Mas competitivos pero muy desiguales según género

Las cifras de competitividad recién publicadas por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) muestran que el Perú mejoró su posición competitiva entre el 2005 y 2006 pasando de la ubicación 77 a la número 74 de un total de 125 paises estudiados. Cinco años de crecimiento sostenido no han resultado en vano, con un esquema de inflación eficazmente controlada y una clara política de apertura comercial con varios países importantes del globo. Esta es una buena noticia para el Perú y es digno de celebrarse porque ello significa que puede mejorar nuestra posición atractiva para nuevas inversiones en nuestro territorio.

A pesar de la buena noticia, existe una nota discordante que destacar: la publicación de otro informe del propio WEF que ningún diario del mundo ha reproducido en sus primeras planas: "Empoderamiento de las mujeres: midiendo la brecha de género global" (Women's Empowerment: Measuring the Global Gender Gap). Este informe revela las profundas diferencias de género existentes en 58 (46.4%) del total los países estudiados por el informe de competitividad. En el caso de Perú, ocupamos el puesto 47 de 58, con un puntaje de 3.47. Este puntaje tiene sentido al tomar en cuenta sus límites: la brecha de género es mayor mientras mas cercano sea el puntaje a la unidad; en contraste, la brecha será menor mientras más cercano sea el puntaje a 7.

Comparaciones competitivas
Realizando algunas comparaciones entre los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, grupo al que Chile acaba de ser reincorporado, podemos apreciar que nuestro país junto con Bolivia son los que mas posiciones han ganado (este ultimo pasó del lugar 101 a 97). En contraste, Colombia fue el pais que más posiciones ha caído pasando del lugar 58 al 65; en tanto que Ecuador bajó solo tres posiciones (de 87 a 90). Por su parte, Chile se ha mantenido firme en su lugar durante el periodo revisado (27).

Otra cuestión que llamó mi atención fue que, desde un punto de vista puramente cuantitativo, nuestro país ha permutado su posición competitiva con el lejano país de Vietnam. En efecto, mientras que en el 2005, Vietnam ocupaba el lugar 74 y nosotros el 77, este año nosotros ocupamos el lugar 74 y Vietnam retrocedió a ocupar el sitio vacío que dejamos. Esto no tendría mayor significado si nos ponemos a pensar en las dimensiones de este país frente al nuestro: hacia el 2004, Vietnam tenia 82.2 millones de habitantes, 90.3% son alfabetos, 66.4% es la importancia de sus exportaciones sobre su PIB, su industria es la que aporta en primer lugar a su economía con el 40.1%, 540 dólares de PIB per cápita y un 7% de crecimiento medio estimado de su PIB entre el 2003 y 2004. En contraste, Perú, utilizando siempre la información del Banco Mundial, cuenta con 27.6 millones de habitantes, 87.7% son alfabetos, 20.9% es el peso de nuestras exportaciones en el PIB, los servicios son los que aportan más a nuestra economía con el 60%, 2360 dólares es nuestro PIB per cápita y 4.4% de crecimiento medio de su economía en el mismo periodo.

Estos detalles cuantitativos, que no guardan correspondencia con algunas expectativas sobre lo que significa competitividad para nosotros, son los que me hacen pensar en la revisión mas detenida de la metodología de clasificación de la competitividad que utiliza el WEF. Eso pretendo abordar en otro post.

Brechas de género
La investigación con enfoque de género es un tema en boga a nivel mundial. En el Perú, es un tema particularmente sensible por los problemas originados a partir de las politicas de control de la natalidad implementadas durante el fujimorismo. No tengo datos a la mano, pero los comentarios que suelen escucharse al respecto son desgarradores: El Estado de los noventa concibió que el mecanismo que explicaba el aumento del número de pobres en el Perú era la mujer, en particular, la mujer andina. Dado este diagnóstico, se aplicaron una serie de políticas de control de natalidad que violaron los derechos más fundamentales de la mujer poniendo en riesgo la vida de muchas de ellas. Se practicaron masivamente abortos y esterilizaciones en condiciones no adecuadas lo que trajo como resultado que muchas mujeres enfermaron y otras murieron fruto de este inadecuado manejo de las esterilizaciones. En fin.

En el área urbana, los problemas identificados asociados al tema de género se han ubicado en el espacio de la competencia en el mercado laboral: ellas se insertan con una menor remuneracion por hora que un varón con iguales calificaciones. Otras investigaciones, sin embargo, han ido un poco mas allá contemplando por ejemplo el tema de la violencia al interior del hogar, el cual no ha sido abordado por ningun economista de nuestro medio. Una hipótesis a explorar en ese sentido sería algo similar a lo que se analiza a nivel macroeconómico: se espera que los hogares con menores índices de violencia tendrían un mayor nivel de competitividad y por lo tanto de éxito en la conexión de sus ofertantes de mano de obra al mercado laboral, medidos por su remuneración percibida.

He hecho las anteriores acotaciones respecto del tema de género porque hace algunos meses mi investigación sobre los cambios de la pobreza para el Perú ha sido evaluada por Jeanine Anderson y Janina León para valorar qué tanto he abordado esta problemática en mi documento. La evaluación se realizó tomando en cuenta 160 investigaciones auspiciadas por el CIES realizadas entre 1999 y el 2003 de donde resulté con una calificación "baja" (ver tabla en el anexo 2, pág. 84). Ello significa lo siguiente:

Algunos conjuntos (por lo menos) de sujetos desagregados por sexo; sexo tomado en cuenta en (por lo menos) algunos análisis pero sin discusión ni conexión con alguna teoría de género. Hay mención a “mujeres” sin cuestionar las posibles implicancias (ver tabla en pág. 16).

Bueno, no está muy mal para alguien como yo que recién me estrenaba como investigador serio en el mundo de las ciencias sociales precisamente con esta investigación. No obstante, a pesar de la evaluación dada por estas dos especialistas a mi trabajo, ha sido reconfortante verme citado en la bibliografía de un trabajo posterior a cargo de una ellas (Equality in afterlife de Jeanine Anderson, pág. 25).

Retomando el tema del informe de la WEF, esta claro que el Perú se encuentra entre los países con mayor desigualdad de género. La aproximación de la WEF incorpora cinco dimensiones bien definidas: participación económica, oportunidad económica, empoderamiento politico, logro educacional, y finalmente, salud y bienestar. No tan sorprendente es la evaluación: las áreas más deficitarias para nuestro país para el caso de las mujeres son las económicas y la educación, las cuales se encuentran altamente correlacionadas segun la teoría del capital humano. El resto de dimensiones, empoderamiento político y salud y educación nos sitúan mas o menos en posiciones medias en la tabla, lo que por supuesto no significa que estemos bien. Los países sudamericanos que se encontrarían peor que nosotros en la brecha de género son Chile (solo una posición mas adelante, 48) y Brasil (51). En contraste, Argentina, esta mejor que nuestro país en la posición 35, Uruguay en el puesto 32 y curiosamente (digo por mi percepción) Colombia en el lugar 30.

Concluyendo
La famosa paradoja que vivimos en los noventa, del bienestar macroeconómico y el malestar microeconómico persiste. Hace solo una semana el profesor Figueroa presentó unos datos sobre la desigualdad en nuestro país, comparando entre 1985 y el 2005, encontrando que ella no ha variado significativamente. Su conclusión: la desigualdad en el Perú se ha mantenido tan firme como la Cordillera de Los Andes que surca nuestro territorio. Esta percepción al interior de nuestro país se reproduce en nuestra performance a escala global.

Es necesario por lo tanto incorporar la problemática de género en nuestras investigaciones sobre el impacto de las politicas públicas, pero también es preciso que exista una retroalimentacion que incida favorablemente en esta dimension. Esto sólo se logrará, en mi opinión, incorporando criterios de justicia y equidad no solo en el diseño sino también en la implementación de políticas y programas públicos que provienen desde nuestro Estado y desde las intervenciones micro que hagan las ONGDs.

Campaña: "Cita a un científico peruano"

¿Puede un científico peruano, llámese un físico, un químico, un médico o un economista, recibir el premio Nóbel en los próximos 5 años? Creo que una respuesta natural de cualquier académico local ante esta pregunta sería que es muy probable que no. ¿Puede revertirse esta situación? ¿De que depende que los científicos de países industrializados reciban continua y repetidamente reconocimientos y premios de escala mundial mientras que el resto de científicos de países poco desarrollados no lo son? Estas son algunas de las preguntas que me motivaron a escribir el siguiente post y a recomendar la campaña que la titula: “Cita a un científico peruano”. O en su forma mas breve: "Cita a un peruano".

¿De qué manera se mide la importancia de las ideas propuestas por un científico en esta era de la globalización? Básicamente por el número de veces que son citadas sus investigaciones, ya sea en revistas especializadas, libros, aulas de clase, ponencias, medios de prensa, Internet, etc. A diferencia de los bestsellers que con frecuencia son novelas (como la saga de Harry Potter de J.K. Rowling, una de las escritoras mejor remuneradas del mundo) o manifiestos presentados como ensayos (como El Misterio del Capital de Hernando de Soto), el científico tiene un impacto no solo en la forma como entendemos el mundo sino como lo transformamos, ya sea en sus dimensiones tecnológicas, políticas, sociales o económicas.

¿Quiénes son los científicos que proveen las ideas al mundo y quiénes son los que las reproducen? De acuerdo con el profesor Adolfo Figueroa (Figueroa 2001) existe una suerte de división internacional del conocimiento de acuerdo con la disponibilidad de recursos para la investigación: los científicos de los países industrializados son los que formulan las teorías que los científicos de los países altamente empobrecidos como el nuestro únicamente reproducen. En ese sentido, nuestras celebridades locales mas destacadas son más bien ingenieros antes que científicos puesto que implementan lo que los científicos del primer mundo proponen. Esta es la razón fundamental por la que, según Figueroa, las políticas económicas implementadas en nuestro país no han tenido éxito para reducir la pobreza y que por lo tanto hacen que los países no converjan en el desarrollo mundial.

Mi crítica a esta visión es que, a pesar que ella tenga bastante asidero en la realidad académica peruana, me resisto a que esta funcione así. En primer lugar, es preciso destacar que habría que evitar caer en la falacia de la generalización o del estereotipo. No todos los intelectuales peruanos mas destacados son solo parlantes que hacen eco de las ideas propuestas por el norte, ni tampoco todos los científicos peruanos hacen meras implementaciones o aplicaciones de teorías extranjeras en nuestra realidad. En las ciencias fácticas tenemos a Pedro Paulet, en las ciencias médicas ubicamos a Daniel Alcides Carrión, en las ciencias sociales destacan Víctor Raul Haya de La Torre, José Carlos Mariátegui y en la actualidad Adolfo Figueroa, Javier Iguíñiz, entre otros. Debe haber muchos otros intelectuales y científicos destacados que no conozco particularmente (ver una lista aquí), y este es el punto particular que motiva el titulo del presente post.

El gran premio internacional otorgado a las principales ramas del conocimiento humano es el llamado Premio Nóbel. No es el único premio global, pero si es el mas importante. De acuerdo con el sitio web oficial de este premio, cada año desde 1901, los premios Nóbel han estado dedicados a reconocer los logros más importantes en física, química, medicina, literatura y paz. Posteriormente, en 1968 se agregó el premio a economía lo que en estricto significa que esta rama de la ciencia no estaba considerada dentro del testamento de Alfred Nóbel. Si consideramos ver las estadísticas respecto de quienes son los individuos premiados encontraremos algunas cuestiones interesantes. En primer lugar, estos premios han sido otorgados a 758 individuos y 18 organizaciones, en algunos casos más de una vez han repetido el premio. Segundo, el más joven de los individuos premiados ha tenido 25 años, mientras que el más viejo ha tenido 88 años. Tercero, el premio ha tenido un sesgo a favor de los varones pues solo 33 mujeres han sido premiadas con el Nóbel. Una cuestión que me llamo la atención es que ellas han sido premiadas fundamentalmente por sus aportes a la literatura y la paz y no tantos premios existen por sus contribuciones en las ciencias exactas o en economía. Cuarto y último, es que prácticamente ninguno de estos premios (me refiero los científicos, pues los de literatura y paz parecen tener una cuota incluyente de personajes latinoamericanos o desde otra perspectiva incluyente de mujeres) ha sido otorgado a un latinoamericano, ni menos por cierto a un peruano o peruana.

¿Por qué esto es así? Según algunos documentos de investigación ello parece depender de la idea que comente al inicio: los científicos laureados por el premio Nóbel por lo general han sido tan frecuentemente citados en, por lo menos, los últimos veinte años que ellos se encuentran ubicados en el 0.1% superior de sus respectivas áreas de estudio (Texto tomado de la web de Thomson Corporation, traducción libre). De hecho existen ya algunos estudios realizados que vinculan la frecuencia con que son citados los científicos mas destacados del mundo y su probabilidad de ser nominados a los premios Nóbel (Véanse por ejemplo, los estudios de Eugene Garfield).

¿Pero quienes son los que los citan? Evidentemente, existe toda una masa crítica de científicos que viven en los países del norte que citan con notable frecuencia a los científicos más destacados de sus espacios académicos. Esto repercute en la formación de un mercado monopólico del conocimiento mundial que redunda en el notable sesgo que manifiesta la adjudicación repetida del premio Nóbel, al igual que otros premios y reconocimientos globales, a los científicos que viven o se mueven exclusivamente en los países del norte. No obstante, lo peor no se encuentra en esta constatación. Cada vez que los científicos e intelectuales de nuestros países citan los trabajos realizados por sus respectivos pares en los países más desarrollados ayudan a que el sistema monopólico del conocimiento y sus respectivas recompensas perduren. Le rinden culto.

Esta situación no siempre fue así, al menos para las ciencias sociales. La última vez que América Latina hizo una propuesta intelectual independiente con un cuerpo teórico sólido y capaz de competir con las provistas en los países industrializados fue durante los años cincuenta: Raul Prebisch, Osvaldo Sunkel, Andre Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, Fernando H. Cardoso, Aníbal Quijano entre otros destacados intelectuales dieron forma a lo que mas adelante se conoció como la teoría de la dependencia, la que dio origen a la actual Comisión Económica Para América Latina (CEPAL). Como era de esperarse, esta teoría fue ampliamente criticada por el programa de investigación paralelo del mundo industrializado y finalmente, luego del pontificado del FMI a través de la implementación de las políticas económicas del Consenso de Washington en América Latina, la sepultó (Beigel 2006).

La actual CEPAL, de acuerdo con lo revisado hasta ahora, aparece como un polo de conocimiento importante pero no tiene el impacto político que tuvo en los cincuenta o sesenta. Quizás esto sea así por la percepción de que este se encuentra alineado con las propuestas intelectuales del Banco Mundial. Pero la verdad es que no he hecho un análisis exhaustivo de su línea de pensamiento como para dar un juicio global de este organismo. Otras propuestas que prometen convertirse en polos intelectuales competitivos que generen propuestas para los países del sur desde el sur son el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) o también la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). No obstante, ellas aun no están consolidadas ni tienen el empuje necesario porque todavía son un programa degenerado en el sentido propuesto por Lakatos, es decir, que su crecimiento empírico todavía rebasa al teórico.

A nivel de nuestro territorio peruano, hablando siempre en el marco de las ciencias sociales, solo contamos con el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) como centro de discusión de la intelectualidad peruana. Puede destacarse tambien otras iniciativas (¿Qué ejemplos podríamos citar?) pero aun no me parecen tan importantes como para generar un programa de investigación importante (ver aquí para otras ramas de la ciencia). Creo que esta organización tiene una buena propuesta de motivación de la investigación peruana. Sin embargo, los enfoques privilegiados son fundamentalmente los emanados de la teoria economica estandar ya que el financiamiento proviene de la cooperación del norte. Creo que esto no es necesariamente malo, sino inoportunamente bueno en el sentido propuesto por este artículo: no permite generar una masa crítica intelectual independiente. Con todo, desde el punto de vista del bienestar, es mejor contar con un segundo óptimo que ninguno.

¿Cómo pasar, usando la terminología de Imre Lakatos, desde un programa degenerado hacia un programa de investigación progresista cuyo contenido teórico supere al crecimiento empírico? En nuestro escenario microlocal, propongo la siguiente campaña: “Cite a un peruano”. Ello no significa que uno tenga que dejar de lado las fuentes bibliográficas de los teóricos del primer mundo. Lo que trato de promover con esta campaña es que el Perú proponga su propio programa de investigación que de lugar a políticas económicas y sociales surgidas de nuestra propia reflexión frente a nuestra realidad. Para mi, es del todo criticable que solo nos especialicemos en leer e interpretar a nuestra sociedad con una misma lente; es preciso que propongamos alternativas viables y útiles para reinterpretar al Perú, América Latina y por que no, al mundo entero.

Esta estrategia exige más que solamente citar a otro peruano, o a otro latinoamericano. Exige que haya una voluntad fehaciente en hacer que las nuevas generaciones compartan este mismo espíritu para que realmente se pueda construir algo duradero. Probablemente, ninguno de los teóricos latinoamericanos de antaño se propuso generar libros de texto básicos para la universidad, tarea en la que si se han visto involucrados los teóricos del primer mundo. Es hora de que se pueda implementar una estrategia como esta. Pero habrá que comenzar por establecer los valores fundamentales de nuestros paradigmas y luego compartirlos y desarrollarlos. Quizás en un futuro muy próximo se podrá quebrar el monopolio mundial del conocimiento y sus recompensas y con ello lograr una mayor integración social globalizada.

Por el momento, hay que comenzar por algo y esta es mi propuesta: “Cita a un científico peruano”. Los problemas con los que esta iniciativa se toparía son muchos por cierto, pero aun asi creo que ella junto con la herramienta de la Internet pueden lograr un efecto positivo importante para nuestra masa crítica intelectual y sus posteriores recomendaciones e implementaciones de política tecnológicas, económicas y sociales.

¿Te sumarías a esta propuesta?

El principio del fin de la universidad peruana

¿Por qué esta disminuyendo de manera lenta pero sostenida el número de postulantes a las universidades peruanas más importantes? Esta pregunta me inquietó seriamente luego de discutir con mis alumnos en la UNI cuales eran sus expectativas de inserción en el mercado de trabajo luego que acabaran la carrera. Un dato interesante que surgió de dicha discusión fue que, en comparación con los exámenes de ingreso a la UNI en los años noventa, la competencia por cada una de las casi mil vacantes anuales que ofrece esta casa de estudios ha disminuido. El año que postulé e ingresé (1992) la competencia era de 8.4 a 1. El 2004, la competencia ha caído dramáticamente a una proporción de 6.3 a 1.

¿Es este fenómeno exclusivo de la Universidad Nacional de Ingeniería? Sorprendentemente, no lo es. Si revisamos las estadísticas de postulaciones e ingresos efectivos para cada una de las universidades de nuestro sistema educativo superior veremos que este fenómeno es generalizado en los últimos quince años. La Pontificia Universidad Católica del Perú, rankeada como la número uno en el sistema educativo universitario nacional (5 a nivel del Pacto Andino, 34 a nivel de America Latina y 1511 a nivel mundial segun el siguiente website), ha pasado de una demanda de 6.2:1 a 3.4 entre 1991 y 2004. En el mismo periodo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (la mejor universidad publica peruana segun el website indicado) se mantuvo aparentemente estable en 9:1 pero lo cierto es que alcanzó un máximo de 12.4:1 en 1995. Tomando en cuenta que según algunas investigaciones se estima que alrededor de 321 mil jóvenes terminaron la educación secundaria el 2002 (Chacaltana 2004:4), la siguiente pregunta no se hizo esperar:

¿Qué opciones están tomando los jóvenes si ya no les interesa tanto competir por obtener la educación universitaria? A continuación planteo algunas hipótesis para entender que puede estar sucediendo.

En primer lugar, tomando en cuenta que repetidamente año tras año los jóvenes fracasan en ingresar a la universidad, estos pueden estar inhibiendo a las potenciales nuevas generaciones de postulantes al comunicarles las difíciles barreras de entrada a la oferta de servicios educativos que ofrece en conjunto el Estado y la iniciativa privada. Esta hipótesis se mantiene vigente aun si consideramos la ola de nuevas universidades públicas o privadas creadas desde 1985 que en conjunto no aportan un número significativo de vacantes que pudieran explicar la sustitución de estas a la falta de cobertura de las universidades más importantes.

Segundo, existe la posibilidad de que la educación secundaria sea de tan mala calidad (o al menos siga siendo tan igualmente mala que hace unos cuantos años) que, bien sea por percepción de los padres o por los propios jóvenes, la probabilidad de ingresar se estima muy pequeña para la (¿todavía?) elevada calidad de los exámenes de ingreso a las universidades mejor rankeadas. Esto es explicable si consideramos los elevados costos “de nivelación educativa” (provistos por las academias de preparación preuniversitaria) que deben financiarse los jóvenes una vez que han acabado su educación básica. Los que no pueden costearlo, terminan por desalentarse de postular a la universidad.

Tercero (que es la hipótesis que veo mas consistente), ante la provisión masiva de información acerca del elevado número de profesionales trabajando en empleos de baja productividad (tómese en cuenta el caso de los taxistas profesionales) es probable que la sociedad comparta la idea de la baja rentabilidad de invertir en estudios de nivel superior. Ello explica la sustitucion del concepto de éxito profesional que tienen algunos padres o tutores acerca de sus hijos por el de éxito migrante a un pais desarrollado refiriéndose al hecho cada vez mas generalizado de aquellos jovenes que logran emigrar a Estados Unidos, Europa o Asia para conseguir trabajo, a pesar que lo hagan como ciudadanos ilegales. Es preferible invertir los 10 mil o 15 mil dólares en los costos de migración de un joven recién egresado de la educación básica para ubicarse en un empleo “bien pagado” en el extranjero (y que potencialmente podría enviar remesas en compensación), que invertirlos en una larga carrera de cinco años que tenga pocas probabilidades de recuperación del capital.

Paralelamente, creo considerable anotar la experiencia de muchos de los profesionales que migraron a otros países que terminan trabajando en empleos para los que virtualmente estarían sobrecalificados (con la notable diferencia que su rentabilidad es altísima respecto de nuestro país). Ello habría transmitido la información a las nuevas generaciones de emigrantes que no es preciso realizar estudios superiores para migrar. Basta con estudiar el idioma del país de destino preferido para ubicarse en cualquier empleo disponible (generalmente los de baja productividad) para ciudadanos ilegales. Desde este punto de vista, es probable que la llamada “fuga de cerebros” haya sido sobrevaluada.

Cuarto y último, quiero considerar la decisión racional de los jóvenes que pertenecen a las clases sociales mas bajas, es decir los pobres, de ingresar al mercado “cuanto antes” ante la constatación de que estudiar la educación superior en una universidad pública no es una inversión rentable –a pesar de la subvención– y que emigrar es una opción no disponible para ellos. Para esta cohorte de jóvenes, es preferible incursionar en el mercado en el menor tiempo posible después de haber completado la educación básica a través de la microempresa que es la que no exige muchos requisitos educacionales sino mas bien un cierto manejo de aptitudes básicas para el comercio o la provisión de algunos servicios no profesionales. Esta es una solución eficiente desde el punto de vista social y económico de corto plazo porque reduce las posibilidades de incrementar la pobreza extrema al menos en áreas urbanas. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo económico en el largo plazo, los jóvenes que ingresan en este mercado son los que consolidan la base competitiva de nuestra economía en el nivel que le corresponde, es decir, de aquel 98% de empresas que según el propio Hernando de Soto no se beneficiarían de los TLC, de los que en esta era postmoderna de la información y alta especialización quedarán al margen, de los que no tienen visos de incrementar cualitativa y cuantitativamente su nivel de productividad en base a la educación especializada.

En resumen, la disminución del ratio postulantes/ingresantes obedece principalmente a una disminución del número de postulantes ante la percepción generalizada que la educación superior no constituye un factor de cambio significativo de los niveles de vida de la mayoría de los jóvenes. El aumento de la oferta educativa si bien ha sido importante desde 1985 esta ha sido insuficiente para la presión de jóvenes que egresan de la educación básica cada año. Por lo tanto, otras opciones aparecen como mas viables: i) La microempresa no exige demasiado de los jóvenes pobres para insertarse en ella; ii) la migración no precisa invertir en educación superior para el tipo de empleos que se podrán acceder en los mercados laborales remotos; iii) los institutos de computacion, enfermeria, asistentes tecnicos en general pueden aparecer como una opcion mas rentable y de mayor calidad que los servicios educativos ofrecidos por la universidad a un menor costo tanto monetarios como en tiempo. Este tema sin embargo no deja de tener su lado negativo pues el mercado se esta saturando con este tipo de empleos que en el largo plazo redundarán en una menor remuneración de la mano de obra frente al mercado.

Una nota final respecto a los que finalmente terminan estudiando en la universidad. Si la competencia global por las vacantes universitarias continua mostrando esta tendencia decreciente es probable que los que están estudiando actualmente no son necesariamente los más aptos o capaces sino más bien los que cuentan con los recursos suficientes para costear no solo el gasto monetario que se incurre en estudiar sino también el costo de oportunidad de trabajar en el mercado. Esta es una solución ineficiente desde el punto de vista competitivo para la sociedad.

Si la tendencia mostrada en este artículo persiste es probable que en un futuro muy próximo el sistema de educación superior colapse. Gran parte de los recursos propios generados por las universidades públicas provienen de los exámenes de admisión. Para el caso de las universidades privadas, también lo es, pero en el caso de ellas sus ingresos estan mas diversificados. Preveo mas bien que el problema tenga un matiz especial en el sentido denunciado en el párrafo anterior: los que ingresan a estudiar no necesariamente son los mas aptos o capaces. Puede explicarse un poco esta idea si tomamos en cuenta la bajísima tasa de titulacion por tesis que tienen las universidades. Hablo en plural, tanto las universidades publicas como privadas no estan produciendo profesionales que aporten al mercado ni a la ciencia. Un verdadero desperdicio de recursos desde cualquier punto de vista.

Bibliografía

- Rodríguez Cuba, Javier. (1995) "De profesional a taxista. El mercado laboral de técnicos y profesionales en los 90." ADEC-ATC Asociación Laboral para el Desarrollo y el Departamento de Economía de la Universidad Católica del Perú.

- Chacaltana, Juan (2004) "La inserción laboral de los jóvenes del Perú. Una revision de los datos, estudios y experiencias de promocion". Informe final. Proyecto Regional Integracion de Jovenes al Mercado Laboral. CEPAL-GTZ.

- Instituto Cuánto (varios años) "Anuario Perú en Números" 1992 y 2005.

- El gráfico es de elaboración propia en base a datos provistos por el Instituto Cuanto. Aunque la escala visual no permite apreciar la tendencia a nivel del sistema universitario agregado ello no implica que el comportamiento no sea perceptible. Se han agregado lineas de tendencia (rotulados como 'Lineal') para esquematizar el fenómeno con mayor claridad. Se ha priorizado el análisis gráfico para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería.

Capital humano y terrorismo

Los economistas tenemos una insaciable necesidad de explicarlo todo con las herramientas fundamentales de la microeconomía. Y esto significa literalmente todo: la empresa, el consumidor, el empleo, la educación, el matrimonio, la religión, el crimen y… el terrorismo. Un reciente estudio titulado “Attack Assignments in Terror Organizations and the Productivity of Suicide Bombers” (algo así como Asignación de ataques en organizaciones terroristas y la productividad de los hombres bomba suicidas) perteneciente a un par de economistas de la universidad de Harvard y la RAND Corporation, Efraim Benmelech y Claude Berrebi respectivamente, aborda el problema de la relación entre capital humano y la productividad de los terroristas. Solo que el término productividad ha tenido que ser redefinido para los objetivos de dicha investigación: la productividad de un terrorista es medida por su habilidad de matar masivamente.

A partir de información recogida de hombres bomba suicidas palestinos en Israel entre el 2000 y el 2005, estos investigadores encontraron que al igual que cualquier otro trabajador empleado en una rama de actividad económica convencional, la experiencia y la educación incrementan la productividad del terrorista. El perfil de los suicidas exitosos, es decir aquellos que tienen una menor probabilidad de ser atrapados en sus misiones y que a la vez tienen una mayor probabilidad de matar a la mayor cantidad de gente, son jóvenes que se encuentran por encima de los 26 años y mas del 60% de ellos cuentan con estudios universitarios completos. En contraste, los hombres bomba típicos (es decir aquellos que no son muy exitosos para matar) cuentan en promedio con 21 años y apenas un 18% de ellos tienen algún grado universitario.

¿Existe evidencia a favor de la hipótesis de Benmelech y Berrebi en el caso peruano? El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) es probablemente una de las pocas fuentes de información que proporcione datos estadísticos desagregados de los terroristas que promovieron activamente la violencia política vivida en el Perú a partir de los años ochenta y culminado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esta es la única fuente de datos que he revisado por el momento.

Una primera complicación para la comparación aparece a la hora de revisar los datos provistos por el informe: en primer lugar, se destacan hasta tres tipos de asesinos distintos que alimentaron la violencia en ese periodo: Sendero Luminoso (SL), agentes del Estado y otros (rondas campesinas, comités de autodefensa, grupos paramilitares, el MRTA, entre otros no identificados). Así que en principio resulta difícil buscar un nivel de productividad, en el sentido de Benmelech y Berrebi, atribuible a un grupo asesino sin intentar comparar con otro. Una segunda dificultad a enfatizar es el tema de que estos asesinos no tenían vocación suicida en sus atentados perpetrados como si lo tienen los asesinos palestinos o los históricos kamikaze japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón tampoco se podría hablar de éxito o fracaso en sus misiones asignadas en el sentido del estudio comentado. Finalmente, es preciso indicar que el informe de la CVR enfocó fundamentalmente en describir el perfil de las victimas de la violencia. Apenas existe el cuadro 1 ubicado en la página 375 del informe que da cuenta de algunas variables demográficas de 700 detenidos que pertenecieron a SL y otros 121 miembros detenidos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) quienes brindaron su testimonio a la CVR. De haber profundizado en este análisis se habria diseñado una política no solo de reparación de las víctimas de la violencia sino también una política que inhiba las tendencias extremistas de nueva violencia en nuestra soceidad.

Todas estas observaciones apuntan a considerar que no es posible evaluar la productividad tal como lo definen Benmelech y Berrebi pues se presume que todos los terroristas que brindaron su testimonio a la CVR fracasaron en su carrera como terroristas al ser atrapados por las fuerzas del orden. No obstante, siendo que el grupo terrorista de SL ocasionó el mayor número de muertos (46% de los 69,280 estimados en total por el informe) podemos hacer las siguientes apreciaciones tomando en cuenta los porcentajes mas importantes de cada categoría de análisis del cuadro señalado:

• El 81.71% era hombre.
• El 52.33% tenia entre 30 y 39 años de edad.
• El 50.63% tenia educación superior (incompleta o completa)
• El 51.33% estaba casado.
• El 70.85% tenia como lengua materna el castellano.
• El 22.08% estaba estudiando en la universidad o en un instituto superior
• El 19.40% eran campesinos.
• El 30.94% nació en Lima o Callao.
• El 58.42% residía en el área urbana.
• El 54.96% fue detenido cuando tenia entre 20 y 29 años edad.
• El 65.21% fue detenido entre 1991 y 1995.

Si evaluamos tomando en cuenta al conjunto de ambos grupos terroristas los porcentajes no varían significativamente puesto que el grupo perteneciente al MRTA es pequeño en comparación al de SL.

En conclusión

Puede apreciarse con claridad que a pesar que no podemos esbozar un análisis del impacto del capital humano (educación mas experiencia) en la capacidad de matar masivamente de los terroristas de manufactura nacional, de la muestra de terroristas detenidos por las fuerzas del orden podemos apreciar que existe cierta evidencia a favor de tal hipótesis. Ello explica la profunda reforma política que implementó el gobierno de Fujimori en las universidades al intervenirlas con los militares (y algunas academias también) para apresar a los lideres terroristas, fundamentalmente en las estatales, donde buena parte de los estudiantes eran relativamente mayores como para sospechar que hacían otras actividades muy distintas que solo estudiar.

Esta política sin embargo, en mi opinión, tuvo un efecto secundario indeseable: esterilizó a toda una generación de estudiantes de educación superior de ejercer la buena política lo que posibilitaba a Fujimori cierto base para establecer y sostener indefinidamente su particular estilo de entender la democracia.

Con todo, esta claro que las ganancias privadas y sociales de dicha política han sido más que suficientes para posibilitar que las nuevas generaciones aprendan las buenas artes de hacer política (minizando el efecto demostración de la corrupción) para promover el desarrollo nacional.

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- La foto mostrando a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, máximos líderes de SL, ha sido tomada de la web de Caretas. El primero estudió derecho y filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín, mientras que la segunda era profesora de educacion inicial de la Escuela Nacional de Educación. Cuando fueron capturados, ambos tenían mas de 40 años de edad.

La economía política de las encuestadoras

La reciente noticia de que la dueña de una empresa encuestadora en Estados Unidos ha reconocido que había falsificado el 50% de los datos provistos a la campaña del ahora Presidente George W. Bush, delito por el cual pagaria con cinco años de prisión y una multa de casi un cuarto de millón de dolares, me hizo recordar que aquí en Perú, las encuestadoras tampoco son muy bien vistas del todo. Ello es asi sobretodo después de la escandalosa experiencia a fines del gobierno de Fujimori en el se llegó a evidenciar que algunas de ellas, si no todas, habrían favorecido a Fujimori en sus estimaciones de preferencia electoral. De acuerdo con la noticia arriba señalada la encuestadora recomendó entrevistar incluso a “perros y gatos” con la finalidad de construir la información necesaria.

¿Cuál es el papel desempeñado por las empresas encuestadoras en Perú? ¿Son altamente técnicas y por lo tanto neutrales en la arena política? ¿Cuántas son? ¿Cómo se financian? ¿Qué magnitud de recursos movilizan? ¿Por qué se vuelven notorias durante las épocas preelectorales? ¿Qué efectos producen por su accionar entre los principales actores de la contienda electoral? Estas preguntas me motivan a realizar algunas exploraciones importantes dentro del marco de la ciencia política, la economía y la sociología. Creo que responderlas puede ayudar a entender el juego político que se organiza cada vez que se convocan a elecciones y como esto repercute en el desarrollo de la democracia de nuestro país.

Algunos datos para comenzar

De acuerdo con el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones, en la actualidad existen alrededor de cien empresas encuestadoras en nuestro país. Algunas son empresas encuestadoras de larga data y otras son en realidad institutos de investigación o de consultoría anidados en universidades públicas o privadas. No más de una decena de ellas publican sus resultados en medios de comunicación masivos. Según el reglamento del JNE las encuestadoras se encuentran obligadas, entre otras cosas, a presentar la ficha técnica de las encuestas que aplican y de reportar el monto y la fuente de su financiamiento. No he verificado si es que estas empresas cumplen con tal disposición, o si lo hacen, tampoco se conoce si el JNE publica regular y abiertamente los resultados de su seguimiento (solo encontré este reporte realizado por la Asociación Civil Transparencia).

Por lo general, las encuestas asumen que la población a encuestar puede compararse con la clásica distribución de datos normal lo que les permite asumir un diseño muestral aleatorio simple. Son comunes los tamaños muestrales de 400 o un poco más de 1000 unidades si se desea tener un error esperado de 5% o 3% respectivamente. Como sólo se desea tomar una medición de proporción se asume una distribución binomial donde el valor de la varianza es máxima que ocurre cuando el valor de probabilidad es del 50%. A pesar que el diseño muestral, en estricto, permite inferir las preferencias electorales únicamente a nivel de la totalidad de la población, se ha popularizado establecer estimaciones diferenciadas según algunas variables de corte: ubicación geográfica, sexo y la más importante variable política, según nivel socioeconómico.

Respecto a los costos no se cuenta con información precisa, pero se sabe que en promedio una encuesta puede costar (a todo costo) unos 10 dólares americanos en promedio en nuestro país. Obviamente, debe haber diferencias según el grado de error y confiabilidad deseada, la complejidad de la encuesta, el territorio cubierto entre otras cuestiones adicionales. Todavía recuerdo la vez participe como entrevistador en una empresa encuestadora reconocida y como mi paga por cada encuesta realizada representaba aproximadamente la tercera parte del costo promedio que reporto en este artículo. Estoy hablando de una experiencia de hace varios años y por lo tanto es probable que las condiciones hayan cambiado favorablemente para los encuestadores.

Una interpretación de los hechos

El problema fundamental que surge por la publicación de los resultados de las encuestadoras durante la época preelectoral no es tanto el debate técnico que es el que la prensa tiende a enfocar como factor más importante. En realidad, lo fundamental es la relación entre la fecha de publicación de los resultados y el impacto en la competencia electoral. Mientras más cercana se encuentra la fecha de las elecciones, mas valiosa se vuelve la información generada a partir de una encuesta de intención de voto. ¿Por qué esto es así? Teóricamente porque se espera que la publicación de la última medición de las preferencias electorales, en el noticiero de la noche o en el diario matutino del día de las elecciones cause un impacto significativo doble: en los competidores electorales y en el sufragio de la población.

Ahora, este impacto no tiene porque darse únicamente el día previo a las elecciones. De hecho, desde el primer momento que se publica la primera medición de intención de voto es como si se abriera el mercado de valores de las preferencias electorales. Los partidos políticos con elevadas preferencias iniciales pueden establecer conversaciones con las principales fuerzas económicas y políticas para financiar su campaña mientras que los partidos políticos con preferencias poco significativas pueden establecer estrategias de coalición entre otros partidos para formar una fuerza más importante e iniciar igualmente sus negociaciones con sectores interesados en financiarlos. Mientras las encuestadoras sigan publicando sus mediciones y se vayan mostrando los cambios, los recursos irán fluyendo positiva o negativamente según sea el caso. Eventualmente, los candidatos con poco poder de lograr alianzas y con bajas preferencias pueden escoger salir de la contienda electoral. Otros jugarán al lema “yo no creo en las encuestas” o mejor “yo no creo en las encuestadoras” (vease una colección de estos desencuentros aquí). Eso significa que las encuestadoras cumplen un rol comunicador de información relevante para las negociaciones entre los partidos políticos y los principales grupos de poder y de recursos del país.

Sin embargo, este no es el único rol que cumplen las encuestadoras. Sostengo que, en tanto y en cuanto la prensa presenta de manera magnificada los resultados de intención de voto generadas por las encuestadoras, ellas tienen un impacto formador de la intención de voto del cuerpo electoral. Con un cuerpo electoral marcadamente diferenciado e inequitativo por cuestiones de género, clase social, etnia, geografía, sin un elemento organizador social como ha sido históricamente -en el pasado- el trabajo, el voto es muy heterogéneo, sin lealtades ideológicas y por lo tanto, es voluble. Las encuestadoras, por lo tanto, según mi percepción cumplen un rol organizador, formador, del voto peruano por una cuestión de reflejo puramente psicológico: voto al ganador. Es probable por lo tanto que quienes estén interesados en financiar a las encuestadoras mas respetables crean que cumplen un rol organizador y promovedor de la democracia al homogenizar las preferencias electorales en una o dos opciones electorales representativas. De ahi la importancia de que los principales financiadores de las encuestas sean los medios de comunicación que no tan sorprendentemente cuentan con un fuerte papel político en nuestra sociedad.

Respecto al problema fundamental que señalé, el JNE ha buscado normar la fecha de publicación de los resultados de las encuestas. Entiendo que eso disminuiría la capacidad de negociación entre partidos (para formar alianzas) y fuera de los partidos (para comprometer intereses y recursos de grupos de poder) para lograr una competencia “mas sana” si se quiere ad portas del día de las elecciones. Sin embargo, la prohibición atenta contra el principio constitucional de libertad de expresión que es apelado por las encuestadoras. Este reclamo esconde sin embargo el juego político que he descrito hipotéticamente en este artículo. Así que seriamos muy ingenuos de creer que las encuestadoras cumplen un rol neutro frente a la política. Creo tambien que prohibir la publicación de los resultados una o dos semanas antes del dia de las elecciones no resta poder a las encuestadoras sino que las incrementa por cuanto existen otras medios para publicar y lograr el efecto deseado, incluido la internet. A pesar de ello, creo que la intervención del JNE con esta prohibición, siendo que tengo varios cuestionamientos sobre su funcionalidad, creo que es saludable porque abre un debate muy espinoso respecto al tema tocado en este párrafo que sería bueno sistematizar con las opiniones de científicos sociales y políticos de nuestra sociedad.

Una ultima idea a discutir

¿Qué pasaría si en el límite las encuestas basadas en 400, 1000 o 5000 ciudadanos entrevistados tuvieran un error tan pequeño en sus mediciones de intención de voto que redundarían en una extrema confiabilidad y credibilidad del trabajo de las encuestadoras? ¿Valdría la pena organizar, financiar y ejecutar elecciones para los más de 15 millones que conforman el cuerpo electoral peruano si bastaría para ello subcontratar a la empresa encuestadora mas importante y pagar un presupuesto mucho menor por la misma calidad de información? Si tomamos las palabras de Fernando Tuesta Soldevilla esta claro que “la democracia tiene un costo: hacer elecciones” (Tuesta 2004). Nada justificaría, en teoría, fundamentar la adjudicación de curules en el Congreso o de cargos públicos en general a partir de la sola realización de las encuestas.

Sospecho sin embargo que si la democracia se vuelve cada vez mas comercial gracias a la presión constante de las encuestadoras por sus derechos a expresarse (como lo siguen haciendo hoy a pesar de las prohibiciones publicando sus resultados en medios de prensa internacionales) y por lograr legitimidad política superior a los políticos y a los propios organismos del Estado formalmente encargados en organizar y ejecutar elecciones terminen avasallándolos al comenzar a cuestionar la ineficiencia (traducido en el numero de días de demora que pasan desde las elecciones hasta la fecha de publicación de los resultados oficiales a cargo del organismo electoral competente) en la presentación de los resultados. Espero equivocarme en tal situación tan hipotética. Pero ya hace mucho tiempo que los criterios de eficiencia y mercado han invadido al Estado y cuestionado sus métodos de representación más democráticos que no se reducen únicamente a la celebración de elecciones.

En conclusión

En este artículo se ha presentado algunas hipótesis muy gruesas sobre el papel jugado por las encuestadoras en la competencia electoral y en ese sentido en la política. Hay varios elementos que discutir con mayor profundidad (como por ejemplo el rol de las encuestadores durante la época no electoral y la relación que promueve entre el presidente y los electores; o lo gravitantes que ellas fueron al publicar continuamente el nivel de aprobación de Toledo) pero creo que se puede establecer un marco teórico relevante para entender las interrelaciones dadas entre los principales actores de nuestro escenario político y por supuesto, nuestro objeto de estudio, las encuestadoras.

Bibliografía

- Tuesta, Fernando (2005) “La democracia tiene un costo: hacer elecciones” en Revista Elecciones 04, L-0029. Lima: CIE - ONPE.

- Diario La República y Peru21 de Lima, Perú y Diario Chronicle de Houston, TX, USA.

- Gráfico tomado de http://weblogs.elearning.ubc.ca/peru/archives/cat_polls_encuestas.php

- Web del Jurado Nacional de Elecciones

Un nuevo enfoque sobre la medición de la pobreza

¿Qué significado tiene que el gasto social haya aumentado notoriamente en nuestro país y que la incidencia de la pobreza no haya cambiado significativamente? ¿Por qué las remesas no han tenido un impacto importante en la reducción de la pobreza en el Perú? ¿Por qué a pesar de que ha aumentado el número de establecimientos comerciales como bodegas o restaurantes en las áreas urbanas seguimos ostentando el mismo nivel de pobreza que hace una década? Finalmente, ¿Por qué a pesar que hemos crecido de manera sostenida durante los últimos cinco años, gracias al dinamismo de unas cuantas empresas exportadoras de bienes primarios ubicadas en diferentes sub ramas de actividad económica y en diversas locaciones geográficas del país, seguimos teniendo el mismo ranking de regiones pobres en el país?

Las respuestas a estas interrogantes han sido diversas y muchas de ellas son ya un lugar común en la discusión pública. Respecto a la insensibilidad (los economistas preferimos decir: inelasticidad) de la pobreza al incremento del gasto social se ha expuesto la pobre calidad de este ultimo o sino su elevada composición en gasto corriente antes que en gasto neto en los pobres. Acerca del impacto de las remesas sobre la pobreza existen ya unos cuantos estudios que indican con claridad que ellas están destinadas precisamente a familias no pobres. Sobre el incremento del número de establecimientos comerciales familiares o compartidas con la vivienda no conozco estudios económicos que hagan explícita su relevancia con el bienestar de los llamados “nuevos pobres” citadinos. Por último, la pregunta sobre el crecimiento económico y su impacto –vía la hipótesis del “chorreo”- en el ranking de pobreza regional aun continúa demostrando que la experiencia holandesa no ha sido tomada en cuenta para inspirar políticas de desarrollo mutuamente beneficiosas para el país (me refiero tanto para empresarios transnacionales como para la sociedad peruana).

A pesar de la importancia que estos argumentos revisten para la academia y los organismos públicos y privados que trabajan en la lucha contra la pobreza quiero comentar un nuevo enfoque de interpretación del problema de la pobreza desarrollado en una investigación que realicé para el Consorcio de Investigación Económica y Social bajo el título “Cambios de la pobreza en el Perú: 1991-1998”. Esta aproximación puede tener un impacto distintivo en el diseño de programas o políticas públicas novedosas para erradicar la pobreza.

De acuerdo con mi investigación, cuando analizamos los cambios en el nivel de vida de la población según el nivel de ingresos o gastos solo obtenemos una visión incompleta del problema. Sostengo que es preciso analizar también los cambios en la estructura de ellos para apreciar si realmente la población esta dejando la categoría de pobreza. En mi estudio acerca del caso peruano de los noventa, descubrí que la composición de los ingresos per cápita muestra una tendencia desfavorable a la parte de los ingresos que provienen del trabajo y en contraste (casi como compensación) han aumentado los ingresos por cuenta del autoconsumo o autosuministro. Adicionalmente, pero en menor medida, también han aumentado los ingresos por transferencias, ya sea las que son provistas por el Estado a través de sus diferentes políticas y programas de ayuda social o aquellas que son provistas por la iniciativa privada (incluyendo las ONGs y las familias mas adineradas que ayudan a las mas pobres).

Este análisis tiene profundas consecuencias sobre como evaluamos el éxito de nuestras políticas y programas para mejorar el nivel de vida de los peruanos. Tome en cuenta que no estoy hablando únicamente de la política social sino también de la política económica. Fijémonos en primer término en la política social, que tiene que ver con toda forma de transferencias de ingresos hacia las familias con menores recursos. ¿No será acaso que la provisión sostenida en el tiempo de alimentos o cualquier otro conjunto de bienes o servicios a los que son calificados como pobres los volvemos invisibles a las estadísticas de pobreza? Piénsese un poco en las probables respuestas a esta pregunta. Dado que las transferencias de cualquier fuente y tipo son valorizadas cuando el encuestador realiza la entrevista esta claro que estos ayudan a sumar un ingreso total que hace que la familia sea contabilizada como no pobre, cuando en realidad lo continua siendo. Ello es así debido a que se la esta reinsertando (si es que antes estaba insertada lo cual no siempre es así) en el circuito económico social a través de las transferencias y no a través del mercado de trabajo. En otras palabras estamos promoviendo una economía feudal a través de la política social (concebida como transferencias únicamente) antes que una economía competitiva que genere valor que se traduzca en bienestar para la familia.

Esto sucede de igual manera con las familias no pobres que reciben transferencias monetarias del exterior o remesas. Las familias que reciben remesas de países ubicados en América del Norte, Europa o Asia, lo hacen gracias a que tuvieron éxito en insertar a sus parientes en mercados de trabajo competitivos dado que nuestro mercado de trabajo no lo es. De esta manera, estas familias no son calificadas como pobres porque nuestra economía funcione bien, sino porque la economía de los otros países es la que funciona bien. En ese sentido, son pobres invisibles para nuestra sociedad y es probable que no tengan incentivos para insertarse en el mercado de trabajo local pero si para incrementar el consumo privado. He aquí la paradoja del incremento del PBI por el gasto que no necesariamente se reconcilia con un mercado de trabajo ineficiente como el nuestro. Desde el momento que un pariente envía sus remesas, las familias beneficiarias se convierten automáticamente en franquicias territoriales de los mercados de trabajo que posibilitan tales recursos. Eventualmente, estas familias fragmentadas terminan por migrar también y el PBI se ve afectado finalmente.

Tomemos en cuenta ahora el fenómeno del incremento del autosuministro y el autoconsumo iniciado en la crisis recesiva de 1998. Antes, es preciso saber que entendemos por autosuministro o autoconsumo. El autosuministro y el autoconsumo son básicamente lo mismo: la parte de la producción de la economía familiar que se consume en ella para subsistir. La diferencia fundamental entre ambos conceptos es que el primero correspondería a una definición operativa en el área urbana y la segunda en el área rural. Mientras que una familia en Trujillo consume parte del menú comercializado en su restaurante podemos tener a una familia de las alturas huancavelicanas consumiendo la producción de parte de su parcela. El problema no es tanto que estas dos familias existan sino más bien que el numero de familias que siguen estas estrategias para sobrevivir como consecuencia de no encontrar un empleo asalariado hayan aumentado.

Debo traer a colación en este punto, que tuve la oportunidad de reflexionar en este tema en una conversación informal que tuve con Farid Matuk (ahora ex jefe del INEI) el viernes pasado, quien me hizo ver que si este fenómeno continua en nuestros días (al menos hasta el 2002 parece ser que esto sigue así) implica un claro proceso de feudalización de la economía peruana. De aquí que se explique el temor de Hernando De Soto, que con el TLC con Estados Unidos, solo el 2% de las empresas se beneficiarán de este acuerdo (en realidad su estudio original señala que es el 3%, así que es probable que sus estimaciones hayan sido actualizadas). Lo mismo podríamos señalar con el resto de acuerdos de libre comercio que se piensan firmar con economías más competitivas que la nuestra.

La anterior situación descrita me provoca cierta ansiedad académica, ¿Las políticas implementadas a principios de los noventa, no tuvieron el objetivo de hacer de la economía peruana mas competitiva? ¿No fueron todas ellas inspiradas según el famoso Consenso de Washington, es decir, a fin de hacer nuestros mercados de bienes, servicios y trabajo más competitivos? Al parecer, esto es totalmente cierto. El problema ha sido que se han implementado en un Perú dividido como lo señalé en un artículo anterior. No necesariamente dividido geográficamente, sino más bien en unas cuantas clases sociales bien definidas y polarizadas. Lo curioso del fenómeno es que, siendo el componente del autosuministro o autoconsumo el único que se presenta a favor de la reducción de la pobreza (frente a los otros componentes analizados), aquellos que cuentan con mayor calificación académica parecen competir con los menos calificados por los recursos que este componente trae.

En ese sentido, aparecen las recomendaciones fundamentales del estudio que realicé en aquel entonces: es bueno realizar políticas, programas y proyectos que provean de bienes y servicios a los pobres, pero solo en determinados casos. Mucho mejor es promover soluciones novedosas para el problema de la pobreza a través de la promoción de un mercado de trabajo inclusivo en nuestra sociedad. Esta idea me llevo a profundizar un poco mas la noción de que esta apuesta significa convertir a la política económica en política social. Si el Estado promueve políticas económicas que hacen ineficiente al mercado de trabajo para promover el desarrollo económico y social de las familias y en compensación tiene que generar una política social desconectada del mercado, o mejor dicho, genera una economía feudal paralela, entonces estamos yendo por un rumbo equivocado.

La política económica debe concebirse y evaluarse por el comportamiento del mercado de trabajo y su impacto en el bienestar de las familias. La política económica, en ese sentido, es la política social por excelencia y no son, o no deberían ser, independientes ambos conceptos, ni teórica, ni operativamente. Esta es, en definitiva, la tesis fundamental que presenté en el libro “La quimera del desarrollo en el Perú. Estilos de crecimiento y pobreza”, casi cinco años después del estudio que estoy comentando.

Resumiendo puedo señalar lo siguiente: es necesario que el bienestar de la población sea medida no solo por su dimensión de nivel sino de composición ya sea del ingreso o del consumo. La observación de los cambios en la estructura del ingreso puede llevarnos a tener una comprensión mas clara de la clase de bienestar que estamos promoviendo, una que depende de una economía dicotomizada entre mercados de trabajo competitivos y semifeudales. A nivel macroeconómico, esta perpectiva puede ayudarnos a repensar nuestras estrategias de promoción del desarrollo sobre los más pobres, creando capacidades para conectarse con el mercado antes que generar dependencias inhibidoras de iniciativas de negocio, para afrontar con éxito la pobreza.

Bibliografía

- Mauro, Raul (2005) “La quimera del desarrollo en el Perú: estilos de crecimiento y pobreza”. Lima: Desco, 2005.

- Mauro, Raul (2001) “Cambios de la pobreza en el Perú: 1991-1998”. Lima: CIES.

Ambas publicaciones pueden conseguirse en las mejores librerias de Lima.

- Loveday, James y Oswaldo Molina (2004) "Remesas internacionales y bienestar: una aproximacion para el caso peruano". Lima: CIES.

El plagio en el parlamento peruano

Hace unas pocas semanas publiqué un artículo que presenta, grosso modo, una estimación de los ingresos totales acumulados por un congresista, valorizados a julio de 2006, para tener una medida concreta con la cual cualquier ciudadano habría tenido en cuenta para evaluar si es que era rentable realizar una inversión en la campaña electoral. De acuerdo con mis estimaciones, tomando en cuenta el impacto de la política de austeridad implementada por el gobierno aprista y asumiendo que la corrupción tiende a cero, el monto bruto actualizado que un ciudadano habría valorizado bordearía los 1.2 millones de nuevos soles (un poco mas de 350 mil dólares).

Aunque esta constatación ya es motivo suficiente para establecer todo un discurso sobre la promoción de la equidad en las remuneraciones medias que percibe la población empleada no sólo el sector público, sino también el privado; he preferido llamar la atención sobre un comportamiento desleal e institucionalizado en nuestra sociedad que acabo de detectar en una propuesta presentada por la bancada de los congresistas del Partido Político Unión por el Perú: la violación de los derechos de autor, basado en el derecho de la propiedad intelectual, conocido popularmente como “piratería”.

El caso concreto que ha llamado mi atención y mi consiguiente indignación es que el reciente proyecto de ley (Nº 130/2006-CR recibido el 6 de septiembre de 2006) “Ley de Igualdad de Oportunidades” que propone la bancada del partido político Unión por el Perú contiene varios párrafos copiados de un documento publicado en una página Web de la Internet llamada ilustrados.com. El artículo en cuestión fue publicado por Carolina Gaitán Fonseca, el 22 de abril de 2004 desarrollando una idea acerca de la igualdad en el contexto de la actual realidad colombiana. Es un texto de referencia, de carácter educativo. Aunque esta ordenado y presenta la bibliografía revisada para la redacción de su obra no siempre hace explicito cuales son las ideas que le pertenecen y cuales no. Con todo, el texto copiado es el siguiente (párrafos tercero, quinto, sexto y séptimo del documento original que aparecen en el sustento de la iniciativa legislativa liderada por la congresista Margarita Sucari Cari):

“La “igualdad básica” de los seres humanos les permite a la vez diferenciarse y mostrarse tal y como son, con sus peculiaridades diferenciandoras establecidas por la naturaleza y en muchos casos también por la voluntad de cada uno.”

… … …

“El termino igualdad procede del latín “aequalitas” y significa conformidad de una cosa con otra en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Cuando se dice que la igualdad es conformidad debe establecer cuales son los elementos entre los que se contempla, porque la igualdad es la identidad de una cosa, persona o comportamiento en relación con otra. Por eso se dice que este concepto es avalorativo, porque sólo consta una realidad, sin emitir ningún juicio de valor sobre ella.”

“Pero en sí es una relación – comparación que se[ ]da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. Este concepto es el resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, los cuales se denominan “términos de comparación”. Es concepto relacional y no cualitativo.”

“Las características se distinguen a la cosa, al individuo, no es dada exactamente por la realidad, sino determinada por el sujeto que relaciona y encontradas de acuerdo al punto de vista desde el cual lleva a cabo el juicio de igualdad. A partir de la libertad del individuo para determinar el punto de referencia o punto de comparación, se puede explicar el juicio de igualdad y descartar cualquier arbitrariedad en el concepto”.

En este punto, me pregunto: ¿Es que acaso el Estado peruano necesita no solo una o varias reformas juntas, sino mas bien una refundación cabal de los principios en los cuales debe sostenerse y desarrollarse? ¿Se justifica la violación del derecho de reconocimiento de autor de una persona cualquiera por buscar el beneficio de igualdad de una mayoría residente en el Perú? Si estuviésemos en el momento maquiaveliano, probablemente responderíamos que si. El fin justificaría todos los medios. La eficiencia en la producción de este tipo de leyes justificaría la eficacia de ellas.

Lo curioso de este caso es que esta ley tiene un largo recorrido desde que fue propuesta por primera vez por la congresista Anel Townsend orientada entonces por un enfoque de género, el 13 de mayo de 2002. Luego de sufrir algunos cambios, esta ley fue aprobada por el Congreso saliente del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (Ley Nº 2821, 17 de abril de 2006) sin embargo esta no llegó a ser promulgada por el actual presidente de la República, Dr. Alan García Pérez debido a algunas observaciones realizadas al texto que no he revisado aún. Con todo, cabe recordar que el Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio de 2002, incluye la décima primera política de Estado que da prioridad a la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación así que la promulgación de esta ley por parte del Ejecutivo se constituiría en el puente histórico entre el gobierno de Alejandro Toledo y el de Alan García para resolver las enormes diferencias económicas, sociales y políticas que impregnan nuestra sociedad y así incrementar el bienestar.

No era por lo tanto necesario envilecer los procedimientos para retomar tan importante cuestión en nuestro país. Ya tenemos suficiente destinando ingentes recursos por cada uno de los congresistas como para que ellos usufructen vilmente copiando textos o proyectos de ley de otros paises sin siquiera tomarse el trabajo de citarlos y retrabajarlos. Es preciso que nuestros legisladores formulen un debate alturado reconociendo los principios fundamentales del derecho de autoría que gozan todos los ciudadanos del mundo. No es la primera vez que sucede un hecho así (veanse los casos registrados de la congresista Rosa Yanarico de Peru Posible, Martha Moyano de Cambio 90-NM y Dora Nuñez del Frente Independiente Moralizador durante la gestion parlamentaria anterior). Adicionalmente, fuera del Congreso y hace muy poco tiempo, Rafo León y otros personajes destacados han protagonizado hechos vergonzosos similares.

Concluyo entonces que es necesario que esta penosa situacion termine y que la sociedad peruana recupere la ética en todos sus niveles comenzando en nuestro sistema educativo, que es un problema que espero tocar en otro artículo. Por lo pronto no estaría mal que asi como se ha establecido una política de austeridad se implemente igualmente una política que busque erradicar el plagio en la formulación de propuestas legislativas en el Estado.

Bibliografía

- Brito Melgarejo, Rodrigo (2006) “El principio de igualdad en el derecho constitucional comparado” en Estudios Jurídicos En Homenaje A Marta Morineau, T. II: Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Nuria González Martín Coord. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México: UNAM.

- Townsend, Ana Elena (2006) “Informe de gestión de la congresista Ana Elena Townsend Diez-Canseco 2001-2006”. Lima: Congreso de la República del Perú.

- Gráfico con detalle de prohibición al plagio a través del 'Cut and Paste' (Cortar y Pegar) tomado de http://sociology.camden.rutgers.edu/jfm/plagiarism/plagiarism-jfm.htm.

Las islas de eficiencia del Estado peruano

¿Cuáles son los organismos del Estado que destacan por su eficiencia? ¿Existe algún ranking de eficiencia que los clasifique? ¿Cuáles son las causas de que algunos organismos sean diametralmente más eficientes o ineficientes que otros? ¿Es posible promover la eficiencia en aquellos organismos que no lo son? Estas son algunas de las preguntas que discutimos un grupo de estudiantes de la maestria de Ciencia Politica (compuesto por abogados, ingenieros, economistas, militares y contadores) en la PUCP en el marco de una evaluación, grosso modo, de nuestro actual Estado Peruano. Aunque todavía no hemos llegado a responder todas las preguntas propuestas, he aquí algunas reflexiones preliminares sobre el tópico.

El concepto de “islas de eficiencia”

La primera vez que leí una cita que utilizaba el concepto “islas de eficiencia” fue en el libro “Un dólar, un voto” de Teivo Teivainen (Pág. 204, pp. 17). Este término se presentaba en el marco de la discusión de cómo el avance exitoso de la política del economicismo en el Perú se concretó, luego del autogolpe de Fujimori, con la ampliación de poderes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) bajo la dirección de Carlos Boloña y el apoyo de la élite empresarial en general, y de la CONFIEP en particular. Mas adelante señala Teivainen, citando siempre a Francisco Durand, Fujimori intentaría equilibrar el poder el MEF creando y apoyando nuevas “islas de eficiencia” como por ejemplo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

El concepto de “islas de eficiencia” se fundamentaría en dos ideas: el organismo de un lado como una ‘isla’ en medio del ‘mar no organizado’ que seria el mercado; y, del otro lado, la eficiencia, que es un concepto fundamental de la teoría microeconómica del productor que tiene que ver con el uso mínimo de recursos para obtener un determinado nivel de producción o de servicios. El economista que fundió ambos conceptos para dar origen a lo que luego se llamó la teoría de las organizaciones fue Ronald Coase (1937) quien destacó como es que los organismos surgen como una necesidad de organizar actividades productivas de manera más eficiente (a través de la autoridad o la jerarquía) que si fueran realizadas en el mercado. Desde este punto de vista, las organizaciones que surgen para atender cuestiones de bienestar público pertenecerían al Estado, mientras que las organizaciones que surgen para servir al bienestar privado pertenecerían al sector privado. En ambos casos, se supone que la eficiencia es un valor, o más propiamente dicho, una institucionalidad fundamental para dar vida a la organización.

La idea de que las organizaciones cobran vida en base a la eficiencia no siempre es cierta. En efecto, no todas las organizaciones privadas que han existido en el reciente pasado del Perú se han fundado en los criterios de eficiencia empresarial, ni tampoco la totalidad de las organizaciones del sector público se ha regido bajo este concepto. En el caso de la empresa privada, las grandes empresas familiares de los setenta y ochenta sobrevivieron gracias a que el Estado peruano les prodigaba una serie de beneficios que inhibían la competencia de cuanta iniciativa privada se diera en la base de la pirámide empresarial peruana. En tanto que en la actualidad existen varias empresas transnacionales que si bien no ostentan grados de ineficiencia interna como los señalados antes, siguen una racionalidad de búsqueda de rentas o beneficios a costa del Estado introduciendo ineficiencias externas: corrupción y estructuras de mercado monopólicas.

En contraste con la empresa privada, el Estado peruano ha estado conformado por organismos que recurrentemente se les ha rotulado, con suficiente evidencia histórica entre manos, de ineficientes. Es por esta razón que la teoría económica estándar entiende que la presencia económica del Estado en la sociedad es una deformación del libre intercambio de bienes y servicios en el mercado y que por lo tanto cualquier actividad que este realice en nombre del bienestar de la sociedad logra exactamente todo lo contrario. No obstante, como propone alternativamente la teoría de la organización, existen algunos bienes y servicios que el Estado puede asumir producirlos con eficiencia –los llamados bienes y servicios públicos– y con ello lograr incrementar la eficiencia global de la sociedad.

Quiero anotar en este punto que de manera transversal el concepto de organización y eficiencia se opone al concepto de desorganización y mercado. En ese sentido, no es tanto que el concepto de organización “isla eficiente” se oponga al concepto de organizaciones “mar ineficientes”. Lo que ocurriría más bien es que las organizaciones “isla eficiente” se opondrían a una sociedad no organizada, que convive y relaciona en el mercado. No obstante, el sentido de uso del término de Francisco Durand hace referencia a la primera contradicción y no a la segunda.

Finalmente, quiero hacer explícito que se asume que la eficiencia formaría parte de un conjunto mayor de valores, comportamientos, actitudes y esquemas mentales compartidos por las personas que pertenecen a determinadas organizaciones que, como ya mencione, pueden ser públicas o privadas. Las ciencias sociales llaman instituciones a cualquier conjunto de valores o esquemas mentales compartidos por un determinado grupo de personas (North, 1990). Según North y los teóricos del neoinstitucionalismo, las instituciones constituyen la dotación de incentivos con los que cuenta una sociedad para desarrollarse. Es decir, esta teoría pretende predecir cual es el grado de desarrollo de una sociedad u organización según el conjunto particular de instituciones que ella comparte.

Construyendo un ranking de los organismos del Estado peruano

Aunque hubiera sido deseable establecer una gradación cuantitativa que resuma el comportamiento de un conjunto de indicadores que describan una tipología completa de los organismos del Estado este camino no ha sido seguido. Más bien se ha procurado seguir una metodología de consensos agregados intersubjetivos acerca de cuales son los valores, actitudes y esquemas mentales compartidos al interior del Estado para clasificar a sus organismos. Entre los valores y actitudes positivas encontramos a la eficiencia, la competitividad, el compromiso, la iniciativa, la cooperación, etc. En contraste, los valores negativos identificados fueron la ineficiencia, el abuso del poder, la discrecionalidad, la resistencia al cambio, la deslealtad, la indolencia, etc. Con ello definimos grosso modo tres categorías globales, la positiva, la negativa y la intermedia. Nótese por lo tanto que el criterio de eficiencia no ha sido el único criterio abordado en esta clasificación.

¿Qué organismos del Estado calificarían en la categoría positiva? De acuerdo con Fernando Villarán (2005) estos serían: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros), el Instituto Nacional de Defensa de La Competencia y de La Protección de La Propiedad Industrial (INDECOPI), la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y los Organismos Reguladores (SUNASS, SUNARP, OSINERG, OSIPTEL, etc.). Del trabajo realizado en el grupo podemos identificar también al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Constitucional y algunos casos aislados de gobiernos locales (recordemos que hay mas de 1800 en total).

En la otra orilla, ¿Qué organismos del Estado calificarían en la categoría de ineficientes? Tomando en cuenta la evaluación que hicimos en la clase podemos identificar a los siguientes: el Poder Judicial entero, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas, las universidades, el Jurado Nacional de Elecciones, buena parte de los gobiernos locales, la Policia Nacional del Perú, el Congreso, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, entre otros.

Los organismos que se encontrarían entre ambos polos son algunos que destacaron en su momento por su eficiencia y calidad de trabajo pero que, o bien en la actualidad estarían en decadencia sus instituciones; o bien, son organismos que están aun poco definidos o en proceso de maduración. Entre ellos destacamos a los siguientes: la Oficina Nacional de Procesos Electorales, varios gobiernos regionales, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, etc.

Cabe destacar que una iniciativa evaluadora que ha cobrado importancia recientemente es el Concurso de Buenas Prácticas Gubernamentales promovido por la ONG Ciudadanos al Día, que este año cumple su segunda edición. A pesar de lo positivo de esta iniciativa, tiene una esfera de evaluación limitada por cuanto solo enfoca en los organismos que tienen relación directa con el ciudadano. De pronto, es mejor que sea así por cuanto toca a los organismos del Estado que tienen relación directa con el bienestar del ciudadano.

Una lectura del ranking

¿Cuál es la importancia del ranking propuesto? Cabe destacar que para la respuesta de esta pregunta tuvimos la notable asistencia del Profesor Flavio Ausejo quien logró hacer explicita una percepción generalizada no sistematizada: los organismos que se supone promueven el desarrollo económico y social del país (justicia, trabajo, educación y salud) son precisamente los que se encuentran alineados en la categoría negativa de cualquier evaluación que se haga del Estado. Más sorprendente aun es preguntarse por que es que estamos en esa situación y que estrategia podríamos recomendar para superar tal situación.

Siguiendo la visión institucionalista, podríamos decir que el conjunto de organizaciones que deberían promover el desarrollo de nuestra sociedad se encuentra hundido en el mar de la ineficiencia y estos son arrastrados por obra y gracia de organizaciones isla-eficientes que en estricto se supone deberían ser mas bien de apoyo para los primeros antes que los que conduzcan a la sociedad. Este problema puede ser catalogado como una “falla del Estado” en correspondencia con el concepto de “falla de mercado” (Stiglitz, 2002). Obsérvese como esto tiene repercusiones tan concretas en cuestiones como el porcentaje del presupuesto que se dedica a la educación, salud, justicia y trabajo; o lo sensiblemente político que se convierte la designación de los que estarán al frente de la cartera de Economía o del BCRP frente a la elección de los funcionarios de las carteras de Educación o Salud.

Es posible que las razones de nuestra actual configuración institucional del Estado tengan que ver con el asunto de cómo fundó el Perú republicano. Esto nos lleva a profundizar en razones históricas y a la necesaria evaluación, con la ayuda de la teoría neoinstitucional, de cómo han ido evolucionando las ideas, las actitudes, los comportamientos y los esquemas mentales compartidos y como ellos han repercutido favorable o desfavorablemente en el desarrollo económico y social de nuestro país. Con todo, aventuro una hipótesis, nuestro país tiene tal dotación institucional que limita un desarrollo económico y social notable por la profunda injerencia de las sociedades tutelares en nuestro Estado. En la medida que este siga supeditado a tales órdenes, tendremos un Estado desigual, que promueva y refuerce por lo tanto la desigualdad social y el subdesarrollo.

Bibliografía

- Coase, Ronald (1937) “The nature of the firm” Economica, n.s., vol. 4. London School of Economics.

- North, Douglass (1990) “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”. Cambridge University Press.

- Stiglitz, Joseph (2002) “Economía del sector público”. Barcelona: Editorial Bosch.

- Teivainen, Teivo (2001) “Un dólar, un voto. Política transnacional del economicismo”. Lima: desco.

- La imagen tomada de Google Earth presenta un detalle de la Isla de San Lorenzo en el mar del Callao.