jueves, julio 10, 2008

Finanzas y desarrollo: una congruencia ineludible

A continuación reproduzco un artículo mío publicado en el boletín de Finanzas y Comercio, de la Red Latindadd (ver aquí) en el marco de mi participación en la reunión del G77 en la sede de las Naciones Unidas, en New York, en junio del presente año (ver aquí mas sobre la reunión).

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Finanzas y desarrollo: una congruencia ineludible
Por Raúl Mauro, Latindadd
Lima, 08 de julio de 2008.

La reciente audiencia de las Naciones Unidas celebrada con la sociedad civil, el 18 de junio pasado, en el marco de Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, ha revisado varios de los discursos construidos en este espacio, y junto con ello, ha reforzado las acciones orientadas a resolver la difícil ecuación global entre finanzas y desarrollo, de cara a la declaración que se obtenga en Doha, este noviembre de 2008.

Un primer discurso, al cual contribuyeron las ponencias de Vitalice Meja (AFRODAD) Lidy Napcil (Jubilee South) y Josefa Francisco (Development Alternatives with Women for a New Era), es aquel que reclama la desvinculación de las condicionalidades a la ayuda para el desarrollo, en especial, aquellos asociadas a los programas de cancelación y alivio de la deuda externa. En ambos casos, se hizo evidente que la ayuda actualmente brindada a los países en desarrollo tiene el carácter de patronaje político y económico lo que limita (y en otros casos, anula) los propios esfuerzos realizados para superar los problemas de la pobreza y la desigualdad. Un aspecto poco estudiado por ejemplo, es el impacto negativo que tiene la condicionalidad concebida como ‘positiva’ cuando se liga la ayuda al tema de género. Este tipo de enfoque pone en riesgo un concepto de desarrollo de la sociedad más amplio como lo es el de mutua responsabilidad en las familias. En ese sentido, resulta de vital importancia no sólo apelar al incremento en el nivel de recursos para el financiamiento del desarrollo, sino también en la necesidad de implementar una reforma en los objetivos y prioridades de la ayuda que brindan los países más ricos a los países en desarrollo. Esta reforma debe nutrirse de las experiencias que contengan buenas prácticas en el manejo de la ayuda oficial al desarrollo, incluyendo la rendición de cuentas tanto a los países que la reciben como a la sociedad civil en el Norte y el Sur. Esto contribuiría al fortalecimiento de la democracia en los países que son beneficiarios de los programas de desendeudamiento y ayuda para el desarrollo, al permitírseles seleccionar e implementar sus propias estrategias de desarrollo basadas en principios clave recogidos en documentos como el Consenso de Monterrey y la Carta Universal de los Derechos Humanos.

Un segundo discurso, de orden más sistémico, es aquel que tiene que ver con la redefinición del papel cumplido por las organizaciones internacionales surgidas en Bretton Woods frente al pobre desempeño que estas han tenido para superar los actuales desequilibrios financieros, monetarios y comerciales de escala global. La ponencia de José Antonio Ocampo fue muy explícita en este sentido. Ello se debería a la excesiva dependencia del sistema internacional de reservas en una única moneda nacional (el dólar americano), y a la falta de un marco regulatorio de las finanzas globales que permita la coordinación de las políticas macroeconómicas entre países. Por lo tanto, resulta evidente la necesidad de plantear como remedio la “dependencia en una moneda de reserva global [no nacional] y la creación de mecanismos de coordinación de las políticas macroeconómicas” y la asunción de un enfoque contra cíclico en la regulación financiera mundial. Ello sería posible, si existiese un marco institucional regulatorio de dimensiones globales, como por ejemplo, una corte de deuda internacional donde se pudieran presentar los casos de sobreendeudamiento semejante a como se manejan los casos de bancarrota en las cortes existentes a nivel nacional, evitando soluciones ad-hoc ensayadas por el BM o el FMI, cargadas de excesivas condicionalidades y presiones de orden económico y social.

Paralelamente a esta discusión, se encuentra el problema del financiamiento para mitigar y adaptar a la humanidad a los efectos del cambio climático. Este fue el aporte de Philo Morris, representante de la Society of Catholic Medical Missionaries. Estos efectos, como se advertirá, pueden concebirse como ‘sistémicos’ al patrón de crecimiento económico del mundo, y por tanto, su financiamiento debe surgir de allí regido bajo el principio “el que contamina, paga”. La propuesta de política en ese sentido es que el documento de Doha formule la creación de fondos diferenciados para el financiamiento de programas de adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático, en un enfoque de desarrollo holístico que incluya al hombre y su ambiente, de lo contrario se pondrá en riesgo alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Otra de las propuestas significativas de financiamiento para alcanzar los ODM provino de Josep Xercavins, de Ubuntu Forum Secretariat, quien enfatizó en las dimensiones de varios indicadores ‘no tradicionales’ del desarrollo. Destacan por ejemplo, el monto anual destinado a la Ayuda Internacional al Desarrollo (103.7 US$ billones), los costos administrativos anuales de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI (5.1 US$ billones), las pérdidas bancarias estimadas por la crisis financiera (565 US$ billones), el gasto militar mundial (1158 US$ billones), el costo de adaptación al cambio climático (50 US$ billones), los flujos de capital ilícitos (1600 US$ billones), las remesas de los migrantes (240 US$ billones), entre otros. Frente a estas cifras, aparece un monto importante que podría recaudarse (un poco más de 43 US$ billones) a una tasa muy baja (0.005%) aplicada a las transacciones financieras internacionales. Este es el impuesto CCT (Impuesto a las transacciones financieras) el cual tiene como antecedente la propuesta del impuesto Tobin, formulada por economista laureado por el premio Nobel, James Tobin. Este impuesto no generaría ningún desequilibrio a las ingentes masas de capital que se trasladan libremente por el mundo, y sin embargo, contribuirían a alcanzar algunos de los objetivos de desarrollo que se han propuesto de manera conjunta para el 2015.

Finalmente, la intervención de Gyeke Tanoh, de Third World Network Africa, enfatiza en los enormes desequilibrios acumulados en el comercio mundial, en términos de su estructura y su gobernanza, dimensiones que configuran todo un desafío para discutir una propuesta consensuada en Doha que pretenda resolverla. El ejemplo utilizado por Tanoh se circunscribe a la realidad de Africa, donde la liberalización del comercio ha privilegiado un patrón de crecimiento basado en las exportaciones de materias primas, las que han cosechado grandes ganancias al capital invertido, pero han descapitalizado a sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de ancha base, como son la manufactura y la agricultura. Paralelamente, se ha expuesto a la región al riesgo de los shocks financieros y de precios internacionales al concentrar excesivamente a sus economías en la producción y exportación de bienes primarios, especialmente minerales. Adicionalmente, las importaciones están minando a las economías agrarias nacionales al traer alimentos subsidiados exacerbando las inequidades en el comercio local y promoviendo una sociedad dependiente de alimentos importados o donados. Esta es una experiencia que no es muy lejana a la vivida por los países de América Latina. De esta manera, se pone en cuestión la idea de que el comercio esté sirviendo como una herramienta para el desarrollo, y más bien promueve un esquema perverso de dependencia e inequidad. En tal sentido, la propuesta es que se desarrollen e implementen medidas urgentes en los niveles nacionales e internacionales para lidiar con las vulnerabilidades, en especial en lo tocante a la soberanía alimentaria, una evaluación de los estándares de comercio internacional, la implementación de una reforma tributaria progresiva del sector extractivo, entre otras propuestas específicas que merecen un mayor análisis y discusión.

A manera de conclusión, uno puede destacar la importancia de haber celebrado esta reunión, a pesar de la poca convocatoria que hubo de parte de los delegados de los países, ya que se ha provisto de una agenda clave a discutir en Doha, bajo el marco de una institucionalidad global consensuada. De las crisis, tales como las que asistimos en la actualidad, parecen configurar un preludio necesario para proponer un nuevo orden global financiero, monetario y comercial que promuevan un desarrollo más equilibrado y justo entre nuestros países.

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