De acuerdo con el último boletín de Enero del 2009 del INEI (descargar aquí, pdf), la morosidad bancaria ha registrado una fuerte subida en el mes de noviembre de 2008. Ahora mostramos el mismo nivel que en diciembre de 2007, esto es 2.6%, habiendo llegado al récord histórico de 1.19% entre septiembre y octubre de 2008.
Para que el público no especializado esté avisado, la morosidad bancaria mide la proporción de créditos vencidos o en cobranza judicial del total de créditos directos colocados. Ello implica que la capacidad de pago de los clientes se ha reducido. Esto se produce bien por la vía de un aumento del desempleo o por una reducción de los ingresos en términos reales frente al aumento o persistencia de otros costos elevados para la familia.
En el primer caso es evidente que la crisis económica global está impactando en nuestra economía. Más rápido de lo que se piensa en Palacio y derredores. Los masivos despidos de los trabajadores temporales en un primer momento, y luego, de los que se encuentran la planilla a plazo indeterminado, han aumentado con cifras que aún se cuentan fuera de las estadísticas oficiales. Pero estas ya son conversadas entre los viajeros interprovinciales, entre los taxistas, y entre las familias que tenían a alguien trabajando fuera de las principales ciudades.
En el segundo caso, quiero abordar el problema de la reticencia a la baja del costo de los combustibles. En verdad, teniendo en cuenta que existe un organismo regulador como lo es OSINERG, llama la atención el hecho de que se esté penalizando gravemente la economía familiar al no mostrar una bajada importante de los costos de energía cuando a nivel internacional este ha caido a menos de la tercera parte de su máximo precio observado el año pasado. Surgen dos posibilidades para explicar esta reticencia a la baja. En primer lugar, la posibilidad de que el gobierno esté subvencionando a las empresas refinadoras al no poder pagar a tiempo la deuda que el Estado contrajo con el fondo de combustibles. En segundo término, podríamos estar asistiendo a la capacidad monopólica de estas empresas para protegerse de la crisis a costa de los ingresos de la población y que este poder rebasa al poder regulador del propio Estado.
En ambos casos, pienso que el plan anticrisis no escrito ya está siendo implementado a favor de las empresas refinadoras, transportadoras y probablemente los propios grifos, perjudicando a las grandes mayorías poblacionales, lo que ante una reducción relativa y real de los ingresos afecta su capacidad de pago de otras obligaciones.
La pregunta es, ¿Quién salvará a las familias?. Si se piensa que este papel lo cumplirá la famosa lista de actividades a ejecutar del MEF, pues está claro que más allá de lo que está escrito en ese papel, lo que verdaderamente jugará a favor de los empresarios serán los fenómenos arriba descritos, donde el Estado actúa beneficiándolos a discreción, dejando de lado a las familias.
Lo otro es, que si las reservas del sector financiero no son suficientes, y frente al hecho de que las familias no podrán pagar cada vez en mayor proporción (¿Llegaremos al 15%?) el Estado saldrá a rescatar a los bancos en vez de las familias bajo el argumento utilizado en los Estados Unidos y el resto de países europeos: salvar al sistema primero.
Es urgente que el Estado lance un plan anticrisis integral que tenga en cuenta estos estragos que cada vez serán mayores. Es también preciso que las familias paguen sus deudas de una buena vez, o si no, que comiencen de una vez sus marchas pro rescate a ellas.
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