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lunes, septiembre 10, 2007

Políticas para el plomo

¿Existe una política clara que verifique la seguridad de los juguetes que se venden en nuestro país? Al parecer, existe la ley, pero no el reglamento que lo implemente. Así lo afirma Jaime Delgado, en el siguiente artículo del Diario El Comercio:
[Jaime Delgado, presidente de Aspec] reiteró su pedido al Ministerio de Salud para que emita al más breve plazo el reglamento de la Ley 28376, publicada el 10 de noviembre del 2004, para evitar que más personas, sobre todo niños, sean víctimas de las sustancias tóxicas como el plomo, que impide el crecimiento, entre otros daños al organismo.

Hemos propuesto que dicho reglamento establezca que todo juguete o artículo de escritorio que ingrese al mercado nacional debe tener certificación de calidad libre de sustancias tóxicas por parte de un laboratorio acreditado, puntualizó.
Por lo pronto, sólo nos queda beneficiarnos indirectamente de la iniciativa empresarial globalizada, fruto de las presiones de las organizaciones de consumidores del primer mundo.

En efecto, luego de los tres retiros masivos de juguetes ejecutados por la gigante Mattel, por la presencia elevada de plomo en la pintura de sus juguetes, Disney ha decidido realizar una evaluación independiente de todos sus productos a través de una compra aleatoria de los mismos para su posterior análisis. Así lo reporta la MSNBC (traducción libre):
"La prueba comenzará en las próximas dos semanas e incluirá todas las categorías de productos, incluido juguetes, joyería y ropa infantil de casi 2 mil licencias, inclusive Mattel, quien es el mayor productor de juguetes de Disney".

"... Disney quiere dar un nivel añadido de escrutinio y aseguramiento a los padres que un producto con las figuras de Disney ha pasado por este proceso..."
En nuestro país, el Indecopi es el organismo estatal encargado (pdf) de supervisar el tema así que es posible contactar con ellos para hacer efectivo el retiro (ver items que aplican en pdf). De continuar estos procesos, van a tener que abrir un área especializada para ver asuntos globales de protección al menor y quizá también para algunos bienes que usan los adultos.

Algo que no se ha tomado en cuenta en todo este proceso, es que si bien es cierto que se está asumiendo el costo del producto (ya sea devolviendo el íntegro del precio pagado del ítem o considerando el canje por otro juguete seguro) no se ha evaluado el costo real asumido por los padres. Entre ellos:
  • El costo de traslado para hacer efectiva la devolución o reemplazo del juguete
  • El costo psicológico para satisfacer "la pérdida" del juguete por el niño/a
  • El costo de recuperación de la salud del niño/a de haber sido contaminado/a
En nuestro país se supone que han sido distribuidos una cantidad no precisa (algunas fuentes hablan de 7 mil y pico de unidades) de estos artículos. No obstante, cabe recordar que estos son los datos para los productos que esta empresa transnacional ha reconocido voluntariamente.

¿Y el resto de juguetes provistos por otras empresas? Ni una sola palabra ni la capacidad mínima de nuestro Estado para hacer un análisis de los mismos y verificar que son adecuados por la población infantil de nuestro país.

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