Costo-beneficio de ser congresista en el Perú

Introducción

Ser congresista en el Perú se ha convertido en uno de los cargos públicos mas deseados por decenas de ciudadanos con verdadera vocación política (¿serán decenas?) y por otros tantos miles de peruanos de desvergonzada vocación pecuniaria en el que el teórico interés por representar los intereses del pueblo y legislar a favor de ellos se ha diluido en la microesfera del mas puro interés personal. La prensa local ha estado acostumbrada a presionar sobre este tema exponiendo con notoria y asfixiante frecuencia este problema consiguiendo en el mejor de los casos algunos gestos de desprendimiento marginales y aislados que no tienen un efecto considerable sobre la administración pública. Esto es asi básicamente porque no se soluciona el problema de fondo: la poca y enmarañada claridad del marco de incentivos de la carrera pública en nuestro país.

En contraste con el accionar de la prensa, la reciente sugerencia de reforma de la funcion legislativa a cargo del Dr. Valle Riestra acerca de la posibilidad de convertirla en un cargo renunciable, promete tener un impacto realmente importante en el marco de incentivos para postular a una curul en el Parlamento. El presente articulo pretende abordar esta situación utilizando para ello dos herramientas bien definidas:

• El análisis costo-beneficio de ser congresista, usando en realidad dos perspectivas, la privada y la social; y,
• El analisis de la teoría del productor monopolista aplicado a nuestro célebre Congreso de la República.

Estos instrumentos serán explicados a continuación en el marco del problema del costo de la democracia en nuestro país.

La propuesta del Dr. Valle Riestra

De acuerdo con diversas entrevistas formales e informales concedidas por el Dr. Valle Riestra a medios de prensa nacionales e internacionales los motivos principales para que él hiciera la propuesta de reforma constitucional en el caso específico del carácter de renunciabilidad de la función congresal son las siguientes:

a) Consolidar la esterilización personal de la carga política del fujimorismo que pesaba sobre su persona; y,

b) Formalizar ante la opinión pública la división del partido aprista frente a sus líderes mas connotados ahora en el gobierno.

Respecto a la primera razón, Valle Riestra ha declarado en diversas ocasiones acerca de su gran malestar por haber fracasado en su intento de democratizar al fujimorismo habiendo aceptado para ello ser su Primer Ministro durante los casi 3 meses que duró a mediados de 1998. Este destacado y viejo jurista, ha sabido separar a ese personaje de los noventa que como todo aprista se creyó un ser mesiánico para el Perú de entonces; del anciano aprista puro y sublimado junto con Haya de La Torre por querer devolverle al país la constitucionalidad democrática de la Constitución Política de 1979.

En aquel entonces surgió la primera discusión abierta entre Alan, el lider natural del aprismo, y el viejo Valle Riestra, desligitimado y manchado por el desfigurado make up que hizo a Fujimori. El joven cuestionaba al anciano. Pero hoy, es distinto, y Valle Riestra ha sabido aprovechar esta nueva oportunidad. El lider natural del aprismo ya no es Alan. Al igual que el 'negro' Risco quien postuló a la vicepresidencia junto con la neoliberal Lourdes Flores, Alan ha sido presa de la Ley de Hierro de la Oligarquia de Robert Michels según la cual todo líder se desconecta de los intereses de la masa, del pueblo, de los apristas, para favorecer únicamente a los miembros de la oligarquía. Alan, a diferencia de 1985, ya no recibe mas a los actores politicos y empresarios en Alfonso Ugarte, sino mas bien los recibe en San Isidro.

Por ello, Valle Riestra aceptó postular al Congreso pero no para quedarse allí, sino para aleccionar a Garcia sobre cual es el tipo de relación que debe establecer con los viejos apristas y con el pueblo que lo ha elegido. Al fin de cuentas, la democracia es el mal menor para la sociedad a pesar del pesimismo de Michels. Pareciera ser que Valle Riestra le pretende enseñar a Alan que no es suficiente que le pidiera que postulase con el al Congreso para congraciarse con las huestes tradicionales del Apra. Antes bien pide una acción concreta: el regreso de la democracia a la Constitución de 1979. Pero como Alan no pretende por definición volver a esas raíces, sino perderia su alianza con la derecha, entonces este sagaz político tiene como plantearle la guerra desde el legislativo.

Es alli donde según mi opinión se cristaliza la influencia de la segunda razón. El rompimiento de relaciones entre Alan y el cuerpo militante del aprismo, expresada en las tajantes declaraciones suyas que se resumen en su propuesta décima "Terminemos con el tarjetazo o uso de la tarjeta" puede ocasionarle en no mucho tiempo una grave crisis política originada en las bases que votaron por él, lo que puede desestabilizar su gobierno de manera repentina. Y Valle Riestra ha sabido encauzar este conflicto independizándolo de su caso. En efecto, su iniciativa ha sido muy bien acogida por varios parlamentarios (incluidos sobre todo varios de los ex-humalistas) pero por fines alternativos mas básicos, mas materiales, que son los que quiero discutir en extenso en este artículo: los monetarios.

Analisis costo-beneficio: enfoque privado

El analisis costo-beneficio es una herramienta económica para evaluar proyectos tanto privados como sociales. Se trata de comparar los costos de invertir en un determinado proyecto frente a la valoración actualizada de todos los beneficios futuros que este originará.

¿Puede pensarse que el cargo de congresista de la República del Perú es un proyecto de beneficios privados de tal manera que puede analizarse a la luz de la racionalidad costo-beneficio? Mi respuesta es que si. Precisamente por la desnaturalización de la función parlamentaria (que no necesariamente se inicio en el Fujimorismo) y la barrera a la entrada establecida por el carácter de irrenunciabilidad a ella han confluido a que esta tesis propuesta. Los ejemplos mas patéticos de ambas caracteristicas (esto es, por ser los mas sonados por la prensa) pueden resumirse en los tres congresistas del parlamento pasado:

• El caso del congresista Gerardo Saavedra que juró en el 2000 "Por Dios y por la plata",
• El caso de la congresista Enith Chuquival que llegó a decir (entre varias perlas mas) a un periodista de Peru.21 "No te pongas envidioso, hijo, más bien métete a la política y allí vas a ganar y vas a estar feliz, claro, para que ganes , porque ahorita seguro estás ganando mal y estás fregando" refiriéndose precisamente a su defensa cerrada por su sueldo, y finalmente,
• El caso del congresista Víctor Valdez que valorizó su biblioteca casi escolar en un millón de dólares. Ello con la seguridad de que las cuentas saldarán a favor con pulcritud y descencia al término de su mandato.

¿Cual es el monto que pudo haber acumulado un congresista durante estos cinco años si no se hubiese aplicado la politica de austeridad? Haciendo los cálculos para este primer escenario se ha tomado en cuenta los siguientes conceptos (tasa de interés efectiva mensual de 0.8%, inflación: cero):

• 12 sueldos anuales de 10,300 soles.
• 2 gratificaciones al año por 10,300 soles (julio y diciembre).
• 1 remuneracion equivalente al sueldo normal por concepto de escolaridad y otra mas por vacaciones (febrero y octubre respectivamente).
• 1 sueldo por cada año por concepto de CTS.
• 12 abonos anuales por concepto de gastos operativos por 16 mil 200 soles.
• 1 abono por gastos de instalación por 16,300.
• 1 abono por gastos de desinstalación 16,300.
• 12 abonos por concepto de viáticos de viaje mensuales por una media aproximada de 2 mil soles.
• No se consideraron remuneraciones adicionales por formar parte de una comision organizada por un problema especial. Dada la siguiente reconfiguración de las comisiones en el Congreso es de esperarse que la política de au steridad ayude a inhibir la formación de comisiones especiales en el futuro, ergo de beneficios adicionales por este concepto.
• No se consideraron -por falta de información- beneficios extra congresales (lease corrupción en sus distintas formas).
• No se consideraron los ingresos post congresales de preverse alguna iniciativa legal de inclusión como pensionistas del Congreso.
• Tampoco se ha considerado el efecto de aumento "legítimo" de las remuneraciones por parte de los propios congresistas para protegerse por un eventual recalentamiento de la economía que haga que aumente la inflación a la t asa de un dígito por lo menos y que perjudique seriamente sus ingresos.

De todos estos criterios, he calculado que los beneficios actualizados para una persona que postuló al Congreso en julio de 2006 sin presagiar el mensaje de austeridad de Alan García (suponemos que este habria sido el punto de referencia temporal para evaluar los beneficios de si era rentable invertir en ser congresista o no) alcanzan la onerosa suma de alrededor de S/.1'650,000. Tomando un tipo de cambio de S/.3.23 tenemos un poco mas de medio millón de dólares que habría ganado un congresista valorizando sus ingresos futuros a precios de julio de este año. Si tomáramos en cuenta a un obrero promedio que gana un sueldo mínimo de 500 nuevos soles y que no se le aumenta por ninguna iniciativa legal este salario durante los proximos cinco años, este habría acumulado en valores actuales apenas el 1.5% de lo que habría acumulado el que consiguió la curul en el Congreso.

Un análisis de sensibilidad a la politica de austeridad en el caso de este congresista nos indica que la reducción máxima a alcanzar en valores actuales de la esta iniciativa, suponiendo que el sueldo se queda estabilizado en los 15,600 dadas por el decreto de urgencia del Ejecutivo y se quitarán de en medio cualquier otro beneficio adicional, es de un poco mas de medio millón de soles, es decir, una reducción de aproximadamente 33% en comparación con la hipótesis de no austeridad.

¿Cuándo el proyecto de inversión de un ciudadano en propaganda politica para llegar al Congreso no es rentable? La respuesta depende de comparar los ingresos esperados contra el gasto a invertir para obtener el cargo. Si los ingresos superan el costo invertido en aproximadamente 3 o 4 meses de ardua campaña electoral, entonces el negocio es rentable. Si son iguales ambos montos estamos ante una situación aparentemente loable pues significaria que la persona entraría a trabajar gratis (o mejor dicho para recuperar su exactamente su inversión electoral). Finalmente si son menores, es claramente una situación no favorable, por lo tanto no se meterían en política.

Si pensamos que es un ciudadano que costeó su campaña electoral por si mismo, tendriamos que pensar que este tal vez tenía ingresos clasemedieros altos que podrian haberle granjeado un presupuesto mesurado de digamos 50 mil dólares o incluso con algunos prestamos adicionales juntar algo de 100 mil dólares, y que tomando en cuenta que finalmente su posición en la tabla de candidatos le favorece porque esta próximo al candidato presidencial, contando con esta situación demasiado hipotética podemos ver que con todo la alternativa de postular al Congreso se presenta como un proyecto muy rentable. En contraste, para personajes que nunca han visto mas de 2 mil dólares al mes de forma continua a las claras es un proyecto de negocio redondo.

Una situacion embarazosa sin embargo seria cuando el ciudadano en cuestión del ejemplo anterior no se ha financiado solo. Este mas bien ha recibido financiamiento importante de organizaciones privadas que esten interesadas en comprometerlo para que impulse leyes que les sea favorables durante su gestión. Entonces podriamos estar hablando de montos mayores que podrían estar superando con facilidad los beneficios personales que recibiría el congresista. Pero alli claro esta es una suma condicionada de evaluaciones costo beneficio: De un lado, el candidato a congresista y del otro de sus potenciales financiadores de campaña. Por lo tanto, puede suceder que el arreglo entre el candidato y los financiadores obligue a que estos ultimos se conviertan en sus principales acreedores si este no sale favorecido por la poblacion. Un precedente profundo que ha quedado en la memoria colectiva empresarial fue el caso de la campaña del escritor Mario Vargas Llosa, al que claro, sus financiadores no se le presentaron después de la derrota electoral como sus principales demandantes.

Queda por lo tanto revisar las estadísticas que ha ido acumulando la ONPE sobre el financiamiento privado que las principales organizaciones politicas han recibido, publicados ordendamente por la Gerencia de Supervisión de Partidos Políticos para tener una aproximación, quiza un tanto subvaluada (o subreportada), de lo que significa la inversión privada en un congresista en el Perú. Bien valdría la pena analizar esta información por varios investigadores mas y no por una o dos personas por ahí.

Analisis costo-beneficio: enfoque social

¿Cuánto pierde la sociedad al renunciar un congresista a su mandato público? Desde un punto de vista social, creo que gana mas la sociedad con esta propuesta puesto que este criterio hará en teoria que se ocupen de la funcion legislativa aquellos que tengan incentivos que linden entre las dos esferas que indiqué al principio: el bienestar publico y el bienestar privado (que son los que seguirían en la lista pero que no alcanzaron cupo con el actual diseño del parlamento). Una aproximación en ese sentido la comentó hace algunas fechas Fernando Rospigliosi en Peru.21, aunque yo observaría su comentario tomando en cuenta que la encuesta se basó en un grupo especifico de gobernantes y no necesariamente fueron los peruanos. Es decir, hay un problema de validez externa en los comentarios de la columna de Fernando que se explican por su necesidad de argumentación de prensa mas que académica.

Seria importante sin embargo que se pudiera analizar este tema en nuestro pais y establecer asi criterios para ordenar nuestra sociedad un poco. No se a ciencia cierta cuales han sido los motivos de aquellos que siguen en la lista de espera para reemplazar a aquellos congresistas que quieran renunciar. Asi que en concreto solo puedo señalar un par de datos que pueden conducir mis siguientes reflexiones en un próximo post:

• El gasto en remuneraciones de los congresistas en promedio mensual durante el ultimo semestre ha sido de 1.2 millones de soles. Esto nos lleva a un gasto acumulado nominal de 72 millones de soles al término de los cinco años.
• El gasto en las elecciones generales celebradas este 2006 han sido de alrededor de 500 millones de nuevos soles. No obstante, hay que tomar en cuenta que estas elecciones en realidad concentraron tres elecciones simultáneas : las presidenciales, las congresales y el parlamento andino. No se puede prorratear una alícuota equitativa entre los tres procesos electorales porque la complejidad del proceso ha demandado la utilización simultánea de los recursos tanto monetarios, materiales como humanos.

¿Justifican estas cifras el gasto incurrido en la democracia? Es decir, en celebrar elecciones y en pagar a los congresistas y en general al resto de servidores a cargo de un puesto directivo en el Estado. Está claro que el panorama es muy reducido para evaluar con las cifras expuestas.

Desde el punto de vista de la sociedad, el gasto incurrido en las elecciones se destina principalmente a la elección de los congresistas y se obtiene mas bien con un costo marginal la elección del presidente y sus vicepresidentes. Sin embargo, en la práctica, el rostro o rostros que más se concibe para la propaganda es al candidato presidencial, y este es quien resulta 'jalando' a los congresistas. Sea como fuere, la sociedad realiza una inversión para elegir a las personas que asumirán los diversos cargos del Estado y administren y gestionen la función pública por un determinado periodo.

¿Qué pasaría si los elegidos no cumplen con el encargo popular? Pues deben existir mecanismos para que los elegidos compensen a la sociedad, en el mejor de los casos abandonando sus cargos porque si no le seria mas costoso al pueblo seguir teniéndolos al frente del poder. Para ello se debe promover la renovación por tercios cada cierto periodo de tiempo por ejemplo y no estoy seguro de que tan a favor estaría de la inmunidad parlamentaria. Esta caracteristica para mi es una caracteristica mas del sistema de busqueda de rentas bajo la forma de un monopolio de personas que se apoderan del Congreso para tal fin.

Por el contrario, en el caso de las renuncias voluntarias a los cargos deberia producirse un esquema de devolución de la proporción de gasto que incurrió la sociedad en esta persona. No obstante este seria un problema técnico muy dificil de resolver por las razones expuestas mas arriba. Por lo tanto, es una cuestión que necesita mayor análisis sobre como tipificar la renuncia de los congresistas por voluntad propia.

En el fondo, todos estos problemas se originaron en el instante que se estableció que el sistema electoral tenga listas abiertas preferenciales para elegir a los congresistas. Esto debilita considerablemente al sistema de partidos ya que se promueve el liderazgo de los candidatos y no de los partidos en competencia. Ello por consiguiente establece incentivos al financiamiento privado con preferencia a ciertos candidatos que tengan mayores conexiones con las clases mas adineradas o las organizaciones privadas que puedan financiarlos. He aqui, un argumento poderoso para no optar por una posición liberal en cuanto al tema del financiamiento de partidos políticos sino mas bien por una adecuada legislación de este tema en conjunción con otros temas mas. La situacion ideal por lo tanto seria mas bien una lista cerrada por partidos ya que ello incluso tiende a hacer que los costos electorales sean mas reducidos.

Para terminar esta sección, es necesario reformar la función legislativa respecto a temas tan básicos como son las medidas de eficiencia y productividad del gasto público. Es cierto que esto no debería ser la punta de lanza del legislativo pues por este problema gobiernos como el del Ing. Alberto Fujimori hizo notar a la población que el Ejecutivo era mas eficiente que el Legislativo porque en este último se debatía demasiado para solucionar los problemas urgentes que aquejaban a la población de fines de los ochenta (Teivanen, 2001). Fue por eso que finalmente el pueblo celebró despues la inauguración del autoritarismo fujimorista (con el autogolpe que cerró el congreso) porque era considerado eficiente y efectivo para resolver esos problemas desvalorizando con ello a la democracia. No obstante, ello no significa que el Parlamento deba tener situaciones donde los congresistas terminaban copiando proyectos de ley de otros países, o que incurran en innumerables ausencias para sesiones donde se supone tenían que participar, o simplemente porque son congresistas que no producen leyes.

Es necesario reformar el Parlamento para que la sociedad vea justificada el costo en que incurre el mismo. Ello implica una reforma del Estado como un todo y a la vez, especificamente, en cada una de las instancias y de las personas que la conforman. Eso pasa por reformar el aparato estatal no solamente desde el punto de vista administrativo sino tambien de las relaciones que deban replantearse con la sociedad (Fleury, 2003)

En ese sentido, creo que la propuesta del Dr. Valle Riestra es solo una estrategia parcial de caracter disuasivo que puede disminuir los incentivos al enriquecimiento a costa de una funcion definida como noble (explicadas por la baja productividad de los congresistas frente a un pago excesivo incurrido en ellos de manera unitaria). No obstante, debe haber también una aproximación positiva. Es decir, es necesario establecer con claridad cuales son las metas que debe cumplir la funcion legislativa y los méritos que ellos producen.

El Congreso: el monopolio productor de leyes

¿Puede considerarse al Congreso peruano como un monopolio productor de un servicio y ser analizado con la teoria economica estandar? De acuerdo con mi punto de vista, si. Piensese como el Congreso puede cumplir en abstracto con varias de las características típicas que perfilan a un monopolio productor, en este caso de leyes para la sociedad:

• La existencia de un solo productor, en este caso, de un servicio, leyes para todos los peruanos.
• La existencia de barreras a la entrada del m ercado, en el caso especifico, existen varios mecanismos que tienden a hacer que solo unos cuantos personajes se perenicen en la curul. Ello pasa por las estrategias seguidas durante epoca electoral (financiamiento directo e indirecto, de los medios, de empresarios, del Estado, etc.) y las seguidas en epoca no electoral (inmunidad parlamentaria, irrenunciabilidad al cargo, 120 congresistas de manera invariable, etc.).
• La existencia de muchos demandantes no organizados, en el caso nuestro tenemos a una sociedad atomizada sin capacidad de reclamo organizado frente a los empellones que el Congreso pueda hacer.

Puesto que el congreso tiene el control absoluto sobre la producción de leyes, la demanda que enfrenta es la demanda de mercado con pendiente negativa puesto que no tiene sustitutos perfectos (haciendo abstraccion de las observaciones que pueda hacer el legislativo o los lobbys empresariales que puedan hacer impacto en el congreso). Para simplificar, asumiremos que la oferta, que en teoria seria aproximada por la curva de costo marginal no sería creciente sino mas bien horizontal ya que no habria costos adicionales por producir leyes adicionales. De esta manera tendriamos una situacion como la siguiente:

Puede apreciarse varias cosas en este gráfico:

En primer lugar, el Congreso no produce X1 porque alli no esta maximizando sus beneficios. La regla de maximizacion precisa que el ingreso marginal (IMg) se iguale con el costo marginal (CMg) por lo tanto es preciso que produzca en X0. De aqui obtenemos un primer resultado: el monopolio del servicio de producción de leyes para la sociedad por parte del Congreso hace que exista una menor productividad del mismo. Si teoricamente el Congreso podia producir X1 a un costo mas barato P1 (en el caso del grafico, igual al precio que pagan los consumidores, es decir los ciudadanos), por causa del monopolio institucionalizado se produce menos (X0) a un costo mucho mayor (P0).

En segundo lugar, como derivado de la primera reflexion, el beneficio del Congreso estaria dado por el area rectangular P1P0BD que resulta de diferenciar el ingreso total de producir las X0 unidades con el costo marginal de producirlas. Este beneficio se mantiene no solo en el corto plazo sino tambien en el largo plazo y por lo tanto esta se define como una renta del Congreso. Son beneficios extraordinarios gozados por los Congresistas a pesar de producir menos.

En tercer lugar, el triangulo BDE representa la perdida de eficiencia social. En efecto, la sociedad valora producir hasta X1 pero el Congreso prefiere producir solo X0. Para el Congreso le resulta optimo producir X0, pero para la sociedad no lo es. Es un valor perdido por la sociedad lo que se representa en ese triangulo. Lo tragico de esta perdida es que este valor no es transferido a nadie y por lo tanto la sociedad percibe que lo que paga por la democracia es un gasto irreparable, no tanto por la plata en si misma derrochada, sino por los costos psicologicos y sociales que promueven por lo tanto una sociedad con incentivos para evitar el cumplimiento de la ley (que es lo que se supone es el servicio que ofrece el Congreso a la sociedad) en todos sus niveles.

En conclusion, puede decirse que la actual definición del Congreso hace que este se comporte como un monopolista de la producción de leyes. Como monopolista, entiendo para este caso, no tanto a la institucion per se, sino mas bien al grupo de personas que se enquista en las curules durante un periodo de tiempo indeterminado sin posibilidad de reemplazo. Como sea, la solucion a este problema tiene que ver con la intervencion del Estado dentro del Estado.

En la práctica esta situación se ha dado con la acción del Ejecutivo en torno a la reducción del costo de los congresistas. Sin embargo, ello corresponde únicamente a un traslado del precio P0 a P1 sin que necesariamente se aumente la productividad en el servicio de X0 a X1. Por lo tanto, es preciso que se impulse no solo la reducción del costo sino tambien el incremento de la productividad o la calidad del gasto realizado en dicha institución. La solución eficiente, desde el punto social, mas no necesariamente desde el punto de vista del Congreso, seria entonces ubicarse en el punto E. Esta propuesta la llamaria de "sinceramiento productivo del cargo público".

En ese sentido, seria beneficiosa la iniciativa de inclusion de trabajadores con elevada calificacion. Pero esta debe ser entendida no solo por el componente universitario. Hay buenos tecnicos egresados de diversos institutos que podrian ser incluidos dentro de diversos cargos dentro de la actividad publica. Y asi tambien podriamos extender el argumento por el otro componente del capital humano que es la experiencia que deberia ser valorada (en un siguiente post comentare este tema mas detenidamente a proposito del reciente deceso de Jacob Mincer, uno de los investigadores mas prolíficos de la teoría y práctica del capital humano).

Sin embargo, existe la solución mas importante que es necesario que la sociedad civil ponga su máximo esfuerzo: la acción participativa y organizada de los ciudadanos en política. Es necesario revalorizar la funcion organizativa y de discusión de los asuntos públicos por parte del ciudadano. Para esto, el país ha tenido solo dos paradigmas: el militarismo y la iglesia. No necesariamente se constituyen en malos referentes en tanto y en cuanto hayan servido de fundadores. Pero el problema fue que estas sociedades se extralimitaron en su acción viciando la formación de los auténticos derechos politicos, civiles y sociales. Ello aunado con la aparicion de la violencia política terminó por desbaratar esta alternativa legitima para el desarrollo de cualquier sociedad moderna, que era urgente y necesaria en nuestro territorio.

Conclusiones

El problema del sueldo del congresista peruano es un tema de importancia capital pues tiene que ver con la democracia. Especificamente con los recursos que una sociedad debe destinar para invertir en sus instituciones democraticas fundamentales. En la medida que esta institucion sea pecuniarizada frente a la desvalorizacion de la democracia, los incentivos para el militarismo a democrautoritarismo estaran siempre vigentes.

He utilizado dos herramientas para explorar un tanto ordenadamente el tema, pero me he dado cuenta que hay varias aristas que merecen ser profundizadas. La iniciativa del Dr. Valle Riestra para hacer una reforma en la funcion legislativa aparece como el hilo que puede deshacer la madeja, pero no es el único.

En el tema del costo-beneficio hay que considerar la función legislativa desde sus aspectos público y privado. Por su parte, en lo referente a la concepcion del Congreso como un monopolio productor de servicios legislativos hace que este no se comporte eficientemente social ni productivamente.

Es preciso establecer las líneas de reforma del Estado para que los recursos invertidos en la democracia, a pesar de ser un tanto miope algunas veces en materia social, tiene aunque sea la sensibilidad para hacer avanzar a la sociedad como un todo.

Bibliografía

- Fleury, Sonia (2003) "Reforma del Estado" en Revista Instituciones y Desarrollo Nº 14-15. Barcelona: Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya.

- Kafka, Folke (1988) "Teoría económica". Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

- Teivainen, Teivo (2001) "Un dólar, un voto. Economicismo transnacional en el Perú". Lima: desco.

- Diario Peru 21, Diario La República y Diario El Comercio.

- El 24 de octubre del presente año, un congresista que renunció al partido de Humala (Gustavo Espinoza) denunció, entre otras cosas (la donación de Chávez de 4 millones de dólares a la campaña de Humala), que los puestos en la lista parlamentaria costaban entre 30 y 40 mil dólares (Entrevista realizada en la puerta del Congreso transmitida por Canal N).

Conquistar Asia a través de la CAN

¿Quien liderará económica y políticamente a los países de América Latina dentro de los próximos diez años? De acuerdo con Alan García, lo será el Perú. No obstante, todo indica que las recientes acciones tomadas por la presidente Michelle Bachelet en el frente exterior comercial harán de Chile, antes del plazo propuesto por Alan para Perú, la primera potencia económica, política y social de América Latina. Desde el sugerente acto de cantar el Himno Nacional del Perú durante la marcha militar hasta el hecho de declarar que vivió en nuestro país durante su niñez y que su madre le llamaba “solcito” allá en Arequipa… tal parece ser que a la Sra. Bachelet le costó muy poco restablecer las relaciones con nuestro país, para discutir cosas realmente importantes: el retorno de Chile a la CAN, el gasto en armamento, los problemas limítrofes y muy suspicazmente, la solución definitiva de los “pecadillos” de importantes empresarios chilenos implicados con la corrupcion del gobierno fujimorista.

En contraste, el presidente peruano se encuentra concentrando sus energías para expandir y establecer su dominio político interno minimizando cualquier rezago del Humalismo beligerante y anticriollo o cualquier figura de liderazgo que asome por allí (parece ser que en el caso de Ollanta Humala no necesita hacer nada más para ver como se le desdibuja el mapa político que el creyó haber pintado). Las dos herramientas principales para este objetivo son a) la política de austeridad del gasto público que se ha concentrado estratégicamente en el poder legislativo como en el poder judicial; b) la política de incorporación de las juventudes en los municipios del Perú, ley del Consejal Joven, que ha tenido como pivote estratégico al conjunto de jóvenes congresistas liderados por Luciana León; y final pero diluidamente, c) la reinstauración de la pena de muerte.

¿Qué se ha hecho en cambio para alcanzar el objetivo que ha propuesto Alan? En primer lugar nombrar a un legendario legislador conservador ocupado frecuentemente en temas de ética y religión al frente del Ministerio de la Producción. En segundo lugar, ha nombrado a Mercedes Araoz Ministra del MINCETUR, destacada profesional de nuestro medio, que sin embargo se le ha movido un tanto el piso al tener a la viceministro de más corto tiempo (24 horas) en su despacho (que luego fue reemplazado por alguien “amigo”). En tercer lugar, ha nombrado a Hernando de Soto como representante personal para realizar el cabildeo para la aprobación del APC por parte del Congreso de los EEUU. De estas propuestas, solo la última parece tener inercia de éxito propio tal como lo ha señalado el propio De Soto. La primera, acaba de ser observada por el Ejecutivo la ley que pretendía transferir todo lo relacionado con la política PYMES. Y la segunda, acaba de sufrir el embate del escándalo originado en el diario La Tercera por el tema del pisco.

Mi tesis principal es que a Chile no le interesa ganar más mercado en el Perú porque técnicamente su oferta exportable ya llegó a sus límites: dos tiendas por departamento, las empresas de distribución de luz más importantes del país, la línea aérea de bandera LAN, entre otros productos y servicios más, le han bastado para abarrotar al Perú. El mercado peruano es muy pequeño y concentrado en solo unas tres o cuatro ciudades. Todo esto lo ha logrado a pesar que nuestro país aún no elimina totalmente el arancel aplicado a productos chilenos importantes. Perú tiene el 94.7% de sus exportaciones en el año 2005 con arancel cero (97.3% en el primer semestre 2006), Chile sólo llegó a 51.7% el ese año (67% en el primer semestre), entonces para ellos aún hay pan por rebanar, tan es así que esta semana el Director de Relaciones Económicas Internacionales declaró que el próximo año negociará otros temas comerciales (desgravación y zonas francas).

Lo que en realidad va a ganar a través de su ingreso abierto al Perú (y a la CAN) no esta en el Perú, ni en la CAN, sino en Asia. En efecto, Perú tiene una posición estratégica continental que le permitiría convertirse en un Hub comercial impresionante para América Latina. Así que la CAN, teniendo como pivote a Perú, puede catapultar en extremo al sureño país hermano. Los intentos de consolidar esta estrategia se iniciaron en realidad desde el gobierno de Fujimori. Avanzaron lenta y solapadamente (no sin romper vidrios de por medio) durante el gobierno de Toledo, bajo el auspicio de Pedro Pablo Kuczynski a quien el actual Congreso le abriría una investigación por buscar beneficiar a capitales chilenos que desean invertir en negocios portuarios aquí. Mas que resaltar el tema de la investigación es el dato de que la estrategia chilena esta muy bien armada. Si el Perú no va exportar productos agrícolas y mineros como Chile pues al menos debería saber sacar provecho de la posición e infraestructura que este ultimo usará.

¿Qué es lo que estaría ganando Perú? Básicamente se ha destacado posibilidades comerciales pero al parecer nada concreto. En realidad, lo único interesante parece ser la relativa movilidad de entrada de profesionales y técnicos a su territorio y el respeto a normas laborales internas e internacionales. Ello no significa que se reducirán necesariamente las discriminaciones económicas y sociales que ubicarían a nuestros futuros emigrantes con mayor flexibilidad en los empleos menos calificados o menos deseados del mercado laboral chileno. En otras palabras, se ha reducido los costos de migración para favorecer la contratación de mano de obra peruana en empleos de baja productividad. Experimentación suficiente ha tenido aquí en Perú a través de las tiendas por departamento que brindan empleos altamente calificados a los nacionales chilenos con una serie de incentivos que difícilmente violentan las normas laborales nacionales e internacionales.

¿Y qué ha hecho Chile para conseguir el objetivo inicialmente señalado? Pues bastante más que lo que ha hecho el Perú hasta el momento. Primero, hasta el año pasado, en base a una estrategia clara de desarrollo e inserción internacional y apertura, suscribió acuerdos comerciales con más de 35 países (ubicados en América, Asia, y la Unión Europea). Segundo, recientemente, y coherente con la estrategia antes señalada, ha suscrito acuerdos comerciales con China (con quien se ha convertido en el primer país en el mundo que establece un TLC), antes lo hizo con Panamá, aceleró el inicio de negociaciones con Colombia y Ecuador, viene negociando con Japón, mientras que con Tailandia y Malasia se han realizado reuniones del Grupo de Estudio conjunto para que también sea factible un Tratado o Acuerdo de Libre Comercio con esos países. Tercero, ha puesto sobre el tapete una estrategia de integración agresiva en el Asia Pacífico, en particular el Pacífico Latinoamericano, desea ser miembro pleno de la CAN reforzando con ello el bloque regional debilitado por la salida de Venezuela. Cuarto, y la mejor jugada de todas, ha suscrito un TLC con el Perú.

Chile, más allá de ser consistente con su estrategia de de desarrollo y apertura, incluye al Perú en un acuerdo de esta naturaleza no para consolidar el proceso de apertura de mercancías sino para garantizar estabilidad y retorno de sus inversiones. Al respecto, en lo que va del 2006 el flujo de inversión chilena ha llegado a privilegiar tanto al Perú que nuestro país es, en este momento, la primera plaza de la expansión inversora chilena, con un 27%. Colombia ocupa el segundo lugar con 23%, Brasil el tercero con 18% y Australia el cuarto con 10%.

Con todo, creo que puede haber ganancias mutuas con la firma del acuerdo comercial entre ambos países pues no se trata de caer en la solución perversa del juego del “dilema del prisionero” sosteniendo una posicion inconsecuente de no participar. No obstante, nuestras ganancias habrían sido muy superiores a lo esperado si Alan García habría propuesto el objetivo de desarrollo de nuestro país teniendo una estrategia de desarrollo productivo y de expansión de mercados más importante que la política de austeridad. En realidad, de su discurso, solo la política de austeridad era la única propuesta que tenia contenido. Como ya lo señalé en su momento, los resultados de esta última política serán diluidos con la formulación del presupuesto del 2007. Con esto, no quiero decir que no esté de acuerdo con el uso racional y austero de los recursos del Tesoro, el hecho es que el problema de la administración de recursos del Estado no es tanto el nivel de gasto sino mas bien la productividad del mismo y cómo ella es financiada. Hay un buen documento trabajado por la CEPAL (Mostajo, marzo de 2002) donde se hace una propuesta integral para abordar una política seria de reforma del Estado (con reforma tributaria incluida). En contraste, lo que deseo enfatizar es el tema que no se ha hecho una política de incremento de la productividad de los factores en nuestro país en coordinación con la política de expansión de mercados que continúa trabajando este gobierno.

En conclusión, es preciso que el Perú defina con claridad su estrategia de apertura de mercados resolviendo no solo el tema del TLC interno, sino diría in extenso, resolviendo el problema de la competitividad del país tomando en cuenta la totalidad de los factores de producción, es decir la mano de obra, la tecnología y la infraestructura. Ninguno de estos aspectos son materia de política pública sincera. En efecto, respecto a la mano de obra (hablo de las dos, la calificada y la no calificada) no hay ninguna política que incremente los niveles de calidad educativa que permita crear una base material de desarrollo con un enfoque en el capital humano. En lo que respecta a la tecnología solo existe estrategias de importación de bienes de capital que puede ser más eficiente pero no desde el punto de vista social ya que no es masivo dado que depende solamente de la iniciativa privada ante un dólar tan barato. Finalmente en el tema infraestructura, esta claro que estamos rezagados en realizar inversiones para mejorar la posición competitiva de nuestro país. Si nos vamos a convertir en un Hub de Chile, que se establezca una estrategia que permita aprovechar económicamente esa relación incluido el tema portuario.

Ojalá que Alan, cual reyecito, no siga bailando su popular baile del teteo y procure pues, no solo una política, sino una verdadera estrategia de desarrollo para el país, es decir un conjunto de políticas que pueden estar centradas en algunos de los elementos discutidos en este artículo y no ahogarnos en el vaso del agua del racionamiento.

Bibliografía

- Mostajo, Rossana (2002) “El sistema presupuestario en el Perú”. Serie Gestión Pública. Santiago de Chile: CEPAL-ILPES.

- Diario El Comercio, Diario La República, Diario La Tercera, Radio Programas del Perú (La foto pertenece a RPP).

- Agradezco las apreciaciones del Ing. Eco. Luis Mesías, ex-catedrático de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la UNI y Funcionario del MINCETUR.

Fe de erratas para la pobreza y la desigualdad

Introducción

La economía durante el gobierno de Toledo creció a un ritmo promedio de 5,5 por ciento anual, en tanto que el índice del producto bruto interno per cápita pasó de 109,2 a 128,9 (base 100 en 1994). Adicionalmente, la tasa de inflación se mantuvo por debajo del 4 por ciento durante su gestión. Las exportaciones, por su parte, tuvieron un despegue notable y sin precedentes, hecho que se ha explicado por el dinamismo de los minerales y los productos semiprocesados alimenticios, y el tipo de cambio se ha mantenido en equilibrio gracias a un esquema relativamente costoso de flotación «sucia». Por estos, y otros logros en materia macroeconómica, Alejandro Toledo fue felicitado no solo por los empresarios más importantes de nuestro país, sino también por los empresarios extranjeros, tecnócratas y representantes de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No obstante, Toledo exclamó perplejo hace solo un par de años: «Si Wall Street y Washington me están aplaudiendo, ¿por qué entonces no me aplaude la gente en el Perú? ¿Qué es lo que está pasando?». En aquel entonces el se respondió a esta paradoja de la política económica y social de su gobierno de la siguiente manera: «No es suficiente que estemos bien, necesitamos ver que ese 5% o 4% de crecimiento económico se sienta realmente en los bolsillos de la gente».

La situación descrita en estas líneas, es decir, la paradoja entre lo que es percibido por la sociedad (un incremento notable de la desigualdad) y lo que es percibido por el oficialismo (que la desigualdad en el mejor de los casos se ha reducido) me hace recordar a similar situación paradójica que se vivió a finales del gobierno de Alberto Fujimori. Había una clara percepción en la academia y la opinión publica de que las cifras de pobreza no reflejaban la realidad, puesto que la población denunciaba dramáticamente día tras día su situación de extrema pobreza y, además, porque organizaciones consideradas como más técnicas y objetivas como el instituto Cuánto realizaban estimaciones (54%) que contrastaban notablemente con las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (37%).

Estas situaciones paradójicas llamaron mi atención, puesto que, en los últimos meses, las cifras de la pobreza y el tema de la distribución del ingreso, es decir si el modelo de crecimiento seguido desde hace una década y media benefició a los pobres, han sido centrales para la transferencia de gobierno entre el Dr. Alejandro Toledo y el Dr. Alan García. Veamos pues un par de reflexiones acerca de estas dos cuestiones medulares en nuestra sociedad.

Los FM, el INEI y la medición de la pobreza

Respecto al reciente escándalo político generado en torno al problema de la reducción de las cifras de pobreza no es posible atribuir la totalidad de la culpa del escándalo a un solo actor. Tanto el ahora ex jefe del INEI, Farid Matuk (FM II), como el APRA, el gobierno de Toledo, la prensa, el ex jefe del INEI durante el Fujimorismo Félix Murillo (FM I), entre otros más contribuyeron a una confusión innecesaria sobre un problema concreto: desde hace 16 años en este país la probabilidad mínima de encontrar un pobre es del 50%.

Respecto a este problema, al margen de las discusiones técnicas sobre las diferentes metodologías de medición de la pobreza, solo quiero señalar un par de suspicacias: La primera i) ¿Por qué los gobiernos de Fujimori y Toledo necesitaron tener a un jefe de las estadísticas nacionales de manera estable? O puesto en términos técnicos ¿Por qué la tasa de rotación de los últimos presidentes tiene una correlación unitaria con la tasa de rotación de los jefes del INEI? Y la segunda, ii) ¿Por qué los jefes de estadística nacionales tienden a mostrar cifras de mejoramiento en las cifras de pobreza hacia el final del gobierno que lo empleó? Mi hipótesis es que existe una relación de ida y vuelta que es fundamental establecer al inicio de un nuevo gobierno entre el Ejecutivo y el INEI para que ayude a validar el modelo de desarrollo llevado por el primero. En ese sentido, mi opinión es que la designación del Jefe del INEI no debería estar a cargo del Ejecutivo sino una comisión de especialistas con autonomía al interior del propio instituto. O en el mejor de los casos, ante la relativa escasez de profesionales de carrera en el INEI puede pensarse en un balance entre el Ejecutivo y el Parlamento, donde este último ratifique la propuesta del primero. La designación del jefe del INEI no tiene porque estar viciada de juicios políticos. Este debe ser el resultado de una carrera pública que premie el mérito por sobre el favor político.

PPK, el MEF y la medición de la desigualdad

Un año después de las declaraciones dadas por Toledo acerca de la paradoja de la macro en azul y la micro en rojo, el Marco Macroeconómico Multianual 2006-2008 (MMM 2006-2008), elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas a cargo de Pedro Pablo Kuckinsky y aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de mayo de 2005, presentó una argumentación favorable del impacto de las políticas económicas y sociales de su gobierno sobre la equidad. El cuadro que sirvió para tal propósito se reproduce a continuación (tabla 17, Pág. 62), cuadro que fue publicado previamente en un estudio del Banco Central de Reserva del Perú (Céspedes 2005).

A diferencia de las suspicacias políticas señaladas en torno a la medición de la pobreza, aquí tengo varias observaciones técnicas:

Una primera observación para estos datos es que sólo son comparables entre sí las distribuciones de gasto del 2001 y el 2002, y luego las del 2003 y el 2004. Es casi imposible comparar, por ejemplo, una distribución de gasto del 2001 y el 2004. Ello se debe a un cambio en la metodología del recojo de la información de la Encuesta Nacional de Hogares en el 2003. Ello se da aun a pesar de que se restrinja la comparación al cuarto trimestre de cada uno de estos años, ya que el tamaño de muestra es superior en el primer par de años (alrededor de 20 mil hogares) en comparación con el segundo par (alrededor de la cuarta parte de la anterior metodología). Este cambio ha repercutido en un incremento de la varianza de los estimadores puntuales de la pobreza y la desigualdad, y eso ha significado que el intervalo de error sea mayor en el cuarto trimestre del 2003 y el 2004 que los intervalos de error observados entre los cuartos trimestres del 2001 y el 2002. Por lo tanto, hay una menor precisión en la estimación de los datos de pobreza y de desigualdad de los primeros en relación con los segundos.

En segundo lugar, es necesario verificar si las curvas de Lorenz que estas distribuciones de gasto describen no se cruzan, es decir, si existe dominancia estocástica. Si estas curvas de desigualdad se cruzaran, no se puede afirmar de manera concluyente que la desigualdad ha aumentado o disminuido entre estos años. En otras palabras, el índice de Gini que aparece al pie de la tabla no es un buen indicador para evaluar la desigualdad sobre todo si las metodologías han cambiado en los periodos analizados.

En tercer lugar, fruto de mi disposición de evaluar el criterio antes mencionado descubrí el error más serio de la distribución de datos mostrada en la tabla 1: la suma de cada una de las columnas de participación de gastos de los deciles no totaliza el 100%. Para el 2001 la distribución suma 119.5%, el 2002 suma 127%, el 2003 alcanza a 125.3% y finalmente el 2004 resulta 121.1%. Es poco probable que estos datos hallan sido arrojados por el software estadístico con que trabajaron en el Banco Central de Reserva del Perú. Pero sinceramente este error deja mucho que desear de nuestros técnicos en el MEF y el BCRP sobre todo por un tema tan sensible como es el de la justificación del modelo económico llevado por Toledo por su supuesto traslado de beneficios hacia los más pobres.

La moraleja de estas observaciones sobre el MMM 2006-2008 es que es necesario prestar atención a la información provista por el Estado. Y por supuesto, también es preciso que el Estado provea de la manera mas transparente toda la información que ella produce, requisito según el cual se podrá realizar una evaluación mas objetiva de la gestión del gobierno de turno o de cualquier otro. La pagina web del INEI provee las bases de datos de ingresos y gastos de los hogares, no obstante, desde el 2003 no es posible descargar las bases de datos sumarias que contienen precisamente el calculo de los ingresos y gastos totales del hogar, información que es necesaria para realizar las evaluaciones como las que se hicieron para el MMM. En mi afán de tratar de reproducir las cifras verdaderas de la distribución de ingresos me he dirigido personalmente al INEI y felizmente acabo de conseguir las bases de datos sumarias del 2003 y 2004 que exploraré con mayor detenimiento para contrastar con las interpretaciones del MMM. Espero publicar mis resultados en un próximo post.

Conclusión

Si se consideran las observaciones hechas en este articulo, ¿es posible sostener que hay evidencia favorable para afirmar que ha habido una reducción significativa del problema de la pobreza y que ha habido «chorreo» de los beneficios económicos en los últimos años? La percepción de la población, la academia y la sociedad civil es que la pobreza no ha cambiado y que la desigualdad se ha agudizado. Esto es así puesto que existe una clara desconexión entre los beneficios del crecimiento económico y los cambios en el bienestar de la población. Queda al gobierno diseñar estrategias reales de superación de la pobreza, aunque preferiría decir estrategias reales de desarrollo económico y social.

Junto con lo anterior, es necesario mejorar el mecanismo de designación del jefe del INEI o en buena cuenta, la carrera de administración pública del INEI a fin de que ella no se encuentre viciada de pasiones políticas sino más bien del profesionalismo técnico competente. Solo de esta manera los datos estadísticos proporcionados por este organismo al MEF, al BCRP, o a la sociedad gozarán de la confianza necesaria para utilizarlos en el diseño y aplicación de políticas públicas que pretenden resolver los problemas más importantes que aquejan a nuestro país: la pobreza y la desigualdad.

Bibliografía

- MEF (2005) “Marco Macroeconómico Multianual 2006-2008”. Lima: MEF.

- Céspedes, Nikita (2005) “Pobreza y crecimiento económico: una medida del efecto «goteo hacia abajo» en Perú” en Revista de Estudios Económicos. Lima: Banco Central de Reserva del Perú.

Este post es un extracto actualizado del artículo “Una evaluación de las políticas sociales del gobierno de Toledo” publicado en la serie “Perú hoy” de desco, julio de 2006, Págs. 339-379.

El problema del ausentismo electoral en el Perú

Resumen

¿Qué explica el ausentismo electoral en el Perú? ¿La pobreza? ¿El analfabetismo? ¿La edad? ¿El área de residencia? ¿El sexo? Estas preguntas y otras más son las que pretendo abordar en el presente artículo teniendo en perspectiva el análisis de las elecciones municipales de este próximo noviembre. Los resultados preliminares de esta breve indagación revelan que las variables principales que explicarían este fenómeno son el sexo y la pobreza. Sin embargo, esta ultima variable tiene una interpretacion distinta a la que convencionalmente se hace. Veamos pues, un poco más detenidamente este importante tema para la gestión electoral y la construcción de la democracia en nuestro país.

Introducción
Una de las mayores congratulaciones de la actual gestión de la Dra. Magdalena Chú al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el hecho de habérsele reconocido un buen desempeño en la organización y ejecución de tres procesos electorales seguidos, siendo el más importante de ellos las recientes elecciones generales (presidenciales, congresales y parlamento andino) de abril y junio del presente año. Esta felicitación fue extensiva a los otros dos organismos electorales que conforman el llamado Sistema Electoral: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).

A pesar de la poca claridad en la delimitación de responsabilidades entre los tres organismos electorales que generan una serie de rozamientos o fricciones durante la ejecución de los procesos electorales que se traducen en costos transaccionales excesivos, la ONPE ha propuesto en su Plan Estratégico Institucional 2004-2006 (Pág. 23) que uno de sus indicadores de desempeño centrales para evaluar su gestión es el porcentaje de ausentismo electoral. Exceptuando 1985, año en el que la competencia electoral fue intensa entre Alan García por el APRA y Alfonso Barrantes por Izquierda Unida y que se había realizado una depuración exhaustiva del padrón electoral, el comportamiento de este indicador ha sido históricamente decreciente (Fuente: web ONPE; 1v o 2v, primera y segunda vuelta respectivamente).

Las investigaciones electorales que hacen uso extensivo de las herramientas estadísticas para probar sus hipótesis forman parte de la rama de la ciencia política llama psefología. Mi primer acercamiento a esta rama fue hace casi un año y medio cuando tuve la oportunidad de formar parte del equipo de investigación del fenecido Centro de Investigación Electoral de la ONPE convertida ahora en una pequeña Área de la Gerencia de Planeamiento Electoral de tal institución. En aquella vez asesoré en una investigación acerca del ausentismo electoral en el Perú entre 1998 y el 2002 y de allí que tenga los antecedentes que me motivaron para la redacción del presente artículo. El documento final, aunque fue publicado (ISBN 9972-695-29-8; Depósito Legal BNP N 2005-3442), nunca llegó a distribuirse por razones que no vienen al caso del presente artículo pues ya son de conocimiento público entre los académicos y politólogos reconocidos del medio. Quiero detenerme en cambio en este post en la revisión de algunas de las preguntas señaladas arriba y las hipótesis que me vinieron a la mente mientras trabajaba en el borrador preliminar de dicha investigación utilizando esta vez, a diferencia de aquella oportunidad, los resultados de las últimas elecciones generales en nuestro país.

Debo anotar que este artículo se presenta tal como está, en versión preliminar y en pleno desarrollo. Es decir, es un documento en progreso el cual actualizaré en el futuro cercano en tanto que voy profundizando en las relaciones existentes entre las variables de la base de datos que estoy trabajando.

Marco teórico
El ausentismo electoral puede definirse como aquella situación en que un grupo determinado de ciudadanos no realiza el acto de sufragio (ONPE 2005). Esta variable puede dividirse en dos categorías: aquellos que voluntariamente decidieron no participar del acto electoral y aquellos que habiendo decidido sufragar tuvieron serios impedimentos para participar de los comicios respectivos. La primera categoría es conocida como Abstencionismo político o racional mientras que la segunda puede rotularse como Abstencionismo técnico (Alcubilla 2000).

El fenómeno del ausentismo electoral debe ser comprendido en el contexto del sistema electoral vigente. Nuestro sistema electoral, tomando la definición estricta dada por Nohlen (1998), tiene características que impactan de manera determinante en esta variable comenzando por la definición de que el voto es un deber y por lo tanto es obligatorio. Este es un principio republicano que rige en la actualidad nuestro sistema político. Esta idea sin embargo contrasta con la concepción liberal de que el voto es un derecho y por lo tanto este debe ser libre.

Dado que nuestro sistema electoral determina que el voto es obligatorio, las posibilidades de incurrir en el fenómeno del abstencionismo político o racional son casi nulas a menos que se asuma que el voto nulo y el voto en blanco se conciban como una forma activa de expresar la inconformidad con el sistema político vigente o la percepción de que los efectos del voto individual sean mínimos para contrarrestar las tendencias globales recogidas a partir de las encuestas de intención de voto por ejemplo. No obstante, debo enfatizar que nuestro sistema electoral impacta de manera contundente en estos dos tipos de voto sobre todo en aquellas personas que tienen un nivel educativo bajo o nulo. En efecto, si se reflexiona un poco por ejemplo en el tema del voto preferencial se podrá apreciar que las posibilidades de errar en como expresar esta supuesta preferencia son múltiples. A esto habría que añadir que en el Perú, la lectura oficial del voto nulo y el blanco ha sido un problema de interpretación política recurrente y ha quedado en el imaginario popular como estas opciones pueden perjudicar o ayudar al candidato con mayor probabilidad de ganar las elecciones. La lectura oficial actual es que estos votos serian emitidos de manera “inválida” lo cual es un contrasentido en la visión liberal.

De lo anterior se puede inferir entonces que el ausentismo electoral concentraría a aquellos que incurren en el abstencionismo técnico. Estos sin embargo tendrían dos vertientes bien definidas que la originarían: en primer lugar, la vertiente endógena que tiene que ver con atributos específicos circunstanciales o estructurales del ciudadano en capacidad de votar (disponibilidad de recursos económicos, estado de salud, discapacidad física, etc.) y la vertiente exógena que tiene que ver con las características técnicas de la organización del proceso electoral y eventos no controlables por el elector hábil. En la primera vertiente tenemos poco que discutir por el momento. En la segunda vertiente sin embargo podemos advertir que las características técnicas de un proceso electoral dependen en buen grado de la particular configuración del sistema electoral de un país. En efecto, dos cuestiones aparecen de manera medular: lo referente a la definición de las circunscripciones electorales y la ubicación de los centros de votación. Estas dos cuestiones por lo general imponen costos de traslado (transporte) a determinados grupos de electores que ellos no necesariamente están dispuestos a pagar sobre todo en las áreas rurales.

Este último problema es fundamental dentro de la gestión de procesos electorales. Por lo general se tiende a interpretar que “la pobreza” (a veces como sinónimo de falta de educación) es la que explica el hecho que el elector se inhiba a sufragar. No obstante, ocurre que muchas veces estos ciudadanos estarían dispuestos a votar (a pesar que se les convoque continuamente a talleres de capacitación o incluso se les haga capacitaciones personalizadas en sus propias viviendas) siempre y cuando ciertos costos adicionales que le son impuestos le fueran resueltos, entre ellos el transporte. En efecto, mientras que para un ciudadano de clase media en el área urbana el costo alternativo de ir a votar es quedarse descansando un domingo en casa, o ir a misa, o pasear con la familia, o visitar a un familiar; para el caso de los comerciantes y para los pobladores de áreas rurales el costo de oportunidad es comparativamente mas elevado pues no solo comprende el precio pagado para transportarse sino también lo que ese día deja de percibir por no trabajar. Ello significa que para fines prácticos, si el centro de votación esta ubicado en una zona relativamente alejada para un determinado grupo de electores, la ley les obliga con todo a que ellos brinden una subvención al Estado que no necesariamente están dispuestos a pagar.

De lo anterior, se desprende que las hipótesis de que “a mayor nivel relativo de pobreza, mayor el nivel de ausentismo” implica en mi posición una lectura como la siguiente “a mayor costo de oportunidad impuesto a determinados grupos sociales, mayor el grado de ausentismo electoral”. Adicionalmente, el problema de baja escolaridad de la población creo que esta mas relacionado con la magnitud de error electoral que se pueda acumular luego de celebrarse unas elecciones pero no necesariamente que este relacionado con una menor participación electoral. Este hecho quedo explícito luego de las últimas elecciones presidenciales donde la participación ha sido máxima precisamente porque se gastó mas en colocar centros de votación y una mayor logística en campo, sin embargo el error en el llenado del material electoral fue excesivo básicamente por la complejidad de las propias elecciones (se celebraron tres elecciones al mismo tiempo en un solo día) que exigían manejar un conjunto muy engorroso de actas y procedimientos. Puede decirse entonces que en el caso peruano, lograr un error material mínimo y lograr un nivel de ausentismo mínimo se presentan como problemas competitivos o alternativos. Finalmente, la hipótesis de mayor ausentismo por el lado de las mujeres se explicaría por un rol político no dimensionado para ellas debido a de fenómenos de estructura social que persisten en nuestros días y que pueden ser sorprendentemente vigentes incluso en pleno siglo XXI.

Metodología
Hipótesis
Las hipótesis operativas que pretendo evaluar en este artículo son las siguientes: la primera es que el ausentismo electoral de las elecciones 2006 esta explicado fundamentalmente por el comportamiento de los varones, por los jóvenes, por los analfabetos y por la pobreza. La segunda hipótesis es que el ausentismo del mismo proceso electoral se encuentra explicado principalmente por las mujeres, por los mayores de 65 años, por los que tienen educación secundaria y por la pobreza.

La primera hipótesis viene de la idea de que dado que existe un muy ligero mayor peso del sexo masculino en el padrón electoral del 2006 (50.32%) es probable que este mayor peso también este presente dentro de la composición del numero de personas ausentes a las elecciones. Respecto al tema de los jóvenes tiene que ver con el tema de la poca o nula importancia que ellos tendrían sobre los asuntos públicos y por lo tanto su descontento con la política en general. El tema del analfabetismo estaría relacionado con la ultima variable del conjunto propuesto donde se esperaría que incidan en un mayor ausentismo dado que la persona esta menos integrada a la vida pública.

Por su parte, la segunda hipótesis atiende a la idea de que son las mujeres las que tendrían una desigualdad en el acceso no solo a los derechos políticos sino también a sus deberes por cualquier razón sea exógena o endógena. Los mayores de 65 años tendrían un fuerte incentivo a no votar puesto que por su proximidad a la edad de 70 años el voto es facultativo. Otra cuestión relacionada es que la “muerte civil” de una persona mayor originada por penalidad ante su ausentismo a un proceso electoral probablemente se de con anterioridad a ello como resultado de los procesos de exclusión social que vivimos en la actualidad. Finalmente, en cuanto a la importancia de las variables educativas tomando un argumento similar a la importancia de la variable sexo, el nivel secundario tiene un peso de 53.5% en el padrón de electores habilitados para el 2006.

Base de datos
En contraste con el estudio que realicé para la ONPE, para el cual todas las facilidades de acceso a la información individual de alrededor de 11 millones de ciudadanos habilitados para sufragar, esta vez solo tengo disponibilidad de la base de datos de participación electoral agregadas a nivel distrital que se puede descargar tediosamente de la web de resultados de las elecciones generales del presente año. En este punto, valdría la pena recomendar a la ONPE o tal vez a la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (tercer órgano electoral según nuestra Constitución Política encargado de mantener actualizado el padrón electoral entre otras funciones) para que las bases de datos de participación electoral estén disponibles de manera desagregada para el público en general a fin de profundizar libremente en las investigaciones de participación electoral. Esto ayudaría a mejorar la gestión de procesos electorales ya que esta es una preocupación central de la propia ONPE, es decir, disminuir el porcentaje de ausentismo electoral.

Lo anterior plantea por supuesto un tema de respeto de la información de identificación de cada ciudadano para lo cual podría recomendarse una política de compartir la información como la viene realizando de manera efectiva el INEI a través de la herramienta Microdatos de su respectiva web. Cualquier investigador tiene libre acceso a la información individual de los hogares que son entrevistados ya sea a través de la Encuesta de Hogares (ENAHO), la Encuesta de Salud (ENDES), la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), la Encuesta Continua (ENCO), entre muchas otras bases de datos mas. Puede sugerirse tal vez para mantener un registro que se requiera la información del solicitante antes de bajar las bases de datos tal como lo hace la web del Banco Mundial para el caso de las Encuestas de Niveles de Vida.

La información de los resultados de participación electoral tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta fue fundida a nivel de distrito. Luego, esta base fue fundida con la información del respectivo padrón electoral el cual contiene información agregada del número de hombres y mujeres, así como también la desagregación según grupos etáreos quinquenales a partir de los 18 años y según niveles agregados de educación (primaria, secundaria, técnica y superior). Esta última variable tiene algunos problemas de subreporte (en la jerga estadística significa sub valuación) es decir que los ciudadanos nunca certifican a ciencia cierta ante el Estado cual es su verdadero nivel educativo, ni actualizan oportunamente la información de si han mejorado su nivel educativo.

Una última observación respecto a la base de datos que probablemente sea imposible resolver en el corto plazo es la ilusión de que el padrón electoral se mantuvo estático entre la primera y la segunda vuelta. Las últimas Nuevas Elecciones Municipales por ejemplo revelan el incremento notable del padrón electoral en los distritos donde se organizaron estos comicios. Mi observación tiene que ver que el cierre del padrón entre las dos elecciones hace que la segunda vuelta presidencial discrimine a aquellos que se encuentran potencialmente hábiles para votar en dicho evento. Podemos contar en este grupo a los que recién cumplen 18 años de edad que quisieran tener su primera experiencia de participación política y que se les es negada. De igual manera podríamos decir para aquellos que eventualmente resuelven las dificultades que tuvieron para sufragar en la primera vuelta se encuentran impedidos para la segunda vuelta lo que viola su derecho fundamental a sufragar en la segunda vuelta si así lo desearan. Esta sugerencia sin embargo habría que evaluarla cuidadosamente a través de estudios más experimentales puesto que tal como se aprecia que la participación electoral tiende a reducirse para la segunda vuelta.

Técnicas estadísticas
En el presente documento se presenta un análisis de regresión lineal donde la variable dependiente es el ausentismo electoral y las variables independientes son el sexo, la edad, el nivel educativo y la pobreza. Estas variables agrupan a un número determinado de personas por cada uno de los 1831 distritos del país. De lo anterior debe quedar claro que para el presente análisis no se contó con los datos individuales de ausentismo electoral lo que explica en cierto grado la miopía y lo preliminar de este trabajo (espero que el RENIEC me facilite la información cuando se la pida).

Para suavizar las asimetrías en el volumen poblacional que concentran algunos cuantos distritos de nuestro país se ha procedido con la estrategia de tomar logaritmos naturales a cada una de las variables. Este es un procedimiento que no viola los supuestos fundamentales de la teoría de la regresión lineal. Mas bien este procedimiento tiende a transformar una distribución con asimetría y curtosis muy positivas en una distribución muy parecida a una lognormal. Tómese nota que se han presentado algunos datos descriptivos del ausentismo en el país.

Resultados
Describiendo los resultados de la regresión realizada entre las variables explicativas indicadas por el artículo y el ausentismo en la primera vuelta vemos que todas salen significativas. El coeficiente de determinación es bastante alto sin embargo no creo que esta sea una buena medida de la bondad del modelo. En realidad, pretendo encontrar -como ya mencione mas arriba- ciertas evidencias para indagar con mayor profundidad luego.

Para el caso de la primera hipótesis:

Los resultados muestran que tanto para la primera vuelta como para la segunda, la variable sexo es mas importante que la variable edad para explicar el nivel de ausentismo. El diseño del modelo econométrico log-log nos permite afirmar que los coeficientes obtenidos corresponden al cálculo de las elasticidades de la variable explicada respecto de las variables que son probadas. En ese sentido el ausentismo es más sensible de manera directa al número de varones que al número de jóvenes. En contraste, el hecho de ser analfabeto tiene un impacto inverso casi nulo sobre el ausentismo electoral.

Para el caso de la segunda hipótesis tenemos:

Los resultados para esta segunda hipótesis muestran que tanto para la primera vuelta como para la segunda, la variable sexo sigue siendo la mas importante y hasta cierto punto con mayor impacto sobre el ausentismo que los varones. Adicionalmente, el nivel secundario tiene un impacto positivo pero muy reducido sobre el ausentismo. Finalmente, el grupo etáreo por encima de los 65 años aparece con un impacto negativo pero en realidad muy cercano a cero sobre el ausentismo. Es decir, marginalmente, este grupo reduce el ausentismo electoral.

Hasta este punto la variable “pobreza” no he podido introducirla en el análisis dado que los datos sobre niveles de vida no son representativos a nivel distrital por la excesiva antigüedad de los mismos. Como se sabe, el año 2000 se presentaron dos mapas de pobreza, uno elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el otro por el FONCODES. Ambos mapas dependen del Censo de Población y de Vivienda de 1993 lo que revela su relativa inutilidad actual. El día de ayer 15 de agosto recién escuche a Farid Matuk, Jefe del INEI, revelar en el programa televisivo La Hora N (a cargo del periodista Jaime De Althaus) que el MEF le ha pedido a su institución que le elabore un mapa de bienestar a nivel de manzanas para el proyecto SISFOH el cual comenté en un artículo previo. Esta información novedosa aun no esta disponible para la sociedad a pesar que es información pública. Por esta razón he determinado realizar una regresión lineal con los datos de 25 regiones del país (tomando al Callao como una región más) utilizando el porcentaje de ausentismo como la variable explicada en tanto que las variables explicativas son el índice de masculinidad regional (artificio que relaciona el número de varones por cada mujer) y el porcentaje de pobreza calculado a partir de las Encuestas de Hogares, cuyo valor mas actualizado disponible corresponde al año 2004. La regresión lineal arrojó que el índice de masculinidad está relacionado de manera directa con el ausentismo mientras que el índice de pobreza tiene también una relación en el mismo sentido pero con un impacto mucho menor que la anterior variable (el coeficiente de determinación fue de 58.1%).

Discusión
El análisis realizado en este documento nos permite tener ciertas evidencias sobre las variables que se encuentran relacionadas con el ausentismo electoral en el Perú. Puede apreciarse que dadas las limitaciones de información mostradas es posible indicar que el ausentismo electoral se encuentra explicado fundamentalmente por la variable sexo por la categoría mujeres. Este resultado sin embargo es necesario observar con mayor profundidad ya que existen comportamientos sub regionales importantes que no han sido explorados en este documento. Por ejemplo, en la investigación que contribuí durante mi trabajo en la ONPE encontré a partir de los datos individuales de ausentismo que los departamentos ubicados en la cabecera nororiental concentran principalmente a los varones que tienen este comportamiento. En contraste, en los departamentos más pobres como aquellos ubicados en la sierra central sur son las mujeres las que explican el ausentismo electoral. Por lo general, estas mujeres son analfabetas y tienen una edad más longeva que el resto de regiones.

Respecto al problema de la pobreza el análisis realizado muestra evidencia de una dimensión adicional de ella: la política. Ser pobre en el Perú significa también una menor participación en los asuntos públicos y en la participación política. En ese sentido son aplaudidas -con cierta reserva- las iniciativas por integrar a la población a través de la reducción del costo de adquisición del Documento Nacional de Identidad (impulsados tanto por RENIEC como la ONPE). No obstante, el costo de adquisición no es el único ni el más importante para el poblador pobre de las zonas rurales del país. El costo más importante deviene del transporte para trasladarse hacia sus centros de votación durante las elecciones y junto con el la perdida de ingreso percibido por dejar de trabajar ese día. De aquí que sea explicable que la mujer “pague el costo” quedándose al cuidado de las actividades económicas mientras que el varón (o los varones si hay hijos) sean los que ejerzan su derecho al sufragio.

El tema de la educación aparece con un comportamiento muy particular. Ser analfabeto no es sinónimo de menor participación política necesariamente. De hecho parece tener una leve contribución hacia la mayor participación electoral. ¿Cómo explicar estos comportamientos tan disímiles? A nivel agregado solo tengo la hipótesis de que los procesos democráticos iniciados desde el gobierno de transición del Dr. Valentín Paniagua habrían repercutido en una mayor participación política a fines del gobierno de Alejandro Toledo. No es gratuito que haya existido una importante oferta electoral en el país para la primera vuelta. Sin embargo, para la segunda vuelta, el clima de polarización entre Lima y las regiones altoandinas al elegir entre Alan García y Ollanta Humala habría repercutido en un buen grado de participación electoral independientemente de los aspectos educacionales. En ese sentido la hipótesis de Nohlen de que en un clima de abierta competencia electoral y polarización entre dos únicas opciones explicaría la mayor participación ha resultado un tanto validada para el caso peruano en estas últimas elecciones.

A modo de conclusión
El ausentismo electoral en el Perú ha tenido un rostro básicamente femenino en nuestro país. Ello no significa que necesariamente este relacionado con problemas de pobreza o con falta de educación de parte de la población sino mas bien a procesos de exclusión social que no tienen nada que ver con la pobreza. En vez de esta última categoría de análisis resultaría más importante discutir el costo de subvención que se le impone a determinados grupos poblacionales para satisfacer un esquema democrático que puede estar haciendo “agua” por todos lados. Una propuesta mas integral en ese sentido no puede elaborarse a partir de las estrategias de desempeño de uno o tres organismos electorales sino más bien a partir de una redefinición del rol del Estado y sus relaciones con los ciudadanos de todas las zonas geográficas y clases en nuestro país. De esta manera el sistema político y el sistema electoral cobraran una dimensión más importante en la vida de todos los peruanos a fin de construir no una sino varias naciones integradas social y políticamente.

Bibliografía
- Alcubilla, Enrique (2000) "Abstencionismo electoral" en Diccionario Electoral. San Jose de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

- Nohlen, Dieter (1998) “Sistemas electorales parlamentarios y presidenciales” en Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. Págs. 145-185. México: Fondo de Cultura Económica.

- ONPE (2005) “El ausentismo electoral en el Perú: 1998-2002”. Documento de Trabajo Nº 10. Lima: ONPE.

- Tuesta S., Fernando (2003) “Abstencionismo y ausentismo, ¿son iguales?”, en Revista Elecciones Nº 2, Lima: ONPE.

Desigualdad social, Estado y órdenes tutelares

Introducción

La última gran estafa a la sociedad peruana es la idea de que estaba eligiendo entre Ollanta Humala, cabeza visible de un militarismo que pretendía enquistarse en el gobierno como una suerte de monarquía incaica fascista; y Alan García, símbolo manifiesto de la apuesta por la continuidad de la democracia moderna en nuestra sociedad. La verdad es que en ninguno de los dos casos el Perú ha escapado de tener a una de las sociedades artificiales más importantes del país por encima de nuestras libertades. En efecto, luego de haber ganado el Aprismo las presentes elecciones ha quedado claro que hemos dejado de lado el militarismo por el ala mas conservadora e influyente del catolicismo: el Opus Dei. ¿Qué consecuencias tendrá sobre el bienestar de la mayoría de los peruanos al haber escogido esta opción? ¿Se promoverá el incremento de la productividad de los factores de manera notable teniendo al frente al Opus Dei? ¿Mejorará notablemente la calidad de la educación pública en la provisión de valores de nuestros niños y adolescentes promoviendo una mayor comprensión de lectura que la mera repetición de rezos o cánticos? ¿Se promoverán políticas públicas a favor de la salud reproductiva y la prevención del sida? ¿Se integrará no solo a una, sino a la mayoría de sociedades multiculturales que conviven en el territorio que conocemos como Perú? En el presente artículo pretendo abordar algunas de estas cuestiones y trataré de dilucidar algunas consecuencias de esta alianza entre el Estado y la religión en el Perú.

Sociedades artificiales y reales

El Perú republicano no nació con raíces democráticas. Nació fundamentalmente dependiente de dos modelos de orden social, de dos tipos de orden tutelar: el militarismo y el catolicismo. Ambos ordenes tutelares emanan de las "sociedades artificiales" (Nugent 2005) que se han nutrido desde la Colonia fortaleciéndose mutuamente durante el Virreinato y reciclándose esforzadamente durante la República. Es interesante conocer como este binomio tutelar reclama para si un rol protagónico en el desarrollo de la sociedad peruana y en especial del Estado, a pesar que en la práctica, este rol no fue una empresa gratis para los peruanos.

Si evaluamos los periodos presidenciales en que los militares ostentaron el poder del Estado podremos apreciar que ellos fracasaron en su doble objetivo para el país: i) lograr un crecimiento industrial exitoso en base al reemplazo del modelo primario exportador por el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y ii) fomentar el bienestar de las mayorías poblacionales excluidas a través de la Reforma Agraria y la Reforma Educativa. Estos fracasos fueron agudizados por la incapacidad del gobierno militar de administrar el Estado con eficiencia frente a un mercado mundial cada vez mas globalizado y al incrementar de manera notable la carga de la deuda externa que todavía pagamos en la actualidad todos los peruanos. A pesar de estos resultados, la transición a la democracia se hizo de tal forma que ella les eximiese de la responsabilidad que determinaron sus acciones.

No tengo a la mano bibliografía que me permita realizar un balance similar para el caso de la Iglesia Católica. De hecho, no se puede decir que en algún gobierno de los últimos treinta años hemos tenido en la cabeza del Estado a una figura del clero católico. Parece ser que más bien ella siempre ha aparecido a la sombra del poder que estuviese al frente, sea que este se haya asumido democráticamente o sea que este se haya arrebatado a la democracia a través de un golpe de Estado. No obstante, quiero destacar como la Iglesia parece haber logrado con mayor eficiencia sus privilegios a través de los gobiernos más autoritarios. ¿A que me refiero con mayor eficiencia? Básicamente a la hipótesis de que en democracia le cuesta mas tiempo a la Iglesia introducir sus juicios de valor y exigir por este servicio (obligado por cierto) un rédito a favor. El instrumento por excelencia en ese sentido es el hecho de contar con el monopolio de la educación religiosa en las escuelas públicas. Sin embargo, esta es siempre una estrategia de largo plazo. Por el contrario, los beneficios alcanzados con mayor eficiencia se lograron a través del lobby tomando como pivotes a posiciones de poder ocupadas por figuras que estén comprometidas con la Iglesia, mas no necesariamente con su fe. Ejemplo de esta situación es el beneficio del financiamiento directo (a través del pago de salarios al clero, ver el Informe de Libertad Religiosa en el Perú 2005 de la Embajada de Estados Unidos) e indirecta (a través de las exoneraciones tributarias) que el Estado brinda a la Iglesia establecidas por el Acuerdo firmado por el gobierno del Gral. Francisco Morales Bermúdez y la Santa Sede del 19 de Julio de 1980.

Una pregunta que queda en el tintero es, ¿Por qué la sociedad no se indignó ante tal situación tan antidemocrática? Resulta pues que la sociedad tutelada, la real, no pudo cuestionar nunca con éxito a ambos órdenes precisamente por la asimetría de poder que las sociedades artificiales detentaban. El fracaso del cuestionamiento del orden tutelar se traduce con frecuencia en el éxito del fortalecimiento de las sociedades artificiales que la promueven. En el caso analizado, la firma del Acuerdo de 1980 entre el gobierno militar y la Santa Sede junto con la convocatoria a la Constituyente que dio lugar a un nuevo gobierno democrático son dos aceptaciones tácitas del fracaso del militarismo al frente del Estado. En otras palabras la transferencia de poder del militarismo de los setenta se dividió entre dos Estados: el Vaticano y el Estado peruano. Luego de 1980, ambos Estados cobraron igual o mayor importancia que la sociedad militar frente a la sociedad real peruana.

Mariátegui (1928) intenta explicar como es que hasta cierto punto este éxito en el manejo del poder de la Iglesia se debió por dos razones: la primera, que la naturaleza de la religión profesada por los antiguos incas era que la Iglesia era el Estado mismo; en tanto que la segunda razón, tiene que ver con el carácter monopólico que tuvo la Iglesia Católica en el manejo de la educación y la cultura de la sociedad conquistada que le permitió mezclarse con eficiencia en el ideario religioso nativo a través de "la absorción de antiguos mitos y la apropiación de fechas paganas". Aunque yo tomo como referencia esta lectura, en realidad creo que habría que buscar hipótesis alternativas. Lo cierto es que la Iglesia, de alguna manera u otra ha consagrado su poder tutelar de la sociedad moderna peruana de los últimos treinta años.

Podemos decir entonces, luego de lo discutido hasta este punto que cuando no ha habido conflicto entre las sociedades tutelares y la real es porque esta última ha discurrido dentro de los marcos de una democracia tutelada por las primeras. Pero cuando la sociedad real se ha escapado de sus márgenes, poniendo en cuestión sus principios y privilegios como sociedades auto centradas y mantenidas por el Estado entonces el tutelaje antidemocrático de ellas aparece brillando en todo su esplendor.

Desigualdades armónicas y chirriantes

Guillermo Nugent (2005) tiene una aproximación interesante para explicar la situación anteriormente descrita. Este autor intenta dar forma a un concepto de la desigualdad en el Perú alejándose de las populares concepciones minimalistas que utilizamos los economistas cuando tratamos de representar la desigualdad como un problema de distribución de los ingresos únicamente. Nugent mas bien intenta describir la desigualdad política que da pie a situaciones inequitativas en la sociedad peruana la cual tendría dos manifestaciones:

a) Las desigualdades armónicas , aquellas situaciones naturalmente desiguales pero que coinciden con el orden tutelar vigente y que por lo tanto no escandaliza a nadie permitiendo que la sociedad funcione como si ningún valor fundamental del ser humano haya sido violado; y,

b) Las desigualdades chirriantes , aquellas situaciones de desigualdad que hacen que una sociedad se indigne y cuestione puesto que, o bien cuestiona valores fundamentales del orden tutelar vigente, o bien ocurre que ellas, violando derechos fundamentales de los individuos, incurren en un exceso que ninguno de los ordenes tutelares tiene argumentos para defender y por lo tanto se ven fortalecidas las bases democráticas con lo que es posible construir una nación de ciudadanos. Ello supone que las sociedades tutelares reaccionen buscando recuperar la cuota de poder perdida frente a la desigualdad chirriante o bien haga concesión con la sociedad por temor de perder mayor terreno político ante la democracia.

Quiero utilizar este esquema propuesto por Nugent para explicar el diagnóstico que el reciente gobierno de Alan García ha realizado acerca del gobierno de Alejandro Toledo y explicar así la Alianza que habría establecido el gobierno aprista con la Iglesia Católica (aunque quizá sea lo mas propio indicar que es una alianza con el Opus Dei).

El gobierno de Toledo: una desigualdad chirriante

La asunción del gobierno por parte de Alejandro Toledo fue una situación muy particular en la reciente historia democrática de nuestro país. Nadie hubiera apostado que este ciudadano hubiera concentrado las esperanzas de transición democrática desde un penoso atardecer del gobierno autoritario a cargo del Fujimorismo. En realidad, el fue la ultima de varias opciones que logro sobrevivir a la maquinaria lapidaria del gobierno de Alberto Fujimori. Con los medios de información controlados a su antojo, cualquier liderazgo político que le ofreciera competencia era una opción chirriante frente al poder enquistado en el Pentagonito.

En efecto, puede interpretarse que las opciones políticas que florecieron a fines de los noventa (Alberto Andrade, Luis Castañeda Lossio, Alejandro Toledo, etc.) eran desigualdades chirriantes ante la sociedad (puesto que la mayoría apoyaba al Fujimorismo a pesar de todas las evidencias de corrupción que pudieran ventilarse en medios independientes en contra del orden tutelar establecido) y ante las sociedades tutelares. En contraste, el gobierno de Fujimori había representado para todos los estratos de la sociedad un clima de estabilidad y gobernabilidad que contrastaba notablemente con la desgracia del gobierno aprista entre 1985 y 1990. Fue luego del autogolpe de Estado aplicado por Alberto Fujimori, que el histórico binomio tutelar de la sociedad peruana volvió a cobrar renovada importancia. Personajes como Rafael Rey, Martha Chávez, entre otros, frente al Poder Legislativo en tanto que el Poder Ejecutivo se refugiaba en el Pentagonito son una clara muestra de cómo esto es así. Posteriormente, Cipriani, gracias al lobby organizado por Alberto Fujimori en Vaticano, logro acceder a la máxima autoridad de la Iglesia aquí en el Perú consolidando la Alianza que permitía una suerte de desigualdad armónica en el orden tutelar que contrastaba con la desigualdad chirriante de las opciones democráticas anteriormente descritas.

Cuando el régimen fujimorista finalmente se quebró, fruto de la exacerbación de la corrupción y la mafia en el Estado, el único candidato que no fue minado totalmente ante la sociedad fue Alejandro Toledo. Y practicamente por eso es que pudo competir en las elecciones presidenciales y ganar. Cinco años mas tarde, Doña Martha Hildebrandt, reseña que a Alejandro Toledo no le perdonaron nada ya que " era un cholo, chato y chueco, o sea que eran ya tres ch. Mucha ch eso no se lo perdonaron". Y tiene mucha razón. Pero tampoco le perdonaron varios pecados capitales que amenazaron con denuedo el orden tutelar, esta vez a cargo de la iglesia. El primer caso, la osadía de inaugurar su gobierno realizando un rito religioso incaico violando la tradición católica histórica asociada al Perú. El segundo caso, la clara asociación de Toledo con prominentes empresarios judíos no solo de Perú sino en altamar. El tercero, el hecho de que en su gobierno se promovió a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que en opinión de Cipriani le ocasionaron el mayor de los males a su casi santidad ganada en tierra cuando lo mas importante del informe es la documentación de la desgracia a la que fueron sometidos miles de peruanos principalmente de la sierra por la violencia política y social alimentada por el terrorismo. Finalmente, aunque quizá habría sido bueno destacarlo en primer lugar, el hecho de que Toledo no reconociera a Zaraí como su auténtica hija, un problema en el que la Iglesia habría buscado con claridad someter al presidente, ya sea tanto por detrás como al frente de las cámaras.

Todos estos hechos iluminados por la prensa, conciente o inconcientemente, irrumpieron en destacar que el factor desestabilizante de la sociedad peruana, de la democracia, de la gobernabilidad, de la economía, en fin de cuanto valor macro político, social o económico se trataba, se encontraba concentrado en una persona: Alejandro Toledo. No importaba si era ciertas o no. Lo importante era buscar los argumentos para sacarlo del gobierno ya que los avances democráticos logrados en él, atentaban abiertamente al orden tutelar establecido desde el Fujimorismo. Eran desigualdades chirriantes. El diagnóstico de fin de su gobierno por lo tanto no podía ser ajeno a este telón de fondo. El gobierno de Alejandro Toledo, a pesar de todos los logros obtenidos, especialmente en la esfera macroeconómica sensible al aplauso y reconocimiento abierto de los Agencias Multilaterales y los gobiernos desarrollados contrastaba dramáticamente con la reticencia de una sociedad anticholo.

El gobierno aprista: una desigualdad armoniosa tutelada

Así al cierre del gobierno de la chakana, cuando la sociedad le brindaba una aprobación de más del 50% de popularidad al presidente saliente, el Cardenal le propinó una serie de cuestionamientos sobretodo en cuanto al supuesto maltrato que la CVR dio al rol de la Iglesia Católica por el tema de la violencia política y los derechos humanos ocurridos en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Otras cuestiones a analizar del mensaje pronunciado por el Cardenal durante la misa de fiestas patrias son las siguientes:

En primer lugar el mensaje destaca el tema de la separación entre el concepto de indígenas e hispanos. Ya no existen ambos biotipos en el concepto de Cipriani. Solo existe el mestizo que comparte una sola patria y una sola fe al amparo de la Iglesia, por supuesto, la católica. Cabe destacar que esta aseveración puede haber estado orientada no solo a Toledo sino también al perdedor de la contienda política presidencial de junio de 2006: Ollanta Humala quien tuvo en su mensaje un fuerte contenido reivindicador de las razas de origen indígena por sobre las blancas o mestizas, un extremo anacrónico en nuestra sociedad, pero que sin embargo tuvieron un efecto positivo al lograr colocar a tres mujeres indígenas en el Congreso de la República. En segundo lugar, destaca el valor de la familia peruana. Este valor incuestionable deja de lado sin embargo la multiplicidad de categorías de hogares en nuestra sociedad a los que Cipriani no habría dedicado palabra alguna. En tercer lugar, destaca que el tema del capitalismo en nuestro país y como este ha generado una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza donde el Estado no debería limitarse a favorecer a "los ricos y poderosos" olvidando al resto de la población que bien podrían ser beneficiados por ejemplo a través de la promoción de políticas de empleo. Debe adicionalmente, según refiere Cipriani, administrar con austeridad los recursos obtenidos a través de los impuestos para que así tenga autoridad moral sobre la sociedad y gobernar en paz a todos los peruanos.

Lo curioso de las anteriores declaraciones no es la profundidad de sus razones esbozadas ya que estas han sido de dominio publico en estos últimos años a partir del cuestionamiento del modelo económico neoliberal ensayado por Fujimori en los noventa. Lo que llama mas bien la atención es la exacta coincidencia del Cardenal con el diagnóstico esbozado por el nuevo Presidente, Don Alan García Pérez, en ocasión su primer mensaje a la nación. En otras palabras, la actual política de austeridad promovida por el gobierno peruano fue inspirada o ratificada si se quiere por la Iglesia Católica. Esta observación quedaría zanjada allí nomás si no se hubiesen dado otros eventos con "alto contenido religioso" (como lo definió en algún momento el periodista Álvarez Rodrich) a partir de la inauguración del segundo gobierno aprista.

Políticas públicas aprista-clericales

Quiero enunciar las políticas públicas de origen aprista-clerical a través de la apertura de algunas preguntas orientadoras acerca del esquema de gobierno que nos esta presentando el APRA a toda la sociedad peruana. Estas preguntas son respondidas a manera de hipótesis que espero puedan promover contrastaciones con la realidad. Debo aclarar sin embargo que mi postura respecto de este tema no es la crítica expresa a los valores que rigen la fe católica o cualquiera otra. La libertad de creer o no creer es un derecho fundamental del ser humano y en ese sentido estoy a favor del principio de separación entre la Iglesia y el Estado como cualidad fundamental de los Estados modernos. Tengo tres importantes referentes bibliográficos para esta posición, los cuales expongo brevemente a continuación:

a) Teoría de la Justicia de John Rawls, tratado fundamental de la filosofía y la moral modernas donde este autor propone que "el Estado tiene que ser entendido como una asociación compuesta de ciudadanos iguales. El Estado no se ocupa de doctrinas filosóficas y religiosas, sino que regula la búsqueda que hacen los individuos de sus intereses morales y espirituales conforme a principios con los que ellos mismos estarían de acuerdo en una situación inicial de igualdad. Al ejercer sus poderes de esta manera, el gobierno actúa como representante de los ciudadanos y satisface las demandas de su concepción publica de la justicia" (Rawls 1971:202).

b) Derecho de la religión de Marco Huaco, un importante estudio en el ordenamiento jurídico peruano acerca del principio y derecho de la libertad religiosa donde presenta el caso explícito del reiterado rechazo de parte de Jesús por asumir un liderazgo político entre los judíos separando en cada una de tales oportunidades la esfera política de la religiosa. La celebre frase: "Dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios" pronunciada en ocasión de la confrontación acerca del problema del tributo implica, en opinión de Huaco, que "el ciudadano cristiano puede ser leal a sus obligaciones políticas ante el Estado pero no necesariamente seguir su religión oficial". Este ejemplo contrasta notablemente con el proceder de la Iglesia Católica que como institución cristiana -no solo en el caso peruano- ha buscado expresamente fundir la religión con el Estado.

c) Análisis económico del derecho, de Richard Posner (1998:631), quien expone como La Primera Enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos prohíbe que se establezca una religión o se obstruya su libre ejercicio. Posner expone como se traduce esta prohibición en términos económicos: por un lado impidiendo los subsidios públicos a cualquier religión y por el otro que el gobierno discrimine a la religión (o a cualquier secta en particular) mediante los impuestos. El efecto combinado es que el gobierno debe adoptar una postura neutral hacia la religión.

En resumen, el principio de la laicidad del Estado se presenta como un valor fundamental para construir una sociedad justa, libre y sin discriminación de ningún tipo, en especial la religiosa. Por lo tanto, las políticas que se proponen y ejecutan inspiradas en esta mezcla propuesta por el actual gobierno aprista son antidemocráticas, injustas y parcializadas. Se destacan las siguientes:

Política uno: Austeridad en el Estado para gobernar en paz a los peruanos

¿Qué es más costo eficiente para la sociedad peruana: recuperar los aproximadamente 600 u 900 millones de dólares robados por la corrupción del gobierno Fujimorista o mantener una política de austeridad en el sector público recientemente renovado que en el mejor de los casos significará un ahorro de 100 millones de dólares anuales? Creo que ambos casos debieran ser promovidos. Sin embargo, percibo que la primera opción es más eficiente que la segunda ya que esta última es por demás una propuesta demagógica puesto que el crecimiento natural del presupuesto anual del Estado diluirá con creces los ahorros propuestos por el mensaje presidencial. Una reforma que ayude a solucionar el problema de las finanzas públicas, tanto por el lado del financiamiento como por el lado del gasto debe seguir el curso emanado por la firma de un pacto fiscal entre todos los actores políticos de un país, un tema que ha dado tímidos pasos preliminares durante la gestión gubernamental anterior.

Política dos: Introducir la ética religiosa para incrementar la productividad sectorial

¿Cuál de las éticas religiosas promovieron con mayor éxito el crecimiento del capitalismo en el mundo? De acuerdo con el famoso estudio de Max Weber, "La ética protestante y el espíritu del capitalismo" esta ética es la protestante y no precisamente la católica. Aunque este es un viejo estudio que ha sido criticado desde varios puntos de vista legítimamente académicos, parece ser que estamos asistiendo a un experimento del gobierno aprista de la tesis weberiana ¿Por qué colocar a un legislador experimentado en cuestiones de moral y fe católica al frente del ministerio de la producción existiendo profesionales competentes en esta materia? ¿Se espera un impacto significativo en la productividad de buena parte de los sectores de nuestra economía? Al ser entrevistado Rafael Rey por RPP en su primer día al frente del ministerio de la Producción me quedó muy claro que este ciudadano estaba completamente desubicado. Lo suyo es la legislación. Por algo votaron más de 600 mil peruanos para que ocupara una curul en el Parlamento Andino. Pero sus acciones por encima del mandato popular, y en concordancia con el orden tutelar, solo pueden explicarse ante una prerrogativa que el solo se la pudo dar. No obstante, según las palabras de Rey, fue el APRA quien lo invitó a ocupar la cartera lo que a la luz de la juramentación de Alan García en nombre de la Iglesia Católica y su visita previa a la Catedral antes de la participación del "Te Deum evangélico" dan visos del establecimiento de una alianza entre el APRA y el Opus Dei. Es curioso apreciar que ninguno de los medios locales ha destacado abiertamente esta cuestión (lo que en la prensa extranjera si fue bien destacado). Muy diferente fue por ejemplo la asfixiante cobertura que le dio la prensa local en su momento a la alianza Perú Posible-Frente Independiente Moralizador y su impacto en las decisiones políticas tomadas durante por el gobierno de Alejandro Toledo.

Finalmente, ante la incapacidad de Rey para responder a asuntos mínimos que tienen que ver con su cartera, a los entrevistadores no les quedo más opción que preguntarle acerca de cuestiones de moral religiosa y política. Fue entonces que Rey se despachó con profunda convicción acerca de lo importante que es que 'la religión' se encuentre presente en las mentes de todo ciudadano a fin de que sus acciones se realicen con un mayor grado de comprometimiento. Manifestó su simpatía por la candidatura del pastor evangélico Humberto Lay Sun y comento muy brevemente acerca de las conversaciones preliminares que habrían tenido para repartirse las candidaturas de los municipios distritales entre ambos partidos.

Frente a esta situación tengo una hipótesis sobre el impacto de la gestión de Rafael Rey al frente del Ministerio de la Producción. Puesto que las acciones y el presupuesto que definen a este Ministerio realmente son accesorios (según la web de Transparencia Económica del MEF su actual presupuesto apenas alcanza el 0.26% del presupuesto general de la Republica) frente a las acciones y presupuestos que detentan otros ministerios como el de Comercio Exterior o el MEF, los resultados positivos de la gestión de estos últimos podrán ser atribuidos al supuesto éxito a la gestión de Rafael Rey. Espero que ello no origine resentimientos profesionales al cabo de unos cuantos meses entre los encargados de estas carteras y la de Rafael Rey, puesto que para eso esta la Iglesia, para armonizar desigualdades.

Política tres: Incrementar y consolidar la cuota de mercado político a través de una franquicia religiosa electoral

¿Cómo entiende a la religión el APRA? Realmente no he podido recolectar material relevante para este tema. Solo he podido conseguir algunos títulos a través de Google como para luego ir a la caza física de los mismos. Un primer elemento pero con poca información para responder a esta pregunta es el discurso de Haya de La Torre pronunciado el 8 de diciembre de 1931 donde enuncia que el aprismo es "como religión de justicia, como credo de libertad, es causa de acción, de lucha, de rebeldía, de batalla tenaz y perenne…". Un segundo elemento, es un estudio publicado por el Dr. Luis Alberto Sánchez llamado "Aprismo y Religión. El anti Rodó" (1933) que encuentro necesario revisar para entender e intentar dar una respuesta. El tercer elemento es mi particular observación de los hechos que rodean a Alan García, como Jefe de Estado, y las relaciones abiertamente dadas con las religiones mas importantes del medio: la católica y la evangélica.

La primera relación enunciada la hemos discutido no con abundancia, pero si con cierto detenimiento. La segunda sin embargo aparece un tanto complicada de comprender sin primero entender la relación establecida con la primera. Pueden ensayarse dos lecturas desde la teoría económica: la primera se basa en la idea de que el APRA entendería a la promoción de la competencia entre religiones como potencialmente buena para la sociedad; en tanto que la segunda se basa en la idea de que el APRA estaría comprando los derechos de acceso a un mercado cautivo por una religión diferente a la que comparte el poder para bloquear a su principal competidor político: Ollanta Humala. Como se sabe, este ciudadano fue el competidor más importante para el APRA en las últimas elecciones generales y tenemos a las puertas el sufragio que brindarán los ciudadanos en ocasión de las elecciones municipales este próximo 19 de noviembre.

Respecto a la primera idea, puede destacarse nuevamente el análisis económico realizado por Posner citado mas arriba. Este investigador observa que puesto que Estados Unidos tiene una férrea postura a favor de la separación entre Iglesia y Estado se podría esperar que sea una nación menos religiosa que naciones cuyos Estados financian no una sino varias confesiones a la vez. De hecho, este es el principal argumento que formula constantemente la Iglesia Católica en nuestro país para intervenir en políticas gubernamentales muy claras como por ejemplo la educación pública o la salud reproductiva. Pues Posner aprecia que este temor es infundado. Estados Unidos muestra una religiosidad más importante que las naciones europeas donde existen Estados que financian al menos una religión. Este fenómeno se explicaría de la siguiente manera: al reducirse artificialmente los costos de una secta en particular a través del financiamiento estatal se debilita la competencia religiosa. Las otras sectas tienen problemas para competir con la religión oficial; por lo tanto para el consumidor de servicios religiosos le resultará más difícil encontrar una religión que le acomode lo que puede conducirlo a buscar sustitutos no religiosos (p.631-632). Esta idea se aplicaría perfectamente en el caso peruano a partir de una exploración preliminar de la Encuesta Continua aplicada por INEI durante el primer trimestre del presente año que por primera vez incorpora la variable religión en su cuestionario. En efecto, de los aproximadamente 20 millones de peruanos para quienes aplica la pregunta ¿Qué religión profesa usted? Se encontró los siguientes resultados (estimacion propia en base a ENCO I trimestre 2006):

Puede apreciarse con claridad el monopolio evidente de la religión católica con más del 80% de la población que reporta confesarla. En cambio, las otras confesiones juntas apenas concentran un poco mas del 15% de la población bajo estudio. La pregunta que sin embargo se encuentra detrás de estos resultados es ¿Aquellos 16.3 millones de católicos confesos seguirán realmente los dictados que la Iglesia manda? La evidencia de los profundos problemas sociales que aqueja a la sociedad peruana daría indicios de que esto no es necesariamente así. Ni tampoco para el resto de las religiones. Por lo tanto existe una diferencia muy importante entre mencionar que uno pertenece a una determinada religión y el hecho de practicarla realmente. Con todo, este análisis es preliminar puesto que existen un conjunto importante de variables que nos permitirían indagar más profundamente sobre el significado de estos porcentajes en la realidad religiosa peruana.

Respecto a la segunda idea, se nota con claridad la importancia de la Iglesia Evangélica sobre el resto de confesiones no católicas. Este hecho habría motivado la atención de Alan García para establecer una alianza política o cuando menos un apoyo sutil a la candidatura de Humberto Lay que no menoscabe la relación establecida entre el primero y el Opus Dei. No obstante, una sencilla comparación entre el número de votos conseguido por Humberto Lay y el número estimado de miembros de la iglesia evangélica nos da cierta evidencia de que una buena parte de sus fieles no están sometidos a las preferencias políticas de su Iglesia. En efecto, solo un 26% de los fieles (quizás un poco menos pues no podemos atribuir el 100% de los votos a fieles de la Iglesia Evangélica) habría votado a favor de la candidatura presidencial de Humberto Lay. Sin embargo, este precedente es importante en la estrategia política del aprismo a fin de cerrar filas frente a la amenaza humalista, que ciertamente aparece cada vez con menos importancia política.

Recientemente Garavito realizó chirriantes declaraciones en contra de la candidatura de Lay Sun confrontándolo contra la Iglesia Católica de manera muy incómoda. Al margen de identificar estrategias de reconstrucción del partido de la chakana queda claro que la mezcla Iglesia Estado promovida por el gobierno aprista, el Opus Dei y determinados grupos de la Iglesia Evangélica está empañando seriamente los valores de justicia y libertad democráticos conformando una mezcla explosiva que puede provocar un endurecimiento del poder monopólico de la Iglesia Católica.

Política cuatro: Justicia y Pena de Muerte para los violadores

¿Por qué Alan García utilizó la cuestión de la pena de muerte como un elemento de la campaña política? En términos de justicia social, a todas luces, esta política no tiene sentido. En un país donde el poder judicial (que también tuvo su elevada dosis religiosa de inauguración bajo la Cruz y la hostia) se concibe como muy corrupto, o en el mejor de los casos, como con un elevado componente de costos de transacción que repercuten en el ejercicio muy lento de la investigación policial y por lo tanto en la aplicación eficiente y transparente de justicia, queda claro que no se esta haciendo una reforma social importante que elimine los incentivos a la criminalidad. Adicionalmente, se tiene conocimiento que en aquellos lugares donde se aplica la pena de muerte la incidencia criminalística que se pretendió inhibir no descendió significativamente respecto de los lugares que no la aplican. En cambio, se han probado como más efectivos aquellos programas que buscan la reintegración social de los criminales.

Conclusión

Los aspectos más profundos de estos temas de políticas publicas y religión pretendo explorarlos con mayor detenimiento en otros artículos puesto que no quiero perder de vista el asunto principal que motivo escribir este post tan extenso: cómo la mezcla de la religión con el Estado repercute claramente en la selección de políticas públicas sub-óptimas para resolver diferentes cuestiones y problemas de nuestra sociedad con un costo muy oneroso y desigualizante. En pocas palabras, injusto, chirriante. Quienes conciben una sociedad mejor en nuestro país podrán contribuir en diferentes niveles para hacer que no solo este gobierno sino los subsiguientes contengan una autentica convicción democrática y libre de cualquier tutelaje que siente las bases para un desarrollo económico y social mas duradero.

Bibliografía

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Huaco, Marco (2005) "Derecho de la religión. El principio y derecho de libertad religiosa en el ordenamiento jurídico peruano". Lima: UNMSM - UPeU.

Mariátegui, José Carlos (1928) "7 ensayos de interpretación de la Realidad Peruana".

Nugent, Guillermo (2005) "La desigualdad es una bandera de papel", en Perú Hoy; La desigualdad en el Perú: situación y perspectivas, desco, diciembre de 2005, pp. 203-226.

Posner, Richard (1998) "El análisis económico del derecho". México: Fondo de Cultura Económica.

Rawls, John (1971) "Teoría de la justicia". México: Fondo de Cultura Económica.

Sánchez, Luis Alberto (1933) "Aprismo y Religión. El anti Rodó." Lima: Colección Ensayos. Serie Trujillo.

Foto de Alan Garcia y Cardenal Cipriani rezando ante la imagen de la Virgen Maria tomada de la web de Radio Programas del Peru. 30/07/06.

Foto de Alejandro Toledo luego de inaugurar su gobierno en Macchu Picchu recibe regalos de cuzqueños que participaron de la ceremonia. Tomada de la web de la BBC de Londres.