La misión del FMI recomienda...

El día de ayer la misión "Artículo IV" del FMI ha publicado su informe conclusivo acerca de las perspectivas de desempeño de la economía peruana y las reformas sugeridas para sobresalir airosa de las dificultades en ciernes (leer aquí). Encuentro que muchas de las afirmaciones y sugerencias suenan a que es necesario actuar ahora y de manera firme, debido a la gravedad de los riesgos que tiene que enfrentar la economía, sobre todo en los siguientes ejes:

• Enfrentar la inflación y los riesgos externos
• Restablecer el marco fiscal
• Reforzar el sistema financiero
• Impulsar una estrategia bien articulada para el crecimiento económico y la resiliencia

De estas cuatro recomendaciones, sólo quiero comentar la última, que es la que está generando más polvo en el actual debate político nacional. Si bien es cierto que hay un consenso qué hacer, esto es, sobre la necesidad imperiosa de elevar la productividad de la economía peruana, no existe igual consenso sobre cómo hacerlo. La apuesta de la actual Ministra de Trabajo ha sido impulsar una serie de reformas a favor de la restitución de derechos de los trabajadores y las mejoras salariales contenidos en la así llamada Agenda 19 (leer aquí). La otra parte en cambio, que sigue la línea de lo señalado por el informe de la misión del FMI, recomienda que para que exista una elevación de la productividad se requiere bajar los costes asociados a los trabajadores fundamentalmente. David Tuesta, ex Ministro de Economía y actual presidente del Consejo Privado de Competitividad, es quien ha expuesto con vigor esta posición en una columna del diario El Comercio que tituló "Una cachetada imperdonable a los trabajadores" (leer aquí).

Me llamó la atención dicho título pues al observar la distribución factorial del ingreso nacional, uno encuentra que la "cachetada" a los trabajadores en realidad ya se les ha dado hace tiempo en nuestro país, en tanto que a las ganancias de capital se les ha otorgado la correspondiente "levantada", favoreciendo su posición en la distribución del ingreso nacional. ¿Cómo así? Responder a esta pregunta necesita una mayor averiguación de los proceso económicos, políticos y sociales que estamos viviendo como país. Pero lo que si podemos observar es que a partir del 2004 aproximadamente este proceso se ha vuelto más inequitativo en detrimento de la participación de los salarios de los trabajadores en el ingreso nacional llegando a un máximo de 30 puntos del PBI de diferencia entre ambos grupos, manteniéndose así hasta antes de la pandemia. Un proceso que ya había sido descrito por Humberto Campodónico como "la boca de cocodrilo" (leer aquí).

Ilustración 1 Participación de los salarios y las ganancias de capital en el ingreso nacional, 1994-2019

    Elaboración propia con información del INEI

Como ya ha sido patente por los datos oficiales, la masa salarial ha sido drásticamente afectada por la pandemia. Datos de la EPE de Lima Metropolitana reportan que los ingresos totales del trabajo principal al trimestre móvil de enero de 2022 se encuentran retrasadas en -16.1% respecto de los ingresos totales de enero de 2020. Esto nos hace pensar que la boca de cocodrilo se ha vuelto a abrir aún más en perjuicio de los trabajadores. Pero igual falta corroborar qué ha pasado con la participación de las ganancias de capital.

Pese a lo señalado, al parecer, la misión del FMI se encuentra alineada con la postura siguiente: la elevación de la productividad sólo será posible si se realizan importantes reformas para eliminar los sobrecostos laborales que constituyen serias rigideces para lograr este objetivo. En contraste con esta posición, la otra parte, hace énfasis en que los así llamados sobrecostos laborales no son la raíz del problema pues estos ya han sido reducidos fuertemente durante las reformas estructurales implementadas en los años noventa. Y pese a tal recorte de costes, la productividad nunca se elevó significativamente. 

El crecimiento económico de los años 2000 ha sido una suerte de aprovechamiento de sobreprecios importantes a la materia prima exportada, pero nunca hubo una transformación productiva y diversificadora real de la economía peruana que permitiera tener tasas de crecimiento fuertes y sostenidas por mucho más tiempo de lo que espuriamente hemos vivido en la década pasada. El problema que subsiste en el fondo es que la economía peruana no realiza una apuesta contundente por implementar una política de diversificación económica que asegure una elevación de la productividad total en el mediano plazo, mediante una mayor inversión en capital humano y una clara priorización de recursos públicos y privados orientados a la innovación y la tecnología. Estas afirmaciones y recomendaciones pueden ser corroboradas por los sendos análisis del estilo de crecimiento económico realizados por la Universidad de Harvard para casi la totalidad de las economías del mundo (ver aquí), señalando que en el fondo, este es el problema principal que resolver, y por supuesto, también lo otro, previo el debido proceso de diálogo social aplicado y los acuerdos que se alcancen respectivamente.

¿Podrá la actual administración gubernamental resolver esta encrucijada? La incertidumbre cunde en muchos espacios de debate y análisis del país. Y todo parece que mientras la crisis política persista, no habrá un liderazgo claro para tomar las decisiones fundamentales que el país necesita para remontar sus desafíos. 

A pesar de todo, hay que insistir en el diálogo y la búsqueda de acuerdos bien articulados en estos aspectos de importancia para el país, y no sólo una de las partes.

¿Cuándo el incremento del salario mínimo puede perjudicar la recuperación económica?

Introducción

No cabe duda que en las actuales circunstancias, el aumento del salario mínimo es una cuestión de justicia para los trabajadores peruanos. Pero no cualquier aumento podría beneficiarlos a ellos y a los empresarios que ofrecen los puestos de trabajo que ocupan. Sobre todo, si consideramos que nos encontramos en un franco proceso de recuperación de la economía que es necesario asegurar, sin dejar de lado, el grave deterioro del nivel de vida que ha pesado sobre los trabajadores.

He sido director de empleo durante ocho meses durante 2018 y 2019, bajo la gestión del ex Ministro Sánchez. A través de su viceministro de Empleo recibí el encargo de presidir la Comisión Especial de Productividad y Salario Mínimo (CEPSM), órgano especializado dependiente del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Un desafío que lo asumí con mucha responsabilidad y expectativa de parte de los pares que me acompañaban en la mesa: sindicatos y empleadores.

El objetivo de la CEPSM, que no logró completarse por cambios de gestión ministerial, era cerrar el debate que permitiría acordar los criterios técnicos a tomar en cuenta para los reajustes periódicos del salario mínimo, institucionalizándolo en una norma sectorial. La base para lograr tales acuerdos era un diálogo social de calidad, la cual concebimos como la búsqueda de un nivel de confianza óptimo entre las partes, exponiendo las razones técnicas y también los temores colectivos, a fin de que la norma acordada tuviera toda la legitimidad del caso para su implementación.

La actual gestión del MTPE ha manifestado con claridad su voluntad política para elevar el salario mínimo, pero esta voluntad no parece estar acompañada de similar actitud para canalizar esta decisión a través de un debido proceso de diálogo social que haga transparente y legítima tal decisión. El problema que este proceso culmine de esta manera es que el aumento no responda a realmente a criterios técnicos consensuados entre las partes, y por lo tanto este sea perjudicial para la recuperación del sector productivo por causa de una mejora salarial onerosa.

¿Qué nos dice la teoría económica?

Contra lo que mayoría podría suponer, la teoría económica no va en contra de las medidas de reajuste del salario mínimo. De hecho, David Card y otros economistas, que ganaron el reciente premio Nobel de economía 2021 desarrollaron en los años noventa los fundamentos empíricos sobre los cuales demostró que el aumento del salario mínimo, no sólo es técnicamente viable, sino que resuelve ineficiencias surgidas de un mercado tan irregular como el nuestro. Esto no solo permitiría mejorar las remuneraciones de los trabajadores que dependen de este monto, sino que además se haría sin el temor de destruir empleos.

Para que ese comportamiento se produzca debe reconocerse en primer lugar, que el mercado de trabajo no se parece para nada al modelo teórico de un mercado laboral de libre competencia, al menos tal como lo describen los textos de microeconomía clásicos que se utilizan para enseñar en la universidad. Por lo general, los voceros en contra de la subida del reajuste del salario mínimo asumen -convenientemente- que el mercado de trabajo peruano es un ente donde confluyen empleadores y trabajadores bajo la égida de la libre competencia. Si así fuera, inevitablemente, un aumento del salario mínimo, grande o pequeño, sólo será viable incrementando el desempleo. Pero esta situación es pues, muy alejada de la realidad: ni la información sobre los empleos disponibles fluye libremente, ni las plazas laborales son homogéneas, ni los empresarios son tomadores de precios en el mercado.

Ilustración 1 Efectos del salario mínimo en un modelo teórico de mercado competitivo

E0: Empleo sin RMV, E1: Empleo con RMV; W0: Salario sin RMV, W1: Salario = RMV

En la realidad peruana, los mercados de productos -y también en servicios- tienden a mostrar grados tóxicos de concentración, y cuando no es así de extremo, los líderes de mercado gozan de un grado discrecional de poder monopólico: establecen sus precios, ofrecen una baja calidad de producto, limitan severamente la entrada a nuevos competidores, etc. La demanda derivada de trabajo de estos mercados suele mostrar grados importantes de poder monopsónico. Esto último significa que los empleadores tienen poder de negociación suficiente para determinar los salarios por debajo de su ingreso marginal, porque existen muchos candidatos que compiten por los pocos puestos de trabajo ofrecidos. En una situación así, todos los efectos negativos que se deducen del modelo teórico convencional del libre mercado están puestos en cuestión, y necesitan ser revisados en su real contexto.

Cuando los empleadores tienen poder monopsónico, pueden contratar cantidades importantes de trabajadores a un salario más bajo que su costo marginal de contratación. Si los contratara al costo marginal real, lo haría a expensas de sus ganancias. Por ello hace uso de su capacidad de negociación para imponer un salario más bajo. Al incrementarse el salario mínimo en una cantidad pequeña (gráfico siguiente a la izquierda), no sólo producirá un incremento neto en el salario, sino que también el empleo puede aumentar al bajar el costo de contratar un trabajador adicional[1]. Por el contrario, si se eleva el salario mínimo en una cantidad muy grande, producirá un incremento del desempleo porque aumenta también el costo marginal impuesto (gráfico siguiente a la derecha).   

Ilustración 2 Efectos de un aumento del salario mínimo en un mercado monopsónico

E0: Empleo sin RMV, E1: Empleo con RMV; W0: Salario sin RMV, W1: Salario con RMV.[2]

El momento y el monto óptimo a incrementar el salario mínimo

La última vez que el Estado peruano decretó un aumento de la remuneración mínima vital fue en abril de 2018.  Este ascendió a 80 soles, que equivalió a un 9.4% de aumento de la remuneración previa, el cual duró 23 meses. Tomando en cuenta el historial de ajustes de la RMV desde el 2000, el último aumento de 80 soles se ubicó por encima de la mediana superior (tercer cuartil equivalente a 75 soles) de aumentos. Mientras que, respecto a la periodicidad, los 23 meses se ubican en la mediana de meses que ha estado vigente un aumento dado. Si tomáramos como criterio que el tamaño de los aumentos debería estar correlacionado con el número de meses esperados, que a la fecha ha acumulado 47 meses (el doble de tiempo del esperado), entonces el aumento sugerido sería de aproximadamente 70 soles[3]. Esto sugiere un aumento del salario mínimo hasta alcanzar la cifra de 1 mil soles.  

Tabla 1 Salario mínimo, aumentos y número de meses entre aumentos

                                            Elaboración propia con datos oficiales

A pesar de lo señalado, los criterios debatidos en el seno de la CEPSM no son los que he utilizado arriba. En primer lugar, en cuanto a la periodicidad había una propuesta preliminar casi consensuada de que la RMV fuera reajustada cada 24 meses, siempre y cuando las condiciones de contexto económico lo permitieran. El actual retraso del aumento del salario mínimo sólo se justifica porque el contexto económico fue desastroso durante la pandemia. No obstante, las cifras de recuperación económica son alentadoras, y todo hace pensar que podríamos seguir con viento a favor si seguimos con elevados precios de nuestros minerales y otros sectores restableciendo su dinamismo al 100%. Por lo tanto, estamos en el momento indicado para elevar la RMV.

En segundo lugar, para definir el monto del salario mínimo se utiliza una combinación aditiva de dos componentes: la inflación y la productividad. El primer componente se explica por la necesidad de compensar la pérdida de capacidad de consumo por la inflación esperada (aunque para este caso ya sería más bien para la inflación observada), mientras que el segundo componente se explica por el avance de la productividad en el país que es en última instancia la fuente real de incremento de las remuneraciones.  

El incremento del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana con base 100 de diciembre de 2021 pasó de un valor de 89.5 a 100.4 que es el último dato disponible para enero 2022. Esto representa un incremento de 12.4%. Frente a la objetividad y disponibilidad del indicador de precios, la medición de la productividad en nuestro país no tiene un consenso definido. Lo que si existe consenso es que la economía peruana ostenta una productividad pobrísima debido a que desde el punto de vista macro sobresale el excesivo tamaño del sector informal en nuestro país. A pesar de ello, podríamos tomar como referencia las mediciones reportadas por el Consejo Privado de Competitividad (CPC, Informe de competitividad 2021), que no se hace problema en señalar que la productividad total de los factores ha tenido una contribución negativa en el último quinquenio (2015-2019) del orden de -0.7%, en tanto que la contribución del trabajo ha sido de 1.1%.

De esta manera, tomando como referencia el valor de la contribución de la productividad del trabajo (1.1%) y el incremento de los precios (12.4%), tendríamos que objetivamente, el aumento pertinente del salario mínimo sería del orden de 13.5%, esto es 126 soles, es decir, la nueva RMV sería de 1056 soles. Este valor es menor a lo que la prensa ha deslizado sería, el valor deseado por el MTPE, que ascendería a 1100 soles. Tampoco podría aspirarse a un aumento que equipare la RMV con la canasta básica familiar, cuyo valor ascendería para una familia de 4 personas a casi los 1500 soles[4]. ¿Es este valor mucho o poco para el desenvolvimiento del mercado de trabajo en la actualidad? Algunas respuestas posibles se exploran en la siguiente sección.

Los salarios medios post pandemia

La pandemia golpeó rotundamente el dinamismo de la economía peruana. No solo salieron afectadas las familias al ver recortados sus ingresos sino también las propias empresas, principalmente las micro y pequeñas empresas tuvieron severas pérdidas económicas. La gran y mediana empresa tuvieron un flujo importante de fondos (alrededor de 60 mil millones de soles) a través del denominado Programa Reactiva que tenían como objetivo “evitar el quiebre de la cadena de pagos” así como “salvar empleos” formales de la economía peruana. Según algunas evaluaciones preliminares del BCRP, este programa habría cumplido sus objetivos.

Lo que no pudo salvar el Programa ni otras medidas fueron los ingresos medios de los trabajadores. El subempleo y la informalidad se han desbocado aceleradamente. En Perú, el único instrumento disponible para evaluar tal impacto es la Encuesta Permanente de Empleo, el cual reporta los ingresos medios mes a mes de Lima Metropolitana desde abril de 2001. De acuerdo con esta fuente, a enero (trimestre móvil) del presente año la remuneración media ascendía a 1,639.5 soles, en tanto que para similar periodo del año 2021 esta cayó a 1,576 soles de un nivel observado de 1,796.2 en 2020. Es decir, aún la remuneración promedio de Lima Metropolitana no se ha recuperado a niveles pre-pandemia. Una sencilla inspección de los datos más recientes en términos nominales, nos permite apreciar que la remuneración de enero de este año es similar a la de enero de 2016. Hemos perdido 6 años.

Tabla 2 Evolución del ingreso medio de Lima Metropolitana - Enero de cada año

                                                                Elaboración propia con datos de INEI

¿Por qué resulta relevante mirar los ingresos medios en este análisis? Porque una forma de obtener información sobre que tan alto o que tan bajo es un determinado salario mínimo respecto del dinamismo del mercado de trabajo en su conjunto es analizar el denominado ratio de Kaitz[5]. Este indicador resulta de comparar el salario mínimo nominal con el respectivo salario medio de mercado. La OIT recomienda utilizar este indicador con mucho cuidado[6], puesto que las comparaciones pueden ser irrelevantes, toda vez que se deben establecer comparabilidades con el salario medio de los trabajadores que están protegidos por la legislación del salario mínimo. En el caso peruano, el salario medio reportado por el INEI sólo tiene cobertura para Lima Metropolitana, y por supuesto, incluye al sector informal. Como quiera que no tenemos acceso actualizado a la información de la Planilla Electrónica que maneja el MTPE, utilizaremos los valores de las remuneraciones medias reportadas por el INEI a través de su Informe Técnico del Empleo que publica mensualmente en su página web.

Con esta información entre manos, comparé con el salario mínimo nominal y pude encontrar lo siguiente: que el Perú tiene la segunda ratio de Kaitz más alta de los países de la OCDE. Tomo esta fuente de información, no sólo por la idea de compararnos con el club de países adelantados que formalmente nos ha invitado a formar parte, sino que también nos permite apreciar cómo nos encontramos con respecto a algunos países de nuestra región como Chile, Colombia y México. En este caso, Colombia nos lleva la delantera con 0.61 puntos, mientras que Chile tiene 0.49 y México 0.42. Si la RMV aumentara a 1,000 soles, la ratio de Kaitz aumentaría automáticamente a 0.61 colocándonos en  el segundo lugar del ranking. Mientras que un aumento hasta 1,056 y 1,100 soles, les correspondería un ratio de Kaitz de 0.64 y 0.67 respectivamente. En estos dos últimos casos estaríamos en la posición del país con más elevado nivel de acercamiento al salario medio de mercado, lo que implicaría un incremento del riesgo de impactar negativamente en la estructura de costos de las empresas y podría significar un impacto negativo en el nivel actual de empleo formal. A todas luces, un escenario indeseable en un contexto de recuperación económica como la que estamos asistiendo como país.

Tabla 3 Comparación de ratio de salario mínimo y salario medio de Perú versus países seleccionados OCDE

                                                                    Elaboración propia con información OECD.Stat

Ilustración 3 Relación entre la RMV y los ingresos medios de Lima Metropolitana

Elaboración propia con datos de INEI y varios Informes Técnicos del Mercado Laboral de Lima Metropolitana

A manera de conclusión

Es probable que muchos podrían contender con las cifras revisadas y utilizadas para los cálculos posibles de salario mínimo, y el que finalmente he hecho evidente cual recomendaría con justicia y viabilidad para nuestra economía hoy en día: sugiero aplicar el aumento pequeño (70 soles), con cargo a reajustar nuevamente en los próximos 24 meses. Otros podrían poner bajo cuestionamiento la necesaria revisión de las variables de contexto adecuado que fueron discutidos ampliamente en la CEPSM durante mi gestión, antes de tomar cualquier decisión de reajustar al alza la RMV. Pero lo que es cierto es que el hecho que no se haya cerrado la fórmula de reajuste de la RMV a través del proceso de diálogo social en el seno del CNTPE con un plazo determinado, ha dejado que esta medida siga siendo parte del menú de opciones para ganar respaldo político a costa del desempeño del sector empresarial. Una lección que quizás ya debieron haber aprendido con tiempo la parte empleadora. Y también la trabajadora. Ojalá esta sea la última vez que afrontemos una situación como la actual, en el que la incertidumbre y la polarización política oscurecen la importancia de implementar políticas salariales nacionales justas, viables y predecibles, como la del reajuste del salario mínimo. Mientras no exista una política sectorial de reajuste del salario mínimo surgida del diálogo social, los futuros incrementos del salario mínimo tenderán a tener resultados controvertidos para una o ambas partes del mercado de trabajo peruano.

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[1] Katz,  Lawrence  and  Alan  Krueger.  1992.  "The  Effect  of  the  Minimum  Wage  on  the Fast-Food  Industry."  American  Economic  Review,  vol.  46,  no.  1,  pp.  6-21. “Under certain conditions, monopsony models predict that a small increase in the minimum wage leads to an increase in employment, whereas a large increase in the minimum wage leads to a decrease in employment”.

[2] Adaptado de: Congressional Budget Office, July 2019 “The  Minimum Wage in  Competitive  Markets  and  Markets With Monopsony  Power—Supplemental  Material  for  The Effects  on  Employment  and  Family Income of  Increasing  the Federal  Minimum  Wage” Washington D.C.

[3] Dibujando un modelo lineal simple con los puntos de datos disponibles, tendríamos que al número de meses transcurridos habría que multiplicar por 0.6331 y añadirle 38.966. Como han pasado 47 meses desde el último aumento, la modelación nos lleva a estimar un aumento de 69 soles aproximadamente.

[4] La línea de pobreza de consumo per cápita asciende a 360 soles mensuales. Multiplicado por una familia promedio de 4 personas, resulta en una canasta mínima de 1,440 soles mensuales. Valor muy cercano a 1,500 soles, que es reclamado por el sector trabajador.

[5] Kaitz, Hyman B. (1970) “Experience of the Past: The National Minimum" in Youth Unemployment and Minimum Wages, Bulletin 1657, U.S. Bureau of Labor.

[6] https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/setting-adjusting/WCMS_536302/lang--es/index.htm

El primer año de pandemia y su impacto en la pobreza y la desigualdad

Introducción

El INEI acaba de publicar un importantísimo estudio descriptivo de la demografía peruana de cara al bicentenario de la independencia del Perú. Aparte de revelar que nos encontramos aproximadamente en la mitad del trayecto de aprovechamiento del bono demográfico, también nos presenta los datos históricos del comportamiento de los niveles de vida del Perú de los últimos 17 años -incluyendo el primer año de la pandemia COVID19. Los indicadores que revisamos en este artículo son la pobreza, el empleo y la desigualdad debido a la importancia del debate sobre el desarrollo en nuestro país.

Cómo la pandemia evaporó los avances contra la pobreza

Observando la evolución de la pobreza y la pobreza extrema se puede advertir el fuerte descenso de ambos porcentajes, observándose en los últimos años un comportamiento estacionario alrededor del 20% de la población para el primer caso, y 3% aproximadamente para el segundo. Esta suerte incapacidad del sistema económico, político y social para erradicar el problema de la pobreza completamente de nuestro país ha sido motivo de mucho debate, señalándose que hay un núcleo duro de la pobreza a la cual hay que atacar con una nueva estrategia. Quizás el acuerdo más importante logrado a nivel de políticas públicas, luego de este debate, fue la necesidad de elevar los niveles de la productividad del país. Este objetivo sin embargo tendría un importante factor limitante: el muy elevado grado de informalidad del mercado laboral.

Este debate ha quedado en suspenso y también ha paralizado la implementación de las políticas que afirmaran una senda de crecimiento de la productividad. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad lanzado en julio de 2019 se ha casi congelado con un avance al 36.6%. Esto ha sido así porque el país junto con el resto del planeta fue sorprendido por un fenómeno exógeno sin precedentes: la pandemia del COVID19. El impacto de este acontecimiento ha sido de tal magnitud que las ganancias en términos sociales de más de una década y media de reducción consistente de la pobreza, nos ha hecho retroceder una década atrás.

Este fenómeno no es una novedad. En un artículo que escribí en el 2004 para desco, señalé este carácter bivalente de la relación de la pobreza con respecto al crecimiento económico (la elasticidad pobreza-producto). Cuando estamos creciendo, la pobreza se reduce lentamente, como resultado del “goteo”. Pero cuando ocurre una crisis, la pobreza aumenta súbitamente, lo que llamé coloquialmente como el “vaporeo”. En aquel entonces escribí lo siguiente:

“[E]n el caso peruano, bastaría solo un año de recesión económica para desmoronar los beneficios logrados por once años de crecimiento económico.” (Rev. Quehacer Nro.150, 2004: pp. 103-112)

Esta regla práctica parece haberse verificado, por desgracia, en nuestro país. A partir de un análisis del comportamiento de la pobreza monetaria entre 1985-1994 advertí que, por cada punto de crecimiento económico, la pobreza se redujo en promedio en -0.2%. En contraste, por cada punto de decrecimiento económico, la pobreza aumentó en 2.2%. La severa crisis económica asociada al férreo confinamiento dispuesto por el gobierno, como un intento de enfrentar la crisis sanitaria, nos ha costado casi una década de avances en la reducción de la pobreza.

Las reflexiones posteriores a lo sucedido ya son un lugar común para los analistas. El crecimiento económico no ha garantizado un sistema de protección social sólido que permita a la población peruana afrontar las vulnerabilidades de origen extraeconómico como ha sido la pandemia. El próximo evento que podría evaporar las ganancias del bienestar sin posibilidad de que la población pueda afrontarla adecuadamente podría ser un terremoto, un fenómeno del Niño más severo, u otro estrés asociado a nuestra falta de previsión de políticas de largo plazo.

La desigualdad se aprovechó de la pandemia y la informalidad

Me gustaría afirmar algo similar a lo observado en la naturaleza bivalente de la elasticidad pobreza-producto, debido a que se observa un súbito empeoramiento de la desigualdad dejándolo en la misma situación que hace una década atrás. Pero no es posible, porque la literatura económica peruana no ha verificado una asociación entre el crecimiento y la desigualdad en nuestro país. La hipótesis usual es pensar que la desigualdad se relaciona con el crecimiento como una curva U invertida propuesta por Kuznets.

En el Perú, la desigualdad se ha ido reduciendo poco a poco en el largo plazo, acentuándose ésta disminución durante el ajuste macroeconómico de inicios de los noventas, algo que se llamó después como una mejora “perversa” de la distribución del ingreso de la población.

Este fenómeno se explicaría, en palabras de Escobal y Agüero (Instituto Cuánto, 1996: pp.41-59), porque los sectores medios y altos redujeron fuertemente su consumo debido a la crisis y la hiperinflación, mientras que los sectores más pobres lograron enfrentar mejor la crisis, gracias a la importancia del autoconsumo en su consumo familiar.

Pero ¿Qué hizo que la desigualdad se incremente tan rápidamente durante el primer año de la pandemia a diferencia del ajuste estructural de inicios de los noventa? La explicación podría tener múltiples fuentes. La principal -en mi opinión- es que los niveles socioeconómicos más altos y parte de los medios, por la naturaleza de sus ocupaciones, tenían mejores posibilidades para afrontar el confinamiento gracias al acceso a la tecnología y el trabajo remoto. Por otro lado, las familias cuyos perceptores de ingresos se encontraban en el mercado laboral formal han tenido más oportunidades para afrontar la crisis debido a que las ayudas del gobierno se han canalizado en un primer momento con mayor viabilidad para ellos (subvenciones a las planillas salariales, programa de crédito Reactiva, etc.). A pesar de esto, muchos trabajadores formales perdieron sus empleos y parte de sus ingresos por la gravedad de la crisis, abonando a un aumento del empleo informal en nuestro país en casi 3 puntos porcentuales durante el 2020. Esto significó el retroceso de una década de avances en la formalización de la mano de obra ocupada en el Perú.

La informalidad ha sido un factor agravante de la desigualdad y, al mismo tiempo, un factor limitante del manejo efectivo de la pandemia. Mientras que, por un lado, teníamos que aquellas familias cuyos perceptores se encontraban laborando en el sector formal, o bien podían absorber los costos adicionales de trabajar de manera remota en aquellas ocupaciones donde era posible hacerlo, o bien podían asumir los costos adicionales de protección y cuidado para evitar contagiarse al salir a trabajar presencialmente. Por el otro lado, teníamos que para aquellas familias cuyos perceptores se encontraban laborando en el sector informal, la sobrevivencia diaria dependía de su urgencia de volver a trabajar de manera presencial. Para ellos, se les abrió una suerte de dilema de supervivencia, quedarse a morir de inanición en casa cumpliendo con el confinamiento o salir a trabajar presencialmente y afrontar un elevado riesgo de contagiarse y de morir por COVID19. Esta situación obligó a las clases populares a rechazar masivamente las medidas de confinamiento, lo que conllevó a una incapacidad del gobierno de manejar adecuadamente la crisis sanitaria a nivel nacional. Los contagios y las muertes por COVID19 se elevaron finalmente por muy encima de las expectativas de los expertos sanitarios. Muchos argumentaron que, si el gobierno hubiera distribuido oportunamente los bonos monetarios necesarios para evitar la salida de la población a las calles para trabajar, quizás se habría evitado el desborde de los contagios y la mortalidad.

Lo cierto es que la demora de la distribución de los bonos para las familias más necesitadas se debió a que era necesario resolver un grave problema administrativo en el Estado asociado a la informalidad predominante en el mercado laboral: los registros demográficos nacionales disponibles estaban desactualizados o incompletos, y mucha información relevante simplemente no existía. Se constató que tenemos un Estado mínimo en verdad, que no cuenta con un registro actualizado y confiable de cuántos peruanos y peruanas hay y donde se encuentran a una fecha determinada. Construir registros demográficos para la población objetivo en medio de la pandemia fue todo un reto que finalmente se logró con esfuerzos interministeriales nunca antes vistos. Pero es necesario que este esfuerzo se complete para toda la población y se convierta en un sistema fundamental de la gestión pública para brindar viabilidad a un amplio rango de políticas públicas.

¿Dónde se produjo la desigualdad?

Como ya se ha argumentado, la pandemia del COVID19 exacerbó los mecanismos de desigualdad del ingreso por diversas razones: el carácter formal o informal del trabajo, la naturaleza de la ocupación previamente realizada que permitiera su realización remota o en oficina, el grado de acceso a la tecnología y conectividad, la disponibilidad de servicios médicos para atender el COVID y la disponibilidad de productos para prevenir los contagios (mascarillas, alcohol, transporte público o privado, etc), y la distribución oportuna de recursos y financiamiento de bajo costo (público o privado) para contener o reactivar los sectores económicos gravemente afectados por la pandemia.

Una mirada en base a la Encuestas de Hogares nos permite realizar algunas observaciones en términos geográficos de lo que ocurrió con la desigualdad de los ingresos en el contexto de fuerte caída de los ingresos per cápita. La pregunta busca descubrir si la caída de los ingresos medios se ha producido de manera más o menos homogénea a nivel nacional manteniendo de esta manera la desigualdad global intacta; o si, por el contrario, estas han seguido un patrón diferenciado entre grupos poblacionales, o al interior de los propios grupos poblacionales de manera tal que han alterado la desigualdad inicial, intensificándola o reduciéndola.

Una caída generalizada de los ingresos medios con ritmos distintos

Para comenzar, tenemos la evaluación del comportamiento de los ingresos medios. Se puede advertir que todos los dominios bajo estudio tuvieron un fuerte recorte entre 2019 y 2020. El dominio más afectado ha sido el que alberga a la población de Lima Metropolitana quienes vieron que sus ingresos medios se redujeron en un -24%, 5 puntos porcentuales por encima de lo observado a nivel nacional (-19%). Es posible que el confinamiento severo, también conocido como “martillazo” en alusión a la búsqueda de aplanar la curva de contagios, haya tenido tanto éxito al ser implementado, respecto al resto del país, que habría ocasionado una muy severa paralización de la actividad económica en relación a lo ocurrido en los otros dominios. En contraste, llama la atención la caída de -9% para la selva y la sierra norte, lo que podría ser un indicador que la desigualdad en ambos dominios podría haber quedado intacta entre 2019-2020.

Lima: ¿Quién se ha llevado mi pedazo de torta?

Puesto que la capital del país concentra también a la cuota más grande de población (alrededor de la tercera parte del país), Lima se convierte en la gran perdedora de su parte en la torta de ingresos del país (-3 pp). Estos puntos perdidos han sido ganados por la población de la costa norte, la sierra centro y la selva, cada uno con +1 pp respectivamente. Este resultado es una evidencia de que la dinámica de la caída de los ingresos medios entre dominios ha jugado más bien a favor de una mayor equidad entre ellos. Esto podría deberse a que la dureza del “martillazo” del confinamiento habría sido más severa en la capital que en el resto del país. El gráfico a continuación, muestra en resumen cómo Lima Metropolitana y la costa en general, la inmovilidad ha sido más profunda para sus residentes que para el resto del país. Algo que con toda seguridad afectó duramente a las economías informales y naturalmente también, a las formales.

Ilustración 1 Movilidad promedio al centro de trabajo según región durante el 2020

     Elaboración propia con información de Google Mobility Trends (https://www.google.com/covid19/mobility/)

Las regiones y sus desigualdades pandémicas

El análisis desarrollado hasta este punto permite obtener conclusiones sobre el comportamiento de la desigualdad en relación con las otras regiones o dominios de estudio de las ENAHO. Pero nos falta indagar sobre lo que ocurrió con la desigualdad al interior de las poblaciones pertenecientes a cada uno de los dominios.

Los datos comentados a continuación, evidencian que gran parte del aumento de la desigualdad total durante el primer año de la pandemia se debió principalmente a un incremento de las diferencias de los ingresos poblacionales al interior de cada dominio. La costa centro, la costa sur, y Lima Metropolitana tuvieron un crecimiento muy fuerte de la desigualdad al interior de sus poblaciones, medidos por el índice de Gini[1], con 7.1, 6.5 y 6.1 pp de incremento entre 2019 y 2020 respectivamente. Este comportamiento se debe a que se ha ampliado la brecha entre los más pobres y los más ricos en el país. El cuadro de ratios de percentiles ayuda a visualizar esta idea, siendo el caso más fuerte con la ratio p90/p10 (el que relaciona el ingreso de la persona que se encuentra en la frontera del 10% más rico comparado con el que se encuentra en el límite del 10% más pobre) que ha aumentado de 7.2 a 8.2 veces.

También se ha ampliado, pero levemente, las distancias del resto de ratios: en primer lugar, tenemos la ratio p90/p50 (el del límite del 10% más rico, con el que está exactamente al medio del total de la distribución) que pasó de 2.6 a 2.8, p75/p25 (el que está al límite del 25% superior con el que está en el límite del 25% inferior) que pasó de 2.7 a 3.0, y p75/p50 que subió de 1.6 a 1.7. Finalmente, la reducción de las ratios p10/p50 de 0.4 a 0.3 evidencia que la persona que está en el límite del 10% más pobre ha visto reducir la importancia de sus ingresos con respecto a lo que terminó ganando el que está al centro de la distribución; en tanto que la ratio p25/p50 se ha mantenido constante para el periodo bajo análisis. Esto es lo que quizás se encuentre detrás de la ligera reducción de la desigualdad en la sierra norte, y la estacionariedad de la misma en la selva.

A manera de conclusión

La pandemia del COVID19 ha expuesto las debilidades de la sociedad peruana, al arrasar con los importantes avances en términos de la lucha contra la pobreza. Esto ha sido así por una serie de factores que han estado a la saga de un problema tan gravoso como lo es el empleo informal. Como resultado, las desigualdades al interior de las regiones se exacerbaron, mientras que la desigualdad interregional por el contrario más bien se volvió más equitativa debido a que la pérdida de ingresos ha sido fuerte principalmente en la ciudad capital.

¿Cómo superar este entrampamiento? En primer lugar, hay que pensar en reformular y lanzar el Plan Nacional de Competitividad incluyendo sólidos capítulos que estimulen no sólo la competitividad sino también de la productividad adicional derivada de los recursos nuevos a invertir en nuestra sociedad. De lo que se trata es que la desigualdad mejore no porque pierdan los ricos, sino porque ganan las clases medias y las más pobres. En segundo lugar, y en línea con lo anterior, es importante trabajar un nuevo modelo de lucha contra la informalidad haciendo un seguimiento exclusivo de los avances en dicho indicador, en el marco del diálogo social impulsado por la secretaría técnica del Consejo Nacional del Trabajo en coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad. Empresarios, trabajadores, academia y políticos trabajando juntos, si pueden lograr que el Perú salga de su marginalidad y se posicione en una ruta de mejora competitiva, libre de pobreza y con baja desigualdad, en el gran juego del comercio internacional de bienes y servicios.

Pero aún falta ver los datos del impacto de la pandemia del segundo año, 2021, para ver el tamaño del reto que afrontar.

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[1] El índice de Gini mide la desigualdad en un rango de 0 a 1. Si el indicador es cercano a uno, hay más desigualdad mientras que más cercano a cero, habría menos desigualdad. Se presenta con decimales o sino como porcentaje.