La tercera vuelta

Los resultados de la segunda vuelta presidencial aún deben ser confirmados por las autoridades electorales. Sin embargo, si la experiencia reciente sirve de referencia, es probable que los conteos rápidos vuelvan a demostrar el alto nivel de precisión que los ha caracterizado durante las últimas décadas.

En esta oportunidad, no fue una sola empresa la que presentó una proyección. Tanto Ipsos como Datum realizaron conteos rápidos independientes y, aunque con diferencias en la magnitud de la ventaja observada, ambas coincidieron en señalar una elección extraordinariamente ajustada y una ligera ventaja para Roberto Sánchez.

Naturalmente, ninguna proyección estadística reemplaza al resultado oficial. Pero la coincidencia entre ejercicios independientes sugiere que la principal incertidumbre ya no se encuentra en la estimación estadística del resultado, sino en la gestión institucional de las controversias que puedan surgir durante su validación oficial.

Paradójicamente, la discusión pública parece haberse desplazado del conteo de los votos hacia otro terreno. Ya no se debate únicamente quién obtuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos. La atención comienza a concentrarse en las instituciones que deberán resolver las controversias derivadas del proceso electoral. Es allí donde aparece lo que podríamos llamar la tercera vuelta.

La primera vuelta ocurrió en abril. La segunda vuelta se desarrolló en las urnas. La tercera vuelta se librará en expedientes, recursos, apelaciones, conferencias de prensa, entrevistas, redes sociales y titulares periodísticos. Su principal protagonista ya no será uno de los candidatos presidenciales, sino el Jurado Nacional de Elecciones.

La noche electoral ofreció una secuencia particularmente interesante de observar.

A las cinco de la tarde, Ipsos y Datum presentaron los resultados de su conteo rápido. Ipsos lo hizo por encargo de Transparencia y en colaboración con el National Democratic Institute (NDI). Poco después, Roberto Sánchez apareció en la Plaza San Martín en un acto espontáneo donde transmitió optimismo respecto a los resultados presentados, pero también llamó a sus simpatizantes a defender cada voto emitido.

Más tarde, Keiko Fujimori realizó su propia declaración pública. Recogió la caracterización de empate técnico presentada por las encuestadoras, y acto seguido convocó a sus personeros a defender cada voto y añadió un cuestionamiento a la capacidad de una muestra relativamente pequeña para representar el universo nacional de mesas electorales.

La convocatoria a los personeros no tiene nada de extraordinario. Forma parte del funcionamiento normal de cualquier democracia. Los personeros existen precisamente para vigilar el proceso electoral, registrar incidencias y defender los votos de sus organizaciones políticas. Sin embargo, el episodio revela algo más profundo.

La discusión pública se estaría desplazando desde el conteo de los votos hacia los mecanismos encargados de validarlos. La pregunta dejará de ser únicamente quién recibió más respaldo electoral y pasará a convertirse en una discusión sobre cómo se resolverán las controversias posteriores. De esta manera se habría inaugurado el inicio de la tercera vuelta.

En este punto, conviene recordar una cuestión fundamental. El Jurado Nacional de Elecciones no elige presidentes. La legislación peruana establece una regla sencilla para la segunda vuelta: gana quien obtiene más votos válidos. Incluso si la diferencia fuera de un solo voto. La función del JNE no consiste en escoger entre dos candidatos, sino en resolver las controversias que puedan surgir durante el escrutinio aplicando las normas electorales previamente establecidas.

La diferencia parece técnica, pero es fundamental. En una elección cerrada, el problema no es que aumente la importancia del JNE. El problema es que muchos ciudadanos comienzan a atribuirle un poder que en realidad no tiene. Cuando se instala la idea de que el árbitro decidirá quién será presidente, cada resolución deja de evaluarse por sus fundamentos jurídicos y comienza a interpretarse como una toma de posición política.

La experiencia reciente en la definición de quien quedó en segundo lugar en las elecciones de la primera vuelta demuestra lo delicado que puede resultar este proceso.

En las elecciones presidenciales de 2016 y 2021, y junto con la reciente experiencia de la primera vuelta de 2026, cada proceso extremadamente ajustado parece haber aumentado el nivel de exposición pública y cuestionamiento hacia las instituciones encargadas de administrar las elecciones.

No se trata de afirmar que toda crítica sea ilegítima. Las instituciones democráticas deben estar sujetas al escrutinio ciudadano. El problema aparece cuando el cuestionamiento deja de concentrarse en decisiones específicas y comienza a erosionar sistemáticamente la confianza en el árbitro mismo.

En ese momento, la discusión deja de ser electoral para convertirse en institucional.

La experiencia de la primera vuelta presidencial de este año constituye una advertencia importante. Las autoridades electorales fueron sometidas a una presión política, mediática y ciudadana pocas veces vista en las últimas décadas. Cada resolución fue examinada al detalle. Cada declaración pública fue interpretada políticamente. Cada demora fue presentada como evidencia de algo más profundo.

La segunda vuelta encuentra al Jurado Nacional de Elecciones plenamente consciente de ese escenario. Por ello, la tercera vuelta no será únicamente una batalla jurídica. Será también una batalla institucional.

El primer frente será legal. Los recursos, observaciones, apelaciones e impugnaciones deberán resolverse conforme a ley. El segundo frente será comunicacional. Cada declaración de las autoridades electorales será examinada bajo una lupa política. El tercer frente será mediático. Las decisiones del JNE no solo serán discutidas en expedientes. También serán debatidas diariamente en programas de televisión, redes sociales y espacios de opinión.

Pero existe un cuarto frente que probablemente sea el más importante de todos: la legitimidad institucional. En una sociedad polarizada, las instituciones corren el riesgo de ser evaluadas no por la calidad de sus decisiones, sino por las consecuencias políticas de estas. Una misma resolución puede ser presentada como una muestra de imparcialidad por unos y como evidencia de sesgo por otros. Esa es la verdadera prueba que enfrentará el Jurado Nacional de Elecciones durante las próximas semanas.

La historia peruana ofrece una advertencia que vale la pena recordar.

La crisis electoral de 1962 no solo estuvo marcada por una controversia sobre los resultados. También estuvo acompañada por un progresivo deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de administrarlos. El problema dejó de ser quién había obtenido más votos y pasó a ser quién tenía legitimidad para arbitrar el conflicto. El desenlace fue una ruptura institucional que interrumpió el proceso democrático.

Más de seis décadas después, el Perú enfrenta circunstancias completamente distintas, pero una preocupación que resulta familiar. Cuando la discusión pública deja de concentrarse en los votos y comienza a concentrarse en la legitimidad de los árbitros, la democracia entra en una zona de riesgo.

La década 2016-2026 también puede leerse como una década de creciente fragilidad institucional. Elecciones extremadamente ajustadas, conflictos permanentes entre poderes del Estado, vacancias presidenciales, un cierre del Congreso, cambios sucesivos de gobierno y una polarización cada vez más intensa han erosionado la confianza pública en las instituciones democráticas.

No se trata de atribuir responsabilidades exclusivas a una persona o a una organización política. Se trata de reconocer que la desconfianza institucional se ha convertido en uno de los principales desafíos de la democracia peruana.

Las crisis de confianza rara vez terminan cuando concluye una elección.

Por ello, el principal desafío del Jurado Nacional de Elecciones no será únicamente resolver correctamente los recursos que lleguen a sus manos. Será preservar la confianza pública mientras los resuelve.

La tercera vuelta no consiste en determinar quién obtuvo más votos. Esa respuesta ya fue dada por millones de ciudadanos en las urnas. La tercera vuelta consiste en lograr que las controversias electorales continúen resolviéndose dentro de las instituciones democráticas y no fuera de ellas.

Las democracias no fracasan porque existan desacuerdos. Los desacuerdos son parte natural de la política. Las democracias fracasan cuando los desacuerdos dejan de resolverse mediante reglas compartidas.

Durante las próximas semanas, el Perú pondrá a prueba no solamente la fortaleza de sus organismos electorales, sino también su capacidad para convivir en medio de profundas diferencias políticas.

La democracia peruana no se fortalecerá porque gane uno u otro candidato. Se fortalecerá si quienes pierdan reconocen la legitimidad de las reglas y si quienes ganen entienden que las instituciones electorales no existen para favorecer a ningún sector político, sino para garantizar que prevalezca la voluntad popular.

La tercera vuelta que hoy comienza será una prueba para el Jurado Nacional de Elecciones. Pero también será una prueba para todos nosotros. Porque después de las elecciones seguiremos compartiendo el mismo país, y ninguna democracia puede prosperar cuando la desconfianza hacia sus instituciones termina siendo más fuerte que la voluntad de convivir bajo reglas comunes.