El costo del destrabe de inversiones

El anuncio del destrabe de una docena de proyectos de inversión por US$18,800 millones -en el marco del informe de los cien días de gestión del nuevo gobierno- es una noticia que hay celebrar. Lo que no se conoce es a qué costo se ha logrado este objetivo y cuáles serán los beneficios y los nuevos costos derivados de los mismos. El criterio para evaluar el éxito de dichos destrabes es si se ha hecho en un esquema ‘ganar-ganar’ en lugar del ‘ganar-perder’. En el primer caso, la sociedad, la empresa y el Estado ganan; en el segundo, suele ocurrir que la empresa gana, mientras que el Estado pierde.

Tomemos como ejemplo el caso del Aeropuerto Internacional de Chincheros a construirse en el Cusco. Este es un proyecto que demandará una inversión de US$ 658 millones. Los criterios para seleccionar al ganador fueron dos: el que exigiera el menor nivel de cofinanciamiento de parte del Estado, y a su vez, el que ofreciera el mayor porcentaje de reintegro de dicho cofinanciamiento. El Consorcio Kuntur Wasi (conformado por capitales peruanos y argentinos en partes iguales) ganó al ofrecer la mejor oferta combinada por ambos criterios. En el primer criterio, Kuntur ofreció que el cofinanciamiento sea de US$ 264.8 millones, monto 42% menor a los US$ 457.5 millones tolerados. En el segundo criterio, el Consorcio ofreció un reintegro de 100%, cuando el mínimo tolerado era de 30%. Según ProInversion, al seleccionar al Consorcio Kuntur Wasi se generó un ahorro al Estado calculado en US$ 200 millones.

Los problemas comenzaron cuando OSITRAN observó el informe de Endeudamiento Garantizado Permitido (EGP). Esto generó una serie de contratiempos entre el Estado y el Consorcio que provocaron incertidumbre sobre el inicio de las obras del aeropuerto. El peor momento ocurrió en abril de este año cuando el saliente presidente Ollanta Humala amenazó con rescindir el contrato y ejecutar las penalidades pertinentes por incumplimiento. Kuntur tuvo la capacidad de reacción mediática para manejar el proceso hasta esperar que entre el nuevo presidente. Ya con PPK al frente del gobierno, el Ministerio de Transportes informaba que la evaluación del EGP continuaba, dilatándose el proceso sospechosamente. La semana pasada, el diario Gestión ha revelado que el Estado habría aceptado un mayor costo financiero de al menos US$ 200 millones como consecuencia del incremento de la tasa de interés de 9% a 21% sobre el Pago Anual por Obras (PAO). Es decir, un sobrecosto equivalente al monto de ahorro que ProInversion había anunciado a favor del Estado al otorgar la buena pro al Consorcio Kuntur Wasi.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden de esta situación? En un país acostumbrado al discurso de la eficiencia y el libre mercado, este caso de ‘destrabe de inversiones’ es una grosera prevaricación jugada a favor de una empresa privilegiada. ¿Qué personas o intereses originan este privilegio? Las empresas que resultaron perdiendo en la convocatoria de la concesión, bien podrían argumentar un trato discriminatorio puesto que la ventaja técnica y económica ofrecida por Kuntur ha resultado ser falsa. A su vez, el Estado, representante de los intereses de todos los peruanos, ha aceptado un sobrecosto por cuenta de todos en vez de ejecutar la penalidad y convocar a un nuevo proceso donde la competencia limpia y transparente permita escoger al mejor postor. Los negociados y sobrecostos a costa del bienestar de la población, al parecer, seguirán formando parte del estilo de gobierno de PPK. Lamentable.

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PPK y la lucha contra la informalidad

PPK le ha declarado la guerra a la informalidad. Eso está muy bien si entendemos que resolver esta situación procurará la creación de empleos dignos para dicha masa laboral. No se trata de crear empleos bamba con derechos laborales recortados “a la legal”. Por otro lado, preocupa las fuertes señales de informalidad que pululan en las relaciones de asesores alrededor del poder del Presidente, evidenciando que este puede ser un problema más grave del que se pretende atacar en el mercado laboral.

La versión fresca del caso de Carlos Moreno en el SIS –una versión informal de APPs en el sector salud-, palidece frente a la informalidad de los lobbies a los que PPK ha estado acostumbrado a recurrir para defender sus intereses empresariales hace tan solo un par de años, como fue el caso de la empresa Exalmar- Como se recordará, el pedido amical vía email para extender la cuota de captura de pescado fue atendido sin mayor aspaviento público, demostrando lo eficaz que resulta ser un gestor de intereses informal. Por fortuna, este caso revelado por los ‘Cornejoleaks’ generando todo un debate acerca del cumplimiento de la ley de lobbies (Ley N° 28024) vigente desde junio de 2003, encontrándose que apenas existían quince empresas registradas ante la SUNARP y un número menor de ellas que cumplían con reportar sus operaciones tal como lo exige la ley. Según algunas estimaciones razonables, al menos un 90% de las operaciones de lobby empresariales se realizan al margen de la ley. Es decir, hay más informalidad empresarial que informalidad laboral.

La informalidad para manejar el poder del Estado podría resultar más costosa que la informalidad que PPK quiere acabar en el mercado laboral. El desgaste por la continua renuncia de consejeros y asesores de las más altas esferas, puede producir un efecto similar al desgaste que tuvo Humala por los continuos cambios de gabinete y ministros provocando problemas para la implementación de políticas públicas. Es decir la ciudadanía en su conjunto resultará afectada por esta suerte de ineficacia para gobernar el país. Mientras que las relaciones entre tecnócratas no tengan otro espíritu que las oportunidades de rentas al tercerizar servicios públicos universales que vale la pena expandir y fortalecer como tales, PPK deberá intentar la reforma más importante que puede legar al país: renunciar a la informalidad a la que ha estado acostumbrado y procurar que el resto de empresarios sigan su ejemplo. Formalizando y transparentando esta esfera oscura entre los lobistas y las instituciones y funciones que los reciben, quedará menos espacio para la corrupción y los negociados que han costado a nuestro país entre 3 a 5% del PBI, según cálculos de Proética.

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La informalidad de PPK

Reducir el nivel de informalidad en nuestro país es uno de los desafíos más importantes que se ha propuesto el gobierno de PPK. Para ello, han logrado la autorización del Congreso para bajar el IGV e introducir incentivos para que nos formalicemos unos a otros. Luego de ello, se intentará implementar una de las reformas más complicadas por la conflictividad social urbana que ocasionaría, esto es, la reforma del mercado de trabajo.

De acuerdo a lo ya declarado por el Ministro de Economía (¿No tendría que haber dado la noticia el propio Ministro de Trabajo, siguiendo los “mandamientos de PPK”?), la propuesta de reforma laboral es la creación de un seguro de desempleo que cubra el 80% del salario percibido por un periodo asegurable de 3 a 6 meses. Este seguro sería pagado por el empleador a un costo que iría de 2.2% a 3.5% del salario del trabajador. Teóricamente, esta reforma no violaría la palabra empeñada por el Presidente con los sindicatos durante el periodo electoral puesto que no desaparecería el régimen actual conocido como CTS, que equivale en la práctica a un sueldo por año, esto es, un doceavo o porcentualmente 8.3%.

Lo anterior significa que un primer resultado del nuevo sistema de contrataciones sería reducir un “sobrecosto” importante para los empleadores ya que este pasaría de 8.3% a 2.2% en el mejor de los casos, una rebaja del 73% anual. Un segundo resultado, sería que en el supuesto que el trabajador sufra un periodo de desempleo de 3 meses (un estudio del BCRP señala que este es el escenario más probable para cuando una persona cae en desempleo, independientemente del sexo, edad o nivel educativo) si su cuenta de CTS ahorrada le daba para cubrir tres meses de salario como lo solía tener (junto con los intereses ganados), con el nuevo sistema sólo tendría derecho a un 80% del salario para esos tres meses. A todas luces, la reforma de PPK terminaría premiando a los empresarios y perjudicando a los trabajadores.

Para cerrar, las aseguradoras, a diferencia de los bancos, ya no tendrían que pagar ni devolver ningún interés acumulado como lo obliga la ley actual, así que en conjunto, el sistema económico y productivo peruano se habría hecho más eficiente pero menos equitativo. Al igual que la rebaja del IGV, el seguro de desempleo así planteado no creará nuevos empleos “formales”, sino un mercado financiero cada vez más poderoso. Don PPK, es mejor que acumule suficiente colchón de popularidad, porque los pulpines hablarán.

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