Cuando flexibilizar los monopolios es más importante que flexibilizar al trabajador

Tras publicar mi anterior artículo sobre la paradoja de cómo el crecimiento exponencial de profesionales en el Perú convive perfectamente con la caída de la productividad que lleva ya varios años en su economía, recibí una pregunta de un amigo que me hizo detener a pensar: "Raúl, es importante distinguir entre destrucción creativa y desregulación indiscriminada y nulo control del Estado. Hemos sido testigos de tantas desgracias".

Esa pregunta no es un mero matiz; es el corazón del debate que el Perú necesita tener. Es la línea que separa el progreso de la depredación. Y mi respuesta es que, precisamente, la mayor trampa de nuestra economía es que los grupos de poder han secuestrado el concepto de "destrucción creativa" para vendernos su opuesto: una "desregulación" que solo les beneficia a ellos, consolidando sus privilegios y ahogando la competencia.

Han logrado que confundamos la libertad para innovar con la libertad para contaminar, precarizar el trabajo y evadir impuestos. Han vendido la idea de un "mercado libre" que, en la práctica, es un mercado cautivo.

Para entender la diferencia, usemos la analogía más clara. Pensemos: si Blockbuster hubiera sido una empresa peruana, ¿habría surgido Netflix en nuestro país? Si Mark Zuckerberg hubiera dejado alguna de las universidades más prestigiosas de Lima sin completar sus estudios, ¿habría logrado que Facebook se convirtiera en el imperio global que es hoy en tan poco tiempo?

La respuesta, para cualquiera que conozca las entrañas de nuestra economía, es un rotundo no. No por falta de talento peruano, sino porque nuestra estructura económica y legal está diseñada para un único propósito: garantizar la estabilidad de los monopolios y ahogar a sus competidores antes de que puedan respirar. La verdadera "destrucción creativa" es lo que Netflix le hizo a Blockbuster: un modelo más eficiente que ganó al consumidor. Lo que tenemos en el Perú es un sistema que habría inventado regulaciones para proteger a Blockbuster y haber declarado "informal" a Netflix.

Este es el verdadero nudo del subdesarrollo peruano. No se trata de un problema de esfuerzo o de educación, sino de un sistema que premia el rentismo y castiga la innovación. Y para mantener este esquema, se ha manipulado el debate público.

El Gran Engaño de la "Flexibilización"

Durante décadas, hemos sido sometidos a un discurso recurrente: la economía peruana necesita "flexibilizarse". Pero esta palabra, que debería significar agilidad, dinamismo y capacidad de adaptación, ha sido adulterada para aplicarse únicamente sobre el más débil: el trabajador. "Flexibilizar el empleo" se ha convertido en un eufemismo para precarizar el trabajo, reducir derechos y transferir riesgos a quienes ya tienen menos.

Mientras tanto, se ignora deliberadamente la rigidez más dañina de todas: la de las estructuras que protegen a los poderosos. El verdadero desafío no es hacer más "flexible" al empleado, sino flexibilizar al monopolio. Es derribar las murallas legales, financieras y regulatorias que le permiten a un gran grupo económico concentrado operar como una tiranía, impidiendo la llegada de nuevos jugadores que podrían transformar el mercado.

La Anatomía de la Fortaleza Monopólica

¿Cómo funciona esta protección en la práctica? No es un solo mecanismo, sino un ecosistema de privilegios:

• Captura Regulatoria: Los grandes grupos económicos utilizan su poder para influir en el diseño y la aplicación de las normas. Logran que se aprueben regulaciones que, en apariencia, buscan la “calidad” o la “seguridad”, pero que en la práctica imponen barreras de entrada tan altas que solo ellos pueden superar. Al mismo tiempo, promueven una flexibilización selectiva en ámbitos donde debería prevalecer la rigurosidad: la aprobación de planos, la fiscalización laboral o los estándares de seguridad industrial. El resultado es un Estado complaciente con los grandes y severo con los pequeños, que permite tragedias evitables y normaliza la impunidad empresarial. Es la “desregulación a la carta”: exigente con el emprendedor emergente, pero indulgente con quien tiene poder suficiente para dictar sus propias reglas.
• Asimetría Financiera y Tributaria: Quizás el ejemplo más brutal de las barreras que frenan el crecimiento de las microempresas con alto potencial de innovación sea el acceso al crédito. Mientras las grandes corporaciones obtienen financiamiento a tasas de interés competitivas en el mercado internacional, las micro y pequeñas empresas —las verdaderas semillas de la innovación— enfrentan tasas usureras que las condenan al estancamiento o las empujan a la informalidad. A ello se suma una asimetría tributaria igualmente perversa: el sistema impositivo suele ser implacable con las microempresas, mientras muestra una sorprendente flexibilidad con los grandes conglomerados. Estos no solo cuentan con departamentos especializados para optimizar su carga fiscal, sino también —en algunos casos— con arreglos tributarios que les garantizan estabilidad y beneficios que ningún pequeño empresario podría siquiera imaginar. Así, ambos sistemas, en lugar de ser motores de igualdad de oportunidades, terminan funcionando como los más eficaces guardianes de los privilegios.

El Desafío: Construir un Estado Árbitro Verdadero

La solución no es, como algunos podrían pensar, un salvaje oeste sin reglas. La verdadera "destrucción creativa" que impulsa el progreso, la que describieron Schumpeter y los teóricos de la destrucción creativa galardonados con el Premio Nobel de Economía, requiere un Estado árbitro fuerte, imparcial y eficaz. Un Estado que:

• Sancione el rentismo: Con un INDECOPI fortalecido y autonomía real para perseguir y desmantelar monopolios y cárteles.
• Proteja la competencia: Garantizando que las reglas del juego sean las mismas para todos, desde el gigante más grande hasta el emprendedor más pequeño.
• Nivele el campo de juego financiero: Creando instrumentos y garantías que permitan a las pymes acceder a crédito en condiciones justas.
• Defienda el bien común: Exigiendo estándares laborales, ambientales y de seguridad que no son un "costo", sino la base de una competitividad sostenible y justa.

Flexibilizar al Monopolio para Crear Empleo

El problema de la economía peruana se encuentra, en definitiva, en esa estructura que privilegia la estabilidad de los monopolios. Así como se reclama por flexibilizar el empleo, tenemos que empezar a reclamar por flexibilizar las estructuras económicas que permiten esa estabilidad antieconómica.

En el Perú ya existen los emprendedores con las nuevas ideas a lo Netflix o los smartphones; lo que no existe es el ecosistema que les permita desafiar a los Blockbusters y los Nokias de nuestra economía. Nuevas empresas, ya vivas pero invisibles, esperan la oportunidad de crecer y crear los empleos de mayor calidad y productividad que el país necesita.

La tarea pendiente no es flexibilizar al trabajador, sino flexibilizar al monopolio. Solo así la destrucción creativa —la verdadera, la que impulsa el progreso— podrá cumplir su promesa de convertirse en movilidad social para todos.

¿Por qué la productividad está cayendo si hay más universitarios en el país?

La trampa peruana de una economía que no demanda talento.

La pregunta no es retórica; describe la paradoja central que ahoga el desarrollo del Perú. Mientras los indicadores macroeconómicos muestran una preocupante caída en la productividad total de los factores —el verdadero motor del crecimiento sostenido—, las aulas universitarias expulsan cada año a más de 135,000 nuevos profesionales. El contraste es brutal: según la encuesta de demanda ocupacional del MTPE, el mercado formal apenas espera generar unos 12,000 nuevos puestos para ellos.

¿Qué está roto en nuestro modelo para que más educación genere menos progreso? La respuesta a este enigma puede encontrarse en las ideas que este año valieron el Premio Nobel de Economía a Philippe Aghion, Peter Howitt y Joel Mokyr. Su trabajo se basa en un concepto de Joseph Schumpeter: el progreso económico no nace de la acumulación, sino de la destrucción creativa; el proceso mediante el cual nuevas empresas, tecnologías e ideas reemplazan a las viejas.

Detrás de esa dinámica está la clave del desarrollo: los países que permiten la entrada de nuevos competidores y no protegen a sus monopolios generan movilidad social, empleos de mayor productividad e innovación continua. Aquellos que, por el contrario, consolidan estructuras económicas cerradas, terminan atrapados en un equilibrio de bajo crecimiento, alta desigualdad y estancamiento tecnológico.

El caso peruano: más diplomas, menos innovación

El Perú encarna perfectamente el escenario de estancamiento que describen estos teóricos. La caída de la productividad y la brecha abismal entre egresados y empleos no son un accidente. Son el síntoma directo de una economía controlada por grupos concentrados que bloquean la entrada de nuevos actores. En un entorno de monopolios y rentas aseguradas, la innovación deja de ser rentable o necesaria. Las empresas no compiten por crear, sino por preservar sus privilegios.

Por eso, pese a haber multiplicado sus universidades, el Perú se mantiene entre los países con menor capacidad de innovación del planeta. Las solicitudes de patentes son escasas, la inversión privada en I+D es marginal y el tejido productivo sigue dominado por sectores primarios o de baja sofisticación tecnológica.

Una economía que no demanda talento

Esta estructura económica tiene un efecto perverso sobre el capital humano. Aunque el país invierta en educación, ese esfuerzo se desperdicia si la economía no genera demanda de trabajo calificado ni incentivos para la creatividad. La brecha de 135,000 profesionales contra 12,000 puestos de trabajo es la prueba más cruda de esta realidad. No es que los peruanos no sean innovadores; es que el sistema no los necesita y, peor aún, no les da cabida.

Por eso, el Perú exhibe un dato alarmante: 72% de informalidad laboral, un nivel extremadamente alto para su ingreso per cápita. No se trata solo de falta de fiscalización; es el síntoma de una economía que no ofrece espacio productivo para absorber a sus trabajadores. La informalidad es, en el fondo, la válvula de escape de una estructura económica cerrada, donde la mayoría debe crear su propio sustento porque el mercado formal está ocupado por pocos y no crece.

Innovar para abrir la sociedad

El mensaje del Nobel de este año es contundente: sin competencia no hay innovación, y sin innovación no hay movilidad. En el Perú, la política de desarrollo no puede seguir centrada únicamente en la educación; debe incluir una agenda de competencia económica, transparencia regulatoria y diversificación productiva.

Promover la innovación implica democratizar el acceso a la economía formal. Significa fortalecer la autoridad de competencia (Indecopi), derribar barreras de entrada, abrir financiamiento a nuevos emprendedores y vincular la formación universitaria con sectores tecnológicos emergentes. De lo contrario, seguiremos educando para la frustración: formando profesionales que el modelo económico no tiene intención de emplear.

Romper el círculo vicioso

La respuesta a la pregunta inicial es, por tanto, clara. La productividad cae no a pesar de tener más universitarios, sino porque nuestra estructura económica cerrada convierte ese talento en una amenaza para el statu quo y no en un motor de progreso.

El Perú no es un país sin talento ni sin ideas. Es un país atrapado en una estructura que no deja que la destrucción creativa ocurra. Mientras los monopolios sigan determinando qué sectores crecen, la informalidad será inevitable y el conocimiento acumulado se desperdiciará. La tarea pendiente no es solo educar más, sino liberar la competencia para que el talento nacional encuentre el espacio para transformar la economía y convertir el crecimiento en verdadera movilidad social.

La contabilidad de un poder sin rostro

A veces, un informe técnico no habla de números, sino de ecos. El reciente estudio del Consejo Fiscal sobre el impacto fiscal de las leyes aprobadas en los últimos años es uno de esos documentos. Sus cifras, que describen con elocuencia una reducción de los ingresos tributarios y un aumento de gasto fiscal estratosféricos, no son el problema en sí mismas, sino el síntoma de una transformación profunda y silenciosa en la forma en que el poder se ejerce en el Perú.

Cada una de esas iniciativas legislativas, vistas en conjunto, dibuja un mapa. No es un mapa de carreteras o de regiones, sino un mapa de la arquitectura de las lealtades que sostiene al gobierno. Detrás de cada beneficio tributario o de cada gasto nuevo no hay solo una política pública, sino la sutil y compleja ingeniería de los apoyos que permiten que el barco del Estado siga su curso, aunque sea hacia una tormenta financiera. Son las piezas con las que se podrían ensamblar las mayorías, la moneda de cambio de un poder que ya no reside en Palacio.

En este escenario, la voluntad del Ejecutivo parece diluirse, como una voz que intenta hacerse oír en una sala donde la conversación principal se libera en otro tono y en otra mesa. La gestión del día a día transcurre, pero las decisiones que realmente moldean el destino fiscal del país, las que definen qué se puede y qué no se puede hacer, parecen tener otra procedencia. No es una ausencia de poder, es una relocalización del poder.

Lo preocupante es que este sistema, que hoy opera con una cierta lógica informal y dispersa, está a punto de encontrar su máxima expresión. La llegada del Congreso bicameral no será un simple cambio de formato. Para muchos de los actores políticos actuales, representa la oportunidad de perfeccionar su oficio en un escenario nuevo y más elevado. Los futuros senadores, en gran medida, serán los arquitectos veteranos de este sistema de equilibrios y concesiones.

El Senado corre el riesgo de convertirse en la consolidación de este poder sin rostro. Una cámara con facultades extraordinarias, pero que, de no mediar una reforma profunda, podría funcionar con la misma lógica de hoy: la de la negociación de cuotas de influencia sin un contrapeso efectivo. Lo que hoy es una práctica que se puede rastrear en los informes del Consejo Fiscal, mañana podría institucionalizarse como una doctrina, elevando la "contabilidad del poder" a un nivel de complejidad y opacidad aún mayor.

El informe del Consejo Fiscal es, en el fondo, una invitación a mirar de frente lo que podría ya estar sucediendo. Nos dice que el poder ya tiene sus propias reglas no escritas y su propia contabilidad. La tarea pendiente no es añadir una nueva cámara a este esquema, sino ponerle nombre y apellido a ese poder.

Se hace urgente una reforma constitucional que no busque un retorno a un pasado idealizado, sino que formalice las responsabilidades del Congreso en su rol de gobierno. Es necesario dotar de reglas claras al juego que ya se juega, establecer mecanismos de control fiscal que sean reales y exigir que quienes negocian el destino de los recursos públicos lo hagan a la luz del día, asumiendo las consecuencias.

De lo contrario, no estaremos creando un Senado, sino el santuario definitivo para un poder que al parecer, aprendió a gobernar en las sombras, con la chequera del Estado en la mano y sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y esa es una deuda que, tarde o temprano, todos los peruanos terminaremos pagando.

El parlamentarismo que ya gobierna

No fue la paralización de los transportistas, ni la expulsión de Butters de Puno, ni mucho menos el atentado contra Agua Marina. Esas han sido excusas. La verdadera razón por la que este Congreso permitió la designación de Jerí como presidente interino de la República es la misma que lo llevó a presidir la Mesa Directiva: su desempeño al frente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Presidir dicha comisión no es poca cosa. Requiere saber negociar y repartir, priorizar y construir acuerdos. Es un espacio donde se mide la verdadera capacidad política de un congresista, y Jerí supo demostrarla con eficacia. Su habilidad para distribuir los recursos presupuestales generó lealtades, y esas mismas lealtades hoy le permiten asumir la conducción del país.

Podría decirse, más bien, que ha vuelto a repartir las cartas del presupuesto, esta vez desde Palacio. En ese sentido, la demora en la designación de representantes ante los ministerios recuerda la los tiempos y las formas en que se distribuyen las comisiones parlamentarias entre bancadas cada vez que se inicia una legislatura. Algo que se hace todos los años sin mayor drama.

Aunque la Constitución modificada hasta la fecha no reconozca un régimen parlamentarista, lo cierto es que el Perú vive ya bajo un gobierno de esa naturaleza. Los ministerios reflejan cuotas de poder equivalentes a las que dominan en el Congreso, y los equilibrios políticos se miden más en función de esa correlación que de la voluntad del Ejecutivo. 

Resuelto este reparto, será difícil que el Congreso retire el respaldo al presidente interino durante este vibrante periodo electoral. La canalización de recursos públicos será funcional a la inauguración de obras por aquí y por allá. “El gato del despensero”, dicen algunos. Yo prefiero decir que hemos consolidado un parlamentarismo de facto, sin haberlo reconocido formalmente.

Sin embargo, esta evolución institucional exige formalización. Es necesario reformar la Constitución para asignar responsabilidades políticas explícitas a las bancadas que hoy gestionan recursos a través de los ministerios que controlan. La sociedad debe saber quiénes están detrás de cada sector para que asuman, con nombre y apellido, los aciertos y los errores de su conducción. Solo así se podrá limitar el oportunismo y recuperar el principio de racionalidad que debe regir el gasto público: los soles invertidos deben generar valor público, no solo rentas electorales.

Mientras ello no ocurra, el Estado seguirá siendo visto como un botín, y quien ocupe Palacio de Gobierno no será más que un primer ministro contingente, removible sin drama conforme satisfaga —o no— el apetito de las fuerzas parlamentarias.

En el fondo, lo que parece caos y precariedad del Ejecutivo no es más que la rutina silenciosa del Congreso: un almuerzo apacible que se sirve hace varios años, desde que comenzaron los gobiernos minoritarios y los presidentes sin mayoría.

Por eso creo que estas elecciones son, en realidad, simbólicas. Porque el poder efectivo ya está asentado en el Congreso y lo más probable es que sea reelegido bajo nuevos rostros y partidos, pero con las mismas lógicas. La única diferencia será que el Congreso que nazca después de marzo será más poderoso que nunca. Con un Senado todopoderoso que no podrá ser tocado ni con el pétalo de una flor.

Y entonces, ya no necesitaremos una generación Z que nos salve, sino todas las letras del abecedario juntas para impulsar un verdadero cambio: no para que el poder vuelva al Ejecutivo, que ahora se parece más a un premiarato, sino para formalizar las responsabilidades del Congreso en su actual papel de gobierno ante la ciudadanía.

Una propuesta de indicador para medir la saturación del mercado de trabajo profesional en el Perú

 

Introducción: La Problemática de Fondo

En el Perú, la educación superior ha sido percibida tradicionalmente como el principal camino hacia la movilidad social. Las familias y los jóvenes han invertido recursos, tiempo y expectativas en obtener un título universitario, bajo la creencia de que este garantizará un empleo bien remunerado y estable. Esta expectativa social fue tan fuerte que, cuando las universidades tradicionales no pudieron absorber toda la demanda juvenil, surgieron instituciones privadas, cuyo objetivo principal fue captar este mercado insatisfecho, sin necesariamente garantizar estándares de calidad educativa.

La creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) marcó un intento del Estado por ordenar este crecimiento descontrolado y asegurar un mínimo de calidad. Sin embargo, las tensiones políticas y los intereses detrás de algunas de estas instituciones han limitado el alcance efectivo de la SUNEDU en los últimos años. A pesar de estos esfuerzos regulatorios, ha faltado una dimensión fundamental en el debate: informar a los jóvenes y sus familias sobre si la inversión educativa efectivamente les permitirá obtener un empleo de calidad.

Existen varios indicadores que ya alertan sobre esta problemática en los círculos académicos y en los hacedores de política. El desajuste en el empleo alcanza un preocupante 67.7% para jóvenes profesionales (universitarios y no universitarios) en 2023, es decir, dos tercios están empleados en puestos que no requieren el nivel de educación alcanzado. 

Fuente: MTPE-DISEL

Por otro lado, en 2024, las tasas de desempleo juvenil (11.5%) y universitario (7.2%) son notablemente más altas que la tasa de desempleo nacional (5.6% en 2024). 

Además, datos de un estudio del BCRP (aunque desactualizados) muestran que quienes poseen educación superior tardan más en encontrar empleo (12.4 semanas frente a 11.4 semanas del promedio nacional).

Elaboración: Céspedes, N. y otros (2013) 

Estos datos sugieren una saturación del mercado laboral para ciertos perfiles profesionales, y precisamente por ello surge la necesidad de un indicador que permita apreciar, aunque de forma preliminar y con limitaciones, cuáles carreras presentan mayor presión de oferta laboral frente a la demanda de las empresas.

Definición Abstracta del Indicador

El indicador de saturación laboral busca relacionar el flujo de nuevos egresados que ingresan al mercado de trabajo con el número de empleos nuevos generados para ese grupo en el mismo período. Idealmente, se definiría como:

$$\text{Saturación}_{t} = \frac{Egresados_{t} + Rezagos_{t-1} + Rezagos_{t-2} + ...}{Nuevos \ Empleos_{t}}$$

donde:

• $Egresados_{t}$

  es el número de egresados de una carrera en el año t.

• $Rezagos_{t-n}$

  es el número de egresados de años anteriores que aún buscan empleo.

• $Nuevos \ Empleos_{t}$

  es el número de nuevos empleos creados para ese grupo profesional en el año t.

Sin embargo, debido a limitaciones de datos (no se dispone de flujos exactos de rezagos ni de retornos al mercado laboral, ni de absorción en estudios de posgrado), se opta por una simplificación operativa.

Definición Operativa del Indicador

Dado que contamos únicamente con:

• Número de egresados por año (MINEDU): disponible desde 2018, reportado como stock anual en la web ESCALE-MINEDU.

• Número de empleos formales mensuales por carrera (Planilla Electrónica, MTPE): publicado anualmente en el Anuario Estadístico del MTPE, el que permite calcular el promedio mensual y su variación interanual.

La versión operativa del indicador es:

$$\text{Saturación Operativa}_{t} = \frac{Egresados_{t}}{\Delta Empleos_{t}}$$

donde 

$\Delta Empleos_{t} = Empleos_{t} - Empleos_{t-1}$

representa el incremento neto de empleos promedio de un año al otro.

Por ejemplo, en 2023:

• Egresados totales: 136,299.

• Incremento neto de empleos: 23,354 (diferencia del promedio mensual 2023 vs. 2022).

Esto significa que, en promedio, hubo casi 6 egresados por cada empleo nuevo creado, sin contar los rezagos ni los ajustes sectoriales.

Limitaciones y Consideraciones

• El indicador es sensible a años con decrecimiento de empleos (en el reporte del Anuario Estadístico sobre el número de trabajadores del sector privado según carreras profesionales se aprecia que para los casos de ciencias administrativas y ciencias contables disminuyó el número de trabajadores), lo que puede generar ratios negativos o indefinidos.

• Solo mide empleos formales reportados en planilla (no capta autoempleo ni informalidad).

• La variable que reporta el nivel profesional universitario no distingue si sólo es egresado o titulado. Tampoco es posible conocer si los profesionales que están trabajando cuentan además con un posgrado.

• No incluye la salida por migración, estudios de posgrado, ni el reingreso de profesionales previamente desempleados.

• La naturaleza de los datos es distinta: los egresados representan un stock anual, mientras que los empleos se analizan como un flujo neto interanual.

Relevancia de la Propuesta

Proponer este indicador no reemplaza indicadores cuya utilización está más extendida como son el desajuste laboral o el desempleo juvenil, pero sí aporta un enfoque complementario: permite analizar de forma aproximada si la oferta educativa (número de nuevos profesionales) guarda proporción con la demanda efectiva del mercado formal. Esta herramienta puede ayudar tanto a hacedores de política como a jóvenes y familias a tomar decisiones más informadas sobre las carreras a estudiar, identificando áreas de mayor y menor saturación.

En resumen, aunque aún incipiente y sujeto a mejora, este indicador representa un primer paso hacia un análisis más sistemático de las tensiones entre el sistema educativo y el mercado de trabajo en el Perú.

Resultados utilizando la Planilla Electrónica MTPE y los datos de egresados del MINEDU, 2023

A continuación se presenta los resultados de los trabajadores según carrera profesional, junto con el indicador de saturación propuesto por este informe. 

Elaboración propia con información de MINEDU y MTPE

El análisis comparativo entre el número de egresados por carrera profesional en 2023 (MINEDU) y los nuevos puestos de trabajo creados en el sector formal privado (Planilla Electrónica - MTPE) revela un desajuste crítico en el mercado laboral peruano. En total, se graduaron 136,299 profesionales, mientras que el empleo formal registrado en SUNAT solo generó 23,354 nuevos puestos para este grupo, lo que implica un promedio de 5.8 egresados compitiendo por cada vacante. Si se considera únicamente la demanda proyectada por empresas medianas y grandes (Encuesta de Demanda Ocupacional - EDO), el escenario empeora: 10.8 egresados por cada puesto previsto, evidenciando la incapacidad del sector formal para absorber la masa de profesionales que ingresa al mercado laboral cada año.

Carreras en Crisis: Sobreoferta Educativa vs. Demanda Limitada

Las carreras con mayores ratios de saturación son aquellas con una tradición de alta matrícula pero mercados laborales estrechos. Educación Primaria (31.4 egresados por puesto), Derecho y Ciencias Políticas (20.2), Comunicación (18.7) y Derecho (17.7) encabezan la lista, reflejando una desconexión entre la formación académica y las oportunidades reales de empleo. Estas cifras explican por qué el desempleo juvenil y la inadecuación laboral (subempleo o informalidad) afectan a más de dos tercios de los jóvenes profesionales. Incluso carreras con ratios "moderados" como Administración (6.4) o Psicología (7.5) enfrentan un desafío monumental: por ejemplo, los 19,023 egresados en Administración requerirían casi 30 años de crecimiento laboral al ritmo actual para ser absorbidos solo por el sector formal.

¿Hay Carreras con Oportunidades?

Algunas ingenierías técnicas (Metalúrgica, Mecánica, Química) y áreas de salud (Tecnología Médica) presentan ratios menos críticos (entre 1.9 y 3.0 egresados por puesto), pero su capacidad de absorción es marginal en términos absolutos. Por ejemplo, Ingeniería Metalúrgica solo generó 262 nuevos puestos en 2023, una cifra insignificante frente a los 502 egresados. Esto demuestra que, aunque ciertas carreras están "menos saturadas", no son una solución escalable para el empleo masivo de profesionales.

El Rol de las PYMES y la Informalidad

La diferencia entre los datos de la Planilla Electrónica (que incluye a todas las empresas formales) y la EDO (solo empresas medianas/grandes) confirma que las pymes son clave en la generación de empleo profesional, pero su impacto sigue siendo insuficiente. Mientras la PE muestra 1,107 nuevos puestos para Ingeniería Civil (7.8 egresados por puesto), la EDO subestima esta demanda al excluir a pequeñas empresas. Sin embargo, incluso con este ajuste, el empleo formal no supera el 15% de la oferta anual de egresados, dejando a la mayoría en la informalidad o en empleos no relacionados con su formación.

Conclusiones y Urgencias de Política Pública

• Reformar la oferta educativa: Reducir vacantes en carreras saturadas (Derecho, Educación, Comunicación) y alinear la formación con sectores dinámicos (ej.: agroindustria, TI, energías renovables).

• Fortalecer la empleabilidad: Promover pasantías, certificaciones y vinculación temprana con el mercado laboral, especialmente para jóvenes.

• Incentivar la demanda laboral: Apoyar a las pymes para que contraten profesionales mediante beneficios tributarios o subsidios focalizados.

• Transparencia en datos: Articular mejor las estadísticas del MINEDU, MTPE y SUNAT para monitorear en tiempo real la empleabilidad por carrera.

Para terminar, queda claro que el Perú enfrenta un problema estructural de desequilibrio entre formación y empleo, agravado por un mercado laboral formal rígido y una proliferación de carreras con baja demanda. Sin intervenciones integrales, seguirá perpetuándose el círculo vicioso de desempleo juvenil, subempleo y fuga de talentos. Queda ser innovadores en las intervenciones que se ha evidenciado es urgente implementar.