Entre el primer trimestre de 2022 y el primero de 2026, el empleo de jóvenes de 14 a 24 años cayó en más de 420 mil personas. En ese mismo período, el grupo de trabajadores de 45 años y más creció en cerca de 870 mil. El grupo intermedio —los de 25 a 44 años— permaneció prácticamente estancado.
Los datos son de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI. Son fríos, precisos y revelan algo que el debate público peruano todavía no ha procesado: el crecimiento del empleo ya no proviene de los jóvenes. Proviene de los trabajadores de mayor edad. La fuerza laboral peruana está envejeciendo, y lo está haciendo en silencio.
El debate sobre las pensiones que llegó tarde y mal planteado
Durante décadas, la discusión sobre el envejecimiento en el Perú giró en torno a un eje único: las pensiones. ¿Cómo financiar la vejez de una población que crece? ¿Sistema público o privado? ¿AFP o ONP? ¿Un modelo multipilar que combine a ambos? El problema es que esa discusión —legítima y necesaria— empezó a librarse cuando el país ya había perdido el momento más favorable para resolverla.
El Censo 2025 y las proyecciones de Naciones Unidas confirman lo que las tendencias ya anticipaban: la fecundidad peruana ha caído por debajo del nivel de reemplazo y la esperanza de vida sigue aumentando. Hacia 2042 aproximadamente, los nacimientos dejarán de compensar las muertes anuales. El país habrá ingresado formalmente en una nueva etapa demográfica.
Seguir discutiendo el envejecimiento únicamente en clave pensionaria es como debatir qué clase de techo necesitamos cuando ya está lloviendo adentro. No se trata de incrementarlas o de universalizarlas sino tenemos claro cómo vamos a financiar una o ambas propuestas. Las pensiones son una parte del problema —y una parte sin resolver—, pero no agotan lo que está ocurriendo. El mercado laboral ya cambió. Las cifras lo muestran. El debate no lo ha seguido.
Dos razones para trabajar —y solo hemos estado viendo a una
Las investigaciones sobre el empleo en adultos mayores peruanos han documentado una realidad persistente: la cobertura insuficiente de salud y pensiones aumenta significativamente la probabilidad de que una persona continúe trabajando después de la edad de jubilación. La interpretación convencional es directa: si siguen trabajando, es porque no pueden darse el lujo de parar.
Esa interpretación es parcialmente correcta, pero no abarca la totalidad del trabajo de los mayores.
Existe, en efecto, un grupo importante que trabaja por necesidad. Son personas sin pensión adecuada, cuyos ingresos de jubilación no alcanzan para sostener un nivel de vida digno. Para ellas, retirarse no es una opción: es una caída.
Pero existe otro grupo que el debate público sistemáticamente ignora. Son profesionales, docentes universitarios, médicos, investigadores, consultores e ingenieros que, pudiendo jubilarse legalmente, eligen no hacerlo. No porque carezcan de ingresos, sino porque todavía tienen algo que la economía necesita: conocimiento acumulado, criterio de largo plazo, capacidad para resolver problemas complejos que no se aprenden en un aula ni se adquieren en pocos años.
Confundir ambos grupos tiene un costo alto. Si asumimos que todo adulto mayor que trabaja es víctima de la pobreza, terminaremos tratando como carga lo que en realidad es un activo. Y si asumimos que todos trabajan por elección, ignoraremos a quienes continúan laborando porque simplemente no tienen otra salida.
La política pública peruana ha cometido, históricamente, ambos errores a la vez.
El desperdicio silencioso
Los sistemas de jubilación conocidos fueron diseñados para economías donde predominaba el trabajo físico. En ese contexto, era razonable suponer que la productividad disminuía con la edad por desgaste acumulado. Esa suposición tenía sentido en los años cincuenta. Pero tiene mucho menos sentido hoy.
La economía peruana es crecientemente intensiva en servicios y conocimiento. En ese tipo de economía, la experiencia no es un lastre: es una ventaja competitiva. La capacidad para leer contextos institucionales complejos, formar nuevas generaciones, anticipar consecuencias de segundo orden o sostener relaciones de largo plazo suele crecer —no disminuir— con los años.
Cuando un sistema pensionario mal diseñado expulsa a profesionales productivos del mercado laboral por razones puramente administrativas —la edad—, no está protegiendo el bienestar social. Está destruyendo valor. El Perú necesitará cada vez más ese capital humano acumulado por encima de los 60 años, y sigue sin construir las condiciones para aprovecharlo.
El nuevo contrato que el Perú no ha discutido
El verdadero desafío no es solo cómo sostener a una población adulta mayor más numerosa. Es cómo rediseñar el vínculo entre trabajo, edad y protección social para que deje de ser una trampa —en cualquiera de sus dos formas: la trampa de quien no puede parar, y la trampa de quien quiere seguir pero el sistema no lo permite.
Eso requiere al menos tres conversaciones que el país aún no está teniendo con la seriedad necesaria: la reforma de los mecanismos de acreditación y reinserción laboral para trabajadores mayores; la flexibilización de los sistemas de retiro para permitir combinaciones entre pensión parcial y trabajo activo; y el reconocimiento explícito, en las políticas de empleo, de que la experiencia es un factor productivo tan legítimo como la juventud.
Las cifras de la EPEN muestran que el cambio ya ocurrió. El trabajador peruano promedio es mayor, y seguirá siéndolo. La pregunta no es si el país envejecerá porque la realidad es que ya está envejeciendo. Lo que resta entonces es si decidiremos convertir ese proceso en un problema de sostenibilidad fiscal, o en una oportunidad de productividad que todavía no hemos aprendido a ver y valorar.
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