jueves, junio 22, 2017

¿Quién gobierna al Perú? The Economist opina y sugiere

The Economist acaba de publicar un artículo en el que señala cual será el derrotero del gobierno de PPK si continúa sin gobernar. A continuación mi traducción libre del referido artículo:

Bello
¿Quién gobierna el Perú?
El presidente debe enfrentarse al congreso fujimorista
Edición impresa | Las Américas | 22 de junio de 2017

PERDER a un ministro por una censura parlamentaria es un riesgo normal de la vida democrática. Pero el hecho de que un gobierno pierda cuatro ministros en su primer año, incluidos los ministros de economía y el interior, por motivos espurios huele a una conspiración parlamentaria. Ese es el drama que pronto podría afrontar Pedro Pablo Kuczynski, Presidente del Perú.

Hace un año, el Sr. Kuczynski, un ex-banquero de inversiones, ganó la segunda vuelta por escaso margen porque había un poco más de peruanos que aborrecían a su oponente, Keiko Fujimori, que los que la apoyaban. En la elección para el Congreso dos meses antes, su grupo político había ganado sólo 18 de los 130 escaños, mientras que la Fuerza Popular de la Sra. Fujimori ganó 73 (en parte porque las regiones menos pobladas están sobre-representadas).

Fuerza Popular, con la ayuda de aliados oportunistas, ha hecho sentir su mayoría con operaciones de deterioro. En diciembre, el Congreso censuró a Jaime Saavedra, el competente ministro de Educación, que fue rápidamente contratado para dirigir la división de educación global del Banco Mundial. El mes pasado, el ministro de Transportes renunció antes que fuera censurado por una revisión (justificada) de un contrato para el nuevo aeropuerto para Cusco, la antigua capital Inca. El 21 de junio, el Congreso votó para destituir a Alfredo Thorne, el ministro de Economía; y está a punto de hacer lo mismo con Carlos Basombrío, el ministro del Interior.

Los pecados de Basombrío incluyen no arrestar a unos cuantos manifestantes pacíficos que llevan imágenes de Abimael Guzmán, el líder encarcelado del grupo terrorista Sendero Luminoso. Los problemas del señor Thorne comenzaron después de recibir al contralor general, Edgar Alarcón. El encuentro fue subrepticiamente grabado, aparentemente por el señor Alarcón. Durante el mismo, el Sr. Thorne mencionó el presupuesto de la Contraloría y le instó a que aprobara el contrato para el aeropuerto de Cusco. Era políticamente torpe abordar los dos temas en la misma reunión. Pero es el Sr. Alarcón, no el Sr. Thorne, quien es éticamente cuestionado. El contralor, que se ha alineado con los fujimoristas, está siendo investigado por traficar ilícitamente con automóviles y usar dinero público para compensar a una antigua amante (lo que el niega).

Las diferencias entre el gobierno y los fujimoristas no son ideológicas, según Kuczynski. "Aquí tenemos un grupo que está resentido con que yo sea el presidente", le dijo a Bello. "Han colaborado con las cosas grandes, pero les gustan los pequeños gestos que demuestran su descontento por no estar en el palacio". La derrota ha golpeado con dureza a la Sra. Fujimori. Apenas ha aparecido en público en el último año. Sólo ha mantenido una conversación con el Sr. Kuczynski, que tuvo que ser arreglada por el Arzobispo Católico de Lima.

El Sr. Kuczynski ha heredado una economía en desaceleración. El quería acelerar la inversión pública y relanzar proyectos de minería estancados. Pero él y el país sufrieron una doble dosis de mala suerte. La aceptación de corrupción por parte de Odebrecht, un contratista brasileño, obligó a la suspensión de varios megaproyectos de infraestructura en el Perú. Luego las inundaciones mataron a 147 personas, se destruyeron carreteras y, según el presidente, esto provocó la reducción del crecimiento económico anual en un punto porcentual, llevándolo a 3%. La reconstrucción tomará dos años y costará 6.5 mil millones de dólares, asegura. El clima de sospecha en el Congreso frena los nuevos contratos gubernamentales, mientras que la incertidumbre política desalienta la inversión privada. Los planes para reformar el poder judicial corrupto e ineficiente del Perú han sido bloqueados, un ejemplo de las "grandes cosas" que está siendo bloqueado por la oposición.

El Sr. Kuczynski se enfrenta a una elección. Podría buscar un gran trato, por ejemplo, perdonando al padre de la señora Fujimori, Alberto, un ex presidente autocrático encarcelado por abusos de poder. Pero eso alienaría a los anti-fujimoristas cuyos votos le hicieron ganar la presidencia. Una estrategia mejor sería arrinconar a sus oponentes. La Constitución peruana permite al presidente convertir una censura ministerial en una cuestión de confianza al gobierno en su conjunto. Si dos gabinetes son rechazados sucesivamente por el congreso, el presidente puede convocar una nueva elección legislativa, en la que los fujimoristas probablemente perderán escaños.

El Sr. Kuczynski parece estar siguiendo ambas estrategias. Dice que está considerando la posibilidad de indultar al Sr. Fujimori: "El momento para hacerlo es ahora". Pero también dice que "definitivamente" hará de la permanencia del señor Basombrío una cuestión de confianza. Haciendo eso, "es improbable que censuren a nadie más", declaró.

Algunas de sus tribulaciones son su culpa. Aunque tiene experiencia en el gobierno, el Sr. Kuczynski no es un animal político. Su gabinete está formado por tecnócratas y empresarios. El resultado es una administración que carece de una estrategia política y disciplina en la forma en que se comunica. De encontrarlos, el Sr. Kuczynski, y el Perú, pueden ganar esta batalla contra la revancha y la obstrucción. La alternativa es ir a la deriva, como un barco sin timón cuyos ocupantes son asesinados uno por uno por el fuego de un francotirador.


miércoles, marzo 22, 2017

Las oportunidades del desastre

De acuerdo con los traductores, la palabra “crisis” en japonés está formada por dos caracteres que combinadas significan: peligro y oportunidad. El conocimiento de esta dualidad ha inspirado a varios opinólogos de la coyuntura nacional a escribir sobre las oportunidades de reconstrucción que se abren, luego de que este fenómeno climatológico que está golpeando al país, denominado “El Niño costero”, termine su proceso. El problema con estas reflexiones es que las oportunidades de reconstrucción visionadas y difundidas no necesariamente corresponden a un principio en el que todos los actores involucrados salgan ganando, sino por el contrario, se han convertido en un juego perverso en el que algunos ganan a costa de otros. Veamos.

Martín Vizcarra, y en general, el gabinete ministerial, ha ganado una oportunidad de plata para reconstruir su imagen frente a los sofocantes pedidos de interpelación promovidos por la oposición fujimorista acuartelada en el Congreso. Hasta hace algunos días, la certeza de la remoción que  pendía sobre su cabeza por la firma y puesta en acción de la adenda y contratos lesivos del aeropuerto APP de Chinchero fue diluida en un santiamén por la masividad de las lluvias y huaicos que cayeron sobre Lima y el norte del Perú. Es muy probable que luego de un par de semanas que pueda recuperar su imagen, el ministro considere una renuncia honorable para guardarse en sus cuarteles de invierno como primer vicepresidente del Perú hasta que una segunda oportunidad lo vuelva a traer a escena.

PPK por su parte, ha argumentado ante CNN que era impensable declarar al país en emergencia puesto que con tal medida el gobierno estaría “abriéndole la puerta a la corrupción”. Una decisión que le ha granjeado ciertas críticas de la ciudadanía ante la evidente gravedad y magnitud de los impactos del fenómeno climatológico en curso: más de medio millón de afectados, 100 mil damnificados y casi un centenar de muertos son cifras del COEN que apenas logran describir esta realidad. Los daños económicos y sociales podrían fácilmente superar el 5% del PBI nacional[1], esto es más de 33 mil millones de soles que hacen palidecer los minúsculos esfuerzos presupuestarios desplegados por el gobierno. Frente a ello, el anuncio de la próxima designación de un zar de la reconstrucción ha despertado las sospechas de que al acabar el turbión, los empresarios aprovecharán con fruición el lanzamiento de un megaprograma de APPs y OxIs en infraestructura (carreteras, puentes y conexiones) y servicios (agua potable, salud, etc.). Es muy probable que este programa logrará implementarse con una velocidad vertiginosa ya que la oposición será nula ante la urgencia del desastre. Sólo que en este escenario, PPK no suma. Es la piedra que estorba el camino. Lo grita la CONFIEP. Le hacen eco ciertos partidos políticos.

Aquí es donde el Fujimorismo obtiene su oportunidad de oro. Literalmente, el Perú estaría a punto de asistir a una versión actualizada del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional que ejecutó autoritariamente el expresidente durante los noventa, bajo la agenda del Consenso de Washington. Con la diferencia que en la actualidad se haría bajo el manto de una democracia maniatada por el fujimorismo moto-taxi en el Parlamento bajo la Agenda del Consenso de Lima, más neoliberal que la anterior. La vacancia, entonces, le otorgaría a Keiko la gran oportunidad de reeditar a su padre, pidiendo facultades delegadas a un parlamento mayoritario para reconstruir el país.

Con este panorama en perspectiva, le corresponde a la izquierda una voz de alarma para redoblar esfuerzos. Las pequeñas-grandes victorias obtenidas con el pueblo al cuasi-derogar los decretos legislativos que amenazaban con violentar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y la protección del medio ambiente, la tierra y el agua sólo serán un recuerdo efímero cuando se imponga el huayco naranja con el capitalismo del desastre.

La reconstrucción la debe liderar las propias comunidades de la mano de sus autoridades locales y nacionales, teniendo como ejes el ordenamiento territorial y la prevención con más democracia, transparencia, responsabilidad y sobre todo, solidaridad. La sociedad peruana ha dado clara evidencia de seguir ese ánimo y hay que respaldarlo antes que verlo como como algo accesorio. Nunca más una terapia de shock económico autoritario, como señala Naomi Klein, debiera ser nuestro derrotero.





[1] Estimaciones de la CAF señalan que el FEN 1982-1983 tuvo un impacto de US$ 3,283 millones en tanto que el FEN 1997-1998 ascendió a US$ 3500 millones. Estos equivalieron a 7% y 4.5% del PBI respectivamente.

domingo, noviembre 06, 2016

El costo del destrabe de inversiones

El anuncio del destrabe de una docena de proyectos de inversión por US$18,800 millones -en el marco del informe de los cien días de gestión del nuevo gobierno- es una noticia que hay celebrar. Lo que no se conoce es a qué costo se ha logrado este objetivo y cuáles serán los beneficios y los nuevos costos derivados de los mismos. El criterio para evaluar el éxito de dichos destrabes es si se ha hecho en un esquema ‘ganar-ganar’ en lugar del ‘ganar-perder’. En el primer caso, la sociedad, la empresa y el Estado ganan; en el segundo, suele ocurrir que la empresa gana, mientras que el Estado pierde.
Tomemos como ejemplo el caso del Aeropuerto Internacional de Chincheros a construirse en el Cusco. Este es un proyecto que demandará una inversión de US$ 658 millones. Los criterios para seleccionar al ganador fueron dos: el que exigiera el menor nivel de cofinanciamiento de parte del Estado, y a su vez, el que ofreciera el mayor porcentaje de reintegro de dicho cofinanciamiento. El Consorcio Kuntur Wasi (conformado por capitales peruanos y argentinos en partes iguales) ganó al ofrecer la mejor oferta combinada por ambos criterios. En el primer criterio, Kuntur ofreció que el cofinanciamiento sea de US$ 264.8 millones, monto 42% menor a los US$ 457.5 millones tolerados. En el segundo criterio, el Consorcio ofreció un reintegro de 100%, cuando el mínimo tolerado era de 30%. Según ProInversion, al seleccionar al Consorcio Kuntur Wasi se generó un ahorro al Estado calculado en US$ 200 millones.
Los problemas comenzaron cuando OSITRAN observó el informe de Endeudamiento Garantizado Permitido (EGP). Esto generó una serie de contratiempos entre el Estado y el Consorcio que provocaron incertidumbre sobre el inicio de las obras del aeropuerto. El peor momento ocurrió en abril de este año cuando el saliente presidente Ollanta Humala amenazó con rescindir el contrato y ejecutar las penalidades pertinentes por incumplimiento. Kuntur tuvo la capacidad de reacción mediática para manejar el proceso hasta esperar que entre el nuevo presidente. Ya con PPK al frente del gobierno, el Ministerio de Transportes informaba que la evaluación del EGP continuaba, dilatándose el proceso sospechosamente. La semana pasada, el diario Gestión ha revelado que el Estado habría aceptado un mayor costo financiero de al menos US$ 200 millones como consecuencia del incremento de la tasa de interés de 9% a 21% sobre el Pago Anual por Obras (PAO). Es decir, un sobrecosto equivalente al monto de ahorro que ProInversion había anunciado a favor del Estado al otorgar la buena pro al Consorcio Kuntur Wasi.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden de esta situación? En un país acostumbrado al discurso de la eficiencia y el libre mercado, este caso de ‘destrabe de inversiones’ es una grosera prevaricación jugada a favor de una empresa privilegiada. ¿Qué personas o intereses originan este privilegio? Las empresas que resultaron perdiendo en la convocatoria de la concesión, bien podrían argumentar un trato discriminatorio puesto que la ventaja técnica y económica ofrecida por Kuntur ha resultado ser falsa. A su vez, el Estado, representante de los intereses de todos los peruanos, ha aceptado un sobrecosto por cuenta de todos en vez de ejecutar la penalidad y convocar a un nuevo proceso donde la competencia limpia y transparente permita escoger al mejor postor. Los negociados y sobrecostos a costa del bienestar de la población, al parecer, seguirán formando parte del estilo de gobierno de PPK. Lamentable.

Leer también este artículo en: http://www.perureporte.com/destrabes-onerosos/

PPK y la lucha contra la informalidad

PPK le ha declarado la guerra a la informalidad. Eso está muy bien si entendemos que resolver esta situación procurará la creación de empleos dignos para dicha masa laboral. No se trata de crear empleos bamba con derechos laborales recortados “a la legal”. Por otro lado, preocupa las fuertes señales de informalidad que pululan en las relaciones de asesores alrededor del poder del Presidente, evidenciando que este puede ser un problema más grave del que se pretende atacar en el mercado laboral.
La versión fresca del caso de Carlos Moreno en el SIS –una versión informal de APPs en el sector salud-, palidece frente a la informalidad de los lobbies a los que PPK ha estado acostumbrado a recurrir para defender sus intereses empresariales hace tan solo un par de años, como fue el caso de la empresa Exalmar- Como se recordará, el pedido amical vía email para extender la cuota de captura de pescado fue atendido sin mayor aspaviento público, demostrando lo eficaz que resulta ser un gestor de intereses informal. Por fortuna, este caso revelado por los ‘Cornejoleaks’ generando todo un debate acerca del cumplimiento de la ley de lobbies (Ley N° 28024) vigente desde junio de 2003, encontrándose que apenas existían quince empresas registradas ante la SUNARP y un número menor de ellas que cumplían con reportar sus operaciones tal como lo exige la ley. Según algunas estimaciones razonables, al menos un 90% de las operaciones de lobby empresariales se realizan al margen de la ley. Es decir, hay más informalidad empresarial que informalidad laboral.
La informalidad para manejar el poder del Estado podría resultar más costosa que la informalidad que PPK quiere acabar en el mercado laboral. El desgaste por la continua renuncia de consejeros y asesores de las más altas esferas, puede producir un efecto similar al desgaste que tuvo Humala por los continuos cambios de gabinete y ministros provocando problemas para la implementación de políticas públicas. Es decir la ciudadanía en su conjunto resultará afectada por esta suerte de ineficacia para gobernar el país. Mientras que las relaciones entre tecnócratas no tengan otro espíritu que las oportunidades de rentas al tercerizar servicios públicos universales que vale la pena expandir y fortalecer como tales, PPK deberá intentar la reforma más importante que puede legar al país: renunciar a la informalidad a la que ha estado acostumbrado y procurar que el resto de empresarios sigan su ejemplo. Formalizando y transparentando esta esfera oscura entre los lobistas y las instituciones y funciones que los reciben, quedará menos espacio para la corrupción y los negociados que han costado a nuestro país entre 3 a 5% del PBI, según cálculos de Proética.
Lea este artículo también en: http://www.perureporte.com/ppk-y-la-informalidad/

La informalidad de PPK

Reducir el nivel de informalidad en nuestro país es uno de los desafíos más importantes que se ha propuesto el gobierno de PPK. Para ello, han logrado la autorización del Congreso para bajar el IGV e introducir incentivos para que nos formalicemos unos a otros. Luego de ello, se intentará implementar una de las reformas más complicadas por la conflictividad social urbana que ocasionaría, esto es, la reforma del mercado de trabajo.
De acuerdo a lo ya declarado por el Ministro de Economía (¿No tendría que haber dado la noticia el propio Ministro de Trabajo, siguiendo los “mandamientos de PPK”?), la propuesta de reforma laboral es la creación de un seguro de desempleo que cubra el 80% del salario percibido por un periodo asegurable de 3 a 6 meses. Este seguro sería pagado por el empleador a un costo que iría de 2.2% a 3.5% del salario del trabajador. Teóricamente, esta reforma no violaría la palabra empeñada por el Presidente con los sindicatos durante el periodo electoral puesto que no desaparecería el régimen actual conocido como CTS, que equivale en la práctica a un sueldo por año, esto es, un doceavo o porcentualmente 8.3%.
Lo anterior significa que un primer resultado del nuevo sistema de contrataciones sería reducir un “sobrecosto” importante para los empleadores ya que este pasaría de 8.3% a 2.2% en el mejor de los casos, una rebaja del 73% anual. Un segundo resultado, sería que en el supuesto que el trabajador sufra un periodo de desempleo de 3 meses (un estudio del BCRP señala que este es el escenario más probable para cuando una persona cae en desempleo, independientemente del sexo, edad o nivel educativo) si su cuenta de CTS ahorrada le daba para cubrir tres meses de salario como lo solía tener (junto con los intereses ganados), con el nuevo sistema sólo tendría derecho a un 80% del salario para esos tres meses. A todas luces, la reforma de PPK terminaría premiando a los empresarios y perjudicando a los trabajadores.
Para cerrar, las aseguradoras, a diferencia de los bancos, ya no tendrían que pagar ni devolver ningún interés acumulado como lo obliga la ley actual, así que en conjunto, el sistema económico y productivo peruano se habría hecho más eficiente pero menos equitativo. Al igual que la rebaja del IGV, el seguro de desempleo así planteado no creará nuevos empleos “formales”, sino un mercado financiero cada vez más poderoso. Don PPK, es mejor que acumule suficiente colchón de popularidad, porque los pulpines hablarán.
Lea este artículo también en: http://www.perureporte.com/ppk-y-la-informalidad/