El Perú trabaja principalmente con sus mayores de 45 y los jóvenes no parecen ser el plan B

Entre el primer trimestre de 2022 y el primero de 2026, el empleo de jóvenes de 14 a 24 años cayó en más de 420 mil personas. En ese mismo período, el grupo de trabajadores de 45 años y más creció en cerca de 870 mil. El grupo intermedio —los de 25 a 44 años— permaneció prácticamente estancado.

Los datos son de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI. Son fríos, precisos y revelan algo que el debate público peruano todavía no ha procesado: el crecimiento del empleo ya no proviene de los jóvenes. Proviene de los trabajadores de mayor edad. La fuerza laboral peruana está envejeciendo, y lo está haciendo en silencio.

El debate sobre las pensiones que llegó tarde y mal planteado

Durante décadas, la discusión sobre el envejecimiento en el Perú giró en torno a un eje único: las pensiones. ¿Cómo financiar la vejez de una población que crece? ¿Sistema público o privado? ¿AFP o ONP? ¿Un modelo multipilar que combine a ambos? El problema es que esa discusión —legítima y necesaria— empezó a librarse cuando el país ya había perdido el momento más favorable para resolverla.

El Censo 2025 y las proyecciones de Naciones Unidas confirman lo que las tendencias ya anticipaban: la fecundidad peruana ha caído por debajo del nivel de reemplazo y la esperanza de vida sigue aumentando. Hacia 2042 aproximadamente, los nacimientos dejarán de compensar las muertes anuales. El país habrá ingresado formalmente en una nueva etapa demográfica.

Seguir discutiendo el envejecimiento únicamente en clave pensionaria es como debatir qué clase de techo necesitamos cuando ya está lloviendo adentro. No se trata de incrementarlas o de universalizarlas sino tenemos claro cómo vamos a financiar una o ambas propuestas. Las pensiones son una parte del problema —y una parte sin resolver—, pero no agotan lo que está ocurriendo. El mercado laboral ya cambió. Las cifras lo muestran. El debate no lo ha seguido.

Dos razones para trabajar —y solo hemos estado viendo a una

Las investigaciones sobre el empleo en adultos mayores peruanos han documentado una realidad persistente: la cobertura insuficiente de salud y pensiones aumenta significativamente la probabilidad de que una persona continúe trabajando después de la edad de jubilación. La interpretación convencional es directa: si siguen trabajando, es porque no pueden darse el lujo de parar.

Esa interpretación es parcialmente correcta, pero no abarca la totalidad del trabajo de los mayores.

Existe, en efecto, un grupo importante que trabaja por necesidad. Son personas sin pensión adecuada, cuyos ingresos de jubilación no alcanzan para sostener un nivel de vida digno. Para ellas, retirarse no es una opción: es una caída.

Pero existe otro grupo que el debate público sistemáticamente ignora. Son profesionales, docentes universitarios, médicos, investigadores, consultores e ingenieros que, pudiendo jubilarse legalmente, eligen no hacerlo. No porque carezcan de ingresos, sino porque todavía tienen algo que la economía necesita: conocimiento acumulado, criterio de largo plazo, capacidad para resolver problemas complejos que no se aprenden en un aula ni se adquieren en pocos años.

Confundir ambos grupos tiene un costo alto. Si asumimos que todo adulto mayor que trabaja es víctima de la pobreza, terminaremos tratando como carga lo que en realidad es un activo. Y si asumimos que todos trabajan por elección, ignoraremos a quienes continúan laborando porque simplemente no tienen otra salida.

La política pública peruana ha cometido, históricamente, ambos errores a la vez.

El desperdicio silencioso

Los sistemas de jubilación conocidos fueron diseñados para economías donde predominaba el trabajo físico. En ese contexto, era razonable suponer que la productividad disminuía con la edad por desgaste acumulado. Esa suposición tenía sentido en los años cincuenta. Pero tiene mucho menos sentido hoy.

La economía peruana es crecientemente intensiva en servicios y conocimiento. En ese tipo de economía, la experiencia no es un lastre: es una ventaja competitiva. La capacidad para leer contextos institucionales complejos, formar nuevas generaciones, anticipar consecuencias de segundo orden o sostener relaciones de largo plazo suele crecer —no disminuir— con los años.

Cuando un sistema pensionario mal diseñado expulsa a profesionales productivos del mercado laboral por razones puramente administrativas —la edad—, no está protegiendo el bienestar social. Está destruyendo valor. El Perú necesitará cada vez más ese capital humano acumulado por encima de los 60 años, y sigue sin construir las condiciones para aprovecharlo.

El nuevo contrato que el Perú no ha discutido

El verdadero desafío no es solo cómo sostener a una población adulta mayor más numerosa. Es cómo rediseñar el vínculo entre trabajo, edad y protección social para que deje de ser una trampa —en cualquiera de sus dos formas: la trampa de quien no puede parar, y la trampa de quien quiere seguir pero el sistema no lo permite.

Eso requiere al menos tres conversaciones que el país aún no está teniendo con la seriedad necesaria: la reforma de los mecanismos de acreditación y reinserción laboral para trabajadores mayores; la flexibilización de los sistemas de retiro para permitir combinaciones entre pensión parcial y trabajo activo; y el reconocimiento explícito, en las políticas de empleo, de que la experiencia es un factor productivo tan legítimo como la juventud.

Las cifras de la EPEN muestran que el cambio ya ocurrió. El trabajador peruano promedio es mayor, y seguirá siéndolo. La pregunta no es si el país envejecerá porque la realidad es que ya está envejeciendo. Lo que resta entonces es si decidiremos convertir ese proceso en un problema de sostenibilidad fiscal, o en una oportunidad de productividad que todavía no hemos aprendido a ver y valorar.

El futuro del empleo en el Perú a partir del Censo 2025: ¿De Jóvenes Productivos a Adultos Mayores Productivos?

Los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 publicados por el INEI deberían ser leídos como algo más que una actualización estadística de la población peruana. En realidad, constituyen una advertencia sobre uno de los cambios más importantes que enfrentará el país durante las próximas décadas.

La población adulta mayor de 60 años y más ya representa el 14,8% de la población nacional. En 2017 representaba el 11,7%. Al mismo tiempo, la población menor de 15 años se redujo de 26,5% a 22,7%, mientras que la edad promedio de los peruanos pasó de 32 a 34,2 años.

La tendencia es clara: el Perú está envejeciendo.

Fuente: Censo 2025 - INEI

Este fenómeno no debería sorprendernos. Durante años los especialistas han advertido que el país se encontraba transitando el final de su bono demográfico. Sin embargo, los resultados del Censo 2025 sugieren que este proceso podría estar ocurriendo incluso más rápido de lo que muchos esperaban.

Recientemente, el economista David Tuesta llamó la atención sobre el riesgo de que el Perú termine "envejeciendo antes de hacerse rico". Su argumento es difícil de cuestionar. A diferencia de países desarrollados que llegaron a ser sociedades envejecidas después de alcanzar altos niveles de productividad y bienestar, el Perú enfrenta esta transición con elevados niveles de informalidad laboral, baja cobertura previsional y una limitada capacidad fiscal para responder a las crecientes demandas de salud y protección social.

Sin embargo, quizás el debate nacional está concentrándose excesivamente en una sola parte del problema.

La discusión pública suele enfocarse en cómo financiar la vejez. En la actual campaña electoral, por ejemplo, mientras que un candidato propuso duplicar el monto otorgado por el programa Pensión 65, la otra parte ha propuesto ampliar la cobertura de Pensión 65 para incorporar progresivamente a la población adulta mayor a un ritmo de 500 mil personas por año hasta convertirla en universal. Sin duda, fortalecer los mecanismos de protección social es una necesidad impostergable. Pero cabe preguntarse si esa respuesta será suficiente.

En un país donde más del 70% de los trabajadores ha vivido buena parte de su trayectoria laboral en condiciones de informalidad, millones de personas llegarán a la vejez sin pensiones suficientes y con una necesidad persistente de generar ingresos. En ese contexto, el problema no es únicamente cómo transferir recursos a los adultos mayores. El problema también consiste en cómo generar oportunidades para quienes todavía pueden y desean seguir participando en la actividad económica.

Esta situación no es nueva.

En 2008 participé en una investigación solicitada por el PEEL del MTPE, sobre las razones por las cuales los adultos mayores continuaban trabajando en el Perú. Uno de los hallazgos más importantes fue que muchos de ellos no seguían activos por decisión personal sino por necesidad económica. Décadas de informalidad laboral terminaban traduciéndose en ausencia de protección previsional y limitadas alternativas de sustento durante la vejez.

La informalidad no solo genera desigualdad durante la vida laboral. También produce vulnerabilidad durante la vejez.

Por ello, el envejecimiento demográfico nos obliga a formular una pregunta distinta.

Durante décadas las políticas de empleo han estado orientadas principalmente hacia los jóvenes. Programas como ProJoven o Jóvenes Productivos buscaban facilitar la inserción laboral de quienes enfrentaban mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Pero el Perú de hoy ya no es el Perú de hace veinte años.

Si la proporción de adultos mayores seguirá aumentando y si la expectativa de vida continúa creciendo, ¿No deberíamos empezar a discutir también una política de Adultos Mayores Productivos?

La pregunta puede parecer provocadora, pero resulta cada vez más pertinente.

No se trata de obligar a trabajar a quienes desean retirarse. Ya están haciéndolo en condiciones de precariedad e informalidad. Tampoco se trata de reemplazar las políticas de protección social. Se trata de reconocer que una parte creciente de la población adulta mayor posee experiencia, conocimientos y capacidades que pueden seguir contribuyendo al desarrollo económico del país.

Un programa de Adultos Mayores Productivos diseñado e implementado por el MTPE, tomando como referencia iniciativas privadas en curso como por ejemplo, Emprende 50+, podría incluir capacitación continua, alfabetización digital, certificación de competencias, intermediación laboral especializada, modalidades de trabajo flexible y mecanismos para facilitar el emprendimiento de personas mayores. 

Más importante aún, permitiría cambiar la forma en que concebimos el envejecimiento.

Durante mucho tiempo hemos asumido que la vida laboral termina a los 65 años y que la vejez es, por definición, una etapa de dependencia económica. Sin embargo, el cambio demográfico que revelan los resultados del Censo 2025 nos obliga a revisar esa premisa.

Quizás el verdadero desafío no sea únicamente cómo sostener económicamente a una población que vive más años.

Quizás el desafío sea cómo construir una sociedad capaz de aprovechar el enorme capital humano acumulado por sus adultos mayores.

Si David Tuesta tiene razón al advertirnos que el Perú corre el riesgo de envejecer antes de hacerse rico, entonces la respuesta no puede limitarse a discutir más pensiones y más gasto social. También debemos preguntarnos cómo convertir una población más longeva en una población más productiva.

Los resultados del Censo 2025 nos están diciendo que el tiempo para iniciar esa conversación ya llegó.

¿Por qué la productividad está cayendo si hay más universitarios en el país?

La trampa peruana de una economía que no demanda talento.

La pregunta no es retórica; describe la paradoja central que ahoga el desarrollo del Perú. Mientras los indicadores macroeconómicos muestran una preocupante caída en la productividad total de los factores —el verdadero motor del crecimiento sostenido—, las aulas universitarias expulsan cada año a más de 135,000 nuevos profesionales. El contraste es brutal: según la encuesta de demanda ocupacional del MTPE, el mercado formal apenas espera generar unos 12,000 nuevos puestos para ellos.

¿Qué está roto en nuestro modelo para que más educación genere menos progreso? La respuesta a este enigma puede encontrarse en las ideas que este año valieron el Premio Nobel de Economía a Philippe Aghion, Peter Howitt y Joel Mokyr. Su trabajo se basa en un concepto de Joseph Schumpeter: el progreso económico no nace de la acumulación, sino de la destrucción creativa; el proceso mediante el cual nuevas empresas, tecnologías e ideas reemplazan a las viejas.

Detrás de esa dinámica está la clave del desarrollo: los países que permiten la entrada de nuevos competidores y no protegen a sus monopolios generan movilidad social, empleos de mayor productividad e innovación continua. Aquellos que, por el contrario, consolidan estructuras económicas cerradas, terminan atrapados en un equilibrio de bajo crecimiento, alta desigualdad y estancamiento tecnológico.

El caso peruano: más diplomas, menos innovación

El Perú encarna perfectamente el escenario de estancamiento que describen estos teóricos. La caída de la productividad y la brecha abismal entre egresados y empleos no son un accidente. Son el síntoma directo de una economía controlada por grupos concentrados que bloquean la entrada de nuevos actores. En un entorno de monopolios y rentas aseguradas, la innovación deja de ser rentable o necesaria. Las empresas no compiten por crear, sino por preservar sus privilegios.

Por eso, pese a haber multiplicado sus universidades, el Perú se mantiene entre los países con menor capacidad de innovación del planeta. Las solicitudes de patentes son escasas, la inversión privada en I+D es marginal y el tejido productivo sigue dominado por sectores primarios o de baja sofisticación tecnológica.

Una economía que no demanda talento

Esta estructura económica tiene un efecto perverso sobre el capital humano. Aunque el país invierta en educación, ese esfuerzo se desperdicia si la economía no genera demanda de trabajo calificado ni incentivos para la creatividad. La brecha de 135,000 profesionales contra 12,000 puestos de trabajo es la prueba más cruda de esta realidad. No es que los peruanos no sean innovadores; es que el sistema no los necesita y, peor aún, no les da cabida.

Por eso, el Perú exhibe un dato alarmante: 72% de informalidad laboral, un nivel extremadamente alto para su ingreso per cápita. No se trata solo de falta de fiscalización; es el síntoma de una economía que no ofrece espacio productivo para absorber a sus trabajadores. La informalidad es, en el fondo, la válvula de escape de una estructura económica cerrada, donde la mayoría debe crear su propio sustento porque el mercado formal está ocupado por pocos y no crece.

Innovar para abrir la sociedad

El mensaje del Nobel de este año es contundente: sin competencia no hay innovación, y sin innovación no hay movilidad. En el Perú, la política de desarrollo no puede seguir centrada únicamente en la educación; debe incluir una agenda de competencia económica, transparencia regulatoria y diversificación productiva.

Promover la innovación implica democratizar el acceso a la economía formal. Significa fortalecer la autoridad de competencia (Indecopi), derribar barreras de entrada, abrir financiamiento a nuevos emprendedores y vincular la formación universitaria con sectores tecnológicos emergentes. De lo contrario, seguiremos educando para la frustración: formando profesionales que el modelo económico no tiene intención de emplear.

Romper el círculo vicioso

La respuesta a la pregunta inicial es, por tanto, clara. La productividad cae no a pesar de tener más universitarios, sino porque nuestra estructura económica cerrada convierte ese talento en una amenaza para el statu quo y no en un motor de progreso.

El Perú no es un país sin talento ni sin ideas. Es un país atrapado en una estructura que no deja que la destrucción creativa ocurra. Mientras los monopolios sigan determinando qué sectores crecen, la informalidad será inevitable y el conocimiento acumulado se desperdiciará. La tarea pendiente no es solo educar más, sino liberar la competencia para que el talento nacional encuentre el espacio para transformar la economía y convertir el crecimiento en verdadera movilidad social.

BM mejora las proyecciones de PBI para Perú, pero no tanto como para crear empleo decente

El Banco Mundial acaba de publicar su informe de Perspectivas Económicas Globales del mes de junio. El título retrata bien el mensaje central de este documento: el crecimiento económico se estabiliza pero a un paso muy débil.

Los factores que explicarían esta alicaída recuperación de la economía global son diversos: tensiones geopolíticas, persistencia de la fragmentación en el comercio mundial, tasas de interés que permanecerán elevadas todavía por un tiempo más, y desastres asociados al cambio climático.

Es interesante apreciar que, de acuerdo con el informe, las proyecciones de crecimiento para Perú mejoran unas cuántas décimas con respecto a las cifras publicadas en enero de este año. Específicamente, hay una mejora en 0.4 puntos para el 2024 y en 0.3 puntos para el 2025. Siendo positiva esa noticia, cabe destacar que eso no mejora la tendencia trianual del crecimiento económico peruano, que se mantiene con un comportamiento claramente decreciente. Y lo que es peor, es que en todos los casos las cifras permanecen por debajo del 3%, que es la tasa mínima que deberíamos crecer para que el empleo en el Perú no se deteriore.

Todo depende de que se resuelva la grave incertidumbre política que viene afectando la confianza empresarial.

Pero alguno dirá por ahí, "pero algo es algo".

No es suficiente para la generación de empleo decente.

El informe puede descargarse en el siguiente enlace (en inglés):  https://bit.ly/45nQ4GY 

¿Cuándo el incremento del salario mínimo puede perjudicar la recuperación económica?

Introducción

No cabe duda que en las actuales circunstancias, el aumento del salario mínimo es una cuestión de justicia para los trabajadores peruanos. Pero no cualquier aumento podría beneficiarlos a ellos y a los empresarios que ofrecen los puestos de trabajo que ocupan. Sobre todo, si consideramos que nos encontramos en un franco proceso de recuperación de la economía que es necesario asegurar, sin dejar de lado, el grave deterioro del nivel de vida que ha pesado sobre los trabajadores.

He sido director de empleo durante ocho meses durante 2018 y 2019, bajo la gestión del ex Ministro Sánchez. A través de su viceministro de Empleo recibí el encargo de presidir la Comisión Especial de Productividad y Salario Mínimo (CEPSM), órgano especializado dependiente del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Un desafío que lo asumí con mucha responsabilidad y expectativa de parte de los pares que me acompañaban en la mesa: sindicatos y empleadores.

El objetivo de la CEPSM, que no logró completarse por cambios de gestión ministerial, era cerrar el debate que permitiría acordar los criterios técnicos a tomar en cuenta para los reajustes periódicos del salario mínimo, institucionalizándolo en una norma sectorial. La base para lograr tales acuerdos era un diálogo social de calidad, la cual concebimos como la búsqueda de un nivel de confianza óptimo entre las partes, exponiendo las razones técnicas y también los temores colectivos, a fin de que la norma acordada tuviera toda la legitimidad del caso para su implementación.

La actual gestión del MTPE ha manifestado con claridad su voluntad política para elevar el salario mínimo, pero esta voluntad no parece estar acompañada de similar actitud para canalizar esta decisión a través de un debido proceso de diálogo social que haga transparente y legítima tal decisión. El problema que este proceso culmine de esta manera es que el aumento no responda a realmente a criterios técnicos consensuados entre las partes, y por lo tanto este sea perjudicial para la recuperación del sector productivo por causa de una mejora salarial onerosa.

¿Qué nos dice la teoría económica?

Contra lo que mayoría podría suponer, la teoría económica no va en contra de las medidas de reajuste del salario mínimo. De hecho, David Card y otros economistas, que ganaron el reciente premio Nobel de economía 2021 desarrollaron en los años noventa los fundamentos empíricos sobre los cuales demostró que el aumento del salario mínimo, no sólo es técnicamente viable, sino que resuelve ineficiencias surgidas de un mercado tan irregular como el nuestro. Esto no solo permitiría mejorar las remuneraciones de los trabajadores que dependen de este monto, sino que además se haría sin el temor de destruir empleos.

Para que ese comportamiento se produzca debe reconocerse en primer lugar, que el mercado de trabajo no se parece para nada al modelo teórico de un mercado laboral de libre competencia, al menos tal como lo describen los textos de microeconomía clásicos que se utilizan para enseñar en la universidad. Por lo general, los voceros en contra de la subida del reajuste del salario mínimo asumen -convenientemente- que el mercado de trabajo peruano es un ente donde confluyen empleadores y trabajadores bajo la égida de la libre competencia. Si así fuera, inevitablemente, un aumento del salario mínimo, grande o pequeño, sólo será viable incrementando el desempleo. Pero esta situación es pues, muy alejada de la realidad: ni la información sobre los empleos disponibles fluye libremente, ni las plazas laborales son homogéneas, ni los empresarios son tomadores de precios en el mercado.

Ilustración 1 Efectos del salario mínimo en un modelo teórico de mercado competitivo

E0: Empleo sin RMV, E1: Empleo con RMV; W0: Salario sin RMV, W1: Salario = RMV

En la realidad peruana, los mercados de productos -y también en servicios- tienden a mostrar grados tóxicos de concentración, y cuando no es así de extremo, los líderes de mercado gozan de un grado discrecional de poder monopólico: establecen sus precios, ofrecen una baja calidad de producto, limitan severamente la entrada a nuevos competidores, etc. La demanda derivada de trabajo de estos mercados suele mostrar grados importantes de poder monopsónico. Esto último significa que los empleadores tienen poder de negociación suficiente para determinar los salarios por debajo de su ingreso marginal, porque existen muchos candidatos que compiten por los pocos puestos de trabajo ofrecidos. En una situación así, todos los efectos negativos que se deducen del modelo teórico convencional del libre mercado están puestos en cuestión, y necesitan ser revisados en su real contexto.

Cuando los empleadores tienen poder monopsónico, pueden contratar cantidades importantes de trabajadores a un salario más bajo que su costo marginal de contratación. Si los contratara al costo marginal real, lo haría a expensas de sus ganancias. Por ello hace uso de su capacidad de negociación para imponer un salario más bajo. Al incrementarse el salario mínimo en una cantidad pequeña (gráfico siguiente a la izquierda), no sólo producirá un incremento neto en el salario, sino que también el empleo puede aumentar al bajar el costo de contratar un trabajador adicional[1]. Por el contrario, si se eleva el salario mínimo en una cantidad muy grande, producirá un incremento del desempleo porque aumenta también el costo marginal impuesto (gráfico siguiente a la derecha).   

Ilustración 2 Efectos de un aumento del salario mínimo en un mercado monopsónico

E0: Empleo sin RMV, E1: Empleo con RMV; W0: Salario sin RMV, W1: Salario con RMV.[2]

El momento y el monto óptimo a incrementar el salario mínimo

La última vez que el Estado peruano decretó un aumento de la remuneración mínima vital fue en abril de 2018.  Este ascendió a 80 soles, que equivalió a un 9.4% de aumento de la remuneración previa, el cual duró 23 meses. Tomando en cuenta el historial de ajustes de la RMV desde el 2000, el último aumento de 80 soles se ubicó por encima de la mediana superior (tercer cuartil equivalente a 75 soles) de aumentos. Mientras que, respecto a la periodicidad, los 23 meses se ubican en la mediana de meses que ha estado vigente un aumento dado. Si tomáramos como criterio que el tamaño de los aumentos debería estar correlacionado con el número de meses esperados, que a la fecha ha acumulado 47 meses (el doble de tiempo del esperado), entonces el aumento sugerido sería de aproximadamente 70 soles[3]. Esto sugiere un aumento del salario mínimo hasta alcanzar la cifra de 1 mil soles.  

Tabla 1 Salario mínimo, aumentos y número de meses entre aumentos

                                            Elaboración propia con datos oficiales

A pesar de lo señalado, los criterios debatidos en el seno de la CEPSM no son los que he utilizado arriba. En primer lugar, en cuanto a la periodicidad había una propuesta preliminar casi consensuada de que la RMV fuera reajustada cada 24 meses, siempre y cuando las condiciones de contexto económico lo permitieran. El actual retraso del aumento del salario mínimo sólo se justifica porque el contexto económico fue desastroso durante la pandemia. No obstante, las cifras de recuperación económica son alentadoras, y todo hace pensar que podríamos seguir con viento a favor si seguimos con elevados precios de nuestros minerales y otros sectores restableciendo su dinamismo al 100%. Por lo tanto, estamos en el momento indicado para elevar la RMV.

En segundo lugar, para definir el monto del salario mínimo se utiliza una combinación aditiva de dos componentes: la inflación y la productividad. El primer componente se explica por la necesidad de compensar la pérdida de capacidad de consumo por la inflación esperada (aunque para este caso ya sería más bien para la inflación observada), mientras que el segundo componente se explica por el avance de la productividad en el país que es en última instancia la fuente real de incremento de las remuneraciones.  

El incremento del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana con base 100 de diciembre de 2021 pasó de un valor de 89.5 a 100.4 que es el último dato disponible para enero 2022. Esto representa un incremento de 12.4%. Frente a la objetividad y disponibilidad del indicador de precios, la medición de la productividad en nuestro país no tiene un consenso definido. Lo que si existe consenso es que la economía peruana ostenta una productividad pobrísima debido a que desde el punto de vista macro sobresale el excesivo tamaño del sector informal en nuestro país. A pesar de ello, podríamos tomar como referencia las mediciones reportadas por el Consejo Privado de Competitividad (CPC, Informe de competitividad 2021), que no se hace problema en señalar que la productividad total de los factores ha tenido una contribución negativa en el último quinquenio (2015-2019) del orden de -0.7%, en tanto que la contribución del trabajo ha sido de 1.1%.

De esta manera, tomando como referencia el valor de la contribución de la productividad del trabajo (1.1%) y el incremento de los precios (12.4%), tendríamos que objetivamente, el aumento pertinente del salario mínimo sería del orden de 13.5%, esto es 126 soles, es decir, la nueva RMV sería de 1056 soles. Este valor es menor a lo que la prensa ha deslizado sería, el valor deseado por el MTPE, que ascendería a 1100 soles. Tampoco podría aspirarse a un aumento que equipare la RMV con la canasta básica familiar, cuyo valor ascendería para una familia de 4 personas a casi los 1500 soles[4]. ¿Es este valor mucho o poco para el desenvolvimiento del mercado de trabajo en la actualidad? Algunas respuestas posibles se exploran en la siguiente sección.

Los salarios medios post pandemia

La pandemia golpeó rotundamente el dinamismo de la economía peruana. No solo salieron afectadas las familias al ver recortados sus ingresos sino también las propias empresas, principalmente las micro y pequeñas empresas tuvieron severas pérdidas económicas. La gran y mediana empresa tuvieron un flujo importante de fondos (alrededor de 60 mil millones de soles) a través del denominado Programa Reactiva que tenían como objetivo “evitar el quiebre de la cadena de pagos” así como “salvar empleos” formales de la economía peruana. Según algunas evaluaciones preliminares del BCRP, este programa habría cumplido sus objetivos.

Lo que no pudo salvar el Programa ni otras medidas fueron los ingresos medios de los trabajadores. El subempleo y la informalidad se han desbocado aceleradamente. En Perú, el único instrumento disponible para evaluar tal impacto es la Encuesta Permanente de Empleo, el cual reporta los ingresos medios mes a mes de Lima Metropolitana desde abril de 2001. De acuerdo con esta fuente, a enero (trimestre móvil) del presente año la remuneración media ascendía a 1,639.5 soles, en tanto que para similar periodo del año 2021 esta cayó a 1,576 soles de un nivel observado de 1,796.2 en 2020. Es decir, aún la remuneración promedio de Lima Metropolitana no se ha recuperado a niveles pre-pandemia. Una sencilla inspección de los datos más recientes en términos nominales, nos permite apreciar que la remuneración de enero de este año es similar a la de enero de 2016. Hemos perdido 6 años.

Tabla 2 Evolución del ingreso medio de Lima Metropolitana - Enero de cada año

                                                                Elaboración propia con datos de INEI

¿Por qué resulta relevante mirar los ingresos medios en este análisis? Porque una forma de obtener información sobre que tan alto o que tan bajo es un determinado salario mínimo respecto del dinamismo del mercado de trabajo en su conjunto es analizar el denominado ratio de Kaitz[5]. Este indicador resulta de comparar el salario mínimo nominal con el respectivo salario medio de mercado. La OIT recomienda utilizar este indicador con mucho cuidado[6], puesto que las comparaciones pueden ser irrelevantes, toda vez que se deben establecer comparabilidades con el salario medio de los trabajadores que están protegidos por la legislación del salario mínimo. En el caso peruano, el salario medio reportado por el INEI sólo tiene cobertura para Lima Metropolitana, y por supuesto, incluye al sector informal. Como quiera que no tenemos acceso actualizado a la información de la Planilla Electrónica que maneja el MTPE, utilizaremos los valores de las remuneraciones medias reportadas por el INEI a través de su Informe Técnico del Empleo que publica mensualmente en su página web.

Con esta información entre manos, comparé con el salario mínimo nominal y pude encontrar lo siguiente: que el Perú tiene la segunda ratio de Kaitz más alta de los países de la OCDE. Tomo esta fuente de información, no sólo por la idea de compararnos con el club de países adelantados que formalmente nos ha invitado a formar parte, sino que también nos permite apreciar cómo nos encontramos con respecto a algunos países de nuestra región como Chile, Colombia y México. En este caso, Colombia nos lleva la delantera con 0.61 puntos, mientras que Chile tiene 0.49 y México 0.42. Si la RMV aumentara a 1,000 soles, la ratio de Kaitz aumentaría automáticamente a 0.61 colocándonos en  el segundo lugar del ranking. Mientras que un aumento hasta 1,056 y 1,100 soles, les correspondería un ratio de Kaitz de 0.64 y 0.67 respectivamente. En estos dos últimos casos estaríamos en la posición del país con más elevado nivel de acercamiento al salario medio de mercado, lo que implicaría un incremento del riesgo de impactar negativamente en la estructura de costos de las empresas y podría significar un impacto negativo en el nivel actual de empleo formal. A todas luces, un escenario indeseable en un contexto de recuperación económica como la que estamos asistiendo como país.

Tabla 3 Comparación de ratio de salario mínimo y salario medio de Perú versus países seleccionados OCDE

                                                                    Elaboración propia con información OECD.Stat

Ilustración 3 Relación entre la RMV y los ingresos medios de Lima Metropolitana

Elaboración propia con datos de INEI y varios Informes Técnicos del Mercado Laboral de Lima Metropolitana

A manera de conclusión

Es probable que muchos podrían contender con las cifras revisadas y utilizadas para los cálculos posibles de salario mínimo, y el que finalmente he hecho evidente cual recomendaría con justicia y viabilidad para nuestra economía hoy en día: sugiero aplicar el aumento pequeño (70 soles), con cargo a reajustar nuevamente en los próximos 24 meses. Otros podrían poner bajo cuestionamiento la necesaria revisión de las variables de contexto adecuado que fueron discutidos ampliamente en la CEPSM durante mi gestión, antes de tomar cualquier decisión de reajustar al alza la RMV. Pero lo que es cierto es que el hecho que no se haya cerrado la fórmula de reajuste de la RMV a través del proceso de diálogo social en el seno del CNTPE con un plazo determinado, ha dejado que esta medida siga siendo parte del menú de opciones para ganar respaldo político a costa del desempeño del sector empresarial. Una lección que quizás ya debieron haber aprendido con tiempo la parte empleadora. Y también la trabajadora. Ojalá esta sea la última vez que afrontemos una situación como la actual, en el que la incertidumbre y la polarización política oscurecen la importancia de implementar políticas salariales nacionales justas, viables y predecibles, como la del reajuste del salario mínimo. Mientras no exista una política sectorial de reajuste del salario mínimo surgida del diálogo social, los futuros incrementos del salario mínimo tenderán a tener resultados controvertidos para una o ambas partes del mercado de trabajo peruano.

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[1] Katz,  Lawrence  and  Alan  Krueger.  1992.  "The  Effect  of  the  Minimum  Wage  on  the Fast-Food  Industry."  American  Economic  Review,  vol.  46,  no.  1,  pp.  6-21. “Under certain conditions, monopsony models predict that a small increase in the minimum wage leads to an increase in employment, whereas a large increase in the minimum wage leads to a decrease in employment”.

[2] Adaptado de: Congressional Budget Office, July 2019 “The  Minimum Wage in  Competitive  Markets  and  Markets With Monopsony  Power—Supplemental  Material  for  The Effects  on  Employment  and  Family Income of  Increasing  the Federal  Minimum  Wage” Washington D.C.

[3] Dibujando un modelo lineal simple con los puntos de datos disponibles, tendríamos que al número de meses transcurridos habría que multiplicar por 0.6331 y añadirle 38.966. Como han pasado 47 meses desde el último aumento, la modelación nos lleva a estimar un aumento de 69 soles aproximadamente.

[4] La línea de pobreza de consumo per cápita asciende a 360 soles mensuales. Multiplicado por una familia promedio de 4 personas, resulta en una canasta mínima de 1,440 soles mensuales. Valor muy cercano a 1,500 soles, que es reclamado por el sector trabajador.

[5] Kaitz, Hyman B. (1970) “Experience of the Past: The National Minimum" in Youth Unemployment and Minimum Wages, Bulletin 1657, U.S. Bureau of Labor.

[6] https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_536302/lang--es/index.htm

¿Está preparada la fuerza laboral peruana para dar un salto en la productividad laboral?

No se trata de evaluar la mano de obra peruana en términos de cual es el nivel educativo promedio con el que cuenta. Se trata de que podamos tener una idea vaga de si efectivamente nuestra fuerza laboral puede responder a las demandas de la dinámica productiva que está constantemente en cambio.

Una estadística reportada por la OCDE puede darnos vislumbres sobre cuál es la situación en la que nos encontramos. El gráfico nos presenta el porcentaje de individuos de la fuerza laboral de varios países que no cuenta con habilidades básicas para su desempeño laboral, es decir, lenguaje, matemáticas y solución de problemas. El único país latinoamericano que aparece es Chile, un vecino con el que solemos compararnos por el cobre y otras perlas más.

Resulta que para comenzar Chile ocupa el último lugar de los países comparados, que forman parte de la OCDE. Pero lo más dramático es que un poco más del 40% de su fuerza laboral no cuenta con las habilidades básicas para desempeñarse en el mercado de trabajo. Esto significa un fuerte desafío para impulsar la productividad laboral a pesar de contar con recursos y avances en otras dimensiones.

Con todo el debate que se ha abierto a escala global sobre el futuro del trabajo, ¿Cuál creen que sea el porcentaje correspondiente para nuestro país? ¿50%, 60%, 70%? Con una población con tal precariedad en su capital humano básico acumulado, no hay estrategia de formalización que sirva bajo la excusa de elevar la productividad. Lo que no ha podido garantizar nuestra política educativa, ¿Lo compensará una reforma en nuestra política laboral?

El ahora trillado PNCP tiene dentro de sus 9 objetivos, uno que aborda esta problemática (OP2). Sin embargo, es preciso señalar que el debate público parece orientarse más sobre cómo flexibilizar las relaciones empleador-trabajador (OP5) antes que definir las políticas y programas que impulsen la capacitación laboral como una forma concreta para elevar la productividad del trabajo.

Cuando la tristemente célebre ley "pulpín" estuvo en boga, tuve la oportunidad de escuchar en el Congreso a varios sindicatos conformados por jóvenes que para mi sorpresa su reclamo prioritario era precisamente ese: que no podían costear, ni tenían tiempo, para estudiar y especializarse y poder así conseguir un trabajo mejor remunerado. Se sentían esclavos de las empresas en las que trabajaban y les indignaba terriblemente que una reforma laboral busque recortarles los pocos derechos laborales que la actual ley todavía les reconoce.

La idea es que los propios jóvenes desean elevar su productividad, pero la empresa no les brinda la oportunidad ni las facilidades para hacerlo. El costo social es que al no hacerlo, pronto ese joven envejecerá y se perderá la productividad que pudo haber aportado en empleos más productivos. Luego la empresa lo verá como costo porque las relaciones laborales serán más asfixiantes y demandantes que solo un nuevo joven tolerará. Resultado, toda una cohorte poblacional quemada.

Es necesario actuar de manera consistente. Hagámoslo por los jóvenes y por el Perú.

Precisiones sobre el problema del empleo, la pobreza y el crecimiento

El siguiente artículo del diario El Comercio aparecido ayer (ver aquí) recoge un comentario mío realizado telefónicamente el último sábado por la tarde. Quiero señalar que en este artículo, mi opinión no aparece con claridad.

De acuerdo con el artículo, yo aparezco sosteniendo lo siguiente (resaltado mío):

"Como ya lo dejó en claro el ex ministro de Economía Luis Carranza, la única forma para sacar a una persona de la pobreza es con la generación de empleo y un aumento progresivo en el ingreso de las familias. Para apuntalar esta teoría, Raúl Mauro, investigador de Desco, incide en que la reducción de la pobreza de los últimos años (de 48,7% en el 2005 a 34,8% en el 2009) no se debió a un aumento en los programas sociales, sino al hecho de que miles de familias elevaron su nivel de vida y hubo más oportunidades de empleo por el crecimiento económico sostenido."

En efecto, la teoría con la que yo estoy de acuerdo es que la única manera de reducir la pobreza de manera sostenida es mejorando las oportunidades del empleo de calidad brindadas por un crecimiento económico sostenido. El rol redistributivo del Estado es coadyuvante en este proceso, lo cual quiere decir que las políticas sociales no son accesorias. Diversos conceptos novedosos introducidos por el Banco Mundial o el BID tratan de describir estas ideas al llamar al crecimiento económico pro-pobre o crecimiento económico de "amplia base". Por el momento prefiero no detenerme en la discusión de estos conceptos para abordar el tema de la imprecisión que quiero discutir.

El problema del actual estilo de crecimiento económico es que para que las familias hayan podido mejorar su nivel de vida, por encima de la línea de pobreza, han tenido que incrementar su oferta de horas de trabajo, de un lado; y del otro, han incrementado la participación de los miembros de familia en el mercado de trabajo. Este doble fenómeno ha ocurrido fundamentalmente en el mercado del sector informal. Ello implica que el proceso de reducción de la pobreza se ha dado en un contexto de un crecimiento nulo o muy imperceptible de las remuneraciones medias. De aquí se concluye que la reducción de la pobreza se ha dado a pesar que las oportunidades de empleo de calidad han sido prácticamente nulas y a pesar que el Estado ha renunciado a destinar un mayor presupuesto para el sector social (básicamente, educación, salud, trabajo y justicia). En realidad, el Estado se ha limitado a proveer políticas sociales asistencialistas, los cuales, no coadyuvan en reducir la pobreza de manera costo-efectiva.

Las evidencias sobre los fenómenos que acabo de describir se encuentran expuestas en un post que publiqué en el 2008 (ver aquí) cuando comenté la paradoja de la reducción de la pobreza en el Perú que se condice con la tesis de Hernando de Soto: la reducción de la pobreza de los últimos años se ha dado gracias al dinamismo del sector informal! Pero se ha hecho a costa de un aumento de la oferta de horas de trabajo y de la mayor participación laboral de los miembros de las familias peruanas. Es decir, con un deterioro generalizado de la calidad del empleo.

No por gusto resulta importante destacar que ambos candidatos parecen coincidir en las propuestas relativas al problema del empleo, de cara a la segunda vuelta electoral.

En el caso de la actual candidata del Fujimorismo, esto resulta aun más notable, pues su campaña se ha dirigido a alimentar las esperanzas de soluciones concretas para el problema cotidiano del empleo, en abierto contraste con la muy distante y casi impersonal problemática de la corrupción y la democracia que sigue abordando Ollanta Humala. En efecto, la creación de la Superintencia del Trabajo apunta a la idea de que se va a buscar qué hacer respetar los derechos de los trabajadores. Paradójicamente, la mayor parte de estos derechos fueron arrasados durante el primer gobierno del Fujimorismo, y por otro lado, su propuesta implicaría el incremento de la burocracia pues se deja de lado al ya minimizado Ministerio de Trabajo. Por su parte, la propuesta del programa Mi Primera Chamba aborda frontalmente el grave problema en que se ha convertido el desempleo de la juventud. Como la mayoría de los economistas sabe, el desempleo juvenil siempre ha sido alto, sobre todo durante los primeros tres meses del año ya que los jóvenes terminan sus clases y salen despavoridos en busca de una oportunidad de empleo. No obstante, desde el 2006, osea desde que comenzó el segundo gobierno aprista, esta cifra está aumentando rápidamente para el caso de Lima Metropolitana pasando de 15.7% a 18.2% (comparando 1er trimestre de cada año), a pesar que el crecimiento económico sigue con viento en popa durante los mismos meses.

En el caso de Ollanta, según la hoja de ruta, se incide en el problema de la calidad al proponer como solución el funcionamiento del Consejo Nacional de Trabajo. Es decir, mejorar la institucionalidad, lo que implica pues establecer una mesa de trabajo y negociación donde el Ministerio de Trabajo juegue un rol más activo antes que el pobre y pasivo que cumple en la actualidad, entre las partes interesadas, el empresario y el trabajador. Del mismo modo, la fiscalización del respeto de los derechos laborales implica el fortalecimiento del rol fiscalizador del Ministerio de Trabajo, una función a la que ha renunciado sistemáticamente, haciendo pues que el empleo sea simplemente un insumo de producción y no un medio para crear riqueza y bienestar.

En conclusión, el problema de la precariedad del empleo generado en los últimos años nos habla de un crecimiento económico vigoroso pero poco saludable en términos sociales porque no crea un bienestar duradero por medio del empleo. Este estilo de crecimiento económico no genera mayores oportunidades de empleo de calidad para las grandes mayorías. Esto es algo que ha sido señalado por diversos economistas del medio, y también extranjeros, independientemente de su tendencia política. A pesar de ello, el gobierno actual enfatiza la importancia de que la pobreza monetaria se ha reducido, pero ello no quiere decir que no se siga sufriendo de pobreza. ¿Por qué? Porque los derechos laborales, civiles, de género, entre otros más igualmente importantes, han sido violentados sistemáticamente haciendo que la sociedad permanezca sumida en la pobreza aunque monetariamente así no lo parezca. 

Aquí entonces viene la importante pregunta de cuál es la candidatura que según mi opinión abona en la eliminación de la pobreza en estas dimensiones. Creo que la propuesta de Gana Perú es la que busca reducir esta pobreza en el ejercicio de los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas. Esto permitiría que la ganancia obtenida en términos monetarios se consolide y se permita un incremento generalizado del bienestar para la población más allá del mínimamente exigido por los actuales defensores del modelo de crecimiento sin desarrollo. Pero desafortunadamente, en mi opinión, la población se encuentra tan concentrada en la sobrevivencia del dia a dia (y vive bombardeada de los mensajes provistos por los medios de manera tan elocuente e interesada) que poco o nada le importa la mejora de la institucionalidad democrática. A ello juega Keiko, y definitivamente, esto le está funcionando para el público objetivo que reside en Lima.