Ghezzi y el salario mínimo - Parte I

El debate sobre el posible incremento del salario mínimo ha alcanzado un elevado nivel de confrontación política en nuestro país. Primero ocasionó la escandalosa salida de un Primer Ministro al ser desmentido por la esposa del Presidente por este tema y luego virtualmente despedido por el Ministro de Economía y Finanzas. Como segundo acto, se produjo el impasse del voto de confianza del Congreso al Gabinete Cornejo del 14 de marzo, donde por primera vez las fuerzas políticas de oposición se unieron en un voto de abstención mayoritario. Luego de un velado diálogo público ventilado en los medios, el lunes 17 el voto de confianza fue otorgado ajustadamente por el Congreso ante la promesa del nuevo Primer Ministro que la ciudadana Nadine Heredia, presidente del Partido Nacionalista Gana Perú, no volverá a abrir la boca como vocera del gobierno. Como cierre de este periplo, el flamante Primer Ministro, René Cornejo ha vuelto a poner 'oficialmente' el tema en agenda, dando lugar a un enfrentamiento singular entre el futuro Ministro de Economía en incubación, Piero Ghezzi, y la mejor carta técnica invitada por el Aprismo, Luis Carranza Ugarte.

Piero Ghezzi ha seguido el discurso de que el salario mínimo de no debería ser incrementado. Las razones expuestas han sido hasta cierto punto, algo novedosas. En diálogo con RPP expuso el siguiente argumento:

"Además lo que hizo este gobierno fue aumentar el salario mínimo en 25% al comienzo (de su gestión) y no hemos tenidos crecimientos en el Producto Bruto Interno (PBI) nominal de 25%". En otras palabras, lo que ha dicho el Ministro de la Producción es que no se justifica un mayor aumento del salario mínimo porque la producción nacional no ha crecido al mismo ritmo. ¿Es verdad este argumento? Veamos.

En primer lugar, de manera similar al caso de los sueldos de los ministros (y otros funcionarios seleccionados), un aumento del salario mínimo, no se trata en sí de un aumento, sino mas bien de una corrección con justicia de la caida de poder adquisitivo que tenía el salario mínimo hace más de 30 años. En efecto, como se puede apreciar en el gráfico inferior, el salario mínimo actual representa en términos reales el salario observado un poco antes que ocurriera el desastre económico del primer gobierno de Alan García. A precios de 1994, el salario mínimo observado durante el primer quinquenio de los años setenta fue casi tres veces mayor al actualmente observado. Los sucesivos incrementos en el salario mínimo realizados durante el periodo de recuperación económica solo han permitido recuperar el nivel de ingreso real observado en 1987. El salario mínimo tendría que aumentar a aproximadamente S/. 1750 nuevos soles para tener la capacidad de ingreso observado a principios del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y mucho más, si queremos nivelarnos a lo que se percibía antes de la crisis de 1973. De acuerdo con estas observaciones, una primera propuesta a evaluar es que el gobierno debería decretar un aumento (mínimo) del 100% a los trabajadores que perciben sus salarios sobre la base del salario mínimo.

En segundo lugar, debemos ponernos de acuerdo en cómo se mide la productividad del trabajo. El argumento esbozado por Ghezzi lo reduce a observar el nivel de producción total nominal acumulado en los últimos años, se entiende correspondientes al actual gobierno de Ollanta Humala. En mi opinión, mirar el producto total no resulta en un buen indicador de la productividad puesto que lo usual es tomar grosso modo el producto medio del trabajo. Esto es, dividir el nivel de producción nominal entre el número de trabajadores ocupados. Sin embargo, cualquier economista te exigirá medir la productividad en términos reales, no nominales puesto que de lo que se trata es de observar el aumento físico de la producción y no el que se podría ver inflado por la inflación. Pero este no ha sido el camino seguido por el Ministro de Producción. Luego nos ocuparemos de mirar estos datos.

Antes, tenemos que ponernos de acuerdo con el razonamiento técnico que justifica el aumento del salario, ¿Aumentamos el salario mínimo en un porcentaje determinado para obtener en consecuencia un aumento del producto de similar o mayor magnitud? ¿O no es más bien que como resultado de haber aumentado el producto corresponde pagar un mejor salario al trabajador? Yo creo que el sentido correcto es el esbozado en la segunda pregunta y no tanto el sentido ofrecido por Ghezzi. Con todo, veamos los datos.

El incremento del salario mínimo durante el gobierno de Alan García fue de 20%, pasando de S/.500 a S/.600. ¿Cuál fue el incremento del nivel del producto nominal? El incremento acumulado fue de 60.9%. Quiere decir que el aumento del 20% se quedó corto y que si seguimos el argumento planteado por Ghezzi faltaría un aumento de 40 puntos porcentuales adicionales. Claro, durante el gobierno de Humala, se ha completado un aumento de 25%, pero resulta que el producto ha seguido creciendo en 14.8% más. Para no marearnos con las cifras, desde el 2006 hasta el 2013, el crecimiento acumulado del salario mínimo ha sido de 50%, mientras que el incremento acumulado del PBI total ha sido de 84.6%. ¿Todavía debería crecer más el PBI total para recién justificar un nuevo aumento del salario mínimo? !No bromeen por favor! Para que estemos 'emparejados' el salario mínimo tendría que haber aumentado hasta alcanzar S/.923 nuevos soles. Y aquí estaríamos alcanzando un techo más razonable (desde el punto de vista de los dueños del capital) que el propuesto en mi primera observación.

De lo expuesto hasta este punto quedan dos propuestas a evaluar,

1. Aumentar como mínimo un 100% el actual salario mínimo para recuperar o "corregir" (como le gusta decir al gobierno para justificar el nuevo salario de los ministros) el nivel de ingreso real observado en 1980.
2. Aumentar el actual salario mínimo en 23.1% para equiparar al ritmo de crecimiento del producto desde el segundo gobierno de Alan García.

De estas dos opciones, recomendaría la segunda puesto que esta sería más viable de implementar y además tendría un cierto sustento en el razonamiento expuesto por el Ministro de Producción.

No obstante, como señalé más arriba, la manera más adecuada para medir el nivel de productividad de un factor de producción no es pues el producto total en sí. Lo correcto, grosso modo, es dividir el nivel de producto real (no el nominal) entre sus factores de producción, siendo los más importantes capital y trabajo. Así, si yo divido el nivel de producción entre el número de trabajadores ocupados obtendré un valor más aproximado a la contribución de este factor en el crecimiento.

Tomando de esta manera el producto medio real del trabajo, obtenemos que el crecimiento total de la este factor ha alcanzado entre el 2006 y 2013 el valor acumulado de 35.9%. En dicho periodo, el crecimiento del salario mínimo real ha sido de 21%. Esto significa que para equiparar el crecimiento del salario mínimo con el crecimiento del producto medio real del trabajo el salario mínimo tendría que aumentar hasta S/.841.9. Redondeando, acabaríamos por apuntar a una propuesta razonable de S/.850 nuevos soles. Este valor coincide con lo propuesto o aceptado por algunos economistas reconocidos en nuestro medio (Ej. PPK, González Izquierdo, etc), por lo que su incremento se hace meritorio por las razones expuestas por el Ministro de la Producción, claro que con el sentido aclarado aquí. Un aumento de S/.100 nuevos soles es lo técnica y políticamente viable para zanjar este asunto hasta el 2016.

Si el Presidente Ollanta Humala ha sido capaz de corregir el bajón de salarios para los ministros ocasionado por el segundo gobierno de Alan García, ojalá tenga el mismo valor para corregir (hasta la fecha) el desfase acumulado desde entonces en el crecimiento del salario mínimo con un aumento del 13% aproximadamente.

Queda por comentar un segundo argumento expuesto por el ministro Ghezzi que merece un post separado para su discusión.

¿Cómo el Acuerdo Transpacífico (TPP) podría disminuir la capacidad de maniobra del Perú ante las crisis financieras?

Acaba de salir un estudio que analiza en qué medida la firma del Acuerdo Trans Pacífico podría eliminar las barreras financieras que ha permitido a países como Chile y Malasia, enfrentar con éxito las crisis internacionales. El abstract de dicho estudio lo comparto a continuación. El estudio puede ser descargado aquí.

"La próxima semana en la Cumbre de APEC, los líderes de la Cuenca del Pacífico van a poner los toques finales al texto de la Asociación Trans - Pacífico (TPP). De acuerdo con una nueva investigación elaborada por la Boston University en colaboración con economistas de Chile y Malasia, las propuestas de Estados Unidos para el TPP impedirían que países como Chile y Malasia hagan uso de las medidas que les ayudaron a prevenir o mitigar las crisis financieras en los últimos años. La propuesta de tratado de EE.UU. no permitirá a los países poner en práctica las medidas macro - prudenciales para regular las finanzas transfronterizas, ni tampoco tendrá una cláusula de balanza de pagos que permita a las naciones a tomar medidas de emergencia durante una crisis.

Existe un creciente reconocimiento de que los países necesitan implementar regulaciones financieras transfronterizas para prevenir y mitigar las crisis financieras. De hecho, en diciembre de 2012 el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una nueva "visión institucional" que señala cómo el FMI comenzará a recomendar que los países implementen regulaciones financieras transfronterizas en el futuro.

Este documento examina los casos de dos países que actualmente se encuentran en negociaciones para un Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPP): Chile y Malasia. El estudio analiza el grado en que cada nación ha implementado regulaciones financieras transfronterizas en el pasado, y la medida en que han negociado el espacio político para tales reglamentos en sus tratados de inversión y comercio anteriores. Por último, se analiza el grado en que se permitirían tales medidas si las disposiciones sobre inversión del TPP se llegan a parecer al modelo del tratado de inversión bilateral de los Estados Unidos.

Los investigadores encuentran que, con algunas excepciones importantes, ambos países han desplegado con éxito regulaciones financieras transfronterizas y se han labrado la posibilidad de hacerlo en virtud de sus compromisos comerciales. Sin embargo, tal espacio político se vería complicado si el TPP se ajusta al modelo de EE.UU. en lugar de los acuerdos que cada país ha sido capaz de negociar en otros foros.

Un TPP del siglo 21 debería contener una amplia excepción cautelar, una cláusula de balanza de pagos, y no debería estar sujeta a la solución de controversias inversionista-Estado que las empresas privadas pueden presentar demandas contra gobiernos soberanos".

 

El Perú debe tomar en cuenta los resultados evaluados en este texto, pues nuestras sólidas bases macroeconómicas podrían ser vulneradas por tratados como este, y en consecuencia tener mayores grados de maniobra para superar las futuras crisis financieras originadas en el norte.

 

¿Cómo mejorar el desempeño del Congreso? Aportes desde la economía

Publicado en la revista Cuarzo Económico, en Julio 2013.

Todos detestan al Congreso, pero muy pocos tienen propuestas para mejorar su aprobación. Una de estas propuestas novedosas se encuentra contenida en la reciente aparición del dossier Perú Económico que presenta el estudio denominado "Ranking Legislativo". Este ranking realiza una diagnóstico de cuáles son las bancadas –y congresistas- cuyos proyectos de ley generarían un mayor crecimiento y desarrollo económico. Este es un estudio típico de la rama denominada análisis económico del derecho (AED). Para evaluar las bondades y debilidades del diagnóstico presentado es necesario conocer la metodología que siguieron los autores del ranking, la cual paso a describir a continuación.

La metodología es doble puesto que en realidad no se presenta un solo ranking para calificar los proyectos de ley, sino dos. En primer lugar tenemos el ranking del crecimiento económico, es decir aquel que evalúa el impacto sobre el crecimiento económico. Para este caso, se procedió con un proceso de filtrado y recojo de 142 proyectos de un universo aproximado de 2 mil proyectos de ley presentados por los congresistas, que el equipo investigador identificó tendrían un impacto directo en el PBI, específicamente sobre los componentes del gasto agregado más importantes: consumo, inversión, exportaciones netas y compras del Estado. La calificación del impacto se estableció siguiendo una escala tipo Likert (en cualquier sentido, positivo alto, positivo, nulo o negativo, negativo alto) a la cual se le asoció un puntaje aditivo de tal manera que a mayor puntaje, mayor calificación positiva o negativa respectivamente para cada congresista o bancada en particular.

En segundo lugar tenemos el ranking del desarrollo económico, es decir aquel que evalúa el impacto sobre el desarrollo económico. Para este caso, se procediócon la selección de un conjunto aleatorio de proyectos de ley presentados por cada uno de los 130 congresistas elegidos para el periodo 2011-2016, dos por cada uno de ellos, para valorar el impacto que estos proyectos tendrían sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en sus componentes principales: salud y calidad de vida, educación e ingresos. Sólo se lograron acumular 255 proyectos porque no todos los congresistas habían presentado proyectos a la fecha de cierre del muestreo. La calificación abordada no es muy clara, puesto que se menciona que se ha realizado un promedio de las calificaciones parciales para cinco indicadores definidos por el equipo investigador, estos son: impacto de la propuesta, exposición de motivos, análisis costo beneficio, lenguaje claro y beneficio para el desarrollo económico. De los cinco indicadores, sólo el último parece ser el más concreto puesto que en este se valora si el proyecto de ley en cuestión aporta a los indicadores parciales del IDH. No está claro porqué las ponderaciones son distintas para cada indicador, ni tampoco se ha reportado cuales son los pesos específicos de cada uno de ellos.

El informe presenta los resultados a nivel individual para el ranking del crecimiento económico. A nivel individual, los top-10 serían los congresistas: Luis Galarreta, Manuel Merino, Eduardo Cabrera, Jesús Hurtado, Carlos Bruce, Ángel Neyra, Fernando Andrade, Modesto Julca, Gustavo Rondón y Marco Falconí. En el otro extremo (los 10 últimos) que afectarían negativamente al crecimiento económico se encontrarían los congresistas Jorge Rimarachín, Héctor Becerril, Kenji Fujimori, Claudia Coari, Justiano Apaza, Teófilo Gamarra, Cecilia Chacón, Jaime Delgado, Javier Diez Canseco y finalmente Tomás Zamudio. No se presentan los datos para el resto de congresistas, lo cual habría sido ideal para conocer su aporte específico al crecimiento económico y el desarrollo económico del país.

A nivel de bancadas, el informe presenta los resultados para ambos rankings. La bancada que habría propuesto la mayor cantidad de proyectos de ley que aportarían positivamente tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo económico es el de Concertación Parlamentaria, conformado por los cuatro congresistas del Partido Aprista Peruano y los congresistas independientes Carlos Bruce (ex Perú Posible) y Renzo Reggiardo (ex Fujimorista). En el otro extremo, la bancada de Gana Perú es la que, por decir lo menos, realizaría un aporte menor al crecimiento económico que el resto de bancadas; mientras que la bancada fujimorista (Fuerza Popular) es la que menos aportaría al desarrollo económico, siempre en relación al resto de bancadas.

Ilustración Bancadas según ranking de proyectos legislativos pro crecimiento y pro desarrollo económico - Elaboración propia sobre la base de dossier Perú Económico

El informe añade una evaluación transversal específica a todos los proyectos de ley, con el cual concuerdo plenamente, la debilidad de la sección titulada “Análisis Costo Beneficio de la presente ley”. De acuerdo con el estudio de Semana Económica, el 83% de los proyectos de ley presentados por los congresistas de la actual legislatura, no realiza un análisis mínimo que evidencie el impacto de la legislación en la economía (p.19). Otro estudio similar, realizado por la ONG Reflexión Democrática1 para la anterior legislatura 2006-2011, reportó que luego de revisar 967 propuestas sólo un 6.5% de ellas tenían un análisis costo beneficio adecuado. Esto significa en resumen, que existe alrededor de un 10% de probabilidad de encontrar un proyecto de ley bien elaborado en cuanto a la medición del impacto costo beneficio de la misma.

En línea con los hallazgos realizados, las recomendaciones del estudio de Semana Económica no se hacen esperar. El Congreso de la República debe contar con una unidad de Estudios Económicos lo que redundaría en un beneficio para la democracia. Esta unidad, se encargaría en la práctica de formular de manera adecuada e independiente, es decir, de manera técnica, la medición y el balance de los costos y beneficios que un determinado proyecto de ley puede tener. Esta información sería volcada sobre los congresistas para que ellos tomen las decisiones informadas sobre la “riqueza que crearían o destruirían sus leyes, y rendirían cuentas ante el electorado ciudadano”. Hasta aquí todo bien aunque su pretensión es a mi parecer exagerada. Voy a explicar por qué.

En efecto, antes que nada, es preciso conocer un poco más de la realidad parlamentaria para tomar en cuenta cuáles son los límites de esta propuesta2 . En primer lugar, los congresistas contratan un equipo de tres o cuatro asesores para su despacho para que les ayuden a elaborar sus proyectos de ley. La elección de estos asesores no necesariamente se basa en criterios técnicos, sino más bien políticos. Muchos de estos asesores son militantes de algún partido afín, pero esto no es necesario para todos los casos. Por lo general existe una tendencia a contratar abogados pues son los que tienen las herramientas necesarias para elaborar los proyectos de ley. Pero recientemente ha habido una mayor preocupación por contratar profesionales de otras especialidades, en especial economía para abordar con mayor expertise los temas que van cobrando importancia en el quehacer económico nacional a través de nuevos proyectos de ley.

En segundo lugar, los congresistas procuran formar parte de tres o cuatro de las 24 comisiones ordinarias existentes en el Congreso para ejercer sus facultades legislativas, de fiscalización y representación. La elección de dichas comisiones se hace tomando en cuenta la experiencia previa del congresista, que no necesariamente está dictada por la profesionalización. Pero cada congresista es consciente que es en esta primera arena política, donde la discusión y la argumentación serán las herramientas necesarias para aprobar o rechazar los proyectos de ley. Las comisiones que por naturaleza tienen que ver con cuestiones económicas son casi la mitad del total disponibles:

• Economía, banca, finanzas, e inteligencia financiera,
• Presupuesto y cuenta general de la república
• Producción, micro y pequeña empresa y cooperativas
• Agraria
• Energía y minas
• Defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos
• Comercio exterior y turismo,
• Trabajo y seguridad social
• Transportes y comunicaciones
• Vivienda y Construcción
• Inclusión social y personas con discapacidad

Cada comisión cuenta con un equipo de asesores, los cuales elaboran un dictamen para cada uno de los proyectos de ley que son derivados a la comisión, incorporando las discusiones y las consultas pertinentes realizadas a las entidades públicas o privadas que tienen competencia o interés con la materia del proyecto de ley en cuestión. La composición de los asesores de estas comisiones se reparte, como es de esperar, mayoritariamente entre abogados y minoritariamente entre economistas, los cuales son colocados por los congresistas de acuerdo con su especialidad y capacidad para atraer a los mejores talentos posibles a esta instancia. Es preciso resaltar que cuando las comisiones remiten su proyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas para que brinde su opinión técnica, lo hacen porque los congresistas juzgan necesario evaluar el impacto de un proyecto determinado sobre el presupuesto público o el mercado en general. Es en esta instancia que el MEF cumple el rol “independiente” al cual alude el director de la revista Semana Económica puesto que los técnicos de este organismo realizan el control de si la ley propuesta está duplicando alguna legislación preexistente, o si ocasiona un costo efectivo al erario nacional aun cuando el proyecto señala que no lo hace. Si ocurre cualquiera de las dos situaciones, el proyecto termina siendo descalificado inmediatamente, puesto que no se puede legislar sobre algo que ya está normado, ni se puede incurrir en un gasto sobre el presupuesto pues está prohibido por ley que el congresista tenga iniciativa de gasto3 . De crearse una unidad de Estudios Económicos debería cumplir un rol similar al del MEF, pero al interior del Congreso. Pero este debería tener el nivel de legitimidad suficiente entre los congresistas como para que su opinión sea tomada con el mismo peso “político” del que gozaría la opinión emitida por el propio MEF.

Pero es preciso notar que no todas las veces es al MEF a quien se le solicita opinión técnica. Depende de la comisión y de la naturaleza de la materia que legisla el proyecto para que se solicite opinión a las entidades que son pertinentes. Aquí se incluyen ministerios, universidades, especialistas reconocidos en la materia, gremios empresariales, sindicatos, etc. Estas consultas pueden ser materializadas a través de la organización de seminarios, foros, audiencias, y todo tipo de eventos que los congresistas consideren necesario para que tanto ellos como la opinión pública se vayan informando de la importancia de la ley en debate. Así, cuando concluye el proceso de consulta y discusión, la secretaría técnica de la comisión que tiene prioridad sobre el proyecto, realiza el dictamen definitivo del mismo sobre la base de las consultas y debates realizados con la recomendación para su aprobación o envío al archivo. Una vez que se ha programado el último debate sobre el proyecto, se puede proceder a un último ensayo de defensa por parte del congresista que presentó el proyecto originalmente y luego se procede al voto a nivel de la comisión. Si gana, el proyecto pasa a la lista de proyectos que serán discutidos en el Pleno o de lo contrario el proyecto es enviado al archivo. No se volverá a discutir un proyecto similar hasta que se abra una nueva legislatura y algún congresista desee volver a presentarlo con mejoras o adiciones.

Flujograma de un proyecto de ley - Elaboración propia

El pleno del Congreso es la máxima instancia de debate de los proyectos de ley que arriban a ella. Aquí existe un conjunto adicional de asesores, los asesores de bancada, que ayudan a los congresistas de una determinada bancada para que tengan los insumos necesarios a la mano para que sus intervenciones durante el debate sean lo más persuasivos posibles. Se busca de esta manera lograr el máximo de aprobación o el mínimo de rechazo para un proyecto de interés de la bancada que entre al debate. En el caso de una bancada de oposición, los asesores de este nivel proveerán todos los elementos necesarios para descalificar el proyecto de ley que está en debate del oficialismo buscando que este sea rechazado con la máxima cantidad de votos posibles. En este nivel de asesores, la distribución de especialistas me parece que es más equilibrada en términos de las especialidades que a nivel de los despachos y comisiones técnicas. Pero esto es sólo una percepción. Es necesario realizar mayor investigación en términos del quehacer político y técnico para producir el éxito o rechazo de los proyectos de ley en general.

Como se puede apreciar hasta este punto, el carácter democrático de todo este proceso no se basa exclusivamente en la supuesta independencia del MEF para opinar sobre un determinado proyecto de ley. Pero es cierto que por la preeminencia que tiene este organismo sobre el resto del Estado, su opinión suele ser la más importante y la que finalmente determinará la suerte del proyecto en cuestión. Es casi como un poder de veto en la práctica. Esto es así a menos que la oposición y la agenda pública hayan tomado conciencia de la importancia de dicha ley y por lo tanto se comience a apreciar la presión mediática sobre el destino de la misma. La lógica que guía todo este proceso es la de la argumentación y la persuasión4 . Pero es obvio que se despliegan diversos juegos políticos y alianzas de poder para lograr la aprobación o rechazo de un determinado proyecto sobre todo si existen intereses compartidos por los actores relevantes del proyecto en el escenario parlamentario. La consolidación de estas alianzas puede involucrar la renuncia temporal de principios antes sostenidos -si es necesario- con la finalidad de oponerse a un proyecto de ley presentado por el gobierno de turno5 .

Teniendo en cuenta todo este proceso, ¿Resulta relevante la creación de la oficina de investigaciones económicas en el Congreso? Creo que una dependencia como esta al interior del Congreso podría ayudar a mejorar el sustento del análisis costo beneficio, pero eso no limitaría la necesidad de que se realice la consulta oficial necesaria al MEF para obtener su opinión técnica política definitiva, que en la práctica resulta ser como una “bendición” de parte de este organismo. Para minimizar la probabilidad de rechazo de estas iniciativas, la práctica parlamentaria obliga que el Congresista realice las coordinaciones necesarias con el MEF para asegurar que su proyecto de ley no vaya a ser rechazado en el camino de consultas interinstitucionales. En ese sentido, el cliché “Este proyecto de ley no irrogará gasto alguno al erario nacional”, suele ser una frase efectista de lo que se considera ha sido una efectiva coordinación del congresista interesado que busca hacer viable una iniciativa legislativa de su autoría. Desde ese punto de vista, la existencia de una oficina de estudios económicos podría ser poco relevante e incluso redundante. Si logra tener un protagonismo tecnocrático, es probable que sea visto como un territorio de colonización del MEF en el Congreso (tal como lo es en la actualidad, a través de algunos congresistas, voceros y asesores en las comisiones respectivas), lo que haría incómoda su actuación y grande la tentación a ser ‘recuperada’ políticamente por el tipo de profesionales que se seleccionarían para conformarla. De hecho, la práctica parlamentaria de contratar personal para cubrir los cupos correspondientes asignados a cada partido o bancada determina que incluso las oficinas más técnicas sean cubiertas precisamente por personal afín a cada partido. Este el caso del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso peruano (DIDP)6 . Esta oficina se encarga de realizar investigaciones especializadas sobre diversos temas que requieren las comisiones del congreso o los propios despachos de los congresistas. La calidad técnica de este departamento no ha sido puesta en cuestión, sin embargo, ha merecido el apoyo de diversos programas de agencias internacionales para fortalecer su rol, entre ellas se destaca la provista por el Instituto Republicano Internacional7. No obstante, se espera que su protagonismo e importancia sea visto recién en el largo plazo.

En el corto y mediano plazo creo que sería más importante realizar una reforma en la selección de los especialistas que asesoran no sólo a nivel del despacho de cada uno de los congresistas, sino también a nivel de las comisiones técnicas y las bancadas. En teoría, la comisión de economía y la de presupuesto de la República serían las dos comisiones que por naturaleza deberían manejar como herramienta básica la técnica del análisis Costo Beneficio para que puedan informar convenientemente a los Congresistas sobre las debilidades o ausencias sobre este componente en sus proyectos de ley. Pero está claro que ésta es una técnica que deberían dominar la mayoría de economistas que asesoran en el Congreso.

A manera de conclusión, es importante recalcar que las iniciativas que buscan mejorar la performance del parlamento peruano son bienvenidas, sobre todo si viene desde una de las áreas de la ciencia sociales más desarrolladas como es la economía. Pero sería justo completar el panorama del diagnóstico con otras áreas de la temática abordada por el parlamento, como por ejemplo Justicia, Constitución, Relaciones Exteriores, entre otros que conforman la otra mitad de comisiones establecidas en el Congreso peruano. De otro lado, la recomendación de establecer una oficina de estudios económicos sería poco recomendable puesto que su existencia no limita la necesidad de solicitar opinión técnica concluyente al MEF o de organismos similares en el Ejecutivo para determinar la viabilidad final de un proyecto de ley. De otro lado, no sería posible garantizar la independencia técnica de una oficina como la propuesta puesto que dependería de los cupos de profesionales a ser cubiertos para su conformación. Si la mayor parte de los cupos asignados se encuentran bajo la disposición del partido mayoritario, es muy probable que las opiniones técnicas tiendan a sustentar este sesgo. En última instancia, esta oficina siempre tenderá a convertirse en un escenario adicional para la batalla política. En contraste, creo yo que sería más recomendable asegurar que en la composición de los equipos de asesores que asisten tanto en los despachos de los congresistas, como en las comisiones y las bancadas existan economistas destacados que dominen las herramientas clave de su campo para mejorar la calidad de la producción legislativa. Estos economistas podrían establecer grupos de trabajo de asesoramiento transversal que ayudarían en la práctica parlamentaria a asegurar que la dimensión técnica de los proyectos de ley esté resuelta con la más alta calidad profesional, facilitando así el diálogo político de los congresistas.

• 1 Reflexión Democrática, “Análisis Costo – Beneficio de los proyectos de ley (Presentados en la legislatura 2006 – 2011)”, Informativo Nº 91, 25 mayo de 2013.
• 2 Delgado-Guembes, César (2012) “Manual del Parlamento. Introducción al estudio del Congreso Peruano”. Lima: Oficialía Mayor.
• 3 Delgado-Guembes, César. Obra citada. Pág. 579
• 4 Majone, Giandoménico. “Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas”. México D.F.: FCE, 1997
• 5 Me refiero en concreto al curioso caso del rol opositor asumido por el Fujimorismo durante el presente gobierno. Ante el debate del proyecto de ley del Servicio Civil, en contraposición histórica a su rol como gobierno durante los noventa en el que despidieron a miles de trabajadores del sector público por la política de privatizaciones, los fujimoristas se cuentan en la actualidad como los mayores defensores de los trabajadores del Estado. Sobre este tipo de juegos, su mecanismo y su desenlace puede verse Tsebelis, George (1991) “Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics”. California Series on Social Choice and Political Economy.
• 6 Puede visitarse esta oficina y sus informes elaborados en la siguiente dirección web: http://www.congreso.gob.pe/dgp/didp/inicio.htm
• 7 http://www.iri.org/countries-and-programs/latin-america-and-caribbean/peru

Marchas de protesta en Lima capturados por Street View - Google

A tono con la reciente ola de protestas sociales en la ciudad de Lima, Google Street View ha capturado algunas imágenes de una de ellas en la Plaza Bolognesi.

 

 

La marcha graficada por Google fue realizada el año pasado, por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. En ella se solicitaba a la actual Ministra del Trabajo cumpla con el pliego de reclamos presentado, centrado fundamentalmente en la reglamentación de la ley que regula los fondos de jubilación de los trabajadores del sector.

La protesta, entre otras medidas, tuvo los resultados esperados tal como señala el diario El Comercio aquí.

Sobre la inflación y el salario mínimo

¿Cuál es la relación entre el salario mínimo y la tasa de inflación? Esta es una de las preguntas centrales que la sociedad peruana se esta preguntando en la actualidad en el marco del debate sobre la pertinencia de implementar la segunda parte del aumento del salario mínimo ofrecido por el Presidente Ollanta Humala. El día de hoy el BCRP, apoyado únicamente en el poder que le confiere su supuesta investidura técnica mas no en los hechos, ha sugerido que la relación es directa, es decir que el salario mínimo causa inflación. Todo el mundo conoce con precisión que la oleada inflacionaria que se nos viene corre por cuenta de shocks internacionales en los precios de los alimentos. Y el Perú, por contar con una canasta de consumo compuesta en su mayor parte de alimentos, se encuentra más expuesta a este tipo de shocks. Por ello, la afirmación realizada por el BCRP se enmarca más bien en algunos hechos concretos de la política peruana que paso a señalar y discutir:

1. La promesa de Ollanta Humala durante su candidatura a la presidencia y su posterior afirmación en el primer discurso dado a la nación de aumentar el salario mínimo en 150 nuevos soles. Probablemente, esta propuesta junto con cuna mas, beca 18, y pensión 65 haya sido parte del paquete de medidas sociales orientado a cautivar con éxito el voto urbano de menores ingresos y con acceso limitado a la protección social.
2. El cumplimiento de tal promesa durante los primeros cien días como presidente, pero en un primer tramo equivalente al 50% de lo ofrecido, realizado en agosto del presente año. Es probable que la promulgación de este aumento haya tenido un impacto positivo en la imagen presidencial frente al electorado objetivo, beneficiario inmediato de esta medida. Resta el cumplimiento de la otra mitad a ejecutarse en algún momento no definido del 2012. Esta es una de las aristas a discutirse respecto del segundo tramo del aumento y que el ministro de economía habría sugerido que solo se necesita definir con precisión en que momento deberá; hacerse.
3. La renuncia del primer gabinete de gobierno liderado en su mayor parte por profesionales liberales como consecuencia de la crisis del manejo de negociaciones del proyecto minero Conga, y su posterior recomposicion hacia un gabinete mas amigable a la inversión privada. En esta recomposicion ha sido clave asegurar la colocación del ministro del interior como primer ministro para ejercer una imagen de que se va a hacer respetar el orden constitucional necesario para proteger la inversión privada. También ha sido clave colocar como ministro de trabajo a un emisario del Ministerio de Economia que pudiera hacer eco, antes que resistencia, de las políticas promovidas por el MEF.
4. Las declaraciones cada vez mas preocupantes realizadas por los organismos internacionales sobre los pronósticos de los indicadores económicos y financieros para el 2012, que indican que el mundo entero se sumergiria en una nueva recesión. Una rápida mirada a las estadísticas de producción mensual nos revelan que efectivamente la recesión mundial esta afectando y afectará al Peru significativamente. La profundidad, duración y naturaleza de esta segunda recesión son materia de discusión en distintos foros, donde personajes como Alan Garcia aparece una vez mas como una de las voces mas positivas que los entendidos en la materia.
5. Finalmente, el aumento imparable de los precios internacionales de los productos alimenticios básicos que ha repartido presiones inflacionarias no solo en Perú sino en todo el mundo, tal y como ocurrió durante el 2008, es decir, en la antesala de la crisis financiera del 2009.

Como se puede apreciar, las declaraciones del MEF, el BCRP y el nuevo ministro de Trabajo se encuentran alineadas cual eclipse solar para impedir o postergar indefinidamente el segundo tramo del aumento del salario mínimo. Como se recordará, el primer tramo del aumento corrió no poca oposición de parte de los dueños del capital, logrando por lo menos aplazar durante un mes el aumento declarado oficialmente, gracias a los argumentos tecnicos legales ofrecidos por abogados como Toyama o Ferro.

El problema no es tanto el aumento en si, sino la magnitud del mismo, la poca previsibilidad del aumento como para ser incorporados en los planes de negocio empresariales y la fase del ciclo económico mundial en que nos encontramos. La magnitud del aumento es pues muy significativo. Durante el anterior gobierno de Alan Garcia, los incrementos realizados fueron de una magnitud promedio de 25 soles. En realidad fueron dos aumentos de 50 soles, repartidos en tramos de 30 y 20 soles ocurridos en dos momentos distintos, el primero durante la etapa del crecimiento y el segundo a punto de entrar en la recesión. El incremento propuesto por Humala ocurre apenas unos meses después del aumento otorgado por el anterior gobierno y los 150 nuevos soles propuestos representan un 25% de aumento respecto del anterior salario. Eso, desde el punto de vista empresarial, es inmanejable en el corto plazo y queda claro que ninguno de ellos quiere poner en juego sus utilidades cuando estas tienen una amenaza mas grave de ser consumidas por los embates del temporal internacional en ciernes. Por ello, la amenaza de trasladar los nuevos costos hacia los consumidores parece ser una herramienta importante a esgrimir por parte de sector empresarial, lo que sin embargo debe evaluarse con fino cuidado, sector por sector. No me imagino bien, por ejemplo como las empresas textiles o las agroexportadoras pueden trasladar los precios de sus productos a sus consumidores locales, cuando su produccion esta orientada en su mayor parte al mercado internacional de ingresos altos. Una discusión sobre la necesidad de tener salarios mínimos diferenciados según sector económico o regional puede ser pertinente en este sentido para evaluar qué sectores pueden ser más factibles de aumentar el salario mínimo frente a otros para evitar posibles semillas inflacionarias.

Aquí sin embargo es donde entra a tallar otro problema fundamental que se ha postergado innecesariamente: el hecho de que los aumentos del salario minimo estén sujetos a las necesidades políticas del gobierno de turno es un juego demasiado caro que afrontar por el sector empresarial. Mientras que se tenga a un presidente pro mercado, no hay problema. Pero frente a un aumento exagerado de la desigualdad y el mayor nivel de insatisfacción de la población que produzca candidatos antisistema cada vez peores, lo mas racional y justo para las partes seria institucionalizar una politica de aumento anual del salario minimo en una magnitud quizá pequeña de 3 o 4% (o 25 soles en promedio) durante los próximos cinco años de manera que se establezca un horizonte de planificación que pueda ser manejable y predecible. Esto para todas las partes interesadas. Lamentablemente, con la actual configuración gubernamental, donde el Ministerio de Trabajo -que es el que se supone debiera equilibrar la balanza de poder entre los empresarios y los trabajadores- se encuentra ahora colonizado por la administración del MEF, es poco probable que una propuesta así pueda prosperar.

Finalmente, el problema de realizar un aumento en una fase recesiva es un problema serio pero que no debiera necesariamente ser resuelto con una postergación del aumento ya prometido. En mi opinión, ha habido un aumento suficiente de la productividad del trabajo que justifica bien el aumento anunciado por el actual presidente. Sin embargo, ante la inminente caida del producto en los próximos dos años (la que por cierto no se espera sea negativa, sino solo una desaceleración), el aumento del salario minimo puede funcionar como un incentivo a la demanda interna. O en otras palabras, puede actuar como un paquete de estímulo a la economia desde la demanda interna como compensación a la caída de la demanda externa.

Así que, lo más importante ahora sería cumplir con la promesa ofrecida porque después no se volverá la ventana de oportunidad para realizar el aumento necesario puesto que entonces, serán más bien los empresarios los que estarán llorando por reducciones de impuestos o subvenciones directas como parte de un paquete de estímulo a la economía pro empresarial unicamente.