El costo de las elecciones adelantadas

Si bien la democracia no se reduce a celebrar elecciones generales o sub-nacionales, no se puede concebir una democracia sin elecciones regulares. De esta manera, buena parte del costo de la democracia es la organización de elecciones.

El costo histórico de la ejecución de elecciones generales es muy reducido en términos del PBI, siendo la única excepción las elecciones de transición democrática celebradas el 2001 año en el que alcanzó el 0.17% del PBI. Luego, el costo de las elecciones generales siempre se ha ubicado por debajo del 0.1% del PBI. En términos comparativos, las medidas presupuestadas para reactivar la economía durante el 2014 tuvieron un costo calculado en 4,204 millones de soles, equivalentes a un 0.7% del PBI, esto es 10 veces el costo promedio de las elecciones de los últimos 29 años[1].

Gráfico 1 Presupuesto de Elecciones Generales como Porcentaje del PBI

Elaboración propia con información JNE-INEI

Con respecto a las elecciones de transición democrática de 2001, ha habido mucha crítica sobre el elevado costo presupuestal en el que se incurrió con respecto a las elecciones de 2000. En efecto, entre 2000 y 2001, el presupuesto aumentó en 329% debido a los servicios innovadores que se implementaron en las elecciones de 2001 para garantizar la transparencia y velocidad en la presentación de los resultados del voto popular. No obstante, si se compara el mismo tipo de servicios contratados entre las elecciones de 2000 y 2001, el incremento presupuestal fue de 6.5%.

Tabla 1 Comparación del costo presupuestal de elecciones generales 2001 versus 2000, soles

Fuente: ONPE

El incremento presupuestal observado entre 2011 y 2006 obedece a que se introdujeron innovaciones para la votación de los extranjeros y se incluyeron las elecciones para el Parlamento Andino.

A pesar del incremento de presupuesto que se ha venido observando desde el 2001, este se ha mantenido estable en términos del costo presupuestal por elector en una cifra cercana a los 15 soles por persona.

El anuncio por parte del gobierno de un presupuesto de 700 millones de soles para la organización de elecciones generales resulta en una cifra bastante alta, ya que casi duplica el costo por elector observado de los años anteriores. No obstante, es posible que se esté considerando en ese costo, el presupuesto de dos elecciones seguidas, el referéndum para aprobar la reforma constitucional que viabilice el adelanto de elecciones y las propias elecciones generales adelantadas. De esta forma el costo por elector se ubica en un promedio de 14.35 soles por elección.

Tabla 2 Presupuesto y Padrón de Electores de las Elecciones Generales 1990 - 2019

* Presupuesto anunciado por el MEF para el Presupuesto 2020. El padrón corresponde para el Referéndum Nacional del 9.12.18.

1. Fuente: BCRP. Para el 2019 información del MMM 2020-2022.

2. Fuente: INEI-ONPE.

Una pregunta que quedaría en el tintero es ¿Si el gasto electoral del 2001 fue tan alto, pudo este haber servido de estímulo para la economía peruana? Es muy probable que el gasto electoral haya tenido un impacto positivo en los sectores no primarios (comercio y servicios) ya que según la web de Transparencia del MEF más del 92% del presupuesto programado se ejecutó antes del mes de junio en servicios diversos tales como capacitación, papelería, cómputo, comunicaciones y transporte (1ra vuelta electoral se realizó el 8 de abril, y la 2da vuelta se realizó el 3 de junio). El resultado fue una recuperación del crecimiento de 0.6% durante ese año.

Gráfico 2 Comportamiento del PBI trimestral, 2000-2001

Elaboración propia con información de INEI

De lo anterior se podría deducir que el impacto de ejecutar elecciones adelantadas sería positivo en la medida que estimula la demanda interna por bienes y servicios terciarios fundamentalmente que podría ser de al menos medio punto de crecimiento del PBI.

---

[1] MMM 2016-2018 pág. 48 y MMM 2016-2018 Revisado, pág. 34.

Se acabaron los meses de crecimiento

Se acabaron los 83 meses de crecimiento del sector manufacturero en Estados Unidos. Esta es la noticia que acaba de aplastar los buenos ánimos que hicieron recuperar a las bolsas de valores más importantes del mundo la semana pasada, y que acompañaron mágicamente a los días de Acción de Gracias y al "Black Friday".

De acuerdo con el último ISM Report on Business(R), el índice de crecimiento de este sector cayó a 38.9%, dando por concluido el largo ciclo de 83 meses de crecimiento observado alcanzando niveles comparables al de septiembre de 1982 cuando fue 38.8%. El gráfico tomado de aquí (pdf)  aparece a continuación:

"Parece ser que la manufactura está experimentando una destrucción significativa de la demanda como resultado de los eventos recientes [...] asociados con la crisis financiera, las interrupciones ocasionadas por el huracán del Golfo y el impacto demorado de los precios del petróleo" señaló Norbert Oré, analista del Instituto de la Gestión de la Oferta.

Mientras tanto en Perú...

La noticia de 87 meses de continuo crecimiento económico ponía la nota optimista que acompañaría al Presidente García durante la APEC. Así lo anunciaba el Jefe del INEI con el Informe Técnico "Producción Nacional: Septiembre 2008" (descargar aquí en pdf) presentado a mediados del mes pasado. De acuerdo con el informe, estos resultados se deben a "... el desempeño favorable de todos los sectores de la economía" destacándose el dinamismo de la pesca, construcción, comercio, electricidad y agua, manufactura y otros servicios. No obstante, el siguiente gráfico extraido del referido documento explicaría de manera más elocuente cuáles han sido los sectores que empujaron (o jalaron) a la economía en el último mes:

Por lo visto, los meses de crecimiento continuarán siendo positivos para el Perú por algún tiempo más, por algún efecto inercial de la bonanza macroeconómica. De igual modo, ante la previsión de que la crisis para el mundo en desarrollo durará alrededor de 18 meses (véase la declaración de Lima, pdf), es probable que también observemos un tiempo adicional de recesión inercial. 

Para tratar de acortar este periodo, tanto para los países industrializados como los que están en desarrollo, deberán impulsar un paquete de medidas de expansión fiscal globales. Así lo han manifestado hoy diversos economistas de las Naciones Unidas ante la presentación del Informe World Economic Situation and Prospects 2009, en Doha.

Ojalá esta recomendación sea tomada en cuenta para los próximos años. Es probable que Alan García pueda ensayar una política fiscal expansiva que le pueda redituar frutos políticos para el 2011. No es gratuito que siga insistiendo en postular al gobierno por un tercer periodo más.

---------------------

Actualización desde CNN Money: Estados Unidos ha entrado en recesión [oficialmente] en diciembre de 2007, de acuerdo con la Oficina Nacional de Investigación Económica.

Montesinos y la carrera presidencial estadounidense

Leyendo el blog de Freakonomics, encuentro este animado articulo que pretende obtener lecciones para la campaña de McCain a partir de la estrategia de gasto de Vladimiro Montesinos para sobornar en el Perú.

De acuerdo con esta fuente, cerca de USD 3 millones mensuales fueron utilizados para mantener al Ing. Alberto Fujimori en el poder, "aceitando" (usando la nueva terminología de León) a jueces, oficiales de la policía, militares, políticos de oposición y propietarios de canales de televisión. De estos, el último grupo (las telecomunicaciones) fue el que concentró la mayor cantidad de aportes. Así lo señala el estudio revisado por Freakonomics (ver estudio aquí):

Un sólo soborno a un canal de televisión fue cuatro veces más grande que el total de sobornos destinados a políticos de oposición. [...] La preferencia revelada entonces es que, el más fuerte apoyo del poder del gobierno estaba en las noticias diseminadas por los medios de comunicación.

Ello, junto con la constatación arribada de este otro estudio (descargar aquí en pdf),

La cantidad de dinero gastada por los candidatos poco importa en absoluto. Un candidato ganador puede reducir su gasto en la mitad y perder sólo el 1 por ciento de los votos. Mientras tanto, un candidato perdedor que duplica su gasto puede esperar a cambio el voto en su favor por el mismo sólo el 1 por ciento. Lo que realmente importa para un candidato político no es cuánto dinero gastaría; lo que importa es quién eres.

...hace que el autor del artículo se explique cómo Obama invierte fuertemente (más de USD 100 millones sólo en el mes de septiembre) en cómo los medios hacen ver quien sería Obama, en vez de quien es realmente. Al mismo tiempo, recomienda a McCain "enviar un poco de dinero a sus amigos en los medios" para obtener algún incremento en la proporción de votos a su favor.

Lo curioso del tema es que habría sido más conveniente para Freakonomics comparar las elecciones presidenciales de Perú en 1990 con las que lleva en la actualidad la carrera presidencial estadounidense. Creo que incluso sería más preciso señalar las elecciones presidenciales de 1990 durante la campaña de la segunda vuelta. Ello con la finalidad de que no se hagan interpretaciones apresuradas con sus consecuentes recomendaciones fuera de lugar.

En efecto, la campaña presidencial de 1990 durante la segunda vuelta tuvo a dos competidores: el ingeniero Alberto Fujimori y el novelista Mario Vargas Llosa. La campaña del último tuvo una movilización impresionante de recursos en los medios, para el que no hay estimación cierta y verificada hasta la fecha. Mientras tanto, la campaña del ingeniero, fue bastante austera y limitada a la declaración de una promesa incumplida poco después de ganadas las elecciones: no aplicaremos el shock económico que piensa hacer el otro.

En ese sentido, cobra notable importancia las conclusiones obtenidas del estudio de Levitt; pero para señalar que, al menos en el caso peruano de 1990, se voto en contra de, en vez de. Existen célebres trabajos realizados por Fernando Tuesta o Martin Tanaka donde se discute este tipo de cuestiones que espero volver a revisarlos en breve para dialogar sobre el tema.

Partidos políticos y financiamiento político

Los partidos políticos son reconocidos como instituciones fundamentales de la democracia de las sociedades occidentales modernas. Ellos son una suerte de bisagra de la política y la sociedad. En este sentido, uno de los problemas centrales de un sistema político y social levantado sobre la base de estas organizaciones es quién paga y cómo lo hará. Las ideas republicanas proponen que la sociedad debería financiar a los partidos políticos a través de los impuestos para que estos puedan cumplir su rol como canalizadores de las demandas sociales que se forman en ella. Esta propuesta no excluye la posibilidad de financiamiento privado bajo determinadas reglas de juego. En contraste, los teóricos liberales argumentan que el financiamiento de un partido político debe depender únicamente de los recursos provistos por sus militantes y por lo tanto deben obligarse a ellos. Nadie debería estar obligado a financiar con sus impuestos a partidos políticos con los cuales no comparte su ideología. No obstante, hay algunas cuestiones distintivas de nuestro país que, en mi opinión, harían inaplicable el segundo esquema propuesto: la informalidad y la pobreza.

Para comenzar, señalaré que nuestra sociedad no se encuentra organizada en torno al concepto de empleo digno o de calidad. A diferencia de las sociedades europeas, en el Perú, los partidos políticos no se organizaron sobre la base del trabajo. La razón es que en nuestro país no existió una economía capitalista propiamente dicha. El único partido organizado, el APRA, no se asentó específicamente sobre la base trabajadora peruana, sino más bien en una ideología anti imperialista americana y la nacionalización de las tierras e industrias de los países latinoamericanos.

Cuando las propuestas políticas apristas y las de sus competidores (tanto de las vertientes de izquierda como las de derecha) fueron enterradas con la crisis económica, política y social de fines de los ochenta, ya las clases trabajadoras habían dejado de existir al quebrarse el modelo de industrialización implementado durante los cincuenta. Por lo tanto, los partidos políticos tuvieron que fundarse sobre nuevos conceptos y nuevos peruanos: la antipolítica, la informalidad y la pobreza. Desde este punto de vista, Alberto Fujimori no fue quien promovió estos conceptos, sino más bien el resultado natural de una sociedad que ya se había desconectado de la política por habérsele negado la oportunidad de acceder masivamente al empleo de calidad como forma de organización social en un modelo pre capitalista.

El éxito del gobierno fujimorista al controlar eficazmente la hiperinflación a partir de la implementación de las políticas económicas neoliberales del Consenso de Washington, permitió que la sociedad tuviera estrategias de supervivencia más o menos exitosas a través del empleo generado en la microempresa. El problema fue que estas iniciativas tuvieron lugar en medio de un mar de pobreza: más del 50% por ciento de los peruanos tenían tal condición a principios de los noventa. Esta situación ha tenido consecuencias políticas indeseables: el arreglo de un gobierno autoritario o seudo democrático con una economía neoliberal que no se contradecía con el surgimiento de un neopopulismo (los programas sociales focalizados en los pobres) que prescindía de la representación política para obtener favores del Estado.

Hoy en día, los trabajadores del sector microempresarial de las áreas urbanas (antes conocidos como informales) son la principal fuerza de trabajo y electoral del país. Ellos junto con las poblaciones campesinas rurales al margen del capitalismo, son la base que explica la permanente debilidad de los partidos políticos para cumplir su rol democrático durante los periodos no electorales. No son los intermediarios entre el Estado y la sociedad. Es por esta razón que sólo existe identificación con los partidos durante periodos electorales pero sobre la base de valores muy básicos, como el ser indígena, el ser un ex pobre, el ser mujer, el ser militar, el ser carismático, en suma, el ser un outsider o un antipolítico.

La anterior discusión plantea entonces una deficiencia extrema del sistema político peruano: la inviabilidad de partidos políticos que intermedien entre la sociedad y el Estado, ante la inexistencia de un sistema capitalista que promueva el empleo de alta productividad (O empleo digno, en el sentido que incluya el acceso a derechos laborales internacionalmente reconocidos por las sociedades industrializadas). Los partidos políticos aparecen únicamente durante periodos electorales y luego desaparecen. Concurren con la población a las urnas, pero luego no existen más. Desde este punto de vista, la ley de partidos políticos y la política de financiamiento político contenida en ella son condiciones necesarias para el desarrollo de nuestra sociedad y la consiguiente eliminación de la pobreza; pero no constituyen acciones públicas suficientes. Para ello, debe estar acompañada de una política que promueva el crecimiento económico y social del resto de nuestra sociedad en base al concepto del empleo de alta productividad.

Protestas sociales y externalidades

Podemos considerar que los movimientos de protesta social surgen, entre otros factores, por la falta de representación de los partidos políticos. Desde el punto de vista económico, puede decirse que los movimientos de protesta social han surgido históricamente como una expresión de la pugna distributiva por los recursos generados por el crecimiento económico. Pero, en el caso peruano, al cobrar una mayor importancia el empleo informal, alojado en el sector microempresarial, las protestas no surgen de grupos socialmente organizados alrededor del empleo (los sindicatos), sino más bien en torno a problemáticas que exigen una reivindicación de naturaleza cortoplacista en una sociedad desencantada de los partidos políticos y, por lo tanto, atomizada y fragmentada en esta perspectiva.

Los impactos económicos de los movimientos de protesta social han sido contundentes en el Perú. El denominado “Arequipazo” de junio de 2002 contra la privatización de dos empresas hidroeléctricas (Egasa y Egesur) generó pérdidas a la propiedad publica y privada por actos vandálicos de alrededor de 350 millones de nuevos soles (alrededor de 100 millones de dólares) mas la muerte de una persona y cerca de 100 personas heridas. Adicionalmente, este evento habría impedido que se realice una inversión de cerca de 160 millones de dólares en un periodo de tres años.

Otro lamentable suceso fue el asesinato del alcalde y el maltrato de tres regidores del municipio provincial de Ilave en abril del 2004 luego que 10 mil pobladores de dicha provincia bloquearan el puente internacional que une Perú y Bolivia por alrededor de 21 días, quienes protestaban por supuestas acusaciones de malversación de fondos de la comuna e incumplimiento de promesas electorales. Este bloqueo originó pérdidas económicas estimadas en medio millón de soles diarios por la reducción del intercambio comercial durante casi un mes que duro la toma, pérdidas al transporte nacional e internacional, horas perdidas de educación para los escolares y finalmente las pérdidas por dejar de percibir divisas por el flujo de turistas en la zona por alrededor de 1.5 millones de nuevos soles. Finalmente, puede señalarse el motín de Andahuaylas protagonizada por el líder etnocacerista Antauro Humala y sus 160 seguidores el primer y segundo día del 2005 que tuvo como resultado la muerte de cuatro policías y la posterior captura de los revoltosos.

A lo señalado puede sumarse las pérdidas económicas originadas por las protestas sociales de los cocaleros de Huánuco, San Martín y Ucayali que piden la erradicación de cultivos alternativos; los pobladores de diversas inversiones mineras como Huancabamba y Tambogrande en Piura; los criadores de vicuñas de Arequipa, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno contra la libre comercialización de fibra de vicuña; los pescadores artesanales de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, entre otros.

En resumen, puede manifestarse que existe un importante flujo de protestas sociales que ocasionan costos importantes a la economía nacional, que podrían haber sido evitadas si las demandas hubieran sido canalizadas oportunamente a través de partidos políticos consolidados que representaran oportunamente a las sociedades de referencia en cada región del país. De lo anterior se explica por qué los diferentes movimientos de protesta social surgidos durante las épocas no electorales no tengan como base a los partidos políticos ni necesiten de ellos. Es más eficaz y eficiente la toma de una carretera, la toma de una plaza, el linchamiento de un funcionario público, entre otras manifestaciones de violencia sin mayor trascendencia que una reivindicación muy acotada para grupos poblacionales con intereses muy específicos. Pueden colocar una problemática en la agenda pública a un bajo costo privado pero con un elevado costo social y económico.

Desde este contexto revisado, mi planteamiento es seguir la propuesta republicana: la implementación de la política pública de financiamiento directo de partidos políticos durante época no electoral podría conseguir importantes beneficios sociales que superarían su costo en tanto y en cuanto estos recursos se destinen a la construcción de un sistema de partidos políticos representativo de la población. La ley de partidos políticos actual (Ley 28094 de noviembre de 2003, art. 29º) establece que los recursos provistos por el Estado a los partidos pueden destinarse a “actividades de formación, capacitación e investigación durante el quinquenio posterior a la mencionada elección, así como para sus gastos de funcionamiento ordinario”.

Costo beneficio de la política de financiamiento público a partidos políticos

La medición del costo del financiamiento público de partidos políticos se encuentra normada por la ley de partidos políticos y su reglamento. Aunque mi preocupación principal es el financiamiento directo, por cuanto este se da principalmente durante el periodo no electoral y es el que esta orientado a actividades especificas para fortalecer los partidos políticos en su rol democrático, hemos tomado en cuenta también la estimación del financiamiento indirecto. De acuerdo con esta normatividad, el financiamiento directo se calcula a partir de la multiplicación del numero de votos emitidos para el Congreso multiplicado por el 0.1% del valor de la UIT. Por su parte, el financiamiento indirecto se expresa por la franja electoral que es pagada por el Estado junto con las exoneraciones tributarias que son difíciles de cuantificar.

Por su parte, la medición del costo ocasionado por una movilización de protesta social (Existen dos formas para operacionalizar el número de protestas sociales como primer paso para identificar los costos asociados: la primera, a través del banco de datos de desco al cual se tiene acceso pero limitado; y la segunda, a través de los reportes de la Defensoría del Pueblo. Esta fuente la estoy analizando en la actualidad para un estudio preliminar relacionado con el mismo tema) originado por la inexistencia de un partido político (en el sentido jurídico y de legitimidad) que pudiera haber representado su demanda puede ser calculada por los siguientes componentes:

• a) Costos directos de la movilización (D): incluyen la organización de la movilización, el transporte, la alimentación, la propaganda, remuneración diaria promedio de referencia dejada de percibir por los que realizan la protesta.
• b) Costos indirectos de la movilización (I): costos relacionados con la seguridad y la higiene de los lugares donde se asienten antes de emprender la movilización.
• c) Costos ocasionados a otros sectores económicos por la movilización (E): este componente quizás sea el mas difícil de cuantificar debido a que los sectores que se vean comprometidos pueden ser afectados de distinta manera. En general se buscaría realizar un estimado de la magnitud del intercambio comercial de productos y servicios que se dejan de realizar por la duración de la movilización en el área comprometida. Estos montos pueden ser mejor calculados por los que tienen que ver con los sectores afectados aunque algunos podrían estar sobreestimando los mismos es probable que fallen mas bien por subestimar por falta de información de campo.
• d) Costos adicionales de la seguridad interna (F): este componente resulta de financiar y organizar actividades adicionales relacionadas con la movilización de personal policial (o militar si la protesta es muy violenta) para controlar el orden público, multiplicado por el número de días que se espera dure la actividad y el personal movilizado (lo que podría incluir un concepto por viáticos como remuneración adicional). Se considera el costo de equipo personal (armas, bombas lacrimógenas, etc.) así como transporte especializado para controlar protestas sociales. También se considera el costo de las personas que son capturadas por su comportamiento vandálico el que esta asociado a una probabilidad de captura por el numero de días promedio que dura en prisión y el costo por día en prisión.
• e) Costos relacionados con el vandalismo de las protestas sociales y su impacto en infraestructura (V1): Dependiendo del grado de violencia mostrado por los movimientos de protesta social estos ocasionaran un mayor o menor daño a los bienes de infraestructura pública y privada los que serán afectados según el grado de violencia específica que ostente la protesta social.
• f) Costos relacionados con el vandalismo de las protestas sociales y su impacto en las vidas humanas (Esta formulación necesita ser precisada sobre todo con los gastos hospitalarios y la perdida de productividad según el daño físico recibido por los distintos grupos que son afectados por la protesta social) (V2): Dependiendo del grado de violencia especifico mostrado por los movimientos de protesta social estos ocasionarán daños físicos e incluso la muerte tanto a quienes forman parte del movimiento de protesta social, el personal policial movilizado para controlarlos e incluso personas no involucradas con la movilización. Estos costos tienen que ver con el calculo de los gastos de atención hospitalaria así como la pérdida de productividad durante los días que permanezca en recuperación y si el daño es mayor (incluyendo la muerte) por los años de vida que pudo haber aportado la persona afectada.
• g) Costos relacionados con aspectos legales (L): ya sea como fruto de los actos vandálicos que afectan a la infraestructura o a la persona humana se originan conflictos que involucran costos adicionales en aspectos legales que si no se hubiera efectuado la protesta social.
• h) Costos relacionados con las inversiones dejadas de realizar por protestas sociales relacionadas: Este componente dependerá del monto de la inversión a realizarse, el cronograma del mismo, el número de empleos directos e indirectos relacionados, entre otros según la naturaleza del sector económico y del tipo de proyecto a realizarse. Asumiremos únicamente un monto global K que representa a la inversión en el caso que corresponda.

Los costos totales (CM) relacionados con una movilización de protesta social en un periodo determinado serán:

CM = D + I + E + F +V1 +V2 + L + K

El periodo de referencia para realizar la evaluación se encuentra determinado por el periodo legislativo y presidencial de nuestro país, es decir cinco años, o lo que es lo mismo sesenta meses. Para viabilizar la operacionalización del cálculo de los costos de los movimientos de protesta social se puede pensar en una unidad de medida temporal única que pensamos funcionaria mejor de manera mensual. Así, tomando que Á es la tasa de descuento mensual, podemos obtener los costos totales (CMT) debido a movimientos de protesta social sumando los costos relacionados a los eventos ocurridos durante cada uno de los sesenta meses de gobierno esperado tendríamos:


Donde algunos eventos j pueden ser cero, ya que en cada uno de los meses no necesariamente se traslaparán el mismo número de protestas sociales. Puede ser que a principios de un año existan 2 o 3 movimientos de protesta social pero hacia el medio año aumentan a 15 o 20 que se dan en simultáneo en el país. De esta manera tenemos:

La formula arribada resumiría el cálculo global a valores constantes del inicio de un gobierno del costo asociado con los movimientos de protesta social. La mayoría de estos procesos son iniciados como protestas reivindicatorias de sectores sociales de actividad económica específica, pero no necesariamente porque también pueden estar asociadas a problemas de tipo político o a una convulsión social que explota inesperadamente.

Resultados

El costo del financiamiento de los partidos políticos tanto en su componente directo como indirecto han sido estimados por la asociación Ciudadanos al Día (2003), de haberse aplicado la actual Ley de Partidos Políticos para los partidos que obtuvieron representación al Congreso el 2001, según se presenta en la tabla 1.

Si procedemos al cálculo del ratio costo-beneficio tendremos: Ratio costo beneficio = 357 millones de nuevos soles que se habrían evitado de existir partidos políticos entre los 74 millones de nuevos soles que se habrían invertido en partidos políticos durante el quinquenio = 4.82.

Comparando únicamente con el beneficio obtenido por el financiamiento directo como estrategia de fortalecimiento de los partidos políticos: 12.32. Es decir, por cada sol invertido en el fortalecimiento de los partidos políticos como instituciones que canalicen las demandas sociales de una manera democrática y con respecto a la ley se habrían ahorrado aproximadamente 5 soles o se habrían conseguido 5 soles de beneficio adicional sobre la sociedad peruana durante el quinquenio bajo el gobierno del Dr. Alejandro Toledo. Considerando únicamente el beneficio de la política de financiamiento directa el ahorro habría sido del más del doble.

Reflexiones finales

El financiamiento directo a los partidos políticos que han logrado representación en el periodo 2006 – 2011 ha sido calculado en alrededor de 50 millones de nuevos soles, es decir, casi un 33% menos de lo estimado por Ciudadanos al Día el 2003, a pesar de que el valor de la UIT es mayor en la actualidad (antes era 3100 nuevos soles, hoy dic de 2006 es de 3400). Ello se debe a que los votos válidamente emitidos son más que en el 2001, lo que puede explicarse por el crecimiento natural del cuerpo electoral y por la mayor contienda electoral por el número de partidos que tomaron participación en estas ultimas elecciones.

Si tomamos en cuenta la estructura del financiamiento público a los partidos políticos estimados por CAD, podemos apreciar que el financiamiento indirecto es el más importante, representando aproximadamente un 61% de los recursos destinados por el Estado. Extrapolando esta estructura a nuestra época, ello significaría que se podría estimar un costo global de 130 millones de nuevos soles aproximadamente. Este valor representa un costo anual de menos del 0.06% del actual presupuesto de la Republica y un poco mas de 2.2% del último presupuesto anual destinado a los tres organismos electorales.

¿Vale la pena realizar esta inversión? De acuerdo con los resultados de esta evaluación es evidente que si. No obstante, sostener una política de desarrollo de la democracia a partir de la construcción de un sistema de partidos políticos sobre la base de una ley solamente, como ya lo he señalado repetidas veces en este texto, sería una política coja e insuficiente. Es necesario realizar a la par una estrategia que promueva una sociedad que funde su desarrollo económico en base al empleo altamente productivo. Ello pasa por construir una sociedad capitalista competitiva, no lo que tenemos en la actualidad que es fundamentalmente una sociedad regida por monopolios u oligopolios protegidos por el Estado. En suma, invertir en partidos políticos es también una política de desarrollo pro pobre.

-----------------------------

• Este artículo salió publicado en el boletín Economía y Bienestar No. 10, en diciembre de 2006, como parte del Plan de Comunicación de los resultados de la investigación "Costos electorales en el Perú" a cargo del autor para el CIES. Ver el artículo original en el siguiente enlace (pdf).
• Este artículo ha sido citado en el reciente Informe de Progreso Económico y Social del BID 2008. Ver en el siguiente enlace (html) y también en la bibliografía.

Los de afuera y los de adentro

Acabo de encontrar una referencia a un artículo mío escrito en el Boletín Economía y Bienestar 10 (pdf), de desco, en el reciente Informe anual del Progreso Económico y Social del Banco Interamericano de Desarrollo, 2008, titulado, "¿Los de afuera? patrones cambiantes de exclusión en América Latina y el Caribe".

Este fue un artículo en el que abordé el problema del financiamiento público directo de partidos políticos en una economía pujante como la nuestra pero carente de una base social y laboral construida sobre una economía de tipo capitalista que permita canalizar sus demandas a través de organizaciones políticas sólidas.

Considerando el anterior diagnóstico como dado, encuentro que los movimientos de protesta social se presentan como un espacio de alternativas de voz (y voto) para determinados grupos poblacionales mayoritariamente pobres o excluidos donde pueden colocar con éxito una problemática en la agenda pública a un bajo costo privado pero con un elevado costo social y económico.

Esta es la idea que aparece reproducida en el IPES 2008 de la siguiente manera:

A veces, los movimientos de protesta no se originan en grupos socialmente organizados, sino que emergen en torno a metas de corto plazo. Estos movimientos pueden ser sumamente eficientes porque pueden introducir un tema en la agenda pública a bajo costo para los individuos pero a un alto costo para la sociedad, dado que a veces los efectos de los tipos de protesta empleados pueden afectar a un sector económico, la seguridad ciudadana o la infraestructura pública (Mauro Machuca, 2006).

y la versión en inglés...

Sometimes protest movements do not grow out of socially organized groups; rather, they emerge around short-term targets. Such movements can be extremely efficient because they can introduce an issue into the public agenda at a low cost for individuals, but at a high societal cost, given that sometimes the types of protest used can affect an economic sector, citizens’ security, or public infrastructure (Mauro Machuca, 2006).

Los movimientos de protesta social son una expresión caótica del reclamo de los de afuera para ser incluidos con los de adentro para percibir los beneficios del crecimiento económico y social. En nuestro país, puede estimarse que gran parte de esta población se encuentra en las regiones de la sierra centro y sur. Pero también existen bolsones de excluidos cuya expresión de reclamo se concentra en manifestaciones de inseguridad rampantes en nuestras ciudades.

No se podrá seguir siendo rentable en los próximos años si las estrategias de responsabilidad social no logran obtener los resultados esperados por la población de afuera.

La confianza en el sistema electoral peruano

La Universidad de Lima acaba de publicar los resultados de su encuesta de confianza en las instituciones del Estado, entre las que se encuentran los tres organismos que componen el así llamado Sistema Electoral Peruano: El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).

El resultado de dicha encuesta (descargar aquí en pdf) es que por tercer año consecutivo el RENIEC tiene el máximo nivel de confianza que la población limeña (no ha sido una evaluación a nivel nacional) pueda dar a una institución del Estado: 84%. En segundo lugar, la ONPE tiene una aprobación del 58% y el JNE le sigue muy de cerca con un 55%.

Cabe destacar que la comparación intertemporal de estas cifras, hablando específicamente del caso de la dupla JNE-ONPE, no es viable, puesto que los momentos en que se aplicaron tuvieron una atmósfera política distinta. En diciembre del 2006, se acababa de terminar el proceso electoral municipal del mes anterior donde, como es ya costumbre, el JNE buscó hacer la vida imposible al trabajo operativo de la ONPE, pese a lo cual este último organismo cumplió con su parte del trabajo. En noviembre del 2005, se acababa de celebrar el referéndum para la conformación de regiones donde la población de Lima Metropolitana tuvo poca o ninguna información relevante sobre el desempeño de ambas organizaciones porque estaba ajena a este proceso. Es suma, tenemos dos puntos de opinión en época no electoral y una en época electoral relevante para Lima Metropolitana.

El caso de la opinión de confianza para el RENIEC es un tanto distinto puesto que en principio no es un organismo electoral. Tiene actualizado el registro de la población de 18 años a más y tiene todo un proceso avanzado de identificación de menores a partir de lo cual, se puede generar como subproducto el padrón electoral. Este es un insumo vital para el trabajo electoral que realizarán tanto el Jurado como la ONPE. Pero no le corresponde ni le interesa a este organismo cumplir funciones adicionales a las que compete en este caso para los procesos electorales.

Dicho esto, el trabajo de la RENIEC ha involucrado todo un proceso de especialización, estandarización de procesos y tecnificación que ha redundado en una atención óptima y eficiente para la ciudadanía en general en casi todo el territorio nacional. Esto lo ha logrado gracias a una red de oficinas que se han ido implementando con el tiempo en las diferentes provincias y distritos del país buscando acercarse a la población con el mayor éxito posible y estableciendo relaciones consumidor-ciudadano, servidor-Estado mutuamente beneficiosas.

Este paradigma será imposible de conseguir para el JNE y la ONPE en tanto y en cuanto ambos organismos se planteen como organizaciones centralizadas en Lima, con un esquema temporal y peliagudo cada vez que hay procesos electorales y sin haber resuelto el problema del diseño funcional estructural entre ambas organizaciones.

El país requiere que estas organizaciones resuelvan estos temas para consolidarse como un esquema de servicios electorales eficientes para la ciudadanía. Esto pasa por resolver no sólo el tema instrumental (como la implementación del voto electrónico) sino también el estructural (el diseño funcional) y el institucional (los valores que manejan tanto el JNE como la ONPE frente a sí mismas y la ciudadanía).

Pobreza y fragmentación política electoral local

En el último número de Perú Hoy, de desco, he publicado un artículo sobre la relación entre los niveles de vida de una población y el grado de fragmentación política-electoral local.

En ella encuentro, a partir de los datos de las elecciones municipales 2006 a nivel distrital en el ámbito de Lima Metropolitana y el indicador del Indice de Desarrollo Humano 2006 del PNUD, que la elevada fragmentación política, expresada en la competencia electoral de un número excesivo de partidos, se encuentra relacionado con niveles de desarrollo humano relativamente bajos. En contraste, existen sistemas de partidos bipartidistas o con tendencia a formar uno, en aquellos distritos donde los niveles de desarrollo humano, especialmente en el componente educativo, sean mayores.

Otro hallazgo ha sido la evidencia de que la reelección municipal funciona como un mecanismo importante para favorecer liderazgos de unos cuantos personajes que tienen como fuente de legitimación el éxito en la gestión municipal antes que elementos tradicionales asociados con la formación de un partido político como el carisma o la ideología profesada por sus líderes. Esto no limita el hecho de que posteriormente se generen algunos halos ideológicos para tratar de dar vida y estructura al nuevo partido de mayor envergadura, pero surgidos siempre desde el espacio microlocal.

Esto implica un refuerzo de la hipótesis de Von Beyme según el cual los partidos modernos o postmodernos no nacen en el Parlamento sino, más bien, en la comuna, en la localidad. Se trata de agrupaciones que nacen bajo el esquema de las teorías de la modernización que permiten institucionalizar los requerimientos sociales y permiten que el Estado se dote de nuevas estructuras políticas, con lo que se originan partidos políticos o se constituyen nuevos sistemas de partidos donde estos ya existían.

Una cuestión relevante en este punto es identificar y evaluar el patrón de expansión que los partidos locales peruanos siguen de acuerdo con la propuesta formulada por Panebianco. Este parece funcionar de la siguiente manera: Luego de alcanzarse una representación distrital se intenta probar una vacante regional y, finalmente, se postula a una curul en el Parlamento. Uno de los casos más representativos de esta figura es el caso del Movimiento Somos Perú, inicialmente surgido como Somos Lima y estudiado por Fernando Tuesta Soldevilla (2005). A pesar que en un primer momento tuvo éxito en su modelo de crecimiento difuso por federación, comenzó a resquebrajarse rápidamente después de que sus líderes principales se enquistaron en el Parlamento, ya que "el proceso de constitución del liderazgo es normalmente muy tormentoso y complejo, puesto que existen muchos líderes locales, surgidos como tales autónomamente, que controlan sus propias agrupaciones y que pueden [igualmente] aspirar al liderazgo nacional». En la actualidad, este partido ha pasado a convertirse en una minúscula representación electoral, a pesar de lo cual ha logrado mantener su presencia en el Parlamento gracias a una alianza electoral oportuna.

De acuerdo con las anteriores reflexiones, el establecimiento de una valla electoral en los sistemas electorales subnacionales, con la subsiguiente recomendación de una segunda vuelta electoral, es absolutamente innecesario e, incluso, contraproducente en el sentido de que solamente genera un mayor impacto en los costos de organización y fiscalización electorales antes que una mayor legitimidad de las autoridades elegidas. Una estrategia eficiente sería, más bien, cambiar la magnitud de la circunscripción, tal como lo sugiere Lijphart o depurar adecuadamente a los ciudadanos que se postulan como candidatos y se encuentran en falta para competir. En ese sentido, la iniciativa legislativa 733 /2006-CR del congresista Víctor Andrés García Belaunde para imponer la segunda vuelta electoral en las elecciones regionales y municipales no tendría sentido y solo incrementaría los costos de organización electoral innecesariamente.

Por otra parte, es posible que el éxito del fortalecimiento de un sistema de partidos políticos de escala nacional pase, primero, por invertir más en el componente educativo de la sociedad y por la implementación de un sistema electoral que concentre la competencia en algunas cuantas organizaciones políticas con capacidad de agregación en estos microespacios. De otra manera, se podría dar que la desconexión entre los subsistemas reales de partidos políticos municipales o regionales y el virtual sistema de partidos políticos parlamentarios permaneciera por mucho tiempo sin lograr conducir los destinos de nuestro país con eficiencia y efectividad.

Se recomienda realizar estudios con mayor profundidad que el presente que pongan de relieve los factores que promoverían un mayor nivel de gobernabilidad, no solo en el espacio local sino, también, en el regional y nacional. En mi opinión, estos factores se encuentran fundamentados no solamente en la necesaria y urgente reforma de la calidad educativa de nuestro país sino, también, en reformas electorales que den lugar a partidos maduros en el parlamento, luego de haber construido una buena, intensa y productiva vida política desde los gobiernos locales.

La consulta y las cotizaciones

Tal como señalara en un post previo, las acciones de Monterrico Metals plc están en caída libre. El reporte de hoy nos señala de que estas cayeron en 5.5%. La consulta popular realizada en el área de influencia de Majaz ha obtenido su resultado, que no es precisamente la terminación del proyecto, sino el inicio de un proceso de conversaciones entre los comuneros, las organizaciones de base, la sociedad civil, el gobierno local, el gobierno central y la minera sobre cómo se pueden hacer negocios mutuamente beneficiosos.

Esta caída es menor a la reportada por el afiche de Guarango para el caso de la minera Manhattan con la consulta de Tambogrande. Es difícil precisar si este boletín recoge el dato total acumulado que habría sido del 26%. En ese caso la caída acumulada por Monterrico Metals plc desde su último pico habría sido de tan sólo 11%.

Lecciones sobre una consulta popular sin organismos electorales

La consulta popular realizada el día de ayer en tres distritos de Piura (Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de La Frontera) ha sentado un nuevo precedente importante en la historia democrática de nuestro país: no es necesario para los gobiernos subnacionales contar con organismos electorales centralizados. ¿Es esto bueno o malo para nuestro país?

Veamos.

De los tres organismos electorales existentes en nuestro país (JNE, ONPE y RENIEC), sólo el último tuvo el rol de acompañante pasivo de la ciudadanía de estos distritos, ya que proveyó de la información necesaria para confeccionar el padrón electoral. El JNE se exoneró de ejercer la justicia electoral declarando que el proceso era ilegal. La ONPE, dada la anterior declaración, no tuvo más remedio que seguir los deseos de su cuasi-superior ya que si se le ocurría apoyar la consulta podía costarle caro.

El JNE puede ser una sala especializada del Poder Judicial ya que como organismo autónomo no ha querido asumir funciones de supervisión. En la actualidad el JNE ha tratado de construir la imagen de un organismo electoral supremo que tiene la facultad principal de supervisar la legalidad de las elecciones, cuando se supone que su función primaria y especializada debería ser la de ejercer justicia electoral. No obstante, este proceso y los que vengan en el futuro pueden servir de precedente para argumentar la desaparición de este organismo -y su posterior absorción por el PJ- ya que por propia voluntad se exonera de cumplir con su función.

La supervisión del proceso puede ser llevada a cabo por la sociedad civil global. Aun cuando había un clima adverso de parte del gobierno central, más de una veintena de organismos internacionales junto con la prensa local han tenido una activa participación en este proceso como veedores del mismo. Todos han podido garantizar que la consulta se realizó sin mayores contratiempos. Por su parte, el diario El Comercio ha reportado cómo algunos ciudadanos no quisieron instalar mesas en la hora prevista, mientras que el diario la República nos ha contado como la minera Majaz ha querido sabotear la consulta organizando un repentino partido de fútbol con premios en reses, carneros, arroz y azúcar incluidos.

Los servicios de la ONPE pueden ser sustituidos por la empresa privada pero no se tiene información sobre la eficiencia de esta última. La firma PoderNet (de procedencia mexicana) se ha encargado de realizar la consulta popular presentando los resultados en tiempos récord similares a los que su equivalente estatal ha podido realizar (ver web sobre la consulta). Falta sin embargo evaluar los costos unitarios del proceso para ver cual de las dos consultas (es decir esta o la de Tambogrande) fueron más eficientes en su desarrollo operativo. Es probable que las dos cuentas no sean del todo comparables debido a las diferentes coyunturas vividas por estos distritos, pero de todas formas nos servirá para dar idea de eficiencia en este tipo de consultas.

El Estado estuvo presente para garantizar la tranquilidad y el orden del proceso a pesar de las declaraciones del Ejecutivo. En efecto, la policía nacional garantizó la tranquilidad de la consulta, un elemento que le ha valido al actual cuestionado ministro del Interior para decir que los resultados de la consulta serán tomados muy en cuenta en las conversaciones posteriores a este evento. Una lectura muy subjetiva de esta declaración nos daría a entender que el ministro Alva Castro no pretende dejar su sitio ni a patadas chinas ni a petardos gringos.

El valor de una consulta popular es superior al de una encuesta de opinión. Contra la opinión desnaturalizada de Percy Medina de Transparencia, la cristalización de un proceso de consulta popular, con más del 60% de participación ha permitido que las posibilidades de consolidar una democracia a partir de personas consideradas de segunda categoría (recuérdese el mensaje repetitivo de las frases de Alan o Jorgito señalando que hay elevadas tasas de pobreza y analfabetismo en esos distritos) sea de un valor democrático incalculable. A partir de esta experiencia, la minera deberá entablar conversaciones no sólo con el gobierno central, si no con todos los actores interesados en el proceso del desarrollo minero, incluido el gobierno local, las organizaciones civiles y las organizaciones de base. Y es que mientras una consulta realizada a través de una encuesta es totalmente despersonalizada porque es anónima, la consulta popular ha implicado que los comuneros se movilicen, se registren y voten en la privacidad de una cámara. De allí su valor democrático fundamental.

Todo esto me hace pensar que probablemente los organismos electorales no sean necesarios (y tal vez incluso Transparencia), hablando específicamente del caso del JNE y la ONPE. Pero debe quedar claro que esto no deviene de esta experiencia en particular, sino más bien a que estos organismos nunca han estado presentes en el espacio local, salvo en Lima Metropolitana. Esta es una característica muy particular del Perú, pues ya sea en México, Chile o Bolivia, los organismos electorales son instituciones que se encuentran muy descentralizadas y que tienen un papel que cumplir en sus respectivas regiones.

No obstante, el carácter centralista que ellas conservan a toda costa hace que prácticamente sean innecesarias en el Perú fuera de Lima. Debería formarse una estructura de oficinas electorales descentralizadas para la realización de todo tipo de consultas democráticas. Debería también prescindirse del JNE para establecer salas especializadas que funcionen durante procesos electorales para resolver problemas de justicia electoral y así evitar vacíos operativos en esta función.

¿Qué pasaría si algunos ciudadanos de esta consulta quisieran impugnar votos? Como el JNE se ha exonerado de participar tendrían que recurrir al Poder Judicial estableciendo un problema por omisión de funciones para las futuras intervenciones del propio jurado.

Estas y otras lecciones que pueda rescatar el lector de este proceso deberían servir para evaluar un panorama cercano de consultas populares a realizar en otras zonas del país cuando el gobierno central se encuentre en conflicto de intereses con los gobiernos locales por atender a los intereses de una parte de la empresa globalizada.

El proyecto Fujimori al 2005

Qué lejanos quedaron aquellos días cuando veíamos escandalizados los vladivideos que daban cuenta como se manejaban los poderes fundamentales de nuestro país, con los hilos de la corrupción. El proyecto de gobernar al país por la cúpula Fujimori-Montesinos se extendía como mínimo hasta el 2005, y para ello fue importante subyugar al Jurado Nacional de Elecciones, a la ONPE y a la RENIEC, los cuales ya estaban maniatados desde un poco de tiempo antes que ocurriera la siguiente conversación (3 de mayo de 1998 - video 889 - Dr. Montes de Oca - Castillo - Serpa - Montesinos):

[...]

El señor MONTESINOS TORRES.— Por eso, hermano, tú tienes una convicción, tú eres un hombre joven, de mi generación; en primer lugar, hermano.

Este proyecto no termina el 2000, hermano. Aquí estamos trabajando a toda maquinaria hasta que el Presidente siga hasta el 2005 y después (ininteligible) y sino otro tomará la posta (ininteligible).

El señor MONTES DE OCA.— ¿2005?

El señor MONTESINOS TORRES.— Claro, pues, hermano.

El señor MONTES DE OCA.— (Ininteligible).

El señor MONTESINOS TORRES.— Por eso te estoy diciendo. Si yo te estoy enviando allá te voy a hacer la demostración con el equipo de seguridad mío.

El señor MONTES DE OCA.— (Ininteligible).

El señor MONTESINOS TORRES.— (Ininteligible) cosas personales, pues, hermano, aumentaremos el sueldo formalmente, (12) pero tú tendrás 10 mil dólares para que manejes.

El señor MONTES DE OCA.— ¿Cuánto gana por el Jurado Nacional de Elecciones el Presidente?

El señor MONTESINOS TORRES.— El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones debe estar ganando más o menos como Presidente de un Poder del Estado. Debe estar ganando como alrededor de 15 mil soles o algo así.

El señor MONTES DE OCA.— Entonces, tendría que averiguarme cuánto es. Sí, sí déjame pensar.

El señor MONTESINOS TORRES.— No, hermano, ya no lo podemos pensar.

El señor MONTES DE OCA.— Déjame pensar esta condición por ti, porque mi mujer se puso a llorar la vez pasada.

[...]

Por fortuna, el proyecto al 2005 no se concretó. Es probable que la misma dupla, Fujimori-Montesinos, sigan planeando un nuevo proyecto para el 2011. Algo que espero tampoco se concrete.

Esa época espero, por el bien de la democracia en nuestro país, no tengamos que volver a pasar.

------------

Para leer las transcripción completa de este video de los ex-funcionarios corruptos del JNE con Vladimiro Montesinos seguir este enlace. Si desea oirlo pulsar (formato real) acá.

Un breve comentario de la revista Caretas puede ser leído aquí en el subtítulo Mano a Mano.

Competencia entre organismos electorales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) están de competencia. Ante la Constitución, ambos organismos son del mismo rango y están diferenciados únicamente por sus funciones jurídicas y operativas. No obstante, estas no han sido bien delineadas y existe un espacio oscuro para la competencia antes que para la coordinación intergubernamental como lo manda la propia Carta Magna.

Luego de la batalla campal de dimes y diretes, ambas instituciones han pasado -al parecer- a la competencia en el terreno intelectual. Mientras que la ONPE ha organizado un ciclo de conferencias que tendrá lugar en sus instalaciones (en el Jr. Washington 1894) todo el mes de abril y mayo titulado "Los sistemas electorales en el Perú y el mundo, derechos políticos fundamentales: Voto Obligatorio y Voto Facultativo, La Ley de Partidos Políticos, El Voto Electrónico y El Voto de los residentes peruanos en el extranjero" donde expondrán diversos especialistas de nuestro medio como el Dr. Jorge Avendaño, Li. Elena Alvites de la Defensoría del Pueblo, el Dr. Francisco Eguiguren, Jorge Yrribarren y el Dr. Teófilo Altamirano, los tres últimos docentes de la PUCP; por su parte, el JNE ha organizado un seminario internacional "La función electoral en América Latina" que tendrá lugar el dia de hoy en el Hotel Sheraton de Lima a las 4 pm. Los expositores son especialistas en la materia electoral en países como Bolivia, México, Colombia y Uruguay.

Lo curioso de la actual situación es que la población puede verse beneficiada por la abundancia de información que se provea por ambos canales. Se ha elevado el nivel de competencia por parte de ambas instituciones lo que me parece muy positivo siempre y cuando se mantenga en ese nivel. Las desventajas, que las opiniones sólo sean compartidas exclusivamente en estos espacios. Es menester que la información sea compartida por todos los medios posibles para que la población tenga una opinión mas concreta del problema entre ambas instituciones.

Como sea, ya el profesor alemán Georg Jellinek, había escrito en su famosa obra, Teoría General del Estado, sobre la competencia entre organismos del Estado del mismo nivel y autonomía. Según este autor, la competencia llegará a tal punto que puedan suceder tres cosas: que una destruya a la otra, que una absorba a la otra ó que una haga que la otra sobreviva pero que sea como si no existiera. No obstante, la teoría de las relaciones intergubernamentales desarrollada por los académicos de Estados Unidos proponen que es posible que organismos del mismo rango convivan pacíficamente en tanto y en cuanto permanezcan el profesionalismo y el respeto entre los especialistas de instancias similares en una materia del gobierno. Esto no sucede en el caso del JNE ni de la ONPE. Pareciera que ambos quieren proteger su parcela, sin establecer relaciones de coordinación más allá de la época de contienda electoral.

De otro lado, detrás de la pelea entre ambos entes gubernamentales se esconde la pelea entre abogados y administradores. En este último grupo se suelen agrupar a distintas especialidades como economistas, sociólogos, ingenieros entre otros) que tienen capacidades administrativas distintivas que los abogados no manejan necesariamente. Está claro también, que los abogados tienen capacidades jurídicas distintivas que los administradores no necesariamente manejan y por lo tanto son fundamentales para el funcionamiento del Estado. Lo que pasa es que no se ha analizado empíricamente en nuestro país como hacer para que ambos grupos se entiendan y aprendan a convivir armónicamente para echar a andar las ruedas del Estado. Algo que por ejemplo ocurre perfectamente en las relaciones entre el MEF, MINCETUR y el BCRP.

Mi opinión es que debería impulsarse la investigación de las relaciones intergubernamentales exitosas y ver cuales de estas prácticas pueden ser promovidas en las relaciones de áreas del Estado conflictivas como la que protagonizan el JNE y la ONPE. Si ambas se especializan en sus funciones y mejoran sus relaciones no sólo institucionales sino entre sus profesionales enfocarían todas sus energías en problemas urgentes a resolver en la materia electoral (la fragmentación política, la relación con los partidos, el código electoral, etc).

No obstante, la realidad parece no ir por ese sentido, al menos mientras el JNE siga con su objetivo político de reunificación. Veremos pues como se resuelve este tema en los próximos días.

La cruzada ahorradora del JNE

La reciente conferencia de prensa ofrecida por el Jurado Nacional de Elecciones donde se presenta una propuesta sesgada de reunificación de dos de los tres organismos electorales que tiene actualmente el país hace eco de la voluntad política del actual gobierno para reformar al Estado bajo la hipótesis de que lo más barato es lo mejor. El sentido común sin embargo nos enseña que esto no siempre ocurre así. Lo barato puede salir muy caro. Sobre todo si tomamos en cuenta un aspecto tan fundamental como es el costo que como sociedad tenemos que incurrir para tener una democracia saludable.

La primera vez que el Perú asumió con madurez democrática el costo adicional de dedicar recursos escasos en unas elecciones que fueran limpias y transparentes fue el 2001. Esto fue así porque las elecciones del año 2000 habían resultado en un verdadero desastre. La falsificación del millón de firmas, el acceso desigual de los partidos políticos a la publicidad en los medios, el acoso sistemático del gobierno a los medios de comunicación de oposición y a la misión de observación electoral de la OEA; y la desidia de los organismos electorales ante las claras evidencias de fraude electoral fueron una cadena de eventos desafortunados que hicieron que el país estuviera al borde del colapso moral y político.

Es en este contexto que el cambio de régimen político, de uno autoritario a uno democrático, exigió la necesidad de invertir en unas nuevas elecciones generales que gozaran de indudables credenciales de eficiencia y transparencia técnica. Y se logró pero a un costo por elector de casi el doble de lo gastado durante el proceso electoral del año 2000. No obstante, nadie cuestionó la calidad técnica con la que los tres organismos electorales se desempeñaron quienes coordinaron adecuadamente sus funciones de acuerdo a ley.

Tabla 1 Evolución del costo de las elecciones 2000 - 2006

Año	Nuevos soles			Número de electores	Costo por elector US$
	Costo total elecciones generales	Costo total real 2006=100	Costo real por elector
2000	158,098,490	177,625,325	12.2	14,567,468	3.1
2001	308,275,694	346,697,698	23.3	14,906,233	5.9
2006	221,609,114	221,609,114	13.4	16,594,824	4.1

Elaboración propia en base a información del JNE

Luego de que la ciudadanía resolvió seguir el orden democrático y electoral como base para el desarrollo social y económico, los organismos electorales se vieron comprometidos a reflexionar acerca de sus funciones y realizar mejoras donde vieran que era conveniente para modernizar y estandarizar procesos y así conseguir en el mediano plazo una reducción en los costos electorales. Solo dos administraciones lo hicieron: la ONPE y el RENIEC. El JNE por su parte, no tuvo mejor parecer que emprender una larga y costosa cruzada por recuperar las funciones administrativas y logísticas que le fueron retiradas por la reforma constitucional de 1993; a pesar que las elecciones generales del 2001 y las elecciones municipales del 2002 probaran que el modelo de organización electoral que separaba las funciones jurídicas de las administrativas en distintos organismos funcionaba.

Esta lucha emprendida por el JNE aun no ha terminado. Y parece que no terminará a menos que cambie por voluntad propia su tradición política y se resuelva de una vez por todas el problema de la confusa atribución de funciones administrativas y jurídicas que todavía concentra este organismo. Mientras tanto, el sistema seguirá “sobrecalentado” y generará costos de transacción innecesarios a la ciudadanía. Reformar el Estado no es una mera cuestión de reducir el organigrama del gobierno con la finalidad de reducir costos como si se tratara de aplicar una regla de tres simple. Esta tiene que ver con la realización de un cambio pertinente en las relaciones de poder y representación entre los diferentes actores de una sociedad para dar lugar a una modernización administrativa exitosa del Estado para bien del ciudadano y el estado de derecho. Ambos procesos se vivieron vertiginosa y exitosamente el 2001 ¿Por qué marchar en un sentido contrario a esta reforma para encarecer el diseño en vez de mejorarlo?

Memoria de las elecciones 2006

El IFE (órgano electoral de México) acaba de publicar la memoria de las elecciones federales del 2006. Es un volumen cuyo archivo digital en formato PDF de más de 404 mbs de tamaño de archivo, dividido en los siguientes cuadernos:

1. Organización del proceso electoral federal 2005-2006: Dentro de este cuaderno me llama la atención el informe del Presupuesto 2006 del IFE y el análisis del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores.
   
2. Equidad y transparencia en la contienda electoral: Este cuaderno es especial por cuanto trata un tema muy dificil pero sin embargo crucial de entender, sobre todo si consideramos los hechos conflictivos que se dieron en torno de las dos figuras con mayor votación en las recientes elecciones presidenciales. Destacan el monitoreo de las promocionales y de los noticiarios de radio y televisión.
   
3. La jornada electoral del 2 de julio de 2006: Este cuaderno importa en su totalidad pues es una sistematización de lo implementado durante el dia de la votación.
   
4. Voto de los mexicanos residentes en el extranjero: Tema novedoso pero pertinente dado el fenómeno tan importante de la migración en los últimos años.
   
5. Encuestas y resultados electorales: Las encuestadoras han tenido un rol primordial en el juego preelectoral y hay hipótesis que las vinculan con los resultados finales obtenidos y los conflictos acarreados entre los competidores.
   
6. Justicia electoral: el tema de las impugnaciones y la declaración de los vencedores de la contienda electoral.
   

Como se puede apreciar, existen temas fundamentales que merece la pena analizarlos en nuestra realidad. Nuestros entes electorales apenas si han producido bibliografía relacionada con las recientes elecciones. Ello a pesar que los tres organismos con los que contamos tienen sus respectivas áreas de investigación. Al parecer el que mayor producción académica originada en la praxis electoral ha sido la ONPE. Sus publicaciones aparecen en el área de escaparate de su web.

No obstante, varios temas merecen ser estudiados relacionados con las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2006: el tema de los votos golondrinos y su relación con los conflictos pos electorales, el elevado ausentismo electoral en zonas rurales, la mejora en la racionalidad del presupuesto electoral a la hora de implementar los JEEs y los ODPEs, la calidad de las encuestadoras, el financiamiento de partidos políticos, entre otros.

El ejemplo del Instituto Federal Electoral de México al elaborar y compartir estos documentos relacionados con sus respectivas elecciones generales es de una notable calidad que habría que imitar. Donde está el espíritu investigador en nuestro país?