Un hito personal para agradecer

Hoy quiero compartir un momento que ha sido muy importante para mí: mi participación en la entrevista ante la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado como candidato al Directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

Agradezco a los senadores por sus preguntas. Algunas fueron muy técnicas; otras apuntaron a qué podría mejorar el Banco. Todas me permitieron explicar mi visión sobre la institución, la economía peruana y los desafíos del país.

Hubo un tema con un significado especial para mí: la necesidad de mirar la economía peruana también desde las regiones.

Después de la entrevista, un amigo de Iquitos me escribió para agradecerme por haber mencionado lo que están viviendo con el alza de los combustibles. Su mensaje me recordó algo fundamental: un mismo aumento de precios no pesa igual en Lima que en Iquitos, Puno o Tacna, porque lo que consumen las familias y las condiciones de cada economía son distintas. Sin embargo, la inflación que guía la política monetaria se mide con los precios de Lima Metropolitana.

Por eso planteé que los informes regionales del BCRP pueden cumplir un papel aún más importante: ayudarnos a entender cómo se comportan los precios y la actividad económica en cada territorio, y cómo esas diferencias las viven las familias y las empresas. No se trata de cambiar el mandato del Banco, sino de mejorar el diagnóstico sobre el que se toman las decisiones.

Me siento contento y agradecido de haber podido exponer públicamente una manera de entender el papel de una institución fundamental para la estabilidad del Perú. Sea cual sea el resultado, sigo a disposición del país.

Gracias a quienes confiaron en mí y a quienes hicieron posible esta experiencia.

[Ver desde el minuto 5] 

 

Pueden ver los informes regionales del BCR aquí.

¿Quién tendrá la llave del presupuesto 2027?

El viernes 28 de agosto, dentro del plazo constitucional, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley dePresupuesto del Sector Público para 2027, junto con las leyes de Endeudamientoy de Equilibrio Financiero. El titular es sencillo: el presupuesto crece poco, un 3,5%, de S/257.562 millones a S/266.506 millones. Aparentemente, este dato dice poco.

La pregunta políticamente relevante no es cuánto crece el presupuesto, sino quién queda con capacidad para decidir sobre ese crecimiento. Y allí aparece una historia bastante distinta: mientras se incrementan fuertemente algunas partidas de inversión y gasto visible, una parte extraordinariamente grande del aumento queda concentrada en la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

1.     La reserva y el poder

De los S/8.945 millones adicionales del presupuesto, S/6.917 millones —el 77% del incremento total— corresponden a Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, que pasa de S/30.080 millones a S/36.997 millones, un aumento de 23%. Es dinero adicional que se quedará con el administrador de la caja.

El contraste es revelador. La función Educación prácticamente permanece estancada (+0,7%); Salud cae 2,1%; Orden Público y Seguridad cae 3,3%; Saneamiento disminuye 30,1% y Vivienda 32%. En cambio, Transporte aumenta 16,5%, Defensa 25,3%, Protección Social 16,9% y Justicia 10,2%.

Hay, por tanto, dos presupuestos dentro del mismo presupuesto: uno que asigna recursos a destinos relativamente identificables y otro que concentra recursos cuya utilización se decidirá posteriormente.

Pero hay una disociación entre el discurso oficial de la prioridad ("seguridad") y el destino real del gasto —Defensa crece con fuerza, Orden Público y Seguridad cae. Quien defina en qué se traduce ese 25.3% adicional —modernización de equipamiento, despliegue territorial, u otra prioridad en la función Defensa— será, de facto, quien termine narrando qué significó para el país "priorizar la seguridad" en 2027.

Esto importa especialmente porque el presupuesto 2027 será negociado por primera vez bajo un Congreso bicameral y fragmentado. El clásico estudio de Carranza, Chávez y Valderrama sobre la economía políticadel presupuesto peruano describía ya la utilización de la asignación presupuestal como instrumento de negociación entre el poder Ejecutivo y el Congreso. El escenario de negociación del presupuesto 2027 agrega una dificultad: ahora esa negociación ocurre en dos cámaras.

La pregunta es qué parte de la torta llega a esa negociación ya repartida y qué parte permanece bajo control del Ejecutivo.

2.     El antecedente de agosto

Aquí es donde el proyecto de presupuesto deja de ser solamente una proyección y encuentra un antecedente concreto. El 5 de agosto, mediante el Decreto Supremo N.° 155-2026-EF, el Gobierno transfirió S/2.532 millones desde recursos no comprometidos de diversas entidades hacia la Reserva de Contingencia del MEF. El argumento fue financiar prioritariamente intervenciones vinculadas con el Fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

Casi todo el dinero provino del Gobierno Nacional. Entre los principales aportantes estuvieron Transportes y Comunicaciones (S/371,6 millones), Salud (S/291,6 millones), Educación (S/254,2 millones), Desarrollo Agrario y Riego (S/183,5 millones), Vivienda (S/152,7 millones) y Defensa (S/125,4 millones).

El mecanismo es importante por una razón que va más allá de ese decreto: demuestra que la Reserva de Contingencia no es simplemente una cifra que aparece en la Ley de Presupuesto. Es también un instrumento que el Ejecutivo puede alimentar durante el ejercicio mediante transferencias presupuestarias.

Y hay una coincidencia particularmente llamativa: Transportes fue el pliego que más recursos aportó al barrido de agosto y, al mismo tiempo, Transporte es una de las funciones que más crece en el proyecto 2027, con S/3.689 millones adicionales.

No necesariamente significa que se trate literalmente de los mismos soles. Pero sí muestra algo más importante: el Ejecutivo puede retirar capacidad de gasto de las entidades durante el año y luego volver a asignarla desde el centro, modificando quién decide sobre esos recursos.

3.     ¿Quién hará las obras? Más GOLEs y menos GOREs

El cambio tampoco es neutral territorialmente. Los gobiernos regionales pasan de manejar S/59.461 millones en 2026 a S/58.672 millones el 2027: una reducción de 1,3%. Pero el dato más significativo está dentro de esa cifra: su gasto de capital cae 17,4%, equivalente a S/2.622 millones menos para inversión.

Los gobiernos locales, en contraparte, aumentan su presupuesto de S/35.796 millones a S/41.222 millones. Su gasto de capital crece 23,8%, unos S/3.543 millones adicionales.

No estamos, entonces, ante un simple aumento o disminución del gasto subnacional. Hay una redistribución de la capacidad de inversión: menos margen para los gobiernos regionales y bastante más para los municipios. Y esto ocurre precisamente cuando las autoridades que serán elegidas el 4 de octubre asumirán la gestión de sus comunas en enero de 2027. El presupuesto, por tanto, no solo distribuye dinero. También distribuye capacidad política para hacer obras y atribuirse resultados.

4.     Ni impuestos ni deuda, es el canon

Hay otro dato que merece atención. El presupuesto no está creciendo porque el Gobierno haya abierto significativamente el espacio fiscal mediante mayor endeudamiento o una recuperación importante de los ingresos tributarios.

Los Recursos Ordinarios caen 2%, mientras los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito disminuyen 23,4%. El gran salto está en los Recursos Determinados, que aumentan 25,6%, de S/44.856 millones a S/56.348 millones.

Es decir, una parte importante del crecimiento descansa en recursos vinculados al canon, regalías y otras fuentes determinadas, cuya evolución depende en buena medida del comportamiento de los precios de los commodities y de las reglas de distribución existentes. El presupuesto crece, sí. Pero no estamos ante una expansión equivalente de la capacidad fiscal discrecional del Estado.

5.     Entonces, ¿Qué se está negociando?

Esta es, finalmente, la cuestión que debería importar en la discusión parlamentaria del presupuesto. Por un lado, hay recursos visibles y territorialmente atribuibles: más inversión municipal, más Transporte, más Defensa y más Justicia. Son partidas que pueden convertirse en obras, proyectos, infraestructura o resultados políticamente identificables. Por otro, hay una concentración extraordinaria en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia: S/6.917 millones, equivalentes al 77% de todo el incremento presupuestal.

Eso cambia la naturaleza de la negociación. El presupuesto 2027 no solo está diciendo cuánto gastará el Estado. Está diciendo cuánto se repartirá por adelantado y cuánto quedará pendiente de decisión. En un año de elecciones regionales y municipales y con un Congreso bicameral sin mayoría propia, esa diferencia importa.

Porque el poder no está únicamente en decidir cuánto dinero hay. Está también en decidir quién puede decidir sobre él después.

El costo de definir mal un problema

Cómo una ley que busca proteger el sábado podría terminar encareciendo el acceso al empleo

¿Puede una ley pensada para proteger a un grupo terminar perjudicándolo? Puede, y no por mala intención, sino por mal diseño. Es lo que, opino, ocurre con la norma que establece el sábado como día no laborable compensable a favor de los trabajadores cuyas creencias los llevan a guardar ese día, y que el Poder Ejecutivo observó el 20 de agosto.

Lo digo como uno de los aproximadamente 440 mil miembros de la Iglesia Adventista que cree que el derecho a guardar el sábado debe ser respetado; por eso mismo hago esta reflexión desde dentro y sin personalizarla. Fue lo primero que saltó a la vista al discutirlo entre hermanos: una norma pensada para blindar el empleo de quienes ya lo tienen podría, en la práctica, encarecer la empleabilidad de los jóvenes adventistas que aún buscan el suyo.

Primero, definir bien el problema

En el curso de política económica que dicto en la UNI insisto en una idea que casi nunca se respeta: el punto de partida de toda política pública no es el fenómeno que se quiere combatir, sino cómo se define su origen. De esa definición depende la solución. Un mismo hecho —un trabajador presionado a laborar el sábado— admite lecturas distintas: ¿Se trata de un vacío legal que exige una ley nueva, o es más bien un problema de aplicación de normas que ya existen? Definir mal el problema garantiza una mala solución, por más buena voluntad que se ponga.

Aquí está la primera falla. El problema que esta ley pretende resolver —que un adventista sea obligado a trabajar el sábado— ya tiene protección en el Perú desde hace más de veinte años. En 2002, el Tribunal Constitucional resolvió el caso Lucio Valentín Rosado Adanaqué (STC 0895-2001-AA/TC): un médico adventista de EsSalud a quien el hospital, tras años de respetarle el sábado, empezó a programarle turnos ese día. El Tribunal amparó su derecho por la vía de la objeción de conciencia, sin ninguna ley especial. Y era un caso difícil —empleado antiguo, empleador estatal, servicio esencial—; aun así, la acomodación resultó exigible.

Si el problema que el proyecto de ley 4610/2022-CR buscaba resolver, se hubiera definido con precisión, se habría advertido que la protección ya existía —en la Constitución, en la Ley de Libertad Religiosa y en la jurisprudencia— y que faltaba, si algo, mejorar su aplicación, no crear una norma paralela. Por no hacerlo se cayó en el defecto que el Ejecutivo señala: sobrelegislación, una ley que se superpone a lo ya vigente y añade dispersión en lugar de claridad. El error de método terminó produciendo el error jurídico.

Segundo, el trámite desplazó el costo

Hay un problema adicional, y proviene del propio Congreso. El debate parlamentario introdujo un cambio que, a primera vista parece algo menor, pero en verdad altera todo: la disposición que exige acreditar la confesión al inicio de la relación laboral. La defensa pública de la ley se resume en una idea noble —la fe no debería costarle a nadie su puesto de trabajo—, y es imposible no estar de acuerdo con esta declaración. Pero esa frase alude a un empleo que la persona ya tiene, y el texto observado no protege la permanencia: interviene en el ingreso. Y ahí, en vez de proteger, encarece: obliga al postulante a revelar su religión cuando aún compite por el empleo. Contra un despido hay derecho que invocar; contra una no contratación no hay nada, salvo un "elegimos a otro candidato" que nunca se explica.

Y esto no es especulación. Los estudios de correspondencia —currículos idénticos que solo difieren en la religión declarada— muestran el efecto: un experimento en el sur de Estados Unidos halló que quienes revelaban una identidad religiosa recibían alrededor de 26% menos respuestas de los empleadores. Ante ese riesgo, a una minoría le conviene ocultar su afiliación; una norma que obliga a exhibirla al inicio del vínculo empuja justo en la dirección que la perjudica. Los más expuestos son los jóvenes adventistas que buscan su primer empleo: sin trayectoria que compense la señal religiosa, son quienes más fácilmente quedarían fuera.

Tercero, la acomodación razonable ya funciona

La mejor prueba de que no hacía falta una ley rígida la ofrece la propia iglesia. En sus establecimientos de salud, los sábados no hay consultorios regulares, pero sí un equipo mínimo de emergencia con médicos, enfermeras e incluso cajeros. Y no solo allí: en los edificios de la iglesia hay vigilantes que cumplen turno el sábado. Son labores de necesidad y cuidado —la vida y la seguridad de las personas— que la propia observancia admite, y a nadie se le ocurre cuestionar a esos hermanos ni sancionarlos. La comunidad ya acepta, en la práctica, que un mínimo de cobertura es razonable. Eso es la acomodación razonable que el reglamento vigente de la Ley de Libertad Religiosa ya ordena: armonizar el día de reposo con la jornada, sin absolutismos y sin obligar a nadie a declarar su fe para conseguir empleo.

La intención de proteger el sábado es legítima; la pregunta es si se eligió el mejor instrumento. Y hay un agravante: buena parte de quienes hoy defienden la norma apoyan la idea noble del eslogan, no el texto que se aprobó, porque nunca se hizo evidente la diferencia. Ni la iglesia ni sus miembros trabajadores fueron consultados sobre ese cambio.

Conversemos, entonces, sobre qué mecanismos pueden defender mejor a los miles de jóvenes adventistas que quieren trabajar sin riesgo de discriminación. La respuesta empieza por donde debió empezar todo: definiendo bien el problema. Y si lo definimos bien, veremos que el camino no es una ley que expone al trabajador antes de contratarlo, sino fortalecer la acomodación razonable que la propia comunidad ya practica cada sábado.

Elecciones 2026: lo que el viento se llevó (y lo que no)

Introducción

Las elecciones del 12 de abril de 2026 dejaron una imagen que difícilmente se repetirá: una cédula de 42 centímetros, cinco elecciones simultáneas y un sistema operando al límite de su capacidad. Pero más allá de la complejidad operativa, lo verdaderamente relevante es otra cosa: qué arrasó el proceso electoral y qué, pese a todo, permaneció intacto. 

A continuación un balance de lo que el proceso electoral aún por cerrar se va llevando y nos va dejando.

1. Lo que el viento se llevó

Lo primero que se llevó fue la expectativa de continuidad política de buena parte de la clase dirigente.

La reforma de 2024 —bicameralidad más reelección inmediata— amplió el espacio de representación y creó incentivos claros para que los propios legisladores ocuparan ese nuevo diseño. No era una reforma neutral. Era un rediseño con beneficiarios previsibles.

Pero el proceso no solo desplazó individuos. También reconfiguró —de manera drástica— el mapa partidario. Partidos como Podemos o Alianza para el Progreso, que habían logrado construir presencia parlamentaria relevante en los últimos años, no consiguieron trasladar ese peso al nuevo esquema. Su exclusión del Congreso no es solo una derrota electoral: implica la pérdida de su inscripción como organizaciones políticas, lo que los obliga a recomenzar desde cero el proceso de reconstitución partidaria. En el caso de Alianza para el Progreso, el resultado es especialmente revelador: el control de sectores clave del Ejecutivo durante el periodo saliente —Salud y Transportes— no se tradujo en capital electoral. El votante no premió la cuota de poder; la castigó.

Acción Popular corrió una suerte distinta pero igualmente definitiva. No fue derrotado por el electorado porque no llegó a competir: sus elecciones internas fueron declaradas nulas por graves irregularidades, lo que derivó en su exclusión del proceso. Su ausencia no es solo un episodio administrativo —es la culminación de un proceso de descomposición que ya venía manifestándose en su desempeño parlamentario y en la pérdida de cohesión interna. Un partido histórico del sistema político peruano que no logró ni siquiera ordenar su propia casa para presentarse a la elección más importante de la última década.

Perú Libre también pasa a desaparecer del registro electoral. Pero a diferencia de Acción Popular, no fue excluido por el sistema, sino castigado por el electorado. El partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia no logró sostener su base política. Las razones son institucionales antes que electorales: su comportamiento parlamentario durante el periodo saliente resultó con frecuencia indistinguible del de sus adversarios en momentos clave, erosionando la credibilidad que había construido precisamente sobre la promesa de una ruptura con ese establishment. El castigo fue más severo en el sur del país, donde había edificado su principal soporte electoral y donde el electorado es especialmente sensible a la distancia entre el discurso y la conducta parlamentaria efectiva.

El mensaje es nítido: la ingeniería institucional no pudo sustituir el juicio electoral, y el electorado no solo removió personas, sino que desmanteló vehículos políticos completos. El nuevo Congreso bicameral quedará conformado por apenas seis fuerzas, ninguna de las cuales alcanza mayoría propia —con Fuerza Popular como primera minoría en torno a veinte escaños sobre sesenta en el Senado. Esa concentración, paradójicamente, no simplifica la gobernabilidad: la hace más exigente. Porque en un Congreso sin mayorías, todo acuerdo es frágil y todo conflicto es una oportunidad para reconfigurar alianzas. El sistema protegía posiciones; el voto las removió. Pero lo que quedó en pie es un mapa de poder donde gobernar requiere negociar permanentemente con quien puede bloquearte en cualquier momento.

También se llevó la ilusión de control total sobre el proceso político. El diseño podía ordenar la oferta, ampliar cargos, redistribuir poder; pero no podía garantizar resultados. Y en ese vacío emergió lo que el sistema no logró domesticar: la fragmentación, la volatilidad y el voto de castigo.

2. Lo que el viento no se llevó

Sin embargo, hay algo más importante: lo que las elecciones no lograron eliminar.

La primera es la contradicción central del escenario político, que no es nueva, pero sí más peligrosa en el contexto actual.

Si la segunda vuelta enfrenta a Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga, el país podría entrar en una dinámica que recuerda, con matices, a lo ocurrido en 2016 entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.

En aquel momento, la derrota de Keiko no fue procesada como una alternancia ordinaria. Su bancada, con mayoría en el Congreso, operó como un contrapeso extremo, bloqueando sistemáticamente la acción del Ejecutivo. Lo que siguió fue una secuencia conocida: censuras ministeriales, confrontación constante y, finalmente, la caída del gobierno.

Hoy, el escenario podría invertirse parcialmente en sus actores, pero no en su lógica. Un eventual gobierno de Rafael López Aliaga frente a Keiko —o incluso una derrota nuevamente ajustada de esta última— podría reactivar esa misma tensión: la dificultad de aceptar el resultado como punto de cierre del proceso político. Más aún si el resultado final emerge de un conteo estrecho y bajo cuestionamiento. En ese contexto, la narrativa del fraude deja de ser un recurso retórico y se convierte en un instrumento de presión política con capacidad desestabilizadora.

El riesgo no es solo quién gana, sino si el sistema político puede procesar la derrota sin activar nuevamente la lógica de bloqueo.

El segundo escenario, con la eventual presencia de Roberto Sánchez en segunda vuelta, remite más bien a lo ocurrido en 2021, cuando Keiko Fujimori perdió frente a Pedro Castillo.

En ese caso, el conflicto no se expresó tanto en el control parlamentario inmediato, sino en la disputa por la legitimidad del resultado. La narrativa de fraude, las impugnaciones masivas y la demora en el reconocimiento del resultado generaron un arranque de gobierno debilitado desde su origen.

Pero lo más importante ocurrió después. Castillo gobernó sin mayoría parlamentaria, enfrentando un Congreso hostil que terminó utilizando los mecanismos constitucionales disponibles —incluida la vacancia— para resolver el conflicto político.

Hoy, un eventual gobierno de Roberto Sánchez podría reproducir esa lógica, pero en un contexto más exigente. No solo enfrentaría un Legislativo fragmentado, sino un Senado con mayor capacidad de veto y control. La diferencia clave es que el conflicto no dependería únicamente de una mayoría simple, sino de la capacidad de articular alianzas.

A diferencia del pasado reciente, donde el conflicto se estructuraba en bloques relativamente claros, el nuevo Congreso bicameral obliga a construir mayorías más complejas. No hay una fuerza dominante. Eso abre dos posibilidades igualmente problemáticas: coaliciones inestables construidas sobre intereses de corto plazo o acuerdos tácticos cuyo único punto de coincidencia sea la remoción del Ejecutivo. En ese contexto, la vacancia deja de ser un desenlace excepcional para convertirse en una posibilidad latente.

Desde la perspectiva de Keiko Fujimori, el país parece ofrecerle dos escenarios que ya conoce: uno que recuerda a 2016 (la pastilla celeste), donde el conflicto se expresa frente a un gobierno de derecha con el que compite por el mismo espacio político; y otro que remite a 2021 (la pastilla roja), donde el enfrentamiento es con una izquierda que llega al poder en medio de una fuerte polarización. Pero esta vez, ambos caminos convergen en un mismo punto: un sistema institucional que amplifica el conflicto. Y si el ganador fuese Sánchez, Keiko no necesitaría estar en el gobierno para ejercer influencia: bastaría con una bancada articulada para incidir en la dirección del sistema político.

Lo que emerge, entonces, no es un conflicto entre proyectos claramente diferenciados, sino un sistema donde el conflicto es estructural.

3. Un sistema que sobrevive a sus propios resultados

Lo que estas elecciones dejan es una paradoja.

El sistema político fue modificado para aumentar las probabilidades de sobrevivencia de quienes lo diseñaron. Y, sin embargo, muchos de ellos no sobrevivieron electoralmente. Pero el sistema sí.

Ese es el punto clave.

Porque lo que el viento se llevó fueron nombres, partidos y trayectorias individuales. Pero lo que dejó en pie fue un esquema institucional más complejo, más fragmentado y potencialmente más conflictivo.

Por eso, el problema del Perú no es solo quién gane la segunda vuelta.

Es si alguien podrá gobernar con las reglas que han quedado.