La tercera vuelta

Los resultados de la segunda vuelta presidencial aún deben ser confirmados por las autoridades electorales. Sin embargo, si la experiencia reciente sirve de referencia, es probable que los conteos rápidos vuelvan a demostrar el alto nivel de precisión que los ha caracterizado durante las últimas décadas.

En esta oportunidad, no fue una sola empresa la que presentó una proyección. Tanto Ipsos como Datum realizaron conteos rápidos independientes y, aunque con diferencias en la magnitud de la ventaja observada, ambas coincidieron en señalar una elección extraordinariamente ajustada y una ligera ventaja para Roberto Sánchez.

Naturalmente, ninguna proyección estadística reemplaza al resultado oficial. Pero la coincidencia entre ejercicios independientes sugiere que la principal incertidumbre ya no se encuentra en la estimación estadística del resultado, sino en la gestión institucional de las controversias que puedan surgir durante su validación oficial.

Paradójicamente, la discusión pública parece haberse desplazado del conteo de los votos hacia otro terreno. Ya no se debate únicamente quién obtuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos. La atención comienza a concentrarse en las instituciones que deberán resolver las controversias derivadas del proceso electoral. Es allí donde aparece lo que podríamos llamar la tercera vuelta.

La primera vuelta ocurrió en abril. La segunda vuelta se desarrolló en las urnas. La tercera vuelta se librará en expedientes, recursos, apelaciones, conferencias de prensa, entrevistas, redes sociales y titulares periodísticos. Su principal protagonista ya no será uno de los candidatos presidenciales, sino el Jurado Nacional de Elecciones.

La noche electoral ofreció una secuencia particularmente interesante de observar.

A las cinco de la tarde, Ipsos y Datum presentaron los resultados de su conteo rápido. Ipsos lo hizo por encargo de Transparencia y en colaboración con el National Democratic Institute (NDI). Poco después, Roberto Sánchez apareció en la Plaza San Martín en un acto espontáneo donde transmitió optimismo respecto a los resultados presentados, pero también llamó a sus simpatizantes a defender cada voto emitido.

Más tarde, Keiko Fujimori realizó su propia declaración pública. Recogió la caracterización de empate técnico presentada por las encuestadoras, y acto seguido convocó a sus personeros a defender cada voto y añadió un cuestionamiento a la capacidad de una muestra relativamente pequeña para representar el universo nacional de mesas electorales.

La convocatoria a los personeros no tiene nada de extraordinario. Forma parte del funcionamiento normal de cualquier democracia. Los personeros existen precisamente para vigilar el proceso electoral, registrar incidencias y defender los votos de sus organizaciones políticas. Sin embargo, el episodio revela algo más profundo.

La discusión pública se estaría desplazando desde el conteo de los votos hacia los mecanismos encargados de validarlos. La pregunta dejará de ser únicamente quién recibió más respaldo electoral y pasará a convertirse en una discusión sobre cómo se resolverán las controversias posteriores. De esta manera se habría inaugurado el inicio de la tercera vuelta.

En este punto, conviene recordar una cuestión fundamental. El Jurado Nacional de Elecciones no elige presidentes. La legislación peruana establece una regla sencilla para la segunda vuelta: gana quien obtiene más votos válidos. Incluso si la diferencia fuera de un solo voto. La función del JNE no consiste en escoger entre dos candidatos, sino en resolver las controversias que puedan surgir durante el escrutinio aplicando las normas electorales previamente establecidas.

La diferencia parece técnica, pero es fundamental. En una elección cerrada, el problema no es que aumente la importancia del JNE. El problema es que muchos ciudadanos comienzan a atribuirle un poder que en realidad no tiene. Cuando se instala la idea de que el árbitro decidirá quién será presidente, cada resolución deja de evaluarse por sus fundamentos jurídicos y comienza a interpretarse como una toma de posición política.

La experiencia reciente en la definición de quien quedó en segundo lugar en las elecciones de la primera vuelta demuestra lo delicado que puede resultar este proceso.

En las elecciones presidenciales de 2016 y 2021, y junto con la reciente experiencia de la primera vuelta de 2026, cada proceso extremadamente ajustado parece haber aumentado el nivel de exposición pública y cuestionamiento hacia las instituciones encargadas de administrar las elecciones.

No se trata de afirmar que toda crítica sea ilegítima. Las instituciones democráticas deben estar sujetas al escrutinio ciudadano. El problema aparece cuando el cuestionamiento deja de concentrarse en decisiones específicas y comienza a erosionar sistemáticamente la confianza en el árbitro mismo.

En ese momento, la discusión deja de ser electoral para convertirse en institucional.

La experiencia de la primera vuelta presidencial de este año constituye una advertencia importante. Las autoridades electorales fueron sometidas a una presión política, mediática y ciudadana pocas veces vista en las últimas décadas. Cada resolución fue examinada al detalle. Cada declaración pública fue interpretada políticamente. Cada demora fue presentada como evidencia de algo más profundo.

La segunda vuelta encuentra al Jurado Nacional de Elecciones plenamente consciente de ese escenario. Por ello, la tercera vuelta no será únicamente una batalla jurídica. Será también una batalla institucional.

El primer frente será legal. Los recursos, observaciones, apelaciones e impugnaciones deberán resolverse conforme a ley. El segundo frente será comunicacional. Cada declaración de las autoridades electorales será examinada bajo una lupa política. El tercer frente será mediático. Las decisiones del JNE no solo serán discutidas en expedientes. También serán debatidas diariamente en programas de televisión, redes sociales y espacios de opinión.

Pero existe un cuarto frente que probablemente sea el más importante de todos: la legitimidad institucional. En una sociedad polarizada, las instituciones corren el riesgo de ser evaluadas no por la calidad de sus decisiones, sino por las consecuencias políticas de estas. Una misma resolución puede ser presentada como una muestra de imparcialidad por unos y como evidencia de sesgo por otros. Esa es la verdadera prueba que enfrentará el Jurado Nacional de Elecciones durante las próximas semanas.

La historia peruana ofrece una advertencia que vale la pena recordar.

La crisis electoral de 1962 no solo estuvo marcada por una controversia sobre los resultados. También estuvo acompañada por un progresivo deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de administrarlos. El problema dejó de ser quién había obtenido más votos y pasó a ser quién tenía legitimidad para arbitrar el conflicto. El desenlace fue una ruptura institucional que interrumpió el proceso democrático.

Más de seis décadas después, el Perú enfrenta circunstancias completamente distintas, pero una preocupación que resulta familiar. Cuando la discusión pública deja de concentrarse en los votos y comienza a concentrarse en la legitimidad de los árbitros, la democracia entra en una zona de riesgo.

La década 2016-2026 también puede leerse como una década de creciente fragilidad institucional. Elecciones extremadamente ajustadas, conflictos permanentes entre poderes del Estado, vacancias presidenciales, un cierre del Congreso, cambios sucesivos de gobierno y una polarización cada vez más intensa han erosionado la confianza pública en las instituciones democráticas.

No se trata de atribuir responsabilidades exclusivas a una persona o a una organización política. Se trata de reconocer que la desconfianza institucional se ha convertido en uno de los principales desafíos de la democracia peruana.

Las crisis de confianza rara vez terminan cuando concluye una elección.

Por ello, el principal desafío del Jurado Nacional de Elecciones no será únicamente resolver correctamente los recursos que lleguen a sus manos. Será preservar la confianza pública mientras los resuelve.

La tercera vuelta no consiste en determinar quién obtuvo más votos. Esa respuesta ya fue dada por millones de ciudadanos en las urnas. La tercera vuelta consiste en lograr que las controversias electorales continúen resolviéndose dentro de las instituciones democráticas y no fuera de ellas.

Las democracias no fracasan porque existan desacuerdos. Los desacuerdos son parte natural de la política. Las democracias fracasan cuando los desacuerdos dejan de resolverse mediante reglas compartidas.

Durante las próximas semanas, el Perú pondrá a prueba no solamente la fortaleza de sus organismos electorales, sino también su capacidad para convivir en medio de profundas diferencias políticas.

La democracia peruana no se fortalecerá porque gane uno u otro candidato. Se fortalecerá si quienes pierdan reconocen la legitimidad de las reglas y si quienes ganen entienden que las instituciones electorales no existen para favorecer a ningún sector político, sino para garantizar que prevalezca la voluntad popular.

La tercera vuelta que hoy comienza será una prueba para el Jurado Nacional de Elecciones. Pero también será una prueba para todos nosotros. Porque después de las elecciones seguiremos compartiendo el mismo país, y ninguna democracia puede prosperar cuando la desconfianza hacia sus instituciones termina siendo más fuerte que la voluntad de convivir bajo reglas comunes.

El manual del mal perdedor y el bullying al sistema electoral

Hay una figura que la ciencia política conoce bien pero que rara vez nombra con claridad: el mal perdedor institucionalizado. No es simplemente alguien que no acepta una derrota. Es alguien que convierte esa derrota en un instrumento de presión sobre el sistema, con la habilidad suficiente para incorporar actores de peso en su narrativa hasta hacer que el costo de ignorarlo sea mayor que el costo de ceder. En el Perú post primera vuelta del 12 de abril de 2026, Rafael López Aliaga está ejecutando ese manual con una precisión que merece ser analizada sin eufemismos.

El precedente cercano y sus diferencias

El referente más inmediato que viene a la mente es Keiko Fujimori tras la primera vuelta de 2016. Keiko no aceptó su derrota frente a PPK e hizo de la obstrucción parlamentaria su política de gobierno en la oposición. Pero había una diferencia crucial: Keiko tenía mayoría congresal absoluta. Su capacidad de daño era real, institucional, cotidiana. Podía hacer imposible la gobernabilidad desde adentro del sistema, y así lo hizo en líneas generales.

RLA no llega a ese nivel, pero tampoco carece de poder institucional. Tiene bancada en el Congreso actual y ha ganado hasta donde ha llegado el conteo oficial, 8 escaños en el Senado y 16 en la Cámara de Diputados que se inauguran con la nueva legislatura. Su brazo más visible en esta crisis ha sido la congresista Norma Yarrow, quien en ejercicio de sus funciones de fiscalización realizó una visita inopinada a las oficinas centrales de la ONPE, donde denunció públicamente "caos" en los equipos, ausencia de personeros e irregularidades en el proceso, pidiendo intervención inmediata de la Fiscalía. Una acción que, independientemente de su sustento, cumplió una función política precisa: instalar visualmente la sospecha dentro del propio organismo electoral. Yarrow, además, ha resultado elegida como diputada por Lima Metropolitana, lo que le garantiza continuidad institucional en la nueva legislatura. RLA no opera solo desde la tribuna pública: opera también desde el interior del sistema que cuestiona.

El paralelo que realmente importa: 1962-1963

Para encontrar el precedente más cercano hay que retroceder más de seis décadas. En 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre obtuvo la primera votación pero no alcanzó el tercio constitucional requerido. La narrativa de fraude que siguió, amplificada por actores militares y civiles, derivó en el golpe de julio de ese año y en la convocatoria a nuevas elecciones en 1963. El Jurado Nacional de Elecciones fue intervenido ante la incapacidad de resistir la presión acumulada de los diversos actores frente a la multitud de evidencias de fraude que cargaron sobre esta institución.

La diferencia estructural con el día de hoy es significativa: en 1962 era el candidato que quedó en segundo lugar, argumentando fraude sobre el sistema. Hoy es el tercero argumentando fraude sobre el segundo. Eso debería reducir la legitimidad del reclamo. Pero hay algo que lo compensa: la estrechez del margen entre segundo y tercero, que hace técnicamente razonable sostener que el resultado pudo ser otro. Una idea que se ha instalado con facilidad en la sociedad luego que las dos principales encuestadoras publicaran resultados de su conteo rápido mostrando posiciones notoriamente distintas entre RLA y Sánchez.

Y hay algo más que diferencia este momento del de 1962: las Fuerzas Armadas de hoy difícilmente ejecutarían un golpe clásico. Los costos institucionales, internacionales y legales son enormes comparados con los de hace seis décadas. Pero eso no elimina el riesgo; lo desplaza. Si el objetivo ya no puede ser un golpe de Estado, el objetivo se convierte en un bullying al sistema electoral: anular los resultados, convocar elecciones complementarias, suspender el cronograma. Eso es exactamente lo que RLA ha pedido en distintas formulaciones desde el 12 de abril, cambiando el ropaje del pedido cada vez que el anterior era rechazado.

La trampa de cada respuesta institucional

Aquí reside el nudo más delicado del escenario actual. Cada decisión que el sistema electoral toma en este contexto de presión enfrenta una trampa estructural: si cede, valida la narrativa de fraude; si no cede, es acusado de encubrimiento. No hay respuesta técnicamente correcta que sea políticamente suficiente para un actor cuyo objetivo no es la verdad sino la presión.

Lo que sí puede evaluarse es si las respuestas institucionales han sido las más adecuadas para aislar esa trampa. Desde una perspectiva sistémica, tres momentos merecen atención. 

Primero, la denuncia penal de la procuraduría del JNE contra el jefe de la ONPE al inicio de las impugnaciones: lo que pudo haberse leído como proactividad institucional terminó siendo interpretado — incluso por actores que no simpatizan con RLA — como una señal de que algo efectivamente había fallado dentro del propio sistema. Cuando la procuraduría del JNE denunció al jefe de la ONPE, no estaba fiscalizando hacia abajo, estaba fragmentando al sistema electoral hacia afuera. Y cuando el sistema se denuncia a sí mismo, el efecto sobre la confianza pública es devastador, independientemente de la legalidad del acto.

Segundo, el rechazo a las elecciones complementarias: la decisión del órgano colegiado fue jurídicamente sustentable, pero la comunicación pública quedó atrapada en el lenguaje del cronograma y la viabilidad técnica, sin ofrecer a la ciudadanía un argumento de fondo sobre por qué la solicitud era no solo inviable sino conceptualmente errada. La diferencia entre "no podemos hacerlo" y "esto no procede porque el fraude alegado no tiene sustento y hacerlo sería abrir una puerta que destruiría cualquier sistema electoral futuro" es enorme. Solo se escuchó lo primero.

Tercero, la auditoría técnica del desarrollo electoral anunciada el último sábado: sin fecha de inicio, sin efectos suspensivos sobre el cronograma y sin condicionamiento alguno sobre la segunda vuelta, el anuncio fue interpretado por RLA exactamente como era de esperarse. Lo usó para volver al punto de origen: si el JNE mismo siente la necesidad de auditar, es porque en realidad hubo fraude. Una respuesta institucional que le da argumentos al impugnador es una respuesta que no cumplió su función.

Fortalecer la posición del sistema electoral de aquí al domingo 7 de junio requiere algo que no ha ocurrido todavía: una comunicación institucional que no solo defienda decisiones sino que explique con claridad, en lenguaje ciudadano, cuál es el argumento de fondo que sustenta la integridad del proceso. No para convencer a RLA — eso ya es imposible — sino para aislar su narrativa del resto de actores que todavía pueden ser persuadidos.

El actor que no habla: Keiko en campaña

Hay un silencio que en política raramente es inocente. Mientras RLA escala y sostiene incansablemente su impugnación, Keiko Fujimori está en campaña. Publica en sus redes sociales las visitas a las madres de comedores populares, sus reuniones de escucha activa a jóvenes que votaron por primera vez y que no lo hicieron por ella, su acercamiento a los barrios populares en los conos de Lima, su reunión multicolor con una comunidad rural en algún lugar de Ayacucho. Es la imagen de una sólida candidata presidencial en movimiento. No ha tomado posición pública sobre el conflicto entre RLA y el sistema electoral. Ese silencio es llamativo.

Vale la pena hacerse la pregunta que la coyuntura sugiere: ¿Habría llegado esta crisis a este punto si RLA hubiera quedado claramente en segundo lugar y Sánchez en tercero o quinto lugar? La respuesta probable es no. El verdadero detonante no es solo el ego de un perdedor: es que el segundo lugar lo ocupa Roberto Sánchez, y eso genera en amplios sectores — empresarial, militar, mediático y probablemente fujimorista — un nivel de incomodidad que convierte el cuestionamiento electoral en algo más que una rabieta política.

¿Están coordinados Keiko y RLA? No hay evidencia de acuerdo explícito. Pero no es necesario que exista uno para que sus incentivos sean convergentes (ver nota técnica con un enfoque desde la teoría de juegos). Hay además un precedente histórico que vale recordar: en 1985, Alfonso Barrantes, candidato de Izquierda Unida que había pasado a la segunda vuelta, renunció a disputarla y dejó el camino libre a Alan García para que asuma su primera presidencia. Barrantes anunció su decisión bajo el argumento de evitar costos elevados al erario público, además que la ventaja electoral era de lejos bastante amplia. Si RLA llegara a una situación análoga — habiendo agotado la vía impugnatoria sin éxito — la renuncia al balotaje no sería una derrota: sería una jugada. Ya tiene garantizado su escaño en el Senado. No necesita la presidencia para seguir siendo un actor de peso.

La estructura de incentivos lo explica todo

Hay una última clave que ningún actor en este escenario ha dicho en voz alta. Nadie está pidiendo auditar los resultados del Congreso ni del Senado. Solo los resultados presidenciales. Renovación Popular no ha cuestionado los escaños logrados a nivel legislativo. Fuerza Popular tampoco. Las impugnaciones se concentran exclusivamente en la franja que determina quién acompaña a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Esa selectividad no es un detalle procesal: es la confesión implícita de cuál es el verdadero objetivo.

Roberto Sánchez es hoy congresista, pero con un mandato en extinción. Postuló al número uno de la lista de diputados de Juntos por el Perú por Lima, su partido no superó la valla electoral, y con eso se cierra su proyección institucional. No habrá curul en Diputados, no habrá segunda vuelta, no habrá Palacio. Lo que le queda es un poder residual que se agota en julio. Desde ese lugar es muy difícil armar cualquier resistencia sólida.

Keiko, en cambio, ya tiene 22 escaños en el Senado, una bancada importante en Diputados, el porcentaje más alto de votos válidos en primera vuelta, y una segunda vuelta que se perfila sin el único rival que realmente le preocupaba. Si Sánchez queda fuera de la segunda vuelta, ella no solo gana la presidencia con alta probabilidad: gana en condiciones de gobernabilidad. No tendría que verse forzada a vacar a nadie, no tendría que negociar desde la debilidad, no tendría que repetir el desgaste de los años 2016 a 2021. Eso es lo que está en juego. Y eso explicaría por qué este escándalo, que se presenta como una defensa de la democracia, es en realidad una operación de exclusión con ropaje de crisis electoral.

Coda: lo que la historia ya nos enseñó

La historia no se repite. Pero a veces ensaya los mismos movimientos con actores distintos. Vale recordar cómo terminó el ciclo que se abrió en 1962: la presión sobre el sistema electoral produjo un golpe, luego unas elecciones en 1963 en las que Belaúnde llegó al poder luego que se impusiera la narrativa de un fraude, y aun así su gobierno terminó abruptamente en 1968 derrocado por Juan Velasco Alvarado. La intervención sobre el sistema electoral no generó estabilidad: generó una cadena de inestabilidad que costó doce años de gobierno militar. Nadie en sus cabales debería querer repetir ese ciclo. La pregunta relevante hoy no es si RLA tiene razón, sino si las instituciones tienen la fortaleza suficiente para que esa puerta no se vuelva a abrir, y si quienes hoy la empujan han calculado bien lo que puede entrar por ella.