad de Estudios Económicos lo que redundaría en un beneficio para la democracia. Esta unidad, se encargaría en la práctica de formular de manera adecuada e independiente, es decir, de manera técnica, la medición y el balance de los costos y beneficios que un determinado proyecto de ley puede tener. Esta información sería volcada sobre los congresistas para que ellos tomen las decisiones informadas sobre la “riqueza que crearían o destruirían sus leyes, y rendirían cuentas ante el electorado ciudadano”. Hasta aquí todo bien aunque su pretensión es a mi parecer exagerada. Voy a explicar por qué.

En efecto, antes que nada, es preciso conocer un poco más de la realidad parlamentaria para tomar en cuenta cuáles son los límites de esta propuesta2 . En primer lugar, los congresistas contratan un equipo de tres o cuatro asesores para su despacho para que les ayuden a elaborar sus proyectos de ley. La elección de estos asesores no necesariamente se basa en criterios técnicos, sino más bien políticos. Muchos de estos asesores son militantes de algún partido afín, pero esto no es necesario para todos los casos. Por lo general existe una tendencia a contratar abogados pues son los que tienen las herramientas necesarias para elaborar los proyectos de ley. Pero recientemente ha habido una mayor preocupación por contratar profesionales de otras especialidades, en especial economía para abordar con mayor expertise los temas que van cobrando importancia en el quehacer económico nacional a través de nuevos proyectos de ley.

En segundo lugar, los congresistas procuran formar parte de tres o cuatro de las 24 comisiones ordinarias existentes en el Congreso para ejercer sus facultades legislativas, de fiscalización y representación. La elección de dichas comisiones se hace tomando en cuenta la experiencia previa del congresista, que no necesariamente está dictada por la profesionalización. Pero cada congresista es consciente que es en esta primera arena política, donde la discusión y la argumentación serán las herramientas necesarias para aprobar o rechazar los proyectos de ley. Las comisiones que por naturaleza tienen que ver con cuestiones económicas son casi la mitad del total disponibles:

• Economía, banca, finanzas, e inteligencia financiera,
• Presupuesto y cuenta general de la república
• Producción, micro y pequeña empresa y cooperativas
• Agraria
• Energía y minas
• Defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos
• Comercio exterior y turismo,
• Trabajo y seguridad social
• Transportes y comunicaciones
• Vivienda y Construcción
• Inclusión social y personas con discapacidad

Cada comisión cuenta con un equipo de asesores, los cuales elaboran un dictamen para cada uno de los proyectos de ley que son derivados a la comisión, incorporando las discusiones y las consultas pertinentes realizadas a las entidades públicas o privadas que tienen competencia o interés con la materia del proyecto de ley en cuestión. La composición de los asesores de estas comisiones se reparte, como es de esperar, mayoritariamente entre abogados y minoritariamente entre economistas, los cuales son colocados por los congresistas de acuerdo con su especialidad y capacidad para atraer a los mejores talentos posibles a esta instancia. Es preciso resaltar que cuando las comisiones remiten su proyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas para que brinde su opinión técnica, lo hacen porque los congresistas juzgan necesario evaluar el impacto de un proyecto determinado sobre el presupuesto público o el mercado en general. Es en esta instancia que el MEF cumple el rol “independiente” al cual alude el director de la revista Semana Económica puesto que los técnicos de este organismo realizan el control de si la ley propuesta está duplicando alguna legislación preexistente, o si ocasiona un costo efectivo al erario nacional aun cuando el proyecto señala que no lo hace. Si ocurre cualquiera de las dos situaciones, el proyecto termina siendo descalificado inmediatamente, puesto que no se puede legislar sobre algo que ya está normado, ni se puede incurrir en un gasto sobre el presupuesto pues está prohibido por ley que el congresista tenga iniciativa de gasto3 . De crearse una unidad de Estudios Económicos debería cumplir un rol similar al del MEF, pero al interior del Congreso. Pero este debería tener el nivel de legitimidad suficiente entre los congresistas como para que su opinión sea tomada con el mismo peso “político” del que gozaría la opinión emitida por el propio MEF.

Pero es preciso notar que no todas las veces es al MEF a quien se le solicita opinión técnica. Depende de la comisión y de la naturaleza de la materia que legisla el proyecto para que se solicite opinión a las entidades que son pertinentes. Aquí se incluyen ministerios, universidades, especialistas reconocidos en la materia, gremios empresariales, sindicatos, etc. Estas consultas pueden ser materializadas a través de la organización de seminarios, foros, audiencias, y todo tipo de eventos que los congresistas consideren necesario para que tanto ellos como la opinión pública se vayan informando de la importancia de la ley en debate. Así, cuando concluye el proceso de consulta y discusión, la secretaría técnica de la comisión que tiene prioridad sobre el proyecto, realiza el dictamen definitivo del mismo sobre la base de las consultas y debates realizados con la recomendación para su aprobación o envío al archivo. Una vez que se ha programado el último debate sobre el proyecto, se puede proceder a un último ensayo de defensa por parte del congresista que presentó el proyecto originalmente y luego se procede al voto a nivel de la comisión. Si gana, el proyecto pasa a la lista de proyectos que serán discutidos en el Pleno o de lo contrario el proyecto es enviado al archivo. No se volverá a discutir un proyecto similar hasta que se abra una nueva legislatura y algún congresista desee volver a presentarlo con mejoras o adiciones.

Flujograma de un proyecto de ley - Elaboración propia

El pleno del Congreso es la máxima instancia de debate de los proyectos de ley que arriban a ella. Aquí existe un conjunto adicional de asesores, los asesores de bancada, que ayudan a los congresistas de una determinada bancada para que tengan los insumos necesarios a la mano para que sus intervenciones durante el debate sean lo más persuasivos posibles. Se busca de esta manera lograr el máximo de aprobación o el mínimo de rechazo para un proyecto de interés de la bancada que entre al debate. En el caso de una bancada de oposición, los asesores de este nivel proveerán todos los elementos necesarios para descalificar el proyecto de ley que está en debate del oficialismo buscando que este sea rechazado con la máxima cantidad de votos posibles. En este nivel de asesores, la distribución de especialistas me parece que es más equilibrada en términos de las especialidades que a nivel de los despachos y comisiones técnicas. Pero esto es sólo una percepción. Es necesario realizar mayor investigación en términos del quehacer político y técnico para producir el éxito o rechazo de los proyectos de ley en general.

Como se puede apreciar hasta este punto, el carácter democrático de todo este proceso no se basa exclusivamente en la supuesta independencia del MEF para opinar sobre un determinado proyecto de ley. Pero es cierto que por la preeminencia que tiene este organismo sobre el resto del Estado, su opinión suele ser la más importante y la que finalmente determinará la suerte del proyecto en cuestión. Es casi como un poder de veto en la práctica. Esto es así a menos que la oposición y la agenda pública hayan tomado conciencia de la importancia de dicha ley y por lo tanto se comience a apreciar la presión mediática sobre el destino de la misma. La lógica que guía todo este proceso es la de la argumentación y la persuasión4 . Pero es obvio que se despliegan diversos juegos políticos y alianzas de poder para lograr la aprobación o rechazo de un determinado proyecto sobre todo si existen intereses compartidos por los actores relevantes del proyecto en el escenario parlamentario. La consolidación de estas alianzas puede involucrar la renuncia temporal de principios antes sostenidos -si es necesario- con la finalidad de oponerse a un proyecto de ley presentado por el gobierno de turno5 .

Teniendo en cuenta todo este proceso, ¿Resulta relevante la creación de la oficina de investigaciones económicas en el Congreso? Creo que una dependencia como esta al interior del Congreso podría ayudar a mejorar el sustento del análisis costo beneficio, pero eso no limitaría la necesidad de que se realice la consulta oficial necesaria al MEF para obtener su opinión técnica política definitiva, que en la práctica resulta ser como una “bendición” de parte de este organismo. Para minimizar la probabilidad de rechazo de estas iniciativas, la práctica parlamentaria obliga que el Congresista realice las coordinaciones necesarias con el MEF para asegurar que su proyecto de ley no vaya a ser rechazado en el camino de consultas interinstitucionales. En ese sentido, el cliché “Este proyecto de ley no irrogará gasto alguno al erario nacional”, suele ser una frase efectista de lo que se considera ha sido una efectiva coordinación del congresista interesado que busca hacer viable una iniciativa legislativa de su autoría. Desde ese punto de vista, la existencia de una oficina de estudios económicos podría ser poco relevante e incluso redundante. Si logra tener un protagonismo tecnocrático, es probable que sea visto como un territorio de colonización del MEF en el Congreso (tal como lo es en la actualidad, a través de algunos congresistas, voceros y asesores en las comisiones respectivas), lo que haría incómoda su actuación y grande la tentación a ser ‘recuperada’ políticamente por el tipo de profesionales que se seleccionarían para conformarla. De hecho, la práctica parlamentaria de contratar personal para cubrir los cupos correspondientes asignados a cada partido o bancada determina que incluso las oficinas más técnicas sean cubiertas precisamente por personal afín a cada partido. Este el caso del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso peruano (DIDP)6 . Esta oficina se encarga de realizar investigaciones especializadas sobre diversos temas que requieren las comisiones del congreso o los propios despachos de los congresistas. La calidad técnica de este departamento no ha sido puesta en cuestión, sin embargo, ha merecido el apoyo de diversos programas de agencias internacionales para fortalecer su rol, entre ellas se destaca la provista por el Instituto Republicano Internacional7. No obstante, se espera que su protagonismo e importancia sea visto recién en el largo plazo.

En el corto y mediano plazo creo que sería más importante realizar una reforma en la selección de los especialistas que asesoran no sólo a nivel del despacho de cada uno de los congresistas, sino también a nivel de las comisiones técnicas y las bancadas. En teoría, la comisión de economía y la de presupuesto de la República serían las dos comisiones que por naturaleza deberían manejar como herramienta básica la técnica del análisis Costo Beneficio para que puedan informar convenientemente a los Congresistas sobre las debilidades o ausencias sobre este componente en sus proyectos de ley. Pero está claro que ésta es una técnica que deberían dominar la mayoría de economistas que asesoran en el Congreso.

A manera de conclusión, es importante recalcar que las iniciativas que buscan mejorar la performance del parlamento peruano son bienvenidas, sobre todo si viene desde una de las áreas de la ciencia sociales más desarrolladas como es la economía. Pero sería justo completar el panorama del diagnóstico con otras áreas de la temática abordada por el parlamento, como por ejemplo Justicia, Constitución, Relaciones Exteriores, entre otros que conforman la otra mitad de comisiones establecidas en el Congreso peruano. De otro lado, la recomendación de establecer una oficina de estudios económicos sería poco recomendable puesto que su existencia no limita la necesidad de solicitar opinión técnica concluyente al MEF o de organismos similares en el Ejecutivo para determinar la viabilidad final de un proyecto de ley. De otro lado, no sería posible garantizar la independencia técnica de una oficina como la propuesta puesto que dependería de los cupos de profesionales a ser cubiertos para su conformación. Si la mayor parte de los cupos asignados se encuentran bajo la disposición del partido mayoritario, es muy probable que las opiniones técnicas tiendan a sustentar este sesgo. En última instancia, esta oficina siempre tenderá a convertirse en un escenario adicional para la batalla política. En contraste, creo yo que sería más recomendable asegurar que en la composición de los equipos de asesores que asisten tanto en los despachos de los congresistas, como en las comisiones y las bancadas existan economistas destacados que dominen las herramientas clave de su campo para mejorar la calidad de la producción legislativa. Estos economistas podrían establecer grupos de trabajo de asesoramiento transversal que ayudarían en la práctica parlamentaria a asegurar que la dimensión técnica de los proyectos de ley esté resuelta con la más alta calidad profesional, facilitando así el diálogo político de los congresistas.

• 1 Reflexión Democrática, “Análisis Costo – Beneficio de los proyectos de ley (Presentados en la legislatura 2006 – 2011)”, Informativo Nº 91, 25 mayo de 2013.
• 2 Delgado-Guembes, César (2012) “Manual del Parlamento. Introducción al estudio del Congreso Peruano”. Lima: Oficialía Mayor.
• 3 Delgado-Guembes, César. Obra citada. Pág. 579
• 4 Majone, Giandoménico. “Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas”. México D.F.: FCE, 1997
• 5 Me refiero en concreto al curioso caso del rol opositor asumido por el Fujimorismo durante el presente gobierno. Ante el debate del proyecto de ley del Servicio Civil, en contraposición histórica a su rol como gobierno durante los noventa en el que despidieron a miles de trabajadores del sector público por la política de privatizaciones, los fujimoristas se cuentan en la actualidad como los mayores defensores de los trabajadores del Estado. Sobre este tipo de juegos, su mecanismo y su desenlace puede verse Tsebelis, George (1991) “Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics”. California Series on Social Choice and Political Economy.
• 6 Puede visitarse esta oficina y sus informes elaborados en la siguiente dirección web: http://www.congreso.gob.pe/dgp/didp/inicio.htm
• 7 http://www.iri.org/countries-and-programs/latin-america-and-caribbean/peru