Hace unos días conversaba con un amigo sobre las próximas elecciones. La conversación comenzó comentando el debate presidencial y las posibilidades de quiénes podrían pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, a medida que avanzaba la discusión, terminamos cuestionando algo que muchos electores aún no han advertido: la elección más importante de este proceso podría no ser la presidencial.
La atención pública está concentrada en quién ocupará el Palacio de Gobierno durante los próximos cinco años. Las encuestas, los debates y la cobertura mediática giran casi exclusivamente en torno a los candidatos presidenciales. Sin embargo, desde 2016 el Perú se ha sumergido en una tensa dinámica de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha convertido a la presidencia en una de las posiciones más volátiles del sistema político.
Mientras tanto, el Congreso ha impulsado reformas constitucionales que limitan significativamente el poder del Ejecutivo. Entre ellas, la más relevante es la reintroducción del Senado. En el marco de una democracia sana, este cambio podría haber representado un avance hacia un parlamento más reflexivo y representativo. En las actuales condiciones, sin embargo, implica algo más profundo: la creación de una cámara alta con atribuciones concretas — como la revisión de los proyectos de ley de la cámara baja sin posibilidad de retroalimentación, la capacidad de ratificar a los altos funcionarios, la aprobación de tratados internacionales y el control político del gabinete— que en la práctica consolida definitivamente el desplazamiento del poder desde el Ejecutivo hacia el Parlamento.
En este contexto, la primera vuelta adquiere una relevancia que muchos electores aún no dimensionan. En ella no solo se votará por candidatos presidenciales o por listas parlamentarias. Se empezará a definir qué fuerzas políticas ocuparán los escaños del nuevo Senado y, con ello, quiénes tendrán la capacidad de influir decisivamente sobre el rumbo del gobierno.
En otras palabras, podríamos estar asistiendo a la convalidación formal de una transformación que ya ocurrió en los hechos: el desplazamiento definitivo del poder desde el Ejecutivo hacia el Parlamento, ahora institucionalizado bajo la apariencia de una reforma democrática.
De la erosión al hecho consumado
Para entender lo que está ocurriendo, vale la pena precisar los términos. La literatura de ciencias políticas habla de "presidencialismo parlamentarizado" para describir un sistema donde el presidente, aunque elegido por voto directo, opera bajo un control parlamentario tan intenso que su capacidad real de gobernar depende de la voluntad del Congreso. Es un concepto que describe un proceso: la erosión progresiva del Ejecutivo desde adentro del propio sistema presidencial.
Pero ese concepto describe el camino, no el destino. Lo que el Perú parece estar viviendo hoy es algo más avanzado: un parlamentarismo de facto. Es decir, un sistema que en los hechos ya funciona como parlamentario —donde el Congreso designa y remueve presidentes, controla el presupuesto y concentra el poder político real— sin que ese cambio haya sido debatido ni formalizado como tal por la ciudadanía. El sistema cambió sin cambiar las reglas. O más precisamente: las reglas se fueron cambiando por partes, de manera incremental, sin que nadie convocara a un debate sobre el modelo de gobierno que el país quería tener.
Esta distinción importa porque cambia el diagnóstico. Si fuera solo un proceso de parlamentarización gradual, cabría esperar que un buen resultado electoral pudiera revertirlo. Pero si ya estamos ante un parlamentarismo de facto consolidado, entonces la pregunta ya no es cómo evitarlo, sino cómo hacerlo funcionar de manera democrática y responsable.
El mecanismo que ya no funciona como antes
En el diseño clásico de los sistemas presidencialistas, la segunda vuelta cumple una función muy clara: otorgar al presidente electo el mayor respaldo posible del voto popular. Si ningún candidato alcanza una mayoría suficiente en la primera vuelta, la segunda permite que el país converja en torno a una de las dos alternativas finales, asegurando que quien llegue al poder lo haga con una legitimidad electoral amplia.
La experiencia peruana reciente muestra que ese mecanismo no ha logrado cumplir ese objetivo. Desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski —y más dramáticamente con el de Pedro Castillo— el país ha tenido presidentes que, si bien resultaron vencedores en segunda vuelta, lo hicieron por márgenes muy estrechos y sin contar con mayorías parlamentarias. En ambos casos, el resultado fue un Ejecutivo políticamente debilitado frente a un Congreso dispuesto a utilizar todas las herramientas institucionales a su alcance para disputar el control del poder.
Pero el fenómeno más revelador no es la fragilidad de los presidentes electos, sino el patrón que ha emergido cuando son removidos. Manuel Merino y Francisco Sagasti en 2020, José Jerí en octubre de 2025 y José María Balcázar —el octavo mandatario en diez años— llegaron a la presidencia sin haber recibido un mandato popular para el cargo ejecutivo. Los cuatro lo hicieron por sucesión constitucional desde la presidencia del Congreso, un mecanismo formalmente válido pero que, repetido sistemáticamente, revela algo estructural: la presidencia de la República se ha convertido en una posición que el Parlamento puede otorgar y retirar casi a voluntad.
Esto no es parlamentarización en curso. Esto es parlamentarismo de facto ya instalado.
Lo que los candidatos saben y los electores no
Hay una señal que el debate público ha pasado por alto, pero que resulta más elocuente que cualquier análisis institucional: el comportamiento de los propios candidatos.
Según datos del Jurado Nacional de Elecciones, de los 36 candidatos a la presidencia inscritos para las elecciones de abril de 2026, 27 tienen doble postulación. De ellos, 21 postulan simultáneamente al Senado. Entre estos últimos se encuentran figuras que encabezan las preferencias electorales: Rafael López Aliaga, César Acuña, Alfonso López Chau, Yonhy Lescano, Fiorella Molinelli, José Luna Gálvez y Mario Vizcarra, entre otros.
Esto no es una anomalía ni una estrategia meramente defensiva. Es una declaración implícita sobre dónde está el poder real. Los actores políticos más informados del sistema —quienes mejor conocen sus reglas de funcionamiento— están revelando con sus propias decisiones lo que el debate ciudadano todavía no ha asimilado: que en el nuevo esquema institucional, ser senador puede ser más relevante que ser presidente.
Dicho de otra manera: la doble postulación masiva no es una curiosidad electoral. Es el termómetro más preciso del parlamentarismo de facto. Los candidatos ya saben dónde está el poder. La pregunta es si los votantes también lo saben.
A esto se suma otro elemento que agrava el diagnóstico. El nuevo Senado no emerge como una institución neutral: será ocupado en buena medida por las mismas fuerzas políticas que han gobernado el Congreso durante los últimos años y que diseñaron las reformas que concentran ese poder. El resultado es que el proceso electoral de 2026, lejos de representar una renovación del sistema, podría convertirse en la convalidación democrática de un modelo de poder ya construido. Una apariencia de elección libre que en realidad cierra el ciclo de una transformación que nunca fue sometida al debate ciudadano.
Una lógica electoral que cambia
Si ese diagnóstico es correcto, la lógica del voto también cambia.
La segunda vuelta presidencial seguirá siendo políticamente relevante, pero ya no necesariamente será el momento decisivo en el que se define quién gobernará el país. El verdadero poder podría estar determinándose antes: en la correlación de fuerzas que emerja del nuevo Congreso y, especialmente, del Senado.
Esto significa que la primera vuelta podría ser, en términos institucionales, la elección más importante del proceso electoral. Paradójicamente, también podría ser la más ignorada y confusa de la historia electoral del Perú.
El debate público gira casi exclusivamente en torno a los candidatos presidenciales, las encuestas y los debates televisivos. Mientras tanto, la discusión sobre el tipo de Parlamento que se está configurando —y sobre las implicancias del nuevo diseño institucional— permanece prácticamente ausente del debate ciudadano.
En un escenario de fragmentación política como el peruano, es muy probable que ningún presidente cuente con una mayoría parlamentaria sólida. En esas condiciones, el presidente electo podría terminar siendo un actor políticamente condicionado por mayorías fragmentadas o adversas. No sería extraño que algunos liderazgos políticos encuentren más conveniente ejercer el poder desde el Congreso —articulando bancadas y coaliciones legislativas— que desde el propio Palacio de Gobierno.
La pregunta de fondo es incómoda: ¿estamos eligiendo un presidente o legitimando un Parlamento que ya gobierna? La respuesta, a juzgar por los hechos, es que esa transición ya ocurrió. Lo que está pendiente es que la ciudadanía lo reconozca.
Lo que la ciudadanía debería exigir
Frente a este escenario, la salida no es sencilla. Pero sí parece evidente que, si el Parlamento ya concentra el poder político real, entonces la ciudadanía debe exigir algo que históricamente ha estado parcialmente presente en el sistema político peruano: transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas permanentes por parte de quienes ocupen esos escaños.
En una democracia tan frágil como la peruana, las instituciones no se fortalecen únicamente mediante reformas constitucionales o cambios en la arquitectura del Estado. También dependen —y quizás sobre todo— de la vigilancia ciudadana sobre quienes ejercen el poder.
Si el país ya vive un parlamentarismo de facto, los ciudadanos deberán aprender a mirar con mucha más atención al Congreso. Porque el futuro político del Perú no se está jugando en la segunda vuelta presidencial, sino mucho antes, en la composición del Parlamento - y sobre todo del Senado - que terminará gobernando al presidente.
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