"Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores. Muy triste". Con esas palabras, la presidenta electa Keiko Fujimori describió el país que recibirá el próximo 28 de julio.
El diagnóstico no carece de fundamento. Después de varios años de deterioro fiscal, crecimiento del gasto permanente y debilitamiento de las reglas presupuestarias, el margen de maniobra del próximo gobierno será mucho menor que el que tuvieron administraciones anteriores. Sin embargo, existe una paradoja que apenas empieza a discutirse: parte de la arquitectura institucional que hoy dificulta gobernar fue consolidada durante los años en que el Congreso se convirtió en el principal contrapeso del Ejecutivo.
Los griegos conocían bien esta clase de tragedias. Contaban la historia de Erisictón, un rey que decidió talar el bosque sagrado de Deméter para construir un gran salón de banquetes. La diosa no lo castigó con un rayo ni con una muerte inmediata. Lo condenó a un hambre imposible de saciar. Cuanto más comía, más hambre tenía, hasta terminar devorándose a sí mismo. El castigo no fue el árbol que cayó, sino la fuerza que él mismo había liberado.
Algo parecido puede ocurrir en la política. Durante casi una década, el Congreso fue acumulando poder frente al Ejecutivo. Vacancias, censuras, interpelaciones, leyes con creciente impacto fiscal y un protagonismo legislativo cada vez mayor alteraron el equilibrio institucional. Ese proceso no tuvo un único responsable. Participaron distintas bancadas, sucesivos gobiernos y decisiones del propio Tribunal Constitucional. El fujimorismo fue, sin duda, uno de los protagonistas más importantes de esa transformación, pero no el único.
En paralelo, también se fue talando otro bosque: el de la disciplina fiscal. La flexibilización de las reglas de gasto, la aprobación de normas con elevado impacto presupuestario y la erosión progresiva de los límites fiscales redujeron la capacidad de respuesta del Estado. El Consejo Fiscal advirtió reiteradamente estos riesgos. Pero, como la ninfa del mito que intenta impedir que el árbol sea derribado, podía advertir; no podía detener el hacha.
Ahora aparece Deméter. En el mito representa la fertilidad y la cosecha. En términos contemporáneos, representa algo mucho más prosaico: la realidad fiscal. Los mercados no negocian con discursos; las cuentas públicas tampoco. Cuando el déficit aumenta, la deuda crece y el gasto permanente desplaza la inversión pública, la restricción termina imponiéndose. No es un castigo moral. Es una consecuencia.
La paradoja para el nuevo gobierno es evidente. Si desea recuperar capacidad de gestión, necesitará disciplina fiscal, reconstruir márgenes presupuestarios y adoptar decisiones inevitablemente impopulares. Pero deberá hacerlo con una legitimidad electoral estrecha y frente a un Congreso que durante años aprendió a ejercer poder con creciente independencia del Ejecutivo. Incluso si recientes decisiones del Tribunal Constitucional restituyen atribuciones al Gobierno en materia presupuestaria, la dinámica política construida durante los últimos años no desaparecerá por una sentencia.
Lo verdaderamente interesante es que muchas de las bancadas que participaron en ese proceso ya no estarán presentes en el nuevo Congreso bicameral. Desaparecieron, se fragmentaron o fueron reemplazadas por otras fuerzas políticas como resultado del voto ciudadano. Sin embargo, la institución permanece.
Quienes han trabajado en el Congreso conocen bien un fenómeno curioso. Los nuevos parlamentarios absorben con rapidez una cultura institucional que se transmite casi como una tradición oral. Una de sus expresiones más repetidas sostiene que el Congreso es "el primer poder del Estado", aunque la Constitución nunca le atribuya formalmente esa condición. Más allá de la exactitud jurídica de la frase, esa convicción termina moldeando la forma en que muchos legisladores entienden y ejercen sus atribuciones. Las personas cambian; las instituciones también aprenden. Acumulan atribuciones, generan incentivos y terminan transmitiendo una cultura propia a quienes llegan a ocuparlas.
Esa es quizá la mayor ironía de este momento político. El Congreso que asumirá funciones no será el mismo en sus integrantes, pero sí heredará buena parte de las atribuciones, prácticas e incentivos acumulados durante los últimos años. Ningún Parlamento suele renunciar voluntariamente a las cuotas de poder que ha conquistado. Entre los pocos protagonistas de ese proceso que permanecerán en la escena política estará precisamente Fuerza Popular, aunque esta vez desde el Ejecutivo. La fuerza política que durante años encontró en un Congreso fortalecido una herramienta eficaz para controlar gobiernos adversarios podría descubrir ahora que esa misma institución constituye el principal límite para gobernar.
Existe, por supuesto, otra lectura posible. Algunos sostendrán que el verdadero bosque sagrado no era la disciplina fiscal, sino los derechos sociales, y que el problema no es el crecimiento del gasto sino la persistencia de profundas brechas sociales. Es un debate legítimo. Pero incluso desde esa perspectiva permanece una verdad difícil de eludir: ningún Estado puede responder eficazmente a una crisis cuando ha reducido su capacidad financiera para hacerlo.
La historia de Erisictón no es una profecía. Es una advertencia. Todavía es posible reconstruir consensos, restaurar la disciplina fiscal y redefinir el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero las tragedias griegas enseñan que los mayores peligros rara vez provienen del adversario. Con frecuencia nacen de las propias decisiones y de las instituciones que esas decisiones terminan moldeando.
Quizá esa sea la verdadera prueba del próximo gobierno. No administrar únicamente el Estado que recibe, sino gobernar una arquitectura institucional que, junto con muchos otros actores, contribuyó a construir. Porque las instituciones tienen memoria. Sobreviven a sus creadores, adquieren vida propia y, en ocasiones, terminan imponiéndose incluso sobre quienes contribuyeron a crearlas.
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