Los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 deberían ser leídos como algo más que una actualización estadística de la población peruana. En realidad, constituyen una advertencia sobre uno de los cambios más importantes que enfrentará el país durante las próximas décadas.
La población adulta mayor de 60 años y más ya representa el 14,8% de la población nacional. En 2017 representaba el 11,7%. Al mismo tiempo, la población menor de 15 años se redujo de 26,5% a 22,7%, mientras que la edad promedio de los peruanos pasó de 32 a 34,2 años.
La tendencia es clara: el Perú está envejeciendo.
Este fenómeno no debería sorprendernos. Durante años los especialistas han advertido que el país se encontraba transitando el final de su bono demográfico. Sin embargo, los resultados del Censo 2025 sugieren que este proceso podría estar ocurriendo incluso más rápido de lo que muchos esperaban.
Recientemente, el economista David Tuesta llamó la atención sobre el riesgo de que el Perú termine "envejeciendo antes de hacerse rico". Su argumento es difícil de cuestionar. A diferencia de países desarrollados que llegaron a ser sociedades envejecidas después de alcanzar altos niveles de productividad y bienestar, el Perú enfrenta esta transición con elevados niveles de informalidad laboral, baja cobertura previsional y una limitada capacidad fiscal para responder a las crecientes demandas de salud y protección social.
Sin embargo, quizás el debate nacional está concentrándose excesivamente en una sola parte del problema.
La discusión pública suele enfocarse en cómo financiar la vejez. En la actual campaña electoral, por ejemplo, mientras que un candidato propuso duplicar el monto otorgado por el programa Pensión 65, la otra parte ha propuesto ampliar la cobertura de Pensión 65 para incorporar progresivamente a la población adulta mayor a un ritmo de 500 mil personas por año hasta convertirla en universal. Sin duda, fortalecer los mecanismos de protección social es una necesidad impostergable. Pero cabe preguntarse si esa respuesta será suficiente.
En un país donde más del 70% de los trabajadores ha vivido buena parte de su trayectoria laboral en condiciones de informalidad, millones de personas llegarán a la vejez sin pensiones suficientes y con una necesidad persistente de generar ingresos. En ese contexto, el problema no es únicamente cómo transferir recursos a los adultos mayores. El problema también consiste en cómo generar oportunidades para quienes todavía pueden y desean seguir participando en la actividad económica.
Esta situación no es nueva.
En 2008 participé en una investigación solicitada por el PEEL del MTPE, sobre las razones por las cuales los adultos mayores continuaban trabajando en el Perú. Uno de los hallazgos más importantes fue que muchos de ellos no seguían activos por decisión personal sino por necesidad económica. Décadas de informalidad laboral terminaban traduciéndose en ausencia de protección previsional y limitadas alternativas de sustento durante la vejez.
La informalidad no solo genera desigualdad durante la vida laboral. También produce vulnerabilidad durante la vejez.
Por ello, el envejecimiento demográfico nos obliga a formular una pregunta distinta.
Durante décadas las políticas de empleo han estado orientadas principalmente hacia los jóvenes. Programas como ProJoven o Jóvenes Productivos buscaban facilitar la inserción laboral de quienes enfrentaban mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Pero el Perú de hoy ya no es el Perú de hace veinte años.
Si la proporción de adultos mayores seguirá aumentando y si la expectativa de vida continúa creciendo, ¿No deberíamos empezar a discutir también una política de Adultos Mayores Productivos?
La pregunta puede parecer provocadora, pero resulta cada vez más pertinente.
No se trata de obligar a trabajar a quienes desean retirarse. Ya están haciéndolo en condiciones de precariedad e informalidad. Tampoco se trata de reemplazar las políticas de protección social. Se trata de reconocer que una parte creciente de la población adulta mayor posee experiencia, conocimientos y capacidades que pueden seguir contribuyendo al desarrollo económico del país.
Un programa de Adultos Mayores Productivos diseñado e implementado por el MTPE, tomando como referencia iniciativas privadas en curso como por ejemplo, Emprende 50+, podría incluir capacitación continua, alfabetización digital, certificación de competencias, intermediación laboral especializada, modalidades de trabajo flexible y mecanismos para facilitar el emprendimiento de personas mayores.
Más importante aún, permitiría cambiar la forma en que concebimos el envejecimiento.
Durante mucho tiempo hemos asumido que la vida laboral termina a los 65 años y que la vejez es, por definición, una etapa de dependencia económica. Sin embargo, el cambio demográfico que revelan los resultados del Censo 2025 nos obliga a revisar esa premisa.
Quizás el verdadero desafío no sea únicamente cómo sostener económicamente a una población que vive más años.
Quizás el desafío sea cómo construir una sociedad capaz de aprovechar el enorme capital humano acumulado por sus adultos mayores.
Si David Tuesta tiene razón al advertirnos que el Perú corre el riesgo de envejecer antes de hacerse rico, entonces la respuesta no puede limitarse a discutir más pensiones y más gasto social. También debemos preguntarnos cómo convertir una población más longeva en una población más productiva.
Los resultados del Censo 2025 nos están diciendo que el tiempo para iniciar esa conversación ya llegó.
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