La consulta popular realizada el día de ayer en tres distritos de Piura (Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de La Frontera) ha sentado un nuevo precedente importante en la historia democrática de nuestro país: no es necesario para los gobiernos subnacionales contar con organismos electorales centralizados. ¿Es esto bueno o malo para nuestro país?
Veamos.
De los tres organismos electorales existentes en nuestro país (JNE, ONPE y RENIEC), sólo el último tuvo el rol de acompañante pasivo de la ciudadanía de estos distritos, ya que proveyó de la información necesaria para confeccionar el padrón electoral. El JNE se exoneró de ejercer la justicia electoral declarando que el proceso era ilegal. La ONPE, dada la anterior declaración, no tuvo más remedio que seguir los deseos de su cuasi-superior ya que si se le ocurría apoyar la consulta podía costarle caro.
El JNE puede ser una sala especializada del Poder Judicial ya que como organismo autónomo no ha querido asumir funciones de supervisión. En la actualidad el JNE ha tratado de construir la imagen de un organismo electoral supremo que tiene la facultad principal de supervisar la legalidad de las elecciones, cuando se supone que su función primaria y especializada debería ser la de ejercer justicia electoral. No obstante, este proceso y los que vengan en el futuro pueden servir de precedente para argumentar la desaparición de este organismo -y su posterior absorción por el PJ- ya que por propia voluntad se exonera de cumplir con su función.
La supervisión del proceso puede ser llevada a cabo por la sociedad civil global. Aun cuando había un clima adverso de parte del gobierno central, más de una veintena de organismos internacionales junto con la prensa local han tenido una activa participación en este proceso como veedores del mismo. Todos han podido garantizar que la consulta se realizó sin mayores contratiempos. Por su parte, el diario El Comercio ha reportado cómo algunos ciudadanos no quisieron instalar mesas en la hora prevista, mientras que el diario la República nos ha contado como la minera Majaz ha querido sabotear la consulta organizando un repentino partido de fútbol con premios en reses, carneros, arroz y azúcar incluidos.
Los servicios de la ONPE pueden ser sustituidos por la empresa privada pero no se tiene información sobre la eficiencia de esta última. La firma PoderNet (de procedencia mexicana) se ha encargado de realizar la consulta popular presentando los resultados en tiempos récord similares a los que su equivalente estatal ha podido realizar (ver web sobre la consulta). Falta sin embargo evaluar los costos unitarios del proceso para ver cual de las dos consultas (es decir esta o la de Tambogrande) fueron más eficientes en su desarrollo operativo. Es probable que las dos cuentas no sean del todo comparables debido a las diferentes coyunturas vividas por estos distritos, pero de todas formas nos servirá para dar idea de eficiencia en este tipo de consultas.
El Estado estuvo presente para garantizar la tranquilidad y el orden del proceso a pesar de las declaraciones del Ejecutivo. En efecto, la policía nacional garantizó la tranquilidad de la consulta, un elemento que le ha valido al actual cuestionado ministro del Interior para decir que los resultados de la consulta serán tomados muy en cuenta en las conversaciones posteriores a este evento. Una lectura muy subjetiva de esta declaración nos daría a entender que el ministro Alva Castro no pretende dejar su sitio ni a patadas chinas ni a petardos gringos.
El valor de una consulta popular es superior al de una encuesta de opinión. Contra la opinión desnaturalizada de Percy Medina de Transparencia, la cristalización de un proceso de consulta popular, con más del 60% de participación ha permitido que las posibilidades de consolidar una democracia a partir de personas consideradas de segunda categoría (recuérdese el mensaje repetitivo de las frases de Alan o Jorgito señalando que hay elevadas tasas de pobreza y analfabetismo en esos distritos) sea de un valor democrático incalculable. A partir de esta experiencia, la minera deberá entablar conversaciones no sólo con el gobierno central, si no con todos los actores interesados en el proceso del desarrollo minero, incluido el gobierno local, las organizaciones civiles y las organizaciones de base. Y es que mientras una consulta realizada a través de una encuesta es totalmente despersonalizada porque es anónima, la consulta popular ha implicado que los comuneros se movilicen, se registren y voten en la privacidad de una cámara. De allí su valor democrático fundamental.
Todo esto me hace pensar que probablemente los organismos electorales no sean necesarios (y tal vez incluso Transparencia), hablando específicamente del caso del JNE y la ONPE. Pero debe quedar claro que esto no deviene de esta experiencia en particular, sino más bien a que estos organismos nunca han estado presentes en el espacio local, salvo en Lima Metropolitana. Esta es una característica muy particular del Perú, pues ya sea en México, Chile o Bolivia, los organismos electorales son instituciones que se encuentran muy descentralizadas y que tienen un papel que cumplir en sus respectivas regiones.
No obstante, el carácter centralista que ellas conservan a toda costa hace que prácticamente sean innecesarias en el Perú fuera de Lima. Debería formarse una estructura de oficinas electorales descentralizadas para la realización de todo tipo de consultas democráticas. Debería también prescindirse del JNE para establecer salas especializadas que funcionen durante procesos electorales para resolver problemas de justicia electoral y así evitar vacíos operativos en esta función.
¿Qué pasaría si algunos ciudadanos de esta consulta quisieran impugnar votos? Como el JNE se ha exonerado de participar tendrían que recurrir al Poder Judicial estableciendo un problema por omisión de funciones para las futuras intervenciones del propio jurado.
Estas y otras lecciones que pueda rescatar el lector de este proceso deberían servir para evaluar un panorama cercano de consultas populares a realizar en otras zonas del país cuando el gobierno central se encuentre en conflicto de intereses con los gobiernos locales por atender a los intereses de una parte de la empresa globalizada.
Veamos.
De los tres organismos electorales existentes en nuestro país (JNE, ONPE y RENIEC), sólo el último tuvo el rol de acompañante pasivo de la ciudadanía de estos distritos, ya que proveyó de la información necesaria para confeccionar el padrón electoral. El JNE se exoneró de ejercer la justicia electoral declarando que el proceso era ilegal. La ONPE, dada la anterior declaración, no tuvo más remedio que seguir los deseos de su cuasi-superior ya que si se le ocurría apoyar la consulta podía costarle caro.
El JNE puede ser una sala especializada del Poder Judicial ya que como organismo autónomo no ha querido asumir funciones de supervisión. En la actualidad el JNE ha tratado de construir la imagen de un organismo electoral supremo que tiene la facultad principal de supervisar la legalidad de las elecciones, cuando se supone que su función primaria y especializada debería ser la de ejercer justicia electoral. No obstante, este proceso y los que vengan en el futuro pueden servir de precedente para argumentar la desaparición de este organismo -y su posterior absorción por el PJ- ya que por propia voluntad se exonera de cumplir con su función.
La supervisión del proceso puede ser llevada a cabo por la sociedad civil global. Aun cuando había un clima adverso de parte del gobierno central, más de una veintena de organismos internacionales junto con la prensa local han tenido una activa participación en este proceso como veedores del mismo. Todos han podido garantizar que la consulta se realizó sin mayores contratiempos. Por su parte, el diario El Comercio ha reportado cómo algunos ciudadanos no quisieron instalar mesas en la hora prevista, mientras que el diario la República nos ha contado como la minera Majaz ha querido sabotear la consulta organizando un repentino partido de fútbol con premios en reses, carneros, arroz y azúcar incluidos.
Los servicios de la ONPE pueden ser sustituidos por la empresa privada pero no se tiene información sobre la eficiencia de esta última. La firma PoderNet (de procedencia mexicana) se ha encargado de realizar la consulta popular presentando los resultados en tiempos récord similares a los que su equivalente estatal ha podido realizar (ver web sobre la consulta). Falta sin embargo evaluar los costos unitarios del proceso para ver cual de las dos consultas (es decir esta o la de Tambogrande) fueron más eficientes en su desarrollo operativo. Es probable que las dos cuentas no sean del todo comparables debido a las diferentes coyunturas vividas por estos distritos, pero de todas formas nos servirá para dar idea de eficiencia en este tipo de consultas.
El Estado estuvo presente para garantizar la tranquilidad y el orden del proceso a pesar de las declaraciones del Ejecutivo. En efecto, la policía nacional garantizó la tranquilidad de la consulta, un elemento que le ha valido al actual cuestionado ministro del Interior para decir que los resultados de la consulta serán tomados muy en cuenta en las conversaciones posteriores a este evento. Una lectura muy subjetiva de esta declaración nos daría a entender que el ministro Alva Castro no pretende dejar su sitio ni a patadas chinas ni a petardos gringos.
El valor de una consulta popular es superior al de una encuesta de opinión. Contra la opinión desnaturalizada de Percy Medina de Transparencia, la cristalización de un proceso de consulta popular, con más del 60% de participación ha permitido que las posibilidades de consolidar una democracia a partir de personas consideradas de segunda categoría (recuérdese el mensaje repetitivo de las frases de Alan o Jorgito señalando que hay elevadas tasas de pobreza y analfabetismo en esos distritos) sea de un valor democrático incalculable. A partir de esta experiencia, la minera deberá entablar conversaciones no sólo con el gobierno central, si no con todos los actores interesados en el proceso del desarrollo minero, incluido el gobierno local, las organizaciones civiles y las organizaciones de base. Y es que mientras una consulta realizada a través de una encuesta es totalmente despersonalizada porque es anónima, la consulta popular ha implicado que los comuneros se movilicen, se registren y voten en la privacidad de una cámara. De allí su valor democrático fundamental.
Todo esto me hace pensar que probablemente los organismos electorales no sean necesarios (y tal vez incluso Transparencia), hablando específicamente del caso del JNE y la ONPE. Pero debe quedar claro que esto no deviene de esta experiencia en particular, sino más bien a que estos organismos nunca han estado presentes en el espacio local, salvo en Lima Metropolitana. Esta es una característica muy particular del Perú, pues ya sea en México, Chile o Bolivia, los organismos electorales son instituciones que se encuentran muy descentralizadas y que tienen un papel que cumplir en sus respectivas regiones.
No obstante, el carácter centralista que ellas conservan a toda costa hace que prácticamente sean innecesarias en el Perú fuera de Lima. Debería formarse una estructura de oficinas electorales descentralizadas para la realización de todo tipo de consultas democráticas. Debería también prescindirse del JNE para establecer salas especializadas que funcionen durante procesos electorales para resolver problemas de justicia electoral y así evitar vacíos operativos en esta función.
¿Qué pasaría si algunos ciudadanos de esta consulta quisieran impugnar votos? Como el JNE se ha exonerado de participar tendrían que recurrir al Poder Judicial estableciendo un problema por omisión de funciones para las futuras intervenciones del propio jurado.
Estas y otras lecciones que pueda rescatar el lector de este proceso deberían servir para evaluar un panorama cercano de consultas populares a realizar en otras zonas del país cuando el gobierno central se encuentre en conflicto de intereses con los gobiernos locales por atender a los intereses de una parte de la empresa globalizada.
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