La economía política del salario mínimo

Acaba de aparecer un breve análisis (pdf) realizado por Reflexión Democrática (RD) sobre el tema del incremento de la Remuneración Mínima Vital o Salario Mínimo. En ella se aportan dos conclusiones importantes a partir de su respectivo análisis legal:

1. No se obliga al Estado a establecer remuneraciones mínimas de manera general en todos los sectores de la actividad productiva (pág.2).
2. El Estado es el encargado de regular el monto de las remuneraciones mínimas (pág. 3).

La primera conclusión nos lleva a considerar la necesidad de establecer cuáles son los sectores donde el Estado podría intervenir con éxito imponiendo un nuevo salario mínimo. De acuerdo con el análisis de RD, estos deberían ser los sectores de muy bajos ingresos y que no tengan capacidad para negociar el monto de sus remuneraciones. Para evaluar esta idea es necesario saber cuántas empresas tienen sindicatos y cuál es la cobertura de los mismos según sector económico a fin de regular el salario mínimo en los sectores que serían pertinentes. Esto es así porque ya se conoce mas o menos cuáles son los ingresos medios de cada uno de los sectores productivos. Hasta la fecha sólo existen estimaciones realizadas a partir de las ENAHO de quienes manifiestan pertenecer a algún sindicato, pero no se conocen estadísticas públicas sistemáticas sobre el número de empresas que tienen sindicatos ni la cobertura que las mismas tuvieran como para poder afirmar aquí si o aquí no es necesario regular el salario mínimo.

La segunda conclusión, nos señala que aunque los trabajadores y sindicatos tienen voz en la discusión de los aumentos del salario mínimo, es el Estado quien toma la decisión final, a pesar que no todos los sectores interesados en la negociación queden contentos. RD nos revela que técnicamente esto ha sido posible a partir de diciembre de 2005 con la dación de la ley 28318. Aquí habría que comentar que la disputa se da entre tres actores claramente definidos: El Estado, los trabajadores y los empresarios. La pregunta de fondo es saber de qué lado se pondrá el Estado ante la ausencia o poca cobertura de mecanismos de negociación coherentes de las remuneraciones entre trabajadores y empresarios.

El Estado no es un jugador neutro en estas negociaciones donde las evidencias empíricas de una u otra posición abundan. Dado que existe la percepción de un bajo cumplimiento de la ley del salario mínimo y también de una baja cobertura de las organizaciones sindicales, queda claro que el Estado debería abogar más por el derecho de los trabajadores, quienes precisan de un incremento justo del salario mínimo.

No obstante, la anterior solución es ineficiente debido a que la política del salario mínimo se asume como plano a lo largo y ancho del país. Y como ya es costumbre señalar, nuestro país no es ni remotamente plano. En general, esta política se alimenta de los siguientes fenómenos:

• Información limitada a un sólo ámbito: La mayoría de los estudios realizados sobre el impacto del salario mínimo sólo corresponden a la realidad de Lima Metropolitana. El estudio de Céspedes (pdf) y el de Jaramillo (html) adolecen de esta deficiencia. Esto implica que la información para el diseño de esta política es limitada puesto que no se evalúan las diferencias de productividad interregional o intersectorial, ni de los niveles de precios de la canasta familiar interregionales que son importantísimos para negociar mejores condiciones remunerativas en cada región.
  
• Información no experimental: Los estudios de impacto más importantes realizados sobre el salario mínimo fuera del Perú contemplaban un diseño experimental. Estos han comprobado que no es cierto el argumento de que el incremento del salario mínimo en determinados sectores económicos ocasionen una reducción de los niveles de empleo (ver Card y Krueger en la NBER). En nuestro país, por ejemplo, un sector reticente a perder empleos por el gran dinamismo productivo y comercial que tiene es el textil exportador. Valdría la pena explorar esta hipótesis con algún diseño experimental en este sector para evaluar el impacto neto de un incremento del salario mínimo.
• Hay empresarios 'responsables' e 'irresponsables' en nuestro medio: ante un incremento del salario mínimo o un incremento equivalente de los estándares laborales solicitada por un cliente internacional hay evidencia no sistemática de que los empresarios responden distinto según su grado de adherencia a los valores de responsabilidad empresarial. Los empresarios irresponsables tienden a informalizar o despedir a su mano de obra como respuesta a los requerimientos del Estado o de los clientes internacionales. En contraste, los empresarios responsables hacen ciertas concesiones distributivas puesto que tienen una torta de utilidades más grande que repartir.
• La informalidad y la falta de sindicalización son problemas más graves que atender por el Estado que la política del salario mínimo: En efecto, resulta ridículo contar con los dedos de la mano al número de auditores labores con que cuenta el Ministerio de Trabajo para hacer cumplir con estándares mínimos de formalidad y sindicalización en las empresas de nuestro país. Ante la falta de información consistente y representativa de las miles de realidades que tiene nuestro país para diseñar una política de salario mínimo integral, resultaría más eficiente y coherente fortalecer la política de supervisión del cumplimiento de estándares laborales en las empresas que funcionan en nuestro país.
  

Por todas estas razones, creo que una salida rápida para el actual gobierno sería incrementar el salario mínimo de una vez en el corto plazo en un monto razonable como para viabilizar la firma del TLC con USA a la brevedad posible.

No obstante, lo anterior no debe impedir que se elaboren nuevos estudios sobre el impacto del salario mínimo en las diferentes regiones del país a través de los diferentes sectores económicos y sociales. Por lo tanto, es necesario que el Ministerio de Trabajo ponga manos a la obra en el recojo de información relevante tanto de los trabajadores como de las empresas para mejorar los niveles de responsabilidad empresarial como de las condiciones de los trabajadores de nuestro país.