Introducción
Las elecciones del 12 de abril de 2026 dejaron una imagen que difícilmente se repetirá: una cédula de 42 centímetros, cinco elecciones simultáneas y un sistema operando al límite de su capacidad. Pero más allá de la complejidad operativa, lo verdaderamente relevante es otra cosa: qué arrasó el proceso electoral y qué, pese a todo, permaneció intacto.
A continuación un balance de lo que el proceso electoral aún por cerrar se va llevando y nos va dejando.
1. Lo que el viento se llevó
Lo primero que se llevó fue la expectativa de continuidad política de buena parte de la clase dirigente.
La reforma de 2024 —bicameralidad más reelección inmediata— amplió el espacio de representación y creó incentivos claros para que los propios legisladores ocuparan ese nuevo diseño. No era una reforma neutral. Era un rediseño con beneficiarios previsibles.
Pero el proceso no solo desplazó individuos. También reconfiguró —de manera drástica— el mapa partidario. Partidos como Podemos o Alianza para el Progreso, que habían logrado construir presencia parlamentaria relevante en los últimos años, no consiguieron trasladar ese peso al nuevo esquema. Su exclusión del Congreso no es solo una derrota electoral: implica la pérdida de su inscripción como organizaciones políticas, lo que los obliga a recomenzar desde cero el proceso de reconstitución partidaria. En el caso de Alianza para el Progreso, el resultado es especialmente revelador: el control de sectores clave del Ejecutivo durante el periodo saliente —Educación y Transportes— no se tradujo en capital electoral. El votante no premió la cuota de poder; la castigó.
Acción Popular corrió una suerte distinta pero igualmente definitiva. No fue derrotado por el electorado porque no llegó a competir: sus elecciones internas fueron declaradas nulas por graves irregularidades, lo que derivó en su exclusión del proceso. Su ausencia no es solo un episodio administrativo —es la culminación de un proceso de descomposición que ya venía manifestándose en su desempeño parlamentario y en la pérdida de cohesión interna. Un partido histórico del sistema político peruano que no logró ni siquiera ordenar su propia casa para presentarse a la elección más importante de la última década.
Perú Libre también pasa a desaparecer del registro electoral. Pero a diferencia de Acción Popular, no fue excluido por el sistema, sino castigado por el electorado. El partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia no logró sostener su base política. Las razones son institucionales antes que electorales: su comportamiento parlamentario durante el periodo saliente resultó con frecuencia indistinguible del de sus adversarios en momentos clave, erosionando la credibilidad que había construido precisamente sobre la promesa de una ruptura con ese establishment. El castigo fue más severo en el sur del país, donde había edificado su principal soporte electoral y donde el electorado es especialmente sensible a la distancia entre el discurso y la conducta parlamentaria efectiva.
El mensaje es nítido: la ingeniería institucional no pudo sustituir el juicio electoral, y el electorado no solo removió personas, sino que desmanteló vehículos políticos completos. El nuevo Congreso bicameral quedará conformado por apenas seis fuerzas, ninguna de las cuales alcanza mayoría propia —con Fuerza Popular como primera minoría en torno a veinte escaños sobre sesenta en el Senado. Esa concentración, paradójicamente, no simplifica la gobernabilidad: la hace más exigente. Porque en un Congreso sin mayorías, todo acuerdo es frágil y todo conflicto es una oportunidad para reconfigurar alianzas. El sistema protegía posiciones; el voto las removió. Pero lo que quedó en pie es un mapa de poder donde gobernar requiere negociar permanentemente con quien puede bloquearte en cualquier momento.
También se llevó la ilusión de control total sobre el proceso político. El diseño podía ordenar la oferta, ampliar cargos, redistribuir poder; pero no podía garantizar resultados. Y en ese vacío emergió lo que el sistema no logró domesticar: la fragmentación, la volatilidad y el voto de castigo.
2. Lo que el viento no se llevó
Sin embargo, hay algo más importante: lo que las elecciones no lograron eliminar.
La primera es la contradicción central del escenario político, que no es nueva, pero sí más peligrosa en el contexto actual.
Si la segunda vuelta enfrenta a Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga, el país podría entrar en una dinámica que recuerda, con matices, a lo ocurrido en 2016 entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.
En aquel momento, la derrota de Keiko no fue procesada como una alternancia ordinaria. Su bancada, con mayoría en el Congreso, operó como un contrapeso extremo, bloqueando sistemáticamente la acción del Ejecutivo. Lo que siguió fue una secuencia conocida: censuras ministeriales, confrontación constante y, finalmente, la caída del gobierno.
Hoy, el escenario podría invertirse parcialmente en sus actores, pero no en su lógica. Un eventual gobierno de Rafael López Aliaga frente a Keiko —o incluso una derrota nuevamente ajustada de esta última— podría reactivar esa misma tensión: la dificultad de aceptar el resultado como punto de cierre del proceso político. Más aún si el resultado final emerge de un conteo estrecho y bajo cuestionamiento. En ese contexto, la narrativa del fraude deja de ser un recurso retórico y se convierte en un instrumento de presión política con capacidad desestabilizadora.
El riesgo no es solo quién gana, sino si el sistema político puede procesar la derrota sin activar nuevamente la lógica de bloqueo.
El segundo escenario, con la eventual presencia de Roberto Sánchez en segunda vuelta, remite más bien a lo ocurrido en 2021, cuando Keiko Fujimori perdió frente a Pedro Castillo.
En ese caso, el conflicto no se expresó tanto en el control parlamentario inmediato, sino en la disputa por la legitimidad del resultado. La narrativa de fraude, las impugnaciones masivas y la demora en el reconocimiento del resultado generaron un arranque de gobierno debilitado desde su origen.
Pero lo más importante ocurrió después. Castillo gobernó sin mayoría parlamentaria, enfrentando un Congreso hostil que terminó utilizando los mecanismos constitucionales disponibles —incluida la vacancia— para resolver el conflicto político.
Hoy, un eventual gobierno de Roberto Sánchez podría reproducir esa lógica, pero en un contexto más exigente. No solo enfrentaría un Legislativo fragmentado, sino un Senado con mayor capacidad de veto y control. La diferencia clave es que el conflicto no dependería únicamente de una mayoría simple, sino de la capacidad de articular alianzas.
A diferencia del pasado reciente, donde el conflicto se estructuraba en bloques relativamente claros, el nuevo Congreso bicameral obliga a construir mayorías más complejas. No hay una fuerza dominante. Eso abre dos posibilidades igualmente problemáticas: coaliciones inestables construidas sobre intereses de corto plazo o acuerdos tácticos cuyo único punto de coincidencia sea la remoción del Ejecutivo. En ese contexto, la vacancia deja de ser un desenlace excepcional para convertirse en una posibilidad latente.
Desde la perspectiva de Keiko Fujimori, el país parece ofrecerle dos escenarios que ya conoce: uno que recuerda a 2016, donde el conflicto se expresa frente a un gobierno de derecha con el que compite por el mismo espacio político; y otro que remite a 2021, donde el enfrentamiento es con una izquierda que llega al poder en medio de una fuerte polarización. Pero esta vez, ambos caminos convergen en un mismo punto: un sistema institucional que amplifica el conflicto. Y si el ganador fuese Sánchez, Keiko no necesitaría estar en el gobierno para ejercer influencia: bastaría con una bancada articulada para incidir en la dirección del sistema político.
Lo que emerge, entonces, no es un conflicto entre proyectos claramente diferenciados, sino un sistema donde el conflicto es estructural.
3. Un sistema que sobrevive a sus propios resultados
Lo que estas elecciones dejan es una paradoja.
El sistema político fue modificado para aumentar las probabilidades de sobrevivencia de quienes lo diseñaron. Y, sin embargo, muchos de ellos no sobrevivieron electoralmente. Pero el sistema sí.
Ese es el punto clave.
Porque lo que el viento se llevó fueron nombres, partidos y trayectorias individuales. Pero lo que dejó en pie fue un esquema institucional más complejo, más fragmentado y potencialmente más conflictivo.
Por eso, el problema del Perú no es solo quién gane la segunda vuelta.
Es si alguien podrá gobernar con las reglas que han quedado.
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