miércoles, marzo 22, 2017

Las oportunidades del desastre

De acuerdo con los traductores, la palabra “crisis” en japonés está formada por dos caracteres que combinadas significan: peligro y oportunidad. El conocimiento de esta dualidad ha inspirado a varios opinólogos de la coyuntura nacional a escribir sobre las oportunidades de reconstrucción que se abren, luego de que este fenómeno climatológico que está golpeando al país, denominado “El Niño costero”, termine su proceso. El problema con estas reflexiones es que las oportunidades de reconstrucción visionadas y difundidas no necesariamente corresponden a un principio en el que todos los actores involucrados salgan ganando, sino por el contrario, se han convertido en un juego perverso en el que algunos ganan a costa de otros. Veamos.

Martín Vizcarra, y en general, el gabinete ministerial, ha ganado una oportunidad de plata para reconstruir su imagen frente a los sofocantes pedidos de interpelación promovidos por la oposición fujimorista acuartelada en el Congreso. Hasta hace algunos días, la certeza de la remoción que  pendía sobre su cabeza por la firma y puesta en acción de la adenda y contratos lesivos del aeropuerto APP de Chinchero fue diluida en un santiamén por la masividad de las lluvias y huaicos que cayeron sobre Lima y el norte del Perú. Es muy probable que luego de un par de semanas que pueda recuperar su imagen, el ministro considere una renuncia honorable para guardarse en sus cuarteles de invierno como primer vicepresidente del Perú hasta que una segunda oportunidad lo vuelva a traer a escena.

PPK por su parte, ha argumentado ante CNN que era impensable declarar al país en emergencia puesto que con tal medida el gobierno estaría “abriéndole la puerta a la corrupción”. Una decisión que le ha granjeado ciertas críticas de la ciudadanía ante la evidente gravedad y magnitud de los impactos del fenómeno climatológico en curso: más de medio millón de afectados, 100 mil damnificados y casi un centenar de muertos son cifras del COEN que apenas logran describir esta realidad. Los daños económicos y sociales podrían fácilmente superar el 5% del PBI nacional[1], esto es más de 33 mil millones de soles que hacen palidecer los minúsculos esfuerzos presupuestarios desplegados por el gobierno. Frente a ello, el anuncio de la próxima designación de un zar de la reconstrucción ha despertado las sospechas de que al acabar el turbión, los empresarios aprovecharán con fruición el lanzamiento de un megaprograma de APPs y OxIs en infraestructura (carreteras, puentes y conexiones) y servicios (agua potable, salud, etc.). Es muy probable que este programa logrará implementarse con una velocidad vertiginosa ya que la oposición será nula ante la urgencia del desastre. Sólo que en este escenario, PPK no suma. Es la piedra que estorba el camino. Lo grita la CONFIEP. Le hacen eco ciertos partidos políticos.

Aquí es donde el Fujimorismo obtiene su oportunidad de oro. Literalmente, el Perú estaría a punto de asistir a una versión actualizada del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional que ejecutó autoritariamente el expresidente durante los noventa, bajo la agenda del Consenso de Washington. Con la diferencia que en la actualidad se haría bajo el manto de una democracia maniatada por el fujimorismo moto-taxi en el Parlamento bajo la Agenda del Consenso de Lima, más neoliberal que la anterior. La vacancia, entonces, le otorgaría a Keiko la gran oportunidad de reeditar a su padre, pidiendo facultades delegadas a un parlamento mayoritario para reconstruir el país.

Con este panorama en perspectiva, le corresponde a la izquierda una voz de alarma para redoblar esfuerzos. Las pequeñas-grandes victorias obtenidas con el pueblo al cuasi-derogar los decretos legislativos que amenazaban con violentar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y la protección del medio ambiente, la tierra y el agua sólo serán un recuerdo efímero cuando se imponga el huayco naranja con el capitalismo del desastre.

La reconstrucción la debe liderar las propias comunidades de la mano de sus autoridades locales y nacionales, teniendo como ejes el ordenamiento territorial y la prevención con más democracia, transparencia, responsabilidad y sobre todo, solidaridad. La sociedad peruana ha dado clara evidencia de seguir ese ánimo y hay que respaldarlo antes que verlo como como algo accesorio. Nunca más una terapia de shock económico autoritario, como señala Naomi Klein, debiera ser nuestro derrotero.





[1] Estimaciones de la CAF señalan que el FEN 1982-1983 tuvo un impacto de US$ 3,283 millones en tanto que el FEN 1997-1998 ascendió a US$ 3500 millones. Estos equivalieron a 7% y 4.5% del PBI respectivamente.

domingo, noviembre 06, 2016

El costo del destrabe de inversiones

El anuncio del destrabe de una docena de proyectos de inversión por US$18,800 millones -en el marco del informe de los cien días de gestión del nuevo gobierno- es una noticia que hay celebrar. Lo que no se conoce es a qué costo se ha logrado este objetivo y cuáles serán los beneficios y los nuevos costos derivados de los mismos. El criterio para evaluar el éxito de dichos destrabes es si se ha hecho en un esquema ‘ganar-ganar’ en lugar del ‘ganar-perder’. En el primer caso, la sociedad, la empresa y el Estado ganan; en el segundo, suele ocurrir que la empresa gana, mientras que el Estado pierde.
Tomemos como ejemplo el caso del Aeropuerto Internacional de Chincheros a construirse en el Cusco. Este es un proyecto que demandará una inversión de US$ 658 millones. Los criterios para seleccionar al ganador fueron dos: el que exigiera el menor nivel de cofinanciamiento de parte del Estado, y a su vez, el que ofreciera el mayor porcentaje de reintegro de dicho cofinanciamiento. El Consorcio Kuntur Wasi (conformado por capitales peruanos y argentinos en partes iguales) ganó al ofrecer la mejor oferta combinada por ambos criterios. En el primer criterio, Kuntur ofreció que el cofinanciamiento sea de US$ 264.8 millones, monto 42% menor a los US$ 457.5 millones tolerados. En el segundo criterio, el Consorcio ofreció un reintegro de 100%, cuando el mínimo tolerado era de 30%. Según ProInversion, al seleccionar al Consorcio Kuntur Wasi se generó un ahorro al Estado calculado en US$ 200 millones.
Los problemas comenzaron cuando OSITRAN observó el informe de Endeudamiento Garantizado Permitido (EGP). Esto generó una serie de contratiempos entre el Estado y el Consorcio que provocaron incertidumbre sobre el inicio de las obras del aeropuerto. El peor momento ocurrió en abril de este año cuando el saliente presidente Ollanta Humala amenazó con rescindir el contrato y ejecutar las penalidades pertinentes por incumplimiento. Kuntur tuvo la capacidad de reacción mediática para manejar el proceso hasta esperar que entre el nuevo presidente. Ya con PPK al frente del gobierno, el Ministerio de Transportes informaba que la evaluación del EGP continuaba, dilatándose el proceso sospechosamente. La semana pasada, el diario Gestión ha revelado que el Estado habría aceptado un mayor costo financiero de al menos US$ 200 millones como consecuencia del incremento de la tasa de interés de 9% a 21% sobre el Pago Anual por Obras (PAO). Es decir, un sobrecosto equivalente al monto de ahorro que ProInversion había anunciado a favor del Estado al otorgar la buena pro al Consorcio Kuntur Wasi.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden de esta situación? En un país acostumbrado al discurso de la eficiencia y el libre mercado, este caso de ‘destrabe de inversiones’ es una grosera prevaricación jugada a favor de una empresa privilegiada. ¿Qué personas o intereses originan este privilegio? Las empresas que resultaron perdiendo en la convocatoria de la concesión, bien podrían argumentar un trato discriminatorio puesto que la ventaja técnica y económica ofrecida por Kuntur ha resultado ser falsa. A su vez, el Estado, representante de los intereses de todos los peruanos, ha aceptado un sobrecosto por cuenta de todos en vez de ejecutar la penalidad y convocar a un nuevo proceso donde la competencia limpia y transparente permita escoger al mejor postor. Los negociados y sobrecostos a costa del bienestar de la población, al parecer, seguirán formando parte del estilo de gobierno de PPK. Lamentable.

Leer también este artículo en: http://www.perureporte.com/destrabes-onerosos/

PPK y la lucha contra la informalidad

PPK le ha declarado la guerra a la informalidad. Eso está muy bien si entendemos que resolver esta situación procurará la creación de empleos dignos para dicha masa laboral. No se trata de crear empleos bamba con derechos laborales recortados “a la legal”. Por otro lado, preocupa las fuertes señales de informalidad que pululan en las relaciones de asesores alrededor del poder del Presidente, evidenciando que este puede ser un problema más grave del que se pretende atacar en el mercado laboral.
La versión fresca del caso de Carlos Moreno en el SIS –una versión informal de APPs en el sector salud-, palidece frente a la informalidad de los lobbies a los que PPK ha estado acostumbrado a recurrir para defender sus intereses empresariales hace tan solo un par de años, como fue el caso de la empresa Exalmar- Como se recordará, el pedido amical vía email para extender la cuota de captura de pescado fue atendido sin mayor aspaviento público, demostrando lo eficaz que resulta ser un gestor de intereses informal. Por fortuna, este caso revelado por los ‘Cornejoleaks’ generando todo un debate acerca del cumplimiento de la ley de lobbies (Ley N° 28024) vigente desde junio de 2003, encontrándose que apenas existían quince empresas registradas ante la SUNARP y un número menor de ellas que cumplían con reportar sus operaciones tal como lo exige la ley. Según algunas estimaciones razonables, al menos un 90% de las operaciones de lobby empresariales se realizan al margen de la ley. Es decir, hay más informalidad empresarial que informalidad laboral.
La informalidad para manejar el poder del Estado podría resultar más costosa que la informalidad que PPK quiere acabar en el mercado laboral. El desgaste por la continua renuncia de consejeros y asesores de las más altas esferas, puede producir un efecto similar al desgaste que tuvo Humala por los continuos cambios de gabinete y ministros provocando problemas para la implementación de políticas públicas. Es decir la ciudadanía en su conjunto resultará afectada por esta suerte de ineficacia para gobernar el país. Mientras que las relaciones entre tecnócratas no tengan otro espíritu que las oportunidades de rentas al tercerizar servicios públicos universales que vale la pena expandir y fortalecer como tales, PPK deberá intentar la reforma más importante que puede legar al país: renunciar a la informalidad a la que ha estado acostumbrado y procurar que el resto de empresarios sigan su ejemplo. Formalizando y transparentando esta esfera oscura entre los lobistas y las instituciones y funciones que los reciben, quedará menos espacio para la corrupción y los negociados que han costado a nuestro país entre 3 a 5% del PBI, según cálculos de Proética.
Lea este artículo también en: http://www.perureporte.com/ppk-y-la-informalidad/

La informalidad de PPK

Reducir el nivel de informalidad en nuestro país es uno de los desafíos más importantes que se ha propuesto el gobierno de PPK. Para ello, han logrado la autorización del Congreso para bajar el IGV e introducir incentivos para que nos formalicemos unos a otros. Luego de ello, se intentará implementar una de las reformas más complicadas por la conflictividad social urbana que ocasionaría, esto es, la reforma del mercado de trabajo.
De acuerdo a lo ya declarado por el Ministro de Economía (¿No tendría que haber dado la noticia el propio Ministro de Trabajo, siguiendo los “mandamientos de PPK”?), la propuesta de reforma laboral es la creación de un seguro de desempleo que cubra el 80% del salario percibido por un periodo asegurable de 3 a 6 meses. Este seguro sería pagado por el empleador a un costo que iría de 2.2% a 3.5% del salario del trabajador. Teóricamente, esta reforma no violaría la palabra empeñada por el Presidente con los sindicatos durante el periodo electoral puesto que no desaparecería el régimen actual conocido como CTS, que equivale en la práctica a un sueldo por año, esto es, un doceavo o porcentualmente 8.3%.
Lo anterior significa que un primer resultado del nuevo sistema de contrataciones sería reducir un “sobrecosto” importante para los empleadores ya que este pasaría de 8.3% a 2.2% en el mejor de los casos, una rebaja del 73% anual. Un segundo resultado, sería que en el supuesto que el trabajador sufra un periodo de desempleo de 3 meses (un estudio del BCRP señala que este es el escenario más probable para cuando una persona cae en desempleo, independientemente del sexo, edad o nivel educativo) si su cuenta de CTS ahorrada le daba para cubrir tres meses de salario como lo solía tener (junto con los intereses ganados), con el nuevo sistema sólo tendría derecho a un 80% del salario para esos tres meses. A todas luces, la reforma de PPK terminaría premiando a los empresarios y perjudicando a los trabajadores.
Para cerrar, las aseguradoras, a diferencia de los bancos, ya no tendrían que pagar ni devolver ningún interés acumulado como lo obliga la ley actual, así que en conjunto, el sistema económico y productivo peruano se habría hecho más eficiente pero menos equitativo. Al igual que la rebaja del IGV, el seguro de desempleo así planteado no creará nuevos empleos “formales”, sino un mercado financiero cada vez más poderoso. Don PPK, es mejor que acumule suficiente colchón de popularidad, porque los pulpines hablarán.
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viernes, septiembre 11, 2015

¿Por qué los municipios son la clave para combatir el Cambio Climático?

Por Michael Bloomberg

Aunque la historia no suele enseñarse de esta manera, se podría argumentar que las ciudades han jugado un papel más importante en la transformación del mundo que los imperios. Desde Atenas y Roma a París y Venecia o a Bagdad y Pekín, las ideas y los innovadores urbanos han dejado marcas indelebles en la vida humana. Al concentrar el capital intelectual de la humanidad en áreas geográficas relativamente pequeñas, las ciudades han promovido los tipos de interacciones que fomentan la creatividad y los avances tecnológicos. Ellas han sido los motores del progreso a lo largo de la historia, y ahora, cuando la economía del conocimiento está alzándose en pleno vuelo, están a punto de desempeñar un rol de liderazgo para abordar los retos del siglo XXI.

Hace cien años, aproximadamente dos de cada diez personas en el planeta vivían en zonas urbanas. En 1990, unos cuatro de cada diez lo hicieron. Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y para el tiempo en que el niño que hoy entra en la escuela primaria cumpla 40 años, casi el 70 por ciento vivirá en las ciudades. Esto significa que en las próximas décadas, alrededor de 2,5 mil millones de personas se convertirán en residentes metropolitanos.

La Primera Generación Metropolitana está a punto de entrar a la mayoría de edad. Como resultado, el mundo va a ser modelado cada vez más por los valores metropolitanos: la laboriosidad, la creatividad, el espíritu emprendedor, y, lo más importante, la libertad y la diversidad. Esto es un desarrollo esperanzador para la humanidad, y un contrapeso importante de las fuerzas represivas y la intolerancia que surgen del fanatismo religioso y que ahora representan una grave amenaza para la seguridad de las naciones democráticas.

Cuando la Generación Metropolitana comience a asumir posiciones de liderazgo, las ciudades se convertirán no sólo en espacios culturalmente más importantes, sino también políticamente más poderosas. La influencia cambiará gradualmente desde los gobiernos nacionales hacia las ciudades, sobre todo en los países que sufren de parálisis burocrática y de estancamiento político.

Esta tendencia ya ha surgido, y es más pronunciada en los Estados Unidos. El Congreso comenzó al reducir el financiamiento de la infraestructura a finales de 1960, un error que, junto con la pérdida de empleos en la manufactura, asestó un duro golpe a las ciudades. Sin embargo, la desinversión federal también produjo un importante beneficio: las ciudades, finalmente, reconocieron que el mejor reemplazo para el financiamiento federal perdido fue la innovación en la política local.

Varias ciudades alrededor del mundo han llegado a la misma conclusión. En consecuencia, muchas de las nuevas iniciativas más importantes de este siglo, desde la prohibición de fumar adoptada en la ciudad de Nueva York hasta el sistema pionero de tránsito rápido de autobuses en Bogotá, han surgido de las ciudades. Los alcaldes están convirtiendo a sus ayuntamientos en laboratorios de  política, realizando experimentos a gran escala y aplicando ideas de gran escala para hacer frente a problemas como el cambio climático, que a menudo dividen y paralizan a los gobiernos nacionales.

Las mismas cualidades que hacen de las ciudades catalizadoras dinámicas para el cambio político también, paradójicamente, las hacen fuentes de estabilidad política. Como Nassim Taleb y Gregory Treverton escribieron a principios de este año, la fragilidad en los países se debe a "un sistema centralizado de gobierno, una economía poco diversificada, la deuda excesiva y el apalancamiento, la falta de pluralidad política, y sin antecedentes de sobrevivir más allá de las crisis." Las ciudades pueden contrarrestar cada una de estas debilidades. Ellas son, por definición, una fuerza descentralizadora, y las más fuertes de entre ellas cuentan con economías bien diversificadas, balances financieros sanos, un enfoque pragmático para resolver problemas, libres de partidismo excesivo, y una gran capacidad para sobrevivir a las crisis externas, ya sea una crisis financiera, un desastre ambiental o un ataque terrorista.

Ahora más que nunca, las ciudades también están colaborando más allá de las fronteras nacionales: intercambiando ideas; formando coaliciones; y desafiando a sus gobiernos nacionales a adoptar políticas, tales como los experimentos en la gestión de los residuos urbanos y la educación en Curitiba, Brasil, que están demostrando ser eficaces a nivel local. La nueva era urbana verá más medidas adoptadas para reducir la pobreza, mejorar la salud, aumentar los niveles de vida, y promover la paz. Pero junto con ello también vienen serios desafíos que las ciudades deberán empezar a afrontar, como el cambio climático.

Una ventaja competitiva
Las ciudades representan al menos el 70 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Al final, ellas son las que también enfrentarán los peores riesgos como consecuencia de estas emisiones, dado que el 90 por ciento de las ciudades fueron construidas sobre tierras costeras. Conviene, entonces, que siendo las ciudades las principales impulsoras y las víctimas más probables del cambio climático que tengan el antídoto también.

El cambio climático ha hecho un llamamiento para que las sociedades actúen con rapidez, y las ciudades tienden a ser más ágiles que los gobiernos nacionales, que son más propensos a ser capturados o neutralizados por grupos de intereses específicos los cuales tienden a ver los problemas a través de lentes ideológicos antes que unos de tipo pragmático.

La necesidad de una acción rápida y los riesgos asociados con el cambio climático están bien documentados. El aumento del nivel del mar es indiscutible, como lo es el calentamiento de los océanos. Ambos pueden multiplicar la intensidad de las tormentas y los daños causados ​​a las ciudades costeras, como la que experimentó la ciudad de Nueva York en el 2012 con el huracán Sandy. Además, el consenso científico sostiene que las temperaturas más altas producirán muy probablemente grandes trastornos en la agricultura y un incremento en las enfermedades, desplazando a comunidades enteras y amenazando la supervivencia de especies que desempeñan un papel integral tanto en el ecosistema como en la cadena alimentaria.

El hacer caso omiso de estas amenazas no haría más que pasar los verdaderos costos del progreso económico actual a la siguiente generación. A lo largo de la historia de los EE.UU., cada generación ha hecho sacrificios para que sus hijos puedan disfrutar de un nivel de vida más alto. Hoy en día, todo el mundo se enfrenta con la necesidad de poner en primer lugar a las futuras generaciones, pero esta vez, ningún sacrificio será necesario. De hecho, los métodos más eficaces de lucha contra el cambio climático son también la mejor manera de mejorar la salud pública y de aumentar los niveles de vida.

Tradicionalmente, el desarrollo económico urbano se ha centrado en la retención de industrias y atraer nuevos negocios con paquetes de incentivos. Pero en el nuevo siglo, un modelo diferente y mucho más eficaz ha surgido: centrarse en primer lugar en la creación de las condiciones que atraen a la gente. Cada vez más las ciudades están demostrando que el talento atrae al capital de manera más eficaz que el capital atrae al talento. La gente quiere vivir en comunidades que ofrecen estilos de vida saludables y favorables a la familia: no sólo buenas escuelas y calles seguras, sino también aire limpio, parques hermosos y sistemas eficientes de transporte masivo. Y donde la gente quiere vivir, las empresas quieren invertir.

Para los alcaldes, la reducción de la contaminación por carbono no es un costo económico; es una necesidad competitiva. A principios de este año, Pekín anunció que iba a cerrar sus centrales eléctricas de carbón, ya que los beneficios financieros marginales que esperaban obtener fueron hundidos por sus costos netos, entre ellos los de atención de la salud y la inversión económica no percibida. El aire sucio es un compromiso importante para el entorno empresarial de una ciudad.

Beijing no es la última ciudad que reducirá su huella de carbono por razones económicas. De hecho, uno de los mayores cambios en la gobernanza urbana en este siglo ha sido el reconocimiento de los alcaldes que la promoción de la inversión privada requiere la protección de la salud pública. La congruencia entre la salud y los objetivos económicos es también el mayor progreso en la lucha contra el cambio climático.

Los alcaldes ya no ven primariamente a la economía y el medio ambiente como prioridades en conflicto. En cambio, los ven como las dos caras de una misma moneda. Es por eso que los alcaldes han acogido con tanto entusiasmo el reto de la lucha contra el cambio climático como un medio para promover el crecimiento económico, y ahora tienen muchas herramientas a su disposición para hacerlo. Por ejemplo, el simple acto de plantar árboles puede ayudar a refrescar los barrios y limpiar el aire. En la ciudad de Nueva York, en 2007, se creó una asociación público-privada con las organizaciones sin fines de lucro y las empresas para plantar un millón de árboles en toda la ciudad.

La modernización de las redes de transporte ofrece la más clara y, en muchos casos, la más grande-ganancia ambiental y económica para las ciudades. Desde la introducción de las máquinas de vapor en la ciudad de Nueva York hasta los teleféricos de San Francisco, las ciudades siempre han sido innovadoras en lo que respecta al transporte. En los últimos años, los programas de préstamo de bicicletas han dado a las ciudades una nueva configuración de redes de transporte público, y cada vez más ciudades están invirtiendo en autobuses eléctricos, en flotas de taxis de bajo consumo de combustible, y en las estaciones de recarga de vehículos electrónicos.

Los edificios ofrecen otra oportunidad importante para el progreso. Desde Londres a Seúl, las grandes ciudades han iniciado programas de reconversión a gran escala de sus edificios existentes, instalando todo: desde la iluminación LED hasta los sistemas de calefacción y refrigeración que extraen su energía de la tierra bajo los edificios. En Nueva York, alentamos a los propietarios de los edificios a pintar sus techos de blanco para ahorrar en sus costos de refrigeración, que, junto con muchas otras medidas, ayudó a la ciudad a reducir su huella de carbono en un 19 por ciento en tan sólo ocho años.

Las ciudades también están jugando un papel principal en la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, el Noveno Distrito Bajo de Nueva Orleans, la zona más afectada por el huracán Katrina, se ha convertido en un líder nacional en la adopción de energía solar en las azoteas. Mumbai, reconociendo la efectiva protección proporcionada por los manglares ante las marejadas, se ha movilizado de manera efectiva para protegerlos y nutrirlos. Y en la ciudad de Nueva York, después del Huracán Sandy, hemos desarrollado y comenzado a implementar un plan integral a largo plazo para mitigar los efectos de las grandes tormentas.

El liderazgo urbano sobre el cambio climático también ha llevado a un nivel de cooperación entre ciudades sin precedentes. El Grupo de Liderazgo de Ciudades contra el Cambio Climático conocida como C40, en la cual me desempeño como Presidente de la Junta, ha reunido a más de 75 ciudades que se han comprometido a compartir las mejores prácticas y la difusión de soluciones comprobadas. La evidencia es clara en cuanto a que esta estrategia de redes de trabajo está funcionando, ya que muchos proyectos de reducción de carbono se han extendido a varias ciudades de todo el mundo. Por ejemplo, en el 2011 sólo seis ciudades del grupo de la C40 tenían programas de préstamos de bicicletas. En el 2013, 36 de ellas ya las tenían. Como alcalde de Londres, Boris Johnson, dijo en 2013, "Al compartir las mejores prácticas entre la C40 y apropiarse atrevidamente de las mejores ideas de otras ciudades, podemos tomar acción sobre el cambio climático y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes."

Las ciudades también están trabajando juntas a través del Pacto de los Alcaldes, una iniciativa desarrollada por la C40 y otras redes urbanas para ayudar a las ciudades a medir el avance hacia la reducción de gases de efecto invernadero y hacerlas responsables de sus propios resultados. Esto brinda razones adicionales a los gobiernos nacionales para establecer objetivos ambientales ambiciosos y  empoderar a las ciudades para que abran el camino para alcanzarlos.

A prueba del clima
Un estudio realizado por Bloomberg Philanthropies y las ciudades miembros de la C40 el 2014, en conjunto con el Instituto Ambiental de Estocolmo, encontró que si las ciudades actúan agresivamente, podrían reducir sus emisiones anuales de carbono en aproximadamente cuatro mil millones de toneladas más allá de lo que los gobiernos nacionales están actualmente en camino de hacerlo, en sólo 15 años. Eso sería equivalente a la eliminación de alrededor de una cuarta parte de las emisiones de carbono de hoy en día.

De hecho, el cambio climático puede ser el primer problema global donde el éxito dependerá de cómo se proveen los servicios municipales tales como la energía, el agua y el transporte a los ciudadanos. Recién las ciudades han comenzado a aprovechar las oportunidades que tienen para hacer cambios que pueden producir beneficios tanto locales como globales. La cantidad de infraestructura que se construirá a mediados de siglo es unas cuatro veces más que el total disponible en la actualidad.

La modernización de las redes de infraestructura es costosa, pero no necesita tener un costo prohibitivo. Los gobiernos municipales están recurriendo cada vez más a los inversores privados para ayudar a financiar este tipo de proyectos, y es una asociación natural. Después de todo, la mayoría de las empresas están localizadas en las ciudades, y la mayoría de las ciudades están en ubicadas en aguas costeras. Ambos, los alcaldes y los gerentes generales tienen un incentivo para mitigar los peores efectos del cambio climático. Cada vez más países y empresas están reconociendo que los costos incrementales de construir infraestructura baja en carbono y resistentes a los desastres son modestos en relación con los beneficios económicos obtenidos.

Las empresas están cada vez más dispuestas a aportar capital para proyectos de infraestructura que luego les permitan obtener una parte de los ingresos resultantes. Las asociaciones público-privadas hacen que esto sea posible, y ellos están ayudando a financiar grandes proyectos alrededor del mundo, desde la construcción de un nuevo túnel en Miami que permite el tráfico portuario eludiendo las calles del centro de la ciudad hasta la construcción de prácticamente una nueva ciudad por el gobierno municipal en Shantou, China.

En otros casos, las empresas están pidiendo únicamente que los gobiernos despejen todos los obstáculos regulatorios que les impiden invertir y beneficiarse. En los Estados Unidos, por ejemplo, una serie de Estados, como Florida, tienen leyes que impiden a las empresas de energía solar el arrendamiento de paneles solares para los propietarios de viviendas, a pesar de que el modelo ha tenido éxito en California y en otros lugares. Muchos otros estados, como en New Hampshire, disuaden que las utilidades entren al mercado de la distribución de energía renovable. Estas barreras artificiales de mercado perjudican a los consumidores y obstaculizan los esfuerzos para enfrentar el cambio climático, y las ciudades pueden ayudar a abrir el paso en el impulso para su eliminación.

Al igual que las empresas, los gobiernos municipales también pueden encontrarse con barreras que impiden las inversiones sostenibles. Para pedir dinero prestado en los mercados de capital, por ejemplo, las ciudades necesitan una calificación crediticia; fuera de los Estados Unidos y Europa, no obstante, muchas de ellas no las tienen. El Banco Mundial estima que sólo el cuatro por ciento de 500 ciudades más grandes del mundo en desarrollo tienen calificaciones de crédito internacionalmente reconocidas, y sólo el 20 por ciento tiene una calificación doméstica. Sin embargo, estas ciudades tienen una demanda anual de proyectos de infraestructura en transporte, energía, tratamiento de residuos y suministro de agua de alrededor de $700 mil millones. Facilitarles el acceso al crédito podría convertirse en una de las maneras más eficaces para luchar contra el cambio climático, impulsar el crecimiento económico y mejorar la salud pública.

Arreglar el problema debería ser relativamente fácil. En Perú, por ejemplo, el Banco Mundial ayudó a la ciudad de Lima a asegurar una calificación crediticia por lo que podría recaudar $130 millones para modernizar su sistema de tránsito rápido de autobuses. El nuevo sistema de buses reducirá drásticamente la contaminación por carbono, y le ayudará a reducir la congestión vehicular, ahorrar dinero a las empresas y mejorar la productividad. El proyecto representa un ejemplo más de la alineación natural entre objetivos ambientales, salud y económicos.

Los países también pueden potenciar a sus ciudades para que logren sus metas al dejarles la libertad para que regulen sus propias fuentes de alimentación. Los alcaldes de algunas ciudades, como Chicago, Seattle, Helsinki, y Toronto, gozan de diversas formas de apalancamiento sobre sus suministros de energía. Algunos son dueños de su propia energía, otros poseen el sistema de distribución, y otros tienen la autoridad para firmar contratos con cualquier generador de energía independiente que seleccionen. El gobierno chino ha dado a grandes ciudades, como Shenzhen, poderes ampliados para cambiar el carbón por formas de energía más limpias. En Dinamarca, el gobierno nacional decidió otorgar poderes regulatorios independientes a Copenhague. La ciudad ahora está en el camino hacia la total neutralidad de carbono, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas al cabo de una década.

Los gobiernos centrales no se apresuran a delegar el poder, pero lo están haciendo con mayor frecuencia al reconocer los beneficios nacionales que pueden devenir de un mayor control local. Esta tendencia se acelerará cuando el mundo se vuelva cada vez más urbanizado y las ciudades se vuelvan más interconectadas entre sí, promoviendo la difusión de las mejores prácticas a través de las fronteras nacionales.

Será un gran desafío para las naciones dar cabida a la marejada de población urbana que se avecina. En la mayoría de los casos, las poblaciones urbanas están creciendo sobre infraestructura anticuada o sobre ninguna infraestructura en absoluto. Sin embargo, los avances en la tecnología están haciendo posible los avances en la transformación de la infraestructura, lo que permitirá a las ciudades del mundo en desarrollo a ponerse al día, e incluso saltar a ciudades bien asentadas hacia la construcción de metrópolis modernas.

No hay mejor ejemplo de esto que la energía solar, que puede ahorrarles a los gobiernos los gastos de construcción de nuevas y costosas redes de transporte de energía. El modelo tradicional de una planta proveedora de energía centralizada a una región entera implica enormes costos. Pero las microrredes de energía solar y la distribución de otras energías renovables pueden proveer de energía de una manera mucho más eficiente.

Las naciones y las ciudades que fallen en prepararse para los riesgos de la explosión de la población urbana, o para el empeoramiento de las condiciones de los tugurios que asustan a los inversionistas, perpetuarán una subclase permanente, e impedirán el progreso nacional. La mejor manera de prepararse no es mediante la implementación de programas centralizados de arriba hacia abajo, de una sola talla para todos, sino más bien por ciudades empoderadas para resolver problemas por sí mismos, invirtiendo en su futuro, y aprovechando el potencial de sus residentes.

El desafío que enfrenta la Generación Metropolitana, esto es, construir ciudades modernas para una nueva civilización urbana es tanto monumental como esencial. El éxito extenderá la prosperidad a nivel mundial, y la innovación en las ciudades ayudará a reducir las diferencias entre los países desarrollados y el mundo en desarrollo. Los líderes urbanos deberán ser lo suficientemente fuertes como para acoger y tratar como iguales a todos aquellos que busquen oportunidades y no como ciudadanos de segunda clase. También deberán ser lo suficientemente previsores ​​para invertir en infraestructura que genere los máximos beneficios económicos, ambientales y de salud.

La ciudad no podrá reemplazar al Estado-nación en la búsqueda de soluciones climáticas o políticas para reducir la pobreza, mejorar la seguridad, combatir la enfermedad, y expandir el comercio. Los líderes de las ciudades buscarán no desplazar a sus contrapartes nacionales, sino más bien  convertirse en plenos socios de su trabajo- un acuerdo que los líderes nacionales consideran cada vez más no sólo como algo beneficioso, sino también necesario.

Traducción libre por Raúl Mauro.