El Congreso que sobrevivió a sus creadores

"Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores. Muy triste". Con esas palabras, la presidenta electa Keiko Fujimori describió el país que recibirá el próximo 28 de julio.

El diagnóstico no carece de fundamento. Después de varios años de deterioro fiscal, crecimiento del gasto permanente y debilitamiento de las reglas presupuestarias, el margen de maniobra del próximo gobierno será mucho menor que el que tuvieron administraciones anteriores. Sin embargo, existe una paradoja que apenas empieza a discutirse: parte de la arquitectura institucional que hoy dificulta gobernar fue consolidada durante los años en que el Congreso se convirtió en el principal contrapeso del Ejecutivo al punto de subordinarlo.

Los griegos conocían bien esta clase de tragedias. Contaban la historia de Erisictón, un rey que decidió talar el bosque sagrado de Deméter para construir un gran salón de banquetes. La diosa no lo castigó con un rayo ni con una muerte inmediata. Lo condenó a un hambre imposible de saciar. Cuanto más comía, más hambre tenía, hasta terminar devorándose a sí mismo. El castigo no fue el árbol que cayó, sino la fuerza que él mismo había liberado.

Algo parecido puede ocurrir en la política. Durante casi una década, el Congreso fue acumulando poder frente al Ejecutivo. Vacancias, censuras, interpelaciones, leyes con creciente impacto fiscal y un protagonismo legislativo cada vez mayor alteraron el equilibrio institucional. Ese proceso no tuvo un único responsable. Participaron distintas bancadas, sucesivos gobiernos y decisiones del propio Tribunal Constitucional. El fujimorismo fue, sin duda, uno de los protagonistas más importantes de esa transformación, pero no el único.

En paralelo, también se fue talando otro bosque: el de la disciplina fiscal. La flexibilización de las reglas de gasto, la aprobación de normas con elevado impacto presupuestario y la erosión progresiva de los límites fiscales redujeron la capacidad de respuesta del Estado. El Consejo Fiscal advirtió reiteradamente estos riesgos. Pero, como la ninfa del mito que intenta impedir que el árbol sea derribado, podía advertir; no podía detener el hacha.

Ahora aparece Deméter. En el mito representa la fertilidad y la cosecha. En términos contemporáneos, representa algo mucho más prosaico: la realidad fiscal. Los mercados no negocian con discursos; las cuentas públicas tampoco. Cuando el déficit aumenta, la deuda crece y el gasto permanente desplaza la inversión pública, la restricción termina imponiéndose. No es un castigo moral. Es una consecuencia.

La paradoja para el nuevo gobierno es evidente. Si desea recuperar capacidad de gestión, necesitará disciplina fiscal, reconstruir márgenes presupuestarios y adoptar decisiones inevitablemente impopulares. Pero deberá hacerlo con una legitimidad electoral estrecha y frente a un Congreso que durante años aprendió a ejercer poder con creciente independencia del Ejecutivo. Incluso si recientes decisiones del Tribunal Constitucional restituyen atribuciones al Gobierno en materia presupuestaria, la dinámica política construida durante los últimos años no desaparecerá por una sentencia.

Lo verdaderamente interesante es que muchas de las bancadas que participaron en ese proceso ya no estarán presentes en el nuevo Congreso bicameral. Desaparecieron, se fragmentaron o fueron reemplazadas por otras fuerzas políticas como resultado del voto ciudadano. Sin embargo, la institución permanece.

Quienes han trabajado en el Congreso conocen bien un fenómeno curioso. Los nuevos parlamentarios absorben con rapidez una cultura institucional que se transmite casi como una tradición oral. Una de sus expresiones más repetidas sostiene que el Congreso es "el primer poder del Estado", aunque la Constitución nunca le atribuya formalmente esa condición. Más allá de la exactitud jurídica de la frase, esa convicción termina moldeando la forma en que muchos legisladores entienden y ejercen sus atribuciones. Las personas cambian; las instituciones también aprenden. Acumulan atribuciones, generan incentivos y terminan transmitiendo una cultura propia a quienes llegan a ocuparlas.

Esa es quizá la mayor ironía de este momento político. El Congreso que asumirá funciones no será el mismo en sus integrantes, pero sí heredará buena parte de las atribuciones, prácticas e incentivos acumulados durante los últimos años. Ningún Parlamento suele renunciar voluntariamente a las cuotas de poder que ha conquistado. Entre los pocos protagonistas de ese proceso que permanecerán en la escena política estará precisamente Fuerza Popular, aunque esta vez desde el Ejecutivo. La fuerza política que durante años encontró en un Congreso fortalecido una herramienta eficaz para controlar gobiernos adversarios podría descubrir ahora que esa misma institución constituye el principal límite para gobernar.

Existe, por supuesto, otra lectura posible. Algunos sostendrán que el verdadero bosque sagrado no era la disciplina fiscal, sino los derechos sociales, y que el problema no es el crecimiento del gasto sino la persistencia de profundas brechas sociales. Es un debate legítimo. Pero incluso desde esa perspectiva permanece una verdad difícil de eludir: ningún Estado puede responder eficazmente a una crisis cuando ha reducido su capacidad financiera para hacerlo.

La historia de Erisictón no es una profecía. Es una advertencia. Todavía es posible reconstruir consensos, restaurar la disciplina fiscal y redefinir el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero las tragedias griegas enseñan que los mayores peligros rara vez provienen del adversario. Con frecuencia nacen de las propias decisiones y de las instituciones que esas decisiones terminan moldeando.

Quizá esa sea la verdadera prueba del próximo gobierno. No administrar únicamente el Estado que recibe, sino gobernar una arquitectura institucional que, junto con muchos otros actores, contribuyó a construir. Porque las instituciones tienen memoria. Sobreviven a sus creadores, adquieren vida propia y, en ocasiones, terminan imponiéndose incluso sobre quienes contribuyeron a crearlas.

El gobierno antes del gobierno

Entre la proclamación de resultados y la juramentación del 28 de julio existe, en toda democracia presidencial, una zona gris: el presidente electo no es todavía presidente, pero ya no es solamente candidato. Lo que distingue a las transiciones es cómo se administra esa zona gris. Y lo que estamos viendo en el Perú de estas semanas es algo más que una transición ordenada: es un gobierno operando antes de existir jurídicamente.

Los indicios son públicos, aunque dispersos. Keiko Fujimori se presenta ante el país bajo el título de presidenta electa —cuentas oficiales, conferencias de prensa, agenda protocolar— cuando la investidura congresal aún no ocurre. Acudió al Banco Central de Reserva y, según ha trascendido del propio Julio Velarde, le solicitó permanecer al frente del ente emisor por cinco años más, pedido que él habría aceptado. El mensaje a los agentes económicos es transparente: continuidad, estabilidad, previsibilidad. Pero conviene detenerse en la forma antes que en el fondo: la designación del presidente del BCRP corresponde al Poder Ejecutivo en funciones y su ratificación al Congreso. Una presidenta que aún no jura no designa; anuncia. Y sin embargo el anuncio produce efectos reales en los mercados y en las expectativas. Es gobierno de facto en su expresión más pura: actos sin forma jurídica que generan consecuencias como si la tuvieran.

A este cuadro se suma una pieza de otra naturaleza, resuelta días atrás por el Tribunal Constitucional. En la sentencia del caso Belén (Expediente 00018-2023-PI/TC), el TC estableció como criterio vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en la iniciativa de gasto: los congresistas ya no tienen iniciativa para incrementar gastos que incidan en el presupuesto anual ni que impacten hacia el futuro, y todo proyecto con efecto fiscal deberá coordinarse con el Ejecutivo y contar con informe de sostenibilidad del MEF. Más allá del mérito técnico de la doctrina —que lo tiene, y sobre el cual volveré en otra entrega—, el dato político es el momento: la principal herramienta de poder fiscal que el Congreso acumuló en el último quinquenio le fue retirada dos semanas antes de que asuma un nuevo Ejecutivo. Quien reciba la banda el 28 de julio gobernará con una chequera que sus predecesores no tuvieron. Ni podrían haber aspirado si los resultados de la segunda vuelta hubieran sido distintos.

El patrón que emerge, entonces, no es el de una presidenta electa esperando su turno, sino el de un despeje sistemático de la pista: certidumbre monetaria asegurada por adelantado, iniciativa fiscal recuperada por vía jurisprudencial, y un Congreso saliente que aprueba en sus últimos días normas cuyo beneficiario natural es el gobierno entrante. Entre estas últimas, una merece especial atención: la que traslada al fuero militar policial el juzgamiento de los excesos cometidos por policías y militares en el control del orden interno, sustrayéndolos del fuero civil donde la Corte Interamericana ha establecido reiteradamente que corresponde juzgar violaciones de derechos humanos. No hace falta atribuir intenciones para señalar el efecto objetivo de la norma: reduce el costo esperado del uso de la fuerza en escenarios de protesta social. Un gobierno que llega con casi la mitad del electorado en contra debería querer más contrapesos sobre el uso de la fuerza, no menos.

Y ahí está mi escepticismo de fondo. Toda esta ingeniería preinaugural parece diseñada bajo una premisa: que es posible asegurarse cien primeros días sin fricción. La historia política peruana —y la naturaleza misma del poder— sugiere lo contrario. El poder genera oposición por el solo hecho de ejercerse; la mitad del país que no votó por este proyecto no va a desaparecer porque el BCRP tenga titular confirmado ni porque el Congreso haya perdido la iniciativa de gasto. La fricción no se elimina; se posterga, y la fricción postergada suele regresar con intereses. Un gobierno que blinda su arranque removiendo contrapesos no reduce el riesgo de crisis: reduce los amortiguadores disponibles cuando la crisis llegue.

Quedan preguntas abiertas que este espacio seguirá con atención. ¿Internalizará el nuevo Reglamento del Congreso bicameral la doctrina del TC, o la resistirá? ¿Qué contendrá el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo debe enviar antes del 30 de agosto, elaborado en su mayor parte por un gobierno que ya no estará para debatirlo? ¿Y en qué moneda cobrará un Congreso al que se le retiró el poder de gasto pero conserva los nombramientos y el control político? Las respuestas dirán si estamos ante la normalización institucional que los mercados celebran o ante algo distinto: la reasignación del poder acumulado en estos años hacia su nuevo administrador.

Hay, además, un actor que no firma pactos ni respeta pistas despejadas. El ENFEN proyecta ya un evento El Niño con probabilidad de magnitud fuerte hacia fines de este año, justo sobre el calendario del debate presupuestal y de los primeros cien días. Puede que sea el clima —y no la política— el que vacíe la expectativa de gobernar como en una luna de miel sin tropiezos: los matrimonios, hasta los mejor arreglados, se prueban recién cuando llega la primera tormenta.

Por ahora, lo único verificable es que el gobierno empezó antes del gobierno. Y que en el Perú, la informalidad —hasta la del poder— siempre encuentra quien le preste formalidad después.

La tercera vuelta

Los resultados de la segunda vuelta presidencial aún deben ser confirmados por las autoridades electorales. Sin embargo, si la experiencia reciente sirve de referencia, es probable que los conteos rápidos vuelvan a demostrar el alto nivel de precisión que los ha caracterizado durante las últimas décadas.

En esta oportunidad, no fue una sola empresa la que presentó una proyección. Tanto Ipsos como Datum realizaron conteos rápidos independientes y, aunque con diferencias en la magnitud de la ventaja observada, ambas coincidieron en señalar una elección extraordinariamente ajustada y una ligera ventaja para Roberto Sánchez.

Naturalmente, ninguna proyección estadística reemplaza al resultado oficial. Pero la coincidencia entre ejercicios independientes sugiere que la principal incertidumbre ya no se encuentra en la estimación estadística del resultado, sino en la gestión institucional de las controversias que puedan surgir durante su validación oficial.

Paradójicamente, la discusión pública parece haberse desplazado del conteo de los votos hacia otro terreno. Ya no se debate únicamente quién obtuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos. La atención comienza a concentrarse en las instituciones que deberán resolver las controversias derivadas del proceso electoral. Es allí donde aparece lo que podríamos llamar la tercera vuelta.

La primera vuelta ocurrió en abril. La segunda vuelta se desarrolló en las urnas. La tercera vuelta se librará en expedientes, recursos, apelaciones, conferencias de prensa, entrevistas, redes sociales y titulares periodísticos. Su principal protagonista ya no será uno de los candidatos presidenciales, sino el Jurado Nacional de Elecciones.

La noche electoral ofreció una secuencia particularmente interesante de observar.

A las cinco de la tarde, Ipsos y Datum presentaron los resultados de su conteo rápido. Ipsos lo hizo por encargo de Transparencia y en colaboración con el National Democratic Institute (NDI). Poco después, Roberto Sánchez apareció en la Plaza San Martín en un acto espontáneo donde transmitió optimismo respecto a los resultados presentados, pero también llamó a sus simpatizantes a defender cada voto emitido.

Más tarde, Keiko Fujimori realizó su propia declaración pública. Recogió la caracterización de empate técnico presentada por las encuestadoras, y acto seguido convocó a sus personeros a defender cada voto y añadió un cuestionamiento a la capacidad de una muestra relativamente pequeña para representar el universo nacional de mesas electorales.

La convocatoria a los personeros no tiene nada de extraordinario. Forma parte del funcionamiento normal de cualquier democracia. Los personeros existen precisamente para vigilar el proceso electoral, registrar incidencias y defender los votos de sus organizaciones políticas. Sin embargo, el episodio revela algo más profundo.

La discusión pública se estaría desplazando desde el conteo de los votos hacia los mecanismos encargados de validarlos. La pregunta dejará de ser únicamente quién recibió más respaldo electoral y pasará a convertirse en una discusión sobre cómo se resolverán las controversias posteriores. De esta manera se habría inaugurado el inicio de la tercera vuelta.

En este punto, conviene recordar una cuestión fundamental. El Jurado Nacional de Elecciones no elige presidentes. La legislación peruana establece una regla sencilla para la segunda vuelta: gana quien obtiene más votos válidos. Incluso si la diferencia fuera de un solo voto. La función del JNE no consiste en escoger entre dos candidatos, sino en resolver las controversias que puedan surgir durante el escrutinio aplicando las normas electorales previamente establecidas.

La diferencia parece técnica, pero es fundamental. En una elección cerrada, el problema no es que aumente la importancia del JNE. El problema es que muchos ciudadanos comienzan a atribuirle un poder que en realidad no tiene. Cuando se instala la idea de que el árbitro decidirá quién será presidente, cada resolución deja de evaluarse por sus fundamentos jurídicos y comienza a interpretarse como una toma de posición política.

La experiencia reciente en la definición de quien quedó en segundo lugar en las elecciones de la primera vuelta demuestra lo delicado que puede resultar este proceso.

En las elecciones presidenciales de 2016 y 2021, y junto con la reciente experiencia de la primera vuelta de 2026, cada proceso extremadamente ajustado parece haber aumentado el nivel de exposición pública y cuestionamiento hacia las instituciones encargadas de administrar las elecciones.

No se trata de afirmar que toda crítica sea ilegítima. Las instituciones democráticas deben estar sujetas al escrutinio ciudadano. El problema aparece cuando el cuestionamiento deja de concentrarse en decisiones específicas y comienza a erosionar sistemáticamente la confianza en el árbitro mismo.

En ese momento, la discusión deja de ser electoral para convertirse en institucional.

La experiencia de la primera vuelta presidencial de este año constituye una advertencia importante. Las autoridades electorales fueron sometidas a una presión política, mediática y ciudadana pocas veces vista en las últimas décadas. Cada resolución fue examinada al detalle. Cada declaración pública fue interpretada políticamente. Cada demora fue presentada como evidencia de algo más profundo.

La segunda vuelta encuentra al Jurado Nacional de Elecciones plenamente consciente de ese escenario. Por ello, la tercera vuelta no será únicamente una batalla jurídica. Será también una batalla institucional.

El primer frente será legal. Los recursos, observaciones, apelaciones e impugnaciones deberán resolverse conforme a ley. El segundo frente será comunicacional. Cada declaración de las autoridades electorales será examinada bajo una lupa política. El tercer frente será mediático. Las decisiones del JNE no solo serán discutidas en expedientes. También serán debatidas diariamente en programas de televisión, redes sociales y espacios de opinión.

Pero existe un cuarto frente que probablemente sea el más importante de todos: la legitimidad institucional. En una sociedad polarizada, las instituciones corren el riesgo de ser evaluadas no por la calidad de sus decisiones, sino por las consecuencias políticas de estas. Una misma resolución puede ser presentada como una muestra de imparcialidad por unos y como evidencia de sesgo por otros. Esa es la verdadera prueba que enfrentará el Jurado Nacional de Elecciones durante las próximas semanas.

La historia peruana ofrece una advertencia que vale la pena recordar.

La crisis electoral de 1962 no solo estuvo marcada por una controversia sobre los resultados. También estuvo acompañada por un progresivo deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de administrarlos. El problema dejó de ser quién había obtenido más votos y pasó a ser quién tenía legitimidad para arbitrar el conflicto. El desenlace fue una ruptura institucional que interrumpió el proceso democrático.

Más de seis décadas después, el Perú enfrenta circunstancias completamente distintas, pero una preocupación que resulta familiar. Cuando la discusión pública deja de concentrarse en los votos y comienza a concentrarse en la legitimidad de los árbitros, la democracia entra en una zona de riesgo.

La década 2016-2026 también puede leerse como una década de creciente fragilidad institucional. Elecciones extremadamente ajustadas, conflictos permanentes entre poderes del Estado, vacancias presidenciales, un cierre del Congreso, cambios sucesivos de gobierno y una polarización cada vez más intensa han erosionado la confianza pública en las instituciones democráticas.

No se trata de atribuir responsabilidades exclusivas a una persona o a una organización política. Se trata de reconocer que la desconfianza institucional se ha convertido en uno de los principales desafíos de la democracia peruana.

Las crisis de confianza rara vez terminan cuando concluye una elección.

Por ello, el principal desafío del Jurado Nacional de Elecciones no será únicamente resolver correctamente los recursos que lleguen a sus manos. Será preservar la confianza pública mientras los resuelve.

La tercera vuelta no consiste en determinar quién obtuvo más votos. Esa respuesta ya fue dada por millones de ciudadanos en las urnas. La tercera vuelta consiste en lograr que las controversias electorales continúen resolviéndose dentro de las instituciones democráticas y no fuera de ellas.

Las democracias no fracasan porque existan desacuerdos. Los desacuerdos son parte natural de la política. Las democracias fracasan cuando los desacuerdos dejan de resolverse mediante reglas compartidas.

Durante las próximas semanas, el Perú pondrá a prueba no solamente la fortaleza de sus organismos electorales, sino también su capacidad para convivir en medio de profundas diferencias políticas.

La democracia peruana no se fortalecerá porque gane uno u otro candidato. Se fortalecerá si quienes pierdan reconocen la legitimidad de las reglas y si quienes ganen entienden que las instituciones electorales no existen para favorecer a ningún sector político, sino para garantizar que prevalezca la voluntad popular.

La tercera vuelta que hoy comienza será una prueba para el Jurado Nacional de Elecciones. Pero también será una prueba para todos nosotros. Porque después de las elecciones seguiremos compartiendo el mismo país, y ninguna democracia puede prosperar cuando la desconfianza hacia sus instituciones termina siendo más fuerte que la voluntad de convivir bajo reglas comunes.

Cooperar o confrontar: el dilema que definirá el próximo gobierno

I. Introducción

Con el conteo prácticamente cerrado, todo indica que la segunda vuelta enfrentará a Keiko Fujimori con Roberto Sánchez. A partir de ahí, la narrativa local se ha activado casi en automático: Keiko vuelve a competir y, como en las tres ocasiones anteriores, volverá a perder. El argumento es conocido —y repetido—: el antifujimorismo es una fuerza estructural capaz de derrotarla.

Esa lectura es políticamente potente. Pero es incompleta.

No porque el antifujimorismo no exista —existe y ha sido decisivo—, sino porque asumir que determina el resultado equivale a suponer que el escenario es el mismo que en elecciones anteriores. Y no lo es.

Esta vez, el punto de partida es distinto.

Para comenzar, Roberto Sánchez no es Pedro Castillo. Sin embargo, ponerse el sombrero chotano le ha rendido frutos. Su desempeño territorial lo demuestra: ha ganado con claridad en el sur y la sierra norte del país, consolidando un voto que no es solo de protesta, sino de representación. Keiko, por su parte, ha mantenido su fortaleza en la costa norte y la selva. Lima, en cambio, ha mostrado una dinámica distinta: fue dominada por Rafael López Aliaga, quien, pese a ello, quedó fuera de la segunda vuelta por un margen mínimo que quizás, como Keiko en 2016, aún le falta asimilar.

El país, en consecuencia, no llega al balotaje con un candidato fuerte y uno débil, sino con dos legitimidades territoriales distintas y un mapa político fragmentado.

Pero incluso eso no es lo más importante.

El elemento decisivo es el sistema en el que competirán.

II. La ilusión de la estabilidad

Una parte del debate público ya ha comenzado a instalar otra idea: que una eventual victoria de Keiko traería mayor estabilidad, especialmente desde el punto de vista económico.

Es posible —y razonable— pensar que un gobierno suyo tenga una “luna de miel” más larga que el de Sánchez. La señal hacia los mercados, sumada a su experiencia política, podría darle un margen inicial de gobernabilidad.

En cualquiera de los casos, ese margen es transitorio.

Porque la estabilidad no depende únicamente del Ejecutivo, sino de los incentivos del sistema político en su conjunto. Y ese sistema ha cambiado.

Hoy el Perú tiene un Congreso fragmentado, sin mayorías claras, y un Senado con capacidad real de veto y control. Algo que ya no tiene el Ejecutivo. Eso modifica el juego de manera estructural.

III. El juego real: una matriz de incentivos

Si simplificamos el escenario en términos de teoría de juegos, el problema se vuelve más claro.

El Ejecutivo (sea Keiko o Sánchez) y el Legislativo (incluido el Senado) enfrentan dos opciones: cooperar o confrontar.

El resultado puede representarse así:

El equilibrio deseable sería la cooperación mutua. Pero el sistema actual genera incentivos distintos: el Legislativo puede bloquear sin asumir el costo total de gobernar, puede extraer concesiones (presupuesto, cargos, agenda), y tiene, en última instancia, la posibilidad de remover a quien encabeza el Ejecutivo. En ese contexto, confrontar puede ser más rentable que cooperar. El resultado es un equilibrio inestable, donde incluso actores racionales terminan en dinámicas de conflicto.

IV. Dos trayectorias, un mismo riesgo

Bajo ese esquema, los escenarios de gobierno se diferencian en el punto de partida, pero no en su lógica de fondo.

Si gana Keiko, es probable que inicie con mayor margen político. Pero eso no elimina los incentivos del Congreso para condicionar, negociar o bloquear. La experiencia de 2016 demuestra que el conflicto puede emerger incluso dentro de un mismo espectro ideológico. No es difícil imaginar que los miembros de su bancada en el Senado pronto hagan suyo y quieran imponer aquel mantra que se suele repetir en los pasillos del Congreso: “Somos el primer poder del Estado”.

Si gana Sánchez, el desafío es más inmediato. No solo deberá gobernar sin mayoría, sino demostrar una capacidad política excepcional para construir alianzas en un entorno adverso. Y ahí aparece un elemento adicional de incertidumbre.

La figura de Antauro Humala no es solo un dato de color. Es una variable con consecuencias concretas. Durante el conteo de votos, Sánchez compartió tribuna con Antauro y anunció que en el primer día de gobierno sacarían a Julio Velarde del BCRP. Pocos días después, abrió la puerta a conversar con Velarde y reafirmó la autonomía del banco central. La corrección fue tan rápida que reveló algo importante: Sánchez es probablemente el actor más pragmático de su propia coalición, y todo indica que está dispuesto a quitarse el sombrero cuando el costo político lo exija. La pregunta es con qué respaldo alternativo lo hace —y si sus bases se lo permiten.

A menos que Sánchez decida jugar la carta de la “hoja de ruta” que jugó Ollanta Humala para ser aceptado por los poderes fácticos de Lima y lograr maximizar su permanencia en el sillón de Pizarro. Pero para ello tendrá que romper con sus bases, y habrá que ver a quién recurre para darle algo de margen a su gobierno.

V. El verdadero punto de quiebre

Por eso, el momento decisivo no será la segunda vuelta.

Será en agosto.

De acuerdo con la Construcción, el Ejecutivo deberá presentar el proyecto de Ley de Presupuesto el 30 de agosto al Congreso, y su aprobación se extenderá hasta noviembre. Ese proceso no es técnico: es el espacio donde se negocia el poder real. Ahí se alinean todos los incentivos: el Ejecutivo necesita aprobar su principal herramienta de gestión, el Legislativo busca maximizar su influencia y los actores intermedios se vuelven decisivos. En un sistema fragmentado, el presupuesto se convierte en un juego de negociación intensa donde cada actor evalúa cuánto puede ganar sin asumir el costo de la estabilidad.

Y es ahí donde el equilibrio puede romperse.

VI. El problema de fondo

Como bien dice el adagio: mucho pan habrá que rebanar.

Ese momento llegará en agosto, cuando el presupuesto aterrice en el Congreso y cada actor evalúe cuánto puede ganar sin asumir el costo de la estabilidad. Ahí se revelará si el sistema permite gobernar —o si, una vez más, bloquear resulta más rentable que cooperar.

Porque el problema no es Keiko ni Sánchez.

Es un diseño institucional donde el Ejecutivo es débil, el Legislativo está fragmentado y el Senado tiene más poder que nunca. Un sistema que no pregunta quién ganó la elección.

Pregunta quién sobrevive la negociación.

El parlamentarismo que ya gobierna

No fue la paralización de los transportistas, ni la expulsión de Butters de Puno, ni mucho menos el atentado contra Agua Marina. Esas han sido excusas. La verdadera razón por la que este Congreso permitió la designación de Jerí como presidente interino de la República es la misma que lo llevó a presidir la Mesa Directiva: su desempeño al frente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Presidir dicha comisión no es poca cosa. Requiere saber negociar y repartir, priorizar y construir acuerdos. Es un espacio donde se mide la verdadera capacidad política de un congresista, y Jerí supo demostrarla con eficacia. Su habilidad para distribuir los recursos presupuestales generó lealtades, y esas mismas lealtades hoy le permiten asumir la conducción del país.

Podría decirse, más bien, que ha vuelto a repartir las cartas del presupuesto, esta vez desde Palacio. En ese sentido, la demora en la designación de representantes ante los ministerios recuerda la los tiempos y las formas en que se distribuyen las comisiones parlamentarias entre bancadas cada vez que se inicia una legislatura. Algo que se hace todos los años sin mayor drama.

Aunque la Constitución modificada hasta la fecha no reconozca un régimen parlamentarista, lo cierto es que el Perú vive ya bajo un gobierno de esa naturaleza. Los ministerios reflejan cuotas de poder equivalentes a las que dominan en el Congreso, y los equilibrios políticos se miden más en función de esa correlación que de la voluntad del Ejecutivo. 

Resuelto este reparto, será difícil que el Congreso retire el respaldo al presidente interino durante este vibrante periodo electoral. La canalización de recursos públicos será funcional a la inauguración de obras por aquí y por allá. “El gato del despensero”, dicen algunos. Yo prefiero decir que hemos consolidado un parlamentarismo de facto, sin haberlo reconocido formalmente.

Sin embargo, esta evolución institucional exige formalización. Es necesario reformar la Constitución para asignar responsabilidades políticas explícitas a las bancadas que hoy gestionan recursos a través de los ministerios que controlan. La sociedad debe saber quiénes están detrás de cada sector para que asuman, con nombre y apellido, los aciertos y los errores de su conducción. Solo así se podrá limitar el oportunismo y recuperar el principio de racionalidad que debe regir el gasto público: los soles invertidos deben generar valor público, no solo rentas electorales.

Mientras ello no ocurra, el Estado seguirá siendo visto como un botín, y quien ocupe Palacio de Gobierno no será más que un primer ministro contingente, removible sin drama conforme satisfaga —o no— el apetito de las fuerzas parlamentarias.

En el fondo, lo que parece caos y precariedad del Ejecutivo no es más que la rutina silenciosa del Congreso: un almuerzo apacible que se sirve hace varios años, desde que comenzaron los gobiernos minoritarios y los presidentes sin mayoría.

Por eso creo que estas elecciones son, en realidad, simbólicas. Porque el poder efectivo ya está asentado en el Congreso y lo más probable es que sea reelegido bajo nuevos rostros y partidos, pero con las mismas lógicas. La única diferencia será que el Congreso que nazca después de marzo será más poderoso que nunca. Con un Senado todopoderoso que no podrá ser tocado ni con el pétalo de una flor.

Y entonces, ya no necesitaremos una generación Z que nos salve, sino todas las letras del abecedario juntas para impulsar un verdadero cambio: no para que el poder vuelva al Ejecutivo, que ahora se parece más a un premiarato, sino para formalizar las responsabilidades del Congreso en su actual papel de gobierno ante la ciudadanía.