Revisando el diario Página 12 de Argentina, me encontré con un artículo interesante que reflexiona sobre la calidad de la legislación que previene acerca de los potenciales efectos negativos de los monopolios sobre la industria local argentina y sus consumidores. La preocupación no es sólo sobre los monopolios de alcance nacional sino sobre todo, los de escala internacional. La idea central de este texto es que la Argentina se encuentra pasiva y expectante ante tales procesos de megamonopolización originados en el viejo continente.
Dos son las megaoperaciones analizadas: la primera, la unión de las empresas eléctricas Endesa (España) y Enel (Italia) para frenar el avance de la empresa alemana E.ON; la segunda, las empresas Telefónica (España) y Telecom (Italia) para contener el embate de las empresas del nuevo mundo, AT&T (USA) y Telmex (México).
Tanto Endesa como Telefónica tienen intereses económicos concretos no sólo en Perú, sino en casi toda latinoamérica. En nuestro país, Endesa es propietaria mayoritaria de la empresa de distribución eléctrica limeña Edelnor, y de las generadoras Edegel, Etevensa y la piurana Eepsa. Cuáles han sido los efectos de la presencia de tales monopolios en nuestro país? Hasta la fecha, no se ha hecho una revisión de los resultados de la privatización. Existen varios estudios realizados en la época de las privatizaciones (mediados y fines de los noventa) que muestran los beneficios de este proceso en términos de acceso a la modernidad. No obstante, ningún economista destacado ha realizado una medición de la pérdida de eficiencia social resultante de la instalación de monopolios en nuestras tierras.
De acuerdo con la teoría económica estándar, se concibe dicha pérdida como resultado de las cuotas de poder que obtiene el monopolista sobre el mercado. Este, puede cobrar a sus consumidores un precio mayor al que se tendría en una situación de libre competencia; y, además, puede restringir la producción a un nivel inferior que lo que desea o demanda la sociedad respecto de una situación competitiva. Otros efectos nocivos, de la posición de un monopolista, se producen al analizar la faceta de comprador de dicha empresa. Algunos monopolios por el lado productivo, frecuentemente son monopsonios por su lado comprador. Como monopsonista, puede pagar o forzar a pagar un precio menor por los insumos que normalmente compra para producir, ya sea materiales o mano de obra. La tendencia capitalista es, si seguimos el análisis marxista, que se paga cada vez menos a la mano de obra.
Qué es lo que está pasando en nuestro país? Quienes pueden mermar los efectos negativos de los monopolios y los monopsonios? En la práctica tenemos los organismos reguladores de los sectores energético y de telecomunicaciones, el Ministerio de la Producción (Produce) y el Ministerio de Trabajo (Mintra). El problema de los organismos reguladores es que ellos fueron creados luego de que se instalaron los monopolios y su objetivo no es necesariamente "aminorar los precios al cliente" o forzar un ambiente "competitivo". Unicamente tienen como objeto fiscalizar que todo se produzca y provea de acuerdo con las normas y reglamentos relacionados con el sector. Otros problemas, que se han ido superando con relativo éxito, son precisamente su capacidad fiscalizadora, el grado de profesionalización de su burocracia, e incluso, su presupuesto limitado.
Por su parte, el problema del Produce y el Mintra, es que a veces parecen ministerios en competencia. Ambos parecen reproducir el debate académico y político entre derechos de los empresarios y derechos laborales. Pero en concreto, mientras que el Mintra tiene un equipo muy reducido para realizar las inspecciones de condiciones laborales que necesita el amplio y rico arsenal empresarial transnacional instalado en nuestro país; el Produce, sólo tiene competencia para los sectores industriales y pesqueros de alcance nacional, lo que habla de una visión limitada de nuestro Estado sobre articulación entre producción local/global y mercado local/global (algunos usan ya el vocablo glocal, pero mientras no tenga claro que significa, seguiré usando la fórmula local/global o viceversa).
El aumento del salario mínimo sigue siendo un tema tabú entre los empresarios y el sector público, a pesar que los sectores industrial-exportadores han crecido notablemente en los últimos cinco años. El sector pesquero sigue mostrando muchos de los problemas más serios de explotación laboral que no son evaluados de manera seria por ningún documento académico u oficial. Los inspectores laborales son tantos que se los puede contar con los dedos de las manos (incluso verlos, acosarlos, sobornarlos, estudiarlos, ver aquí). Parece ser que las iniciativas de ciertas organizaciones de la sociedad civil han hecho algo a favor de los consumidores al tomar el debate de las tarifas telefónicas como lo hizo la ASPEC por ejemplo, pero sus alcances son aun muy limitados.
En resumen, creo probable que la declaración no sea más terrible que la pronunciada por el analista argentino:
Dos son las megaoperaciones analizadas: la primera, la unión de las empresas eléctricas Endesa (España) y Enel (Italia) para frenar el avance de la empresa alemana E.ON; la segunda, las empresas Telefónica (España) y Telecom (Italia) para contener el embate de las empresas del nuevo mundo, AT&T (USA) y Telmex (México).
Tanto Endesa como Telefónica tienen intereses económicos concretos no sólo en Perú, sino en casi toda latinoamérica. En nuestro país, Endesa es propietaria mayoritaria de la empresa de distribución eléctrica limeña Edelnor, y de las generadoras Edegel, Etevensa y la piurana Eepsa. Cuáles han sido los efectos de la presencia de tales monopolios en nuestro país? Hasta la fecha, no se ha hecho una revisión de los resultados de la privatización. Existen varios estudios realizados en la época de las privatizaciones (mediados y fines de los noventa) que muestran los beneficios de este proceso en términos de acceso a la modernidad. No obstante, ningún economista destacado ha realizado una medición de la pérdida de eficiencia social resultante de la instalación de monopolios en nuestras tierras.
De acuerdo con la teoría económica estándar, se concibe dicha pérdida como resultado de las cuotas de poder que obtiene el monopolista sobre el mercado. Este, puede cobrar a sus consumidores un precio mayor al que se tendría en una situación de libre competencia; y, además, puede restringir la producción a un nivel inferior que lo que desea o demanda la sociedad respecto de una situación competitiva. Otros efectos nocivos, de la posición de un monopolista, se producen al analizar la faceta de comprador de dicha empresa. Algunos monopolios por el lado productivo, frecuentemente son monopsonios por su lado comprador. Como monopsonista, puede pagar o forzar a pagar un precio menor por los insumos que normalmente compra para producir, ya sea materiales o mano de obra. La tendencia capitalista es, si seguimos el análisis marxista, que se paga cada vez menos a la mano de obra.
Qué es lo que está pasando en nuestro país? Quienes pueden mermar los efectos negativos de los monopolios y los monopsonios? En la práctica tenemos los organismos reguladores de los sectores energético y de telecomunicaciones, el Ministerio de la Producción (Produce) y el Ministerio de Trabajo (Mintra). El problema de los organismos reguladores es que ellos fueron creados luego de que se instalaron los monopolios y su objetivo no es necesariamente "aminorar los precios al cliente" o forzar un ambiente "competitivo". Unicamente tienen como objeto fiscalizar que todo se produzca y provea de acuerdo con las normas y reglamentos relacionados con el sector. Otros problemas, que se han ido superando con relativo éxito, son precisamente su capacidad fiscalizadora, el grado de profesionalización de su burocracia, e incluso, su presupuesto limitado.
Por su parte, el problema del Produce y el Mintra, es que a veces parecen ministerios en competencia. Ambos parecen reproducir el debate académico y político entre derechos de los empresarios y derechos laborales. Pero en concreto, mientras que el Mintra tiene un equipo muy reducido para realizar las inspecciones de condiciones laborales que necesita el amplio y rico arsenal empresarial transnacional instalado en nuestro país; el Produce, sólo tiene competencia para los sectores industriales y pesqueros de alcance nacional, lo que habla de una visión limitada de nuestro Estado sobre articulación entre producción local/global y mercado local/global (algunos usan ya el vocablo glocal, pero mientras no tenga claro que significa, seguiré usando la fórmula local/global o viceversa).
El aumento del salario mínimo sigue siendo un tema tabú entre los empresarios y el sector público, a pesar que los sectores industrial-exportadores han crecido notablemente en los últimos cinco años. El sector pesquero sigue mostrando muchos de los problemas más serios de explotación laboral que no son evaluados de manera seria por ningún documento académico u oficial. Los inspectores laborales son tantos que se los puede contar con los dedos de las manos (incluso verlos, acosarlos, sobornarlos, estudiarlos, ver aquí). Parece ser que las iniciativas de ciertas organizaciones de la sociedad civil han hecho algo a favor de los consumidores al tomar el debate de las tarifas telefónicas como lo hizo la ASPEC por ejemplo, pero sus alcances son aun muy limitados.
En resumen, creo probable que la declaración no sea más terrible que la pronunciada por el analista argentino:
En Argentina, donde la competencia es escasa y las conductas abusivas son corrientes, comportamientos que se reflejan en los precios de los productos y, por lo tanto, en el indomable índice de precios al consumidor, se necesita, además de manifestaciones de buena voluntad, decisión política de jerarquizar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Al menos, para que pueda hacer ese poquitito que practica su par europeo.En nuestro caso, este texto se reformularía indicando que nuestro gobierno debe tener la voluntad política de tomar las decisiones fundamentales para fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado sobre estos sectores y hacer respetar los derechos fundamentales de los consumidores y, por supuesto, de las iniciativas privadas locales.
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