PPK le ha declarado la guerra a la informalidad. Eso está muy bien si entendemos que resolver esta situación procurará la creación de empleos dignos para dicha masa laboral. No se trata de crear empleos bamba con derechos laborales recortados “a la legal”. Por otro lado, preocupa las fuertes señales de informalidad que pululan en las relaciones de asesores alrededor del poder del Presidente, evidenciando que este puede ser un problema más grave del que se pretende atacar en el mercado laboral.
La versión fresca del caso de Carlos Moreno en el SIS –una versión informal de APPs en el sector salud-, palidece frente a la informalidad de los lobbies a los que PPK ha estado acostumbrado a recurrir para defender sus intereses empresariales hace tan solo un par de años, como fue el caso de la empresa Exalmar- Como se recordará, el pedido amical vía email para extender la cuota de captura de pescado fue atendido sin mayor aspaviento público, demostrando lo eficaz que resulta ser un gestor de intereses informal. Por fortuna, este caso revelado por los ‘Cornejoleaks’ generando todo un debate acerca del cumplimiento de la ley de lobbies (Ley N° 28024) vigente desde junio de 2003, encontrándose que apenas existían quince empresas registradas ante la SUNARP y un número menor de ellas que cumplían con reportar sus operaciones tal como lo exige la ley. Según algunas estimaciones razonables, al menos un 90% de las operaciones de lobby empresariales se realizan al margen de la ley. Es decir, hay más informalidad empresarial que informalidad laboral.
La informalidad para manejar el poder del Estado podría resultar más costosa que la informalidad que PPK quiere acabar en el mercado laboral. El desgaste por la continua renuncia de consejeros y asesores de las más altas esferas, puede producir un efecto similar al desgaste que tuvo Humala por los continuos cambios de gabinete y ministros provocando problemas para la implementación de políticas públicas. Es decir la ciudadanía en su conjunto resultará afectada por esta suerte de ineficacia para gobernar el país. Mientras que las relaciones entre tecnócratas no tengan otro espíritu que las oportunidades de rentas al tercerizar servicios públicos universales que vale la pena expandir y fortalecer como tales, PPK deberá intentar la reforma más importante que puede legar al país: renunciar a la informalidad a la que ha estado acostumbrado y procurar que el resto de empresarios sigan su ejemplo. Formalizando y transparentando esta esfera oscura entre los lobistas y las instituciones y funciones que los reciben, quedará menos espacio para la corrupción y los negociados que han costado a nuestro país entre 3 a 5% del PBI, según cálculos de Proética.
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