De acuerdo con Dieter Nohlen, el sistema electoral tiene un concepto restringido dentro de las ciencias sociales. Este viene a ser el conjunto de normas y procedimientos técnicos que convierten los votos de los electores en escaños. No obstante, de acuerdo con la Constitución Política Peruana de 1993, el sistema electoral esta conformado por tres organismos electorales autónomos que coordinan sus acciones en materia electoral segun sus atribuciones. De esta manera, a pesar de lo dicho por Nohlen, el concepto de sistema electoral habría sido expandido o desfigurado. Esta nueva concepción habría sido inspirada y nutrida por la particular evolución de la administración pública peruana, que desde los años sesenta ha visto definir varios sistemas en su estructura. En ese sentido, un sistema dentro de la administración pública peruana, es definido no solamente por su componente abstracto o soft (técnicas y procedimientos contenidos en la normatividad que corresponde para alcanzar determinados objetivos de política pública) sino también por su componente concreto o hard (organismos y oficinas). La pregunta lógica aparece por si sola ¿Es posible concordar con la expansión del concepto de Sistema Electoral que hace la Constitución Peruana? o de lo contrario ¿Ella introduce un ingrediente de confusión importante dentro de las ciencias sociales y hace imposible por lo tanto estudiar la materia y menos aun proponer políticas públicas relacionadas con ella?
Las respuestas a estas preguntas tienen mucho que ver con la actual definición y funcionamiento de los organismos electorales peruanos. Como se sabe, en el Perú existen tres organismos electorales: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encargada de la justicia y fiscalizacion electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) encargada de la administración electoral, y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) encargado de elaborar el padrón electoral. La conformación de este 'sistema electoral' sería errada dado que por definición ella no contempla a los organismos electorales sino únicamente los procedimientos técnicos que rigen el sufragio. En segundo lugar, la forma como la Constitución y la Ley Electoral definen y regulan a estos tres organismos ha hecho que se genere un presupuesto público exagerado (puesto que antes bastaba una sola organización para realizar las tareas que han sido desconcentradas en estas tres). Finalmente, debido a que la Constitución ha definido tres organismos autónomos que actúan bajo el principio de "coordinación", no ha quedado claro quien encabeza al sistema ni tampoco estan bien delimitadas sus funciones. Por lo tanto, dicho principio se ha convertido en la práctica en un incentivo para el conflicto entre los organismos del sistema (principalmente entre el JNE y la ONPE) lo que ha ocasionado elevados costos de transaccion entre ellos y eventualmente se ha incurrido en costos adicionales por la ineficiencia de como ha sido definido el sistema.
Por estas razones, el sistema electoral habria brindado a la ciudadanía servicios electorales ineficientes disminuyendo su aprobación institucional ante la población. De hecho la prensa peruana ha registrado estos conflictos frecuentemente, sobre todo durante un incremento de la demanda por servicios electorales como ha ocurrido este 2006. Estos roces han sido materia de sendos comentarios por diversos analistas politicos locales e internacionales. ¿Es necesario, por ello, realizar una nueva reforma electoral? ¿Ella deberá redifinir algunos conceptos fundamentales como el sistema electoral? ¿Significará esta reforma la reunificación de los tres organismos o será posible un nuevo diseño organizacional? Estas preguntas y las indicadas mas arriba son las que motivan a analizar la problemática de la materia electoral en el país.
Las respuestas a estas preguntas tienen mucho que ver con la actual definición y funcionamiento de los organismos electorales peruanos. Como se sabe, en el Perú existen tres organismos electorales: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encargada de la justicia y fiscalizacion electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) encargada de la administración electoral, y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) encargado de elaborar el padrón electoral. La conformación de este 'sistema electoral' sería errada dado que por definición ella no contempla a los organismos electorales sino únicamente los procedimientos técnicos que rigen el sufragio. En segundo lugar, la forma como la Constitución y la Ley Electoral definen y regulan a estos tres organismos ha hecho que se genere un presupuesto público exagerado (puesto que antes bastaba una sola organización para realizar las tareas que han sido desconcentradas en estas tres). Finalmente, debido a que la Constitución ha definido tres organismos autónomos que actúan bajo el principio de "coordinación", no ha quedado claro quien encabeza al sistema ni tampoco estan bien delimitadas sus funciones. Por lo tanto, dicho principio se ha convertido en la práctica en un incentivo para el conflicto entre los organismos del sistema (principalmente entre el JNE y la ONPE) lo que ha ocasionado elevados costos de transaccion entre ellos y eventualmente se ha incurrido en costos adicionales por la ineficiencia de como ha sido definido el sistema.
Por estas razones, el sistema electoral habria brindado a la ciudadanía servicios electorales ineficientes disminuyendo su aprobación institucional ante la población. De hecho la prensa peruana ha registrado estos conflictos frecuentemente, sobre todo durante un incremento de la demanda por servicios electorales como ha ocurrido este 2006. Estos roces han sido materia de sendos comentarios por diversos analistas politicos locales e internacionales. ¿Es necesario, por ello, realizar una nueva reforma electoral? ¿Ella deberá redifinir algunos conceptos fundamentales como el sistema electoral? ¿Significará esta reforma la reunificación de los tres organismos o será posible un nuevo diseño organizacional? Estas preguntas y las indicadas mas arriba son las que motivan a analizar la problemática de la materia electoral en el país.
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