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lunes, octubre 27, 2025

Cuando flexibilizar los monopolios es más importante que flexibilizar al trabajador

Tras publicar mi anterior artículo sobre la paradoja de cómo el crecimiento exponencial de profesionales en el Perú convive perfectamente con la caída de la productividad que lleva ya varios años en su economía, recibí una pregunta de un amigo que me hizo detener a pensar: "Raúl, es importante distinguir entre destrucción creativa y desregulación indiscriminada y nulo control del Estado. Hemos sido testigos de tantas desgracias".

Esa pregunta no es un mero matiz; es el corazón del debate que el Perú necesita tener. Es la línea que separa el progreso de la depredación. Y mi respuesta es que, precisamente, la mayor trampa de nuestra economía es que los grupos de poder han secuestrado el concepto de "destrucción creativa" para vendernos su opuesto: una "desregulación" que solo les beneficia a ellos, consolidando sus privilegios y ahogando la competencia.

Han logrado que confundamos la libertad para innovar con la libertad para contaminar, precarizar el trabajo y evadir impuestos. Han vendido la idea de un "mercado libre" que, en la práctica, es un mercado cautivo.

Para entender la diferencia, usemos la analogía más clara. Pensemos: si Blockbuster hubiera sido una empresa peruana, ¿habría surgido Netflix en nuestro país? Si Mark Zuckerberg hubiera dejado alguna de las universidades más prestigiosas de Lima sin completar sus estudios, ¿habría logrado que Facebook se convirtiera en el imperio global que es hoy en tan poco tiempo?

La respuesta, para cualquiera que conozca las entrañas de nuestra economía, es un rotundo no. No por falta de talento peruano, sino porque nuestra estructura económica y legal está diseñada para un único propósito: garantizar la estabilidad de los monopolios y ahogar a sus competidores antes de que puedan respirar. La verdadera "destrucción creativa" es lo que Netflix le hizo a Blockbuster: un modelo más eficiente que ganó al consumidor. Lo que tenemos en el Perú es un sistema que habría inventado regulaciones para proteger a Blockbuster y haber declarado "informal" a Netflix.

Este es el verdadero nudo del subdesarrollo peruano. No se trata de un problema de esfuerzo o de educación, sino de un sistema que premia el rentismo y castiga la innovación. Y para mantener este esquema, se ha manipulado el debate público.

El Gran Engaño de la "Flexibilización"

Durante décadas, hemos sido sometidos a un discurso recurrente: la economía peruana necesita "flexibilizarse". Pero esta palabra, que debería significar agilidad, dinamismo y capacidad de adaptación, ha sido adulterada para aplicarse únicamente sobre el más débil: el trabajador. "Flexibilizar el empleo" se ha convertido en un eufemismo para precarizar el trabajo, reducir derechos y transferir riesgos a quienes ya tienen menos.

Mientras tanto, se ignora deliberadamente la rigidez más dañina de todas: la de las estructuras que protegen a los poderosos. El verdadero desafío no es hacer más "flexible" al empleado, sino flexibilizar al monopolio. Es derribar las murallas legales, financieras y regulatorias que le permiten a un gran grupo económico concentrado operar como una tiranía, impidiendo la llegada de nuevos jugadores que podrían transformar el mercado.

La Anatomía de la Fortaleza Monopólica

¿Cómo funciona esta protección en la práctica? No es un solo mecanismo, sino un ecosistema de privilegios:

  • Captura Regulatoria: Los grandes grupos económicos utilizan su poder para influir en el diseño y la aplicación de las normas. Logran que se aprueben regulaciones que, en apariencia, buscan la “calidad” o la “seguridad”, pero que en la práctica imponen barreras de entrada tan altas que solo ellos pueden superar. Al mismo tiempo, promueven una flexibilización selectiva en ámbitos donde debería prevalecer la rigurosidad: la aprobación de planos, la fiscalización laboral o los estándares de seguridad industrial. El resultado es un Estado complaciente con los grandes y severo con los pequeños, que permite tragedias evitables y normaliza la impunidad empresarial. Es la “desregulación a la carta”: exigente con el emprendedor emergente, pero indulgente con quien tiene poder suficiente para dictar sus propias reglas.
  • Asimetría Financiera y Tributaria: Quizás el ejemplo más brutal de las barreras que frenan el crecimiento de las microempresas con alto potencial de innovación sea el acceso al crédito. Mientras las grandes corporaciones obtienen financiamiento a tasas de interés competitivas en el mercado internacional, las micro y pequeñas empresas —las verdaderas semillas de la innovación— enfrentan tasas usureras que las condenan al estancamiento o las empujan a la informalidad. A ello se suma una asimetría tributaria igualmente perversa: el sistema impositivo suele ser implacable con las microempresas, mientras muestra una sorprendente flexibilidad con los grandes conglomerados. Estos no solo cuentan con departamentos especializados para optimizar su carga fiscal, sino también —en algunos casos— con arreglos tributarios que les garantizan estabilidad y beneficios que ningún pequeño empresario podría siquiera imaginar. Así, ambos sistemas, en lugar de ser motores de igualdad de oportunidades, terminan funcionando como los más eficaces guardianes de los privilegios.

El Desafío: Construir un Estado Árbitro Verdadero

La solución no es, como algunos podrían pensar, un salvaje oeste sin reglas. La verdadera "destrucción creativa" que impulsa el progreso, la que describieron Schumpeter y los teóricos de la destrucción creativa galardonados con el Premio Nobel de Economía, requiere un Estado árbitro fuerte, imparcial y eficaz. Un Estado que:

  • Sancione el rentismo: Con un INDECOPI fortalecido y autonomía real para perseguir y desmantelar monopolios y cárteles.
  • Proteja la competencia: Garantizando que las reglas del juego sean las mismas para todos, desde el gigante más grande hasta el emprendedor más pequeño.
  • Nivele el campo de juego financiero: Creando instrumentos y garantías que permitan a las pymes acceder a crédito en condiciones justas.
  • Defienda el bien común: Exigiendo estándares laborales, ambientales y de seguridad que no son un "costo", sino la base de una competitividad sostenible y justa.

Flexibilizar al Monopolio para Crear Empleo

El problema de la economía peruana se encuentra, en definitiva, en esa estructura que privilegia la estabilidad de los monopolios. Así como se reclama por flexibilizar el empleo, tenemos que empezar a reclamar por flexibilizar las estructuras económicas que permiten esa estabilidad antieconómica.

En el Perú ya existen los emprendedores con las nuevas ideas a lo Netflix o los smartphones; lo que no existe es el ecosistema que les permita desafiar a los Blockbusters y los Nokias de nuestra economía. Nuevas empresas, ya vivas pero invisibles, esperan la oportunidad de crecer y crear los empleos de mayor calidad y productividad que el país necesita.

La tarea pendiente no es flexibilizar al trabajador, sino flexibilizar al monopolio. Solo así la destrucción creativa —la verdadera, la que impulsa el progreso— podrá cumplir su promesa de convertirse en movilidad social para todos.



martes, abril 14, 2020

LA SEGUNDA OLA COVID-19

Uno de los temas que está concitando un interesante debate es, si luego que se levante probablemente el estado de emergencia este fin de mes, tendremos poco tiempo después un eventual repunte de la crisis sanitaria que obligue a una nueva declaración de emergencia. Es lo que se llamaría la segunda ola COVID-19.

Esto se debe a que, cuando se levante "el martillo", según la evaluación que se considere en su momento, pese a que continúen las medidas de distanciamiento social, y algunas restricciones específicas sobre ciertas actividades que generen aglomeración, puede ocurrir que la población busque desesperadamente recuperar su estado normal previo a la declaratoria de emergencia. No sólo en términos laborales, sino también en términos del relacionamiento social que nos caracteriza.

La pregunta que emerge entonces es la siguiente, ¿Tendremos realmente una segunda ola coronavirus?

Carlos Ganoza tiene un buen artículo en la revista digital Medium.com donde aparte de explicar las opciones de estrategia de política de control epidemiológico y económico a seguir luego de levantarse "el martillo", también da cuenta de un dato interesante. Existen buenas chances de que ocurra la segunda ola COVID-19.

Las evidencias están a la mano.

El 8 de abril, la revista Lancet ha publicado una nota de advertencia de dos investigadores que postulan la posibilidad de una segunda ola de COVID-19 en la medida que el resto del mundo ha tenido severos problemas para lidiar con la pandemia. Eso significa que una coincidencia entre la relajación de las medidas de cuarentena y distanciamiento social con la apertura a interactuar con los países que aún no salen de su crisis, provoque una segunda ola de contagios de este mal.

El 18 de marzo, una encuesta publicada de la Universidad de Amherst realizada entre expertos epidemiólogos asegura que el 73% está seguro que habría una segunda ola COVID-19 entre agosto y diciembre de este año. El New York Times ha reportado que existen evidencias de que esto ya estaría sucediendo en ciudades como Hong Kong, Taiwan y Singapur. Como se sabe, en estas ciudades, se habría controlado la epidemia con una buena estrategia de control tecnológico, pruebas masivas y cuarentenas individualizadas.

Semanas antes, el 9 de marzo, la Unidad de Inteligencia de la Revista The Economist ya había hecho referencia a esta posibilidad, pero como una ola de menor tamaño luego del mes de septiembre. Literalmente dice lo siguiente: "We then expect the virus to re‑emerge as a seasonal virus, but for governments to be better prepared to handle its return.".

Finalmente, un artículo del 10 de marzo del periódico The Washington Post reporta cómo la doble curva se produjo en la ciudad de Saint Louis en la crisis sanitaria de la gripe de 1918.


Quiero destacar sin embargo tres cuestiones sobre dicha curva que reproduzco en este post luego de traducir el título y la explicación a la derecha. Lo primero, que el estudio que reporta ese gráfico está disponible gratis en el enlace a continuación para que revisen los detalles que se han investigado en torno a dicha gripe.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1849867/

Lo segundo, es que la segunda ola de la gripe que se observa en Saint Louis ocurrió en el mes de diciembre, justo cuando el invierno comienza a arreciar en el hemisferio norte.

Lo tercero, es que esta curva no es de CONTAGIOS, sino es la curva de FALLECIDOS. Podríamos pensar que gran parte del trabajo y sacrificio que ha significado contener el avance de la epidemia ha enfocado en la idea "aplanar" la curva de contagios. Cuando en realidad, lo que nos debería haber preocupado en el fondo era aplanar la curva de fallecidos.

Podríamos elucubrar que si tomamos el control de la primera, podríamos esperar que como resultado controlemos la segunda como si fuera un efecto espejo. Pero esto no tendría porque ser necesariamente así en la medida de que lo que determinaría finalmente que se produzcan las muertes por esta gripe es el límite de la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud.

Como ya ha señalado el Presidente y lo han discutido varias fuentes, sólo tenemos capacidad para atender en UCI a unas 504 personas. Se está trabajando intensamente para incrementar este umbral que es lo que finalmente determinará las posibilidades de sobrevivencia de una persona por sobre otra que no tenga acceso a estos cuidados.

¿Qué es lo que determina que una persona que contrae el virus se empeore dramáticamente hasta morir?

El artículo publicado en la revista médica inglesa The Lancet titulado "Comprendiendo las rutas hacia la muerte en pacientes con COVID-19" escrito por Jean Louis Vincent, expresa que la principal causa que explica la muerte de un paciente por coronavirus es el fallo respiratorio. Por ello, una primera línea de asistencia para los casos que se consideran severos es pasar a la ventilación mecánica. Si el caso empeora, se puede pasar a una máquina ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) con la que el paciente puede estar por semanas antes que de una primera señal positiva de recuperación.

El 16 de marzo, Gestión reportó que contamos con 13 "pulmones artificiales" - las máquinas ECMO- como parte de nuestra segunda y última línea de defensa para los casos más graves de coronavirus. Es posible que una de estas máquinas sea parte del milagro de recuperación del sacerdote Luis Nuñez del Prado, el primer caso grave que se reportó en nuestro país. Pilar Mazzetti -jefa del comando COVID-19- ha expresado que con el tiempo ganado con los martillazos (la declaratoria de emergencia, el pico y placa y otras medidas) dados hasta la fecha para aplanar la curva, se espera incrementar el número de ventiladores de 504 a 759 unidades más. Se tiene información que las máquinas destinadas para anestesiar también podría ser utilizadas como ventiladores con lo que podríamos llegar a tener 800 unidades de ventilación para asistir en UCI, y así salvar más vidas. Pero también sería necesario incrementar la disponibilidad de las otras máquinas para los casos más severos.

Por otro lado, el protocolo aprobado por el MINSA para tratar los casos severos, incluye la administración de una combinación de medicamentos que se ha verificado en algunos pocos estudios ser efectivos contra este virus: hidroxicloroquina más azitromicina. Este tratamiento forma parte del estudio clínico Solidarity liderado por la OMS que se está aplicando al mismo tiempo en 73 países alrededor del planeta para combatir esta pandemia.

En resumen, enfocar los recursos disponibles en invertir en las UCI de nuestro precario sistema de salud podría significar un salto importante para salvar las vidas de personas que se tengan las patologías propias del espectro de enfermedades respiratorias. También nos tendría preparados para enfrentar no sólo una segunda muy probable ola de contagios de coronavirus durante el invierno (junio-agosto) sino para enfrentar las complicaciones de enfermedades respiratorias en general. Esta sería la mejor estrategia a seguir no sólo para la segunda mitad del año sino mirando hacia el largo plazo.

Lo fundamental en este sentido es que el reforzamiento no sólo se concentre en los principales hospitales de Lima y algunas ciudades capital de departamentos. Debería tenerse una capacidad de respuesta existente al menos a lo largo y ancho del país. He oído que hay un debate importante en ese sentido, las ventajas propias de un enfoque comunitario de la atención de la salud versus el enfoque centralizado que es el que habría prevalecido a la fecha en nuestro país.

Digo "habría" porque en realidad, una de las tantas virtudes que ha revelado la ocurrencia de esta epidemia es que ha desnudado uno de los graves problemas que hemos venido postergando como sociedad: la inversión en un sistema de salud público que se respete, y con accesibilidad para todos.

Parece ser que la moda de privatizarlo todo, ha llegado a sus límites, y se nos ha revelado que es necesario tanto en lo que corresponde en educación como en salud, destinar los recursos públicos que son recomendados como mínimo para obtener un capital humano óptimo, competitivo y altamente productivo. La mejora en la educación no puede estar divorciada de la mejora en la salud porque se pone en riesgo la inversión en la primera.

¿De qué nos serviría incrementar puntos en la prueba PISA hasta lograr el liderazgo en la región, si estos chicos podrían contraer enfermedades como el COVID-19, TBC o neumonía y morir por algo que podría haberse evitado de habersele garantizado acceso gratuito a un sistema de salud de calidad?

En la actualidad, el presupuesto dedicado a salud se encuentra alrededor del 2.2% del PBI, cuando lo recomendado se ubica en 6%. Hay pues, hermanos, muchísimo trabajo por hacer y probablemente este sea un legado que el COVID-19 también nos deje, incrementar significativamente la calidad de nuestro sistema de salud a lo largo y ancho del país y garantizar su acceso gratuito a todos los peruanos.

Y ojo, la segunda ola nuestra que podría aparecer en junio, no sería la que vendría de afuera que se pronostica para agosto-septiembre para el hemisferio norte. ¿Tendríamos una ola para fin de año? No lo sabemos, pero tendríamos que estar preparados. La mejor apuesta por ello, es un fortalecimiento significativo e integral del sistema de salud público pensando en el largo plazo.

viernes, septiembre 06, 2019

¿Está preparada la fuerza laboral peruana para dar un salto en la productividad laboral?

No se trata de evaluar la mano de obra peruana en términos de cual es el nivel educativo promedio con el que cuenta. Se trata de que podamos tener una idea vaga de si efectivamente nuestra fuerza laboral puede responder a las demandas de la dinámica productiva que está constantemente en cambio.

Una estadística reportada por la OCDE puede darnos vislumbres sobre cuál es la situación en la que nos encontramos. El gráfico nos presenta el porcentaje de individuos de la fuerza laboral de varios países que no cuenta con habilidades básicas para su desempeño laboral, es decir, lenguaje, matemáticas y solución de problemas. El único país latinoamericano que aparece es Chile, un vecino con el que solemos compararnos por el cobre y otras perlas más.


Resulta que para comenzar Chile ocupa el último lugar de los países comparados, que forman parte de la OCDE. Pero lo más dramático es que un poco más del 40% de su fuerza laboral no cuenta con las habilidades básicas para desempeñarse en el mercado de trabajo. Esto significa un fuerte desafío para impulsar la productividad laboral a pesar de contar con recursos y avances en otras dimensiones.

Con todo el debate que se ha abierto a escala global sobre el futuro del trabajo, ¿Cuál creen que sea el porcentaje correspondiente para nuestro país? ¿50%, 60%, 70%? Con una población con tal precariedad en su capital humano básico acumulado, no hay estrategia de formalización que sirva bajo la excusa de elevar la productividad. Lo que no ha podido garantizar nuestra política educativa, ¿Lo compensará una reforma en nuestra política laboral?

El ahora trillado PNCP tiene dentro de sus 9 objetivos, uno que aborda esta problemática (OP2). Sin embargo, es preciso señalar que el debate público parece orientarse más sobre cómo flexibilizar las relaciones empleador-trabajador (OP5) antes que definir las políticas y programas que impulsen la capacitación laboral como una forma concreta para elevar la productividad del trabajo.

Cuando la tristemente célebre ley "pulpín" estuvo en boga, tuve la oportunidad de escuchar en el Congreso a varios sindicatos conformados por jóvenes que para mi sorpresa su reclamo prioritario era precisamente ese: que no podían costear, ni tenían tiempo, para estudiar y especializarse y poder así conseguir un trabajo mejor remunerado. Se sentían esclavos de las empresas en las que trabajaban y les indignaba terriblemente que una reforma laboral busque recortarles los pocos derechos laborales que la actual ley todavía les reconoce.

La idea es que los propios jóvenes desean elevar su productividad, pero la empresa no les brinda la oportunidad ni las facilidades para hacerlo. El costo social es que al no hacerlo, pronto ese joven envejecerá y se perderá la productividad que pudo haber aportado en empleos más productivos. Luego la empresa lo verá como costo porque las relaciones laborales serán más asfixiantes y demandantes que solo un nuevo joven tolerará. Resultado, toda una cohorte poblacional quemada.

Es necesario actuar de manera consistente. Hagámoslo por los jóvenes y por el Perú.

viernes, septiembre 11, 2015

¿Por qué los municipios son la clave para combatir el Cambio Climático?

Por Michael Bloomberg

Aunque la historia no suele enseñarse de esta manera, se podría argumentar que las ciudades han jugado un papel más importante en la transformación del mundo que los imperios. Desde Atenas y Roma a París y Venecia o a Bagdad y Pekín, las ideas y los innovadores urbanos han dejado marcas indelebles en la vida humana. Al concentrar el capital intelectual de la humanidad en áreas geográficas relativamente pequeñas, las ciudades han promovido los tipos de interacciones que fomentan la creatividad y los avances tecnológicos. Ellas han sido los motores del progreso a lo largo de la historia, y ahora, cuando la economía del conocimiento está alzándose en pleno vuelo, están a punto de desempeñar un rol de liderazgo para abordar los retos del siglo XXI.

Hace cien años, aproximadamente dos de cada diez personas en el planeta vivían en zonas urbanas. En 1990, unos cuatro de cada diez lo hicieron. Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y para el tiempo en que el niño que hoy entra en la escuela primaria cumpla 40 años, casi el 70 por ciento vivirá en las ciudades. Esto significa que en las próximas décadas, alrededor de 2,5 mil millones de personas se convertirán en residentes metropolitanos.

La Primera Generación Metropolitana está a punto de entrar a la mayoría de edad. Como resultado, el mundo va a ser modelado cada vez más por los valores metropolitanos: la laboriosidad, la creatividad, el espíritu emprendedor, y, lo más importante, la libertad y la diversidad. Esto es un desarrollo esperanzador para la humanidad, y un contrapeso importante de las fuerzas represivas y la intolerancia que surgen del fanatismo religioso y que ahora representan una grave amenaza para la seguridad de las naciones democráticas.

Cuando la Generación Metropolitana comience a asumir posiciones de liderazgo, las ciudades se convertirán no sólo en espacios culturalmente más importantes, sino también políticamente más poderosas. La influencia cambiará gradualmente desde los gobiernos nacionales hacia las ciudades, sobre todo en los países que sufren de parálisis burocrática y de estancamiento político.

Esta tendencia ya ha surgido, y es más pronunciada en los Estados Unidos. El Congreso comenzó al reducir el financiamiento de la infraestructura a finales de 1960, un error que, junto con la pérdida de empleos en la manufactura, asestó un duro golpe a las ciudades. Sin embargo, la desinversión federal también produjo un importante beneficio: las ciudades, finalmente, reconocieron que el mejor reemplazo para el financiamiento federal perdido fue la innovación en la política local.

Varias ciudades alrededor del mundo han llegado a la misma conclusión. En consecuencia, muchas de las nuevas iniciativas más importantes de este siglo, desde la prohibición de fumar adoptada en la ciudad de Nueva York hasta el sistema pionero de tránsito rápido de autobuses en Bogotá, han surgido de las ciudades. Los alcaldes están convirtiendo a sus ayuntamientos en laboratorios de  política, realizando experimentos a gran escala y aplicando ideas de gran escala para hacer frente a problemas como el cambio climático, que a menudo dividen y paralizan a los gobiernos nacionales.

Las mismas cualidades que hacen de las ciudades catalizadoras dinámicas para el cambio político también, paradójicamente, las hacen fuentes de estabilidad política. Como Nassim Taleb y Gregory Treverton escribieron a principios de este año, la fragilidad en los países se debe a "un sistema centralizado de gobierno, una economía poco diversificada, la deuda excesiva y el apalancamiento, la falta de pluralidad política, y sin antecedentes de sobrevivir más allá de las crisis." Las ciudades pueden contrarrestar cada una de estas debilidades. Ellas son, por definición, una fuerza descentralizadora, y las más fuertes de entre ellas cuentan con economías bien diversificadas, balances financieros sanos, un enfoque pragmático para resolver problemas, libres de partidismo excesivo, y una gran capacidad para sobrevivir a las crisis externas, ya sea una crisis financiera, un desastre ambiental o un ataque terrorista.

Ahora más que nunca, las ciudades también están colaborando más allá de las fronteras nacionales: intercambiando ideas; formando coaliciones; y desafiando a sus gobiernos nacionales a adoptar políticas, tales como los experimentos en la gestión de los residuos urbanos y la educación en Curitiba, Brasil, que están demostrando ser eficaces a nivel local. La nueva era urbana verá más medidas adoptadas para reducir la pobreza, mejorar la salud, aumentar los niveles de vida, y promover la paz. Pero junto con ello también vienen serios desafíos que las ciudades deberán empezar a afrontar, como el cambio climático.

Una ventaja competitiva
Las ciudades representan al menos el 70 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Al final, ellas son las que también enfrentarán los peores riesgos como consecuencia de estas emisiones, dado que el 90 por ciento de las ciudades fueron construidas sobre tierras costeras. Conviene, entonces, que siendo las ciudades las principales impulsoras y las víctimas más probables del cambio climático que tengan el antídoto también.

El cambio climático ha hecho un llamamiento para que las sociedades actúen con rapidez, y las ciudades tienden a ser más ágiles que los gobiernos nacionales, que son más propensos a ser capturados o neutralizados por grupos de intereses específicos los cuales tienden a ver los problemas a través de lentes ideológicos antes que unos de tipo pragmático.

La necesidad de una acción rápida y los riesgos asociados con el cambio climático están bien documentados. El aumento del nivel del mar es indiscutible, como lo es el calentamiento de los océanos. Ambos pueden multiplicar la intensidad de las tormentas y los daños causados ​​a las ciudades costeras, como la que experimentó la ciudad de Nueva York en el 2012 con el huracán Sandy. Además, el consenso científico sostiene que las temperaturas más altas producirán muy probablemente grandes trastornos en la agricultura y un incremento en las enfermedades, desplazando a comunidades enteras y amenazando la supervivencia de especies que desempeñan un papel integral tanto en el ecosistema como en la cadena alimentaria.

El hacer caso omiso de estas amenazas no haría más que pasar los verdaderos costos del progreso económico actual a la siguiente generación. A lo largo de la historia de los EE.UU., cada generación ha hecho sacrificios para que sus hijos puedan disfrutar de un nivel de vida más alto. Hoy en día, todo el mundo se enfrenta con la necesidad de poner en primer lugar a las futuras generaciones, pero esta vez, ningún sacrificio será necesario. De hecho, los métodos más eficaces de lucha contra el cambio climático son también la mejor manera de mejorar la salud pública y de aumentar los niveles de vida.

Tradicionalmente, el desarrollo económico urbano se ha centrado en la retención de industrias y atraer nuevos negocios con paquetes de incentivos. Pero en el nuevo siglo, un modelo diferente y mucho más eficaz ha surgido: centrarse en primer lugar en la creación de las condiciones que atraen a la gente. Cada vez más las ciudades están demostrando que el talento atrae al capital de manera más eficaz que el capital atrae al talento. La gente quiere vivir en comunidades que ofrecen estilos de vida saludables y favorables a la familia: no sólo buenas escuelas y calles seguras, sino también aire limpio, parques hermosos y sistemas eficientes de transporte masivo. Y donde la gente quiere vivir, las empresas quieren invertir.

Para los alcaldes, la reducción de la contaminación por carbono no es un costo económico; es una necesidad competitiva. A principios de este año, Pekín anunció que iba a cerrar sus centrales eléctricas de carbón, ya que los beneficios financieros marginales que esperaban obtener fueron hundidos por sus costos netos, entre ellos los de atención de la salud y la inversión económica no percibida. El aire sucio es un compromiso importante para el entorno empresarial de una ciudad.

Beijing no es la última ciudad que reducirá su huella de carbono por razones económicas. De hecho, uno de los mayores cambios en la gobernanza urbana en este siglo ha sido el reconocimiento de los alcaldes que la promoción de la inversión privada requiere la protección de la salud pública. La congruencia entre la salud y los objetivos económicos es también el mayor progreso en la lucha contra el cambio climático.

Los alcaldes ya no ven primariamente a la economía y el medio ambiente como prioridades en conflicto. En cambio, los ven como las dos caras de una misma moneda. Es por eso que los alcaldes han acogido con tanto entusiasmo el reto de la lucha contra el cambio climático como un medio para promover el crecimiento económico, y ahora tienen muchas herramientas a su disposición para hacerlo. Por ejemplo, el simple acto de plantar árboles puede ayudar a refrescar los barrios y limpiar el aire. En la ciudad de Nueva York, en 2007, se creó una asociación público-privada con las organizaciones sin fines de lucro y las empresas para plantar un millón de árboles en toda la ciudad.

La modernización de las redes de transporte ofrece la más clara y, en muchos casos, la más grande-ganancia ambiental y económica para las ciudades. Desde la introducción de las máquinas de vapor en la ciudad de Nueva York hasta los teleféricos de San Francisco, las ciudades siempre han sido innovadoras en lo que respecta al transporte. En los últimos años, los programas de préstamo de bicicletas han dado a las ciudades una nueva configuración de redes de transporte público, y cada vez más ciudades están invirtiendo en autobuses eléctricos, en flotas de taxis de bajo consumo de combustible, y en las estaciones de recarga de vehículos electrónicos.

Los edificios ofrecen otra oportunidad importante para el progreso. Desde Londres a Seúl, las grandes ciudades han iniciado programas de reconversión a gran escala de sus edificios existentes, instalando todo: desde la iluminación LED hasta los sistemas de calefacción y refrigeración que extraen su energía de la tierra bajo los edificios. En Nueva York, alentamos a los propietarios de los edificios a pintar sus techos de blanco para ahorrar en sus costos de refrigeración, que, junto con muchas otras medidas, ayudó a la ciudad a reducir su huella de carbono en un 19 por ciento en tan sólo ocho años.

Las ciudades también están jugando un papel principal en la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, el Noveno Distrito Bajo de Nueva Orleans, la zona más afectada por el huracán Katrina, se ha convertido en un líder nacional en la adopción de energía solar en las azoteas. Mumbai, reconociendo la efectiva protección proporcionada por los manglares ante las marejadas, se ha movilizado de manera efectiva para protegerlos y nutrirlos. Y en la ciudad de Nueva York, después del Huracán Sandy, hemos desarrollado y comenzado a implementar un plan integral a largo plazo para mitigar los efectos de las grandes tormentas.

El liderazgo urbano sobre el cambio climático también ha llevado a un nivel de cooperación entre ciudades sin precedentes. El Grupo de Liderazgo de Ciudades contra el Cambio Climático conocida como C40, en la cual me desempeño como Presidente de la Junta, ha reunido a más de 75 ciudades que se han comprometido a compartir las mejores prácticas y la difusión de soluciones comprobadas. La evidencia es clara en cuanto a que esta estrategia de redes de trabajo está funcionando, ya que muchos proyectos de reducción de carbono se han extendido a varias ciudades de todo el mundo. Por ejemplo, en el 2011 sólo seis ciudades del grupo de la C40 tenían programas de préstamos de bicicletas. En el 2013, 36 de ellas ya las tenían. Como alcalde de Londres, Boris Johnson, dijo en 2013, "Al compartir las mejores prácticas entre la C40 y apropiarse atrevidamente de las mejores ideas de otras ciudades, podemos tomar acción sobre el cambio climático y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes."

Las ciudades también están trabajando juntas a través del Pacto de los Alcaldes, una iniciativa desarrollada por la C40 y otras redes urbanas para ayudar a las ciudades a medir el avance hacia la reducción de gases de efecto invernadero y hacerlas responsables de sus propios resultados. Esto brinda razones adicionales a los gobiernos nacionales para establecer objetivos ambientales ambiciosos y  empoderar a las ciudades para que abran el camino para alcanzarlos.

A prueba del clima
Un estudio realizado por Bloomberg Philanthropies y las ciudades miembros de la C40 el 2014, en conjunto con el Instituto Ambiental de Estocolmo, encontró que si las ciudades actúan agresivamente, podrían reducir sus emisiones anuales de carbono en aproximadamente cuatro mil millones de toneladas más allá de lo que los gobiernos nacionales están actualmente en camino de hacerlo, en sólo 15 años. Eso sería equivalente a la eliminación de alrededor de una cuarta parte de las emisiones de carbono de hoy en día.

De hecho, el cambio climático puede ser el primer problema global donde el éxito dependerá de cómo se proveen los servicios municipales tales como la energía, el agua y el transporte a los ciudadanos. Recién las ciudades han comenzado a aprovechar las oportunidades que tienen para hacer cambios que pueden producir beneficios tanto locales como globales. La cantidad de infraestructura que se construirá a mediados de siglo es unas cuatro veces más que el total disponible en la actualidad.

La modernización de las redes de infraestructura es costosa, pero no necesita tener un costo prohibitivo. Los gobiernos municipales están recurriendo cada vez más a los inversores privados para ayudar a financiar este tipo de proyectos, y es una asociación natural. Después de todo, la mayoría de las empresas están localizadas en las ciudades, y la mayoría de las ciudades están en ubicadas en aguas costeras. Ambos, los alcaldes y los gerentes generales tienen un incentivo para mitigar los peores efectos del cambio climático. Cada vez más países y empresas están reconociendo que los costos incrementales de construir infraestructura baja en carbono y resistentes a los desastres son modestos en relación con los beneficios económicos obtenidos.

Las empresas están cada vez más dispuestas a aportar capital para proyectos de infraestructura que luego les permitan obtener una parte de los ingresos resultantes. Las asociaciones público-privadas hacen que esto sea posible, y ellos están ayudando a financiar grandes proyectos alrededor del mundo, desde la construcción de un nuevo túnel en Miami que permite el tráfico portuario eludiendo las calles del centro de la ciudad hasta la construcción de prácticamente una nueva ciudad por el gobierno municipal en Shantou, China.

En otros casos, las empresas están pidiendo únicamente que los gobiernos despejen todos los obstáculos regulatorios que les impiden invertir y beneficiarse. En los Estados Unidos, por ejemplo, una serie de Estados, como Florida, tienen leyes que impiden a las empresas de energía solar el arrendamiento de paneles solares para los propietarios de viviendas, a pesar de que el modelo ha tenido éxito en California y en otros lugares. Muchos otros estados, como en New Hampshire, disuaden que las utilidades entren al mercado de la distribución de energía renovable. Estas barreras artificiales de mercado perjudican a los consumidores y obstaculizan los esfuerzos para enfrentar el cambio climático, y las ciudades pueden ayudar a abrir el paso en el impulso para su eliminación.

Al igual que las empresas, los gobiernos municipales también pueden encontrarse con barreras que impiden las inversiones sostenibles. Para pedir dinero prestado en los mercados de capital, por ejemplo, las ciudades necesitan una calificación crediticia; fuera de los Estados Unidos y Europa, no obstante, muchas de ellas no las tienen. El Banco Mundial estima que sólo el cuatro por ciento de 500 ciudades más grandes del mundo en desarrollo tienen calificaciones de crédito internacionalmente reconocidas, y sólo el 20 por ciento tiene una calificación doméstica. Sin embargo, estas ciudades tienen una demanda anual de proyectos de infraestructura en transporte, energía, tratamiento de residuos y suministro de agua de alrededor de $700 mil millones. Facilitarles el acceso al crédito podría convertirse en una de las maneras más eficaces para luchar contra el cambio climático, impulsar el crecimiento económico y mejorar la salud pública.

Arreglar el problema debería ser relativamente fácil. En Perú, por ejemplo, el Banco Mundial ayudó a la ciudad de Lima a asegurar una calificación crediticia por lo que podría recaudar $130 millones para modernizar su sistema de tránsito rápido de autobuses. El nuevo sistema de buses reducirá drásticamente la contaminación por carbono, y le ayudará a reducir la congestión vehicular, ahorrar dinero a las empresas y mejorar la productividad. El proyecto representa un ejemplo más de la alineación natural entre objetivos ambientales, salud y económicos.

Los países también pueden potenciar a sus ciudades para que logren sus metas al dejarles la libertad para que regulen sus propias fuentes de alimentación. Los alcaldes de algunas ciudades, como Chicago, Seattle, Helsinki, y Toronto, gozan de diversas formas de apalancamiento sobre sus suministros de energía. Algunos son dueños de su propia energía, otros poseen el sistema de distribución, y otros tienen la autoridad para firmar contratos con cualquier generador de energía independiente que seleccionen. El gobierno chino ha dado a grandes ciudades, como Shenzhen, poderes ampliados para cambiar el carbón por formas de energía más limpias. En Dinamarca, el gobierno nacional decidió otorgar poderes regulatorios independientes a Copenhague. La ciudad ahora está en el camino hacia la total neutralidad de carbono, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas al cabo de una década.

Los gobiernos centrales no se apresuran a delegar el poder, pero lo están haciendo con mayor frecuencia al reconocer los beneficios nacionales que pueden devenir de un mayor control local. Esta tendencia se acelerará cuando el mundo se vuelva cada vez más urbanizado y las ciudades se vuelvan más interconectadas entre sí, promoviendo la difusión de las mejores prácticas a través de las fronteras nacionales.

Será un gran desafío para las naciones dar cabida a la marejada de población urbana que se avecina. En la mayoría de los casos, las poblaciones urbanas están creciendo sobre infraestructura anticuada o sobre ninguna infraestructura en absoluto. Sin embargo, los avances en la tecnología están haciendo posible los avances en la transformación de la infraestructura, lo que permitirá a las ciudades del mundo en desarrollo a ponerse al día, e incluso saltar a ciudades bien asentadas hacia la construcción de metrópolis modernas.

No hay mejor ejemplo de esto que la energía solar, que puede ahorrarles a los gobiernos los gastos de construcción de nuevas y costosas redes de transporte de energía. El modelo tradicional de una planta proveedora de energía centralizada a una región entera implica enormes costos. Pero las microrredes de energía solar y la distribución de otras energías renovables pueden proveer de energía de una manera mucho más eficiente.

Las naciones y las ciudades que fallen en prepararse para los riesgos de la explosión de la población urbana, o para el empeoramiento de las condiciones de los tugurios que asustan a los inversionistas, perpetuarán una subclase permanente, e impedirán el progreso nacional. La mejor manera de prepararse no es mediante la implementación de programas centralizados de arriba hacia abajo, de una sola talla para todos, sino más bien por ciudades empoderadas para resolver problemas por sí mismos, invirtiendo en su futuro, y aprovechando el potencial de sus residentes.

El desafío que enfrenta la Generación Metropolitana, esto es, construir ciudades modernas para una nueva civilización urbana es tanto monumental como esencial. El éxito extenderá la prosperidad a nivel mundial, y la innovación en las ciudades ayudará a reducir las diferencias entre los países desarrollados y el mundo en desarrollo. Los líderes urbanos deberán ser lo suficientemente fuertes como para acoger y tratar como iguales a todos aquellos que busquen oportunidades y no como ciudadanos de segunda clase. También deberán ser lo suficientemente previsores ​​para invertir en infraestructura que genere los máximos beneficios económicos, ambientales y de salud.

La ciudad no podrá reemplazar al Estado-nación en la búsqueda de soluciones climáticas o políticas para reducir la pobreza, mejorar la seguridad, combatir la enfermedad, y expandir el comercio. Los líderes de las ciudades buscarán no desplazar a sus contrapartes nacionales, sino más bien  convertirse en plenos socios de su trabajo- un acuerdo que los líderes nacionales consideran cada vez más no sólo como algo beneficioso, sino también necesario.

Traducción libre por Raúl Mauro.

miércoles, noviembre 12, 2014

La política del drawback: desnudando la ineficiencia del sector privado

Que la CGTP, el SUTEP o los trabajadores del sector público anuncien una marcha en defensa de los derechos laborales, no llama la atención casi a nadie. Pero que un gremio empresarial anuncie una marcha por las calles para defender sus legítimos derechos, realmente es una noticia que no podría pasar desapercibida.

Dos casos me vienen a la memoria.

El primero ocurrió en octubre de 1987, cuando el ex presidente Alan García quiso estatizar la banca privada durante su primer gobierno. Esto motivó la movilización liderada por Francisco Pardo Mesones, entonces Presidente de la Asociación de Bancos y dueño del hoy extinto Banco Mercantil. La marcha logró convocar las muestras de solidaridad de buena parte de la ciudadanía por lo que el gobierno tuvo que retroceder de implementar la medida propuesta. Posteriormente, Pardo Mesones fue un protagonista político relevante en el Congreso y el BCR hasta mediados de los noventa.

Un segundo caso, estuvo a punto de ocurrir en septiembre de 2008, justo cuando se desataba la mayor crisis internacional desde los años 30. En aquel momento, José Luis Silva Martinot, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) anunció, que ante la falta de diálogo de parte del gobierno ellos iban a realizar una marcha para exigir al Ministro de Economía, Luis Valdivieso que atienda su demanda de aumentar el porcentaje de Drawback de 5% al 8% del valor de las exportaciones. Esto contradecía la propuesta del MEF que era exactamente lo opuesto: eliminar el drawback pues esta medida constituía un costoso subsidio otorgado a cerca de 1400 exportadores de diversos sectores no tradicionales (agrícola, textiles, pesca, químicos, entre otros). No era viable que si el costo de los aranceles a los insumos importados se calculaba entre 1 a 2% y el drawback era del 5%, era claro que había un exceso de recursos otorgados al subsector. La respuesta de Martinot señaló lo siguiente:
"[...] si una empresa exportadora paga como 1% de aranceles y recibe como 5% de drawback, no podemos decir que hay un aprovechamiento. Simplemente esa empresa está utilizando el drawback para ser más competitiva, pues tiene que asumir sobrecostos que pueden llegar al 80%"
Y aquí es donde comienza lo interesante. El discurso recurrente de la ineficiencia y los sobrecostos que ha enarbolado el sector en cuestión.

La cantaleta de los sobrecostos

El discurso de los sobrecostos apuntados por ADEX ha sobrevivido asombrosamente hasta hoy. De acuerdo con este gremio, los sobrecostos provienen de al menos tres fuentes: los excesivos impuestos pagados por los empresarios del sector, la falta de infraestructura y los sobrecostos laborales. Este discurso ha vuelto a ser esgrimido con ferocidad para hacer frente al reciente Decreto Supremo 312-2014 emitido por Alonso Segura, el actual Ministro de Economía, que pone a cero el arancel de más de 1800 partidas arancelarias y por lo tanto deja sin sustento la existencia de la política del Drawback. De hecho, el ministro ha tenido que retroceder.

Pero, curiosamente, este subsector ha sido uno de los más favorecidos por el Estado en las tres dimensiones señaladas. Veamos:

Con respecto al componente de infraestructura, con un costo total que supera los mil millones de dolares, el gobierno ha habilitado más de 144 mil has áreas agrícolas a través de grandes proyectos de irrigación como el de Chavimochic orientados casi exclusivamente para los medianos y grandes empresarios que operan en esta actividad productiva. Esta importante política, aunque positiva desde el punto de vista de la producción, ha generado un fenómeno de concentración de la tierra que incide en un aumento de la desigualdad en el país donde el ganador supremo es la costa. De acuerdo con LRA155, el último Censo Agropecuario del 2012 revela que el 1% de las unidades productivas acaparan la tercera parte de las tierras ubicadas en esta región natural. La importancia de este fenómeno radica en que el caso peruano verifica una observación bastante precisa que realiza Morley en su estudio de la desigualdad en América Latina:
"En América Latina los patrones de asentamiento eran completamente diferentes [a los observados en Norte América]. En primer lugar, la tierra no se puso a disposición de pobladores, sino que más bien estaba reservada por el Estado o regalado en grandes extensiones a unos pocos afortunados. Para asegurar una fuente de mano de obra con salarios suficientemente bajos para garantizar un excedente explotable, algunos países recurrieron a la esclavitud, otros a una variedad de sistemas de peonaje que ataban a los campesinos a la tierra." (pág. 64)
En la actualidad, el Estado ya no regala tan escandalosamente las tierras a los "pocos afortunados". Pero que lo hace a precio regalado, lo hace. Así tenemos que es el Estado uno de los principales agentes promotores de la desigualdad de activos (tierra) en nuestro país.

En lo tocante a la tributación, quiero destacar dos conceptos. El primero es el drawback -la restitución de los derechos arancelarios-, y el segundo el aporte tributario neto del sector. En lo referido al primer concepto, tenemos que la presión que ejerció Martinot a fines del 2008 resultó ser un éxito pues el gobierno decretó un aumento considerable del drawback de 5% a 8% que fue efectivo durante todo el 2009. Este beneficio se redujo a 6.5% durante el 2010 para luego restablecerse en 5% desde el 1 de enero de 2011. En términos monetarios, los datos de la SUNAT al 2012 revelan que el costo total del drawback ascendió a 863 millones de nuevos soles equivalentes a un 0.17% del PBI de ese año. Aproximadamente un 13% de estos recursos es aprovechado por el sector agroexportador que analizamos.

¿Cuál ha sido el resultado de esta política? Es difícil saberlo si primero no contamos con los Estados Financieros de todas las empresas que resultaron beneficiarias de esta política. Pero los resultados de una encuesta realizada por el propio Adex a una muestra representativa de los miembros de su gremio anotó cuál sería el efecto esperado entre ellos ante una eventual eliminación de este subsidio: un 43.6% señaló que operaría con pérdidas, un 43.2% reportó que caerían sus ventas, mientras que un 14.3% dijo que dejaría de exportar. Queda claro que el drawback constituye un subsidio clave para la supervivencia de los eficientes capitalistas de este sector.

Un segundo concepto a explorar es el del aporte tributario del sector. Para esto, un estudio realizado por CEPES ha demostrado que el sector agrícola recibe más de lo que aporta. El 2012, su presión tributaria fue la más baja de todos los sectores productivos alcanzando el 2.1% de su respectivo PBI en contraste con el 11.5% de la construcción y el 29.1% de la minería. Un dato más contundente es que -según el estudio revisado- el Estado terminaría devolviendo entre el 50 y 60% del monto total de impuestos (aranceles, IGV, IR e ISC) pagados por el sector. Podemos concluir que en términos netos, el subsector agroexportador es el engreído del Estado, en contraste con los productores agrícolas microempresariales.

Finalmente, respecto al aspecto laboral, no se sostiene el argumento de la persistencia de los sobrecostos, toda vez que existe un régimen especial diferenciado del general que se viene aplicando desde octubre de 2002. El siguiente cuadro resume las ventajas del régimen agrario que le ha concedido el Estado a los agroexportadores:


Este régimen que se estimaba temporal, ha sido extendido hasta el 2021. Esto en buena cuenta significa que el sector continuará gozando de un ahorro significativo de recursos a costa de los derechos de los trabajadores agrícolas que se encuentran en una categoría menor que el general.

Aquí es donde valoro en perspectiva la respuesta a la pregunta que motivó escribir este artículo. En mi opinión, me queda meridianamente claro que existe una alianza beneficiosa (ojo, que no digo mutua o al menos equilibrada) entre el Estado y el sector agroexportador. Lo mismo no se puede decir entre los empresarios de este sector y los trabajadores dada la persistencia de continuar con un régimen laboral marcadamente inferior al observado en el régimen general. Lo más dramático del caso es que ADEX recientemente pidió rebajar aún más los estándares legales para el factor trabajo en su sector, algo que de definitivamente debería ser rechazado frente a toda la ayuda monetaria directa que ellos continúan percibiendo.

Otra ruta al desarrollo es posible

¿Conviene quitarles de plano el subsidio rotulado como drawback a los agroexportadores? Mi respuesta es si y no. Esto pasa por reevaluar lo que entendemos como acuerdo tripartito para el desarrollo del sector agroexportador. En efecto, este sector se encuentra afrontando un grado de competencia probablemente más salvaje y competitivo que hace treinta años por la reciente proliferación de Tratados de Libre Comercio que nuestro país ha aceptado sin mayor oposición y reflexión. Esto le ha permitido a los países más adelantados expandir sus fronteras de innovación y producción en beneficio de sus propios productores agrícolas. De esta manera, países como los Estados Unidos y la China, por ejemplo, destinan gran cantidad de recursos en la forma de subsidios para hacer más competitivos los productos de sus agricultores en el concierto del comercio internacional. La gran diferencia es que estos subsidios se destinan principalmente a premiar el aumento de productividad (subsidio específico) antes que subsidios al valor de sus exportaciones (subsidio ad valorem).

Lo anterior sería una diferencia crucial con el tipo de beneficio otorgado a los agroexportadores de nuestro país. Lo que le estaría ocurriendo a nuestros empresarios, con la naturaleza que ha adquirido el drawback, es que estos se vuelven ineficientes en la producción al depender excesivamente de los subsidios ad valorem. En este esquema, para una empresa cualquiera le resultará sencillo absorber el subsidio como parte de sus utilidades en lugar de pasarlos a los consumidores en la forma de una reducción de precio. Por ello, queda claro que la política del drawback se ha convertido en un disfraz de la ineficiencia del sector agroexportador.

Por ello, mi opinión es que el drawback debería ser eliminado, en un proceso que debería ser gradual y pasar de allí a un sistema de incentivos a la competitividad e innovación (subsidios específicos). De esta manera, sólo se estaría premiando a los productores más eficientes y que realmente realizan un aporte al desarrollo del sector. Estos incentivos deberían sin embargo estar condicionados a la aceptación de un régimen laboral que genere empleo digno.

Opino de esta manera porque no considero correcto que se siga premiando la ineficiencia del sector agroexportador a costa de los derechos laborales de quienes trabajan en este sector. Si los primeros son beneficiados por el Estado y se permiten sobrevivir manteniendo un estatus económico rentable con los recursos públicos recibidos, estos deben estar condicionados a la creación de un empleo digno. No es posible que sigamos incluyendo a los trabajadores en cuanto a sus demandas sociales por la vía de la dádiva del Estado.

Tampoco es correcto que se siga distrayendo recursos tributarios aportados por otros sectores productivos para premiar un sector que trabaja con un subsidio ineficiente. Si el país apuesta por el desarrollo de este sector, este debería basarse en la innovación y el progreso tecnológico, no en la dependencia de recursos públicos escasos que son aportados por sectores que denotan mayor eficiencia productiva. En ese esquema, el acuerdo debe también considerar la creación de un empleo digno antes que un empleo de segunda categoría, que concibe que la dádiva social sea la forma adecuada de superar la pobreza.

El acuerdo nacional debe ser equitativo y justo entre los tres actores del desarrollo destacados: el trabajador, el empresario agroexportador y el Estado. Creo que es posible obtener un mayor retorno sobre el valor de estos recursos destinados como subsidios si fueran transformados en incentivos a la innovación productiva en el sector que incorpore un empleo digno para sus trabajadores.

martes, noviembre 04, 2014

Rescatando al sector privado

En el Perú, a diferencia de los países desarrollados, las APPs y las OxIs son el último grito de moda en políticas públicas diseñadas para rescatar al sector privado con recursos del Estado. Esta no es por supuesto, la primera vez que el Estado peruano está planificando ejecutar semejante aberración a la teología del libre mercado (recordemos el salvataje al Banco Latino). Pero, sinceramente, espero que esta sea la última vez que ejecute algo parecido. 

Lo cierto es que la reciente votación en mayoría lograda por el Congreso a favor del Proyecto de Ley 3690, por el que se propone "medidas para promover el crecimiento económico" se constituiría en uno de los esfuerzos más grandes y escandalosos del sector privado para favorecerse de los ingentes recursos acumulados por el Estado por lo menos en la última década. 

Todo este proceso por supuesto, se encuentra velado ante la opinión pública al confluir dos discursos interesados en capturar los recursos frescos que tiene custodiados el Tesoro peruano. El primero de ellos, el discurso de la crisis internacional y la "tramitología" o "permisología". De acuerdo con este discurso, es el Estado con sus trámites, reglamentos y permisos el culpable de que la economía no pueda seguir creciendo. El segundo de los discursos, es que el Estado descentralizado hasta la fecha es ineficiente y corrupto para ejecutar recursos y bajar la pobreza; por lo tanto, lo más conveniente es que el sector privado con su presunta eficiencia y efectividad asuma los roles del Estado en los que este es claramente ineficiente. 

Explicaré con más detalle porque estos discursos son falsos y como es que ahora se intenta capturar el Estado de una manera limpia, estética y sin mayor aspaviento frente a la sociedad desinformada.

"Me sobreendeudo, pero soy eficiente"

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el BCR, desde el 2do trimestre de 2013, el nivel de endeudamiento de mediano y largo plazo del sector privado ha crecido muy por encima del correspondiente nivel de endeudamiento del sector público. Las cifras, que representan miles de dólares nos dicen que a junio del presente año el sector privado tiene un nivel de endeudamiento con el sector externo que supera al sector público en más de 7.3 mil millones de dólares. Esto ha hecho que el endeudamiento del sector privado alcance a representar el 15.5% del PBI nacional. Si le añadimos el endeudamiento de corto plazo que es prácticamente el 100% por cuenta del sector privado tenemos que la deuda externa privada total a mediados de 2014 representa el 18.6% del PBI.


El sector público, por su parte, ha hecho su trabajo disciplinadamente desde los años noventa. Luego de ordenar las cuentas públicas y reinsertarse al sistema financiero internacional, el tótem del equilibrio fiscal se ha mantenido incólume como herramienta central de la gestión pública, a pesar de los altos costos de la corrupción y de las ineficiencias del que adolece nuestra precaria institucionalidad pública. Esto le ha permitido reducir las presiones propias del sistema financiero internacional ante la sostenibilidad en el manejo de la deuda externa pública. Con datos a junio de 2014, la deuda pública representa apenas el 9.8% del PBI.

Sin embargo, el rápido aumento del endeudamiento privado se ha convertido en un problema que ha llamado la atención a los organismos multilaterales como el BID. El presidente de esta organización, Luis Alberto Moreno, declaró que enfrentamos una situación que no es de urgencia, pero que si merece un llamado de atención para que las autoridades aborden esta problemática "sobre todo de las medianas y grandes empresas, que han recurrido a los mercados externos".

No es de extrañar entonces que uno de los más críticos neoliberales de nuestro medio se haya escandalizado al advertir que el sector privado se ha sobreendeudado tanto recientemente, revelando un crecimiento económico bastante "burbujito", por decir lo menos, en los últimos cuatro años. Sinceramente, este discurso de que el sector privado es eficiente, con estos resultados, deja mucho que desear. Es el propio Dionisio Romero Jr el que ha salido a la palestra a moderar la gravedad del problema al declarar que "No diría que ha habido sobreendeudamiento, lo que ha ocurrido es una reducción en el crecimiento económico y esto hace más difícil a los empresarios de todo tamaño [...], poder cumplir con sus obligaciones".

"Como soy eficiente y tu no, dame la plata"

Como ya lo afirmé más arriba, en este discurso de la crisis y el paquete de reactivación económica, el culpable de la situación siempre es el Estado. Siempre debe ser el Estado, lo que deja como alternativa positiva al sector privado. En efecto, como no dudarlo si el diagnóstico del título II del Dictamen de la Comisión de Economía realizado sobre el P.L. 3690/2014-PE señala lo siguiente:
"La propuesta de incorporar a ciertas entidades del Gobierno Nacional dentro de los alcances de la Ley Nro 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, obedece a la necesidad de impulsar la ejecución del presupuesto asignado toda vez que el promedio de su ejecución no bordea ni el 20%. 
Entre los ministerios involucrados en esta propuesta, se encuentran los de Educación (32%), Salud (9%), Agricultura y Riego (6%), Orden Público y Seguridad (12%), por lo que se ha propuesto que estos podrán disponer de un esquema que les permita agilizar la ejecución de sus proyectos de inversión pública con participación privada tanto en la etapa de concurso como en la etapa de ejecución, sobre todo en los sectores que tienen un mayor impacto económico y social." (pág. 33)
"[...] además de los cuatro ministerios inicialmente involucrados en la propuesta, también se incluya al sector turismo, a fin de revertir la tendencia de baja ejecución del presupuesto asignado a proyectos de inversión en este campo y dar mayor impulso al desarrollo de la infraestructura turística a nivel nacional." (pág. 35)
Lo mismo se asegura en el título III del mismo dictamen cuando se señala:
"La inversión privada en electricidad, en los últimos diez años ha tenido un incremento exponencial, el mismo que no guarda relación con la inversión realizada por las empresas públicas, por lo que es necesario impulsar medidas que reactiven este nivel de inversión.
A pesar del crecimiento, en los últimos 20 años, el índice de electrificación rural aun se encuentra en niveles bajos considerando las proyecciones que se tienen hasta el año 2016." (pág. 39)
"Frente a esta situación, la propuesta del Poder Ejecutivo, tiene por objeto establecer las condiciones que permitan la promoción y la eficiencia de las empresas del Estado, vinculadas al ámbito de la energía eléctrica, sobre todo estimulando la inversión privada, que iría entre el veinte por ciento (20%) al cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social con derecho a voto a través del mercado de valores. Con esta propuesta se mantiene al Estado como accionista mayoritario de dichas empresas. "(pág. 40)
Con respecto a estas dos cuestiones, es preciso señalar lo siguiente:

En primer lugar, la lenta ejecución de los sectores Salud, Educación, Agricultura e Interior resultan por decir lo menos, sospechosas. No es posible que a estas alturas del año los sectores hayan ejecutado en promedio alrededor del 20% de su presupuesto. Revisando las cifras de ejecución de inversiones al último mes disponible (septiembre) queda claro que estos datos no representan la realidad actual. Queda por descartar la hipótesis que los datos correspondan a la fecha en que se presentó el proyecto de ley, esto es, el 28 de julio del presente año. Sin embargo, revisando los informes de Mayo, Junio y el propio mes de Julio vemos que los datos del dictamen no corresponden con ninguno de los sectores, excepto Salud que muestra 9% de ejecución para el mes de Mayo coincidiendo con el dato provisto por el Dictamen.


Los ministerios priorizados por el proyecto del Ejecutivo para el mecanismo de OxI se encuentran en manos de economistas altamente calificados. Al parecer, estas cualidades no han sido suficientes para hacer más eficiente la ejecución. A duras penas han podido replicar los montos de inversión del año anterior, lo que queda claro es insuficiente para las demandas siempre crecientes de la sociedad. Pareciera que habría habido una suerte de concertación para restringir la inversión pública con la finalidad de ayudar a evidenciar el discurso de incapacidad del Estado para ejecutar sus recursos. Economistas de la talla como Waldo Mendoza se preguntaba en el mismo sentido porqué el gobierno seguía con una política fiscal tan restrictiva justo en un periodo de desaceleración económica que demanda un mayor ritmo de gasto fiscal. De esta manera, se da pie al objetivo real que es materia del proyecto de ley, esto es, a redirigir dichos recursos hacia las APP y las Obras por Impuestos (OxI). La razón de ello sería como ya lo expliqué mas arriba, la necesidad de recursos frescos de parte del sector privado para mejorar su posición de endeudamiento que ha afectado al crecimiento económico. He ahi, las razones internas del decrecimiento económico. Estamos pues, frente a un decrecimiento inducido por el MEF.


La pregunta que cabe aquí es, ¿Se otorgarán todos estos recursos y facilidades de manera temporal o será más bien un negocio de mediano plazo? Para esto sería bueno explorar algunos de los riesgos que el Banco Mundial señala expresamente con respecto a la implementación de estas políticas, que se añadirían a los riesgos propios de hacer las cosas a la tole tole. Sólo quiero destacar tres de ellas: la primera, el problema de incurrir en costos más altos en el diseño e inversión que en los procesos tradicionales de licitación pública. Luego, se encuentra la observación que la empresa privada sólo cumplirá las metas y servicios a los que se comprometerá por escrito en el contrato respectivo. Esto implica que si por ejemplo, una empresa X se compromete a atender a 2 millones de personas con una determinada enfermedad cada año, por ninguna razón realizará un mayor número de servicios si existiera un fenómeno imprevisto que incrementara la demanda por este servicio específico. No serán pequeñas las disputas legales y juicios al Estado, en caso de emergencia nacional ante un caso específico. Finalmente, relacionado con lo anterior, queda el tema de la reglamentación y qué organismo del Estado asumirá la supervisión a escala nacional y local de la provisión de los servicios vía APPs. No tiene sentido en este escenario de proliferación de APPs un fortalecimiento de la Contraloría, sino más bien la creación de otras instancias que cumplan con el rol de fiscalización.

En segundo lugar, me parece desproporcionado comparar como lo hace el dictamen de la Comisión de Economía, la rentabilidad de las empresas públicas eléctricas frente a las empresas del sector privado. Esto es así, porque muy aparte del rol público que asumen las empresas públicas por naturaleza propia, la Constitución de 1993 con su respectivo ordenamiento jurídico les otorga la preferencia a las empresas privadas para expandir sus operaciones allí donde lo considera rentable. Al mismo tiempo, el Marco Macroeconómico Mutianual exige a las empresas públicas cumplir con determinadas metas de provisión de recursos para el Tesoro Público lo que en la práctica involucra que las empresas públicas se vean limitadas de reinvertir sus utilidades para incrementar operaciones y por lo tanto su cobertura. En otras palabras, a pesar de las limitaciones legales impuestas a las empresas públicas, en contraste con las empresas privadas que se les otorga todas las facilidades, las primeras obtienen utilidades cumpliendo su rol público en beneficio de los ciudadanos que se encuentran incluso fuera del ámbito urbano.

La pregunta entonces en esta instancia no es tanto cómo las empresas públicas se verán beneficiadas por la incorporación de capital "fresco" de parte de las empresas privadas, sino al revés. Cómo las empresas privadas expandirán y mejorarán sus operaciones subvencionadas por la eficiencia lograda por las empresas públicas.

"¿Eficiente yo?, ¡Por favor!"

¿Cuán eficientes son las ejecuciones actuales de las APPs? El argumento central por el que el Gobierno apela a utilizar este tipo de mecanismo es que el sector privado sabe hacer las cosas con mayor calidad y con mayor eficiencia que lo que puede hacer el sector público. Antes que evaluemos los datos para responder a esta pregunta, primero habría que evaluar cuales son las dimensiones de los recursos comprometidos por este mecanismo a la fecha. De acuerdo con el Reporte Presupuestal de Septiembre de 2014 del MEF (pág. 22), el monto total asciende a 3850 millones de nuevos soles. Este presupuesto equivale, soles más, soles menos, al PIM del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El porcentaje de ejecución de estos proyectos es, comparativamente muy similar a lo mostrado por los sectores que supuestamente se pretende beneficiar con este mecanismo: 44% del PIM. Descubrimos entonces que no existen diferencias significativas entre uno y otro sector a la hora de comparar el ritmo de ejecución de inversión pública. Probablemente, el problema de la baja ejecución durante el año tenga factores explicativos distintos a los esgrimidos por el proyecto de ley, pues es bien sabido que generalmente hacia el último trimestre del año es que se desembalsan las inversiones públicas a nivel nacional.

A manera de conclusión

El reciente informe Doing Business del Banco Mundial señala que el Perú se encuentra como el segundo país, después de Colombia, donde es más fácil hacer negocios en América Latina. Creo que el Estado peruano ha hecho bastante en ese sentido, no sólo para mantener una férrea disciplina fiscal y por tanto hacer atractivo el entorno para las inversiones privadas en el país. 

No obstante, considero inoportuna la falta de debate informado (con impactos medidos) sobre quienes serán los beneficiarios reales de lo que el actual gobierno de nuestro país ha venido preparando para mejorar los índices macroeconómicos. 

No me opongo a que se prueben nuevos esquemas de inversión público privada cuando su objetivo es beneficiar a la sociedad en su conjunto. No obstante, si me opongo a la necesidad de introducir esquemas deformados de asociatividad público privadas cuando las razones para su uso son distintas que las de mejorar las condiciones de vida y la calidad de los servicios públicos para los ciudadanos de mi país. Y sobre todo, desmantelando lo poco de Estado que aún tenemos.

Una cuestión que queda por esclarecer es, que empresas privadas serán beneficiarias de este shock de recursos públicos via APPs. Resulta indicativo que exista una disputa entre la CONFIEP, ADEX y la SNI por cuestiones que en el fondo, merecen ser tomadas en cuenta. La repartición del ingreso debe ser considerada óptima para la multiplicidad de intereses y actores que entran en juego en el gran debate de presupuesto que se cerrará este fin de mes.



miércoles, mayo 21, 2014

Industrialicemos primero la minería

El XI Simposio del Oro ha sido el escenario perfecto para que el empresariado minero y sus voceros cuestionen el Plan de Diversificación Productiva propuesto a discusión pública por el Gobierno.

"El modelo primario exportador es un mito que está generando políticas equivocadas" aseveró PPK atacando de esta manera el corazón del diagnóstico de la propuesta gubernamental. De acuerdo con PPK países como Noruega y Australia exportan minerales y son economías desarrolladas. Con ello reafirma la visión de que el modelo primario exportador no es pues el problema, sino, la principal solución para el futuro del Perú.

En esa misma línea se pronunció la ex ministra Mercedes Aráoz al señalar que se debe simplificar los trámites y permisos para la minería para que ella sea la base del motor de desarrollo que impulse a otras industrias en el país. En otras palabras, que la minería sea la locomotora del país. El problema con esta idea es que las posibilidades de encadenamiento y de creación de empleos masivos siempre han sido un desafío para la minería, un sector caracterizado por la elevada inversión en capital y tecnología antes que en trabajadores.

Como broche de oro, Roque Benavides se encargó de demoler sutilmente la propuesta al asegurar con aplomo que antes que diversificar o tentar otros sectores "hay que regresar a ser mineros". La idea según el empresario, es que es necesario eliminar "la permisología" y con ello destrabar las inversiones para que el Plan pueda tener éxito. Con esto obviamente se refería directamente a las quejas del sector en torno a las exigencias ambientales, arqueológicas y licencias sociales que son irrelevantes para su lógica de acumulación.

¿Qué es lo que la prensa especializada ha evaluado? Semana Económica, la revista fundada por Felipe Ortiz de Zevallos y que se califica como "brazo independiente" del Grupo Apoyo, ha cuestionado en un artículo el liderazgo del actual Ministro de Producción, Piero Ghezzi, como para implementar con éxito la creación de la Dirección de Políticas y Regulación del Produce. Para que un curso de acción como este sea exitoso el ministro "debería tener mucha influencia política dentro del gobierno" y por tanto "duda de si una iniciativa de ese tipo puede trascender a un cambio de ministros". Esta medida sería muy optimista lo que es otra forma de decir que es inviable.

Desde la otra cornisa, Humberto Campodónico ha saludado la presentación del Plan, aunque se haya hecho algo tarde para este gobierno. No obstante, critica el hecho de que el Plan aborde un enfoque equivocado del problema de la informalidad al echarle la culpa del funcionamiento de la economía cuando es precisamente todo lo contrario. Por esta razón el Plan desempolva el discurso de los sobrecostos y regulaciones laborales lo que finalmente tendremos más de lo mismo, recorte de derechos laborales como medida concreta para impulsar el crecimiento económico. Campodónico hace bien finalmente en señalar que el texto del Plan no debe ser considerado como un debate técnico sino más bien político y por lo tanto debe convocar a los espacios de consenso democrático necesarios para enrumbar la economía de nuestro país.

Mi opinión es que si queremos proponer un modelo de industrialización viable en el país, primero hay que hacerlo en el sector que está acumulando, esto es, el minero. En efecto, nuestra economía se encuentra concentrada exclusivamente en la extracción de los minerales, tanto los conocidos como el oro, plata y cobre como también los metales raros. El problema que persiste en la actualidad es que todo lo que se extrae de nuestro suelo se exporta casi sin ningún valor agregado. Estas "piedras" sin mayor valor son procesadas posteriormente en las refinerías asentadas en otros países donde se separan los minerales convenientemente. De allí se pasa a los procesos de aleación para finalmente pasar a la producción de bienes de consumo final y masivo. Como se entenderá, todavía no nos diferenciamos demasiado de las economías de enclave que existían en el pasado.

Es necesario que el Estado plantee una ruta de industrialización del sector minero que tenga asiento en nuestro territorio para crear valor agregado exportable. Se necesita una inversión e integración en toda la cadena de valor del sector minero. De esta manera creo que se podrá convertir a este sector en la locomotora que pretende ser para el resto del país y así trasladar sus beneficios a la mayoría de la población. Lo clave aquí es que se logre hacer todo esto sobre territorio peruano.

lunes, octubre 12, 2009

Por qué la Nobel Ostrom debe importar al Perú

A diferencia de las grandes críticas que ha ocasionado el anuncio del Premio Nobel de la Paz 2009, el premio Nobel de Economía ofrece más de un comentario positivo que destacar. A continuación recojo la reseña que hace The Economist al caso de la Sra. Osbrom, primera mujer que recibe este premio en esta categoría, por su contribución en el estudio de los recursos comunales.

Cabe destacar que ella, al igual que otros casos en el pasado, es de las pocas personas que recibe este premio sin ser necesariamente economista. Ella fue formada en ciencias políticas y pienso que su contribución es de singular valor para la realidad peruana, porque brinda la base teórica y moral para proteger de una manera efectiva nuestros recursos naturales, fuera de tanta prédica neoliberal y neocolonial.

¿Cómo así? Véase la siguiente traducción un tanto rápida, pero efectiva para lo que quiero llamar la atención:
La Sra. Ostrom se ha concentrado en un aspecto diferente [a la de Williamson] de la gobernanza económica. Ella ha dedicado su vida al estudio de cómo las sociedades humanas administran los recursos comunales, tales como bosques, ríos, pastos o vida silvestre. Al igual que con los bienes públicos, es difícil evitar que la gente use los bienes comunes. Pero a diferencia de los bienes públicos, y al igual que las privadas, lo que una persona consume implica menos consumo para otros. La teoría económica predice que los individuos racionales sobreexplotarán estos recursos.

Los economistas (entre ellos el Sr. Coase) han tendido a enfatizar los derechos de propiedad como una solución para el problema de la gestión de los recursos comunales. Por lo general esto implica que estos recursos sean privatizados o puestos en las manos del gobierno. Pero la Sra. Ostrom, que es un científico político de formación, pasó gran parte de su carrera estudiando cómo las comunidades lograron manejar tales recursos comunales. Ella encontró que tales grupos de personas tienden a tener complejos conjuntos de reglas, normas y sanciones para garantizar que esos recursos se utilicen de forma sostenible. Este auto-gobierno a menudo ha funcionado bien.

Ella encontró que el éxito de las instituciones informales tienen algunas características en común, que las distingue de las instituciones que fallan en hacerlo. Los principios de la teoría de juegos, en particular la teoría de las interacciones repetidas, resultó muy útil en la formulación de principios generales de cómo los recursos deben ser gestionados sin necesidad de recurrir a la propiedad privada o la estatal.
Como ven, creo que es momento de aprender a valorar un poco más, no sólo la megadiversidad biológica que tiene nuestro país, sino cómo las culturas que residen en ellas han aprendido a conservarlas con sus sistemas de autogobierno que han probado ser efectivos para garantizar su sustentabilidad. No cabe pues destruirlas o arrasar a estas culturas como pretenden hacerlo aún algunas fuerzas económicas globales aliadas con nuestros últimos gobiernos. Ni ridiculizárlas ignorantemente como lo hace Hernando de Soto en su último video.

Gracias Mrs. Elinor Ostrom por su gran contribución.

sábado, septiembre 19, 2009

El poder de los milagros

En enero del 2008, el BCRP publicó un estudio que calculaba la probabilidad de que el Perú se convierta en el nuevo milagro económico de la región en los próximos diez años. El texto rezaba así:

“El modelo [econométrico] de elección ordenada empleado para tal fin arroja una probabilidad de 93 por ciento de que la economía peruana pueda constituirse en un milagro económico durante los próximos 10 años en tanto la probabilidad de que se constituya en un desastre es prácticamente nula. […] En el ámbito latinoamericano, el Perú se muestra conjuntamente con México y Chile como uno de los países con las mejores probabilidades para obtener un rendimiento económico sobresaliente durante los próximos 10 años. Dada esta perspectiva, puede resultar aventurado pero también oportuno bautizar al Perú como el nuevo tigre sudamericano o andino en referencia al notable proceso de crecimiento que nuestro país estaría próximo a experimentar.” (Chirinos, 2008: 18)

En septiembre del mismo año, el grupo Apoyo añadió en su reporte anual “El poder en el Perú” lo siguiente:

“Con las posibilidades de que el país constituya un “milagro económico” en 10 años –es decir, antes del bicentenario de la Independencia- situadas en 93 por ciento de acuerdo con un reciente estudio del BCR… el poderío que el país gestaría internamente tendrá impacto en su posición en el tablero regional, en buena medida, según la imagen que los mercados mundiales le sigan otorgando”. (APOYO, 2008: 26)

El martes de esta semana, el INEI reportó una nueva caída de la economía peruana con -1.38% correspondiente para el mes de julio del presente año. Esto nos lleva a considerar que según las estadísticas más optimistas el país cerrará el 2009 con un crecimiento de 0% o 1%.

Queda claro que el milagro se esfumó. Justo unos días antes que entremos al mes de los temblores donde miles de fieles, microempresarios y poderosos se darán cita en las calles al pie de la imagen del Señor de los Milagros, buscando tal vez un milagro personal antes que colectivo. Aunque en verdad, sólo los más avisados ya habrán resuelto sus preocupaciones para el próximo año en el Congreso cuando aprueben su participación en el goce del presupuesto público del 2010.