Los primeros cien días de un gobierno suelen ser evaluados como una suerte de carta de presentación: las primeras decisiones, la conformación del equipo ministerial, las prioridades legislativas y la capacidad para responder a las expectativas que acompañaron la llegada al poder. Sin embargo, en el caso de Keiko Fujimori, ese criterio puede resultar insuficiente. Su gobierno no representa el inicio de un proyecto político nuevo, sino el traslado al Ejecutivo de un proyecto que lleva una década construyendo y ejerciendo poder desde el Parlamento.
Por eso, estos primeros cien días requieren una lectura distinta. No se trata únicamente de evaluar cómo está gobernando Keiko Fujimori, sino de observar cómo está adaptando al Ejecutivo una estrategia política que durante diez años tuvo como principal escenario el Congreso. La pregunta relevante no es solamente qué decisiones ha tomado, sino qué está haciendo para transformar el poder parlamentario que construyó en una capacidad efectiva de gobierno.
De la oposición parlamentaria al gobierno
Desde la derrota electoral de 2016, con 73 de 130 escaños ganados, Fuerza Popular encontró en el Congreso el principal espacio para ejercer una influencia política determinante. La mayoría parlamentaria obtenida aquel año le permitió condicionar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y mantener una posición preponderante durante los años siguientes. La posterior fragmentación del Parlamento y la sucesión de gobiernos ampliaron los espacios de negociación y presión política. En distintos momentos, Fuerza Popular articuló acuerdos con otras organizaciones y contribuyó a configurar mayorías que tuvieron efectos sobre la estabilidad y las decisiones del Ejecutivo.
No sería correcto atribuirle a Keiko Fujimori la conducción directa de todos los acontecimientos políticos de ese periodo. Pero sí es posible reconocer que su organización desarrolló una capacidad sostenida para negociar, acumular respaldos e influir en las reglas y decisiones institucionales. En buena medida, el centro de gravedad de su proyecto político estuvo en el Legislativo.
En este punto aparece una diferencia interesante con la experiencia de su padre. Alberto Fujimori, ingeniero agrónomo de formación, terminó convirtiéndose en una suerte de ingeniero del poder. Cuando el Congreso bicameral de entonces se convirtió en un obstáculo para ejecutar su proyecto de gobierno, optó por quebrar el orden constitucional mediante el autogolpe del 5 de abril de 1992 y concentrar las decisiones en el Ejecutivo.
Keiko Fujimori, administradora de empresas y con un MBA, ha recorrido un camino distinto. Durante una década aprendió a construir y ejercer poder desde el Parlamento: acumular fuerzas, negociar, condicionar gobiernos y modificar las reglas institucionales. Ahora le corresponde gobernar bajo esas nuevas reglas, con un Congreso bicameral que ya no puede controlar únicamente desde una mayoría parlamentaria propia.
La comparación no pretende explicar sus trayectorias por sus profesiones ni anticipar que la hija repetirá o evitará necesariamente la experiencia del padre. La diferencia relevante es política e institucional: mientras Alberto Fujimori optó por eliminar el contrapeso parlamentario, Keiko llega al Ejecutivo después de haber construido buena parte de su poder precisamente desde el Parlamento. Su desafío consiste ahora en hacer funcionar un sistema en el que el poder legislativo está distribuido entre dos cámaras.
Un diseño institucional, pero otra correlación de fuerzas
La reforma bicameral representó una transformación importante del escenario en el que se desenvolvería el siguiente gobierno. No solo modificó la estructura del Congreso; también amplió los espacios de representación, negociación y decisión política. Para una organización que había desarrollado buena parte de su estrategia desde el Legislativo, el cambio podía representar una oportunidad para institucionalizar y ampliar su influencia. Sin embargo, el resultado electoral terminó imponiéndole una condición distinta: debía aprender a operar en ese nuevo diseño sin contar con una mayoría propia.
Sin embargo, el resultado electoral de 2026 no produjo la correlación de fuerzas que Fuerza Popular podía haber esperado. En la Cámara de Diputados obtuvo 41 de los 130 escaños, mientras que en el Senado consiguió 22 de los 60. Renovación Popular alcanzó 15 diputados y ocho senadores. Incluso sumando ambas bancadas, Fuerza Popular y Renovación Popular reúnen 56 diputados y 30 senadores: no tienen mayoría propia en ninguna de las dos cámaras.
La relación con Renovación Popular tampoco puede darse por asegurada. Rafael López Aliaga tiene su propia agenda, aspiraciones y espacio político. La coincidencia en determinadas votaciones no equivale necesariamente a una alianza estable. Por su parte, otras organizaciones con las que podían imaginarse acuerdos, como Alianza para el Progreso y Podemos, no terminaron configurando el respaldo parlamentario esperado.
En otras palabras, el diseño institucional sobrevivió a las elecciones, pero el diseño de alianzas no. Keiko obtuvo la Presidencia, pero no una mayoría parlamentaria propia ni una coalición previamente asegurada. Le corresponde, por tanto, construir acuerdos en un escenario donde las dos cámaras tienen composiciones distintas y donde cada decisión requiere una negociación que puede variar según el tema.
Los primeros movimientos de una estrategia parlamentaria
En las primeras semanas de gobierno ya pueden identificarse tres episodios que permiten observar cómo se está desarrollando esa capacidad de negociación. No son acontecimientos idénticos ni prueban por sí solos la existencia de una coalición estable. Pero, considerados en conjunto, muestran que el nuevo gobierno ha comenzado a articular respaldos en asuntos de naturaleza distinta.
El primero fue la delegación de facultades legislativas. La propuesta del Ejecutivo, que comprendía inicialmente 66 materias, llegó al Congreso y fue reducida por la Cámara de Diputados a veinte, relacionadas principalmente con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Posteriormente, durante su tratamiento en el Senado, se incorporaron siete materias adicionales: seis vinculadas con seguridad y una con prevención de desastres. La Ley 32743 publicada el 22 de octubre terminó autorizando al Ejecutivo a legislar durante noventa días en veintisiete materias.
El episodio es relevante porque mostró que la iniciativa del Ejecutivo debía atravesar dos cámaras con capacidad de intervención y negociación. La propuesta inicial no llegó intacta al resultado final: fue modificada, ampliada y procesada mediante acuerdos parlamentarios. El gobierno consiguió las facultades, pero el procedimiento dejó en evidencia que gobernar bajo el nuevo sistema exige aprender a operar con dos cámaras y no simplemente trasladar al bicameralismo las prácticas de negociación del Congreso unicameral.
El segundo episodio fue la elección de los tres directores del Banco Central de Reserva. La Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por el senador Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, condujo el procedimiento de evaluación y presentó el informe correspondiente al pleno del Senado el 21 de octubre. Sin embargo, el resultado de la elección terminó favoreciendo exclusivamente a candidatos propuestos por Fuerza Popular y Renovación Popular: Oswaldo Molina y José Stok, por la primera bancada, y Juan José Marthans, por la segunda.
Los tres obtuvieron los votos necesarios en el pleno, pese a que Fuerza Popular y Renovación Popular sumaban apenas treinta de los sesenta escaños senatoriales. La elección requirió, por tanto, respaldos adicionales a los de esas dos bancadas. Más allá de las credenciales individuales de los elegidos —que deben evaluarse por sus propios méritos—, el episodio muestra la capacidad de articular acuerdos para la distribución de espacios institucionales estratégicos. La presidencia de una comisión en manos de una bancada opositora no impidió que el resultado final favoreciera exclusivamente a las propuestas de Fuerza Popular y Renovación Popular.
El tercer episodio fue la aprobación del crédito suplementario por S/ 8 228,4 millones el 28 de octubre. La iniciativa obtuvo 83 votos favorables en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado. Los recursos se distribuyeron entre cuatro grandes grupos de necesidades: prevención frente al fenómeno El Niño, continuidad de servicios esenciales, inversión pública y equipamiento, y cumplimiento de obligaciones ineludibles.
No se trató, por tanto, de un crédito destinado exclusivamente a la emergencia climática. Incluyó compromisos de distintos sectores y prioridades de gasto que debían ser procesadas políticamente. Su aprobación en ambas cámaras constituye otra evidencia de la capacidad del Ejecutivo para reunir respaldos parlamentarios amplios, aunque no necesariamente permanentes. Cabe preguntarse, además, qué parte de esa aprobación respondió a necesidades urgentes de ejecución y qué parte pudo estar asociada a la construcción de compromisos políticos con sectores y bancadas. Esta última es una hipótesis de interpretación, no un hecho que pueda darse por demostrado a partir de la votación.
Los tres episodios tienen una característica común: el gobierno ha logrado convertir iniciativas y decisiones institucionales en resultados parlamentarios. Pero conviene no confundir la aprobación de medidas puntuales con la existencia de una mayoría política estable. Una votación favorable puede responder a coincidencias circunstanciales, acuerdos sectoriales o compromisos específicos. La prueba de una coalición de gobierno es mucho más exigente: supone sostener acuerdos en el tiempo y asumir responsabilidades compartidas sobre una orientación política.
Un episodio adicional que merece atención, aunque su procesamiento e implicancias trascienden el marco de los primeros cien días, es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. A diferencia de la elección de los directores del BCRP, no se trata únicamente de completar la composición de un organismo constitucional, sino de una decisión que puede tener consecuencias de largo alcance sobre la interpretación de las reglas del juego político. Por ello, será importante observar si los acuerdos que se han expresado en otras decisiones parlamentarias también se reproducen en este proceso.
El gran examen: aprobar el presupuesto de 2027
La aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2027 constituye el principal examen de la capacidad de negociación del gobierno de Keiko. Si las facultades legislativas, la elección de los directores del BCRP y el crédito suplementario han permitido observar cómo se articulan respaldos para decisiones concretas, el presupuesto pondrá a prueba la capacidad de convertir esos respaldos en un acuerdo político de mayor alcance.
El presupuesto no es una votación más. Define prioridades, distribuye recursos, establece compromisos entre niveles de gobierno y expresa, en términos financieros, las decisiones que el Ejecutivo considera fundamentales para el país. Su discusión obliga a conciliar las demandas de los sectores, las regiones y las bancadas, pero también a establecer límites: no todas las demandas pueden financiarse y no todas las prioridades pueden atenderse simultáneamente.
En ese sentido, la negociación presupuestaria será el grand finale de esta primera etapa de adaptación política. Allí se verá si los acuerdos alcanzados en las semanas anteriores pueden sostenerse cuando entren en discusión intereses más amplios y recursos concretos. También se podrá observar si el gobierno está construyendo una coalición capaz de acompañar su programa o si, por el contrario, continuará dependiendo de mayorías variables para cada decisión.
La prueba será especialmente importante por las restricciones fiscales que enfrenta el país. La ampliación del gasto debe estar acompañada de criterios de sostenibilidad, calidad de ejecución y transparencia. No basta con conseguir votos para aprobar recursos; es necesario demostrar que estos pueden convertirse en servicios, infraestructura y resultados verificables para la ciudadanía.
El desafío de gobernar
Por supuesto, la capacidad de construir mayorías parlamentarias no es el único indicador de un gobierno. La seguridad ciudadana, la prevención frente al fenómeno El Niño, la inversión pública, la generación de empleo y la recuperación de la confianza siguen siendo problemas centrales. En particular, la inseguridad no puede medirse únicamente por el número de operativos o las reformas legales aprobadas. La extorsión y el sicariato afectan de manera cotidiana a transportistas, comerciantes, trabajadores y pequeños empresarios, mientras que la ciudadanía espera resultados concretos y sostenibles.
El gobierno también tendrá que demostrar que puede mantener una política económica responsable y responder a un entorno internacional cada vez más complejo. La competencia entre Estados Unidos y China, con sus intereses comerciales, tecnológicos y geopolíticos en el Perú, exige una política exterior que defienda los intereses nacionales y evite los alineamientos automáticos, así como la reproducción mecánica de políticas diseñadas para realidades distintas.
Estos desafíos recuerdan que el poder parlamentario, por más eficaz que sea para construir acuerdos, no constituye por sí mismo una capacidad de gobierno. La aprobación de leyes y presupuestos es un medio; su justificación está en los resultados que producen. Un Ejecutivo puede reunir mayorías y, sin embargo, no resolver los problemas que afectan a la población.
Por eso, al evaluar los primeros cien días de Keiko Fujimori, quizá debamos cambiar la pregunta habitual. No se trata solamente de determinar si su gobierno ha comenzado con fuerza o si ha logrado imponer su agenda. La cuestión de fondo es si está consiguiendo transformar una década de poder construido desde el Congreso en una capacidad institucional para gobernar un país con problemas acumulados y demandas urgentes.
Los episodios preparatorios revisados en el marco de los cien días sugieren que existe una capacidad de articulación parlamentaria que merece ser observada. El presupuesto de 2027 permitirá comprobar si esa capacidad puede trascender las votaciones puntuales y convertirse en una relación política más estable. Pero incluso si lo consigue, quedará pendiente la pregunta más importante: ¿Para qué se construye el poder?
Porque el éxito de un proyecto político no debería medirse únicamente por su capacidad para acumular votos, controlar espacios o aprobar decisiones. El poder encuentra su justificación en aquello que consigue transformar en la vida de las personas. Esa es, finalmente, la diferencia entre construir poder y ejercerlo para gobernar. Aunque, naturalmente, siempre cabe la posibilidad de que el objetivo sea otro: no transformar el país, sino redefinir las reglas del poder.
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