El reciente proyecto de ley (pdf) presentado por la bancada aprista, haciendo eco de las presiones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), tiene por objetivo desaparecer Fondoempleo, utilizando como argumento que el dinero que forma este fondo (el remanente de las utilidades no distribuidas por las empresas mineras a los trabajadores):
Queda claro que esta iniciativa está orientada a un incremento de la desigualdad en el empleo, sobre todo con las zonas rurales y con las regiones. También está orientado a disminuir la igualdad de oportunidades pues buena parte de estos remanentes deberán orientarse para el financiamiento de una mayor capacitación y educación de sus trabajadores.
Está largamente probado que los proyectos financiados por el Fondoempleo han tenido un impacto importante en términos de las mejoras de ingresos y empleo de los más necesitados. Esto se ha garantizado precisamente por todo un sistema de monitoreo y evaluación efectivo para el uso eficiente y eficaz de estos recursos.
El principio de justicia aquí en cuestión por esta iniciativa legal es el propuesto por John Rawls: luego de haberse cubierto el esfuerzo de los más capacitados, es menester compensar a los menos aventajados.
[...] en la actualidad sirve casi exclusivamente para financiar proyectos de ONGs contratando evaluadores de altísimo costo como: La Universidad del Pacífico, DESCO, GRADE, IFOCC, SASE, MACROCONSULT, LGS Consultores, Deloitte y Touche, entre otros. Asimismo estos proyectos son a la vez auditados por empresas que cobran por encima del monto del mercado como la Pricewaterhouse Coopers.Como se sabe, hace buen tiempo que la SNMPE está buscando eliminar la barrera de los 18 sueldos para poder satisfacer las demandas de incremento de repartición de utilidades entre sus trabajadores, sin sacar nada de sus utilidades adicionales. Esta modificación, cierra la brecha de repartición hacia los más pobres, no sólo a través de la implementación de los proyectos que financia el Fondoempleo (ver el listado en su web) sino también a los gobiernos locales pues el exceso sobre 2200 UIT de esos remanentes también les toca a ellos para que desarrollen alternativas de desarrollo.
En este punto, consideramos que por mandato del Artículo 29 de la Constitución Política, antes que financiar a entidades privadas que no tienen ninguna relación con la explotación del recurso natural minero y de mantener a una burocracia que no conoce de los efectos perniciosos de dicha explotación, el dinero proveniente del remanente debe ser destinado exclusivamente para los trabajadores en Minería, Energía e Hidrocarburos y en las demás empresas de donde con su esfuerzo se ha generado dichos montos.
Queda claro que esta iniciativa está orientada a un incremento de la desigualdad en el empleo, sobre todo con las zonas rurales y con las regiones. También está orientado a disminuir la igualdad de oportunidades pues buena parte de estos remanentes deberán orientarse para el financiamiento de una mayor capacitación y educación de sus trabajadores.
Está largamente probado que los proyectos financiados por el Fondoempleo han tenido un impacto importante en términos de las mejoras de ingresos y empleo de los más necesitados. Esto se ha garantizado precisamente por todo un sistema de monitoreo y evaluación efectivo para el uso eficiente y eficaz de estos recursos.
El principio de justicia aquí en cuestión por esta iniciativa legal es el propuesto por John Rawls: luego de haberse cubierto el esfuerzo de los más capacitados, es menester compensar a los menos aventajados.
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