De Soto: No va el TLC con Estados Unidos

De acuerdo con una reciente noticia de la agencia Reuters, el economista Hernando de Soto ve muy improbable que el Congreso Americano apruebe el TLC. Segun sus propias palabras:

Yo no soy nada optimista (...) Es complicadísimo y no tiene que ver con abracitos y besitos con el presidente (de Estados Unidos, George W.) Bush, sino con una ola de resistencia frente a la apertura del mercado estadounidense con relación a todos los países del mundo...

Esto se debería a dos fuerzas negativas que abonarían a este resultado: en primer lugar, el partido Demócrata estaría descontento porque el gobierno de Bush no incluyó cláusulas laborales más duras en el Acuerdo, mientras que algunos Republicanos estarían temerosos de que los productores textiles locales salgan perdedores. Tomando en cuenta este panorama, De Soto ha calculado cual es la probabilidad de éxito de que el Congreso americano apruebe el Tratado:

En los próximos seis meses, yo diría que (las posibilidades de que el TLC sea ratificado) andarían por el 30 por ciento...

Es una forma elegante de decir que tenemos un 70% de probabilidad que no se confirme el TLC. ¿Tendremos al menos una ampliación del ATPDEA? Al parecer nuestra mejora en el ranking mundial de competitividad está colisionando con el empeoramiento de la competitividad de Estados Unidos. Es interesante apreciar que los partidos americanos tienen como preocupación central los efectos de este tipo de acuerdos sobre sus trabajadores y sus productores... algo que de nuestro lado es inexistente: el único partido importante no se ha manifestado hasta la fecha en la mejora de los estándares laborales de los peruanos ni tampoco en la protección de sectores productivos clave para nuestra economía. Hay hermanos, mucho que trabajar en nuestro país.

En un plano mas específico de la persona de De Soto, no llama la atención las expresiones negativas de este economista respecto al éxito de las negociaciones del TLC puesto que, desde un primer momento, cuando fue elegido representante personal de Alan García para hacerse cargo de este issue el declaró que sólo el 2% de las empresas se beneficiarían de la firma del Tratado.

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Foto tomada de la web del Instituto Libertad y Democracia

Si Paniagua hubiera sido presidente…

Lamentablemente, el día de hoy lunes 16 de octubre, falleció el ex presidente Valentín Paniagua. El destacado político, fue el primer gobernante luego de dos gobiernos empañados por la crisis el primero, y el siguiente por la corrupción, que recibió la responsabilidad de restablecer las bases democráticas para un Perú mejor. Hizo lo mejor que pudo. Pero un año no era suficiente.

Su misión principal fue convocar a unas nuevas elecciones que tuvieran un certificado de nacimiento con calidad constitucional. Logró ese objetivo. No obstante, la transición democrática sobrepasaba sus límites, no tanto porque fuera un hombre menudo y sencillo, sino más bien porque la mayor parte del Perú ha aprendido a convivir con las formas de gobierno autoritarias al punto de creer que estas son mejores que las democráticas. Esta tarea, la de construir un Perú libre y democrático, la debemos asumir aquellos peruanos que como Valentín desean un futuro mejor para sus hijos.

Un presidente inesperado

Al pensar en el hecho de haberle brindado mi voto en las últimas elecciones presidenciales, me quedé un poco preocupado al constatar que habría pasado si hipotéticamente este hombre las hubiera ganado. De hecho, estaba muy lejos de alcanzar el sillón presidencial a través de estas elecciones, pero ¿Qué hubiera pasado si hubiera copado las preferencias electorales?

Como es evidente tendríamos que haber visto asumir el mando presidencial a Alberto Andrade, su primer vicepresidente. Este gordito bonachón tuvo una reconocida gestión como Alcalde de la comuna miraflorina y luego como Alcalde de la ciudad de Lima Metropolitana. En ambos espacios se encargó de darle calidad de paseo urbano a la ciudad aunque no resolvió los problemas de fondo: el comercio informal desbocado y la congestión del tránsito urbano. No me imagino al hermanón generando un escándalo político por reclamar algunas cuotas de poder sin ser rápidamente sofocado por la prensa que tenemos en la actualidad.

Quizá el organismo más importante creado durante la gestión de Andrade es el actual Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima (SAT). Esta oficina se creó para recuperar la capacidad de cobrar impuestos a la población y lo logró tal como queda demostrado por el incremento sostenido de la recaudación de los tributos que ella ha tenido. Es preocupante sin embargo que una parte importante del monto global de la recaudación se componga de los ingresos no tributarios que representan la otra cara de los cobros judiciales que en muchos casos son leoninos, tal como lo ha reportado repetidas veces la prensa. A pesar de lo señalado, creo que esta experiencia de Andrade le habría servido para establecer una política de reforma tributaria que haga pagar a las empresas lo que es lo justo y no me parece que hubiera estado pasando la bolsita de mendigo como lo hizo el Primer Ministro hace poco.

Y si fulano de tal hubiera sido...

Extrapolando este sentimiento de ¿Si hubiera sido Presidente fulano de tal…? Me puse a pensar que habría pasado si otras personas hubieran asumido el gobierno durante los procesos electorales previos a las crisis vividas de fines de los ochenta y los noventa.

En primer lugar, en vez de Alan García habríamos tenido como Presidente al líder de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes. A pesar de que diversos estudios han demostrado que existe el fenómeno de reversión en el voto para la segunda vuelta electoral (Pérez-Liñán 2002), este hombre, frente a la tensa situación que se vivió luego de la primera vuelta electoral por causa de las acciones del terrorismo (ya que ninguno de los dos candidatos había logrado la mayoría de votos), decidió no participar de la segunda vuelta electoral. Con esta decisión dejó el camino libre para que el Aprismo inaugurara un periodo de gobierno que superara los grandes problemas que aquejaban al país. Sin embargo, esto no fue así: el PBI per cápita pasó de S/. 4675,7 a S/. 4055,0 (en nuevos soles de 1994) y la inflación de 158.3 a 2775.3 anual. Por otra parte, el problema del terrorismo se trasladó desde las áreas rurales hacia las urbanas ocasionando un fuerte temor y desazón en la población. ¿Habrían sido distintos los resultados de un probable gobierno de Barrantes? Es probable que sí. Tuvo una gestión reconocida en la Alcaldía de Lima Metropolitana (creó el Programa Vaso de Leche en su fase experimental el cual tuvo resultados positivos que luego fueron desfigurados al masificarse) pero al igual que Andrade se topó con la premisa que no necesariamente el ser alcalde de la ciudad más importante del Perú te predispone a ser Presidente de la República.

En segundo lugar, en vez de Alberto Fujimori, habríamos tenido al primer presidente "de lujo" de los últimos treinta años: Mario Vargas Llosa, escritor de novelas (recientemente voceado para obtener el premio Nóbel de Literatura) y representante de la clase media liberal de los noventa que fue apoyado por la élite durante las elecciones de 1990; tuvo la desazón de ser derrotado políticamente por un ingeniero agrónomo –entonces desconocido- gracias a una efectiva campaña de desmantelamiento del poco honor que le quedaba a los políticos notables de aquella época. Parece ser que independientemente de quien fuera el que asumiera la Presidencia en 1990, el modelo neoliberal iba a ser implementado. La diferencia se encontraba en cuales habrían sido los indicadores macroeconómicos y macro sociales heredados por un eventual gobierno de Alfonso Barrantes para ejecutar las políticas del Consenso de Washington y en el ofrecimiento de MVLL de que se iba a implementar un programa de ajuste gradual en vez del shock económico que Fujimori finalmente ejecutó. Cada pueblo merece, los gobernantes que tiene. Eso es lo que parece decirnos la historia.

En tercer lugar, en vez del segundo gobierno de Alberto Fujimori habríamos tenido al segundo presidente "de lujo" de las tres últimas décadas: el Dr. Javier Pérez de Cuellar. Abogado y diplomático de renombre, dos veces Secretario General de las Naciones Unidas y quizá uno de los intelectuales de fama mundial que habría merecido el Premio Nóbel de la Paz por su contribución en la solución de los conflictos que se dieron durante su gestión. Este hombre, también fue aplastado por la maquinaria fujimorista, postergando opciones de desarrollo notables para nuestra sociedad. No dudo que este personaje habría apostado no sólo por los valores democráticos sino también por una profunda política a favor del incremento del capital humano de la mayoría de los peruanos que a la larga habría permitido a la sociedad integrarse en un equilibrio de alto nivel, haciendo contraste con el diagnóstico actual del Profesor Figueroa sobre la educación en nuestro país.

Finalmente, es probable que Alejandro Toledo hubiera tenido un competidor político más atractivo que los que tuvo en su época. El rechazo sistemático de la población hacia los líderes más notables hizo que estos últimos vieran poco atractivo seguir en la brega política así que solo tenía como competidor a un candidato autoritario. En palabras de economista diría que el mercado de ideas políticas se había malogrado y esto inhibió que los intelectuales compitieran en este mercado. Solo había lugar para la competencia entre personajes como Fujimori, que era mejor que cualquier otro político farandulero en ese momento. Esta puede haber sido la razón por la que la gente finalmente votó a favor de Alejandro Toledo permitiendo que ascienda al sillón presidencial: el era también un farandulero (en el mas correcto sentido de la palabra: el niño pobre y cholo de cabana que había estudiado en los Estados Unidos) con la diferencia que venía desde la academia (pues fue profesor de Finanzas y Contabilidad de la Escuela de Administración de Negocios). Con todo, si Toledo hubiera sido la mejor presidenciable y que hubiera asumido el mando luego de los gobiernos de Barrantes Lingán, Vargas Llosa y Pérez de Cuellar, él habría tenido un desafío más importante que sólo administrar el equilibrio de las cuentas macroeconómicas: elevar el nivel de bienestar social ya logrado por las anteriores administraciones.

En resumen, creo que habríamos tenido un mejor Perú si los personajes señalados hubieran sido presidentes. No obstante, como hemos visto, los grandes líderes de la sociedad fueron sistemáticamente rechazados por la población peruana por la incapacidad de ellos para conectar con sus necesidades y expectativas. No creo que la culpa haya sido de García o Fujimori. Creo que la semilla democrática sembrada en la Constitución de 1979 no tuvo las condiciones económicas y sociales suficientes para dar paso a la competencia política de los mejores. Siempre hemos tenido en competencia a un político de calidad y un político de tercera, y cual si fuera una reformulación de la famosa ley de Gresham diría: "el político de mala calidad siempre desplaza al de buena calidad". Esa es mi argumentación central pues, sumando a los gobiernos ya revisados, el segundo gobierno del Arquitecto Belaúnde Ferry, tenemos un abanico de presidentes con gestiones que dejan mucho que desear.

Ahora tenemos por partida doble al Dr. Alan García. Un poco más viejo, algo aristocrático, reciclado con las formas modernas, proclama ser un hombre responsable y maduro con el gobierno que la sociedad le ha encomendado. Aunque no es un intelectual reconocido, trabajó a los pies de uno de ellos así que, si las cosas las hace bien estos próximos años, es probable que proclame el 28 de julio de 2011 que la competencia política electoral puede ser nuevamente de los mejores. Como ya enseñara Maurice Duverger (1957: 451-452) es preciso reemplazar la fórmula "gobierno del pueblo por el pueblo", por ésta: "gobierno del pueblo por una élite salida del pueblo". Es mejor así. Don Valentín ya lo ha demostrado.

Bibliografía

- Pérez-Liñán, Aníbal (2002) "La reversión del resultado en la doble vuelta electoral: Una evaluación institucional del Balotaje". Department of Political Science - University of Pittsburgh.

- Duverger, Maurice (1957) "Los partidos politicos". México: Fondo de Cultura Económica.

La fotografía ha sido tomada del diario El Comercio de hoy día.

Sobrecostos electorales en el Perú

Conforme nos vamos acercando al día central de las elecciones municipales y regionales, los medios comienzan a exponer con mayor frecuencia las incoherencias de nuestros organismos electorales, tanto por el principio que las define como por el que postula sus relaciones. Los dos puntos que quiero destacar en el presente artículo son: la posibilidad de revisión de los fallos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por parte del Tribunal Constitucional y la política de fiscalización del Jurado sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Argumentaré que si bien es cierto que en el primer caso el Jurado tiene la razón por fundamentos legales y económicos; en el segundo caso, no tiene razón alguna porque genera sobrecostos en la administración de los procesos electorales.

El primer problema está relacionado con la naturaleza del JNE: según la Constitución de 1993 el Jurado es la máxima instancia jurídica en materia electoral. Conocida esta declaración ¿Cabe la posibilidad que las resoluciones del JNE sean revisables? De acuerdo con el propio Jurado, basándose en la ley de leyes, no. Cabe recordar sin embargo que esta consideración surge como consecuencia práctica de independizar el derecho electoral del derecho público dado que:

…existe legislación especializada –criterio legislativo-; porque se han instituido tribunales electorales especializados –criterio jurisdiccional-; porque, aun cuando escasa todavía, existe literatura jurídica especializada en la materia –criterio científico-, y porque en las instituciones educativas donde se imparte la profesión jurídica existen asignaturas especializadas en el tema. Finalmente, porque el derecho electoral ha estructurado su propio lenguaje científico; el significado de las voces usadas no puede buscarse con éxito en los diccionarios de consulta ordinaria, sino únicamente en los especializados en esta rama del conocimiento. (Nohlen y Sabsay 1998: 16-17)

Lo interesante de estos argumentos es que la autonomía del derecho electoral pareciera sostenerse en la observación del notable grado de desarrollo que han alcanzado las diferentes dimensiones señaladas por Nohlen y Sabsay; algo que sería cuestionado indudablemente si de pronto habláramos del desarrollo de una rama extraña y sutil como por ejemplo, el derecho militar. En el fondo, ambos autores están esbozando un argumento económico antes que legal: la especialización del conocimiento en materia electoral ha permitido consolidar a una determinada oferta de organismos públicos, facultades universitarias, especialistas y normas legales que dan vida al mercado de servicios electorales demandados por los ciudadanos y los actores políticos que participan en él.

Seguir este último criterio sin embargo, puede ser perjudicial en el futuro en términos de la masa burocrática que generaría al interior de la administración pública. Imaginemos, por ejemplo, que cualquier otra rama del derecho público se desarrolle notablemente sobre un objeto o problema en particular, digamos la justicia militar. Una vez logrado un grado de desarrollo importante, esta rama del derecho puede declarar en el futuro su autonomía y originar en consecuencia instancias de administración paralelas al poder judicial con sus respectivas reglas de juego, violando finalmente el principio de unidad de la función jurisdiccional que rige a todo Estado moderno.

No obstante, no es lo mismo hablar de justicia militar que justicia electoral. En el caso del JNE, y de los organismos electorales equivalentes en el resto de países de América Latina, se justifica este principio no solo por criterios económicos sino también porque "…existen unas leges imperii de la democracia que son las normas electorales… que son las que determinan la propia legitimidad del que asciende al poder" (Cabo de La Vega, 1994:96). De aquí concluiría que, efectivamente, el JNE tiene toda la razón para defender su autonomía en la esfera de la justicia electoral. Conservarla, garantiza la eficiencia en la administración de justicia electoral.

Sin embargo, a pesar de esta declaración, el Jurado no es consecuente con el principio de especialización, pues como mostraré a continuación, este organismo incurre en el mismo problema que le ocasiona el Tribunal Constitucional, cuando viola la autonomía del resto de organismos electorales en las funciones que la Constitución les ha conferido, en especial, la ONPE. En efecto, de acuerdo con el capítulo XIII de la Carta Magna de 1993, mientras que el JNE administra justicia en materia electoral y fiscaliza la legalidad de las elecciones (artº 178), la ONPE está encargada de la organización y ejecución de los procesos electorales (artº 182) en tanto que el Registro Electoral de Identidad y Estado Civil (RENIEC) es el organismo responsable de elaborar y mantener el padrón electoral (artº 183).

Ocurre que cada vez que se inicia un proceso electoral, el JNE interviene ya sea anulando o modificando varias de las resoluciones que emite la ONPE, sin importar las razones técnicas que esta última exponga. Este comportamiento del Jurado está ocasionando sobrecostos económicos en el funcionamiento del conjunto de organismos electorales incentivado por el objetivo institucional de recuperar las funciones técnicas que le fueron separadas durante la reforma constitucional de 1993 [i]. El instrumento eficaz para implementar esta estrategia de recuperación de las funciones técnicas (o la fusión de los organismos electorales) ha sido la interpretación desmedida de la implementación de la función fiscalizadora de la legalidad de las elecciones.

En efecto, el rol fiscalizador de la legalidad de las elecciones asignado al JNE es un papel sin antecedentes previos a la reforma constitucional de 1993 [ii] e inexistente en el derecho electoral internacional comparado. Esta función, no es necesaria, puesto que en vez de incrementar el valor público a su función jurídica en materia electoral, la disminuye [iii].

Es decir, al comprometer la función administrativa con la función jurisdiccional crea sobrecostos en el funcionamiento del sistema electoral [iv] cada vez que se organizan elecciones, lo que repercute en la pérdida de confianza de la población y de los actores políticos en el quehacer de los organismos electorales. Esta situación es similar en cierto sentido a la observada en el pasado cuando el JNE concentraba todas las funciones administrativas, técnicas y jurídicas lo que daba como resultado que el cómputo de los resultados electorales demorara un tiempo mayor al esperado con el consiguiente malestar de la población y de los actores políticos [v].

Uno de los eventos más significativos que ejemplifica el fenómeno de encarecimiento innecesario de un proceso electoral por causa del comportamiento del JNE fue el problema del diseño de la cédula de votación de las elecciones generales 2006. La ONPE resolvió que la solución técnica más efectiva para administrar tres elecciones paralelas y complejas era diseñar dos cédulas de votación por separado: una, para la tradicional elección presidencial y parlamentaria, formato que la mayoría de la población ya se encuentra acostumbrada a usar; y la otra, para las elecciones de representantes para el Parlamento Andino.

Luego de que este organismo hiciera las coordinaciones y consultas respectivas sobre la viabilidad del instrumento con los distintos actores comprometidos ( i.e. los partidos políticos), se procedió con la impresión de los materiales a un costo aproximado de 6 millones de nuevos soles. Sorpresivamente, el JNE, contraviniendo el principio de autonomía constitucional de la ONPE acerca de su función organizadora de elecciones, emitió una resolución anulando las cédulas de votación ya impresas. El hecho generó toda una polémica ante la opinión pública sobre cual organismo electoral tenía la razón, hecho que terminó sin resolverse finalmente ya que cualquier arreglo tendría que pasar primero por una reforma constitucional, asunto que hasta en la actualidad es voceada pero todavía no es asumida con seriedad.

Una fuente adicional de los sobrecostos de organizar un proceso electoral se encuentra en la propia Ley Orgánica de Elecciones (LOE), al imponer procedimientos técnicos onerosos en el organismo que tiene de por sí la mayor carga de funciones técnicas relativas a una elección. En efecto, un caso claro de lo mencionado es el mecanismo de selección diferenciado que tiene uno y otro organismo para conformar el personal de su respectivo organismo descentralizado durante la implementación de un proceso electoral [vi]. Mientras que los miembros de los JEE son elegidos bajo mecanismos discrecionales por la Corte Superior de la circunscripción electoral correspondiente (artº 45 de la LOE), la ONPE se ve obligada, por la misma ley, a realizar un concurso público a nivel nacional para conformar su personal, para lo cual tiene que montar una estructura costosa e innecesaria para realizar la selección de los postulantes. Desde un punto de vista técnico, esta obligación brinda enormes oportunidades al JNE para que aplique su política de fiscalización sobre la ONPE, lo que conduce a potenciales conflictos que pueden atraer los faroles de la prensa y generar desconfianza en la población por una supuesta ineficiencia en el ente electoral.

Finalmente, durante épocas no electorales, el JNE, consecuente con su lucha por recuperar las funciones técnicas que le fueron quitadas, está duplicando la estructura organizativa de la ONPE, siendo este último organismo el que tiene la responsabilidad efectiva de las actividades técnico-operativas que corresponden a la administración de un proceso electoral, según la Constitución [vii]. Un efecto de esta política del Jurado es que el número de personas contratadas bajo el Cuadro de Asignación de Personal de ambos organismos es similar (108 para el caso de la ONPE y 125 para el JNE. Fuente: Web de Transparencia de ambos organismos electorales) siendo que la ONPE debe realizar actividades de previsión logística durante épocas no electorales y el Jurado, en el mejor de los casos, tendría que tener acciones legislativas mínimas que mejoren la eficiencia de los procesos electorales resolviendo cuellos de botella como las señaladas en el presente artículo, cosa que al parecer no asume.

En conclusión

Los casos señalados son apenas una pequeña muestra de cómo el particular diseño de los organismos electorales así como las funciones atribuidas a cada uno de ellos de acuerdo con la ley (incluyendo la actual Constitución Política y Ley Orgánica de Elecciones) ocasiona sobrecostos en el funcionamiento del sistema electoral. Tal como lo señala Fernando Tuesta Soldevilla, invertir en democracia tiene un costo: organizar elecciones (2004:153).

Sin embargo, yo añadiría que es preciso hacerlo a un costo razonable incorporando criterios de equidad (tomando en cuenta la carga operativa de trabajo de cada uno de los organismos electorales), eficiencia (tomando en cuenta la implementación de un proceso electoral, focalizando recursos escasos en la tareas inherentes a ella) y valor público (tomando en cuenta las expectativas de la población). La oportunidad de una reforma constitucional está a las puertas y es necesario que la materia electoral sea afinada por el bien de la representación justa y efectiva de la voluntad popular en las futuras elecciones que se lleven a cabo.

Bibliografía

• Díaz, Walter (2000) "El derecho electoral en el Perú". Lima: Palestra Editores S.R.L.
• Cabo de la Vega, Antonio de (1994) "El derecho electoral en el marco teórico y jurídico de la representación". Instituto De Investigaciones Jurídicas Serie G. Estudios Doctrinales, Núm. 152. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
• Mark H. Moore (1995) "Creating Public Value Strategic Management in Government". Harvard University Press.
• Nohlen, Dieter y Daniel Sabsay (1998) "Derecho electoral" en Tratado de derecho electoral comparado en América Latina Dieter Nohlen, Sonia Picado y Daniel Zovatto compiladores. México: Fondo de Cultura Económica.
• Tuesta Soldevilla, Fernando (2004) "La democracia tiene un costo: hacer elecciones" en Revista Elecciones Nº 04, diciembre. Págs. 153-168. Lima: ONPE.

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[i] Véase para ello el elocuente dossier del JNE (2001) "Razones para una unificación - Opiniones y análisis de juristas". Lima: JNE. O en su defecto, revise la sección Historia del JNE de la web institucional de este organismo donde declara: "Actualmente, el JNE lucha por su unificación… mientras que su visión es constituirse como el ente electoral unificado".

[ii] En lo tocante a la configuración de organismos electorales con competencias jurídica y administrativa separadas. No obstante, el control legal y técnico siempre estuvo a cargo de los personeros de los partidos políticos que se encuentran presentes en cada una de las etapas del proceso electoral, los observadores nacionales e internacionales, así como también los supervisores de la Defensoría del Pueblo.

[iii] Moore, Mark (1995). No se puede decir lo mismo para el llamado Pacto Ético Electoral promovida por el Jurado que busca centrar la campaña electoral de los partidos políticos en ideas y programas contribuyendo a que el ciudadano emita un voto informado.

[iv] Se entiende como sistema electoral al conjunto de reglas técnicas de una elección que traducen los votos en escaños o cargos de gobierno (Nohlen, 1998:145).

[v] Sin contar con el hecho de que no se conocen estadísticas agregadas de diversos problemas técnicos adicionales que dan cuenta de la ineficacia del JNE: confusión en las listas de postulantes a las elecciones municipales de 1992, porcentaje de error material, etc.

[vi] En el caso del JNE se llama Jurado Especial Electoral (JEE) mientras que en el caso de la ONPE se denomina Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

[vii] De acuerdo con la Ley Orgánica Electoral vigente, la ONPE se encarga de la Planificación, organización y ejecución de procesos electorales, la preparación de los Kits electorales y la verificación de firmas, la Asistencia Técnica a Partidos Políticos y la Supervisión de Fondos Partidarios. Por su parte, el JNE se encarga de la Administración de Justicia Electoral y la Fiscalización de la legalidad de los procesos electorales.

La política de financiamiento público a los partidos políticos en el Perú

Introducción

El presente artículo tiene por objetivo realizar una evaluación de los potenciales beneficios de invertir en partidos políticos en nuestro país frente a los costos de financiarlos desde el Tesoro Público. Se plantea la tesis de que los beneficios que se obtendrían a favor de los pobres, a través del financiamiento directo a los partidos políticos en época no electoral, excederían de manera importante los costos en los que incurriría la sociedad. Esta es una condición necesaria mas no suficiente como se vera en el artículo. Para ello, se realiza una breve discusión teórica sobre los fundamentos del financiamiento directo a partidos políticos desde el Estado contrastando con la posición liberal de que los partidos deberían ser financiados únicamente por los militantes de cada uno de ellos. Luego se realiza una evaluación del rol cumplido por los partidos políticos en nuestro país frente a los crecientes movimientos de protesta social que se han venido dando en los últimos años. Finalmente, se realiza una cuantificación, grosso modo, de los costos que significan al país el financiamiento de partidos contrastando con los beneficios esperados que se tendrían por lograr que ellos se fortalezcan y logren canalizar las urgentes demandas sociales del país.

Partidos políticos y financiamiento político

Los partidos políticos son reconocidos como instituciones fundamentales de la democracia de las sociedades occidentales modernas. Ellos son una suerte de bisagra de la política y la sociedad. Tal como lo señala Woldenberg (2003:17)

... el desarrollo de la vida democrática, que incluye procesos electorales regulares y permanentes, hace de los partidos unas maquinarias que echan sus raíces en un doble sentido: en el Estado, porque están enclavados en muchos de sus espacios y procesos, sobre todo como actores centrales del Poder Legislativo y el Ejecutivo: y en la sociedad, pues se han convertido en espacios insustituibles para la expresión y el procesamiento de intereses de franjas importantes de ciudadanos.

En efecto, si los partidos políticos son la bisagra entre el Estado y la sociedad, los recursos financieros son el ‘aceite’ que facilita su interacción. Por lo general, esta relación no ha estado exenta de problemas principalmente por el protagonismo que han cobrado los procesos de corrupción, clientelaje y diversas formas recicladas de populismo. Estos problemas han sido materia de estudio por diversos economistas llegando a comprobarse, por ejemplo, que los países con mayores índices de corrupción tienen un menor grado de inversión y por lo tanto se han desarrollado menos (Mauro, 1995).

El problema de que los partidos desempeñen su rol en el marco de este sistema político y social es quien paga y cómo lo hará. Las ideas republicanas proponen que la sociedad debería financiar a los partidos políticos a través de los impuestos para que estos puedan cumplir su rol como canalizadores de las demandas sociales que se forman en ella. Esta propuesta no excluye la posibilidad de financiamiento privado bajo determinadas reglas de juego[i]. En contraste, los teóricos liberales argumentan que el financiamiento de un partido político debe depender únicamente de los recursos provistos por sus militantes y por lo tanto deben obligarse a ellos. Nadie debería estar obligado a financiar con sus impuestos a partidos políticos con los cuales no comparte su ideología[ii]. No obstante, hay algunas cuestiones distintivas de nuestro país que, en mi opinión, harían inaplicable el segundo esquema propuesto: la informalidad y la pobreza. Explicaré a continuación porque ambos fenómenos se oponen a la propuesta liberal[iii].

Para comenzar, señalaré que nuestra sociedad no se encuentra organizada en torno al concepto de empleo digno o de calidad. Históricamente, hablando principalmente de las sociedades europeas, la población ha visto surgir a los partidos políticos sustentado en una base laboral. Los trabajadores se agruparon y organizaron en sindicatos al interior de una empresa (manufacturera principalmente) y posteriormente al interior de una rama económica para reclamar por diversas mejoras en sus condiciones laborales. La consecución de varias victorias sobre los derechos laborales dio paso a una lucha que, de la mano de los partidos políticos, trascendió hacia el reclamo de los derechos civiles y sociales de todos los ciudadanos. Este proceso inevitablemente condujo a un fenómeno no previsto por Marx, el aburguesamiento de la mano de obra. Llegado a este punto, la razón histórica de existir de los sindicatos se vio cuestionada. Muchos se reciclaron con nuevos objetivos y otros sencillamente desaparecieron.

A diferencia de las sociedades europeas, en el Perú, los partidos políticos no se organizaron sobre la base del trabajo. La razón que explica esta situación es que en nuestro país no existía una economía capitalista propiamente dicha. El único partido organizado en nuestro país, el APRA, no se asentó específicamente sobre la base trabajadora peruana, sino más bien en la ideología anti imperialista americana y la nacionalización de las tierras e industrias de los países latinoamericanos. Estas ideas encontraron apoyo en los trabajadores cañeros del norte peruano que junto con los pequeños agricultores, comerciantes, artesanos y el proletariado azucarero constituyeron la base social electoral del APRA (Alcántara y Freindenberg 2003: 413-414).

Cuando las propuestas políticas apristas y las de sus competidores (tanto de las vertientes de izquierda como las de derecha) fueron enterradas con la crisis económica, política y social de fines de los ochenta, ya las clases trabajadoras habían dejado de existir al quebrarse el modelo de industrialización implementado durante los cincuenta. Por lo tanto, los partidos políticos tuvieron que fundarse sobre nuevos conceptos y nuevos peruanos: la antipolítica, la informalidad y la pobreza. Desde este punto de vista, Alberto Fujimori no fue quien promovió estos conceptos, sino mas bien todo lo contrario, el fue el resultado natural de una sociedad que ya se había desconectado de la política por habérsele negado la oportunidad de acceder masivamente al empleo de calidad como forma de organización social en un modelo pre capitalista. Así, el discurso de la antipolítica de Fujimori (Teivainen, 2001:169) fue netamente un producto de la historia de la crisis de industrialización peruana de la primera mitad del siglo XX.

El éxito del gobierno fujimorista al controlar eficazmente la hiperinflación a partir de la implementación de las políticas económicas neoliberales consagradas en el Consenso de Washington, permitió que la sociedad tuviera estrategias de supervivencia más o menos exitosas a través del empleo generado en la microempresa. El problema fue que estas iniciativas tuvieron lugar en medio de un mar de pobreza: más del 50% por ciento de los peruanos tenían tal condición a principios de los noventa. Esta situación ha tenido consecuencias políticas indeseables: el arreglo de un gobierno autoritario o seudo democrático con una economía neoliberal que no se contradecía con el surgimiento de un neopopulismo (los programas sociales focalizados en los pobres) que prescindía de la representación política para obtener favores del Estado.

Hoy en día, los trabajadores del sector microempresarial de las áreas urbanas (antes conocidos como informales) son la principal fuerza de trabajo y electoral del país. Ellos junto con las poblaciones campesinas rurales al margen del capitalismo, son la base que explica la permanente debilidad de los partidos políticos para cumplir su rol democrático durante los periodos no electorales. No son los intermediarios entre el Estado y la sociedad. Es por esta razón que sólo existe identificación con los partidos durante periodos electorales pero sobre la base de valores muy básicos, como el ser indígena, el ser un ex pobre, el ser mujer, el ser militar, el ser carismático, en suma, el ser un outsider o un antipolítico.

La anterior discusión plantea entonces una deficiencia extrema del sistema político peruano que es la tesis principal que sostengo: la inviabilidad de que existan partidos políticos que intermedien entre la sociedad y el Estado ante la inexistencia de un sistema capitalista que promueva el empleo de alta productividad[iv]. Los partidos políticos aparecen únicamente durante periodos electorales y luego desaparecen durante los periodos no electorales. Concurren con la población a las urnas, pero luego, no existen más. Desde este punto de vista, la ley de partidos políticos y la política de financiamiento político contenida en ella son condiciones necesarias para el desarrollo de nuestra sociedad y la consiguiente eliminación de la pobreza; pero no constituyen acciones públicas suficientes. Debe estar acompañada de una política que promueva el crecimiento económico y social del resto de nuestra sociedad en base al concepto del empleo de alta productividad.

Protestas sociales y externalidades

Un movimiento de protesta social, es aquella protesta, reclamo, o paro de un grupo poblacional que se convierte en un hecho político. A menudo, este hecho político logra colocarse en la agenda económica del Estado y condiciona las decisiones que se tomarán en una determinada materia. Puede entenderse que un movimiento esta organizado informalmente por individuos u organizaciones dedicados a cuestiones de tipo ambiental, político o social con la finalidad de lograr un cambio social. Los movimientos de protesta social han sido estudiados por diversos investigadores, entre ellos sociólogos como Bordieu, pero pocas veces han sido analizados por economistas, a pesar de los impactos económicos que ellos provocan.

Se considera que los movimientos de protesta social surgen ante una falta de representación de los partidos políticos frente a los intereses de la sociedad. Existe un divorcio entre las protestas sociales y la representación política. Muchos de estos movimientos conducen a hechos de cierto grado de violencia que eventualmente terminan ocasionando costos de reparación importantes para la sociedad aparte de las pérdidas ocasionadas en términos de infraestructura publica y privada así como también en horas hombre de trabajo y los costos adicionales asociados por la movilización de las fuerzas del orden para contener este tipo de protestas cuando se vuelven importantes.

Desde el punto de vista económico, puede decirse que los movimientos de protesta social han surgido históricamente como una expresión de la pugna distributiva por los recursos generados por el crecimiento económico. Las clases trabajadoras incrementaran sus demandas expresadas a través de las huelgas por una mejora en la calidad de las condiciones laborales cuando se percibe que hay una mejora en el crecimiento económico. En contraste, cuando el ciclo económico entra en una fase recesiva las protestas descienden. Tomando en cuenta este fenómeno, Mandel (1972) introdujo el concepto de ‘ciclo de la lucha de clases’ para explicar la dependencia del ciclo económico con los ciclos de la lucha social. En su esquema de causalidad, la variable exógena es la lucha de clases la que históricamente estaría determinada por la dinámica político sindical de la clase trabajadora; mientras que, por su parte, la variable endógena sería el resultado económico al interior de este ciclo. Como consecuencia de este enfoque, la clase trabajadora concentrará sus reclamos tanto en la fase de auge económico (donde es más probable que estas sean satisfechas) como en la fase de recesión (donde es menos probable que sean saciadas).

No obstante, en el caso peruano, al cobrar una mayor importancia el empleo informal, alojado en el sector microempresarial, las protestas no surgen de grupos organizados socialmente alrededor del empleo (los sindicatos) sino mas bien en torno a problemáticas que exigen una reivindicación de naturaleza cortoplazista en una sociedad desencantada de los partidos políticos y la política y por lo tanto atomizada y fragmentada en esta perspectiva. Ellos pueden surgir de manera recurrente o pueden incluso tener un carácter permanente a fin de conseguir reivindicación ante la percepción de una persistencia en la inequidad en el acceso a los beneficios del crecimiento económico.

Los impactos económicos de los movimientos de protesta social han sido contundentes en el Perú. El denominado “Arequipazo” de junio de 2002 contra la privatización de dos empresas hidroeléctricas (Egasa y Egesur) generó pérdidas a la propiedad publica y privada por actos vandálicos de alrededor de 350 millones de nuevos soles (alrededor de 100 millones de dólares) mas la muerte de una persona y cerca de 100 personas heridas. Adicionalmente, este evento habría impedido que se realice una inversión de cerca de 160 millones de dólares en un periodo de tres años[v]. Otro lamentable suceso fue el asesinato del alcalde y el maltrato de tres regidores del municipio provincial de Ilave en abril del 2004 luego que 10 mil pobladores de dicha provincia bloquearan el puente internacional que une Perú y Bolivia por alrededor de 21 días, quienes protestaban por supuestas acusaciones de malversación de fondos de la comuna e incumplimiento de promesas electorales. Este bloqueo origino pérdidas económicas estimadas en medio millón de soles diarios por la reducción del intercambio comercial durante casi un mes que duro la toma, perdidas al transporte nacional e internacional, horas perdidas de educación para los escolares y finalmente las perdidas por dejar de percibir divisas por el flujo de turistas en la zona por alrededor de 1.5 millones de nuevos soles [vi]. Finalmente, puede señalarse el motín de Andahuaylas protagonizada por el líder etnocacerista Antauro Humala y sus 160 seguidores el primer y segundo día del 2005 que tuvo como resultado la muerte de cuatro policías y la posterior captura de los revoltosos.

A lo anteriormente señalado puede sumarse las perdidas económicas originadas por las protestas sociales de los cocaleros de Huánuco, San Martín y Ucayali que piden la erradicación de cultivos alternativos; los pobladores de diversas inversiones mineras como Huancabamba y Tambogrande en Piura; los criadores de vicuñas de Arequipa, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno contra la libre comercialización de fibra de vicuña; los pescadores artesanales de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna así muchos movimientos de protesta social mas.

En resumen, puede manifestarse que existe un importante flujo de protestas sociales que ocasionan costos importantes a la economía nacional que podrían haber sido evitadas si las demandas hubieran sido canalizadas oportunamente a través de partidos políticos consolidados que representaran oportunamente a las sociedades de referencia en cada región del país.

De lo anterior se explica por qué los diferentes movimientos de protesta social surgidos durante las épocas no electorales no tengan como base a los partidos políticos ni necesiten de ellos. Es más eficaz la toma de una carretera, la toma de una plaza, el linchamiento de un funcionario público, entre otras manifestaciones de violencia sin mayor trascendencia que una reivindicación muy acotada para grupos poblacionales con intereses muy específicos. Pueden colocar una problemática en la agenda pública a un bajo costo privado pero con un elevado costo social y económico.

Desde este contexto revisado, mi planteamiento es seguir la propuesta republicana: la implementación de la política pública de financiamiento directo de partidos políticos durante época no electoral podría conseguir importantes beneficios sociales que superarían su costo en tanto y en cuanto estos recursos se destinen a la construcción de un sistema de partidos políticos representativo de la población. La ley de partidos políticos actual (Ley 28094 de noviembre de 2003, art. 29º) establece que los recursos provistos por el Estado a los partidos pueden destinarse a “actividades de formación, capacitación e investigación durante el quinquenio posterior a la mencionada elección, así como para sus gastos de funcionamiento ordinario”.

Aunque las líneas reproducidas de esta ley son muy generales deja un amplio margen de acción para los partidos políticos en la búsqueda de su trascendencia democrática en época no electoral, los que deberían estar sujetos de evaluación de la opinión pública. En ese sentido, la valoración de la implementación de esta política la realizaré con la técnica del análisis costo beneficio para el caso del gobierno de Toledo. No he planteado un análisis prospectivo con esta técnica pues no existen estudios cuantitativos que permitan realizar una proyección del número y magnitud (en términos poblacionales) de los movimientos de protesta social como para obtener el ratio costo-beneficio para el gobierno de Alan, pero con toda seguridad es probable que esta tenga un valor muy similar si disponemos de la información relevante.

Una estimación de la relación costo beneficio de la política de financiamiento público a partidos políticos

La medición del costo del financiamiento público de partidos políticos se encuentra normada por la respectiva ley de partidos políticos y su reglamento asociado. Aunque nuestra preocupación principal es el financiamiento directo, por cuanto este se da principalmente durante el periodo no electoral y es el que esta orientado a actividades especificas para fortalecer los partidos políticos en su rol democrático, hemos tomado en cuenta también la estimación del financiamiento indirecto. De acuerdo con esta normatividad, el financiamiento directo se calcula a partir de la multiplicación del numero de votos emitidos para el Congreso multiplicado por el 0.1% del valor de la UIT. Por su parte, el financiamiento indirecto se expresa por la franja electoral que es pagada por el Estado junto con las exoneraciones tributarias que son difíciles de cuantificar.

Por su parte, la medición del costo ocasionado por una movilización de protesta social[vii] originado por la inexistencia de un partido político (en el sentido jurídico y de legitimidad) que pudiera haber representado su demanda puede ser calculada por los siguientes componentes:

a) Costos directos de la movilización (D): incluyen la organización de la movilización, el transporte, la alimentación, la propaganda, remuneración diaria promedio de referencia dejada de percibir por los que realizan la protesta.

b) Costos indirectos de la movilización (I): costos relacionados con la seguridad y la higiene de los lugares donde se asienten antes de emprender la movilización.

c) Costos ocasionados a otros sectores económicos por la movilización (E): este componente quizás sea el mas difícil de cuantificar debido a que los sectores que se vean comprometidos pueden ser afectados de distinta manera. En general se buscaría realizar un estimado de la magnitud del intercambio comercial de productos y servicios que se dejan de realizar por la duración de la movilización en el área comprometida. Estos montos pueden ser mejor calculados por los que tienen que ver con los sectores afectados aunque algunos podrían estar sobreestimando los mismos es probable que fallen mas bien por subestimar por falta de información de campo.

d) Costos adicionales de la seguridad interna (F): este componente resulta de financiar y organizar actividades adicionales relacionadas con la movilización de personal policial (o militar si la protesta es muy violenta) para controlar el orden público, multiplicado por el número de días que se espera dure la actividad y el personal movilizado (lo que podría incluir un concepto por viáticos como remuneración adicional). Se considera el costo de equipo personal (armas, bombas lacrimógenas, etc.) así como transporte especializado para controlar protestas sociales. También se considera el costo de las personas que son capturadas por su comportamiento vandálico el que esta asociado a una probabilidad de captura por el numero de días promedio que dura en prisión y el costo por día en prisión.

e) Costos relacionados con el vandalismo de las protestas sociales y su impacto en infraestructura (V1): Dependiendo del grado de violencia mostrado por los movimientos de protesta social estos ocasionaran un mayor o menor daño a los bienes de infraestructura pública y privada los que serán afectados según el grado de violencia especifica que ostente la protesta social.

f) Costos relacionados con el vandalismo de las protestas sociales y su impacto en las vidas humanas[viii] (V2): Dependiendo del grado de violencia especifico mostrado por los movimientos de protesta social estos ocasionarán daños físicos e incluso la muerte tanto a quienes forman parte del movimiento de protesta social, el personal policial movilizado para controlarlos e incluso personas no involucradas con la movilización. Estos costos tienen que ver con el calculo de los gastos de atención hospitalaria así como la pérdida de productividad durante los días que permanezca en recuperación y si el daño es mayor (incluyendo la muerte) por los años de vida que pudo haber aportado la persona afectada.

g) Costos relacionados con aspectos legales (L): ya sea como fruto de los actos vandálicos que afectan a la infraestructura o a la persona humana se originan conflictos que involucran costos adicionales en aspectos legales que si no se hubiera efectuado la protesta social.

h) Costos relacionados con las inversiones dejadas de realizar por protestas sociales relacionadas: Este componente dependerá del monto de la inversión a realizarse, el cronograma del mismo, el número de empleos directos e indirectos relacionados, entre otros según la naturaleza del sector económico y del tipo de proyecto a realizarse. Asumiremos únicamente un monto global K que representa a la inversión en el caso que corresponda.

Los costos totales (CM) relacionados con una movilización de protesta social en un periodo determinado serán:

El periodo de referencia para realizar la evaluación se encuentra determinado por el periodo legislativo y presidencial de nuestro país, es decir cinco años, o lo que es lo mismo sesenta meses. Para viabilizar la operacionalización del cálculo de los costos de los movimientos de protesta social se puede pensar en una unidad de medida temporal única que pensamos funcionaria mejor de manera mensual. Así, tomando que ρ es la tasa de descuento mensual, podemos obtener los costos totales (CMT) debido a movimientos de protesta social sumando los costos relacionados a los eventos ocurridos durante cada uno de los sesenta meses de gobierno esperado tendríamos:

Donde algunos eventos j pueden ser cero, ya que en cada uno de los meses no necesariamente se traslaparán el mismo número de protestas sociales. Puede ser que a principios de un año existan 2 o 3 movimientos de protesta social pero hacia el medio año aumentan a 15 o 20 que se dan en simultáneo en el país. De esta manera tenemos:

La formula arribada resumiría el cálculo global a valores constantes del inicio de un gobierno del costo asociado con los movimientos de protesta social. La mayoría de estos procesos son iniciados como protestas reivindicatorias de sectores sociales de actividad económica específica, pero no necesariamente porque también pueden estar asociadas a problemas de tipo político o a una convulsión social que explota inesperadamente.

Resultados

Las limitaciones de tiempo y espacio no nos han permitido recoger la información relativa a cada una de las variables que comprenden la estimación de los costos totales de los movimientos de protesta social durante el gobierno de Toledo. No obstante, tomando como referencia los dos de los ejemplos citados en el presente trabajo, es decir el caso de la protesta de Arequipa del 2002 junto con los hechos violentos de Ilave nos llevan a considerar un costo global de casi 105 millones de dólares lo que repartido en 5 años del gobierno de Toledo hubieran significado un costo anual de 21 millones de dólares. Este monto es a todas luces subestimado puesto que no considera a varias protestas sociales locales ocurridas a lo largo y ancho del país durante el periodo analizado, ni tampoco el resto de componentes del costo total de una movilización de las protestas sociales consideradas.

El costo del financiamiento de los partidos políticos tanto en su componente directo como indirecto han sido estimados por la asociación Ciudadanos al Día (2003), de haberse aplicado la actual Ley de Partidos Políticos para los partidos que obtuvieron representación al Congreso el 2001, según se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1 Estimación del financiamiento a partidos políticos durante el gobierno de Toledo

Fuente: CAD - Ciudadanos al Día

Si procedemos al cálculo del ratio costo-beneficio tendremos:

Ratio costo beneficio = 357 millones de nuevos soles que se habrían evitado de existir partidos políticos entre los 74 millones de nuevos soles que se habrían invertido en partidos políticos durante el quinquenio = 4.82. Comparando únicamente con el beneficio obtenido por el financiamiento directo como estrategia de fortalecimiento de los partidos políticos: 12.32.

Es decir, por cada sol invertido en el fortalecimiento de los partidos políticos como instituciones que canalicen las demandas sociales de una manera democrática y con respecto a la ley se habrían ahorrado aproximadamente 5 soles o se habrían conseguido 5 soles de beneficio adicional sobre la sociedad peruana durante el quinquenio bajo el gobierno del Dr. Alejandro Toledo. Considerando únicamente el beneficio de la política de financiamiento directa el ahorro habría sido del más del doble.

Reflexiones finales

El financiamiento directo a los partidos políticos que han logrado representación en el periodo 2006 – 2011 ha sido calculado en alrededor de 50 millones de nuevos soles, es decir, casi un 33% menos de lo estimado por Ciudadanos al Día el 2003, a pesar de que el valor de la UIT es mayor en la actualidad (antes era 3100 nuevos soles, hoy es 3400). Ello se debe a que los votos validamente emitidos son mas que en el 2001 lo que puede explicarse por el crecimiento natural del cuerpo electoral y por la mayor contienda electoral por el número de partidos que tomaron participación en estas ultimas elecciones.

Si tomamos en cuenta la estructura del financiamiento publico a los partidos políticos estimados por CAD podemos apreciar que el financiamiento indirecto es el más importante representando aproximadamente un 61% de los recursos destinados por el Estado[ix]. Extrapolando esta estructura a nuestra época, ello significaría que se podría estimar un costo global de 130 millones de nuevos soles aproximadamente. Este valor representa un costo anual de menos del 0.06% del actual presupuesto de la Republica y un poco mas de 2.2% del último presupuesto anual destinado a los tres organismos electorales. ¿Vale la pena realizar esta inversión? De acuerdo con los resultados de esta evaluación es evidente que si. No obstante, sostener una política de desarrollo de la democracia a partir de la construcción de un sistema de partidos políticos sobre la base de una ley solamente, como ya lo he señalado repetidas veces en este texto, sería una política coja e insuficiente. Es necesario realizar a la par una estrategia que promueva una sociedad que funde su desarrollo económico en base al empleo altamente productivo. Ello pasa por construir una sociedad capitalista competitiva, no lo que tenemos en la actualidad que es fundamentalmente una sociedad regida por monopolios u oligopolios protegidos por el Estado. En suma, invertir en partidos políticos es también una política de desarrollo pro pobre.

Bibliografía

Alcántara, Manuel y Flavio Freindenberg (2003) “Partidos políticos en América Latina: países andinos”. México: Fondo de Cultura Económica. págs. 413-414.

Ciudadanos al Día (2003) “Aporte del Estado a los Partidos Políticos” Informe CAD. Lima: 23 de octubre de 2003.

Congreso de la Republica del Perú (2003) “Ley de Partidos Políticos Nº 28094 en cuyo titulo VI se presenta los principios acerca del financiamiento público y privado de partidos políticos. Lima: 12 de octubre de 2003.

Congreso de la Republica del Perú (2006) “Proyecto de Ley Nº 14786” para anular el artículo 29 de la ley de partidos políticos que se refiere al financiamiento directo estatal. Lima: 16 de junio de 2006.

Mandel, Ernest (1972) “El capitalismo tardío”, Editorial Era, México.

Mauro, Paolo (1995) “Corruption and Growth“. The Quartely Journal of Economics, Vol. 110, # 3, pp. 681-712

Presidencia del Consejo de Ministros (2002) “Acuerdo Nacional: 31 políticas del Estado Peruano”. Lima: Octubre de 2002.

Woldenber, José (2003) “Relevancia y actualidad de la contienda política electoral” en Dinero y contienda político-electoral: reto de la democracia. Manuel Carillo y otros coord. México: Fondo de Cultura Económica.

Zovatto, Daniel (1998) “Dinero y política en América Latina: una visión comparada”. Cuadernos CAPEL. Costa Rica.

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[i] Según Zovatto (1998) se define como financiamiento político a la política de ingresos y egresos de las fuerzas políticas tanto para sus actividades electorales como permanentes. La Ley de Partidos Políticos, en su titulo VI, define que el financiamiento de parte del Estado esta compuesto por el financiamiento directo constituido por las contribuciones monetarias directas calculadas a partir de los votos emitidos para el congreso; y, el financiamiento indirecto, constituido por la franja electoral y las exoneraciones a los impuestos directos.

[ii] Este punto de vista es expuesto en un informe de la ONG Ciudadanos Al Día (2003).

[iii] Nótese que en este artículo no he considerado el análisis de los grupos sociales de elite, básicamente los empresarios, para criticar la propuesta liberal.

[iv] O empleo digno, en el sentido que incluya el acceso a derechos laborales internacionalmente reconocidos por las sociedades industrializadas.

[v] Diarios y medios del 19 de junio de 2002. Los datos estimados aparecen en la fuente periodística pero no señalan quien lo calculó.

[vi] Diarios y medios del 27 de abril de 2004. Los datos estimados corresponden al Ing. Gamaniel Amat, entonces director del MITINCI Puno.

[vii] Existen dos formas para operacionalizar el número de protestas sociales como primer paso para identificar los costos asociados: la primera, a través del banco de datos de desco al cual se tiene acceso pero limitado; y la segunda, a través de los reportes de la Defensoría del Pueblo. Esta fuente la estoy analizando en la actualidad para un estudio preliminar relacionado con el mismo tema.

[viii] Esta formulación necesita ser precisada sobre todo con los gastos hospitalarios y la perdida de productividad según el daño físico recibido por los distintos grupos que son afectados por la protesta social.

[ix] El que el financiamiento indirecto sea más importante que el financiamiento directo no invalida que se otorgue este componente de inversión. Ello porque el financiamiento indirecto por el lado de las exoneraciones suele ser más importante para los partidos de mayor envergadura que en el caso peruano solo lo cumplirían partidos como el APRA o los relacionados con el Fujimorismo. Además, en cuanto al funcionamiento de los partidos durante época no electoral el financiamiento indirecto a través de la franja no electoral puede incluso no ser relevante puesto que solo se da a través de los medios de comunicación estatales que no son vistos por la mayoría de la población.